Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 29 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia y a la defensa; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Vocal demandada por Auto de Vista 76 de 22 de febrero de 2021, mantuvo incólume el Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2020; declarando la improcedencia de su recurso de apelación incidental; decisión que considera fue asumida con carencia de fundamentación y motivación en relación a las observaciones que efectuó en su impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2023-S2 Sucre, 29 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 39150-2021-79-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristopher Balcázar Jiménez en representación sin mandato de Mario Antonio Bascope Revuelta contra Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2021, cursante de fs. 2 a 9, el accionante a través de su representante, refirió que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; mediante Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2020, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva; por esa razón, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto a través del Auto de Vista 76 de 22 de febrero de 2021, emitido por Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -ahora demandada-, quien declaró la improcedencia de la referida impugnación, manteniendo incólume el señalado fallo; no obstante, la aludida autoridad realizó una incorrecta valoración al señalar “…ʽsin la participación del Imputado no habría sido posible el delitoʼ…” (sic); asimismo, en la mencionada apelación se mencionó como agravio que el Juez a quo no realizó una valoración y ponderación al no explicar de qué manera cometió presuntamente el ilícito endilgado.
Por otra parte, observó que no se valoraron elementos de prueba y que la Vocal demandada se limitó a señalar que el Ministerio Público tendría plenas potestades para dictar el requerimiento de imputación formal; la prenombrada, tampoco corrigió el agravio por el cual se exigió que dicha institución debía demostrar la concurrencia del riesgo procesal de fuga; en cuanto, al peligro de obstaculización, solo indicó a señalar que se encontraban en fase de juicio sin explicar a quién llegaría a influir para que se comporte de manera reticente respecto a la investigación.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia y a la defensa, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 76 disponiendo que la Vocal demandada emita un nuevo fallo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de marzo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó y amplió los argumentos del memorial de la acción de libertad presentada, señalando que: a) Su participación en la presunta comisión del delito consistía en que, al interior de un vehículo registrado a su nombre se encontró sustancias controladas; y en el supuesto que no hubiese proporcionado ese automotor, el ilícito no se habría cometido; b) La apelación se resolvió casi sesenta días después; y, c) Solicitó que se aclare las interrogantes de: cómo, cuándo, dónde y de qué forma, hubiera participado en el hecho investigado.
Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 12 de marzo de 2021, cursante a fs. 20, manifestó que: 1) El Auto de Vista 76 cumplió todos los requisitos establecidos en los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) El Ministerio Público imputó al accionante debido a que era propietario del vehículo con placa de control 2806-GKG -que sufrió modificaciones-, en el que se encontró camuflada la sustancia controlada objeto de la investigación; y, 3) Valoró los riesgos procesales y consideró que el peticionante de tutela fue declarado rebelde, siendo aprehendido a través del mandamiento correspondiente.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 16 a 18 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los elementos de trabajo y domicilio no fueron afianzados; ya que, se desconocía los mismos, habiendo sido declarado rebelde el peticionante de tutela mediante Auto Interlocutorio “…112/2017 de (…) 16 de noviembre de 2019…” (sic); ii) La Vocal demandada confirmó la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP; es decir, la facilidad de abandonar el país y darse a la fuga; puesto que, desde el 2017 la Policía Boliviana no pudo encontrar al impetrante de tutela; hasta que fue hallado en el departamento de Cochabamba; y, iii) El Auto de Vista 76 cumplió con los requisitos básicos; toda vez que, la autoridad demandada realizó de forma previa un análisis de la autoría, y posterior a ello estudió si los riesgos procesales, “…Las medidas impuestas y ratificadas en grado de apelación…” (sic), contaban con la debida motivación estando el fallo confutado dentro de los parámetros de razonabilidad y equidad.
Mediante decreto constitucional de 3 de junio de 2022, cursante a fs. 25, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 24 de marzo de 2023 (fs. 82 a 84); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Como resultado del recurso de apelación incidental interpuesto por Mario Antonio Bascope Revuelta -accionante- contra el Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2020, Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, emitió el Auto de Vista 76 de 22 de febrero de 2021, declarando la improcedencia de la impugnación planteada, manteniendo incólume el citado fallo (fs. 58 a 62 vta.).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia y a la defensa; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la Vocal demandada por Auto de Vista 76 de 22 de febrero de 2021, mantuvo incólume el Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2020; declarando la improcedencia de su recurso de apelación incidental; decisión que considera fue asumida con carencia de fundamentación y motivación en relación a las observaciones que efectuó en su impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0077/2012 de 16 de abril, sobre el particular señaló que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligada a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentesʼ. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelarʼ” (las negrillas nos pertenecen). El deber de motivación de los fallos se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, conforme lo desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero que sostuvo: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expuso que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ. Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideraciónʼ” (el resaltado corresponde al texto original).
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, por Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2020, se le impuso la detención preventiva; razón por la que, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 76 de 22 de febrero de 2021, declarando la improcedencia de dicha impugnación y mantuvo incólume el citado Auto Interlocutorio (Conclusión II.1). Ahora bien, los motivos del recurso de apelación incidental planteado por el solicitante de tutela fueron señalados en el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 22 de febrero de 2021, y versan sobre los siguientes aspectos: a) El Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2020, no contaba con fundamentación, motivación y congruencia, respecto a su participación en el hecho investigado; asimismo, no se consideró la SCP “276/2018” en cuanto a que no se contestaron las interrogantes de ¿Qué hizo?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Cómo?; así también, indico que demostraría que vendió el vehículo vinculado antes que el ilícito investigado fuera realizado; b) No se valoró que sus características físicas no coincidían con lo declarado por la coimputada en el proceso penal, quien señaló que: “…No era alto, era bajito, acento paceño, de piel blanc[a], constitución delgad[a] de 35 años de edad aproximadamente, y dice que e[n] abril cuando le entregan la vagoneta que se llamaba Jaime…” (sic), aspecto que no concordaba con la fotografía que su abogado presentó, teniendo como características que: “…es alta y no es de piel morena…” (sic); por otro lado, tampoco se consideró su pasaporte, en el que figuraba que en el lapso de tiempo comprendido de marzo a mayo de 2017 no se encontraba en el país y “…el otro co-imputado agarra y manifiesta que fue en abril de 2017…” (sic);
c) La carga de la prueba correspondía al Ministerio Público para demostrar lo previsto en los arts. 234 y 235 del CPP, debió considerarse que al trasladarlo de un distrito a otro no tuvo la oportunidad de presentar descargos; en cuanto, al peligro para la víctima y la sociedad según las “…Sentencias Constitucionales 54 y 70 de 2014, establecieron clara y contundentemente que el peligro que sea para la víctima y sociedad debe única y exclusivamente demostrarse a través de la existencia de antecedentes…” (sic); y, d) En lo concerniente al art. 235.2 del CPP, se indicó que la declaración de los testigos u otros partícipes podrían verse alteradas o manipuladas estando en libertad, ese extremo no podía ser considerado; ya que, no se identificó con claridad qué personas podrían ser influenciadas.
La Vocal demandada, mediante Auto de Vista 76, declaró la improcedencia de la apelación incidental interpuesta por el impetrante de tutela, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2020, expresando su decisión conforme los siguientes fundamentos: 1) En relación a la probabilidad de autoría, los Jueces del Tribunal inferior indicaron que, en los elementos presentados por el Ministerio Público cursaba el certificado de 13 de julio de 2017, el cual señalaba al accionante como propietario del vehículo con placa de control 2806-GKG, Chasis 1GNC18WX2K165171, motor no determinado, marca Chevrolet, clase vagoneta, año 2002, color azul de fabricación estadounidense radicado en Sacaba, y sin denuncia de robo a esa fecha; por ese antecedente, se imputó al prenombrado; por cuanto, en esa movilidad se transportaban sustancias controladas en un doble fondo; habiendo colaborado brindando dicho automotor modificado para la comisión del hecho investigado; en virtud a ello, las mencionadas autoridades realizaron una valoración correcta; 2) Respecto al art. 234.1 del CPP, se referenció que el recurrente contaría con hijos de quienes presentó fotocopia simple de sus certificados; sin embargo, “…considera que el imputado si tiene familia…” (sic);
3) “…Con relación a la actividad lícita, (…) de ninguna manera se evidencia que hayan presentado un elemento de prueba ni por el Ministerio Público ni por la pate imputada, pero el Ministerio Público, ha indicado que no se ha podido corroborar porque los datos que le habría proporcionado el imputando son erróneos…” (sic); por ello, no se tenía acreditado domicilio ni trabajo; además, el peticionante de tutela fue declarado rebelde y en consecuencia aprehendido;
4) En cuanto al art. 234.2 del CPP, respecto a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, aquello se afianzaba; ya que, del 2017 al 2020 la Policía Boliviana no pudo encontrar al solicitante de tutela, procediendo a aprehenderlo en la ciudad de Cochabamba;
5) Se reclamó que para fundar el peligro efectivo para la sociedad era necesario se demuestre la concurrencia de antecedentes, y que el impetrante de tutela cuente con otros procesos similares; al respecto, el Tribunal de instancia razonó de manera adecuada que el tráfico de sustancias controladas es un delito de lesa humanidad, afectando a la colectividad en su conjunto, además que el bien jurídico protegido es la salud; y,
6) En lo concerniente al art. 235.2 del CPP, el Ministerio Público señaló que existirían testigos que podrían ser influenciados. Ahora bien, conforme se tiene del marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada están obligados, a dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación según lo preceptuado por el art. 398 del Código Adjetivo Penal, ajustando sus resoluciones a los aspectos cuestionados del pronunciamiento de la autoridad inferior; precautelando que el fallo a emitirse esté motivado; lo que, no supone obligatoriamente se constituyan en exposiciones exhaustivas y ampulosas; puesto que, es permisible que estén estructuradas incluso de manera breve y concisa, siendo lo primordial que la resolución permita conocer de forma incuestionable las razones que llevaron al juez o tribunal a tomar su decisión; bajo ese marco, corresponde verificar si los agravios identificados fueron absueltos con la debida fundamentación y motivación por la autoridad demandada. En el primer agravio formulado, el grado de autoría fue puesto en duda, señalando el accionante que su calidad de propietario del vehículo con placa de control 2806-GKG, en el que se transportaba las sustancias controladas no lo vinculaba con el ilícito investigado; sin embargo, tanto el Tribunal de instancia como la Vocal demandada pudieron evidenciar que dicho automotor sufrió modificaciones, adecuándose un doble fondo en su estructura para ocultar mercadería ilegal, aspecto que no es normal y que si bien cabe la posibilidad que tal instalación se hiciera sin conocimiento del impetrante de tutela -dueño-, de igual forma es viable que supiera de la misma, incertidumbre que concierne se esclarezca en la fase investigativa de la causa penal; es por tal razón, que la probabilidad de autoría se encontraba constituida. En lo relativo a la familia del peticionante de tutela, la autoridad demandada la dio por constituida, aspecto que resulta lógico no mereciendo mayor análisis al respecto. La Vocal demandada afirmó “…Con relación a la actividad lícita, (…) de ninguna manera se evidencia que hayan presentado un elemento de prueba ni por el Ministerio Público ni por la pate imputada, pero el Ministerio Público ha indicado que no se ha podido corroborar porque los datos que le habría proporcionado el imputando son erróneos…” (sic); argumento que, si bien aparentemente por la redacción del acta no resulta coherente con la conclusión arribada por la prenombrada de establecer que en virtud a ello, no se tendría acreditado domicilio ni trabajo, resulta excusable, siendo que el Fiscal de Materia señaló que los datos que brindó el peticionante de tutela eran incorrectos, y que además el mismo fue declarado rebelde; por ende, se desconocería su domicilio u ocupación, ergo no fueron afianzados. El riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP, fue constituido; ya que, se afirmó que desde el 2017 hasta el 2020 la Policía Boliviana no pudo hallar al accionante, llegando a ejecutar su aprehensión en la ciudad de Cochabamba; afirmación que resulta coherente con los antecedentes y características del proceso penal; no advirtiéndose óbice en no haber concedido ese agravio. En lo relativo al peligro efectivo para la sociedad, el impetrante de tutela alegaba no contar con antecedentes o procesos similares que permitan fundar tal riesgo; no obstante, la naturaleza del delito investigado -tráfico de sustancias controladas- es de lesa humanidad, siendo por ello la víctima difusa; ya que, sus efectos se diseminan en todo el colectivo de personas del lugar donde se produjo el hecho estando en riesgo la salud; es por tal motivo, que dicho agravio estaría configurado. En lo que atañe al art. 235.2 del CPP, el Ministerio Público señaló que existían testigos que pudieron ser influenciados, aspecto que resulta suficiente en el caso concreto para afianzar ese peligro; toda vez que, se tiene un vehículo que ha sufrido modificaciones para lo cual se requiere cierto grado de experticia en artes como ser soldadura, mecánica automotriz, entre otras, lo que implica la presencia de mayores personas involucradas, máxime si se considera que en los hechos relativos a tráfico de sustancias controladas generalmente existe una cadena de producción y distribución conformada por varios sujetos; lo que permite, entender que tal riesgo estaba presente. En ese mérito, la autoridad demandada para declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental contra el mencionado Auto Interlocutorio, que impuso la detención preventiva al peticionante de tutela, analizó de forma íntegra los elementos puestos a su consideración por el prenombrado; por ende, corresponde denegar la tutela al no advertirse falta de fundamentación y motivación; puesto que, el Auto de Vista 76, se encuentra dentro los parámetros delimitados por la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Finalmente, en lo que atañe a la denuncia de una presunta trasgresión de los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa, del análisis efectuado no se advierte una afectación a los mismos; por lo que, no corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0107_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): ff7d51b2a7b37ca261a9b0c4c92bb14a6feffdbd8a1163f0eaf98ace998f26b6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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