Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida e integridad física, en razón a que el accionado, encontrándose en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, con detención preventiva, al igual que su persona; -empero, por distintos procesos penales-, le amenaza constantemente con la finalidad de amedrentarlo y, pese a que puso en conocimiento del Director del referido Centro dichos extremos, no recibió respuesta satisfactoria.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/21 de 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional.
2º Exhortar a Hernan Seiwald Suárez, Vocal de la Sala Constitucional Primera, y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocal de la Sala Penal Segunda -convocado-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cumplir a cabalidad el procedimiento establecido para estas acciones de defensa, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2023-S3 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44371-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/21 de 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Mauricio Justiniano Saldias en representación sin mandato de Lorgio Saucedo Méndez contra Oscar Alfredo Alcey Saavedra.
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 4 a 6, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro de un proceso penal con solicitud de extradición de los Estados Unidos de América (EE.UU.), se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento.
Por otra parte, dentro de un otro proceso penal iniciado por el asesinato de su padre, Lorgio Saucedo Jiménez, ocurrido el 21 de febrero de 2020, se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, se está juzgando como autor material del referido hecho a Oscar Alfredo Alcey Saavedra -ahora accionado-. A la fecha, se encuentra con detención preventiva en el referido Centro Penitenciario donde él cumple su medida extrema.
En ese contexto, en reiteradas ocasiones recibió amenazas del accionado y por información de otros reos, manifestó su intención de atentar contra su integridad física y vida, por cuanto en calidad de hijo y denunciante del asesinato de su padre, cuando se encontraba en libertad, estuvo presente en todo momento de las investigaciones y siempre coadyuvó y colaboró a la Fiscalía para que se pueda encontrar a los autores del hecho.
Asimismo, el accionado mandó a que otros reos lo amenacen con la única finalidad de que desista del proceso seguido en contra del acusado; constantemente es amenazado de muerte, por ello, acude ante el Juez de garantías con la finalidad de que le puedan ayudar, por cuanto su vida e integridad física se encuentra en peligro, por las amenazas, agresiones físicas y verbales.
Finalmente aclaró que, en reiteradas ocasiones hizo conocer y solicitó al Régimen Penitenciario, tome cartas en el asunto, sin tener respuesta satisfactoria.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la vida e integridad física, citando al efecto los arts. 21.7, 22, “32,I y II” (sic) y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se ordene al Director General de Régimen Penitenciario, tome los recaudos necesarios para el resguardo de su vida.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 19; presente el abogado del accionado y ausente la parte peticionante de tutela, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, no asistió a la audiencia pese a su notificación cursante a fs. 14 y 15; circunstancia que será objeto de pronunciamiento más adelante.
Oscar Alfredo Alcey Saavedra particular accionado, a través de su abogado defensor, en audiencia, expresó lo siguiente: a) No está acusado como autor material de la muerte del padre del impetrante de tutela, conforme se observa a “fs. 863” -del cuaderno procesal penal-, existe una Sentencia en contra de un autor material del hecho de asesinato; b) En el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, existen “PC”; su persona, se encuentra en el PC-4 que es el común donde están todos los reos, en tanto que el peticionante de tutela se encuentra en el que están las personas que tienen otro tipo de riesgos o privilegios, el PC-6 que es el lugar donde están totalmente custodiados, donde se evita que tenga todo tipo de contacto con el resto de la población penitenciaria; por lo tanto, es una verdadera falacia que su persona pueda llegar a tener contacto con el accionante, mucho menos que pueda llegar a amenazarlo; c) La parte impetrante de tutela hizo alusión de que fue agredido físicamente; sin embargo, no se tiene conocimiento que algún tipo de certificado médico forense o, informe del Gobernador del referido Centro Penitenciario o autoridad del Régimen Penitenciario de alguna situación anómala que hubiese denunciado el peticionante de tutela contra su defendido; tampoco se le dio a conocer alguna denuncia interna que exista en su contra -del accionado-; d) El accionante, cuando falleció su padre, presentó una declaración que se encuentra en el expediente -vinculada al hecho de asesinato- a “fs. 328”, donde aclaró que no solamente tiene uno sino múltiples enemigos que pueden estar en busca de él; e) El impetrante de tutela se encuentra privado de libertad por una orden de extradición a los EE.UU. por tráfico de armas; f) Envió al número 75358830, vía WhatsApp, alrededor de cincuenta denuncias que tiene el ahora peticionante de tutela, en diferentes procesos incoados en su contra, desde amenazas, tentativa de asesinato, violación y otro tipo de delitos; y, g) Por la situación que aconteció con el padre del prenombrado, a horas 09:00 del presente, su persona tenía programada audiencia de cesación a la detención preventiva, donde solamente quedaba desvirtuar, a través de testigos, la habitualidad del domicilio; entonces, lo que pretende la parte accionante con este tipo de denuncia y acción, es entorpecer la posibilidad de acceder a su derecho a defenderse en libertad.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 18/21 de 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 20 a 22 vta., denegó la tutela solicitada, sin imposición de costas, ello con base a los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo la prueba documental y las manifestaciones de las partes impetrante de tutela y accionada tanto en el memorial de interposición de la acción como en la audiencia de garantías, no se evidencia elemento mínimo que dé a entender que los actos denunciados puedan afectar la integridad física o la vida de aquél, mucho menos alguna situación de esa misma naturaleza, teniendo en cuenta que la parte peticionante de tutela ni siquiera se presentó en audiencia de garantías a efecto de ampliar o ratificar su acción de garantías; por ende, considerando que la presente acción busca preservar los derechos fundamentales de las personas a que se preserve su vida e integridad física, a que no esté ilegalmente procesado, ilegalmente detenido y no sea privado de su derecho a la libertad de locomoción, ninguna de estas situaciones se presenta en la parte accionante; y, 2) Se debe tomar en cuenta que las autoridades que administran el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, como es el Director General de Régimen Penitenciario, en la parte de custodia física policial, tienen sus obligaciones definidas dentro de sus reglamentos y de la propia norma, correspondiéndoles precautelar la vida no solo del impetrante de tutela sino de todos los internos del Centro referido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Certificado de Permanencia y Conducta emitido por Luis Fernando Céspedes Pinaya, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz el 18 de noviembre de 2021, en el que detalla que Lorgio Saucedo Méndez -ahora peticionante de tutela, estuvo privado de libertad en cinco ocasiones; verificándose mandamientos de detención preventiva y libertad por la presunta comisión de los delitos de homicidio en accidente de tránsito; robo agravado; estafa agravada y; declaración falsa contrabando de mercancías (desde EE.UU., municiones componentes, armas de fuego, armas o explosivos), desde la gestión 2006, siendo el último mandamiento de libertad de 23 de mayo de 2019. Asimismo, se detalla el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición librado el 26 de noviembre de igual año, en cumplimiento del Auto Supremo (AS) 131/2019 de 21 de agosto y Auto interlocutorio 177/2019 de 26 de noviembre; por oficio 23/2020 con cargo de recepción del Centro Penitenciario señalado de 10 de enero del mismo año, el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, puso en conocimiento la suspensión de la ejecución del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición de 26 de noviembre de 2019, hasta que se resuelva la acción de amparo constitucional o se tome nueva determinación por el Tribunal Supremo de Justicia a objeto de la reanudación del trámite señalado. Como quinto ingreso en el referido Centro Penitenciario, el 18 de mayo de 2021, con mandamiento de detención preventiva con fines de extradición ordenado por el Juez del Juzgado citado, dentro del proceso de extradición seguido por la Embajada de los EE.UU. (fs. 3 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida e integridad física, en razón a que el accionado, encontrándose en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, con detención preventiva, al igual que su persona; -empero, por distintos procesos penales-, le amenaza constantemente con la finalidad de amedrentarlo y, pese a que puso en conocimiento del Director del referido Centro dichos extremos, no recibió respuesta satisfactoria.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la temática descrita, la SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, establece lo siguiente: «Al respecto, la SCP 0273/2018-S1 de 25 de junio, citando a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, concluyó que: ‘“…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”’
Del entendimiento jurisprudencial citado se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar, por cuanto las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, contrastando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conferir la tutela solicitada» (el resaltado y subrayado nos pertenece).
En consideración a la problemática identificada, es necesario remitirse al entendimiento jurisprudencial expuesto precedentemente, en el que se estableció que siendo la acción de libertad el mecanismo constitucional idóneo encaminado a la protección del derecho a la vida, sin que necesariamente deba estar vinculada con el derecho a la libertad de las personas, corresponde a la justicia constitucional analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción, en razón a que las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca. A partir de ello, corresponde señalar que en el presente Caso, además de las afirmaciones y denuncias expuestas por la parte impetrante de tutela, en el memorial de interposición de la presente acción, únicamente consta un certificado de Permanencia y Conducta emitido por Luis Fernando Céspedes Pinaya, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz el 18 de noviembre de 2021, en el que detalla que el peticionante de tutela, estuvo privado de libertad en cinco ocasiones, siendo la última a causa del trámite de extradición solicitada por la Embajada de EE.UU., encontrándose en calidad de detenido preventivo (Conclusión II.1). Por su parte, la parte accionada a través de su abogado, en audiencia de garantías, expresó su extrañeza respecto a la denuncias traídas a esta jurisdicción, negándolas y explicando que, al encontrarse el accionante en el PC-6 guardando detención preventiva y el accionado en el PC-4; además, contando aquélla sección del Centro Penitenciario con la custodia necesaria para evitar el contacto de esa población con el resto de los privados de libertad, se constituía en una circunstancia que difícilmente podría presentarse, refiriendo además que no era cierto que su persona sea el autor material de la muerte del padre del impetrante de tutela, pues en el proceso ya se había demostrado y determinado dicha autoría respecto a otra persona. En ese marco referencial y ante la ausencia de demostración objetiva por parte del peticionante de tutela respecto a las amenazas contra su integridad física que pondrían en riesgo su vida, presuntamente inferidas por el accionado, supuestamente a través de otros reos mandados por éste, se tiene por no acreditados los extremos señalados, llamando la atención a esta jurisdicción que, a más de haber hecho referencia a que los hechos sufridos fueron puestos a conocimiento del -Director General de- Régimen Penitenciario, sin obtener respuesta favorable, no hubiese interpuesta la acción tutelar también en contra de dicha autoridad o hubiese adjuntado elementos encaminados a demostrar dicha inacción, sin que del certificado referido precedentemente, tampoco se haga constar en el acápite de conducta, alguna situación que evidencie una solicitud, conflicto u otra circunstancia de alguna amenaza o conflicto al interior del Centro Penitenciario, que dé una mínima certeza de una amenaza o peligro a la integridad física del accionante al interior del referido Centro.
Por lo expuesto, conforme se detalló precedentemente, si bien la acción de libertad es el medio constitucional idóneo dirigido a la protección del derecho a la vida; empero, en el caso concreto se tiene que, el impetrante de tutela se limitó a efectuar enunciaciones sobre el riesgo a su integridad física y, por ende, a su vida, sin demostrarlo, pese a tener la carga procesal mínima a efecto de lograr la concesión de la tutela, y al contrario de ello, la parte accionada, explicó que se encuentra en un sector -PC 4-distinto al sector -PC 6- donde se encuentra el peticionante de tutela y en el cual además existiría máxima seguridad, circunstancia que genera mayor incertidumbre sobre lo alegado por el accionante; razones por las cuales amerita denegar la tutela solicitada.
Con la facultad revisora inherente a este Tribunal, resulta necesario referirse a la actuación de la Sala Constitucional, que conoció y tramitó la presente acción de defensa, dado que no obstante que del contenido de la demanda constitucional, resultaba evidente que el impetrante de tutela se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, en el Auto de 18 de noviembre de 2021, por el que, se señaló audiencia de la presente acción de defensa a dicha audiencia, no se ordenó la conducción del prenombrado, acto procesal fijado, como correspondía en función a la naturaleza de esta acción tutelar; incumpliendo el procedimiento establecido por el art. 49.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dispone: “En caso que la persona privada de libertad se encuentre en una cárcel u otro lugar de detención, la Jueza, Juez o Tribunal ordenará también la notificación de la encargada o encargado de dicho centro, para que conduzca a la persona privada de libertad al lugar de la audiencia, en el día y hora señalados, disposición que será obedecida sin observación ni excusa”; previsión legal que no fue cumplida por la Sala Constitucional, que eventualmente también pudo ordenar la participación por plataforma virtual del peticionante de tutela, incurriendo en inobservancia del procedimiento, defecto procesal que por su connotación en el caso particular, no conlleva efectos (nulidad de obrados), en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, puesto que su representante sin mandato y abogado fue debidamente notificado, acusando el mismo recibir la misma, razón por la que se procedió a resolver la problemática planteada que además está siendo denegada por una cuestión procesal; sin que ello signifique soslayar la omisión en la que incurrió la Sala Constitucional, correspondiendo exhortar a los Vocales que conformaron la misma, que en futuros trámites de acciones tutelares eviten incurrir en el defecto procesal advertido y más bien cumplan el procedimiento establecido para este tipo de acciones de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/21 de 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en este fallo constitucional.
2º Exhortar a Hernan Seiwald Suárez, Vocal de la Sala Constitucional Primera, y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocal de la Sala Penal Segunda -convocado-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cumplir a cabalidad el procedimiento establecido para estas acciones de defensa, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0107_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 16794d7c93328a71e63a9fb8fb0578f8167eb75ea3f4d80cb82e9600055485de
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