B.IA.LEGAL

SCP 0044/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 9 de julio de 2024

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
9 de julio de 2024
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
56116-2023-113-CCJ
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Debido proceso — vertientes y elementos

Qué se discutió

La problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales entre el Juez Agroambiental de las provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata; y, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata, ambos del departamento de Oruro, respecto al conocimiento y resolución del proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR., incoada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto. En consecuencia, en base a dichos elementos y en mérito a la facultad de control competencial de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 202.11 de la CPE, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver los hechos referidos. A efectos de dilucidar la controversia traída a esta jurisdicción constitucional, se analizará los siguientes temas: 1) Naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad Jurisprudencia reiterada; 2) Sobre la resolución de los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria civil y la jurisdicción agroambiental. Jurisprudencia reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata del departamento de Oruro, para conocer y resolver el proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en Derechos Reales, incoada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto, debiendo remitirse a conocimiento de la referida autoridad todos los antecedentes correspondientes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad
  2. III.2. Sobre la resolución de los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria civil y la jurisdicción agroambiental.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2024 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 56116-2023-113-CCJ Departamento: Oruro En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Medardo Chávez Terrazas, Juez Agroambiental de las provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata; y, Claudia López Mendieta, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata, ambos del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Resolución de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata del departamento de Oruro

La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata del departamento de Oruro, mediante Auto Definitivo de Declinatoria 75/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 36 a 37 vta., dentro del proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en Derechos Reales (DD.RR.), incoada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto, dispuso inhibirse y declinar competencia por el criterio del juez natural y ordenó la remisión de obrados, a conocimiento del Juzgado Agroambiental de Challapata; arguyendo en lo sustancial, el contenido del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), precisando que uno de los elementos esenciales del derecho es la jurisdicción en vinculación al ejercicio adecuado de la competencia, como es el derecho al juez natural, elemento del debido proceso, definido por el entonces Tribunal Constitucional en su jurisprudencia -SC 0491/2003-R de 15 de abril-; además, que las actuaciones procesales no deben dispersarse, siendo de conocimiento de un solo juzgador la controversia principal y las actuaciones preliminares desarrolladas para generar un mejor conocimiento de los antecedentes en mérito a los principios de concentración e inmediación, para una tramitación más eficaz.

Amparando su criterio, expresó como fundamento normativo, el contenido del Protocolo de Aplicación del Código Procesal Civil, aprobado por acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 189/2017 de 13 de noviembre, en cuyo art. 24 prevé que: “...I. Si una causa judicial se sorteó y asignó a determinada autoridad judicial, las posteriores formalizaciones de demanda o nuevas demandas, serán asignados o conocerá el mismo Juzgado sea mediante el sistema electrónico, manualmente o formalización de demanda contenciosa, objeto y causa, y en el supuesto de: 1. Existir proceso preparatorio de demanda por ejemplo reconocimiento de firmas y rúbricas, exhibición de documentos u otro...”; concluye puntualizando, que la demandante -María Sandra Alconce Serrano- anteriormente promovió una demanda preparatoria de exhibición de documentos contra Magda Teodora Arcani Soto, que fue tramitada en el Juzgado Agroambiental de Challapata del indicado departamento, conforme se advirtió de las literales adjuntas en obrados, y en aplicación del art. 305 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013- que señala: “En todo proceso podrá sustanciarse una etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere que será demandado, ante la autoridad judicial, que conocerá del proceso principal…”; más aún, considerando que la demandante ya contaría con título ejecutorial.

I.2. Resolución del Juez Agroambiental de las provincias Eduardo

Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata del departamento de Oruro El Juez Agroambiental de las provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata del departamento de Oruro, por Auto Definitivo 30/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 49 a 53, se declaró sin competencia en razón de materia para conocer el proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR., instaurada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto; toda vez que, mediante Auto Definitivo de Declinatoria 75/2023, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata del mismo departamento, se declaró inhibida y declinó competencia por razón de materia; por ello, promovió conflicto de competencias jurisdiccionales ante este Tribunal Constitucional Plurinacional para que se resuelva el señalado conflicto, argumentando que: a) La autoridad judicial referida, para inhibirse y declinar competencia, tuvo como base que la demandante del proceso en cuestión, tramitó anteriormente una demanda preparatoria de exhibición de documentos contra Magda Teodora Arcani Soto, que fue tramitado en el señalado Juzgado Agroambiental, y que el proceso principal o de fondo, también deberá tramitarse en el juzgado donde se realizó el trámite de diligencia preparatoria o preliminar de exhibición de documentos; b) El art. 305 del CPC, establece que la autoridad judicial que conoce el tramite preliminar, también conocerá el proceso principal; sin embargo, dicha regla no puede mantenerse rígida, siendo que en el marco del Estado Constitucional de Derecho, el Estado Legislativo de Derecho en el cual imperaba la aplicación de la norma de manera vertical, ya ha sido superada en el nuevo modelo de sistema judicial a la luz de la Constitución Política del Estado. Entonces es necesario que la referida Jueza, realice un análisis minucioso de cada caso concreto, y no se limite a la simple subsunción de los hechos a la norma, más aún cuando se trata de un proceso complicado; c) En el presente caso, a partir de la exhibición de documentos, la actora pudo constatar en parte, con qué documentos contaba la demandada para acreditar su derecho propietario de los lotes de terreno del cual la demandante también alega tener derecho propietario, es así que la actora constata que la demandada, cuenta con un bien inmueble registrado bajo la matrícula 4021010005559, también llegó a indagar que existen los Testimonios 31/1947 de 24 de septiembre de 2021 y 128/2018 de 17 de agosto de “2016”, relativo a una minuta unilateral de rectificación de datos técnicos de individualización, inscripción de partición y asignación de nuevo número de matrícula de lote de terreno urbano que se encuentra dentro del radio urbano de Challapata, ahora objeto de la demanda de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula en DD.RR.; es decir, que al tratarse de terrenos dentro del área urbana deberá sustanciarse en la jurisdicción ordinaria, y no en la agroambiental, porque la demanda no se encuentra orientada a tutelar el derecho propietario o posesorio de una propiedad rústica, lo que se pide es la nulidad de las Escrituras Públicas 31/1947 y 128/2018, la primera con relación a una minuta de compra venta de lote de terreno ubicado en la zona norte de Challapata, la segunda también de un lote de terreno que al margen de encontrarse en la indicada área urbana, solicita la cancelación de las matrículas computarizadas 4021010005559 y 4021010005707; por ello, la jurisdicción agroambiental no puede ser competente para sustanciar el mencionado caso; y, d) Resulta erróneo el razonamiento de la referida Jueza; puesto que, los documentos de los cuales se pretende anular las escrituras públicas y obtener la cancelación de las matrículas en oficina de DD.RR., uno de los predios se encuentra dentro el radio urbano de Challapata; concretamente en la calle Atahuallpa, entre La Bandera, Pasaje Santa María y calle Oruro, y el otro predio está ubicado en Pasaje Santamaría entre las calles Bandera, Pisagua y Oruro, donde no existe actividad agraria alguna, por lo mismo la jurisdicción agroambiental no puede ser competente para sustanciar el presente caso; toda vez que, los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios, tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas, pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, esencialmente, del destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla.

I.3. Admisión

Mediante Auto Constitucional (AC) 0306/2023-CA de 17 de julio (fs. 69 a 74), la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud a lo dispuesto por el art. 103.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), admitió el conflicto de competencias suscitado entre “la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda y el Juez Agroambiental, ambos de Challapata del departamento de Oruro” (sic), ordenando que se notifique con el citado Auto Constitucional a las autoridades que suscitaron el conflicto de competencias jurisdiccionales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia simple de Titulo Ejecutorial de 8 de mayo de 1984, expedido por el Presidente Constitucional de la República de Bolivia a favor de Artemio Alconce Misericordia, correspondiente al título individual 718924, a nombre del ex fundo Jatun Callpa Allita Huma y otros, ubicado en el Cantón Challapata, provincia Avaroa del departamento de Oruro, de clase de tierra: Cultivable para pastoreo (fs. 2). II.2. Consta Certificado de Emisión de Título Individual 718924 del expediente 37356 de 8 de noviembre de 1984, otorgado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a favor de Artemio Alconce Misericordia, cuyo nombre de la propiedad es JATUM CALLPA ALLITA HUMA Y OTROS (fs. 6). II.3. Se tiene Testimonio de 16 de diciembre de 2014, franqueado por la Actuaria-Abogada del Juzgado de Instrucción Ordinario, Cautelar y Liquidador en lo Penal de la provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro con asiento en Challapata, dentro el proceso de declaratoria de herederos seguido por Marco Antonio, María Sandra, Gilka Mavel, Karmiña Fabiola, Julio Cesar, todos “Alcon” Serrano contra el Ministerio Público; por el que se los declara herederos forzosos Ab-intestato al fallecimiento de su padre “Arthemio” -lo correcto es Artemio- Alconce Misericordia, de todos los bienes, acciones y derechos dejados por éste (fs. 7 a 9 vta.). II.4. Cursa Testimonio 31/1947 de 24 de septiembre de 2021, de Escritura de Compra-Venta de Bienes Semovientes y Propiedades Inmuebles que otorga Nazaria Yucra a favor de los esposos Mariano Arcani y Carlota Yucra, extendido en Challapata, por el que se hace saber todos los actuados pertinentes dictados dentro el proceso de diligencia preparatoria de exhibición de documentos seguido por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto (fs. 10 a 12). Asimismo, consta Acta de Audiencia Pública de Exhibición de Documentos de 9 de septiembre de 2021, realizado por el Juez Agroambiental de las provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata del departamento de Oruro, dentro de la diligencia preparatoria de exhibición de documentos seguido a instancia de María Sandra Alconce Serrano (fs. 13 a 15). II.5. Constan Formularios de Información Rápida de la oficina de DD.RR. de Oruro: el primero, de 26 de mayo de 2021, por el que se informa que el inmueble con matrícula 4021010005707 se halla vigente, ubicado en calle La Bandera entre Pasaje Santa María y calle Pisagua, zona norte de Challapata, con una superficie de 2500 mts, cuya propietaria es Magda Teodora Arcani Soto; y, el segundo, de 27 de julio de 2021, por el que se informa que el inmueble con matrícula 4021010005559 se halla vigente, ubicado en calle Pisagua, zona norte de Challapata, con una superficie de 50 mts, cuyo propietario es Emilio Arcani Yucra (fs. 17 y 19). II.6. Consta memorial presentado el 16 de mayo de 2023, por María Sandra Alconce Serrano, ante el Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Turno con asiento en Challapata del departamento de Oruro, planteando demanda ordinaria de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR. que refiere y el pago de daños y perjuicios, señalando que es heredera de su padre Artemio Alconce Misericordia, que era único propietario de terrenos rústicos con título ejecutorial emitido por el Presidente Hernán Siles Suazo en mayo de 1981 del predio ubicado en Jatum Callpa Allita Huma; por ello, es dueña de los predios ubicados en calle La Bandera entre Pasaje Santa María y calle Pisagua, zona norte de Challapata de 2500 mts, señalando además que: por Formulario de Información Rápida de DD.RR. se llegó a enterar que Emilio Arcani Yucra refiere ser dueño del bien inmueble con partida 4021010005559, dudando de la procedencia de dichos documentos; habiendo indagado pudo ver la existencia del Testimonio 31/1947 de un contrato de compraventa otorgado por Nazaria Yucra a favor de los esposos Mariano Arcani y Carlota Yucra. Por ello siendo heredera universal de Artemio Alconce Misericordia, pretende la “nulidad de la Escritura Publica 31/1947 y la nulidad de la E,P. 128/2018 de 17 de agosto, correspondiente a la matrícula 4021010005559 y de la matricula 4021010005707…” (sic [fs. 30 a 35]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales entre el Juez Agroambiental de las provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata; y, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata, ambos del departamento de Oruro, respecto al conocimiento y resolución del proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR., incoada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto. En consecuencia, en base a dichos elementos y en mérito a la facultad de control competencial de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 202.11 de la CPE, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver los hechos referidos. A efectos de dilucidar la controversia traída a esta jurisdicción constitucional, se analizará los siguientes temas: 1) Naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad Jurisprudencia reiterada; 2) Sobre la resolución de los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria civil y la jurisdicción agroambiental. Jurisprudencia reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad

Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0065/2017 de 12 de octubre, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, sobre los conflictos de competencias jurisdiccionales, estableció que:

“El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’. Por su parte, la Norma Suprema en el art. 179.I, determina que aun siendo la función judicial única en Bolivia, son distinguibles una pluralidad de jurisdicciones, todas ellas en igualdad jerárquica: ordinaria, agroambiental, especiales, e indígena originaria campesina (IOC), ésta última ejercida por sus propias autoridades, elegidas por sus usos y costumbre [s], y su sistema institucional propio de funcionamiento. En el marco de la igualdad jerárquica de jurisdicciones que establece el citado art. 179.II de la CPE, el art. 131 de la LOJ refiere que la jurisdicción agroambiental es parte del Órgano Judicial y ejerce sus funciones conjuntamente las jurisdicciones ordinaria, especializadas y jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC), y se relaciona con éstas sobre la base de la coordinación y cooperación, desempeñando una función especializada, correspondiéndole impartir justicia en materia agraria, pecuniaria, forestal, ambiental y biodiversidad, que no sean de competencias de autoridades administrativas. Ahora bien, en el ámbito del control reparador y competencial de constitucionalidad, el art. 202 de la CPE, refiere: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. En el marco antes referido, el art. 85 con relación al 100, ambos del CPCo., al respecto, señala que el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos de competencias entre las JIOC, la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental; en lo concerniente a los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones, la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre, al respecto indicó: ‘(…) la competencia, constituye una verdadera garantía normativa, que en su faceta individual, asegura un debido procesamiento en el marco de roles previamente establecidos por la Constitución o la ley a autoridades jurisdiccionales o administrativas’. En ese contexto, el art. 12 de la LOJ, con relación a la competencia establece: ‘Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer jurisdicción en un determinado asunto’. Por su parte, el art. 120.I de la CPE, señala: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa’; en tal sentido, el ejercicio de la competencia, constituye un elemento configurador del debido proceso, a partir del ejercicio del derecho al juez natural.

La SCP 0675/2014 de 8 de abril, sobre la importancia de la competencia, refirió: ‘(…) en el ámbito jurisdiccional, la competencia de las autoridades resulta ser fundamental para un debido procesamiento, de manera que, si una determinada controversia fuere resuelta o sometida a una autoridad carente de esa facultad, la consecuencia inmediata sería la franca vulneración del debido proceso; por lo tanto, en el marco de las normas constitucionales citadas precedentemente, el asunto competencial tiene directa incidencia en los derechos fundamentales. Bajo ese entendimiento, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el órgano encargado para dirimir dichos conflictos de competencia, asumiendo que, en mérito al principio de igualdad jerárquica de las jurisdicciones, ninguna de ellas tiene la potestad de sobreponerse ni subordinar a la otra, en ese sentido, es este Tribunal quien definirá qué jurisdicción es competente para conocer y resolver el caso que suscitó dicho conflicto’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la resolución de los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria civil y la jurisdicción agroambiental.

Jurisprudencia reiterada

A través de la SCP 0064/2014 de 3 de enero, entre muchas otras, con relación al marco normativo referido a las competencias de la jurisdicción ordinaria civil como de la agroambiental, señaló que:

“El art. 69 de la LOJ, dispone: ʽ (COMPETENCIA DE JUZGADOS PÚBLICOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL). Las juezas y jueces en materia Civil y Comercial tienen competencia para: 1. Aprobar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores; 2. Rechazar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores, cuando considere que la conciliación vulnera derechos constitucionales; 3. Conocer en primera instancia de las pretensiones señaladas en el numeral anterior que no hubieran sido conciliadas; 4. Conocer y resolver todas las acciones contenciosas; 5. Intervenir en las medidas preparatorias y precautorias; 6. Conocer los procesos de desalojo; 7. Conocer los procedimientos interdictos que señala la ley; 8. Conocer los actos de reconocimiento de firmas y rúbricas; 9. Conocer y decidir de los procesos de rectificación o cambio de nombre, ordenando la inscripción en el registro civil, así como en la oficina de identificación respectiva, conforme a ley‴. Con relación a las competencias de los jueces agroambientales, el art. 152 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece:

“(COMPETENCIA). Las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: 1. Conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados; 2. Conocer las acciones que deriven de controversias entre particulares sobre el ejercicio de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad conforme con lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia; 3. Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia; 4. Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia; 5. Conocer demandas relativas a la nulidad o ejecución de contratos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y en general contratos sobre actividad productiva agraria o forestal, suscritos entre organizaciones que ejercen derechos de propiedad comunitaria de la tierra, con particulares o empresas privadas; 6. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ambiental y ecológica; 7. Conocer acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas; 8. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición entre derechos agrarios, forestales, y derechos sobre otros recursos naturales renovables; 9. Conocer las acciones sobre mensura y deslinde de predios agrarios previamente saneados; 10. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrarios, y de daño temido y obra nueva perjudicial; para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados; 11. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental; 12. Conocer procesos ejecutivos, cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria o derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales; 13. Velar porque en los casos que conozcan se respete el derecho de las mujeres en el registro de la propiedad agraria; y 14. Otras establecidas por ley”’. En ése mismo sentido, el art. 39 de la Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, dispone:

“(…) 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria”.

Los preceptos normativos antes referidos, muestran claramente los ámbitos de acción de los jueces de la jurisdicción ordinaria civil y agroambiental; no obstante de ello, dichas disposiciones normativas deben ser interpretadas desde y conforme a la Constitución Política del Estado; es decir, ante un posible conflicto -en el ejercicio de las competencias- de las autoridades jurisdiccionales referidas precedentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante todo, debe resguardar el derecho al debido proceso, en la medida en que las contiendas de los justiciables sean resueltas por una autoridad competente, independiente e imparcial. Ahora bien, en lo que corresponde a las acciones reales, personales y mixtas, tanto la jurisdicción ordinaria civil como la agroambiental tienen competencia para conocer tales aspectos. De conformidad con los fundamentos señalados precedentemente y las disposiciones normativas glosadas en líneas anteriores, es menester concluir que, la competencia de la jurisdicción ordinaria civil y la agroambiental, respecto a las acciones reales personales y mixtas, está definida en función al uso que se da al bien inmueble cuyo litigio se conoce; es decir, si la propiedad cumple funciones propias del área urbana como ser viviendas, centros de población, centros residenciales, entonces el conocimiento de la causa le corresponde a la jurisdicción ordinaria civil; entre tanto, si al fundo se le da el uso de las tareas propias de la agricultura y pecuaria, la competencia le corresponderá a la jurisdicción agroambiental.

Dicho entendimiento fue acotado a través de la SCP 0025/2021 de 5 de abril, que sistematizando la jurisprudencia en la materia hasta entonces, concretó que:

“…es menester añadir que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0015/2020 de 24 de agosto y 0007/2021 de 5 de enero, ha considerado también como elemento de análisis a momento de definir la competencia en conflictos jurisdiccionales suscitados entre la judicatura agroambiental y la ordinaria, la naturaleza y el objeto de la demanda que dio origen a la controversia entre las mencionadas jurisdicciones; de modo que al examinarse un caso en concreto, deberá considerarse si la cantidad líquida y exigible, evidencia o no una naturaleza vinculada a la actividad agraria pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y si concierne al aprovechamiento de recursos naturales (renovales, hídricos, forestales, actividad extractiva, biodiversidad, medio ambiente y ecológica); que de concurrir, decantarán en que se declare la competencia de la judicatura agroambiental. Y, en caso contrario, si la naturaleza y objeto de la demanda formuladas en una de las jurisdicciones en conflicto, no se circunscribe a las particularidades precitadas propias de la judicatura agroambiental, la competencia será declarada a favor de la jurisdicción ordinaria civil. Precisando lo anotado, a través de la jurisprudencia constitucional, este Órgano Contralor de Constitucionalidad ha definido los elementos que deben ser considerados para analizar en su integralidad los conflictos de competencias entre las jurisdicciones agroambiental y ordinaria civil, según las particularidades de la naturaleza y objeto de las acciones que dieron origen a la controversia jurisdiccional; distinguiéndose los siguientes: a) La ubicación del bien inmueble en área urbana o rural y el destino o actividad que en éste se realiza (conforme se extrae de SC 0378/2006-R de 18 de abril y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2140/2012 de 8 de noviembre y 003/2016 de 14 de enero); b) La naturaleza agraria de la garantía otorgada para el cumplimiento de la obligación demandada en la jurisdicción agroambiental u ordinaria civil; y si ésta es especial, o quirografaria (como se tiene en la SCP 0069/2015 y la modulación efectuada en el presente fallo constitucional); y, c) Si de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato que se demanda en las judicaturas en conflicto competencial, éste se vincula a contraprestaciones de índole agroambiental o eminentemente civil (según se estableció también, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0015/2020 y 0007/2021)” (las negrillas y el subrayado son ilustrativas). Para el caso que nos ocupa, en cuanto al planteamiento de conflictos de competencias entre las jurisdicciones agroambiental y ordinaria civil en etapa de procesos preliminares, la SCP 0012/2019 de 27 de febrero, señaló que:

“…las medidas preparatorias ‘Son diligencias preliminares que tienden a preparar el proceso. En consecuencia, corresponde admitir aquellas que sean manifiestamente necesarias para asegurar la defensa de las partes o tiendan a allegar a la causa elementos que posibiliten su adecuado cause (…) Las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear alegaciones en la forma más precisa y eficaz, es decir, persiguen la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible, o manifiestamente ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación en el proceso en forma correcta, precisa y con el mayor éxito posible la pretensión jurídica o la defensa de la causa’ …en ese sentido, las medidas preparatorias o preliminares -que difieren de las medidas conservatorias- no determinan el nacimiento del proceso, pero si buscan sentar las bases del mismo; es decir, lo que se solicita en la medida preliminar, luego convergerá en una acción real o personal, por ende deben solicitarse ante el juez que sea competente para conocer del proceso que se pretende promover”. Basando en consecuencia el análisis del juicio competencial en procesos preliminares, en la solicitud de la medida y su convergencia en el futuro proceso –sea que se trate de una acción real, personal o mixta–, de acuerdo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional para analizar en su integralidad los conflictos de competencias entre las jurisdicciones agroambiental y ordinaria civil, según las particularidades de la naturaleza y objeto de las acciones a las que dará origen.

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales entre el Juez Agroambiental de las provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata; y, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata, ambos del departamento de Oruro, respecto al conocimiento y resolución del proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR., incoada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto. El caso presente, se trata de un conflicto competencial en la modalidad negativa, porque dos autoridades de jurisdicciones distintas se declaran incompetentes para conocer la demanda de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR., incoado por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto, en el cual la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata del departamento de Oruro, a través de Auto Definitivo de Declinatoria 75/2023 de 22 de mayo, decidió inhibirse y declinar la competencia por el criterio del juez natural, por qué la demandante dentro del citado proceso, ya había planteado anteriormente una demanda preparatoria de exhibición de documentos contra Magda Teodora Arcani Soto, caso que fue tramitado en el Juzgado Agroambiental de Challapata, y que además, la citada demandante contaría con título ejecutorial; por ello, la referida autoridad judicial ordenó la remisión de obrados, a conocimiento del señalado Juzgado Agroambiental. El Juez Agroambiental de las provincias Eduardo Avaroa, Sebastián Pagador y Ladislao Cabrera con asiento en Challapata del departamento de Oruro de similar manera, arguyó carecer de competencia, señalando que al tratarse la controversia sobre terrenos ubicados en área urbana donde no existe actividad agraria alguna, por lo que debía sustanciarse en la jurisdicción ordinaria, y no en la agroambiental, y porque la demanda no se encuentra orientada a tutelar el derecho propietario o posesorio de una propiedad rústica; puesto que, lo que se pide es la nulidad de las Escrituras Públicas 31/1947 y 128/2018, y se solicita la cancelación de las matrículas computarizadas en la oficina de DD.RR. 4021010005559 y 4021010005707; por ello, la jurisdicción agroambiental no puede ser competente para sustanciar el mencionado caso; toda vez que, los jueces agroambientales, así como los despachos ordinarios, si tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero, la diferencia radica en que, los primeros, conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, esencialmente, del destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla. Al respecto, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que en cuanto a los ámbitos de acción de los jueces de la jurisdicción ordinaria civil y la agroambiental; las disposiciones normativas deben ser interpretadas desde y conforme a la Constitución Política del Estado; es decir, que ante un posible conflicto competencial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante todo, debe resguardar el derecho al debido proceso, en la medida en que las contiendas de los justiciables sean resueltas por una autoridad competente, independiente e imparcial; y en lo que corresponde a las acciones reales, personales y mixtas, tanto la jurisdicción ordinaria civil como la agroambiental tienen competencia para conocer tales aspectos; concluyendo que la competencia está definida en función al uso que se da al bien inmueble cuyo litigio se conoce; es decir, si la propiedad cumple funciones propias del área urbana como ser viviendas, centros de población, centros residenciales, entonces el conocimiento de la causa le corresponde a la jurisdicción ordinaria civil. Por otro lado, si al predio o bien inmueble se le da el uso de las tareas propias de la agricultura y pecuaria, la competencia le corresponderá a la jurisdicción agroambiental. En el caso, dentro el proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR., instaurada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto, tomando en cuenta que la Jueza de la jurisdicción ordinaria, arguyó para declararse sin competencia, el hecho de que con carácter previo, María Sandra Alconce Serrano, anteriormente había promovido una demanda preparatoria de exhibición de documentos contra Magda Teodora Arcani Soto, que fue tramitada en el Juzgado Agroambiental de Challapata del departamento de Oruro, citando como amparo, la previsión contenida en el art. 305 del CPC, además del hecho de que la citada demandante ya contaba con título ejecutorial extendido por el Presidente Constitucional de la República de Bolivia. No obstante lo alegado por la autoridad jurisdiccional ordinaria, tal cual se tiene del contexto jurisprudencial expuesto de manera precedente, se estableció que este Tribunal, entre los elementos que establece que deben ser considerados para analizar en su integralidad los conflictos de competencias entre estas dos jurisdicciones, se deben tomar en cuenta las particularidades de la naturaleza y objeto de las acciones que dieron origen a la controversia jurisdiccional, entre ellas: i) La ubicación del bien inmueble en área urbana o rural y el destino o actividad que en éste se realiza; ii) La naturaleza agraria de la garantía otorgada para el cumplimiento de la obligación demandada en la jurisdicción agroambiental u ordinaria civil; y, iii) Si de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato que se demanda en las judicaturas en conflicto competencial, éste se vincula a contraprestaciones de índole agroambiental, o eminentemente civil. En ese marco factico y jurisprudencial, siendo que en el caso en análisis, lo que se pide es la nulidad de las Escrituras Públicas 31/1947 y 128/2018, la primera referente a una minuta de compra venta de lote de terreno ubicado en la zona norte de Challapata; y la segunda, sobre un lote de terreno que al margen de encontrarse en la indicada área urbana, también se impetra que se cancele dos matrículas computarizadas en la oficina de DD.RR. (4021010005559 y 4021010005707), y tomando en cuenta que los predios objeto del proceso de diligencia preparatoria de exhibición de documentos, de acuerdo a lo descrito en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, se encuentra dentro el radio urbano de Challapata; (calle La Bandera entre Pasaje Santa María y calle Pisagua, zona norte de Challapata de 2500 mts), en la cual no existen tareas propias de la agricultura y pecuaria, por lo cual la jurisdicción agroambiental no cuenta con la competencia para sustanciar el presente caso; toda vez que, si bien estas autoridades, al igual que las de la jurisdicción ordinaria, tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas, la diferencia radica en el uso que tiene la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla, que tomando en cuenta que se halla en área urbana, no contempla actividad agraria. En ese orden, de acuerdo a los fundamentos jurisprudenciales desarrollados y la normativa aplicable al caso concreto, es evidente que la autoridad competente para conocer el proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en DD.RR., incoada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto, es la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata del departamento de Oruro.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y Jueza Técnica Segunda de Challapata del departamento de Oruro, para conocer y resolver el proceso de nulidad de escrituras públicas y cancelación de matrícula computarizada en Derechos Reales, incoada por María Sandra Alconce Serrano contra Magda Teodora Arcani Soto, debiendo remitirse a conocimiento de la referida autoridad todos los antecedentes correspondientes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que los Magistrados Dr. Petronilo Flores Condori y MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas son de Voto Aclaratorio.

Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE MSc. Georgina Amusquivar Moller René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA Dr. Petronilo Flores Condori MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADO MAGISTRADA MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0044_2024.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 12fc8370c6cfb5d28788e85d7e77acf4695f3ea25746799eb1565b34205a21cf

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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