Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta y oportuna y al principio de celeridad; puesto que, habiendo planteado recurso de apelación incidental en audiencia conforme lo previsto por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, contra la Resolución 651/2021 de 13 de octubre, mediante la cual se le rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva y hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar objeto de autos no fue remitida al Tribunal de alzada, incumpliéndose de esa manera el plazo de veinticuatro horas previsto para esa finalidad; por lo que, interpuso la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Jueza de Partido y Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0106/2023-S3 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44383-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2021 de 19 de noviembre, cursante a fs. 56 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Ávila Quelali contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 15 a 18 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rosa Gutiérrez Cutili contra Plinio Wilrmer Hinojosa Aguirre y su persona, por la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 bis. del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 385/2021 de 14 de junio, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, Resolución que sufrió cambios, el 6 de octubre de 2021 solicitó cesación de las medidas cautelares de carácter personal, celebrándose la audiencia el 13 del mismo mes y año, donde se dispuso el rechazo a esa solicitud, en dicha audiencia planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 651/2021 de 13 de octubre en forma oral, conforme a lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; sin embargo, hasta la fecha de la presentación de la acción de libertad transcurrieron treinta y seis días, sin que se remita el citado recurso al Tribunal de alzada.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta y oportuna y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 13.I y IV, 22, 23.I, 109. I, 110, 115.I, 178.I, y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) El Juez ahora accionado disponga en el día remitir los antecedentes en grado de apelación incidental conforme señala el art. 251 del CPP; b) Se establezca responsabilidad civil con monto indemnizable en favor de su persona en calidad de víctima; y, c) El pago de costas judiciales a ser calificados en ejecución del fallo.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 55, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que sí se planteó el recurso de apelación incidental en audiencia, mismo que debe constar en el audio que tiene en su poder la Oficina Gestora de Procesos Primera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalando que concluyó con su despedida a objeto de verificar si la misma no fue cortada.
Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 41 a 43, manifestó que: 1) La Resolución 651/2021 de 13 de octubre, fue notificada a todas las partes procesales y fueron advertidos que podían interponer el recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173; sin embargo, el accionante únicamente interpuso el recurso de explicación, complementación y enmienda conforme el art. 125 del CPP, mismo que fue resuelto y notificado a todos los sujetos procesales y no se interpuso ningún recurso de apelación incidental, aspecto que también fue corroborado en el informe presentado por la “Secretaria-Abogada en suplencia legal” (sic); por lo que, en su condición de Juez no puede remitir un recurso de apelación incidental que no fue interpuesto, conforme solicitó el accionante en esta acción de libertad de pronto despacho; por lo que, no existe vulneración de ningún derecho ni garantía constitucional; 2) El accionante interpuso recurso de apelación incidental en contra de otra resolución -se entiende dentro del mismo proceso- se remitió el expediente en original al Tribunal de alzada mismo que hasta la fecha no fue devuelto, razón por la cual se veía imposibilitado de remitir los antecedentes solicitados por la Jueza de garantías; y, 3) En casos en los que se juzgan delitos de violencia contra la mujer la jurisdicción constitucional tiene el deber de resguardar no solo los derechos del accionante, sino también de la víctima fallecida por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicitando en consecuencia denegar la tutela solicitada.
La Jueza de Partido y Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 15/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Ordenó al Secretario del referido Juzgado apersonarse a la Oficina Gestora de Procesos de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para recabar la grabación de la audiencia de 13 de octubre en la que se dictó la Resolución 651/2021, con el fin de verificar los hechos expuestos por ambas partes; y, ii) La grabación tiene una duración de una hora, seis minutos y cuarenta segundos en los cuales al minuto cincuenta y siete con catorce segundos el Juez emitió su resolución, solicitando el abogado del accionante explicación, complementación y enmienda a los cincuenta y ocho minutos con veinte segundos, respondido dicho recurso, “…a la hora y 6 min con 40 segundos…” (sic) el referido abogado agradeció a la autoridad judicial ahora accionada en los siguientes términos “‘gracias señor juez’”, terminado la audiencia; por lo que no se evidenció que el abogado del accionante habría pedido o hecho reserva de apelación, no siendo evidente los extremos expuestos por el nombrado en la presente acción tutelar, denegando la tutela solicitada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 651/2021 de 13 de octubre, emitido por Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- se dispuso el rechazo a la cesación de la detención preventiva solicitado por el coimputado Ariel Ávila Quelali -hoy accionante-, a quien el referido Juez puso en conocimiento que la citada Resolución puede ser objeto del recurso de apelación incidental, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, de igual manera ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda, mediante Auto de 13 de octubre fue declarada no ha lugar (fs. 23 a 27 vta.).
II.2. Cursa Informe de 18 de noviembre de 2021, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, donde informó que dentro del proceso penal en el cual el accionante es coimputado, se emitió la Resolución 651/2021 de 13 de octubre y de la revisión del video de la audiencia de cesación de las medidas cautelares de carácter personal y la transcripción de la misma, se tiene que el abogado del accionante en la última parte solicitó, explicación complementación y enmienda; sin embargo, no se interpuso el recurso de apelación incidental (fs. 50 y vta.). II.3. Cursa Disco Compacto (CD), recabado de la Oficina Gestora de Procesos Primera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. (fs. 52).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta y oportuna y al principio de celeridad; puesto que, habiendo planteado recurso de apelación incidental en audiencia conforme lo previsto por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, contra la Resolución 651/2021 de 13 de octubre, mediante la cual se le rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva y hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar objeto de autos no fue remitida al Tribunal de alzada, incumpliéndose de esa manera el plazo de veinticuatro horas previsto para esa finalidad; por lo que, interpuso la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta y oportuna y al principio de celeridad; puesto que, habiendo planteado recurso de apelación incidental en audiencia conforme lo previsto por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, contra la Resolución 651/2021 de 13 de octubre, mediante la cual se le rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva y hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar objeto de autos no fue remitida al Tribunal de alzada, incumpliéndose de esa manera el plazo de veinticuatro horas previsto para esa finalidad; por lo que, interpuso la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho.
De los antecedentes y conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, mediante Resolución 651/2021, emitido por la el Juez ahora accionado se dispuso el rechazó a la cesación de la detención preventiva (Conclusión II.1.), Resolución contra la que el accionante señaló que interpuso recurso de apelación incidental, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, que hasta la “fecha” no fue remitida al Tribunal de alzada; sin embargo, en dicha Resolución únicamente consta la solicitud de explicación, complementación y enmienda, que fue declarada no ha lugar; de la misma manera, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Primero, por Informe de 18 de noviembre de 2021, manifestó que dentro del proceso penal en el cual el accionante es coimputado, se emitió la Resolución 651/2021 y de la revisión del video de audiencia y la transcripción de la misma, se tiene que el abogado del accionante en la última parte solicitó, explicación, complementación y enmienda; sin embargo, no se interpuso el recurso de apelación incidental (Conclusión II.2.). De lo expuesto; se advierte que, el acto lesivo denunciado por el accionante es la supuesta falta de remisión del recurso de apelación incidental interpuesto en audiencia contra la Resolución 651/2021 de 13 de octubre emitido por el Juez ahora accionado que rechazó la cesación a su detención preventiva, en el plazo dispuesto por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, generando dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica del accionante, quien además, se encuentra privado de libertad; por lo que, presentó la acción de libertad de pronto despacho, solicitando que el Juez ahora accionado remita el supuesto recurso de apelación incidental, ante el Tribunal de alzada. Por su parte, el Juez ahora accionado en su informe manifestó que el accionante no hizo reserva y tampoco presentó recurso de apelación incidental contra la Resolución 651/2021 en audiencia; por lo que, al no existir el referido acto procesal, no podría realizar la remisión del mismo al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, ya que al no existir dilación indebida no se vulneró el principio de celeridad, que es resguardado por la acción de libertad de pronto despacho. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho tiene como objeto asegurar que cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad, en virtud del cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no solo observar los plazos procesales, sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas, dado que de no hacerlo, se provoca una restricción indebida del citado derecho. En ese sentido, a objeto de comprobar si efectivamente el Juez hoy accionado vulneró el derecho del accionante a una justicia pronta, oportuna e incumplió su deber de actuar con celeridad, es que se debe verificar la existencia del recurso de apelación incidental contra la Resolución 651/2021 de 13 de octubre y la falta de remisión de la misma al Tribunal de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, aspecto que de igual manera fue considerado por la Jueza de garantías quien solicitó a la Oficina Gestora de Procesos Primera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la remisión de la grabación de la audiencia de 13 de octubre de 2021, en la que se dictó la citada Resolución 651/2021 cursante a fs. 52 del cuaderno procesal, de dicha grabación se puede evidenciar que la audiencia se llevó a cabo con normalidad concluyendo el Juez ahora accionado con la determinación de rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante; asimismo, a los cincuenta y siete minutos y treinta segundos, el referido Juez puso en consideración la presentación del recurso de apelación incidental; sin embargo, al minuto cincuenta y siete con cincuenta y dos segundos el accionante solicitó explicación, complementación y enmienda, resuelta la misma se dio por concluida la audiencia de cesación de las medidas cautelares de carácter personal, y no se advierte que se haya realizado la reserva o planteado el recurso de apelación incidental; por lo que, no podría existir demora en la remisión de un acto procesal que no existe, consecuentemente, dicha circunstancia no acredita una dilación indebida que merezca la protección de los derechos reclamados a través de la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Finalmente, respecto al pago de costas judiciales, estas no pueden ser consideradas en razón a la denegatoria de la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada por la Jueza de Partido y Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0106_2023-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): aa2dc05603c7b2833a54c19e9bc3e4c7f0c51fa22e5686dd96fa8e2cecd58c6b
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