Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 17 de abril de 2023
Define la competencia
En la problemática planteada, corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima, ambos del departamento de Tarija, respecto al conocimiento y resolución de la demanda de resolución de contrato de compraventa interpuesta por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez. En consecuencia, corresponde esclarecer cuál es la autoridad competente para resolver la indicada demanda.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve:
1° Declarar COMPETENTE a la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Tarija, para conocer y resolver la demanda de resolución de contrato de compraventa interpuesta por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez.
2° Disponer la reanudación del trámite del mencionado proceso ante la autoridad jurisdiccional declarada competente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2023 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 43675-2021-88-CCJ Departamento: Tarija En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima, ambos del departamento de Tarija.
Por Auto de 30 de septiembre de 2021, cursante de fs. 33 vta. a 38, el Juez Agroambiental del departamento de Tarija, se declaró incompetente para conocer la demanda de resolución de contrato de compraventa interpuesta por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez, declinando competencia ante el Juzgado Público Civil y Comercial de turno del departamento de Tarija, bajo los siguientes fundamentos: a) Conforme al acta de inspección previa de 24 de junio de ese año, se evidenció que en el bien inmueble no existe actividad agrícola sino únicamente la edificación de una vivienda, extremo ratificado en el Informe Técnico de igual fecha, emitido por el Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental del citado departamento, en el que se indicó que la vivienda se encuentra edificada sobre una superficie de 240 m amurallado en todo su perímetro con ladrillo y cemento, contando con plano de urbanización, aunque en rigor de verdad estaría ubicado en la comunidad campesina Lazareto, Parcela 075 de la provincia Cercado del departamento de Tarija, con Título Ejecutorial “PPDNALÑ” 322142; b) El art. 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), resulta contundente al señalar que: la justicia agraria tiene jurisdicción y competencia para la resolución de conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal, de uso y aprovechamiento de aguas y otros señalados por ley; al respecto el art. 131.II de la Ley del Órgano judicial (LOJ), con mayor elocuencia señala que la naturaleza y los alcances de la justicia agroambiental ‘“Desempeña una FUNCIÓN ESPECIALIZADA y le corresponde Impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad que no sean de competencia De autoridades Administrativas”’ (sic); c) La actividad agraria es el mínimo común denominador de los institutos del Derecho Agrario; por lo que la competencia agroambiental se caracteriza por ser improrrogable de manera absoluta, ya que no se puede prorrogar ni expresa ni tácitamente como en materia civil; en ese orden la competencia agraria por razón de materia únicamente se puede establecer por el objeto propio del derecho agrario que es de orden sustancial y no de carácter procesal; d) Uno de los derechos integradores del debido proceso es el derecho a tener un juez natural o tribunal competente, independiente e imparcial, garantizado por el art. 8.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), lo cual permite la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas; siendo el juez natural o tribunal competente, aquel llamado a conocer y resolver una controversia, y que tiene dos alcances: primero, la imposibilidad de ser sometido a otro juez por el mismo hecho, y segundo, la competencia de los jueces y tribunales se encuentra previamente establecida en la ley; razón por la que la competencia por razón de materia en la jurisdicción agroambiental se rige por el principio de legalidad; en ese sentido, el ordenamiento jurídico establece la competencia exclusiva de los jueces y tribunales agroambientales sobre la actividad agraria; e) En toda actividad agraria está presente un ciclo biológico de producción de crianza de animales y de vegetales, lo cual permite diferenciar la actividad agraria de otras actividades como la actividad industrial, comercial o civil, al que se agrega los conflictos emergentes de posesión, derecho de propiedad, actividad forestal, uso y aprovechamiento de aguas, medio ambiente, biodiversidad y otros; y, f) Asimismo, se debe tener presente que el fundo agrario es la base material de la actividad agraria, sobre el cual se despliega el acto de destinación y de producción, teniendo la posibilidad de ser destinada a la producción con tres perfiles: el perfil objetivo, que es la porción de terreno destinado a la realización de una actividad agraria; mientras que el perfil subjetivo comprende a los sujetos que despliegan la actividad económica vinculada con la producción, crianza de animales, siembra de vegetales, actividades forestales, ambientales y ecológicas, además del uso y aprovechamiento de las aguas; y, el perfil funcional, es la actividad del ciclo bilógico vegetal o animal destinado al consumo directo en su estado natural o industrializado como producto acabado. En ese orden, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria civil.
Por Auto de 18 de octubre de 2021, cursante de fs. 45 a 46 vta., la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Tarija, considerando que existe “competencia discutida”, dispuso la remisión de obrados al Tribunal Constitucional Plurinacional, fundamentando que: 1) El bien inmueble delimitado que fue objeto del contrato de compraventa, que ahora se pretende su resolución es una fracción de terreno de una propiedad rural rústica ubicado en la comunidad campesina de Lazareto, Parcela 075 de la provincia Cercado del departamento de Tarija, clasificada como pequeña propiedad con un tipo de uso de suelo agropecuario extensivo, teniendo una superficie de 2,178 ha, lo cual evidencia que el conflicto emerge de la posesión o derecho de propiedad agraria que es de competencia de las autoridades agrarias, tal cual lo determina el art. 23.8 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 26 de noviembre de 2006-, que señala: “…Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad Agrarias” (sic); 2) No es evidente que dicha fracción de terreno tenga plano de urbanización o que esté en una zona intermedia para ser homologada como área urbana de la ciudad de Tarija, siendo más bien una comunidad campesina sin proyección de convertirse en área urbana; por lo que no puede ser de conocimiento de la autoridad judicial ordinaria en materia civil, ya que de lo contrario se estaría vulnerando el art. 222 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3) Se trata de un conflicto de derecho propietario sobre una fracción de terreno de una pequeña propiedad rural ubicada en una comunidad campesina alejado de la ciudad de Tarija; por lo que el Juez agroambiental, es el juez natural llamado a conocer y resolver la causa.
El conflicto de competencias jurisdiccionales fue admitido mediante Auto Constitucional (AC) 0454/2021-CA de 17 de diciembre, por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 51 a 54).
Mediante decreto constitucional de 11 de octubre de 2022, cursante a fs. 64, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 5 de abril de 2023, cursante a fs. 86; por lo que, esta Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta en original el Certificado Catastral CC-T-TJA09687/2015 de la Unidad de Catastro Rural, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de 18 de noviembre de 2015, en el que se indica tiene como tipo de uso de suelo para uso agropecuario extensivo, como ubicación geográfica de la propiedad, la comunidad campesina Lazareto, Parcela 075, con una superficie de 2,1768 ha, clasificada como pequeña propiedad, registrado a nombre de Lorenzo Policarpio Rivera Ochoa y Ariel Calizaya Ocampo (fs. 14), constando el Registro de Transferencia TJA00169/2015 de 16 de igual mes, por cambio de nombre de Saturnina Torrez Cadena a nombre de Lorenzo Policarpio Rivera Ochoa y Ariel Calizaya Ocampo (fs. 13). II.2. Cursa documento privado de Contrato de Compraventa de Inmueble Vivienda de 19 de junio de 2020, suscrito entre Ariel Calizaya Ocampo en calidad de vendedor y Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez como compradores, en cuya Cláusula Segunda el vendedor declara que es el único y legítimo propietario de un predio de área rural, Parcela 075, ubicado en la comunidad campesina Lazareto, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 6.01.0.10.0001562, con una superficie de 1,4778 ha y en la Cláusula Tercera, se indicó que el vendedor ha resuelto dar, ceder y transferir en calidad de venta real, en acciones y derechos un terreno de 300,75 m que cuenta con vivienda construida sobre una superficie de 240 m y que de acuerdo al anteproyecto estaría signado como Lote 3, del Manzano A con los siguientes límites y colindancias: al Norte con el Lote 1 y 2, al Sud con el Lote 4, al Este con la calle S/N y al Oeste con el callejón sin nombre (fs. 10 a 11). II.3. Por memorial presentado el 8 de junio de 2021, ante el Juez Agroambiental del departamento de Tarija; Ariel Calizaya Ocampo formuló demanda de resolución de contrato por incumplimiento de la obligación contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez debido a que no pagaron el precio pactado, alegando ser propietario de la parcela rural 075, ubicado en la comunidad campesina de Lazareto, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 6.01.0.10.0001562, del cual vendió a los nombrados una fracción de terreno de 300,75 m, que cuenta con una construcción de una casa de 240 m, de dos plantas, en la planta baja cuenta con dormitorio, sala de estar, despensa, cocina, baño y garaje; la planta alta de tres dormitorios, un baño compartido, un vestidor y un baño privado (fs. 19 a 20 vta.). Consta Auto de 9 de junio de 2021, por el cual el Juez Agroambiental del departamento de Tarija con la única finalidad de establecer la competencia material señaló audiencia pública de inspección previa del bien inmueble ubicado en la comunidad de Lazareto para el jueves 24 de junio de 2021 (fs. 21). II.4. Consta Acta de Audiencia Pública ‘“INSPECCIÓN PREVIA”’ de 24 de junio de 2021, en la que el Técnico del Juzgado Agroambiental del departamento de Tarija informó a la autoridad judicial que se encontraban en la comunidad Lazareto, provincia Cercado del departamento de Tarija, en la Parcela 075, con una superficie de 300,37 m, en la que la referida autoridad judicial advirtió los siguientes aspectos; se trataba de un bien inmueble, observándose en su interior una casa de dos pisos, la cual cuenta con un garaje donde estaban parqueados dos vehículos y una motocicleta, un horno de barro y la construcción de un baño sin terminar contando con servicios básicos, sin que se advierta actividad agraria o pecuaria (fs. 23). Asimismo, Cursa el Informe Técnico de 28 de junio de 2021, elaborado por el Técnico del citado Juzgado Agroambiental, en el que concluyó que el Lote 3, del Manzano A, se encuentra amurallado en su totalidad con material de ladrillo y cemento, existiendo en su interior una vivienda construida de 240 m en el que no se observa ninguna actividad agrícola; por lo que tomando en cuenta que el lote de terreno cuenta con numeración, manzano y colindancias, dicho terreno contaría con plano de urbanización, ubicado dentro de la comunidad campesina de Lazareto, parcela 075 con Titulo Ejecutorial PPDNAL322142 según datos del INRA (fs. 24 a 28).
En la problemática planteada, corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima, ambos del departamento de Tarija, respecto al conocimiento y resolución de la demanda de resolución de contrato de compraventa interpuesta por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez. En consecuencia, corresponde esclarecer cuál es la autoridad competente para resolver la indicada demanda.
El pluralismo jurídico que rige en el nuevo modelo de Estado Plurinacional se manifiesta en los arts. 1 y 179.I de la CPE, cuando se establece que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, lo que en el ámbito judicial se refleja en la pluralidad de jurisdicciones para impartir justicia en igualdad jerárquica, siendo esas la ordinaria, la agroambiental, la indígena originaria campesina y las especializadas reguladas por la ley. En ese marco, el art. 202.11 de la Norma Suprema establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre otras, conocer y resolver los conflictos de competencia entre las jurisdicciones indígena originaria campesina (JIOC), ordinaria y agroambiental; aspecto que concuerda con el art. 14.I de la LOJ que prevé: “Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originario campesino, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional”. La SCP 0064/2014 de 3 de enero, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental” (las negrillas nos corresponden). Suscitado el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe resolver de acuerdo a las específicas atribuciones asignadas a cada una de estas jurisdicciones y conforme a los criterios desarrollados en la jurisprudencia constitucional vinculada a la situación fáctica concreta. Sobre este rol de definición competencial vinculada al debido proceso en su elemento de juez natural, la SCP 0065/2017 de 12 de octubre, asumiendo los entendimientos jurisprudenciales al respecto, precisó: “Ahora bien, en el ámbito del control reparador y competencial de constitucionalidad, el art. 202 de la CPE, refiere: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. En el marco antes referido, el art. 85 con relación al 100, ambos del CPCo, al respecto, señala que el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos de competencias entre las JIOC, la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental… ‘(…) …el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el órgano encargado para dirimir dichos conflictos de competencia, asumiendo que, en mérito al principio de igualdad jerárquica de las jurisdicciones, ninguna de ellas tiene la potestad de sobreponerse ni subordinar a la otra, en ese sentido, es este Tribunal quien definirá qué jurisdicción es competente para conocer y resolver el caso que suscitó dicho conflicto’”.
La SCP 0044/2019 de 3 de septiembre, asumiendo los entendimientos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0695/2013 de 3 de junio y 2257/2012 de 8 de noviembre, con relación al conflicto de competencias jurisdiccionales señaló que: «“… en un caso donde se resolvió un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o en el área rural, sostuvo: ‘La competencia para conocer las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles puede ser de los jueces y tribunales en materia civil o de jueces y tribunales en materia agroambiental dependiendo del régimen propietario, sea éste de naturaleza urbana o rural. En efecto conforme al art. 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE) 'La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley’ en este sentido, el art. 134.1 de la Ley de Organización Judicial (LOJ.1993) dispone que los jueces de partido en materia civil-comercial tienen competencia para 'Conocer en primera instancia, de las acciones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores cuya cuantía será determinada por la reunión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia cada dos años’; por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: ‘…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores…’; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de ‘Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria’. Ahora bien, la delimitación entre lo urbano y lo rural se determinaba mediante ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana mismas que conforme al art. 8 de la Ley 1669 de 30 de octubre de 1995, debían ser homologadas por el Poder Ejecutivo -ahora Órgano Ejecutivo- a través de Resolución Suprema, pese a ello, esta forma de diferenciar los referidos ámbitos se observó y complementó en la SC 0378/2006-R de 18 de abril, que estableció que era necesario que: ‘…el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas, máxime cuando a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular y desde la perspectiva de éstos, el concepto de propiedad urbana y propiedad rural ha dejado de tener vigencia, toda vez que la jurisdicción municipal que daba origen a ese concepto se aplica a todo el territorio de la sección de provincia, incluyendo o si se quiere fusionando lo urbano y lo rural’, y se concluyó en que además de considerar las resoluciones municipales, toda autoridad judicial: ‘…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios…’. Por su parte, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, estableció que: ‘…la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbana, no puede quedar simplemente librada exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado cuando en el art. 397.I establece que: 'El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad’. En este sentido la función social está definida en el art. 397.II de la norma fundamental '…como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades’. Y la función económica social está definida a su vez en el art. 397.III, la que deberá entenderse como ‘…el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social’. De estos preceptos constitucionales advertimos, que la propiedad agraria esta siempre definida sobre la base de criterios vinculados a la actividad que se desarrolla en la propiedad o en su caso al destino que se le otorga’.
Es decir, que la SC 0378/2006-R, amplió los criterios de valoración que distinguen la propiedad urbana de la rural, justamente para proteger la actividad agropecuaria que en el texto constitucional y la ley tiene un trato específico y de la cual pueden depender diferentes políticas públicas de estímulo de forma que la ampliación geográfica de lo considerado urbano por parte de los gobiernos municipales debe ser ordenada, con salvaguardas de protección, y en su caso, asegurar las respectivas indemnizaciones aspectos que también deben observarse por las autoridades judiciales”. De la línea jurisprudencial glosada [SC 0378/2006-R, que moduló la SC 0362/2003-R, que fue ratificada por la SCP 2140/2012], es posible concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural; y, por ende, la autoridad jurisdiccional competente para la resolución de la problemática a efectos de ordenarse la remisión de antecedentes a la autoridad que sea definida como competente, deberá tenerse como criterios rectores no excluyentes y por el contrario concurrentes y complementarios que merezcan una valoración integral, hasta tanto no se pronuncie una ley expresa que regule el cambio del régimen del derecho propietario sobre la tierra agraria de rural a urbana, los desarrollados a continuación: Antes, es preciso aclarar que se llega a esta conclusión jurisprudencial, en razón a que es la propia SC 0378/2006-R, que aclara expresamente que sólo se constituye en “…una modulación de la línea sentada a través de la SC 0362/2003-R de 25 de marzo…”; por lo mismo, dicho fallo, no es un cambio o mutación total de línea. Al respecto, corresponde recordar que la SC 0362/2003-R, sostuvo que el criterio que para definir si un predio es urbano y por ende delimitar la jurisdicción entre la ordinaria y la entonces agraria es la existencia de una ordenanza municipal homologada por resolución suprema en el marco de lo previsto por los arts. 8.III.6 de la LM, 31 del DS 24447 de 20 de diciembre de 1996 (Reglamento de la Ley de Participación Popular), por lo mismo, este entendimiento se mantiene firme, claro está, complementado y modulado con el asumido en la SC 0378/2006-R. Entonces, los criterios señalados a tenerse en cuenta en el conflicto competencial jurisdiccional entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental en razón de materia, son: 1) La Ordenanza Municipal de un determinado municipio que hubiere aprobado un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y que dicha Ordenanza estuviere homologada mediante Resolución Suprema, conforme dispone el art. 8 de la Ley 1669 de 30 de octubre de 1995; instrumento jurídico que establece y orienta que la delimitación de la competencia por razón de materia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental a definirse es a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio, conforme al PMOT. Así la SC 0378/2006-R, concluyó que “…a los efectos de determinar una cuestión de vital importancia como es el de la jurisdicción aplicable, máxime cuando por definición ésta es de orden público, no delegable y sólo emana de la ley; empero, se tiene que dicha normativa con las características anotadas no existe, por cuanto ni las normas civiles como tampoco las agrarias son puntuales al respecto, circunstancia que queda patentizada en el informe que a solicitud de este Tribunal formuló el Secretario General de la Vicepresidencia de la República en el sentido de que no existe una ley expresa que regule el cambio del régimen del derecho propietario sobre la tierra agraria de rural a urbana, vacío legal, que… corresponde ser debidamente llenado, labor que corresponderá principalmente a los organismos responsables del manejo de la problemática relacionada con la propiedad agraria, en especial a la Comisión Agraria Nacional que dentro de sus atribuciones conferidas con el art. 13.7 de la LSNRA prevé: ‘Proyectar y proponer disposiciones legales en materia agraria, para someterlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria’, la que a la brevedad posible… deberá proyectar y proponer a donde corresponda la sanción del instrumento normativo pertinente a los efectos de regular la delimitación de la jurisdicción aplicable por razón de materia en acciones reales sobre bienes inmuebles y el cambio de régimen legal de rural a urbano, puesto que las previsiones contenidas en los arts. 8 de la Ley 1669, de 31 de octubre de 1995, así como en el art. 31 del DS 24447, de 20 de diciembre de 1996 no guardan armonía con los preceptos de la Constitución Política del Estado precedentemente citados, por lo que desde esta perspectiva y tomando en cuenta que conforme al art. 1.II de la LTC uno de los fines del Tribunal Constitucional es el de garantizar la primacía de la Constitución Política del Estado, el presente fallo se constituye en una sentencia exhortativa’. Exhortación dispuesta por la SC 0378/2006-R, que no se cumplió hasta la fecha y, por ende, justifica la utilización de dicho entendimiento jurisprudencial, que fue ratificado en la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre. La misma sentencia constitucional, sobre los criterios rectores para la determinación de la jurisdicción aplicable, sostiene que la Ordenanza Municipal homologada por Resolución Suprema no puede ser un único criterio rector, para la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o en el área rural:
Dice: ‘…los jueces de instancia a su turno, siguieron como único criterio rector para la determinación de la jurisdicción aplicable el de la mancha urbana dispuesta por el Gobierno Municipal, discernimiento que como se tiene apuntado precedentemente no condice con los mandatos de los arts. 136, 165 y 166 de la CPE, puesto que la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios, elementos que en el caso que se revisa no fueron tomados en cuenta por los jueces de instancia, quienes, conforme se tiene referido, se limitaron únicamente a la normativa municipal relativa a la determinación de la mancha urbana’. 2) El entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0378/2006-R, que refiere que la delimitación de la competencia en razón de materia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental debe definirse no sólo a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio sino que debe tomarse en cuenta otros elementos imprescindibles para determinar la jurisdicción aplicable, como es el uso que se destina a la propiedad, en razón a que como señaló la referida Sentencia Constitucional: ‘…el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas, máxime cuando a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular y desde la perspectiva de éstos, el concepto de propiedad urbana y propiedad rural ha dejado de tener vigencia, toda vez que la jurisdicción municipal que daba origen a ese concepto se aplica a todo el territorio de la sección de provincia, incluyendo o si se quiere fusionando lo urbano y lo rural’ (SC 378/2006-R)”». La SCP 0048/2019 de 4 se septiembre, luego de hacer una sistematización de la jurisprudencia existente sobre la competencia de las y los jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental por razón de materia en las acciones reales sobre bienes inmuebles urbanos y rurales, concluyó que: “…tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerará la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla”.
En la problemática planteada, corresponde dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima, ambos del departamento de Tarija, respecto al conocimiento y resolución de la demanda de resolución de contrato de compraventa interpuesta por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez. En ese orden, se debe tener presente que conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, el conflicto de competencias jurisdiccionales, tiene por única finalidad definir en el marco de los arts. 202.11 de la CPE y 100 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver la demanda ordinaria de resolución de contrato de compraventa que motivó el conflicto, sin que en dicha labor el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda emitir criterio alguno sobre la problemática de fondo; puesto que, su atribución está limitada, única y exclusivamente a definir la competencia de la autoridad jurisdiccional que resolverá el asunto, en el ejercicio del control competencial de constitucionalidad. Labor que se cumplirá a continuación. Así, de acuerdo a los antecedentes se tiene que, el Juez Agroambiental del departamento de Tarija por Auto de 30 de septiembre de 2021, se declaró incompetente para conocer la demanda de resolución de contrato de compraventa formulada por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez, declinando competencia ante el Juzgado Público Civil y Comercial del citado departamento fundamentando que conforme lo consignado en el acta de inspección previa de 24 de junio de 2021, se evidenció que en el bien inmueble no existe actividad agrícola sino únicamente la edificación de una vivienda, extremo que fue ratificado en el Informe Técnico de 24 de junio de 2021, emitido por el Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental del referido departamento, en el que se indica que la vivienda se encuentra edificada sobre una superficie de 240 m amurallado en todo su perímetro con ladrillo y cemento contando con plano de urbanización, aunque en rigor de verdad estaría ubicado en la comunidad ampesina Lazareto, Parcela 075 con Título Ejecutorial PPDNAL 322142; en ese orden, la competencia agraria por razón de materia solo se puede establecer por el objeto propio del derecho agrario que es de orden sustancial y no procesal; razón por la que, la competencia por razón de materia en la jurisdicción agroambiental se rige por el principio de legalidad; en ese sentido, el ordenamiento jurídico establece la competencia exclusiva de los jueces y tribunales agroambientales la actividad agraria; en la que está presente el ciclo biológico de producción de crianza de animales y de vegetales y que dicho ciclo biológico permite diferenciar la actividad agraria de otras actividades como la actividad industrial, comercial o civil, al que se agrega los conflictos emergentes de posesión, derecho de propiedad, actividad forestal, uso y aprovechamiento de aguas y otros; asimismo, se debe tener presente que el fundo agrario es la base material de la actividad agraria, sobre el cual se despliega el acto de destinación y de producción, teniendo la posibilidad de ser destinada a la producción con tres perfiles: el perfil objetivo, que es la porción de terreno destinado a la realización de una actividad agraria; mientras que el perfil subjetivo comprende a los sujetos que despliegan la actividad económica vinculada con la producción, crianza de animales, siembra de vegetales, actividades forestales, ambientales y ecológicas, además del uso y aprovechamiento de las aguas; y, el perfil funcional, es la actividad del ciclo biológico vegetal o animal destinado al consumo directo en su estado natural o industrializado como producto acabado; los cuales no se verifican en el caso concreto; por lo que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria civil. Remitidos los antecedentes ante la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Tarija, dicha autoridad judicial, por Auto de 18 de octubre de 2021, considerando que existe “competencia discutida”, dispuso la remisión de obrados al Tribunal Constitucional Plurinacional, fundamentando que, el bien inmueble objeto del contrato de compraventa, que ahora se pretende su resolución es una fracción de terreno en una propiedad rural rústica ubicado en la comunidad Campesina de Lazareto, Parcela 075 de la provincia Cercado del departamento de Tarija, clasificada como pequeña propiedad con un tipo de uso de suelo agropecuario extensivo, teniendo una superficie de 2,178 ha, lo cual evidencia que el conflicto emerge de la posesión o derecho de propiedad agraria que es de competencia de las autoridades agrarias, como lo determina el art. 23.8 de la Ley 3545, que señala: “…Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad Agrarias” (sic); por lo que no es evidente que dicha fracción de terreno tenga plano de urbanización o que esté en una zona intermedia para ser homologada como área urbana de la ciudad de Tarija, siendo más bien una comunidad campesina sin proyección de convertirse en área urbana, por lo que no puede ser de conocimiento de la autoridad judicial ordinaria en materia civil, ya que de lo contrario se vulneraría el art. 222 de la CPE; más bien se trataría de un conflicto de derecho propietario sobre una fracción de terreno de una pequeña propiedad rural ubicada en una comunidad campesina alejado de la ciudad de Tarija; por lo que el Juez agroambiental, se constituye en el juez natural llamado a conocer y resolver la referida causa.
En ese contexto, conforme se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la jurisprudencia constitucional estableció que tanto los jueces agrarios -ahora agroambientales- como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerará la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla en el predio objeto de litigio.
Aplicando dichos criterios, en el caso en análisis, de la Conclusión II.2. se tiene que mediante documento privado de contrato de compraventa de un bien inmueble de 19 de junio de 2020, Ariel Calizaya Ocampo y Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez suscribieron un contrato de compraventa, en cuya Cláusula Segunda el vendedor declaró ser el único y legítimo propietario de un predio rural, Parcela 075, ubicado en la comunidad campesina Lazareto, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 6.01.0.10.0001562, con una superficie de 1,4778 ha y en la Cláusula Tercera, se indica que el vendedor ha resuelto dar, ceder y transferir en calidad de venta real, en acciones y derechos un terreno de 300,75 m que cuenta con vivienda construida sobre una superficie de 240 m con dos plantas, la planta baja cuenta con dormitorio, sala de estar, despensa, cocina, baño y garaje; la planta alta de tres dormitorios, un baño compartido, un vestidor y un baño privado, que de acuerdo al anteproyecto de urbanización estaría signado como Lote 3, del Manzano A con los siguientes límites y colindancias: al Norte con el Lote 1 y 2, al Sud con el Lote 4, al Este con la calle S/N y al Oeste con el callejón sin nombre; sin embargo, ante el incumplimiento del pago de precio pactado, el vendedor conforme consta en la Conclusión II.3., por memorial de 8 de junio de 2021, interpuso demanda de resolución de contrato; en cuyo mérito el Juez Agroambiental del departamento de Tarija mediante Auto de 9 de ese mes y año, con la única finalidad de establecer la competencia material señaló audiencia pública de inspección previa del bien inmueble para el día jueves 24 de igual mes y año, la cual conforme se observa de la Conclusión II.4. conforme al Acta de Audiencia Pública “INSPECCIÓN PREVIA” de la indicada fecha, la referida autoridad judicial advirtió que se trataba de un bien inmueble, observándose en su interior una casa de dos pisos, la cual contaba con un garaje donde estaban dos vehículos y una motocicleta, un horno de barro y la construcción de un baño sin terminar contando con servicios básicos, sin que se advierta actividad agraria o pecuaria;
extremos que fueron corroborados por el Informe Técnico de 28 del citado mes y año, elaborado por el Técnico del Juzgado Agroambiental, en el que concluye que el Lote 3, del Manzano A, se encuentra amurallado en su totalidad con material de ladrillo y cemento, existiendo en su interior una vivienda construida de 240 m en el que no se observa ninguna actividad agrícola; por lo que tomando en cuenta que el lote de terreno cuenta con numeración de lote, manzano y colindancias, dicho lote contaría con plano de urbanización, aunque estaría ubicado dentro de la comunidad campesina de Lazareto, Parcela 075 con Titulo Ejecutorial PPDNAL 322142 según datos del INRA. De lo expuesto, se puede advertir que el contrato de compraventa cuya resolución se pretende, tiene por objeto una fracción del lote de terreno que forma parte de la Parcela 075, que de acuerdo a las certificaciones emitidas por la Unidad de Catastro Rural del INRA de 16 de noviembre de 2015 (Conclusión II.1.), se encuentra ubicada en la comunidad campesina Lazareto, con una superficie de 2,1768 ha, clasificada como pequeña propiedad, en el que se consigna como características más importantes que el indicado predio rural tiene como tipo de uso de suelo para uso agropecuario extensivo, registrado a nombre de Lorenzo Policarpio Rivera Ochoa y Ariel Calizaya Ocampo. En ese sentido, si bien se advierte que se encuentra ubicado dentro de la Parcela 075, con una superficie de 2,1768 ha, dentro de la comunidad campesina Lazareto, clasificado como una pequeña propiedad agrícola; empero, como se precisó en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la ubicación del predio, si es rural o urbana, no define la competencia de las autoridades jurisdiccionales, sino el destino y la actividad que se desarrolla en ella, lo cual en el presente caso se verifica que en el lote de terreno de 300,37 m, existe una edificación de una vivienda sobre 240 m con dos pisos, la planta baja con dormitorio, sala de estar, despensa, cocina, baño y garaje; la planta alta de tres dormitorios, un baño compartido, un vestidor y un baño privado, contando con servicios básicos, además de reunir características urbanas, ya que el lote de terreno se encuentra signado como Lote 3, del Manzano A, siendo amurallado en su totalidad con material de ladrillo y cemento, lo cual evidencia que se encuentra destinado para la vivienda, sin que se desarrolle en ella alguna actividad agraria o pecuaria, independientemente del lugar donde se encuentra ubicado. En definitiva, se concluye que la competencia para conocer, tramitar y resolver la demanda de resolución de contrato de compraventa interpuesta por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez, corresponde a la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Tarija.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve:
1° Declarar COMPETENTE a la Jueza Pública Civil y Comercial Séptima del departamento de Tarija, para conocer y resolver la demanda de resolución de contrato de compraventa interpuesta por Ariel Calizaya Ocampo contra Oscar Antonio Sánchez Gonzales y Ulca Céspedes Ferrufino de Sánchez.
2° Disponer la reanudación del trámite del mencionado proceso ante la autoridad jurisdiccional declarada competente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. No interviene la Magistrada MSc. Brigida Celia Vargas Barañado, por ser de Voto Disidente; asimismo, se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0023_2023.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9a3ca0d6c3b43c029b378cbd0c9e0cecc98df9c8d7bcc178609917485a99aa65
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