B.IA.LEGAL

SCP 0080/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 20 de noviembre de 2024

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
20 de noviembre de 2024
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
56468-2023-113-CCJ
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Debido proceso — vertientes y elementos

Qué se discutió

En el conflicto de competencias jurisdiccionales promovido por Eloy Alejandro Tito Coaquira, Mallcu de la comunidad originaria Jiska Kota, municipio Copacabana, provincia Manco Kapac y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana ambos del departamento de La Paz, la autoridad indígena refiere que las autoridades IOC, de la misma comunidad son competentes para conocer y resolver los hechos inherentes al proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de Mary Ignacia Tito Cauna contra Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (violencia psicológica) previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, que se desarrolla ante el citado Juzgado; por cuanto, considera que cumplen los ámbitos de vigencia personal, territorial y material de la JIOC.

En consecuencia, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional determinar cual es la autoridad competente para resolver la referida controversia, a fin de establecer la jurisdicción competente de conocer y resolver la causa, a tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) El control competencial plural y el reconocimiento de la igualdad jerárquica; 2) El ejercicio de la justicia indígena en el marco de vigencia de la JIOC y el conflicto de competencias jurisdiccionales; 3) Ámbitos de vigencia de la JIOC; 4) Acceso efectivo a la justicia de la mujer indígena víctima de violencia; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; 12.11, 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 85.I.3 del Código Procesal Constitucional; resuelve: declarar COMPETENTE al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, para continuar con la tramitación y resolución del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mary Ignacia Tito Cauna contra Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control competencial plural y el reconocimiento de la igualdad jerárquica
  2. III.2. El ejercicio de la justicia indígena en el marco de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y el conflicto de competencias jurisdiccionales
  3. III.3. Ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina
  4. III.4. Acceso efectivo a la justicia de la mujer indígena víctima de violencia
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2024 Sucre, 20 de noviembre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 56468-2023-113-CCJ Departamento: La Paz En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Eloy Alejandro Tito Coaquira, Mallcu de la Comunidad Originaria Jiska Kota, municipio de Copacabana, provincia Manco Kapac y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Hechos que originan el conflicto de competencia jurisdiccional

Mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 123 a 143, Eloy Alejandro Tito Coaquira, Autoridad Indígena Originario Campesina (IOC), se apersonó ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Copacabana del departamento de La Paz, solicitando a la autoridad jurisdiccional que decline su competencia a favor de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), o se aparte del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mary Ignacia Tito Cauna contra Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Refirió que dentro del señalado caso, se cumple con los tres ámbitos de vigencia exigidos por la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-; puesto que, tanto la denunciante como el denunciado, ambos tienen sus domicilios en la comunidad originaria Jiska Kota, como demuestra la documentación presentada, lo cual implica que cumple con el ámbito de vigencia personal. Con relación al ámbito de vigencia material, afirmaron por el supuesto delito de violencia familiar no encontrarse en la lista establecida en el art. 10.II inc. a) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), lo que implica que la JIOC, tiene plena competencia para conocer y resolver el referido delito, pues la comunidad originaria de Jiska Kota, esta normada y regulada conforme a los usos y costumbres de su comunidad, contando con un reglamento interno, en el que se establecen las faltas de los miembros comunarias y comunarios, cuyo numeral 5) se encuentra el provocar “daños físicos e inmorales” a las personas de la comunidad o miembros de su familia; por lo que, el Juez ordinario debe apartarse del conocimiento del citado proceso penal, porque de no hacerlo, estaría vulnerando el derecho al debido proceso; es decir, al juez natural. En cuanto al ámbito de vigencia territorial, describen que el hecho de violencia familiar ocurrió el 7 de octubre de 2022, aproximadamente a horas 17:30 en la comunidad originaria de Jiska Kota, según se evidencio del cuaderno de investigación, cumpliendo de esa manera con este ámbito de vigencia.

I.2. Resolución de la autoridad jurisdiccional ordinaria

Ante la solicitud de declinatoria de competencia planteada por la autoridad IOC, de la comunidad originaria Jiska Kota, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, emitió la Resolución 65/2023-P de 7 de marzo, cursante de fs. 164 a 166; por la cual, rechazó lo peticionado por la citada autoridad originaria; tal determinación, se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Respecto al ámbito de vigencia personal, de la revisión del cuaderno de investigaciones, así como las declaraciones informativas, se concluye que tanto la víctima como el denunciado manifestaron tener su domicilio en la comunidad originaria de Jiska Kota; b) En cuanto al ámbito de vigencia territorial, se tiene que la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica se realizó en la referida comunidad indígena; c) El hecho punible atribuible efectivamente no se encuentra relacionado con delitos contra el derecho internacional, lesa humanidad, seguridad interna y externa del Estado, terrorismo, tributarios y aduaneros, corrupción o cualquier otro delito donde la víctima sea el Estado, ni delitos cometidos contra la integridad corporal de niñas, niños y adolescentes, o ilícitos de violación, asesinato u homicidio; el caso en análisis, trata de una denuncia de orden público, donde se encuentra como presunta víctima una mujer; en tal sentido, partiendo del bloque de constitucionalidad y aplicando un control de convencionalidad, resulta aplicable los estándares internacionales; por lo que, la mujer tiene la libertad de elegir la jurisdicción en la cual deba ser resuelto el caso; por consiguiente, corresponde proseguir con la tramitación del proceso penal hasta su conclusión en la jurisdicción ordinaria; d) Una de las autoridades originarias solicitantes del conflicto de competencias es familiar del denunciado, siendo tal autoridad, Bernardino Quispe Machaca, lo que no garantiza el principio de imparcialidad en la JIOC, peticionante de declinatoria de competencia en este caso; y, e) En atención al bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, considerando la aplicación de los estándares internacionales, teniendo en cuenta la necesidad de emitir decisiones judiciales en mérito a la perspectiva de género, no es atendible la petición efectuada.

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante Auto Constitucional 0022/2024-CA de 8 de enero, cursante de fs. 201 a 206, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Eloy Alejandro Tito Coaquira, Mallcu de la comunidad originaria Jiska Kota, municipio de Copacabana, provincia Manco Kapac y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana, ambos del departamento de La Paz. 1.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por decreto constitucional de 30 de agosto de 2024, cursante a fs. 219 se suspendio el computo de plazo, por solicitud de documentación requerida en aplicación del art. 5.2. del CPCo, reanundándose el mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 19 de noviembre de 2024, a cuyo efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por formulario único de denuncia de 7 de octubre de 2022, la víctima (Mary Ignacia Tito Cauna), formalizó denuncia contra su concubino, Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (violencia psicológica); mencionando que, el denunciado la insulta haciendo ademanes de querer agredirla, si bien no le maltrata físicamente desde que lo denunció en diciembre de 2020, su comportamiento se torna cada vez más agresivo; por lo que, tiene miedo sufrir violencia así como sus hijos (fs. 50 a 53). II.2. El Fiscal de Materia de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, dentro de las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público, a instancia de Mary Ignacia Tito Cauna, presentó imputación formal de 13 de febrero de 2023 contra Belizario Quispe Machaca, así como la aplicación de medidas cautelares, consistente en la detención preventiva, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP [fs. 148 a 156]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En el conflicto de competencias jurisdiccionales promovido por Eloy Alejandro Tito Coaquira, Mallcu de la comunidad originaria Jiska Kota, municipio Copacabana, provincia Manco Kapac y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana ambos del departamento de La Paz, la autoridad indígena refiere que las autoridades IOC, de la misma comunidad son competentes para conocer y resolver los hechos inherentes al proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de Mary Ignacia Tito Cauna contra Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (violencia psicológica) previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, que se desarrolla ante el citado Juzgado; por cuanto, considera que cumplen los ámbitos de vigencia personal, territorial y material de la JIOC.

En consecuencia, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional determinar cual es la autoridad competente para resolver la referida controversia, a fin de establecer la jurisdicción competente de conocer y resolver la causa, a tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) El control competencial plural y el reconocimiento de la igualdad jerárquica; 2) El ejercicio de la justicia indígena en el marco de vigencia de la JIOC y el conflicto de competencias jurisdiccionales; 3) Ámbitos de vigencia de la JIOC; 4) Acceso efectivo a la justicia de la mujer indígena víctima de violencia; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. El control competencial plural y el reconocimiento de la igualdad jerárquica

La SCP 0023/2018 de 26 de junio, partiendo de la normativa constitucional, estableció una doble dimensión de alcance del control plural de competencias, concretamente sobre la igualdad jerárquica y el juez natural, señalando: “El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’. Así, el art. 179.I de la CPE determina que aun siendo la función judicial única en Bolivia, son distinguibles una pluralidad de jurisdicciones, todas ellas en igualdad jerárquica: ordinaria, agroambiental, especiales, e indígena originaria campesina (IOC), esta última ejercida por sus propias autoridades, elegidas por sus usos y costumbres, y su sistema institucional propio de funcionamiento. Ahora bien, en el ámbito del control reparador y competencial de constitucionalidad, la Norma Suprema en el art. 202, refiere que: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’.

En torno a esa atribución, la jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, reiteró que el conflicto de competencias tiene su fundamento en el principio de igualdad jerárquica de jurisdicciones, conforme prevé el art. 179 de la CPE, así como precautelar el derecho al juez natural como componente del debido proceso, pero además estableció de manera clara que todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, deben actuar en el marco del respeto de los derechos y garantías de las personas, a cuyo efecto corresponde a este Tribunal realizar el correspondiente control sobre dichas jurisdicciones”. Entendimientos que tienen su base en los razonamientos asumidos en la SCP 0300/2012 de 18 de junio, que estableció: “En el ámbito descrito, el reconocimiento transversal de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, abarca también al campo jurídico, pues existe un reconocimiento del pluralismo jurídico igualitario que deriva del reconocimiento constitucional de la igual jerarquía de la jurisdicción indígena originaria campesina con la ordinaria (art. 179.II de la CPE) y del sistema jurídico ordinario con el sistema indígena originario campesino.

El reconocimiento del pluralismo jurídico igualitario parte de un dato de la realidad, de la coexistencia dentro del territorio boliviano de diferentes sistemas jurídicos, que tienen sus propias normas, instituciones, autoridades encargadas de administrar justicia y procedimientos para la resolución de sus conflictos, que tiene como base valores, principios y lógicas distintas a la occidental.

La jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo al art. 179 de la CPE, forma parte del órgano judicial, haciendo efectivo el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado (art. 30.II.5 de la CPE) y, en ese ámbito, al gozar de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, ésta no puede revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originara campesina y tampoco ésta de aquella; es más, toda autoridad pública o persona debe acatar las decisiones de esta jurisdicción, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado (art. 192 de la CPE).

No obstante lo señalado, -se reitera- que la jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que las demás jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de los siguientes derechos a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), debiendo añadirse, además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad”.

A partir de dicho fallo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido constante al sostener que en el ámbito de control competencial de constitucionalidad, tiene la facultad de determinar a qué jurisdicción corresponde el conocimiento y resolución de una causa o controversia, sobre la base del principio de igualdad jerárquica de jurisdicciones que se encuentra prevista en el art. 179.II de la CPE.

III.2. El ejercicio de la justicia indígena en el marco de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y el conflicto de competencias jurisdiccionales

Al respecto, la SCP 0023/2018, citada ut supra, precisó que: “El art. 179.I de la CPE, determina que: ‘La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades…’. Este artículo, en su parágrafo segundo dispone que la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía, por lo que ninguna de ellas podrá asumir la facultad de revisar lo resuelto por la otra. Ahora bien, ante la existencia de un conflicto de competencias entre ambas jurisdicciones, el art. 202.11 de la CPE faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional para conocer: ‘Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. Producido que fuera un conflicto de esa naturaleza, la autoridad que considere que se usurpa su competencia ‘…solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento’ y ‘Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional’ (art. 102.I y II del CPCo). (…) A partir del mandato contenido en el art. 2 de la CPE, respecto a que: ‘Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones…’, de ahí que las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), en ejercicio de su libre determinación ejercen la potestad de impartir justicia en el marco de sus normas y procedimientos propios. Ahora, para considerar como tal a un pueblo o nación como indígena originario campesino (IOC) en el territorio nacional, el constituyente estableció en el art. 30.I de la Norma Suprema, que: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’. En ese ámbito, corresponde hacer referencia al primer artículo constitucional que clara y expresamente establece que Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. A su vez, el art. 30.II de la CPE, determina que: ‘…las naciones y pueblos indígena originarios campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su cosmovisión’. Mandato constitucional que se encuentra en coherencia con instrumentos internacionales referidos a los pueblos y naciones indígenas, así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la 76ª Conferencia de esa Organización que se realizó el 27 de junio de 1989, reconoce la diversidad étnica y cultural dentro de un Estado, en el que pueden coexistir varios sistemas jurídicos, dejando de lado el criterio de la primacía del Derecho Estatal. En ese Convenio los Estados reconocieron la existencia de un derecho consuetudinario, a ser aplicado en las naciones y pueblos indígenas, sin que el Estado pueda intervenir en absoluto en la toma de decisiones. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, manifiesta: ‘Artículo 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado’. De tales instrumentos internacionales se tiene que, los derechos de los pueblos y naciones indígenas, se encuentran plenamente garantizados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades originarias, así como la aplicación de sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios en base al derecho consuetudinario. Ahora bien, en el ámbito del derecho comparado, corresponde referirse a la Sentencia T-397/16 expedida por la Corte Constitucional de Colombia respecto al alcance y elementos de la jurisdicción indígena, que establece: ‘…El artículo 246 de la Constitución Política prevé la existencia de una jurisdicción especial indígena, en el sentido de que: ‘[l]as autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional’. En punto al alcance de la jurisdicción indígena reconocida en la citada disposición constitucional, la Corte ha explicado que su contenido normativo comprende: (i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de disponer de sus propias normas y procedimientos; (iii) la sujeción de los elementos anteriores a la Constitución y la ley; y (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.[19] ‘Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas, que se extiende no solo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de normas y procedimientos, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional, con el fin de hacer efectivo el principio de la diversidad dentro de la unidad’. En tal virtud, ha puntualizado que resulta ‘una figura fundamental para un Estado pluralista que se funda en la autonomía de los pueblos indígenas, en la diversidad étnica y cultural, en el respeto al pluralismo y en la dignidad humana que permite el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando no sean contrarios a la Carta Política y a la Ley’.

En Bolivia, el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina fue ampliamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en sus uniformes fallos, entre ellos la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, en la que se señaló que los NPIOC: ‘…tienen el derecho fundamental al ejercicio y administración de su justicia en el marco de sus normas y procedimientos, los cuales, tal como se dijo en el Fundamento Jurídico VI.1, de la presente Sentencia, constituyen fuente directa de derecho. En el orden señalado, el art. 190.1 de la Constitución, dispone que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones y competencias a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, por tanto, merced al pluralismo jurídico y de acuerdo a la concepción de la inter-legalidad descrita en el Fundamento Jurídico VI.1. del presente fallo, esta jurisdicción es autónoma y jerárquicamente idéntica a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción agroambiental, generándose entre ellas una relación de coordinación más no de subordinación entre ellas”’.

III.3. Ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina

Con fundamentos en lo establecido por el art. 191 de la CPE, la SCP 0026/2013 de 4 de enero, desarrolló los ámbitos de vigencia en función a los cuales, se ejerce la JIOC, así sostuvo que: “…Ámbito de vigencia personal El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’.

En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:

1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios (…)

2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo particular que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina (…)

3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.

…Ámbito de vigencia territorial

(…)

i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales.

ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.

…Ámbito de vigencia material

Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto”.

III.4. Acceso efectivo a la justicia de la mujer indígena víctima de violencia

La SCP 0151/2023 de 18 de diciembre, determina que: “Como un problema de derechos humanos, las violencias afectan al principio básico del derecho a la vida, no solo entendida en el sentido estrecho de salvaguardarla, sino de brindar todas las posibilidades de desarrollo material y espiritual que la hagan saludable, creativa y propositiva. Por lo cual, la lucha contra la violencia implica un compromiso de todos los componentes del Estado boliviano, más si esta se presenta como un problema latente en poblaciones vulnerables.

Así específicamente, respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém Do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, en su art. 4, establece que: ‘Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;

d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; Derechos que encuentran su materialización dentro de las políticas a asumir por parte de los Estados, en la norma prevista por el art. 7 que establece los deberes que tienen estos de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.

Así, en situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a recurrir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados.

En ese entendido, respecto a la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución Política del Estado y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley del Órgano Judicial) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina)’. Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial, previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que: ‘La función judicial es única…’, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución Política del Estado y la justicia constitucional tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Norma Suprema y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE); por ello, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y, por la importancia de los estándares jurídicos que emanan de este, la interpretación que realicen los órganos jurisdiccionales establecidos en nuestro Estado, con relación a los derechos fundamentales vinculados a las mujeres tiene que guardar correspondencia y concordancia obligatoria con la interpretación que al respecto hayan realizado los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos en las decisiones que adopten. En ese marco, deberá tomarse en cuenta la Recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, sobre el ‘Acceso de las Mujeres a la Justicia’ de 23 de julio de 2015, que en su acápite destinado a los ‘sistemas de justicia plural’, recomienda a los Estados sobre los derechos de las mujeres y la coordinación que debe existir entre los diferentes sistemas de justicia, refiriendo que, los Estados aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones, y se fomente un diálogo constructivo y formalicen los vínculos entre los sistemas extraoficiales de justicia, incluso mediante la adopción de procedimientos para compartir información entre ellos. Conforme a lo descrito precedentemente, tratándose de violencia contra las mujeres, son ellas las que deben decidir a qué sistema jurídico se someten decisión que además debe estar plasmada a través de un consentimiento informado; es decir, que si la mujer ha decidido que el caso de violencia sea tramitado ante la JIOC, y esa decisión es una clara manifestación de su voluntad, es esa jurisdicción la que debe resolver los casos de violencia. Al contrario, si la decisión de la mujer ha sido someterse a la vía ordinaria, es esa autoridad la que deberá resolver el caso, sin perjuicio que posteriormente en ambos casos, ante la lesión a sus derechos, pueda acudir a la vía constitucional. Ahora, claro está que no se puede dejar de lado la tarea de avanzar hacia la materialización de una pluralidad jurídica no subordinada, donde converjan y se articulen ambos derechos, en pro de la igualdad de derechos y oportunidades. Por ello, si bien las mujeres indígenas pueden acudir tanto al sistema comunitario como al estatal, para ir estratégicamente logrando cambios en sus relaciones de género y en su situación de violencia. La aplicación de la interlegalidad -entendida como la constante interacción entre los sistemas de justicia indígena originaria campesina y estatal- se hace necesario; puesto que, implica apostar a construir diálogos interculturales donde los sistemas jurídicos puedan enriquecerse mutuamente y transformarse, para permitir cambios en los órdenes sociales en su conjunto y en el que las sociedades indígenas tengan la posibilidad de definir los límites y alcances de sus jurisdicciones; lo que también significa considerar sus vínculos con la sociedad nacional y la necesidad de garantizar salidas a las propias controversias internas y a las voces minorizadas. Por tanto, en el procedimiento a seguirse, una vez que la mujer agraviada recurra a una determinada jurisdicción, deberán existir labores de coordinación entre ambas (Ordinaria e Indígena Originaria Campesina), con el objetivo de lograr la reparación de los derechos de las víctimas de violencia. De lo anotado, se concluye que al suscitarse un conflicto de competencias jurisdiccionales, para el conocimiento de una causa en la que se configuren hechos de violencia contra la mujer indígena; deberá respetarse, el sistema jurídico al que de forma voluntaria decidió someterse para la resolución de su causa tomando en cuenta lo establecido en el párrafo que antecede”.

III.5. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los antecedentes del caso, mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2023 cursante de fs. 123 a 143, el Mallcu de la comunidad originaria Jiska Kota municipio Copacabana provincia Manco kapac, solicitó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Copacabana ambos del departamento de La Paz, que declinara su competencia a favor de la JIOC, respecto al conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mary Ignacia Tito Cauna contra Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Ante la mencionada solicitud, el referido Juez emitió la Resolución 65/2023-P de 7 de marzo; por la cual, rechazó lo peticionado por la referida autoridad originaria, basando su determinación debido, a que el caso en análisis trata de una -denuncia de orden público-, donde se encuentra como presunta víctima una mujer; en tal sentido, partiendo del bloque de constitucionalidad y aplicando un control de convencionalidad, resulta aplicable los estándares internacionales; por lo que, la mujer tiene libertad de elegir la jurisdicción en la cual deba ser resuelto el caso. De la revisión de los antecedentes, se tiene que Mary Ignacia Tito Cauna, el 7 de octubre de 2022, formalizó denuncia contra su concubino, Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (violencia psicológica), refiriendo que el denunciado la insulta haciendo ademanes de querer agredirla, y si bien no le maltrata físicamente desde que lo denunció en diciembre de 2020, su comportamiento se torna cada vez más agresivo; por lo cual, tiene miedo a ser agredida ella o sus hijos (Conclusión II.1). Posteriormente, el Fiscal de Materia de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, dentro de las investigaciones que dirige el Ministerio Público, a instancia de Mary Ignacia Tito Cauna, presentó imputación formal de 13 de febrero de 2023 contra Belizario Quispe Machaca, así como la aplicación de medidas cautelares, consistente en la detención preventiva, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP. En tal marco fáctico, considerando que el objeto del conflicto de competencias jurisdiccionales trata de un proceso penal en el que la problemática jurídica por la presunta comisión de un delito de violencia de género, resulta necesario realizar el análisis del ámbito de vigencia material, aplicando la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que, ante situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, debe acudir ante las autoridades competentes no solo para denunciar el hecho; sino también, recibir una respuesta efectiva de estas para con la misma; por lo que, al suscitarse un conflicto de competencias jurisdiccionales y el conocimiento de una causa en la que se configuren este tipo de hechos, corresponde respetar el sistema jurídico al que de forma voluntaria decidió someterse la presunta víctima para la resolución del proceso y el procedimiento a seguirse, una vez que la mujer agraviada recurra a una determinada jurisdicción, deberán existir labores de coordinación entre ambas (ordinaria e indígena originaria campesina), con el objetivo de lograr la reparación efectiva de sus derechos. Es necesario aclarar que no se pretende menoscabar la soberanía de los pueblos indígenas a través de la jurisdicción penal sino, evitar obstáculos para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia frente a situaciones de violencia. Pues evidentemente, existirán casos en cuales los sistemas jurídicos y de gobernanza indígenas tradicionales reconozcan los derechos de las mujeres indígenas, basándose en sus propias leyes y culturas tradicionales, protegiendo así, a las mujeres y niñas indígenas contra todas las formas de violencia; por lo cual, de conformidad con los arts. 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUSDPI), debe ser respetada. Entonces, es posible concluir que la búsqueda de justicia y protección de las mujeres indígenas debe lograr una coordinación entre el sistema estatal y las autoridades indígenas; en aplicación de los marcos internacionales (El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [Belén Do Pará]), de tal forma se logre avanzar hacia la materialización de una pluralidad jurídica no subordinada, donde converjan y se articulen ambos derechos, en pro de la igualdad de derechos y oportunidades, permitiendo a las mujeres indígenas acudir tanto al sistema comunitario como al estatal, para ir estratégicamente logrando cambios en sus relaciones de género y en su situación de violencia. En ese contexto, considerando que Mary Ignacia Tito Cauna, presunta víctima de violencia recurrió a la vía ordinaria, tal acto supone que su voluntad es la de someterse a esta jurisdicción, corresponde el respeto a tal determinación. Sobre la base de los argumentos expuestos relacionados con la inconcurrencia del ámbito de vigencia material; la Sala Plena de este Tribunal, determina como competente a la jurisdicción ordinaria, en este caso, al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, para el conocimiento y resolución de los hechos denunciados, no es necesario el análisis de los demás ámbitos de vigencia; dado que, la falta de concurrencia de cualquiera de éstos, inviabiliza el conocimiento de la causa por parte de la JIOC.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; 12.11, 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 85.I.3 del Código Procesal Constitucional; resuelve: declarar COMPETENTE al Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, para continuar con la tramitación y resolución del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mary Ignacia Tito Cauna contra Belizario Quispe Machaca, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado Dr. Petronilo Flores Condori es de Voto Disidente; asimismo, los Magistrados Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y MSc. Georgina Amusquivar Moller, son de Voto Aclaratorio.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. DAEN. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0080_2024.pdf · páginas 1 a 17.

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