Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de abril de 2024
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad colectiva y privada, al trabajo y a la vivienda; alegando que son comunarios y propietarios de un lote de terreno ubicado en la comunidad originaria Vilaque en lo proindiviso con una superficie total de 15 900.0000 ha, debidamente registrado en la Oficina de DD.RR.; sin embargo, el 29 de septiembre de 2022, a partir de las 11:30 horas, fueron víctimas de avasallamiento y otros abusos por parte de los particulares ahora accionados y otros desconocidos, quienes al mando de una turba de más de doscientas personas, emborrachadas y contratadas, manifestando que son propietarios porque ganaron el “juicio”, irrumpieron en sus viviendas sociales construidas por el Gobierno Nacional, armadas de objetos punzo cortantes, armas de fuego, material explosivo como dinamitas, petardos y otros, quienes en un acto de vandalismo criminal invadieron sus casas, procediendo a sacar las puertas con “patacabras”; destrozaron las paredes con combos, martillos y otros objetos, saquearon y se apropiaron de sus objetos personales, como garrafas, objetos de cocina, víveres, dinero, colchones y otros; arrearon animales, quemaron sus pastizales y sembradíos, sin respetar la presencia de niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad que viven en la referida comunidad, victimando al dirigente de la comunidad Victoriano Huanca Canaza; por lo que, tuvieron que escapar sin llevar nada para salvar sus vidas y proteger a sus hijos, razón por la cual, se encuentran viviendo en la calle sin poder retornar a sus viviendas, ya que …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 202/2022 de “24” -siendo lo correcto 25- de noviembre, cursante de fs. 253 a 256; pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela provisional con relación a los derechos a la propiedad colectiva, al trabajo y a la vivienda, disponiendo que Beneranda, Elsa, María Leonor y Santiago Cristóbal, todos de apellidos Apaza Choque y otros ocupantes no identificados en un plazo de cinco días calendario desocupen y entreguen las viviendas y predios agrícolas despojados a Policarpio Murga Huanca, Mario Pascual Maji Flores, Genaro Mamani Luque, Gerónimo Mamani Luque, Cosme Aruquipa Condori y Justo Germán Aruquipa Flores y cesen todo acto de perturbación, caso contrario se emita mandamiento de desapoderamiento y se ejecute con auxilio de la fuerza pública, manteniendo la custodia policial en el lugar; hasta tanto los particulares ahora accionados no logren demostrar su mejor derecho propietario en un proceso ordinario contra los accionantes, a menos que ya se hubiese iniciado por parte de los accionantes con el mismo objeto. 2° Llamar severamente la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes conocieron el caso en primera instancia, bajo advertencia de remitirse antecedentes al régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura en caso de reincidencia, exhortando a que en futuras actuaciones cumplan con las normas procesales aplicables al caso.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0103/2024-S3 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 53327-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 202/2022 de “24” -siendo lo correcto 25- de noviembre, cursante de fs. 253 a 256, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Policarpio Murga Huanca, Mario Pascual Maji Flores, Genaro Mamani Luque, Gerónimo Mamani Luque, Cosme Aruquipa Condori y Justo Germán Aruquipa Flores contra Beneranda, Elsa, María Leonor y Santiago Cristóbal, todos de apellidos Apaza Choque y otros.
Los accionantes por memoriales presentados el 25 de octubre y 9 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 58 a 63; y, 87 a 89, respectivamente, manifestaron lo siguiente:
Son comunarios y propietarios de un lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Vilaque o Viluyo, ex fundo rústico Vilaque de forma proindiviso correspondiente a la comunidad originaria Vilaque con una superficie total de 15 900.0000 ha, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 2.12.1.01.0000642, la cual venían poseyendo de manera pacífica y continua desde sus abuelos, siendo originarios de la referida comunidad. No obstante, fueron víctimas de avasallamiento y otros abusos por parte de los particulares ahora accionados y otras personas desconocidas, quienes el 29 de septiembre de 2022, a partir de las 11:30 horas, una turba de más de doscientas personas, en estado de ebriedad, contratados a la cabeza de los particulares hoy accionados, irrumpieron en sus viviendas y parcelas de terreno armados de objetos punzo cortantes, armas de fuego, material explosivo como dinamitas, petardos y otros, quienes en un acto de vandalismo criminal invadieron sus casas, procediendo a sacar las puertas, deschapando con “patacabras”; destrozaron las paredes con combos, martillos y otros objetos; saquearon y se apropiaron de sus objetos personales, como garrafas, objetos de cocina, víveres, dinero, colchones y otros; asaltaron y arrearon animales, quemaron sus pastizales y sembradíos conforme se puede observar de las placas fotográficas adjuntadas; no respetaron la presencia de niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad que viven en la referida comunidad originaria Vilaque, causando zozobra total, siendo sacados a golpes de sus casas; teniendo que escapar sin llevar nada para salvar sus vidas y proteger a sus hijos; por lo que, se encuentran viviendo en la calle sin poder retornar a sus viviendas, ya que los avasalladores continúan instalados en el lugar, utilizando sus productos agrícolas para alimentarse, despojándolos de sus casas sin contemplación alguna. El día de los hechos, los particulares ahora accionados manifestaron tener derecho de propiedad, que ganaron un “juicio”; empero, de acuerdo a sus documentos de propiedad, los terrenos que reclaman no estarían ubicados en la comunidad originaria Vilaque sino en la comunidad de Milluni Bajo, que sería un lugar distante y alejado de sus terrenos y de la comunidad originaria Vilaque, del que pretenden apropiarse haciendo justicia con mano propia, sin acudir a la autoridad competente; es más, uno de los comunarios Victoriano Huanca Canaza, quien era Secretario General de la comunidad originaria Vilaque, salió de su vivienda para defender su propiedad, no obstante fue violentamente agredido, perdiendo la vida por un traumatismo craneoencefálico cerrado, dejando a su esposa y a sus familiares en peores condiciones, ya que viven alejados de su vivienda; asimismo, quemaron sus pertenencias y una motocicleta, si bien llamaron a los funcionarios policiales, al llegar fueron rebasados, únicamente pudieron rescatar el cadáver del mencionado Secretario General y aprehender a algunas personas de la turba. Se encuentran en una situación muy grave, ya que no pueden ingresar a sus viviendas, teniendo que permanecer en la calle, sin contar con alimentos para subsistir, tampoco tienen acceso a sus terrenos de cultivo; por lo que, al no encontrar otro medio jurídico para restablecer sus derechos de propiedad y lograr retornar a sus viviendas para trabajar la tierra, cultivando productos y alimentar a sus hijos, plantearon esta acción de amparo constitucional.
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la propiedad colectiva y privada, agregando en audiencia de consideración de esta acción de defensa los derechos al trabajo y a la vivienda; citando al efecto los arts. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XXII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: la restitución sin demora de sus viviendas y sus parcelas de terrenos de cultivo y pastoreo de sus animales, más aun considerando que sería la época de siembra.
Celebrada la audiencia pública el 25 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 245 a 252 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que: a) No solamente se afectó el derecho de propiedad colectiva de la comunidad, sino también el derecho al trabajo y a la vivienda, siendo derechos humanos garantizados por el art. 17.1 de la DUDH; b) Tendrían elementos probatorios que sustentan su pretensión, ya que cuentan con Folios Reales, información rápida de la Oficina de DD.RR., Certificación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto que indica que la comunidad originaria Vilaque está en la posibilidad de pertenecer al Distrito Municipal 13 de la ciudad de El Alto y que se encuentra fuera del área urbana; plano de ubicación, la Resolución Suprema -“15628/2015”- que respalda que tienen una propiedad colectiva en la comunidad originaria Vilaque; el Acta de Conformidad de Linderos firmada con la comunidad de Milluni Bajo, lo cual implica que tienen delimitadas sus colindancias con otras comunidades; c) Los avasalladores -ahora accionados- trataron de justificar la ocupación ilegal con la imputación formal contra sus personas, indicando que ganaron el “juicio” y que tenían el derecho de ingresar a esos terrenos, cuando de acuerdo al procedimiento penal, la imputación formal únicamente marca el inicio del proceso penal; sin embargo, para establecer si serían responsables de la presunta comisión del delito de avasallamiento, se tendría que dictar sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; d) Los particulares hoy accionados contrataron a terceras personas para hacer efectivo el avasallamiento, vulnerando de esta manera sus derechos, dejándolos en situación de calle; por lo que, lo único que pueden hacer es mirar de lejos cómo los avasalladores viven en sus casas, carnean a sus animales y pretenden abrir caminos sobre sembradíos; e) Ante la pregunta efectuada por la Vocal Constitucional, respecto a que si es evidente que se apersonaron al proceso civil de división y partición que mencionaron los particulares ahora accionados; respondieron que efectivamente Victoriano Huanca “Apaza” -siendo lo correcto Canaza- y Mario Pascual Maji Flores en representación del Directorio del Consejo de Autoridades Originarias de la comunidad originaria Vilaque, plantearon una tercería de dominio excluyente que fue rechazada; sin embargo, ante el fallecimiento del primer nombrado no tendrían conocimiento si contra ese rechazo se planteó algún recurso; f) También se consultó que de acuerdo al Folio Real presentado tendrían una propiedad proindiviso de 15900.0000 ha; empero, no se sabe si la totalidad de esa superficie fue avasallada o solo una parte de la misma; en respuesta se indicó que estarían afectadas 200 ha, en las que tenían sus casas construidas con la ayuda del Gobierno Nacional y también los lugares de sembradío y de pastoreo que son de orden colectivo; y, g) Uno de los afectados Cosme Aruquipa Condori, en lo más relevante en aymara, señaló que entraron a sus casas varias personas aprovechando la oscuridad de la noche, armados de palos, reventaron dinamita y petardos, patearon las puertas, rompieron las ventanas, se apropiaron de todo lo que había en sus casas chuño, papa, garrafa y se encuentran viviendo en sus casas después de despojarlos; ya que, por miedo no los enfrentaron, más aun cuando hay una persona fallecida, por lo que están viviendo en la calle.
Beneranda, Elsa, María Leonor y Santiago Cristóbal, todos de apellidos Apaza Choque, mediante informe presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 237 a 244 vta., así como en audiencia, manifestaron que: 1) Los accionantes no fundamentaron la relación de causalidad entre los hechos, los derechos vulnerados y el acto ilegal que se denuncia, identificando cada derecho, explicando los motivos por los que consideran lesionados, así como la forma en la que fueron infringidos; 2) Alegan la vulneración del derecho a la propiedad privada; empero, para ser tutelado dicho derecho debe estar consolidado, ya que la jurisdicción constitucional no define derechos, teniendo que resolver los derechos controvertidos la jurisdicción ordinaria conforme entendió la SC 0855/2004-R de 3 de junio, ratificada por la SCP 1851/2013 de 29 de octubre; 3) En el memorial de la acción de defensa, se afirma que reclutaron personas de la calle, que los emborracharon y que bajo su dirección procedieron a forzar las puertas de las viviendas de interés social construidas por el Gobierno Nacional, sacaron las puertas con “patacabras”, derrumbaron las paredes con combos, martillos y otros objetos, procedieron al saqueo de las viviendas, llevándose objetos personales, de cocina, dinero, ropa, colchones y otros; en ese sentido, se tendría que demostrar el reclutamiento, el emborrachamiento y la instigación al despojo de la propiedad privada, aspectos que si bien fueron observados por la Sala Constitucional; sin embargo, se limitaron a reiterar la misma narrativa anterior, agregando que adjuntaron el muestrario fotográfico, lo cual no podría formar convicción para determinar la responsabilidad por los actos acusados; asimismo, hicieron referencia a una imputación formal contra su persona; no obstante, no se advierte una sentencia ejecutoriada sobre la culpabilidad, lo cual constituye una simple presunción que deberá ser absuelta por la autoridad competente; 4) Los accionantes conforme a la SCP 1788/2013 de 21 de octubre, tenían la carga probatoria de acreditar su posesión legal del bien inmueble con relación al cual se ejerció las medidas de hecho a través de una resolución judicial y que no esté sometida a controversia judicial; empero, los accionantes hablaron de la existencia de un proceso de reivindicación y de un proceso penal que cuenta con imputación formal, los cuales todavía estarían en trámite; 5) Señalaron que su derecho de propiedad deviene del Testimonio 365/75 de 13 de octubre de 1975, por el cual los propietarios del ex fundo Milluni Bajo transfirieron a favor de Manuel Apaza Quispe, Tomás Apaza Main, “Elsa Choque”, Manuel Apaza Llusco, Casimira Lima de Apaza, Mercedes López de Apaza, Marcelina Collao de Apaza y Beneranda Apaza Choque, un lote de terreno registrado en la Oficina de DD.RR. en la Tarjeta de Propiedad 01137581, actualizada al Folio Real con la matrícula computarizada 2.01.4.01.0115983. Con base en la referida documentación tramitaron la demanda de división y partición del lote de terreno, ante el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La Paz, concluyendo con la Sentencia 279/2013 de 25 de septiembre, que declaró probada la demanda de división y partición, la cual fue ejecutoriada con el sorteo de hijuelas, en la que correspondió a cada uno de los copropietarios una parte igual, siendo las mismas registradas en la Oficina de DD.RR.; 6) Los accionantes al momento de producirse los supuestos hechos de avasallamiento no estaban en posesión del terreno; y, 7) Hablaron de un proceso de reivindicación del que no tienen conocimiento, más bien tramitaron en la vía ordinaria la división y partición de bienes a demanda de Marcelina Collao Vda. de Apaza contra los herederos de Manuel Apaza Quispe, al que se apersonaron los accionantes, planteando tercería de derecho excluyente, la cual concluyó con el Auto Interlocutorio 55/2014 de 28 de febrero, que la declaró improbada; sin embargo, contra la misma no interpusieron recurso alguno.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 202/2022 de “24” -siendo lo correcto 25- de noviembre, cursante de fs. 253 a 256, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció la carga probatoria de acreditar dos presupuestos: primero la existencia de actos o medidas de hecho asumidos sin causa jurídica con prescindencia absoluta de los mecanismos establecidos por la ley para la definición de derechos o de hechos en controversia; segundo, se debe acreditar la titularidad o dominialidad con relación al bien sobre el cual se ejercitó las medidas de hecho, es decir, tener la oponibilidad del derecho reclamado frente a terceros; ii) Los accionantes acreditaron tener la titularidad de 15 900.0000 ha de terreno en lo proindiviso; es decir, se trata de una propiedad colectiva comunitaria que de acuerdo a sus normas y procedimientos propios generaron una división interna; empero, no lograron establecer con precisión cuál sería el área en concreto en la que existió la eventual toma de posesión de terrenos por parte de los particulares ahora accionados, haciéndose justicia por mano propia; porque documentalmente acreditaron tener 15 900.0000 ha, luego aclararon que los actos de eyección se hubieran producido en 200 ha, aspecto que resulta contradictorio con el reporte de prensa, que dio a entender que el avasallamiento se hubiera producido en toda la extensión superficial de la comunidad originaria Vilaque; consiguientemente, se puede concluir que si bien el derecho propietario está consolidado en la vía colectiva comunitaria;
sin embargo, no está definida una superficie en concreto de la que sean titulares los accionantes, misma que no puede ser definida por la Sala Constitucional; iii) Con relación a los actos o medidas de hecho, los accionantes señalaron que los particulares ahora accionados comandaron como a trescientas personas en el acto de avasallamiento ocurrido el 29 de septiembre de 2022; empero, del reporte de prensa y documentación presentada no acreditaron cómo encabezaron ese avasallamiento, cómo reclutaron a esas trescientas personas, es más afirmaron que algunos de ellos hubieran sido detenidos a quienes era conveniente integrarlos, porque darían “más luces” para resolver esta acción de defensa, permitiría saber si realmente obraron por cuenta propia o por mandato de los particulares ahora accionados; y, iv) Se concluye que si bien asiste a los accionantes un eventual derecho de propiedad en lo proindiviso; sin embargo, existe ausencia de precisión si los particulares hoy accionados hubieran encabezado el grupo de trescientas personas; por lo que, los presupuestos necesarios para conceder la tutela solicitada por medidas de hecho no fueron acreditados, no obstante de ello, los accionantes para la defensa de sus derechos deben recurrir a recursos o mecanismos que mejor aconseje el ordenamiento jurídico para restablecer sus derechos y garantías constitucionales presuntamente vulnerados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Testimonio 365/75 de 13 de octubre de 1975, de Escritura Pública de compraventa de terreno suscrito por los propietarios del ex fundo Milluni Bajo en favor de Manuel Apaza Quispe, Tomás Apaza Maín, “Elsa Choque”, Manuel Apaza Llusco, Casimira Lima de Apaza, Mercedes López de Apaza, Marcelina Collao de Apaza y Beneranda Apaza Choque de un lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 286.0800 ha, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0115983 (fs. 100 a 106 vta.). II.2. Mediante Folio Real se advierte que bajo la matrícula computarizada 2.12.1.01.0000642, se encuentra registrado en la Oficina de DD.RR. el lote de terreno ubicado en la urbanización Villa Vilaque o Viluyo, ex fundo rústico Vilaque, con una superficie de 15 900.0000 ha, en cuyo asiento de titularidad se consigna la lista de los miembros de la comunidad originaria Vilaque en la que figuran Policarpio Murga Huanca, Genaro Mamani Luque, Gerónimo Mamani Luque, Cosme Aruquipa Condori y Justo Germán Aruquipa -ahora accionantes-; y, Pascual Magi Flores (fs. 2 a 19 vta.). Asimismo, cursa Formulario de Información Rápida de la Oficina de DD.RR., en la que se replica los mismos datos del indicado Folio Real (fs. 20 a 25 vta.). II.3. Cursa Testimonio 1215/1992 de 4 de agosto, de protocolización por orden judicial del Documento de Pago Indemnizatorio Voluntario y Reconocimiento de Derecho de Propiedad sobre el ex fundo rústico Vilaque, ubicado en la jurisdicción del cantón Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz, otorgado por Néstor Tarifa Troche y Clotilde Aguirre de Tarifa en favor de los campesinos del ex fundo rústico Vilaque representado por Donato Magi Torrez, Gregorio Rodríguez Huanca y Francisco Magi Flores, miembros del Sindicato Agrario, en cuya lista también figuran los accionantes (fs. 26 a 29 vta.). Consta el original del plano del terreno (fs. 30). II.4. Mediante Sentencia 279/2013 de 25 de septiembre, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso civil ordinario seguido por Marcelina Collao Vda. de Apaza contra Manuel Apaza Quispe, los posibles herederos de Casimira Lima de Apaza, Tomás Apaza Main, Mercedes López de Apaza, Elsa Apaza Choque y Beneranda Apaza Choque sobre la división y partición del bien inmueble, declarando probada la demanda de división y partición del lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 286.0800 ha, disponiendo proceder en ejecución de sentencia al sorteo de hijuelas y su posterior registro en la Oficina de DD.RR. (fs. 112 a 113). Por decreto de 25 de febrero de 2014, se declaró la ejecutoria de la indicada Sentencia (fs. 126 vta.). II.5. A través del Auto Interlocutorio 55/2014 de 28 de febrero, el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso civil ordinario seguido por Marcelina Collao Vda. de Apaza contra Manuel Apaza Quispe, los posibles herederos de Casimira Lima de Apaza, Tomás Apaza Main, Mercedes López de Apaza, Elsa Apaza Choque y Beneranda Apaza Choque sobre la división y partición del bien inmueble ubicado en el ex fundo Milluni Bajo, declaró improbada la tercería de derecho excluyente planteada por Victoriano Huanca Canaza y Mario Pascual Maji Flores, en representación del Directorio del Consejo de Autoridades Originarias de la comunidad originaria Vilaque (fs. 130 y vta.). II.6. Cursa Acta de Conformidad de Linderos de 19 de septiembre de 2018, suscrita entre las autoridades de las comunidades originarias de Vilaque y Milluni Bajo (fs. 36 vta.). II.7. Consta segundo traslado del Testimonio 1039/2018 de 16 de octubre, de protocolización de piezas procesales dentro del proceso ordinario seguido por Marcelina Collao Vda. de Apaza contra Manuel Apaza Quispe, los posibles herederos de Casimira Lima de Apaza, Tomás Apaza Main, Mercedes López de Apaza, Elsa Apaza Choque y Beneranda Apaza Choque de división y partición de bien inmueble (fs. 175 a 180 vta.). II.8. Cursan Certificaciones emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, de 14 de marzo de 2019, a nombre de Mercedes López de Apaza, Tomás Apaza Maín, Manuel Apaza Quispe, Casimira Lima de Apaza, Elsa Apaza Choque; y, Beneranda Apaza Choque, acompañadas de planos de lote visados, indicando que sus predios se encuentran ubicados en el ex fundo Milluni Bajo del Distrito Municipal 13 de la ciudad de El Alto (fs. 163 a 174). II.9. Consta Certificación Jurisdiccional de Pertenencia con Cite: DGAL/UL/LIM.TERR.-006/2022 de 19 de abril, emitida por el Técnico de la Unidad de Límites del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, refiriendo que la comunidad originaria Vilaque pertenece a la jurisdicción territorial de ese municipio de acuerdo a la Ley 2337 de 12 de marzo de 2002, concretamente al Distrito Municipal 13; empero, se encuentra fuera del área urbana según la Ley Municipal “176/2014” homologada mediante Resolución Suprema “15628/2015” y la Ley Municipal “068/2014” (fs. 31). II.10. Por memorial presentado el 8 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia formuló imputación formal dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Beneranda, Elsa, María Leonor y Santiago Cristóbal, todos de apellidos Apaza Choque contra Teodocia Rojas Aruquipa Vda. de Huanca, Victoriano Huanca Canaza, Gerónimo Mamani Luque, Policarpio Murga Huanca y Nieves Layme Huanca, todos originarios de la comunidad Vilaque, por la presunta comisión del delito de avasallamiento previsto y sancionado por el art. 351 bis del Código Penal (CP [fs. 66 a 73]). II.11. Consta Certificado de Defunción de Victoriano Huanca Canaza, con fecha de fallecimiento de 30 de septiembre de 2022, a causa de traumatismo craneoencefálico severo (fs. 41). II.12. Cursa un reporte de prensa del periódico El Alteño de 4 de octubre de 2022, en el que señala que los miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Radio Urbano y Suburbano (FESUCARUSU) y afiliados de la comunidad originaria Vilaque, denuncian que aproximadamente doscientas personas con acentos peruanos, venezolanos y paraguayos avasallaron sus viviendas sociales, expulsándolos a la fuerza y matando a Victoriano Huanca Canaza, Secretario General de la comunidad originaria Vilaque, respecto del cual su esposa y viuda, señaló que patearon la puerta de su vivienda; por lo que, salió su marido en defensa suya y de sus hijos y fue arrastrado como 300 m abajo, en el trayecto lo patearon y reventaron su cabeza, apuñalaron como siete veces su cuerpo, perdiendo de ese modo su esposo la vida, quedando ella a cargo de dos menores de edad; Simón Huanca Apaza, sobreviviente del hecho agregó que existen dos personas que dicen ser dueños de esas tierras y “…que buscan a toda costa apropiarse de sus hogares” (sic [fs. 40]). II.13. Constan placas fotográficas en las que se observa viviendas destruidas, la quema de pastizales, interior de viviendas con puertas destruidas, una persona ensangrentada, funcionarios policiales y personas supuestamente arrestadas (fs. 44 a 51). II.14. Por Nota 600/2022 de 17 de octubre, expedida por el Comandante Policial de El Alto, se hace conocer a los representantes del Comité Ejecutivo de la FESUCARUSU, que dicho Comando dispuso la presencia permanente de funcionarios policiales en el sector de conflicto con la finalidad de garantizar el mantenimiento del orden público; empero, a fin de hacer prevalecer el derecho a la propiedad privada, exhortó denunciar los hechos ante la autoridad jurisdiccional competente (fs. 37). II.15. Cursan Folios Reales de registro de propiedad inmueble en la Oficina de DD.RR. a causa de un proceso de división y partición de un bien inmueble; de los cuales se advierte que, bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0252800, se encuentra inscrito el lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo de 1 607 703.75 m a nombre de Elsa Apaza Choque; bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0252801, se encuentra inscrito el lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 607 700.38 m a nombre de Beneranda Apaza Choque; bajo las matrículas computarizadas 2.01.4.01.0252802 y 2.01.4.01.0252803, se hallan inscritos los lotes de terreno ubicados en ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 607 703.25 m y 1 607 701.50 m, respectivamente, a nombre de María Leonor Apaza Choque; bajo las matrículas computarizadas 2.01.4.01.0252804 y 2.01.4.01.0252805 se registran los lotes de terreno ubicados en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 607 700.00 m y 1 607 701.25 m, respectivamente, a nombre de Santiago Cristóbal Apaza Choque -todos ahora accionados- (fs. 200 a 205). II.16. Constan fotocopias de cédulas de identidad pertenecientes a: Policarpio Murga Huanca, con fecha de nacimiento de 7 de diciembre de 1965; Mario Pascual Maji Flores, con fecha de nacimiento de 9 de abril de 1960; Genaro Mamani Luque, con fecha de nacimiento de 2 de diciembre de 1957; Gerónimo Mamani Luque, con fecha de nacimiento de 4 de agosto de 1963; Cosme Aruquipa Condori, con fecha de nacimiento de 27 de septiembre de 1953; y, Justo Germán Aruquipa Flores, con fecha de nacimiento de 28 de julio de 1955, todos con residencia en la comunidad originaria Vilaque (fs. 52 a 57).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad colectiva y privada, al trabajo y a la vivienda; alegando que son comunarios y propietarios de un lote de terreno ubicado en la comunidad originaria Vilaque en lo proindiviso con una superficie total de 15 900.0000 ha, debidamente registrado en la Oficina de DD.RR.; sin embargo, el 29 de septiembre de 2022, a partir de las 11:30 horas, fueron víctimas de avasallamiento y otros abusos por parte de los particulares ahora accionados y otros desconocidos, quienes al mando de una turba de más de doscientas personas, emborrachadas y contratadas, manifestando que son propietarios porque ganaron el “juicio”, irrumpieron en sus viviendas sociales construidas por el Gobierno Nacional, armadas de objetos punzo cortantes, armas de fuego, material explosivo como dinamitas, petardos y otros, quienes en un acto de vandalismo criminal invadieron sus casas, procediendo a sacar las puertas con “patacabras”; destrozaron las paredes con combos, martillos y otros objetos, saquearon y se apropiaron de sus objetos personales, como garrafas, objetos de cocina, víveres, dinero, colchones y otros; arrearon animales, quemaron sus pastizales y sembradíos, sin respetar la presencia de niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad que viven en la referida comunidad, victimando al dirigente de la comunidad Victoriano Huanca Canaza; por lo que, tuvieron que escapar sin llevar nada para salvar sus vidas y proteger a sus hijos, razón por la cual, se encuentran viviendo en la calle sin poder retornar a sus viviendas, ya que los avasalladores continúan en el lugar, instalados en sus viviendas, utilizando sus productos agrícolas para alimentarse. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril, con relación al tema indicó que: “…uno de los casos en los que opera la excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, es precisamente cuando se denuncia la existencia de medidas de hecho, en ese sentido la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, con relación al primer presupuesto, afirma que: ‘...las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional’ (las negrillas nos pertenecen). Así, la SCP 1357/2014 de 7 de julio, agregó que: ‘En este entendido, las medidas de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad y en casos de denunciarse la existencia de las mismas, no es necesario agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa’ (el resaltado es nuestro). Sin embargo, cabe también aclarar que posteriormente la jurisprudencia constitucional, para los casos de avasallamiento de la propiedad agraria o rural o predio que se encuentre en el radio urbano, con destino agroambiental ha modulado los entendimientos contenidos en la SCP 0998/2012 de 05 de mayo, en relación a la flexibilización del principio de subsidiariedad a través de la SCP 0047/2015-S2 de 3 de febrero, en la que se refiere: ‘En el estado de cosas mencionado, al haberse establecido que el mecanismo establecido en la Ley 477, se constituye en un vía idónea y eficaz para la protección de los derechos a la propiedad, posesión y trabajo, a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se procede a modular la línea jurisprudencial, por las cuales vía acción de amparo constitucional en casos donde se advertían medidas de hecho vinculados al avasallamiento se entraba al análisis de fondo de la problemática planteada haciendo uso de la excepción al principio de subsidiariedad ya que por aplicación de la Ley 477, se entiende que previamente debe agotarse la vía agroambiental, donde podrá solicitar todas las medidas precautorias del caso’ (las negrillas y el subrayado son agregados). De igual forma la citada SCP 0047/2015-S2, ha dejado claro que en los demás casos en los que se denuncia avasallamientos de la propiedad urbana que no tenga destino agroambiental, aún se mantiene la excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad cuando: ‘Por otro lado y de acuerdo al desarrollo de las competencias de los jueces agroambientales ya mencionadas, se debe proceder a la consolidación de la competencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto del amparo por medidas de hecho ante el avasallamiento de la propiedad urbana que no tenga destino agroambiental, esto, por ausencia de proceso judicial específico, idóneo y eficaz, el cual fue obviado en la Ley 477, toda vez que se entiende que esta norma excluye a la jurisdicción agroambiental para conocer avasallamientos de la propiedad y posesión urbana sin el destino antes referido, de tal manera que deberá ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien deberá proceder al desarrollo de un proceso específico para estos casos, por cuanto los procesos existentes en la vía ordinaria civil existentes no permiten un procedimiento expedito e idóneo para la satisfacción de los derechos en juego. En ese entendido de acuerdo a la gravedad de la problemática y de los derechos protegidos corresponderá se tutelen estos derechos a través de la acción de amparo constitucional, siempre de manera provisional y sin reconocer derechos, los cuales serán dilucidados en las instancias pertinentes”’ (las negrillas nos corresponden).
La aludida SCP 0140/2018-S4, citando a su vez la SCP 1234/2013-L de 10 de octubre, estableció que: ‘“…la realidad de los hechos que se presenta en los procesos agrarios, ha tomado la convicción de repensar el segundo presupuesto requerido por la jurisprudencia constitucional -tratándose de medidas de hecho- referido a la inscripción del derecho propietario en la oficina de Derechos Reales, adecuándola de mejor forma para el ámbito rural, de modo que la presente sentencia flexibiliza este aspecto, con el único propósito de garantizar el libre acceso a la justicia constitucional; velando así, por el sólo cumplimiento de aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de la tutela cuando se denuncia la existencia de la justicia por mano propia en el ámbito agrario. (…) 2) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento de predios agrarios, el peticionante deberá acreditar la titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito al cual se generó su oponibilidad frente a terceros; sin embargo, en caso de que su derecho no se encuentre registrado, dado que el trabajo es la fuente fundamental de adquisición y conservación de la propiedad agraria, el uso, goce y disfrute del mismo podrá ser comprobado por todos los medios de prueba que el accionante considera oportuno, los que deberán ser apreciados por el juzgador tomando en cuenta la valoración integral de las normas y procedimientos propios de cada pueblo o comunidad en la que es ejercida; así también podrá acreditarse los trabajos realizados en el predio toda vez que el cumplimiento de la función social y/o económico social se constituye en el elemento fundamental para adquirir y mantener la propiedad agraria, por lo que la tutela que se conceda a favor del accionante será de forma provisional, entendimiento que se efectúa en razón a que la tutela constitucional no define derechos; y, solo precautela el restablecimiento del orden jurídico constituido, evitando la consumación de la justicia por mano propia”’.
La SCP 0012/2024-S3 de 5 de febrero, citando a su vez, la SCP 1226/2022-S4 de 19 de septiembre, señaló que: [En tal sentido, la SC 0989/2011-R de 22 de junio, estableció: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas‛ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”. De igual manera, la SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, señaló que: «Abordar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas adultas mayores, implica el reconocimiento de las facultades y potestades de las que éstas gozan para desenvolverse en un ámbito de igualdad de oportunidades y con condiciones que les garantice la calidad y calidez de una vida digna y sin discriminación ni actos de violencia. La Constitución Política del Estado, en sus arts. 67 al 69, reconoce los derechos de los adultos mayores, garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana. Así la SCP 1567/2013 de 16 de septiembre, en cuanto a la protección constitucional de los derechos del adulto mayor, señaló que: “El art. 1 de la CPE, establece que: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’, en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, citando a la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, señalando que: ‘…según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…’. Ahora bien, bajo el razonamiento precedentemente referido, permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que: ‘el principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciada’ (SCP 0292/2012 de 8 de junio), concordante con el art. 67.I de la CPE, que indica: ‘Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”’. En el nuevo orden constitucional, se va profundizando la incorporación y aplicación de políticas a favor de sectores vulnerables que formalmente, son iguales respecto del resto de las otras personas, pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, por varias situaciones requieren protección reforzada por parte del Estado, traducidas en diversas acciones afirmativas y coherentes con el valor justicia; en tal sentido la jurisprudencia constitucional, refiere que: “…la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad es la igualdad en su múltiple dimensión, valor-principio-derecho, fuertemente proclamada en el nuevo orden constitucional, que debe ser comprendida en sus dos vertientes: La igualdad formal e igualdad material, que se hallan complementadas, compatibilizadas y conciliadas en el texto constitucional” (SCP 0846/2012 de 20 de agosto). Así también para dichos sectores en situación de vulnerabilidad la SCP 0086/2012 de 16 de abril, señaló: “…procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la ‘igualdad’ y la ‘justicia’ sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas”»]. (las negrillas son nuestras).
En ese marco, la jurisdicción constitucional respecto a las personas pertenecientes a las NPIOC por su situación de exclusión y discriminación de las que fueron víctimas en el pasado, que todavía no fue superada en el Estado Plurinacional de Bolivia; por sus particularidades sociales, económicas y culturales, se encuentran expuestas a diferentes riesgos y merecen una tutela constitucional reforzada de sus derechos, permitiendo el acceso a la jurisdicción constitucional de manera más directa, sin exigencias formales y rigurosas que obstaculicen o impidan el acceso a la justicia y sean abandonados a su propia suerte; en ese sentido, demanda al Estado disminuir escenarios más penosos para personas que son miembros de las NPIOC, como el hecho de forzarlas a iniciar procesos civiles y penales en la jurisdicción ordinaria, en la que tengan que lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos, con el consiguiente gasto dispendioso de recursos económicos que ello implica; en consecuencia, corresponde que en atención a su situación de vulnerabilidad se proporcione la tutela solicitada de forma provisional, hasta tanto las personas que incurran en las medidas de hecho y que cuentan con mejores condiciones económicas, siempre y cuando sean ajenas a la comunidad, sean las que tengan que demostrar judicialmente la existencia y validez de sus derechos individuales dentro del territorio de una NPIOC.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la propiedad colectiva y privada, al trabajo y a la vivienda; alegando que son comunarios y propietarios de un lote de terreno ubicado en la comunidad originaria Vilaque en lo proindiviso con una superficie total de 15 900.0000 ha, debidamente registrado en la Oficina de DD.RR.; sin embargo, el 29 de septiembre de 2022, a partir de las 11:30 horas, fueron víctimas de avasallamiento y otros abusos por parte de los particulares ahora accionados y otros desconocidos, quienes al mando de una turba de más de doscientas personas, emborrachadas y contratadas, manifestando que son propietarios porque ganaron el “juicio”, irrumpieron en sus viviendas sociales construidas por el Gobierno Nacional, armadas de objetos punzo cortantes, armas de fuego, material explosivo como dinamitas, petardos y otros, quienes en un acto de vandalismo criminal invadieron sus casas, procediendo a sacar las puertas con “patacabras”; destrozaron las paredes con combos, martillos y otros objetos, saquearon y se apropiaron de sus objetos personales, como garrafas, objetos de cocina, víveres, dinero, colchones y otros; arrearon animales, quemaron sus pastizales y sembradíos, sin respetar la presencia de niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad que viven en la referida comunidad, victimando al dirigente de la comunidad Victoriano Huanca Canaza; por lo que, tuvieron que escapar sin llevar nada para salvar sus vidas y proteger a sus hijos, razón por la cual, se encuentran viviendo en la calle sin poder retornar a sus viviendas, ya que los avasalladores continúan en el lugar, instalados en sus viviendas, utilizando sus productos agrícolas para alimentarse. Identificada la problemática planteada, tomando en cuenta que los accionantes denuncian la presunta comisión de medidas de hecho protagonizada por los particulares ahora accionados y otros desconocidos, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, corresponde precisar que las medidas de hecho son actos propiciados por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los principios del Estado Constitucional de Derecho, prescindiendo de los mecanismos legales para la definición de hechos y derechos controvertidos; en ese contexto, es posible tutelar de forma excepcional y provisoria los derechos fundamentales afectados a través de la acción de amparo constitucional, esencialmente con la finalidad de evitar: a) Abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) El ejercicio de la justicia por mano propia; es decir, la tutela extraordinaria se activa ante actos ilegales y arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias y procedimientos legales que el ordenamiento jurídico brinda para resolver conflictos, para evitar el abuso del poder de quienes recurren a la violencia frente al agraviado y la inminencia de un daño irreparable en los derechos, que justifiquen su protección inmediata. Para tal efecto, es necesario que los accionantes cumplan con los presupuestos requeridos para que la jurisdicción constitucional pueda otorgar una tutela provisional, flexibilizando el principio de subsidiariedad y la legitimación pasiva, a condición de acreditar: 1) La existencia de medidas de hecho sin causa jurídica que no impliquen hechos controvertidos; y, 2) La titularidad o dominialidad del bien objeto de medidas de hecho, por medio del registro del derecho propietario que genera oponibilidad frente a terceros; sin embargo, en caso de que el derecho propietario no se encuentre registrado, tomando en cuenta que el trabajo es la fuente fundamental de adquisición y conservación de la propiedad agraria, el uso, goce y disfrute del mismo podrá ser comprobado por todos los medios de prueba que el accionante considera oportuno; y en caso de que el o los accionantes hubiesen interpuesto un proceso penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento o un proceso en la vía agroambiental, se debe justificar la necesidad de una tutela provisional inmediata por ser inminente un daño irreparable e irremediable a sus derechos, por lo que no pueda postergarse la tutela por parte de la jurisdicción constitucional. En ese orden, corresponde analizar si en el presente caso los accionantes acreditaron los presupuestos requeridos para acceder a la tutela provisional que presta la acción de amparo constitucional cuando se denuncian medidas de hecho por avasallamiento a la propiedad privada agraria o urbana. Pues bien, con relación al primer presupuesto de acreditar de manera objetiva las medidas de hecho, de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que antes de los acontecimientos del 29 de septiembre de 2022, los particulares ahora accionados tramitaron un proceso civil de división y partición seguido por Marcelina Collao Vda. de Apaza contra Manuel Apaza Quispe, los posibles herederos de Casimira Lima de Apaza, Tomas Apaza Main, Mercedes López de Apaza, Elsa Apaza Choque y Beneranda Apaza Choque, el cual concluyó con la Sentencia 279/2013 de 25 de ese mes, pronunciada por el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Segundo de El Alto del departamento de La Paz, declarando probada la demanda de división y partición del lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1286.0800 ha, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda al sorteo de hijuelas y su posterior registro en la Oficina de DD.RR. para cada uno de los copropietarios (Conclusión II.4.). Dentro del citado proceso se emitió el Auto Interlocutorio 55/2014 de 28 de febrero, declarando improbada la tercería de derecho excluyente planteada por Victoriano Huanca Canaza y Mario Pascual Maji Flores en representación del Directorio del Consejo Autoridades Originarias de la comunidad Vilaque (Conclusión II.5.). Aparte de ello, se advierte que los particulares hoy accionados instauraron un proceso penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento contra los accionantes, en el que se formuló la imputación formal de 8 de junio de 2022 (Conclusión II.10.). De los referidos antecedentes, se puede advertir que los particulares ahora accionados no estaban en posesión del lote de terreno objeto del conflicto, razón por la cual iniciaron un proceso penal por avasallamiento contra las autoridades y miembros de la comunidad originaria Vilaque, respecto del cual no se cuenta con mayores elementos probatorios para determinar si ese proceso concluyó con sentencia ejecutoriada contra los imputados. Aparte de ello, los demandados tramitaron un proceso civil de división y partición del lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1286.0800 ha, que concluyó con sentencia ejecutoriada, en cuya fase de ejecución de sentencia Victoriano Huanca Canaza y Mario Pascual Maji Flores en representación del Directorio del Consejo de Autoridades Originarias de la comunidad Vilaque plantearon una tercería de derecho excluyente, dando mérito al Auto Interlocutorio 55/2014, que declaró improbada la referida tercería, siendo ejecutoriado al no plantarse ningún recurso, lo cual sería interpretado por los particulares como que hubieran ganado el “juicio”. Dichas actuaciones evidencian que los nombrados se consideran propietarios de los terrenos que ocupaban los accionantes. En ese contexto, se suscitaron las medidas de hecho el 29 de septiembre de 2022, por una turba de más de doscientas personas presuntamente contratadas por los particulares ahora accionados, quienes alegando ser dueños de esas tierras y al ganarlas en un “juicio”, irrumpieron en las viviendas sociales de los accionantes causando los destrozos descritos. Al respecto, adjuntaron el reporte de prensa del periódico El Alteño de 4 de octubre de 2022, en la que advierte que los miembros de la FESUCARUSU y afiliados de la comunidad originaria Vilaque, denuncian que aproximadamente doscientas personas con acentos peruanos, venezolanos y paraguayos avasallaron sus viviendas sociales, expulsándolos a la fuerza y matando a Victoriano Huanca “Apaza” -siendo lo correcto Canaza-, Secretario General de la comunidad Vilaque, respecto del cual su esposa y viuda, señaló que patearon la puerta de su vivienda; por lo que, salió su marido en defensa suya y de sus hijos y fue arrastrado como 300 m abajo, en el trayecto lo patearon y reventaron su cabeza, apuñalaron como siete veces su cuerpo, perdiendo de ese modo su esposo la vida, quedando ella a cargo de dos menores de edad; Simón Huanca Apaza, sobreviviente del hecho agregó que existen dos personas que dicen ser dueños de esas tierras y “…que buscan a toda costa apropiarse de sus hogares” (Conclusión II.12.). Asimismo, arrimaron el Certificado de Defunción de Victoriano Huanca Canaza con fecha de fallecimiento de 30 de septiembre de 2022, a causa de un traumatismo craneoencefálico severo (Conclusión II.11.), presuntamente como consecuencia de los golpes y heridas ocasionadas durante el acto de avasallamiento. También adjuntaron placas fotográficas en las que se puede observar viviendas destruidas, quema de pastizales, interior de las viviendas con puertas destruidas, una persona ensangrentada, funcionarios policiales y personas supuestamente arrestadas (Conclusión II.13.). También, acompañaron la Nota 600/2022 de 17 de octubre, expedida por el Comandante Policial de El Alto, en la que se hace conocer a los representantes del Comité Ejecutivo de la FESUCARUSU, que dicho Comando dispuso la presencia permanente de funcionarios policiales en el sector de conflicto con la finalidad de garantizar el mantenimiento del orden público; empero, a fin de hacer prevalecer el derecho a la propiedad privada, exhortó denunciar los hechos ante la autoridad jurisdiccional competente (Conclusión II.14.). Contrastando los antecedentes procesales con las pruebas adjuntadas, se puede establecer razonablemente que si bien no existe un medio de prueba que demuestre la participación directa de los particulares ahora accionados en las medidas de hecho de 29 de septiembre de 2022; sin embargo, existe coherencia en la versión de los accionantes, en sentido de que los avasalladores afirmaban ser los dueños de esos terrenos y que habían ganado el “juicio”, respecto del cual conforme se advirtió de los antecedentes previos, son los particulares ahora accionados quienes asumiendo ser propietarios de los predios que ocupaban los accionantes iniciando un proceso penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento, además de tramitar un proceso civil de división y partición del bien inmueble entre los copropietarios, en el que las autoridades de la comunidad originaria Vilaque entre ellos Victoriano Huanca Canaza plantearon la tercería de dominio excluyente que fue declarada improbada, decisión que al no plantearse recurso alguno fue ejecutoriada, lo cual fue interpretado por los particulares hoy accionados como si hubieran ganado el “juicio”. Asimismo, demostraron la muerte de la nombrada autoridad indígena originario campesina con Certificado de Defunción; de igual forma corroboraron la destrucción de sus viviendas sociales construidas aparentemente por el Gobierno Nacional, la quema de sus pastizales con las placas fotográficas. Es más, existe una nota de respuesta del Comando Policial de El Alto, en sentido de que se dispuso la presencia permanente de funcionarios policiales en el sector de conflicto con la finalidad de garantizar el mantenimiento del orden público, exhortando con relación al derecho de propiedad, denunciar ante la autoridad jurisdiccional competente. En ese marco de análisis, se concluye razonablemente que los accionantes acreditaron de manera objetiva las medidas de hecho asumidas sin causa jurídica por los particulares ahora accionados y otros desconocidos, si bien no existe una prueba que acredite la participación directa de los nombrados en los hechos de 29 de septiembre de 2022; empero, existen antecedentes previos que lo vinculan, más aun cuando en su informe presentado con motivo de esta acción de defensa, reconocieron abiertamente que son propietarios de los lotes de terreno que ocupaban los accionantes, razón por la cual iniciaron un proceso penal por avasallamiento en la que se emitió la resolución de imputación formal contra los accionantes; sin embargo, no aclararon si ese proceso terminó con sentencia condenatoria ejecutoriada para que en su cumplimiento se proceda al desalojo forzado de los accionantes; tampoco explicaron si lo hicieron en ejecución de sentencia del proceso de división y partición entre los copropietarios, en la que los accionantes plantearon la tercería de dominio excluyente que fue declarada improbada, lo cual no implica que hubieran ganado el “juicio” contra los accionantes; tomando en cuenta que los procesos de división y partición entre copropietarios solamente tienen por objeto definir o reconocer la parte que corresponderá a cada uno de los copropietarios de forma igualitaria, en ese sentido, no existía judicialmente ninguna orden o mandamiento de desapoderamiento o de desalojo contra los accionantes; razón por la cual, los acontecimientos de 29 de septiembre de 2022, constituyen medidas de hecho, más allá de que los particulares hoy accionados no hayan participado directamente en esos hechos; empero, también les alcanza, en virtud a la regla de flexibilización de la legitimación pasiva cuando se denuncia medidas de hecho, en la que no es necesario identificar a todos los partícipes de las mismas, más aun cuando los nombrados se asumen abierta y expresamente como propietarios de esos terrenos, ya que todo aquel que se hace justicia con mano propia prescindiendo de los mecanismos institucionales para dirimir derechos, incurre en las medidas de hecho, lo cual no está permitido dentro del Estado Constitucional de Derecho. Con relación al segundo presupuesto de acreditar la titularidad o dominialidad del bien inmueble con relación al cual se ejercitó las medidas de hecho o haber tenido la posesión real sobre el predio rural a través del cumplimiento de la función social; los accionantes presentaron conforme se tiene de la Conclusión II.2., el Folio Real de registro, indicando que bajo la matrícula computarizada 2.12.1.01.0000642, se encuentra registrado en la Oficina de DD.RR. el lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Vilaque o Viluyo, ex fundo rústico Vilaque con una superficie de 15 900.0000 ha, en cuyo asiento de titularidad se consigna la lista de los miembros de la comunidad originaria Vilaque en la que figuran los accionantes, también adjuntaron el formulario de información rápida de la Oficina de DD.RR., en la que se replica los mismos datos del Folio Real. Según se advierte de la Conclusión II.3. de este fallo constitucional, el documento base de registro en la Oficina de DD.RR., sería el Testimonio 1215/1992 de 4 de agosto, de protocolización por orden judicial del Documento de Pago Indemnizatorio Voluntario y Reconocimiento de Derecho de Propiedad sobre el ex fundo rústico Vilaque, ubicado en la jurisdicción del cantón Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz, otorgado por Néstor Tarifa Troche y Clotilde Aguirre de Tarifa en favor de los campesinos del ex fundo Vilaque representado por Donato Magi Torrez, Gregorio Rodríguez Huanca y Francisco Magi Flores, miembros del Sindicato Agrario, en cuya lista también figuran los ahora accionantes, al que acompañaron el plano del terreno en original. Con relación a la ubicación actualizada del predio, arrimaron la Certificación Jurisdiccional de Pertenencia con Cite: DGAL/UL/LIM.TERR.-006/2022 de 19 de abril, emitida por el Técnico de la Unidad de Límites del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, refiriendo que la comunidad originaria Vilaque pertenece a la jurisdicción territorial de ese municipio de acuerdo a la Ley 2337 de 12 de marzo de 2002, concretamente al Distrito Municipal 13; empero, se encuentra fuera del área urbana según la Ley Municipal “176/2014”
homologada mediante Resolución Suprema “15628/2015” y la Ley Municipal “068/2014” (Conclusión II.9.), siendo en consecuencia un predio ubicado en área rural. Asimismo, adjuntaron el Acta de Conformidad de Linderos de 19 de septiembre de 2018, suscrita entre las autoridades de las comunidades originarias de Vilaque y Milluni Bajo (Conclusión II.6.). Revisado el contenido de los referidos documentos, se puede advertir que los accionantes no cuentan con títulos de propiedad individual sobre los predios presuntamente avasallados, sino con un título de propiedad colectiva en lo proindiviso, en el que la titularidad colectiva lo ostenta la comunidad originaria Vilaque en la que sus miembros o afiliados ejercen posesión sobre las parcelas de terreno distribuidas o redistribuidas por la comunidad de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, razón por la cual, en el folio real y en el documento base de registro solamente se consigna la lista de los afiliados de la comunidad en la que figuran los accionantes. Por consiguiente, el titular del derecho de propiedad colectiva es un pueblo indígena originario campesino, en este caso la comunidad Vilaque del que son miembros los accionantes; en ese sentido, demostraron tener el derecho de propiedad colectiva sobre los predios avasallados, registrado en la Oficina de DD.RR., debiendo en consecuencia considerarse el régimen de la propiedad colectiva y la situación de pertenencia de los accionantes a un pueblo indígena originario campesino. Por su parte, los particulares ahora accionados conforme se evidencia de la Conclusión II.15. de este fallo constitucional, adjuntaron Folios Reales de registro de propiedad inmueble en la Oficina de DD.RR. a causa de un proceso de división y partición de un bien inmueble; de los cuales se advierte que, bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0252800, se halla inscrito el lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo de 1 607 703.75 m a nombre de Elsa Apaza Choque; bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0252801, se encuentra inscrito el lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 607 700.38 m a nombre de Beneranda Apaza Choque; bajo las matrículas computarizadas 2.01.4.01.0252802 y 2.01.4.01.0252803, se hallan inscritos los lotes de terreno ubicados en ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 607 703.25 m y 1 607 701.50 m, respectivamente, a nombre de María Leonor Apaza Choque; bajo las matrículas computarizadas 2.01.4.01.0252804 y 2.01.4.01.0252805 se registran los lotes de terreno ubicados en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 607 700.00 m y 1 607 701.25 m, respectivamente, a nombre de Santiago Cristóbal Apaza Choque; siendo el documento base de registro, según lo registrado en la Conclusión II.7. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Testimonio 1039/2018 de 16 de octubre, de protocolización de piezas procesales dentro del proceso ordinario seguido por Marcelina Collao Vda. de Apaza contra Manuel Apaza Quispe, los posibles herederos de Casimira Lima de Apaza, Tomás Apaza Main, Mercedes López de Apaza, Elsa de Apaza y Beneranda Apaza Choque de división y partición del bien inmueble. El lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo, tendría su antecedente dominial, en el Testimonio 365/75 de 13 de octubre de 1975, de Escritura Pública de compraventa de terreno suscrito por los propietarios del ex fundo Milluni Bajo en favor de Manuel Apaza Quispe, Tomás Apaza Maín, “Elsa Choque”, Manuel Apaza Llusco, Casimira Lima de Apaza, Mercedes López de Apaza, Marcelina Collao de Apaza y Beneranda Apaza Choque de un lote de terreno ubicado en el ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 286.0800 ha, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0115983 (Conclusión II.1.), que posteriormente, conforme se verificó en la Conclusión II.4. de este fallo constitucional, fue objeto de división y partición entre los copropietarios. Asimismo, con relación a la ubicación de los predios arrimaron las Certificaciones emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, de 14 de marzo de 2019, a nombre de Mercedes López de Apaza, Tomás Apaza Maín, Manuel Apaza Quispe, Casimira Lima de Apaza, Elsa Apaza Choque; y, Beneranda Apaza Choque, acompañadas de planos de lotes visados, indicando que sus predios se encuentran ubicados en el ex fundo Milluni Bajo del Distrito Municipal 13 de la ciudad de El Alto (Conclusión II.8.), dejando entrever que se encuentra en el área urbana. De la referida documentación, se advierte que ambas partes, tanto los accionantes así como los particulares ahora accionados cuentan con títulos de propiedad registrados en la Oficina de DD.RR., aunque no son coincidentes respecto a la ubicación de los predios; ya que, el predio presuntamente avasallado de acuerdo a los documentos presentados por los accionantes sería una propiedad colectiva de la comunidad originaria Vilaque ubicado dentro de su territorio colectivo con una superficie de 15 900.0000 ha, que de acuerdo a la Certificación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, forma parte del Distrito Municipal 13 de esa ciudad; empero, estaría fuera del radio urbano, siendo por lo tanto una propiedad rural de orden colectivo poseída en lo proindiviso por sus afiliados. Mientras que el lote de terreno que reclaman los particulares hoy accionados se encuentra ubicado en la comunidad ex fundo Milluni Bajo con una superficie de 1 286.0800 ha, lo cual de acuerdo a la referida Certificación, también pertenece al Distrito Municipal 13 de esa ciudad, dejando entrever que está dentro del área urbana, siendo por consiguiente una propiedad privada de orden individual y urbana.
Asumiendo, que el predio presuntamente avasallado se encuentra ubicado en área rural, como parte del territorio de la comunidad originaria Vilaque, sería aplicable el entendimiento descrito en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que señala que el proceso judicial específico, idóneo y eficaz, tratándose de propiedades rurales es el proceso agrario por avasallamiento, previsto en la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, en la jurisdicción agroambiental. Aparte de ello, existiendo un conflicto de derecho propietario, conllevaría a denegar la tutela solicitada con el argumento de derechos controvertidos; sin embargo, los referidos argumentos no son aplicables al presente caso, debido a que cuando se denuncian las medidas de hecho no opera el principio de subsidiariedad, es decir, agotar las vías ordinarias existentes; aparte de ello advierte que los accionantes son miembros de un pueblo indígena originario campesino, como es la comunidad originaria Vilaque; es más, de la Conclusión II.6. de este fallo constitucional, se evidencia que todos los accionantes, son personas de la tercera edad con residencia en la citada comunidad; en consecuencia, pertenecen a grupos vulnerables, lo cual exige una actuación diferente conforme se delineó en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en sentido de que, cuando se trata de grupos vulnerables debe considerarse los escenarios de vulnerabilidad, con especial atención en la parte que en su relación con los otros grupos de la sociedad no se encuentra en igualdad de condiciones, como la situación de los pueblos indígenas originarios campesinos y las personas de la tercera edad, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, permitiendo nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciada, aplicando políticas de afirmación positiva, que si bien son iguales respecto del resto de las otras personas; empero, se encuentran materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, por varias situaciones que requieren protección reforzada por parte del Estado, traducidas en diversas acciones afirmativas y coherentes con el valor justicia y la equidad; en tal sentido la jurisprudencia constitucional, permitió la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad; hecho que convoca al Estado disminuir escenarios más penosos para estas personas, entre ellos los miembros de las NPIOC, así como los adultos mayores como el hecho de forzarles a iniciar procesos civiles y penales en la jurisdicción ordinaria, en las que tengan que lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos, con dispendiosos gastos económicos; por lo que, en atención a su situación de vulnerabilidad, corresponde si lo amerita el caso, proporcionar la tutela requerida de forma provisional, hasta tanto la parte que incurra en medidas de hecho y que cuenta con mejores condiciones económicas, siempre y cuando sean ajenas a la comunidad del que son miembros los accionantes, sean las que tengan que demostrar judicialmente la existencia y validez de sus derechos individuales dentro del territorio de una NPIOC. En ese sentido, los accionantes solicitaron la necesidad de una protección inmediata que brinda la acción de amparo constitucional, ante la gravedad de los hechos denunciados, por cuanto los particulares ahora accionados y otros desconocidos no solamente se encuentran ocupando de manera arbitraria e ilegal las viviendas y los predios agrícolas, sino también privando del ejercicio de las facultades de uso y goce, ya que de no concederse la tutela provisional; podría producirse un daño irremediable e irreparable en las viviendas y lotes agrícolas de los accionantes con la pérdida de sus sembradíos y de sus animales domésticos, mermando peligrosamente sus condiciones de vida, la cual justifica la necesidad de una protección inmediata y provisional. De lo expuesto, se concluye que los accionantes acreditaron el cumplimiento de los presupuestos previstos en la jurisprudencia constitucional para activar la protección inmediata que presta la acción de amparo constitucional ante las vías o medidas de hecho; puesto que, los particulares hoy accionados y otros desconocidos procedieron a ocupar arbitrariamente el bien inmueble que poseían sin que exista orden judicial o mandamiento de desapoderamiento que justifique el desalojo forzado del que fueron objeto, lo cual evidencia que continúan ocupando y se mantienen en las viviendas y predios agrícolas solamente con acciones de hecho; sin respaldo legal, privando a los accionantes no solamente del ingreso a sus viviendas sino del contenido esencial del derecho de propiedad y posesión colectiva, en la que el uso y goce del bien se traduce en actividades agrícolas y ganaderas en la comunidad; lo cual no está permitido dentro de un Estado Constitucional de Derecho, que asegura un mínimo de seguridad jurídica a sus habitantes, vulnerando de ese modo el derecho a la propiedad colectiva y de posesión individual de los accionantes, además de sus viviendas sociales en las que vivían. Asimismo, resulta evidente la vulneración del derecho al trabajo; toda vez que, los accionantes se dedicaban al trabajo agrícola y ganadero en los predios de la comunidad originaria Vilaque, del cual se encuentran privado por los particulares hoy accionados sin poder cosechar o cultivar sus productos, para generar ingresos económicos y alimenticios para la subsistencia de sus familias, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela provisional por estos derechos; hasta que los particulares u otros desconocidos demuestren su mejor derecho propietario en un debido proceso legal y contradictorio contra los accionantes, a menos que el mismo ya se encuentre iniciado, considerando que los particulares ahora accionados cuentan con mayores posibilidades que los accionantes. Otras consideraciones
Si bien la Vocal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por decreto de 28 de octubre de 2022, cursante a fs. 64, observó algunos aspectos de orden formal; empero, omitió considerar lo dispuesto por el art. 31.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “La Jueza, Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados”; en esa misma, línea el art. 35 del citado Código, como actuaciones previas, establece que: “2. La Jueza, Juez o Tribunal, de estimarlo necesario, ordenará la notificación para la audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores elementos de juicio, para dictarse resolución”; lo cual tampoco se advierte que sea cumplido en el Auto de Admisión de 10 de noviembre de igual año, cursante a fs. 90; ya que, recién en el desarrollo de la audiencia de consideración de esta acción de defensa, se percataron de la existencia de terceros interesados como ser las autoridades de la comunidad originaria Vilaque, que no fueron notificados, tomando en cuenta que se trata de una propiedad colectiva, tampoco las autoridades de la comunidad Milluni Bajo en la que presuntamente se encuentran ubicados los predios que reclaman los particulares ahora accionados de acuerdo a sus documentos de propiedad; que hubieron personas detenidas el día del avasallamiento, quienes podían ser convocados ante la indicada Sala Constitucional para que presten su declaración sobre los hechos; es más pudieron realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos, para verificar los actos de destrozo de las viviendas, la quema de pastizales y cultivos, deficiencias que trataron de cargarlos a los accionantes sin tomar en cuenta que son integrantes de un pueblo indígena originario campesino que poco o nada conocen de las lides de estos procesos. De lo descrito, se advierte que los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que conocieron el caso en primera instancia no actuaron conforme a la normativa procesal descrita, según la naturaleza y gravedad del caso, que exigía adoptar un rol más activo de las referidas autoridades jurisdiccionales para resolver con la debida diligencia, en el marco de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. Si bien dicha omisión podría acarrear un vicio de nulidad; empero, a fin de no dilatar aún más el caso, en perjuicio de los accionantes, se procederá únicamente a llamar severamente la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la citada Sala Constitucional, bajo advertencia de remitirse antecedentes al régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura, en caso de reincidencia en los mismos errores, exhortando a que en sus posteriores actuaciones cumplan con las normas procesales omitidas, actuando con la debida diligencia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 202/2022 de “24” -siendo lo correcto 25- de noviembre, cursante de fs. 253 a 256; pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela provisional con relación a los derechos a la propiedad colectiva, al trabajo y a la vivienda, disponiendo que Beneranda, Elsa, María Leonor y Santiago Cristóbal, todos de apellidos Apaza Choque y otros ocupantes no identificados en un plazo de cinco días calendario desocupen y entreguen las viviendas y predios agrícolas despojados a Policarpio Murga Huanca, Mario Pascual Maji Flores, Genaro Mamani Luque, Gerónimo Mamani Luque, Cosme Aruquipa Condori y Justo Germán Aruquipa Flores y cesen todo acto de perturbación, caso contrario se emita mandamiento de desapoderamiento y se ejecute con auxilio de la fuerza pública, manteniendo la custodia policial en el lugar; hasta tanto los particulares ahora accionados no logren demostrar su mejor derecho propietario en un proceso ordinario contra los accionantes, a menos que ya se hubiese iniciado por parte de los accionantes con el mismo objeto. 2° Llamar severamente la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes conocieron el caso en primera instancia, bajo advertencia de remitirse antecedentes al régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura en caso de reincidencia, exhortando a que en futuras actuaciones cumplan con las normas procesales aplicables al caso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0103_2024-S3.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9b432da3bf08b07e3b603084f72d497abdfd6fa889f0507e24839c522ced746e
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