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SCP 0101/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56720-2023-114-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que fue aprehendida por orden de Glynis Javornik Fabián Suppes, Fiscal de Materia de turno, por la presunta comisión del delito previsto en el art. 208 del CP, permaneciendo desde entonces detenida en celdas de la FELCC de la ciudad de El Alto, sin que el Fiscal de Materia ahora demandado presente imputación formal ni comunique el inicio de investigaciones al juez de instrucción penal de turno, de manera que la causa carece de control jurisdiccional y, al excederse los plazos legales para iniciar investigaciones y mantenerla privada de libertad, su detención deviene en ilegal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la carga de la prueba en la acción de libertad cuando se denuncia falta de control jurisdiccional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0101/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56720-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yaco Leonel Conde Guachalla en representación sin mandato de María Luisa Benítez Chávez contra Luis Alberto Bayón Arequipa, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 7 a 8 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue aprehendida por orden de Glynis Javornik Fabián Suppes, Fiscal de Materia, por la presunta comisión del delito previsto en el art. 208 del Código Penal (CP), encontrándose desde entonces privada de libertad en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Policía Boliviana de El Alto del departamento de La Paz; no obstante, Luis Alberto Bayón Arequipa, Fiscal de Materia -hoy demandado-, no presentó imputación formal ni comunicó el inicio de investigaciones al juez de instrucción penal de turno, por lo que la causa carece de control jurisdiccional. A la fecha y hora de interposición de la acción tutelar, se excedieron los plazos legales para iniciar investigaciones y para mantenerla privada de libertad, de modo que su detención deviene en ilegal.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso en su vertiente celeridad; citando al efecto los arts. 23.I, 115 y 178 y 180.I. de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al Fiscal de Materia demandado que resuelva de inmediato su situación jurídica dentro del caso y se libre mandamiento de libertad a su favor; y, b) Remitir antecedentes al Fiscal Departamental de La Paz y al “Consejo de la Magistratura” para que se inicie el correspondiente proceso disciplinario contra la autoridad fiscal demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de julio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 13, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante ni su abogado se hicieron presentes en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su legal notificación cursante a fs. 10.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Luis Alberto Bayón Arequipa, Fiscal de Materia no asistió ni presentó informe alguno pese a su legal notificación cursante a fs. 11.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por Resolución 30/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 14 a 15 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes solo se acredita una orden de citación emitida por la Fiscal de Materia de turno para que la accionante preste declaración informativa, habiéndose dispuesto su aprehensión; sin embargo, no se acompañó ningún mandamiento de aprehensión ni consta con precisión la fecha y hora de esa actuación, ni otros elementos que permitan verificar el incumplimiento del art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) No existe adecuada fundamentación de la acción de defensa, ni informe escrito de la autoridad fiscal demandada, ni su comparecencia para explicar los hechos. Tampoco se tiene certeza de que la impetrante de tutela haya continuado detenida más allá de las veinticuatro horas o de que se hubiera presentado imputación con solicitud de medidas cautelares; y, 3) Al tratarse solo de indicios y suposiciones, no es posible constatar una vulneración de los derechos a la libertad o al debido proceso de la peticionante de tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 21), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 25) y notificado a las partes procesales el 18 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa actuado fiscal de 26 de julio de 2023 por el cual, en atención al informe de acción directa elaborado por funcionarios policiales de la FELCC, referido a un operativo de control y prevención de contrabando de hidrocarburos en el que se constató la existencia de un taller que ofrecía servicios vinculados a conversión y recalificación a GNV sin licencias de funcionamiento, se consignó que, en esa misma fecha, aproximadamente a horas 17:30 “…se procede a la aprehensión de la ciudadana María Luisa Benítez Chávez…” (sic) y al arresto de otra persona, disponiéndose su traslado a dependencias de la FELCC Satélite; asimismo, se dispone la apertura del caso y se ordena al investigador asignado la realización de actos investigativos dentro de la investigación por el delito de peligro de estrago (fs. 4).

II.2. Consta orden de citación de 26 de julio de 2023, por la cual Glynis Javornik Fabián Suppes, Fiscal de Materia de turno, ordenó la citación formal de María Luisa Benítez Chávez -ahora accionante-, a objeto de que preste su declaración informativa en calidad de sindicada (fs. 5).

II.3. Se tiene impresión de captura de pantalla del sistema “Justicia Libre”, del cual se observa que en el apartado “DETALLES DEL CASO” se consigna el Código Único de Denuncia (CUD) 201502022306470 y, como datos asociados, Departamento: La Paz; Municipio: El Alto; Oficina: Fiscalía-La Paz-El Alto; División: Fiscalía Especializada en Solución Temprana; Fiscal: Luis Alberto Bayón Arequipa -hoy demandado- y registra como fecha y hora: “27/07/2023 14:28.34”, figurando el apartado “JUZGADO” sin registro visible (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que fue aprehendida por orden de Glynis Javornik Fabián Suppes, Fiscal de Materia de turno, por la presunta comisión del delito previsto en el art. 208 del CP, permaneciendo desde entonces detenida en celdas de la FELCC de la ciudad de El Alto, sin que el Fiscal de Materia ahora demandado presente imputación formal ni comunique el inicio de investigaciones al juez de instrucción penal de turno, de manera que la causa carece de control jurisdiccional y, al excederse los plazos legales para iniciar investigaciones y mantenerla privada de libertad, su detención deviene en ilegal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la carga de la prueba en la acción de libertad cuando se denuncia falta de control jurisdiccional

Este Tribunal ha precisado que, si bien la acción de libertad se rige por el principio de informalidad, ello no exime a la parte accionante de presentar las pruebas que tenga en su poder, o de señalar la ubicación de éstas, a efectos de acreditar la existencia del acto lesivo que denuncia, de forma tal que la autoridad jurisdiccional de garantías pueda constatar el presunto acto lesivo alegado. En la misma línea, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo estableció que: “Si bien es cierto que […] el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión”. En ese sentido, la SC 0066/2010-R de 3 de mayo señaló, al respecto del principio de informalidad, que: “Del contenido de la disposición constitucional transcrita, se concluye que uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión”. Esta exigencia, conforme la jurisprudencia citada, responde a la necesidad estipulada en la SCP 1108/2023-S3 de 6 de diciembre, que a su vez señala las SSCC 1726/2011 de 7 de noviembre, haciendo referencia a la 0315/2003-R de 18 de marzo, que refieren: “…el fallo del recurso debe obedecer a la certeza plena de que realmente existió o no la vulneración del derecho a la libertad física…”.

Por su parte, la SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero precisó que existen casos en los que la problemática planteada “…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…”.

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso bajo examen, la accionante sostiene que fue aprehendida por orden de Glynis Javornik Fabián Suppes, Fiscal de Materia de turno, y privada de libertad en celdas de la FELCC de la ciudad de El Alto más allá de los plazos legales, sin imputación formal ni control jurisdiccional, que se alega como omisiones de la autoridad fiscal demandada, lo que habría lesionado su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso en su vertiente celeridad. De la revisión de los antecedentes, se advierte que la impetrante de tutela acompañó una impresión simple de captura de pantalla del Sistema “Justicia Libre” del Ministerio Público, del cual se observa que en el apartado “DETALLES DEL CASO”, relativo al CUD 201502022306470, se consignan como datos asociados: Departamento La Paz; Municipio: El Alto; Oficina: Fiscalía-La Paz-El Alto; División: Fiscalía Especializada en Solución Temprana; Fiscal Luis Alberto Bayón Arequipa, registrándose como marca de tiempo “27/07/2023 14:38:24”; observándose, además, que el título “JUZGADO” figura sin registro visible (Conclusión II.3). No obstante, dicho elemento no resulta suficiente para acreditar la lesión alegada relativa a la ausencia de control jurisdiccional por falta de aviso y al vencimiento de plazos, pues si bien la captura permite advertir que el apartado “JUZGADO” figura sin registro, ello no equivale a una constatación objetiva de que el Ministerio Público no hubiera comunicado el inicio de investigaciones a la autoridad jurisdiccional competente dentro del plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 298 del CPP. En efecto, la propia marca de tiempo consignada en la captura -“27/07/2023 14:38:24”- se encuentra dentro del referido plazo, si se considera que el actuado fiscal descrito en la Conclusión II.1 consigna que la aprehensión se produjo el 26 de julio de 2023 a horas 17:30; por lo que, aun asumiendo la veracidad del registro, este elemento no acredita, por sí mismo, el vencimiento del término legal ni la omisión atribuida a la autoridad fiscal demandada ni la ausencia efectiva de control jurisdiccional al momento de la interposición de la acción tutelar.

A ello se suma que ni la accionante ni su abogado se hicieron presentes en la audiencia de consideración de la acción de libertad, a pesar de su legal notificación, circunstancia que impidió precisar o complementar sus alegaciones fácticas; y, si bien el Fiscal de Materia demandado tampoco compareció ni remitió informe alguno, tal circunstancia no habilita por sí sola la procedencia de la tutela, máxime cuando la parte accionante no solo omitió acompañar elementos mínimos sobre la supuesta detención ilegal, sino que tampoco cumplió con precisar, conforme al art. 33.7 del CPCo, el lugar donde se encontraría la prueba que respalda sus afirmaciones. Finalmente, conforme al estándar desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1, el principio de informalidad no exime a la parte impetrante de tutela de aportar elementos idóneos que permitan establecer con certeza la continuidad de la privación de libertad al momento de interponer la acción de libertad; el vencimiento de los plazos legales aplicables; y, la ausencia efectiva de control jurisdiccional derivada de una falta de aviso o de inactividad atribuible a las autoridades de persecución penal. En el caso de autos, al no existir elementos suficientes para constatar objetivamente esos extremos, la denuncia se sustenta en inferencias que no pueden ser resueltas en sede constitucional por la naturaleza sumaria de esta garantía; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 28 de julio, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0101_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 125b35ace10c0d2a01a38364c00696f416f6699d3cccb3f39dfea3c7dd4aeca7

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