B.IA.LEGAL

SCP 0102/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de abril de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49987-2022-100-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes a través de su representante legal, denuncian la vulneración de su derecho a la propiedad privada; puesto que, los hoy accionados avasallaron una parte del predio del cual son copropietarias junto con otros coherederos, habiendo ingresado a su lote de terreno el 20 de mayo de 2021, y procedieron a construir una casa rústica donde habitan y si bien es cierto que en “agosto” del indicado año abandonaron el predio debido a los deterioros del inmueble, provocados por el tornado, Darlene Isaura Muller Justiniano ahora accionada retornó a habitarlo en “diciembre” del referido año y en “enero” de 2022, también lo hizo Katriel Muller Justiniano hoy coaccionado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 133 a 141, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, y de Familia Cuarto de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos expuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional y su procedencia ante vías de hecho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0102/2024-S3 Sucre, 29 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49987-2022-100-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 04/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 133 a 141, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Annelise Bollweg Royo en representación legal de Elia Suarez Iriarte Vda. de Balcázar y Mirian Balcázar Suarez contra Darlene Isaura y Katriel ambos de apellidos Muller Justiniano.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Las accionantes a través de su representante legal, por memoriales presentados el 2 y 9 de agosto de 2022, cursantes de fs. 20 a 25; y, 28 y vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Junto con Héctor Balcázar Suarez, Ruth Balcázar Suarez, Marisol Balcázar Suarez y Ernesto Balcázar Suarez, son copropietarias de un lote de terreno de 22615.39 m, cuyo derecho propietario se encuentra inscrito en el registro de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la Matrícula Computarizada 8.02.1.01.0000027. Resulta que los hoy accionados, aprovechándose de la crisis de la pandemia y la edad avanzada que tienen, avasallaron una parte de sus tierras de aproximadamente “…28*43 metros cuadrados…” (sic) dentro del manzano 259 que limita con la propiedad del grupo aéreo. Ese avasallamiento se viene ejerciendo de forma continuada; ya que comenzaron con la construcción de una casa rústica el 20 de mayo de 2021; posteriormente en los “primeros días” de junio de citado año, ingresaron a vivir en esa vivienda para luego abandonarla en “agosto” del indicado año, debido al deterioro que sufrió la referida casa, a causa del tornado. Luego, el 18 de diciembre del referido año, construyeron también un baño e ingresó a habitarla Darlene Isaura Muller Justiniano hoy coaccionada, y en “enero” del año siguiente, lo propio hizo Katriel Muller Justiniano hoy coaccionado. Más adelante, el 15 de mayo del 2022, realizaron un pozo o noria rústica; y el 19 y 20 de julio del indicado año, colocaron un cerco de madera en la parte frontal. Respondiendo al llamado que le efectuó Katriel Muller Justiniano ahora coaccionado, el 21 de julio de 2022, se reunió con el nombrado; quien le pidió que por las supuestas mejoras que efectuó en el lote de terreno, se le cancele la suma de Bs4 000 (cuatro mil bolivianos) como condición para abandonar el predio.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Las accionantes a través de su representante legal denuncian la vulneración de su derecho a la propiedad privada; citando al efecto los arts. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 y 2 de la “Declaración de los Derechos Humanos”; 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 23 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene el desalojo de la parte del inmueble que se encuentra ocupado por los ahora accionados, sea mediante la fuerza pública; y, el pago de costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 127 a 132, se produjeron los siguientes actuados: Habiéndose propuesto prueba pericial e inspección ocular al terreno objeto de la litis, el Juez de garantías dispuso que se constituyan en el lugar donde se encuentra el predio en el lapso de diez minutos para proceder con dicha inspección. Reinstalada la audiencia en el predio objeto de esta acción tutelar, a las 11:53 horas -15 de agosto de 2022-, Katriel Muller Justiniano hoy coaccionado respondió a las preguntas formuladas por el Juez de garantías, señaló que tenía el cerco desde hace dos meses de ese año -se entiende 2022-, y que la noria es de hace un año; asimismo, que la casa se hizo en “mayo” de 2021, que entró a limpiar en el lote de terreno desde el 2017, tras el perjuicio que ocasionaban los reptiles y la maleza; y que su persona vive ahí, señalando su cuarto, su cama, “…mi cocina atrás está el baño y vivo con una cuidadora con tres niños” (sic).

Por su parte la abogada de las accionantes hizo notar que la calamina no data de dos años, la contextura de la madera tampoco data de dos años y que no hay pilastra de luz ni agua.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes a través de su abogado, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las personas particulares accionadas

Darlene Isaura y Katriel ambos de apellidos Muller Justiniano, mediante informe presentado el 15 de agosto de 2022, cursante de fs. 48 a 51 vta. y a través de su abogado en audiencia, manifestaron que: a) En el memorial de acción de amparo constitucional no existe un hilo conductor entre lo relatado y lo pedido por las accionantes, quienes solicitan el desalojo siendo que para tal finalidad existe un mecanismo intraprocesal civil; b) De acuerdo a lo expuesto en la presente acción tutelar, las accionantes confesaron que ya se inició una conciliación extrajudicial; por lo cual, ante el agotamiento de ese mecanismo debieron acudir a la conciliación judicial y no así de manera directa ante el mecanismo de defensa extraordinario; por lo cual, se presenta la causal de improcedencia de subsidiariedad; c) Al aseverar que avasallaron parte de sus tierras están dando cuenta de la comisión de un hecho delictivo, el cual debió ser puesto a conocimiento de la policía o la fiscalía; empero, hasta el momento no denunciaron; negligencia que no puede ser suplida por el Juez de garantías; d) El derecho propietario del lote de terreno se encuentra en discusión entre el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni y las accionantes; lo mismo que el derecho posesorio o de retención y la restitución de las mejoras conforme a los arts. 95, 97 y 98 del Código Civil (CC); e) Jamás se avasalló lote de terreno alguno o se tomó por vías de hecho la vivienda de las accionantes a través de lo cual se haya afectado los derechos fundamentales al hábitat, al agua, la energía eléctrica o internet u otro derecho; f) Las accionantes en ningún momento acreditaron el derecho propietario sobre el lote de terreno, ya que el folio real que presentaron se refiere a una superficie de 22615.39 m sin que se hallen delimitados los lotes, no acreditaron que ese lote de terreno les pertenezca, inclusive de su parte cuentan con certificaciones de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, que indican que a Darlene Isaura Muller Justiniano hoy accionada le correspondería realizar trámites para su titulación como propiedad municipal ya que el predio no pertenece a ninguna urbanización; asimismo, presentaron una certificación de barrio que les brindó el respaldo total de los vecinos y un informe del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta que acreditó que esa propiedad no pertenece a ninguna urbanización de Riberalta; g) Katriel Muller Justiniano hoy coaccionado, también señaló que es vecino del Barrio 6 de julio durante muchos años; asimismo, se observa la declaración de Roberto Carlos Leyes Morales a favor de las accionantes, ya que el nombrado trabaja en la oficina de Annelise Bollweg Royo -representante legal-; por otro lado, las fotografías que presentaron son del año pasado, cuando de manera abusiva Ernesto Balcázar Cuéllar ingresó a su casa utilizando “patta y chivo”, oportunidad en la que junto a diez “malvivientes” destruyeron su casa; es decir, son fotografías que por su parte sacaron y presentaron a la policía en la demanda que existe por ese hecho; en esa oportunidad también les robaron en su domicilio aprovechando la ausencia de su persona y de su hermana; por otra parte, las accionantes no mostraron ningún plano que sea legal y que haya sido solicitado a la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, tampoco demostraron su derecho propietario; empero, por su parte junto a su hermana iniciaron un “proceso” solicitando los predios y el “municipio” les respondió que los mismos son “municipales”; por lo que, en ningún momento hubo avasallamiento, ni desalojaron a nadie, más bien le dieron vida social a esos terrenos durante muchos años, en el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta no existe ninguna organización con el nombre de Adrián Balcázar Cuéllar; y, h) Por su parte Darlene Isaura Muller Justiniano ahora accionada, aclaró que en ningún momento avasallaron; sino que plantearon una demanda firmada por todos los vecinos ante el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni, para que se efectué una limpieza, ya que dicho predio hace treinta años era un monte, lleno de reptiles y antisociales; que en temporada de “…calor se prendía fuego…” (sic); asimismo, se buscó a la dueña de casa, quien nunca apareció; después que efectuaron el desmonte apareció Ernesto Balcázar Cuéllar, quien deshizo la casa aprovechando que su persona no se encontraba ahí; el Presidente del “distrito” les avaló el asentamiento, o sea no es como se dice que sean unos avasalladores. Por lo que, piden que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Bismark Taborga Roca, en su calidad de Presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) 6 de julio, mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2022, cursante a fs. 47 y vta., y en audiencia señaló que: 1) Es de conocimiento público que el lote de terreno ubicado en la Av. Nicanor Gonzalo Salvatierra, Barrio 6 de julio de Riberalta del departamento de Beni, que es objeto de la acción de amparo constitucional, pertenece a los herederos de Adrián Balcázar Cuéllar; es decir, a su esposa Elia Suarez Iriarte Vda. de Balcázar y Mirian Balcázar Suarez, entre otros; 2) Que el inmueble referido se encontraba desocupado hasta aproximadamente “abril” del pasado año -se entiende 2021-, mes en el que se hicieron mejoras y posterior asentamiento de los hoy accionados, desconociendo su persona bajo que título realizaron el asentamiento; y, 3) No tiene conocimiento de las acciones que tuvieron anteriormente; y que su persona hace dieciocho años, compró predios -se entiende un terreno- de la familia Balcázar Suarez, donde vive hace mucho tiempo, y finalmente referido a la “…certificación que ellos presentan, no es de mi conocimiento porque no era mi época” (sic).

I.2.4. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial, y de Familia Cuarto de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 133 a 141, concedió la tutela solicitada, disponiendo que los ahora accionados en el plazo de tres días restituyan el derecho a la propiedad del inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada 8.02.1.01.0000027, debiendo realizar la entrega voluntaria del bien inmueble bajo prevenciones de emitirse el correspondiente mandamiento de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública, con costas a favor de las accionantes, bajo los siguientes fundamentos: i) De la valoración de la prueba y lo manifestado por las partes en audiencia y en la inspección ocular, se evidencia que las accionantes ejercen derecho propietario o titularidad del bien demandado; si bien su registro de propiedad es general, no es menos cierto que el lote de terreno objeto de la litis es parte del registro de propiedad de la familia Balcázar Suarez, a la que pertenecen las accionantes, haciéndose constar que el folio real adjunto es actualizado y que cumple con el principio de publicidad; por lo cual, es oponible a terceros; y, ii) Las accionantes demostraron que al inmueble de su propiedad ingresaron los hoy accionados, tal es así que Katriel Muller Justiniano hoy coaccionado se encuentra en posesión del mismo, donde realizó mejoras, como ser el levantamiento de un cerco de madera, que es reciente; asimismo, una noria que fue cavada actualmente; de lo señalado en audiencia por los hoy accionados, se evidenció que los mismos ingresaron con el aval de asentamiento que les otorgó el Barrio 6 de julio; empero, ese aval no es un motivo suficiente para ingresar a una propiedad privada; tampoco se evidenció que cuenten con una orden judicial que les hubiese permitido el ingreso, menos que el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni lo hubiese avalado, siendo evidente que los ahora accionados ingresaron a un inmueble que contaba con un registro de derecho propietario, y que el mismo le pertenece a la familia Balcázar Suarez; en cuanto al justificativo expuesto de que el inmueble se encontraba vacío cabe aclarar que la “…parte accionada no se encontraba en posesión física del inmueble al momento de ingreso de los accionados…” (sic); empero, con su registro de derecho propietario vigente se encontraba revestida de una posesión civil del inmueble, lo que resulta suficiente para demostrar la posesión, tal como lo establece el “A.S. 80/2004”, que señala que el título otorga el corpus y el animus; y con ello el derecho de poder usar, gozar y disponer de la propiedad; cumpliéndose así los dos requisitos que demuestran las vías de hecho, conforme a lo señalado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre. En vía de complementación y enmienda, las accionantes y hoy accionados a través de sus abogados solicitaron al Juez de garantías fotocopia legalizada de todo el expediente, anunciando apelación los últimos nombrados. En mérito a esas solicitudes, el Juez de garantías dispuso que se franquee las fotocopias legalizadas a los solicitantes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan el Certificado de Registro de Propiedad de Inmueble, de 26 de julio de 2022, con Matrícula Computarizada 8.02.1.01.0000027, de un lote de terreno ubicado en Riberalta del departamento de Beni, con una superficie de 39970.39 m, cuya titularidad de dominio se halla registrada a nombre de Elia Suarez Iriarte Vda. de Balcázar, Mirian Balcázar Suarez, Ismael Balcázar Suarez, Héctor Balcázar Suarez, Ruth Balcázar Suarez, Marisol Balcázar Suarez y Ernesto Balcázar Suarez (fs. 5). II.2. Mediante memorial presentado el 2 de junio de 2022, ante el Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni, Annelisse Bollweg Royo, en su condición de abogada de Mirian Balcázar Suarez -hoy coaccionante-, pidió celeridad en la otorgación de la certificación solicitada respecto al predio ubicado en el manzano 259 de la urbanización Adrián Balcázar Cuéllar, Barrio 6 de julio (fs. 8). En respuesta al mismo, a través de la Nota U.P.R - 0252/2022 de 6 de junio, Wilson Sagredo Noguera, Jefe de Plan Regulador del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni, señaló que a solicitud de Anneliese Bollweg Royo, representante legal, de Mirian Balcázar Suarez -coaccionante-, se certifique que el referido predio motivo de la solicitud, según memorial presentado e inspección in situ, se encuentra ubicado dentro del radio urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, aprobado mediante “Ley Municipal Amazónica 040/2016” y homologada por Resolución Ministerial (RM) 106/16 de 4 de julio de 2016, en el manzano 259 de la urbanización de propiedad de Adrián Balcázar Cuéllar dentro de la jurisdicción territorial de “6 de julio”, según el plano existente en archivo de la Dirección de Sistema de catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni ( fs. 7). II.3. Mediante impresión de imagen del Mapa Georeferencial e impresiones de imágenes de una construcción se muestran deterioros; asimismo, de un cerco de madera (fs. 9, 10 y 11). II.4. Cursan Actas de Declaraciones Voluntarias 080/2022 y 079/2022 ambas de 26 de julio de 2022, prestadas por Roberto Carlos Leigue Morales y Delma Gonzales Chipana Vda. de Guzmán respectivamente, ante el Notario de Fe Pública 8 de Riberalta del departamento de Beni (fs. 13 y 14). II.5. Consta Acta Circunstancial de Verificación 31/2022 de 26 de julio, mediante la cual Boris Pacheco Barrios, Notario de Fe Pública 8 de Riberalta del departamento de Beni, dio cuenta que a solicitud verbal de Annelisse Bollweg Royo, representante legal de Mirian Balcázar Suarez -coaccionante-, se constituyó en el lote de terreno ubicado en la Av. Nicanor Gonzalo Salvatierra, Barrio 6 de julio de esa ciudad; inmueble de copropiedad de Mirian Balcázar Suarez, según el Certificado de Registro de Propiedad inmueble con Matrícula Computarizada 8.02.1.01.0000027 -vigente-; una vez en el lugar, pudo constatar la existencia de una casa de madera, misma que al parecer se encontraba habitada, ya que en el patio habían una serie de enseres, como ser antena satelital, mosquiteros, manteles colgados, una mesa y otros; asimismo, se evidenció que el inmueble se encontraba rodeado por un cerco de madera que cubría parte del perímetro del lote de terreno, dicho cerco no tenía una data antigua en razón a que la madera no se hallaba seca por el sol, también se observó que en el referido cerco existía una reja grande por la cual se accede al inmueble; y a través de la reja se observó una casa de madera en el interior y el patio; y a pedido de la solicitante se tocó la reja de madera a efecto de averiguar el nombre de la persona que se encontraba habitando el lugar (fs. 15). II.6. A través de las fotocopias de cédulas de identidad de Elia Suarez Iriarte Vda. de Balcázar -ahora accionante-, se advirtió que la misma nació el 12 de abril de 1943 (fs. 2); y, de Mirian Balcázar Suarez -coaccionante-, nació el 11 de noviembre de 1961 (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes a través de su representante legal, denuncian la vulneración de su derecho a la propiedad privada; puesto que, los hoy accionados avasallaron una parte del predio del cual son copropietarias junto con otros coherederos, habiendo ingresado a su lote de terreno el 20 de mayo de 2021, y procedieron a construir una casa rústica donde habitan y si bien es cierto que en “agosto” del indicado año abandonaron el predio debido a los deterioros del inmueble, provocados por el tornado, Darlene Isaura Muller Justiniano ahora accionada retornó a habitarlo en “diciembre” del referido año y en “enero” de 2022, también lo hizo Katriel Muller Justiniano hoy coaccionado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de amparo constitucional y su procedencia ante vías de hecho

La SCP 2076/2012 de 8 de noviembre, citando a la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: «…en un nuevo entendimiento constitucional afín a los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional respecto a las vías de hecho, estableció y delimitó los presupuestos de activación de esta acción tutelar frente a vías de hecho, señalando que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandados”; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra.

Con esos argumentos, precisó: 1) En cuanto a la flexibilización del principio de subsidiaridad frente a vías de hecho:

“Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiaridad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. 2) Respecto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela

La citada SCP 0998/2012, señaló que: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.

En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

En el marco de lo señalado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente; además, es imperante precisar que de manera específica, los 'avasallamientos', constituyen también vías de hecho, situación en la cual, cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir para 'avasallamientos', como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritas a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional, frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva”. En ese contexto, señaló que el control de constitucionalidad estableció cargas probatorias para el accionante frente a vías de hecho, lo cual fue desarrollado mediante la SC 0148/2010-R de 17 de mayo; empero, ésta fue modulada por la SCP 0998/2012, cambiando el entendimiento de la sentencia citada supra, considerando que la misma responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de interpretación armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.I de la CPE, que plasma el principio de favorabilidad, “…establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”». A su vez, la SCP 0727/2020-S2 de 1 de diciembre, haciendo referencia a la SCP 0042/2018-S2 de 6 de marzo, señaló que: “La jurisprudencia estableció las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías [3], menos aún la vía procesal penal, que tiene otro objeto procesal y finalidad [4]; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva [5]; 3) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos [6]; aclarando que, cuando las Sentencias Constitucionales 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la lesión de los mismos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial [7]; y, 4) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria [8]”.

III.2. Análisis del caso concreto

Las accionantes a través de su representante legal, denuncian la vulneración de su derecho a la propiedad privada; puesto que, los hoy accionados avasallaron una parte del predio del cual son copropietarias junto con otros coherederos, habiendo ingresado a su lote de terreno el 20 de mayo de 2021, y procedieron a construir una casa rústica donde habitan y si bien es cierto que en “agosto” del indicado año abandonaron el predio debido a los deterioros del inmueble, provocados por el tornado, Darlene Isaura Muller Justiniano ahora accionada retornó a habitarlo en “diciembre” del referido año y en “enero” de 2022, también lo hizo Katriel Muller Justiniano hoy coaccionado.

Antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde hacer referencia a los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen la acción de amparo constitucional, cuyo incumplimiento es alegado por los hoy accionados.

Conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional sistematizada en la SCP 0042/2018-S2 la acción de amparo constitucional puede ser activada de manera directa; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún la vía procesal penal, que tiene otro objeto procesal y finalidad. Consecuentemente, no es evidente que las accionantes hayan incumplido con el principio de subsidiariedad al haber activado la vía constitucional directamente; puesto que, al tratarse de vías de hecho debe hacerse abstracción de dicho principio, más aun si en este caso, las accionantes son personas de la tercera edad o adultas mayores (Conclusión II.6.), que al formar parte de un grupo poblacional que goza de protección reforzada en cuanto al acceso a la justicia, igualmente no se hallan compelidas a agotar otras vías para la protección de sus derechos, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1631/2012 de 1 de octubre, 0055/2013 de 11 de enero, 0757/2015-S2 de 8 de julio, 1062/2015-S1 de 3 de noviembre, entre otras. En lo que atañe al principio de inmediatez, la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que la acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; con la aclaración a lo que se refiere en la citada SCP 0727/2020-S2 que, “…cuando las Sentencias Constitucionales 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la lesión de los mismos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial”. En el caso que se examina, según lo relatado por las accionantes, el avasallamiento habría comenzado el 20 de mayo de 2021, y si bien se señala que los hoy accionados abandonaron el predio por un lapso determinado; sin embargo, retomaron la ocupación, la cual subsiste hasta la interposición de esta acción tutelar, lo cual implica que entre tanto no cese la ocupación, persiste la vulneración y por lo mismo no ha comenzado el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses; por lo que, igualmente se tiene por cumplido el principio de inmediatez. Ingresando al análisis de fondo, cabe precisar que conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación a la tutela provisional ante vías de hecho la jurisprudencia constitucional de forma reiterada ha señalado que la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho debe ser cumplida por el accionante. Específicamente cuando se denuncia avasallamientos de fundos urbanos o rurales, que afecta el derecho de propiedad conforme al entendimiento establecido en la SCP 0998/2012, se debe acreditar lo siguiente: a) La carga probatoria a ser realizada por el solicitante de tutela, debe ser acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria; y, b) La titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto que debe ser demostrado con el registro de propiedad. En el caso que se examina, consta Acta Circunstancial de Verificación 31/2022 de 26 de julio, a través de la cual Boris Pacheco Barrios, Notario de Fe Pública 8 de Riberalta del departamento de Beni, dio cuenta que a solicitud verbal de Annelisse Bollweg Royo, representante legal de Mirian Balcázar Suarez -coaccionante-, se constituyó en el lote de terreno ubicado en la Av. Nicanor Gonzalo Salvatierra, Barrio 6 de julio de esa ciudad; inmueble de copropiedad de Mirian Balcázar Suarez, según el Certificado de Registro de Propiedad inmueble con Matrícula Computarizada 8.02.1.01.0000027 -vigente-; una vez en el lugar, pudo constatar la existencia de una casa de madera, misma que al parecer se encontraba habitada, ya que en el patio habían una serie de enseres, como ser antena satelital, mosquiteros, manteles colgados, una mesa y otros; asimismo, se evidenció que el inmueble se encontraba rodeado por un cerco de madera que cubría parte del perímetro del lote de terreno, dicho cerco no tenía una data antigua en razón a que la madera no se hallaba seca por el sol, también se observó que en el referido cerco existe una reja grande por la cual se accede al inmueble; y a través de la reja se advirtió una casa de madera en el interior y el patio; y a pedido de la solicitante se tocó la reja de madera a efecto de averiguar el nombre de la persona que se encontraba habitando el lugar (Conclusión II.5.). La existencia de la construcción fue verificada por el Juez de garantías en la audiencia de inspección ocular llevada a cabo durante el desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, así como las impresiones fotográficas adjuntas (Conclusión II.3.), correspondiendo ello al inmueble objeto de esta acción de defensa, lo cual fue negado por los ahora accionados. El hecho de que fueron Darlene Isaura y Katriel ambos de apellidos Muller Justiniano hoy accionados, los que ingresaron a construir y a vivir en el lote de terreno de propiedad de las accionantes se acredita a través del informe presentado por Bismark Taborga Roca, en su calidad de Presidente de la OTB 6 de julio -tercero interesado-, quien dio cuenta que el inmueble referido se encontraba desocupado hasta aproximadamente “abril” del pasado año -refiriéndose al 2021-, mes en el que se hicieron mejoras y posterior asentamiento por parte de los hoy accionados, y que ignora a que título realizaron el asentamiento. Ese informe se halla corroborado por las declaraciones de Roberto Carlos Leigue Morales y Delma Gonzales Chipana, quienes dieron cuenta que el lote de terreno objeto de esta acción tutelar fue avasallado por Katriel Muller Jutiniano y su hermana Darlene Isaura Muller Justiniano hoy accionados (Conclusión II.4.); más aún que los nombrados en su informe señalaron que si bien alegan que no avasallaron; empero, manifestaron que ingresaron o se asentaron en el lote de terreno con el aval los vecinos del Barrio 6 de julio y en la inspección ocular Katriel Muller Jutiniano hoy coaccionado, admitió que vive en la casa construida en el terreno objeto de esta acción de defensa. Consecuentemente se encuentra acreditado el avasallamiento del lote de terreno por parte de los ahora accionados, terreno de copropiedad de las accionantes, lo cual constituye una vía de hecho; puesto que, los hoy accionados, al margen de todo mecanismo institucionalizado de administración de justicia, procedieron a ocupar un bien inmueble ajeno en el cual realizaron actos materiales que denotan su pretensión de dominio. El supuesto aval de los vecinos del Barrio 6 de julio para ingresar a ocupar un inmueble ajeno no forma parte de los mecanismos institucionalizados que establece el ordenamiento jurídico para la adquisición del derecho de propiedad sobre un bien inmueble urbano, como es el caso del lote terreno objeto de esta acción tutelar.

Asimismo, mediante Certificado de Registro de Propiedad de Inmueble, de 26 de julio de 2022, con Matrícula Computarizada 8.02.1.01.0000027, de un lote de terreno ubicado en Riberalta del departamento de Beni, con una superficie de 39970.39 m, cuya titularidad de dominio se halla registrada a nombre de Elia Suarez Iriarte Vda. de Balcázar, Mirian Balcázar Suarez, Ismael Balcázar Suarez, Héctor Balcázar Suarez, Ruth Balcázar Suarez, Marisol Balcázar Suarez y Ernesto Balcázar Suarez (Conclusión II.1.). Consecuentemente, se encuentra acreditada la titularidad de dominio sobre el predio objeto de esta acción tutelar de las accionantes en copropiedad a otras personas, con la aclaración de que la superficie avasallada es inferior a la que se consigna en el título registrado en DD.RR. lo cual no desvirtúa la demostración del derecho propietario. Ahora bien, estando cumplida la carga de la prueba por parte de las accionantes, en cuanto a la acreditación objetiva de las medidas de hecho consistente en el avasallamiento de su bien inmueble; así como la titularidad del dominio registrado en DD.RR., resulta evidente que Darlene Isaura y Katriel ambos de apellidos Muller Justiniano, ahora accionados en primer lugar, quebrantaron el principio de Estado Constitucional de Derecho; toda vez que, ejerciendo justicia por mano propia de forma arbitraria pretenden tomar para si un bien inmueble que le pertenece en copropiedad con otros coherederos a Elia Suarez Iriarte Vda. de Balcázar y Mirian Balcázar Suarez -accionantes-; y en segundo lugar, vulneraron el derecho a la propiedad privada; puesto que, en lugar de abstenerse de realizar cualquier acto en contra del mismo, efectuaron actos materiales de dominio de una casa de madera, cerco de madera y el cavado de una noria o pozo. Dichos actos materiales, que denotan objetivamente pretensiones de dominio de los hoy accionados sobre el referido lote de terreno, evidentemente restringen de forma arbitraria el ejercicio pleno del derecho de propiedad privada de las accionantes sobre su bien inmueble avasallado; razón por la cual, corresponde conceder la tutela respecto al derecho a la propiedad privada. En consecuencia; el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 133 a 141, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, y de Familia Cuarto de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos expuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0102_2024-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 460dc7717b29c4a933e739405812f7384ecd3a20635ef074fcde6f56382a21ff

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