Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; en su elemento celeridad, así como, su derecho a la libertad, toda vez que, el Juez demandado, no determinó la extinción de la acción penal por cumplimiento de la medida socioeducativa de régimen de internamiento -por el tiempo de tres años-, siendo que la accionante se encuentra privada de libertad desde el 23 de julio de 2020. Ante ello, la autoridad demandada no asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, ni presentó informe escrito. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57209-2023-115-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 009/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonny Lamas García en representación sin mandato de AA y su madre Máxima Mamani Churata contra Vladimir Rocha Chugar, Juez Público Mixto Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante a fs. 1; y, 6 a 7 vta., las accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:
Dentro del proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, tipificado en el art. 251 en relación al art. 8 del Código Penal (CP), el 23 de julio de 2020, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social “COMETA”. Posteriormente, mediante Sentencia Condenatoria 016 de 12 de marzo de 2021, Vladimir Rocha Chugar, Juez Público Mixto Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, determinó la imposición de medidas socioeducativas bajo régimen de internamiento, con restricción de libertad por el lapso de tres años, conforme a lo previsto en el art. 331 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).
Es así que, el 20 de julio de 2023, solicitó “extinción de la acción penal”, -siendo lo correcto extinción de la pena- por cumplimiento de la medida y la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, bajo el argumento de haber cumplido íntegramente la medida socioeducativa impuesta. No obstante, el 25 del mismo mes y año, su madre se constituyó en dependencias del referido juzgado, donde se le informó que no fue emitido el mandamiento de libertad. En ese marco, cuestiona que la autoridad demandada incurrió en una dilación indebida al no emitir el mandamiento de libertad prolongando de manera ilegal su privación de libertad, pese a que dicha autoridad tiene conocimiento de que ingresó en el Centro de Reintegración Social “COMETA” el 23 de julio de 2020, y a la fecha -se entiende de la presentación de esta acción de libertad- cumplió de forma satisfactoria los tres años de internación dispuestos. Tal omisión vulnera el debido proceso reconocido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los arts. 273.f y j; y, 346.a y b del CNNA, que le facultan a verificar de oficio el cumplimiento de la medida socioeducativa y a emitir la resolución correspondiente y el mandamiento de libertad.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento celeridad y a la libertad, citando al efecto el art. 115.II de la CPE.
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene que, el Juez demandado, determine la “extinción de la acción penal” por cumplimiento de la medida socioeducativa de régimen de internamiento; disponiendo que, en el día, se emita el mandamiento de libertad para AA, quien se encuentra privada de libertad en el Centro de Reintegración Social “COMETA” desde el 23 de julio de 2020.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 37, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Vladimir Rocha Chugar, Juez Público Mixto Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni presentó informe escrito; cursando diligencia de citación a fs. 15.
Jair Jesús Mérida Murillo, Fiscal de Materia, en audiencia sostuvo que: a) No entendió el pedido realizado por las accionantes, siendo que, los fundamentos fueron incongruentes; b) No se cumplió con los presupuestos requeridos de la acción de libertad; y, c) No escuchó argumentación alguna respecto del art. 75.4 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que establece normativa en relación a los menores de edad imputables y si se cumplió con el cómputo de los tres años de la condena.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 009/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 38 a 41, denegó la tutela solicitada, con base en que no se advirtió vulneración al debido proceso vinculado a la libertad; debido a que, en el expediente judicial, no cursa elemento alguno que refleje el cumplimiento de lo determinado en la Sentencia Condenatoria 016 de 12 de marzo de 2021; por lo que, la presente acción de libertad, se interpuso, sin cumplir con los requerimientos previos que dispuso la autoridad judicial demandada, y sin agotar recursos intraprocesales que serían adecuados para restituir el derecho a la libertad. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la parte accionante, solicitó se aclare si se notificó al Centro de Reintegración Social “COMETA”, a efecto de dar respuesta a lo requerido por el Juez de la causa, siendo que, aparentemente la notificación se realizó un día domingo. Ante ello, la Sala Constitucional sostuvo que, dicha petición no fue objeto de alegación en la demanda tutelar; por lo que, determinó, no ha lugar a la solicitud realizada.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión del plazo a efectos de contar con mayores elementos de convicción para la emisión de un fallo imparcial y debidamente fundamentado en el marco del art. 7 del Código Procesal Constitucional (CPCo); reanudándose el mismo, mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 y notificado a las partes procesales el 18 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia Condenatoria 016 de 12 de marzo de 2021, emitido por Vladimir Rocha Chugar, Juez Público Mixto Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba -ahora demandado- se dispuso régimen de internamiento contra AA por ser autora de la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, además de la aplicación y cumplimiento de medidas socioeducativas con restricción de libertad en apego al art. 324.III del CNNA por el tiempo de tres años (fs. 18 a 19 vta.).
II.2. A través de Informe CITE: IP/COMETA/80/2023 de 12 de junio, Sheila Ana María Martínez Alarcón, educadora 1 del programa COMETA, informó que, AA tenía una permanencia de dos años, diez meses y veintiún días en el Centro de Reintegración Social Molles Programa COMETA - SEDEPOS (fs. 22).
II.3. Por memorial presentado el 20 de julio de 2023, Jankarla Mejía Galarza, abogada de Defensa de Niños y Niñas Internacional-DNI Bolivia filial Cochabamba, conforme el art. 274 del CNNA, se apersonó y solicitó a la autoridad judicial, la extinción de la acción penal por cumplimiento de la medida y consiguiente archivo de obrados, así como la emisión del mandamiento de libertad en el día (fs. 31 a 32).
II.4. Mediante providencia de 21 de julio de 2023, dictado por el Juez demandado se dispuso que, se acompañe el informe de permanencia actualizado, así como el informe de cierre del PIEM, mediante comisión instruida (fs. 33).
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; en su elemento celeridad, así como, su derecho a la libertad, toda vez que, el Juez demandado, no determinó la extinción de la acción penal por cumplimiento de la medida socioeducativa de régimen de internamiento -por el tiempo de tres años-, siendo que la accionante se encuentra privada de libertad desde el 23 de julio de 2020. Ante ello, la autoridad demandada no asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar, ni presentó informe escrito. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del estado en su art. 115.II, establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por otro lado, los arts. 178.I y 180.I señalan que, uno de los principios, entre otros, en los que sustenta la administración de justicia, es la celeridad, convirtiéndose este en un elemento medular del debido proceso, es decir que, la tramitación de una causa judicial o administrativa debe llevarse a cabo sin demoras innecesarias.
En relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas son añadidas).
Establecido el objeto procesal de la presente acción tutelar, y previo a ingresar a su consideración y análisis, corresponde precisar los antecedentes fácticos de los que emerge. En ese entendido, de la revisión de la documentación que cursa en el expediente -descrita en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional- se establece que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, se emitió Sentencia Condenatoria 016 de 12 de marzo de 2021, con régimen de internamiento contra AA -hoy accionante- declarándola autora del ilícito y disponiendo, además, la aplicación y cumplimiento de medidas socioeducativas con restricción de libertad, en apego a lo previsto por el art. 324.III del CNNA, por el tiempo de tres años (Conclusión II.1). Posteriormente, la abogada de Defensa de Niños y Niñas Internacional -DNI Bolivia, filial Cochabamba, solicitó ante Juez ahora demandado, la extinción de la acción penal y la consiguiente emisión del mandamiento de libertad (Conclusión II.3). Bajo tales antecedentes, resulta relevante considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el entendido de que, si bien en el expediente cursa un informe que certifica que la menor AA registra una permanencia de dos años, diez meses y veintiún días en el Centro de Reintegración Social Molles - Programa COMETA del SEDEPOS (Conclusión II.2), dicho documento no constituye un medio idóneo para acreditar el cumplimiento íntegro de la medida impuesta, en tanto no consigna de manera expresa que se hubieran cumplido los tres años establecidos en la Sentencia referida ut supra. Por otro lado, corresponde señalar que, mediante providencia de 21 de julio de 2023, la autoridad judicial demandada dispuso la tramitación de un informe de permanencia actualizado, así como del informe de cierre del PIEM, a través de comisión instruida (Conclusión II.4), señalando expresamente que “…y con su resultado se proveerá, ordenando en lo principal por secretaria se expida el MANDAMIENTO DE LIBERTAD ‘ipso facto’, la extinción de la Acción Penal, y el ARCHIVO DE OBRADOS…” (sic). En ese contexto fáctico, se evidencia que la solicitud de extinción de la acción penal y correspondiente emisión del mandamiento de libertad se encontraban pendiente de trámite, supeditadas a la recepción de la documentación dispuesta. En ese sentido, si bien la celeridad en la consideración, tramitación y eventual emisión del mandamiento de libertad resulta exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, debe advertirse que dicha actuación depende también de la proactividad y diligencia de las instituciones y del personal operativo involucrado en la ejecución material de las decisiones judiciales. En esa línea, la SCP 0121/2025-S2 de 14 de marzo, reflexionó sobre la necesidad de “Un sistema integral de información penitenciaria y judicial facilitaría la labor de los jueces de ejecución penal, quienes podrían acceder en tiempo real a datos precisos sobre: 1) Fechas exactas de ingreso y egreso de los internos a establecimientos penitenciarios; 2) Períodos cumplidos bajo regímenes de detención preventiva y detención domiciliaria; 3) Beneficios por redención de pena conforme a la normativa vigente; 4) Resoluciones judiciales que modifican la situación procesal de los imputados o condenados; 5) Cumplimiento de medidas sustitutivas o alternativas a la detención preventiva; y, 6) Registros de conducta y participación en programas de rehabilitación…”, exhortándose en dicho fallo constitucional al Consejo de la Magistratura, a la Dirección General de Régimen Penitenciario dependiente, al Ministerio de Gobierno, al Órgano Judicial y a la Policía Boliviana a la implementación de dicho sistema, circunstancia que, a la fecha, no se ha materializado. En consecuencia, no resulta reprochable a la autoridad judicial demandada no haber librado en el día el mandamiento de libertad solicitado, cuando no le constaba de manera fehaciente el cumplimiento íntegro de la medida impuesta, situación atribuible a deficiencias estructurales del sistema de justicia, y no a una actuación arbitraria o negligente de la autoridad demandada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0100_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): dbd9aaf46e7fbe882393bc0dd08e4c621cf1dbf5712402074cd469f36aa03635
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →