Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 17 de octubre de 2023
Define la competencia
En la problemática planteada, corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz y el Juez Agroambiental del mismo departamento; respecto al conocimiento de la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas interpuesta por Cristina Chávez Valencia contra su ex esposo Gustavo Javier Quispe Condori. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos que motivaron el conflicto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve:
1° Declarar COMPETENTE al Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, para conocer y resolver la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas formulada por Cristina Chávez Valencia contra Gustavo Javier Quispe Condori.
2° Disponer la reanudación del trámite del mencionado proceso de demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz.
3° Llamar severamente la atención a Julio Cesar Rada Vera, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, por las razones expuestas en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0106/2023 Sucre, 17 de octubre de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 47095-2022-95-CCJ Departamento: La Paz En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi y el Juez Agroambiental, ambos del departamento de La Paz.
Por Resolución 180/2021 de 7 de octubre, cursante de fs. 181 a 182, el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, declinó competencia en razón de materia, respecto de la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas interpuesta por Cristina Chávez Valencia contra Gustavo Javier Quispe Condori, disponiendo se remitan antecedentes al Juez Agroambiental de Pucarani de citado departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 152.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que los jueces agroambientales tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividades agrarias o de naturaleza agroambiental; b) En el presente caso, se trata de una demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas, siendo el objeto del litigio principal terrenos de propiedad rural ubicados en la provincia Los Andes, localidad de Laja, comunidad Orkojipiña, que son: Parcela 328 con una superficie de 1,8710 ha; Parcela 177 con una superficie 1,0765 ha; Parcela 372 con una superficie 0,0096 ha; Parcela 546 con una superficie 0,1575 ha; Parcela 169 con una superficie 0,5732 ha,; y, Parcela 474 con una superficie 0,4333 ha,; los cuales se advierte que son predios agrarios conforme las superficies y la documentación adjuntada; y, c) El juez debe observar su competencia con la que actúa para conocer la causa, ya que de no hacerlo vicia de nulidad sus actuaciones conforme lo establecido en el Auto Supremo (AS) 27 de 4 de marzo de 2008, sobre todo, el art. 30 de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), señala que: ‘“…La Judicatura Agraria es el órgano de administración de Justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios y otros que le señala la ley…”’ (sic); por lo que en resguardo del derecho al debido proceso y de respeto al juez natural corresponde disponer la declinatoria de competencia y jurisdicción, ante la jurisdicción agroambiental. Posteriormente, el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Resolución 105/2022 de 25 de abril, cursante a fs. 213 y vta., ante la negativa de asumir la competencia por parte de los Jueces Agroambientales de Pucarani y del departamento de La Paz, dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional para que resuelva el conflicto de competencias suscitado entre las jurisdicciones ordinaria y la agroambiental, bajo el fundamento del art. 202.11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 14 de la LOJ.
El Juez Agroambiental de Pucarani del departamento de La Paz, mediante Resolución 002/2022 de 16 de febrero, cursante a fs. 203 y vta., anuló obrados y declinó competencia por razón de territorio ante el Juzgado Agroambiental de La Paz, argumentando que: 1) El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley; por consiguiente, ninguna autoridad puede arrogarse competencia que no le corresponde, de lo contrario se vulnera el mandato del art. 122 de la CPE, siendo la competencia indelegable e inconvalidable; 2) El art. 33.III de la LSNRA, de manera categórica dispone que: ‘“La competencia territorial es improrrogable”’ (sic) en materia agroambiental, la cual fue reforzada por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Agroambiental como el AID SP 03/2019 de 4 de junio; y, 3) Los bienes inmuebles constituidos como pequeñas propiedades agrícolas constituyen el objeto de la pretensión divisoria, los cuales se encuentran ubicados en la localidad de Laja de la provincia Los Andes del departamento de La Paz; por lo que tomando en cuenta su ubicación, su conocimiento corresponde al Juez Agroambiental de La Paz conforme la competencia territorial distribuida en los Acuerdos “SP.TA N° 026/2018 y SP.TA N° 009/2019”, emitidos por el Tribunal Agroambiental; en virtud de lo cual en razón de territorio corresponde remitir los obrados a dicho Juzgado. Por su parte, el Juez Agroambiental del departamento de La Paz, a través de la Resolución 30/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 206 a 207, también se declaró incompetente por razón de materia, para conocer el proceso de demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas, y dispuso la devolución del citado proceso al juzgado de origen, con base en los siguientes fundamentos: i) Sobre la referida demanda de división y partición de bienes, deudas y acreencias adquiridas durante la vigencia de matrimonio como en el caso presente se encuentra en plena vigencia el Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), en el que se dispone que la pretensión de división será tramitada en un proceso ordinario, el art. 421 inc. 1) del citado Código establece que, es atribución exclusiva de los juzgados públicos de familia la división y partición de bienes gananciales; ii) Conforme al art. 420 del mencionado Código en concordancia con el art. 70 de la LOJ, establecen que los procesos ordinarios, extraordinarios y de resolución inmediata, son atribución exclusiva de los juzgados públicos familiares y no de la jurisdicción agroambiental, así se tiene dispuesto por el AS 110/2018 de 7 de marzo; tratándose de bienes gananciales; iii) La competencia de los juzgados agrarios en lo relativo a las acciones reales, se determina sobre la base de dos presupuestos: por razón de materia y por la ubicación del predio objeto de litigio; en ese sentido, en el presente caso, no se está discutiendo únicamente bienes agrarios sino también bienes urbanos, así como acreencias y deudas contraídas en vida matrimonial, lo cual no sería de competencia de la jurisdicción agroambiental; y, iv) En aplicación del art. 122 de la CPE, cualquier actuación cumplida por su autoridad dentro del proceso en trámite, sería ilegal y atentatoria contra el principio de competencia establecida por el art. 76 de la LSNRA.
La Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante Auto Constitucional (AC) 0153/2022-CA de 16 de mayo, cursante de fs. 225 a 228, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi y el Juez Agroambiental, ambos del departamento de La Paz; siendo notificado el Juez Agroambiental de La Paz el 25 de enero de 2023 y el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del referido departamento el 14 de febrero de igual año, conforme constan en las diligencias de notificación, cursantes a fs. 234 y 241.
Mediante decreto constitucional de 15 de mayo de 2023, cursante a fs. 248, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 10 de octubre de 2023, cursante a fs. 262; por lo que, esta Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 9 de febrero de 2017, ante el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz; Cristina Chávez Valencia presentó demanda de divorcio contra Gustavo Javier Quispe Condori, solicitando se declare probada la demanda y se disponga la cancelación de la partida matrimonial (fs. 10 a 12). Mediante Resolución 48-2017-F de 17 de mayo, emitida por el citado Juez se admitió la demanda de divorcio, disponiendo traslado a la parte demandada (fs. 13 vta. a 14 vta.). A través de la Resolución 119/2017-F de 12 de septiembre, el referido Juez se excusó del conocimiento del proceso de divorcio disponiendo la remisión de antecedentes al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del referido departamento por ser la autoridad más próxima (fs. 15 a 16 vta.). II.2. Consta Resolución 66/2017 de 30 de noviembre, emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, por la cual declaró probada la demanda de divorcio, en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial entre Gustavo Javier Quispe Condori y Cristina Chávez Valencia, y que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de la partida matrimonial ante la Oficialía de Registro Civil; en cuanto a la división y partición de bienes, acreencias y deudas adquiridas durante la vigencia del matrimonio advirtió que debe tramitarse en proceso ordinario conforme al art. 421 inc. c) del CFPF, no existiendo en el citado Código, el procedimiento a seguir para la división y partición en ejecución de sentencia; por lo que al no existir un acuerdo voluntario entre las partes debe acudirse ante el juez en materia de familia mediante un proceso ordinario para la liquidación de la comunidad de gananciales que debe ser iniciada por cuerda separada (fs. 17 a 19). Consta Auto de 31 de enero de 2018, emitido por la referida autoridad judicial, disponiendo la ejecutaría de la Resolución 66/2017 (fs. 21 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 10 de marzo de 2021, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz; Cristina Chávez Valencia interpuso demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas contraídas durante la vigencia de matrimonio contra Gustavo Javier Quispe Condori, argumentando que en el mismo Juzgado se tramitó el proceso de divorcio, en el que se emitió la Resolución 66/2017 que se encuentra ejecutoriada (fs. 27 a 30). Consta Auto de 24 de igual mes y año, emitido por el citado Juez, por el cual se admitió la referida demanda ordinaria disponiendo traslado a la parte contraria (fs. 35). Cursa memorial de 30 de abril del mismo año, presentado por el demandado Gustavo Javier Quispe Condori, por el cual contestó en parte negativamente la demanda de división y partición, planteando reconvención en la forma de división y partición de bienes y deudas (fs. 118 a 122). Mediante Resolución 94/2021 de 12 de mayo, la citada autoridad judicial declaró por no presentada la demanda reconvencional formulada por el mencionado demandado (fs. 135 y vta.).
II.4. Por memorial presentado el 19 de mayo de 2021, dirigido al Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz; Gustavo Javier Quispe Condori presentó recurso de apelación contra la Resolución 94/2021 (fs. 144 y vta.). Cursa Resolución 273/2021 27 de julio, emitida por la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la que se confirmó la Resolución 94/2021 (fs. 161 a 162). II.5. Cursa Acta de Audiencia Preliminar virtual de 30 de septiembre de 2021, en la que se hace constar que dicha audiencia fue suspendida por la inasistencia del demandado -Gustavo Javier Quispe Condori-, siendo reprogramada para el 7 de octubre de igual año a las 15:00 horas (fs. 177). Consta Acta de Audiencia Preliminar virtual de esa fecha, en la que el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz luego de escuchar las intervenciones de las partes, quienes manifestaron que se ratificaban en la demanda de división y partición con observaciones de la parte contraria, anunció que realizará el saneamiento procesal conforme al art. 427 inc. h) del CFPF (fs. 180). Mediante Resolución 180/2021 de 7 de octubre, la citada autoridad judicial, declinó competencia y jurisdicción por razón de materia respecto al conocimiento del proceso de división y partición, disponiendo la remisión de obrados al Juez Agroambiental de Pucarani del departamento de La Paz (fs. 181 a 182).
En la problemática planteada, corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz y el Juez Agroambiental del mismo departamento; respecto al conocimiento de la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas interpuesta por Cristina Chávez Valencia contra su ex esposo Gustavo Javier Quispe Condori. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos que motivaron el conflicto.
El pluralismo jurídico que rige en el nuevo modelo de Estado Plurinacional se manifiesta en los arts. 1 y 179.I de la CPE, cuando se establece que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, lo que en el ámbito judicial se refleja en la pluralidad de jurisdicciones para impartir justicia en igualdad jerárquica, siendo esas la ordinaria, la agroambiental, la indígena originaria campesina y las especializadas reguladas por la ley. En ese marco, el art. 202.11 de la Norma Suprema establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre otras, conocer y resolver los conflictos de competencia entre las JIOC, ordinaria y agroambiental; aspecto que concuerda con el art. 14.I de la LOJ que prevé: “Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originario campesino, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional”. La SCP 0064/2014 de 3 de enero, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental” (las negrillas nos corresponden). Suscitado el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe resolver de acuerdo a las específicas atribuciones asignadas a cada una de estas jurisdicciones y conforme a los criterios desarrollados en la jurisprudencia constitucional vinculada a la situación fáctica concreta. Sobre este rol de definición competencial vinculada al debido proceso en su elemento de juez natural, la SCP 0065/2017 de 12 de octubre, asumiendo los entendimientos jurisprudenciales al respecto, precisó: “Ahora bien, en el ámbito del control reparador y competencial de constitucionalidad, el art. 202 de la CPE, refiere: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. En el marco antes referido, el art. 85 con relación al 100, ambos del CPCo, al respecto, señala que el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos de competencias entre las JIOC, la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental… (…) …el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el órgano encargado para dirimir dichos conflictos de competencia, asumiendo que, en mérito al principio de igualdad jerárquica de las jurisdicciones, ninguna de ellas tiene la potestad de sobreponerse ni subordinar a la otra, en ese sentido, es este Tribunal quien definirá qué jurisdicción es competente para conocer y resolver el caso que suscitó dicho conflicto’”.
La SCP 0020/2020 de 24 de agosto, citando a la SCP 0048/2019 de 4 de septiembre, señaló que: «“…tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerará la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla”. De lo señalado supra, es evidente que el razonamiento desarrollado por la SC 0378/2006-R, permaneció de forma uniforme en toda la jurisprudencia constitucional, hasta la actualidad y, en ese sentido, para definir qué jurisdicción es competente, no sólo se considera si el inmueble se encuentra en área urbana o rural, sino fundamentalmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla. Si bien ese es el precedente aplicable a la generalidad de los casos, sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0015/2019, hizo referencia a los supuestos: “en los cuales existe una causa principal que ha sido conocida por una u otra jurisdicción y procesos posteriores emergentes o vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidados en el primer proceso (causa principal), en los cuales, por el destino de la propiedad objeto del conflicto, la jurisdicción competente puede variar, con relación a la causa principal”. Dicha Sentencia, determinó en su Fundamento Jurídico III.2, que: …considerando los principios de celeridad, seguridad jurídica (art. 178 de la CPE), eficacia, eficiencia, accesibilidad, verdad material (art. 180 de la CPE), integralidad e inmediatez (art. 185 de la CPE), debe entenderse que la jurisdicción que conoció la causa principal es competente para conocer los subsiguientes procesos; pues sólo de esa manera es posible dar una solución integral al problema jurídico planteado y resuelto en el primer proceso. Un entendimiento contrario, podría generar que existan razonamientos hasta discrepantes en procesos que tienen como base un mismo problema jurídico, lo que evidentemente ocasionaría inseguridad jurídica y restaría eficacia y eficiencia a la función judicial.
Consecuentemente, para determinar la competencia entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, deben considerarse las siguientes reglas: i) La ubicación geográfica del bien inmueble, urbana o rural, no es esencial para determinar la competencia de las autoridades judiciales, sino, fundamentalmente, el destino del inmueble y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; entendiéndose que si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda, la competencia será de las juezas y jueces ordinarios, en tanto que si la propiedad inmueble está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria, la competencia será de las autoridades judiciales agroambientales; sin embargo, ii) Cuando los procesos emerjan o estén vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidadas por una sentencia ejecutoriada pronunciada dentro de una primera causa, será competente la jurisdicción que hubiere resuelto el primer proceso, aun el bien inmueble tenga una actividad o destino diferente al que habilita su competencia bajo la regla establecida en el punto anterior” . En el ámbito del derecho sustancial o material, el art. 176 del CFPF establece que: “I. Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro. II. Disuelto el vínculo conyugal deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvo separación de bienes”; norma que concuerda con lo previsto en el art. 198 del mismo Código que prescribe que la comunidad ganancial termina por las siguientes causas: “a) Desvinculación conyugal; b) Declaración de nulidad del matrimonio; y, c) Separación judicial de bienes en los casos en que procede”. Los conflictos familiares, entre otros, se resuelven con las reglas del derecho procesal familiar, que organiza las normas procesales destinadas al ejercicio de la jurisdicción y competencia, en ese orden, de acuerdo a lo establecido el art. 179.I de la CPE y el desarrollo efectuado por los arts. 4, 11 y 12 de la LOJ, la función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de la Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Juzgados; la Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales; las Jurisdicciones Especiales reguladas por Ley; y, la JIOC, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios; entendiéndose que la jurisdicción es la potestad que emana del pueblo boliviano para impartir justicia, mediante sus respectivos órganos; en cambio, la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial o indígena originaria campesina para impartir justicia o ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. En ese contexto, de acuerdo al art. 29.II de la LOJ, la jurisdicción ordinaria imparte justicia en las materias civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, anticorrupción, penal y otras que señale la ley; asimismo, la competencia por razón de materia se clasifica en ese mismo orden. En lo que corresponde a los juzgados públicos en materia familiar, conforme al art. 70.3 de la referida Ley, tienen competencia para conocer y resolver entre otros asuntos, en primera instancia las demandas que no hubieran sido conciliadas; por su parte, el art. 421 del CFPF, establece que: “Se tramitarán conforme al proceso ordinario las siguientes acciones: a) Nulidad de matrimonio o de unión libre; b) Nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial; c) División y partición de bienes gananciales cuando no se lo tramite en ejecución de proceso de divorcio; y, d) Determinación de bienes propios cuando exista desacuerdo sobre su calidad”. De la normativa citada, se advierte que los juzgados públicos de familia forman parte de la jurisdicción ordinaria y constituyen una jurisdicción especializada, correspondiendo a estos juzgados impartir justicia en los asuntos o controversias surgidas en dicha materia. En lo que concierne a la jurisdicción agroambiental, es preciso señalar lo establecido por el art. 30 de la LSNRA, que refiere: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otros que le señala la ley”; norma relacionada con lo previsto en el art. 39.8 de la misma Ley, modificada por el art. 23 de la Ley de Modificación de la Ley 1715, que otorga competencia a los Jueces Agroambientales para el conocimiento y resolución de distintos supuestos, entre los que se encuentra: “Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias”, la cual concuerda a su vez con lo establecido en el art. 152 de la LOJ, que prescribe: “Las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: 1. Conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados. (…) 11. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria o de naturaleza agroambiental…” ».
En la problemática planteada, corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz y el Juez Agroambiental del mismo departamento; respecto al conocimiento de la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas interpuesta por Cristina Chávez Valencia contra su ex esposo Gustavo Javier Quispe Condori. Ahora bien de antecedentes, se tiene que, el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Resolución 180/2021, declinó competencia en razón de materia, respecto de la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas contraídas durante la vigencia de matrimonio interpuesta por Cristina Chávez Valencia contra su ex esposo Gustavo Javier Quispe Condori, disponiendo la remisión de antecedentes al Juez Agroambiental de Pucarani del citado departamento con el argumento central de que el objeto del litigio principal son terrenos de propiedad rural; ubicados en la provincia Los Andes, localidad de Laja, comunidad Orkojipiña. Por su parte, el Juez Agroambiental de Pucarani del referido departamento, mediante Resolución 002/2022, anulando obrados también declinó competencia por razón de territorio ante el Juzgado Agroambiental de La Paz, argumentando que la competencia territorial agroambiental es improrrogable, de conformidad al art. 33.III de la LSNRA; puesto que los bienes inmuebles constituidos como pequeñas propiedades agrícolas que son objeto de la pretensión divisoria, se encuentran ubicados en la localidad de Laja de la provincia Los Andes del departamento de La Paz; por lo que al estar ubicados en esa localidad su conocimiento corresponde al Juez Agroambiental de La Paz conforme la competencia territorial distribuida en los Acuerdos “SP.TA N° 026/2018 y SP.TA N° 009/2019”. Por su parte, la Jueza Agroambiental del departamento de La Paz, a través de la Resolución 30/2022, también se declaró incompetente por razón de materia para conocer el referido proceso y dispuso su devolución al Juzgado de origen, con el argumento de que la demanda de división y partición de bienes, deudas y acreencias adquiridas durante la vigencia del matrimonio se encuentra vigente por el art. 421 inc. 1) del CFPF, que establece que es atribución exclusiva de los juzgados públicos de familia la división y partición de bienes y no de la jurisdicción agroambiental; siendo concordante con el art. 420 del citado Código; en ese sentido, en el caso concreto, no se está discutiendo únicamente bienes agrarios sino también bienes urbanos, así como acreencias y deudas contraídas en vida matrimonial. Finalmente, el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Resolución 105/2022, ante la negativa de asumir la competencia por parte de los Jueces Agroambientales de Pucarani y del departamento de La Paz, dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional para que resuelva el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado. Sobre el particular, se debe tener presente que el conflicto de competencias jurisdiccionales, tiene por finalidad únicamente definir en el marco de los arts. 202.11 de la CPE y 100 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la autoridad competente para conocer y resolver la demanda que motivó el conflicto de competencias jurisdiccionales, sin que en dicha labor el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda emitir criterio alguno sobre el problema de fondo; puesto que su atribución está limitada única y exclusivamente a definir la competencia de la autoridad jurisdiccional, en el ejercicio del control de constitucionalidad competencial, conforme a lo explicado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. A tal efecto, con la finalidad de resolver la problemática de fondo, corresponde contextualizar el proceso judicial del que emerge este conflicto de competencias jurisdiccionales. Al respecto, conforme se tiene registrado en la Conclusión II.1., se evidencia que Cristina Chávez Valencia presentó demanda de divorcio contra Gustavo Javier Quispe Condori, solicitando se declare probada la demanda y disponga la cancelación de la partida matrimonial. En virtud de lo cual, el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, mediante Resolución 48-2017-F, admitió la demanda de divorcio, disponiendo traslado a la parte demandada. Sin embargo, la referida autoridad judicial a través de Resolución 119/2017-F, se excusó del conocimiento del proceso disponiendo la remisión de antecedentes al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi por ser el Juzgado más próximo. En ese sentido, según se advierte de la Conclusión II.2., el citado proceso fue tramitado por el Juez del referido Juzgado, quien mediante Resolución 66/2017, declaró probada la demanda de divorcio dando por disuelto el vínculo matrimonial entre Gustavo Javier Quispe Condori y Cristina Chávez Valencia y que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de la partida matrimonial ante la Oficialía del Registro Civil y en cuanto a la división y partición de bienes, acreencias y deudas contraídas durante la vigencia del matrimonio recomendó sea tramitado en proceso ordinario conforme lo previsto en el art. 421 inc. c) del CFPF, ante el juez en materia de familia para liquidar la comunidad de gananciales. Resolución que fue ejecutoriada mediante el Auto de 31 de enero de 2018. En cumplimiento de la Resolución 66/2017 de divorcio, tal cual se evidencia de la Conclusión II.3., Cristina Chávez Valencia por memorial presentado el 10 de marzo de 2021, formuló demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas contraídas durante la vigencia de matrimonio contra su ex esposo Gustavo Javier Quispe Condori, ante el mismo Juzgado que tramitó el proceso de divorcio, instancia que mediante Auto de 24 de marzo de 2021, admitió la citada demanda disponiendo traslado a la parte contraria. Es así que, el demandado -Gustavo Javier Quispe Condori-, contestó en parte negativamente a la referida demanda planteando reconvención respecto a la forma de división y partición de bienes y deudas. En ese orden, la autoridad judicial dictó la Resolución 94/2021, declarando por no presentada la citada demanda reconvencional. Contra esa determinación, según se tiene de la Conclusión II.4., Gustavo Javier Quispe Condori presentó recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante la Resolución 273/2021, confirmando la Resolución 94/2021. Es así que, en lo principal, conforme se desprende de la Conclusión II.5., el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz celebró la audiencia preliminar virtual de 30 de septiembre de 2021, que fue suspendida por la inasistencia del demandado Gustavo Javier Quispe Condori, siendo reprogramada para el 7 de octubre de igual año a las 15:00 horas; por lo que en la citada fecha también celebró la segunda audiencia preliminar virtual, en el que la referida autoridad judicial luego de escuchar las ratificaciones tanto de la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas, así como las observaciones de la parte contraria, anunció que realizaba el saneamiento procesal conforme al art. 427 inc. h) del CFPF, emitiendo la Resolución 180/2021, por la cual, sorpresivamente declinó competencia y jurisdicción respecto del conocimiento de la mencionada demanda de división y partición, disponiendo la remisión de obrados al Juez Agroambiental de Pucarani de departamento de La Paz. De lo expuesto, claramente se advierte que la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas adquiridas y contraídas durante la vigencia de matrimonio fue interpuesta como emergencia del primer proceso de divorcio que concluyó con sentencia ejecutoriada tramitado por el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, quien a pesar que admitió la referida demanda, citó a la parte demandada quien contestó planteando reconvención respecto a la forma de división de los bienes y deudas, la cual lo declaró por no presentada, tramitó el recurso de apelación contra esa determinación, permitiendo que el Tribunal de alzada se pronuncie confirmando la Resolución 94/2021; es más celebró dos audiencias preliminares virtuales; empero, en la última sorpresivamente, sin que las partes lo hayan solicitado o cuestionado su competencia, con el argumento de saneamiento procesal declinó competencia por razón de materia al Juzgado Agroambiental de Pucarani del departamento de La Paz con el argumento de que los bienes inmuebles constituyen pequeña propiedad agraria.
Al respecto, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció dos reglas para determinar la competencia material entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, siendo estas: i) La ubicación geográfica del bien inmueble, urbana o rural, y fundamentalmente el destino del mismo y la naturaleza de la actividad que se desarrolla, con la finalidad de determinar la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la agroambiental; y, ii) Cuando los procesos emerjan o estén vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidadas por una sentencia ejecutoriada pronunciada dentro de una primera causa, será competente la jurisdicción que resolvió el primer proceso, aun cuando el bien inmueble tenga un destino o actividad diferente al que habilita su competencia. A la situación descrita, resulta aplicable el segundo presupuesto para determinar la competencia del Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz; por cuanto según se pudo evidenciar de los antecedentes y actuaciones procesales, que la demanda ordinaria de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas contraídas emergió como consecuencia del inicial proceso de divorcio seguido contra el demandado -Gustavo Javier Quispe Condori- que fue tramitado por la misma autoridad judicial, cuyo planteamiento no tendría su razón de ser sino se hubiera determinado previamente la cancelación de la partida matrimonial como efecto de la sentencia de divorcio plenamente ejecutoriada; ya que de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 176 y 198 del CFPF, la comunidad de gananciales que se constituye con el matrimonio termina como resultado de una desvinculación establecida en una sentencia de divorcio; sentencia -Resolución 66/2017- que en el presente caso resolvió la ruptura legal respecto a los efectos personales de los ex esposos, y consiguientemente, determinó también en lo patrimonial la conclusión de la comunidad de gananciales, es mas en dicha Resolución se recomendó respecto a la división y partición de bienes comunes, que debía instaurarse un proceso ordinario por cuerda separada, debido a que el Código de las Familias y del Proceso Familiar no establece un procedimiento para determinar en ejecución de sentencia de divorcio esa pretensión, de conformidad al art. 421 inc. c) del CFPF. En definitiva, se concluye que la competencia para conocer, tramitar y resolver la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas adquiridas y contraídas durante la vigencia de matrimonio interpuesta por Cristina Chávez Valencia contra su ex esposo Gustavo Javier Quispe Condori, corresponde al Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, porque no sería razonable que los efectos personales de un matrimonio se resuelvan en la jurisdicción ordinaria familiar y los efectos patrimoniales en la jurisdicción agroambiental, independientemente de la ubicación de los bienes inmuebles o el uso o actividad que se desarrollen en ellas. Otras consideraciones Conforme se tiene de la Conclusión II.2., Julio Cesar Rada Vera, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, en la parte resolutiva de la Resolución 66/2017, que declaró probada la demanda de divorcio y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial entre Cristina Chávez Valencia y Gustavo Javier Quispe Condori, con relación a la división y partición de bienes, acreencias y deudas adquiridas durante la vigencia del matrimonio, en la parte resolutiva recomendó que debe tramitarse en un proceso ordinario conforme al art. 421 inc. c) del CFPF, no existiendo en ese Código, el procedimiento a seguir para la división y partición en ejecución de sentencia; por lo que al no existir un acuerdo voluntario entre las partes debe acudirse ante el juez en materia de familia mediante un proceso ordinario para la liquidación de comunidad de gananciales que debe ser iniciada por cuerda separada. Lo cual evidencia que la misma autoridad judicial recomendó plantear por separado un proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales ante el juez en materia familiar; empero, cuando la demandante -Cristina Chávez Valencia- planteó por cuerda separada la citada demanda ordinaria, contradictoriamente a lo recomendado en la Resolución 66/2017 de divorcio que se encontraba ejecutoriada, declinó competencia, sabiendo que el segundo proceso por división emergía del primer proceso en el que la propia autoridad judicial recomendó ese proceso judicial.
De lo anterior, se advierte que el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz declinó competencia material en un momento procesal inoportuno, cuando el proceso por la división de bienes gananciales ya se encontraba en la fase de debates, por cuanto conforme se evidencia de las Conclusiones II.3., II.4. y II.5., admitió la demanda ordinaria de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas contraídas disponiendo traslado a la parte contraria; citó a la parte demandada -Gustavo Javier Quispe Condori-, quien contestó negativamente en parte a la demanda y formuló reconvención respecto a la forma de división y partición de bienes y deudas; declaró por no presentada la demanda reconvencional; tramitó el recurso de apelación contra esa determinación, permitiendo que la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirme la Resolución 94/2021; es más, celebró las audiencias preliminares virtuales de 30 de septiembre de 2021 y de 7 de octubre de igual año; empero, en esta última audiencia luego de escucharse las intervenciones de las partes, quienes se ratificaron en la demanda de división y partición así como la parte demandada en sus observaciones, la citada autoridad judicial con el argumento de que realizaba el saneamiento procesal conforme al art. 427 inc. h) del CFPF, sorpresivamente sin que las partes hayan cuestionado su competencia mediante Resolución 180/2021, declinó competencia y jurisdicción respecto al conocimiento del proceso de división y partición, disponiendo la remisión de obrados al Juez Agroambiental de Pucarani del departamento de La Paz, después de asumida la competencia material.
Las actuaciones precedentemente mencionadas fueron erráticas e impertinentes por parte del Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, permitiendo que se tramite insulsamente un conflicto de competencias jurisdiccionales con la consiguiente pérdida de tiempo y de recursos para las partes del proceso judicial; por lo que corresponde llamar severamente la atención a Julio Cesar Rada Vera, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, exhortando a no incurrir en los mismos errores en futuros casos similares que le corresponda tramitar.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve:
1° Declarar COMPETENTE al Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, para conocer y resolver la demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas formulada por Cristina Chávez Valencia contra Gustavo Javier Quispe Condori.
2° Disponer la reanudación del trámite del mencionado proceso de demanda de división y partición de bienes inmuebles, muebles y deudas económicas ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz.
3° Llamar severamente la atención a Julio Cesar Rada Vera, Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Achacachi del departamento de La Paz, por las razones expuestas en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que el Magistrado Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora, es de Voto Aclaratorio; asimismo, el MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano es de Voto Disidente.
Fdo. Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0106_2023.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): b287892d0f65a8529a4889a314c56dd5763631c83af74992f3536e306e9b6328
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