Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos imparcialidad y juez natural, a la defensa, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a no ser discriminada; por cuanto, en su condición de abogada y persona con discapacidad, impugnó el inicio de sumario administrativo interno dispuesto por la autoridad sumariante demandada mediante Resolución AUT.SUM 004/2025, cuestionando la competencia de la Autoridad Sumariante de YPFB para conocer y tramitar el inicio de sumario administrativo interno instaurado en su contra, denunciando la inobservancia del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 118/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 66 a 69, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de manera provisional únicamente respecto al derecho a la inamovilidad laboral; disponiendo provisionalmente la suspensión de la ejecución de la medida precautoria dispuesta en la Resolución AUT.SUM 004 de 27 de marzo; y, dejando en suspenso la Nota GTHC-DS-321/2025 de 28 de marzo, emitida por el Gerente de Talento Humano Corporativo a.i. de Presidencia Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, hasta que se pronuncie la autoridad competente sobre la recusación interpuesta. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos imparcialidad y juez natural, a la defensa, a la estabilidad laboral y no discriminación, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0103/2026-S2 Sucre, 20 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 74265-2025-149-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 118/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 66 a 69, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Carola Zapata Ferrufino contra Daniel Alejandro Aguilar Lara, Autoridad Sumariante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Por memoriales presentados el 16 y 25 de abril de 2025, cursantes de fs. 41 a 48; y, 51 a 52, la accionante manifiesta lo siguiente:
Como abogada de profesión y persona con discapacidad, se encontraba desempeñando funciones como Profesional de Investigación en YPFB, cuando el 28 de marzo de 2025 fue notificada con la Resolución AUT.SUM 004/2025 de 27 del mismo mes, emitida por Daniel Alejandro Aguilar Lara, Autoridad Sumariante de YPFB -demandado-, mediante la cual se dispuso el inicio de sumario administrativo interno en su contra, por denuncia y posibles hechos de corrupción del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, determinándose además, como medida precautoria, su cambio temporal de funciones; contra dicha determinación, interpuso una excepción de incompetencia, argumentando que, conforme al art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992-, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, las denuncias que involucren a abogados deben ser conocidas y resueltas en la fase de sumario por el asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición, que en el caso concreto sería el Ministerio de Hidrocarburos y Energías; no obstante, dicha excepción fue rechazada bajo el argumento de que la normativa invocada no sería aplicable al cargo que desempeña; criterio que, a su juicio resulta incorrecto, toda vez que dicha disposición es aplicable a todos los profesionales abogados contratados en esa calidad. En su condición de abogada y ocupando el cargo de Profesional de Investigación, emitió con anterioridad un informe recomendando que la actual autoridad sumariante sea sometida a proceso administrativo interno, por lo que considera incoherente e incompatible con el principio de imparcialidad que sea el mismo profesional quien posteriormente impulse y sustancie un proceso administrativo en su contra, más aún cuando éste fue iniciado de oficio y no a denuncia de parte, vulnerándose con ello el debido proceso, particularmente en sus vertientes de imparcialidad y juez natural, posteriormente como consecuencia del mencionado proceso, mediante nota de 28 de marzo de 2025, la autoridad sumariante demandada instruyó a la unidad de Talento Humano su cambio temporal de funciones, sin considerar que, conforme al informe de Evaluación Médica Frente al Puesto de Trabajo de 14 del mismo mes y año, se recomendó su permanencia en el puesto de trabajo que desempeñaba, a fin de evitar sobrecarga laboral y esfuerzos físicos excesivos. Sostiene que tal determinación vulnera su derecho a la inamovilidad laboral, en tanto persona con discapacidad, respecto de la cual se encuentra prohibido el cambio de funciones o de cargo.
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos imparcialidad y juez natural, a la defensa, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a no ser discriminada, citando al efecto los arts. 49.III, 115, 119, 122, 70.4 y 71.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución AUT.SUM 004/2025, emitido sin competencia, anulando la Nota -GTHC-DS-321/2025- de 28 de marzo, de la Gerencia de Talento Humano Corporativo de Presidencia Ejecutiva de YPFB, sobre su cambio de lugar de trabajo; disponiendo su inmediata restitución a la oficina ubicada en la calle Bueno y Camacho (zona Central), sea con condenación de costas y costos.
Celebrada la audiencia pública el 21 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 65, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó los argumentos de su demanda de acción de amparo constitucional.
Daniel Alejandro Aguilar Lara, Autoridad Sumariante de YPFB, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: a) La impetrante de tutela, dentro del proceso sumario iniciado en su contra, planteó excepción de incompetencia, excusa y solicitó el levantamiento de la medida cautelar, cuestiones que, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo y al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, deben ser resueltas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de YPFB; en ese marco, el sumariante remitió los antecedentes a dicha autoridad, encontrándose el asunto pendiente de decisión, por lo que la acción de amparo constitucional habría sido interpuesta de manera prematura, sin haber permitido que la autoridad legalmente competente se pronuncie, afectando el debido proceso y las garantías institucionales; b) En cuanto al fondo, no existe incompetencia del sumariante, pues la interpretación del art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, conforme a criterios reiterados de la Contraloría General del Estado (CGE), establece que la referencia a “abogados” no atiende al título profesional, sino al cargo efectivamente desempeñado en áreas jurídicas, al desempeñar la accionante funciones de Profesional de Investigación en la Dirección de Transparencia Corporativa, la competencia recae en la autoridad sumariante designada por la MAE, quedando garantizado el juez natural; c) Respecto a la excusa, se niega la existencia de causal alguna, al no existir procesos, denuncias ni conflictos personales entre el sumariante y la impetrante de tutela, precisando que los informes emitidos por ésta formaron parte de sus funciones regulares y no generaron actuación disciplinaria contra el sumariante; y, d) En relación con la medida de cambio temporal de funciones, se sostiene que la misma respondió a criterios de protección laboral y de salud, sustentados en informes médicos y en solicitudes de la propia peticionante de tutela, orientados a reducir carga y estrés laboral, sin que ello constituya vulneración a la inamovilidad, sino una medida razonable y proporcional en su beneficio.
Julia Susana Ríos Laguna, Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar pese a su legal notificación cursante a fs. 55.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 118/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 66 a 69, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La tutela de la acción de amparo constitucional tiene por objeto la Resolución AUT.SUM 004/2025, mediante la cual la autoridad sumariante dispuso de oficio el inicio de sumario administrativo interno contra la accionante, por presunto incumplimiento de plazos y procedimiento en la gestión de una denuncia, estableciendo la tramitación conforme al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y disponiendo, como medida precautoria, el cambio temporal de funciones; 2) Se establece que la autoridad competente para iniciar y sustanciar el proceso disciplinario respecto a servidores de la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB es la autoridad sumariante designada por la MAE, conforme a la normativa interna y a los criterios emitidos por la Contraloría; en ese marco, la observación de incompetencia planteada por la impetrante de tutela fue respondida concluyendo que dicha autoridad sí es competente; 3) La peticionante de tutela alegó defectos relacionados principalmente con la competencia y con la medida cautelar, extremos que fueron analizados y desestimados, al haberse actuado dentro del marco normativo aplicable, habiéndose acreditado que la accionante es persona con discapacidad; sin embargo, el cambio temporal de funciones y de sede fue dispuesto con base en informes técnicos y médicos, manteniendo su nivel salarial y estabilidad laboral, y orientado a resguardar su salud, sin que se evidencie afectación indebida a sus derechos, la jurisprudencia constitucional reconoce la facultad excepcional del empleador de variar condiciones de trabajo (ius variandi), incluido el cambio de lugar de funciones, siempre que no sea arbitrario, discriminatorio ni perjudicial, criterio aplicable al caso concreto; y, 4) Si bien la impetrante de tutela alegó vulneración al debido proceso, del análisis de los antecedentes no se evidencia afectación alguna, toda vez que la competencia de la autoridad y la medida cautelar se hallan debidamente justificadas y dentro de la legalidad. En vía de enmienda y complementación, por escrito presentado el 22 de mayo de 2025, cursante a fs. 71, la accionante señala, cuestionando que en su fundamentación no se hubieran considerado determinadas excepciones a reglas generales aplicadas en el fallo, observando que no se habría compulsado la excepción al ius variandi, referida a la inamovilidad laboral aplicable a personas embarazadas, progenitores, dirigentes sindicales con fuero y personas con discapacidad; y el que no se habría considerado la excepción relativa a la incompetencia de la autoridad sumariante prevista en el art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, respecto de determinadas autoridades y profesionales. Al respecto, la Sala Constitucional advierte que la Resolución cuestionada contiene una fundamentación clara, precisa y concreta, desarrollada en el apartado correspondiente a los fundamentos del fallo, en el que se explican las razones de la decisión adoptada; en consecuencia, al no evidenciarse omisiones, contradicciones o aspectos que requieran aclaración o complementación, por lo que declaró no ha lugar a la complementación y enmienda.
Mediante Auto Constitucional (AC) 0517/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 91 a 93, ante la solicitud efectuada por la accionante, de adelanto de sorteo (fs. 90), por encontrarse dentro un grupo vulnerable; en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Evaluación Médica Frente al Puesto de Trabajo de 14 de marzo de 2025, emitido por la Caja Petrolera de Salud (CPS), correspondiente a la ahora peticionante de tutela, cuya recomendación segunda establece que considerando las múltiples patologías que presenta la trabajadora se recomienda permanencia en el actual puesto de Trabajo, siendo que se debe evitar sobrecarga laboral, esfuerzos físicos exagerados, entre otras recomendaciones del ente de salud (fs. 3 a 6). II.2. Por Resolución AUT.SUM 004/2025 de 27 de marzo, Daniel Alejandro Aguilar Lara, Autoridad Sumariante de YPFB -demandado-, dispuso el inicio de sumario administrativo interno contra Paola Carola Zapata Ferrufino -impetrante de tutela- disponiendo la medida precautoria de cambio temporal de funciones de la sumariada (fs. 25 a 29), contra dicha determinación interpuso recurso de declinatoria de competencia en aplicación del art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por el DS 26237, incidente de recusación conforme el art. 26 del referido Reglamento, modificado por el DS 26237, estableciendo como presupuesto la remisión de antecedentes y recomendación de procesos administrativos por negativa de acceso a la información del sumariante ante la presidencia ejecutiva de la empresa y objeción a la medida precautoria de cambio temporal de funciones (fs. 11 a 12 vta.), recursos que fueron resueltos por la autoridad sumariante demandada mediante la Resolución de 1 de abril de 2025, rechazando la declinatoria de jurisdicción y la recusación interpuestas en su contra y ratificando la medida precautoria, disponiendo conforme al art. 26 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública la remisión de actuados originales ante la MAE, y la suspensión del término de prueba dispuesto en el Resuelve Tercero de la Resolución AUT.SUM 004/2025 (fs. 9 a 10 vta.). II.3. Por Nota GTHC-DS-321/2025 de 28 de marzo, el Gerente de Talento Humano Corporativo a.i. de Presidencia Ejecutiva de YPFB, notificó a la ahora impetrante de tutela la asignación de nuevas funciones como Profesional de Investigación con sede en la oficinas de la Planta Entre Ríos de la ciudad de La Paz, en cumplimiento de la medida precautoria dispuesta en su contra (fs. 7).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos imparcialidad y juez natural, a la defensa, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a no ser discriminada; por cuanto, en su condición de abogada y persona con discapacidad, impugnó el inicio de sumario administrativo interno dispuesto por la autoridad sumariante demandada mediante Resolución AUT.SUM 004/2025, cuestionando la competencia de la Autoridad Sumariante de YPFB para conocer y tramitar el inicio de sumario administrativo interno instaurado en su contra, denunciando la inobservancia del art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por el DS 26237, que atribuye el conocimiento de procesos administrativos seguidos contra abogados al asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición, la excepción de incompetencia planteada fue rechazada sobre la base de una interpretación restrictiva e infundada, que desconoció su condición de abogada debidamente contratada en tal calidad; por otro lado, el proceso fue iniciado de oficio por la misma autoridad respecto de la cual, en el ejercicio de sus funciones profesionales, emitió previamente un informe recomendando su sometimiento a proceso administrativo, configurándose un conflicto objetivo de intereses incompatible con las garantías del debido proceso; finalmente, alegó que, pese a gozar de inamovilidad laboral y protección reforzada por su condición de persona con discapacidad, se dispuso su cambio temporal de funciones como medida precautoria, sin considerar el informe médico que recomendaba su permanencia en el cargo, adoptándose una decisión desproporcionada y contraria al principio de igualdad material. La parte demandada sostiene que la acción de amparo constitucional es improcedente, conforme al art. 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por haber sido interpuesta de forma prematura, toda vez que la impetrante de tutela planteó excepción de incompetencia, excusa y solicitud de levantamiento de medida precautoria dentro del proceso sumario, incidencias que deben ser resueltas por la MAE de YPFB, autoridad que aún no se ha pronunciado. En cuanto al fondo, se afirma que el sumariante es competente, dado que el art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública no se aplica por el título profesional, sino por el cargo desempeñado, criterio reiterado por la CGE, garantizándose el juez natural. Asimismo, se descarta causal de excusa o falta de imparcialidad; además, el cambio temporal de funciones respondió a criterios de protección de la salud y reducción de carga laboral de la peticionante de tutela, sin vulnerar su inamovilidad laboral. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0983/2017-S2 de 18 de septiembre, precisó que cuando se advierte la existencia de vías paralelas abiertas sobre un mismo aspecto, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo, en la medida en que ello podría derivar en la emisión de decisiones contradictorias provenientes de distintas jurisdicciones lo que afectaría a los principios de seguridad jurídica, coherencia decisional y certeza jurídica, pilares esenciales del debido proceso. Asimismo, debe relievarse que la SCP 0983/2017-S2 aplicó respecto de un accionante perteneciente a un grupo vulnerable, estableciéndose que, aun cuando por su condición personal no le hubiera sido exigible el principio de subsidiariedad en sentido estricto, la existencia de dos vías procesales concurrentes tornaba imprescindible el rechazo de la acción constitucional, precisamente para evitar que se generen pronunciamientos jurisdiccionales incompatibles sobre un mismo objeto. Por consiguiente, la activación concurrente de vías paralelas constituye un límite estructural al ejercicio de las acciones de defensa constitucional, aplicable a todo accionante, con independencia de su condición personal o pertenencia a un grupo vulnerable, pues la protección reforzada que el ordenamiento jurídico reconoce a dichos sujetos no puede ser interpretada como una habilitación para desarticular el sistema jurisdiccional ni para generar pronunciamientos incompatibles sobre un mismo objeto procesal.
En el caso concreto el ahora demandado en su calidad de autoridad sumariante emitió la Resolución AUT.SUM 004/2025 de 27 de marzo, determinando el inicio de sumario administrativo interno contra Paola Carola Zapata Ferrufino -ahora accionante- disponiendo como medida precautoria el cambio temporal de funciones, determinación contra la cual se interpuso recurso de declinatoria de competencia en aplicación del art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, modificado por el DS 26237; un incidente de recusación y por último se objetó la medida precautoria de cambio temporal de funciones (Conclusión II.2). Ahora bien, la autoridad sumariante demandada por Resolución de 1 de abril de 2025 ratificó su determinación ordenando: “…De conformidad a lo previsto por el artículo 26 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública se dispone la remisión de actuados originales ante la Máxima Autoridad Ejecutiva, y la suspensión del término de prueba dispuesto en el Resuelve Tercero de la Resolución AUT SUM 004/2025 de fecha 27 de marzo de 2025” (sic), por lo que la revisión de las determinaciones impugnadas a través de la presente acción de amparo constitucional se encuentran pendientes de revisión por parte de la autoridad superior.
Entonces en el caso de autos, se constata que la impetrante de tutela, dentro del proceso sumario administrativo instaurado en su contra, activó de manera expresa y voluntaria la vía administrativa ordinaria, al haber interpuesto, mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2025, una recusación, una excepción de incompetencia y pedir la revisión de la medida precautoria de cambio temporal de funciones contra la autoridad sumariante, tales incidencias fueron conocidas en primera instancia por la misma autoridad ahora demandada, disponiendo, conforme a la normativa aplicable, la remisión de los antecedentes y la determinación asumida ante la MAE, instancia competente para resolver la recusación, decisión de la cual dependen el resto de los aspectos impugnados y con competencia para modificar la medida precautoria impugnada por lo que de ingresarse al fondo de la problemática por este Tribunal se podrían provocar resoluciones contradictorias y la interferencia indebida de la justicia constitucional en el procedimiento ordinario en curso de ahí que corresponde aplicar el art. 53.1 del CPCo, en atención a que la justicia constitucional no se constituye una instancia paralela ni alternativa que sustituya a las vías ordinarias cuando estas ya fueron activadas. Conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la protección reforzada que el ordenamiento reconoce a determinados sujetos no puede ser interpretada como una habilitación para desarticular las reglas estructurales del control constitucional, ni para permitir la coexistencia de procesos ordinarios y constitucionales dirigidos a cuestionar un mismo acto. En consecuencia, al evidenciarse la pendencia efectiva de la vía administrativa ordinaria respecto de los mismos agravios denunciados en sede constitucional respecto a la recusación de la autoridad sumariante, corresponde concluir que no resulta jurídicamente viable ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, al configurarse una causal autónoma y expresa de improcedencia de la acción tutelar, conforme a lo dispuesto por el art. 53.1 del CPCo y la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, debiendo por ende denegar la tutela solicitada. Pese a lo referido y de manera provisional este Tribunal considera que en atención a la existencia de un informe médico que recomienda la permanencia de la accionante en su puesto de trabajo (Conclusión II.1) corresponde otorgar tutela provisional hasta la definición de la actual controversia por parte de la autoridad competente.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 118/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 66 a 69, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de manera provisional únicamente respecto al derecho a la inamovilidad laboral; disponiendo provisionalmente la suspensión de la ejecución de la medida precautoria dispuesta en la Resolución AUT.SUM 004 de 27 de marzo; y, dejando en suspenso la Nota GTHC-DS-321/2025 de 28 de marzo, emitida por el Gerente de Talento Humano Corporativo a.i. de Presidencia Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, hasta que se pronuncie la autoridad competente sobre la recusación interpuesta. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos imparcialidad y juez natural, a la defensa, a la estabilidad laboral y no discriminación, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0103_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): d8eb4e461f381d5c33814bbd0083205c3d473cc252ec47d22fb177e4cc92a01a
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