Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 20 de marzo de 2025
Deniega la tutela
La accionante denunció la vulneración del debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y seguridad jurídica; así como el derecho al trabajo, al salario justo, a la vida, a la salud y a la seguridad social; puesto que, la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, agradeció sus servicios sin especificar cual la causal de desvinculación laboral, además de no haberse seguido ningún proceso administrativo interno en su contra; no obstante, haber denunciado el despido ante la Jefatura de Trabajo de El Alto, dicha instancia a través del Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022, indicó sin ninguna fundamentación ni motivación que no tendría competencia para tratar su situación, por lo que debía acudir ante la autoridad jurisdiccional; desconociendo al igual que la entidad edil, que en su causa corresponde la aplicación de la Ley 321. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes, con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 212/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 306 a 310, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2025-S4 Sucre, 20 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 53362-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 212/2022 de 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 306 a 310 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Verónica Rosario Callata Apaza contra Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa; Percy Apaza Huañapaco, Director de Talento Humano; ambos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz; y, Mary Elizabeth Velasco Bautista, Jefa Regional de Trabajo a.i. de El Alto de la Jefatura Departamental de La Paz.
Por memoriales presentados el 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 47 a 51; y, de subsanación de 3 de noviembre de igual año (fs. 54 a 55), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Por Memorándum DCH/0264/14 de 17 de julio de 2014, fue designada como Técnico Administrativo IV en la Sub Alcaldía del Distrito Municipal 5 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del citado departamento; posteriormente, a través de Memorándum DTH/R/01300/2022 de 3 de enero, fue reasignada al cargo de Técnico Administrativo B. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2022 fue notificada por el personal de la Dirección de Talento Humano de la referida entidad municipal, con el Memorándum DTH/B/398/2022; por el cual, se le agradeció funciones, sin establecer cual la causal de desvinculación laboral; además de no haberse seguido ningún proceso administrativo interno en su contra.
Consecuentemente, presentó denuncia ante la Jefatura Regional del Trabajo de El Alto; instancia que llevó a cabo una audiencia de conciliación el 27 de septiembre de 2022; no obstante, el representante de la citada institución gubernamental, se opuso a su reincorporación sin justificar o fundamentar el por qué, limitándose a señalar que el 8 de junio de 2009, su persona hubiera ingresado a trabajar como Técnico Administrativo I en la Dirección de Educación de la señalada Gobernación Municipal, puesto laboral que no se rige por la Ley General del Trabajo y menos por la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012; y, que en el ejercicio de dichas funciones habría recibido quince Memorándums por abandono. Como resultado de la mencionada audiencia de conciliación, la Inspectora de Trabajo de El Alto, emitió el Informe METPS-JDT LP-JRTEA-IHF-01013-INF/22 de 29 de septiembre de 2022, señalando que dicha instancia laboral, no tendría facultades para dirimir hechos controversiales, por lo que debía hacer uso de los recursos que prevén las normas de responsabilidad por la función pública. En consecuencia, la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, emitió el Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022 de 7 de octubre, indicando sin ninguna fundamentación ni motivación que, no tendría competencia para tratar su situación, por lo que debía acudir ante la autoridad jurisdiccional; sin aplicar “la resolución Ministerial N° 868/2010 que establece procedimiento para su reincorporación y el Decreto Supremo N° 28688 determina principio del indubio pro operario” (sic). En ese marco, señala que tanto el Memorándum DTH/B/398/2022 como el Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022, habrían lesionado no solo sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; sino, los de su hijo, para quien es madre y padre.
La accionante alegó la lesión del debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y a la seguridad jurídica; así como, al trabajo, al salario justo, a la vida, a la salud y a la seguridad social; citando al efecto, los arts. 15, 35, 37, 46, 48, 50, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Memorándum DTH/B/398/2022 de agradecimiento de funciones, ordenando su reincorporación al mismo puesto de trabajo que ocupaba, más el pago de sueldos devengados.
Consta actas de suspensión de audiencia de 17 de noviembre y 2 de diciembre de 2022 cursantes a fs. 237 y vta.; y, 301, respectivamente, la primera a petición de la parte accionante; y, la segunda debido a que se estaría llevando adelante otro acto procesal pendiente. Celebrada la audiencia pública el 5 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 302 a 305 vta., presentes la impetrante de tutela y las autoridades demandadas, ambos asistidos por sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló lo siguiente: a) Fue incorporada a la Ley General del Trabajo a través de Memorándum DCH/0265/14 de 17 de julio de 2014, por lo que mal podría referirse a relaciones contractuales pasadas; el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, reglamenta cual el procedimiento para la desvinculación del personal sujeto al régimen establecido en la citada Ley; por ello, es que se acudió a la oficina del Trabajo pidiendo una conciliación; no obstante en dicha instancia también se desconoció la norma laboral aplicable en su caso; y, b) En ningún momento ejerció como profesional dentro de la entidad municipal, sino como Técnico Administrativo; aspecto que, no consideró la Jefatura del Trabajo a tiempo de emitir el Auto ahora cuestionado; pues, señaló que, “entre el derecho y la supuesta o supuesto título o licenciatura no podría determinar, establecer la reincorporación o emitir la conminatoria de incorporación” (sic).
Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz a través de sus representantes legales, mediante informe escrito presentado el 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 177 a 178 vta.; así como en audiencia manifestó lo que sigue: 1) La accionante no individualizó cual es el acto ilegal u omisión indebida que se le atribuye; 2) De los antecedentes se verificó que, la impetrante de tutela hubiera solicitado su reincorporación ante la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, trámite que dio lugar a la emisión de un inicial Auto de Declinatoria del conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria por la existencia de hechos controvertidos; sin que la referida hubiera formulado recurso alguno contra dicha determinación; 3) La solicitante de tutela arguye que su despido hubiese sido intempestivo; sin embargo, debe tenerse presente que su ingreso a la entidad municipal, fue bajo la modalidad de contrato de servicios de personal eventual y en calidad de profesional de la Dirección de Educación; ya que, el 8 de junio de 2009 fue designada en el cargo de Administrativo I de la Dirección de Promoción al Estudio; posteriormente, reasignada primero al cargo de Administrativo I – Coordinador, y finalmente al puesto de Técnico Administrativo B; demostrándose con ello, que en ningún momento ingresó por Convocatoria Pública, selección de personal o examen de competencia, siendo por ello funcionaria de libre nombramiento; y, 4) Se sigue en contra de la accionante un proceso penal por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, que a la fecha se encuentra en etapa preliminar. Percy Apaza Huañapaco, Director de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del citado departamento a través de sus asesores legales, mediante Informe GAMEA/DTH/UAL/JCCR/047/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 59 a 64, así como en audiencia manifestó que: i) La accionante ingresó a trabajar como profesional, acreditando un perfil académico de licenciatura en educación; ii) La impetrante de tutela, incurrió en muchas faltas del Reglamento Interno de Personal, de ahí la emisión de varios Memorándums de llamada de atención emitidos en su contra; iii) El 2 de septiembre de 2022, se emitió Memorándum de Agradecimiento de Servicios, debido a un informe emitido por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que refiere que su título de licenciatura sería falso; iv) La Jefatura de Trabajo de El Alto, estableció que el solicitante de tutela acuda ante la autoridad jurisdiccional competente, para la resolución de su conflicto; y, v) Frente a lo decidido por la instancia administrativa laboral, la solicitante de tutela no interpuso recurso de impugnación alguno. Mary Elizabeth Velasco Bautista, Jefa Regional de Trabajo a.i. de El Alto de la Jefatura Departamental de La Paz, mediante informe presentado el 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 231 a 236 vta. y en audiencia señaló que: a) Mediante Hoja de Ruta 2022-46102, la accionante interpuso denuncia por despido ilegal en contra del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, solicitando se disponga su reincorporación; consecuentemente, citó a ambas partes para establecer la procedencia o no de lo acusado; b) En dicho acto, la impetrante de tutela manifestó que, el 8 de junio de 2009 ingresó a trabajar a la instancia edil, como Administrativo I; el 1 de octubre de 2012, la designaron como Coordinadora de la Dirección de Educación; el 17 de julio de 2014, fue reasignada al cargo de Técnico Administrativo IV de la Unidad de Infraestructura Educativa; y, el 3 de enero de 2022, le otorgaron el cargo de Técnico Administrativo B, Cajera en la Sub Alcaldía Distrito Municipal 5 de la referida entidad gubernamental, indicándole en el memorándum que estaría sujeta a lo dispuesto por la Ley 321; c) Por su parte, el representante legal de la instancia edil señaló que, la accionante ingresó a trabajar en el cargo de profesional de la Dirección de Educación el 8 de junio de 2009, ejerciendo el mismo hasta la gestión 2015; tiempo en el que incurrió en varias faltas, acumulando quince memorándums de llamada de atención; empero, las autoridades de entonces, no iniciaron proceso administrativo en su contra; no obstante, el puesto asignado no estaría amparado por la Ley General de Trabajo y mucho menos por la Ley 321; finalmente refirió que, de la revisión de la hoja de vida de la solicitante de tutela se estableció la presentación de documentación falsificada que le permitió acceder al cargo; razón por la que, se le inició proceso penal por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; d) Posterior a ello, se emitió el Informe METPS-JDT LP-JRTEA-IHF-01013-INF/22 de 29 de septiembre de 2022; estableciendo que, al tratarse de una profesional con diploma académico a nivel licenciatura, no se puede acoger lo solicitado; e) De tal forma que, mediante Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022, se constituyó que la peticionante de tutela debía acudir ante la autoridad jurisdiccional competente, a fin de resolver las controversias emergentes de su relación laboral; y, f) Su derecho de impugnar en la vía administrativa precluyó al haber transcurrido superabundantemente el plazo para plantear los recursos de revocatoria y jerárquico.
La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 212/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 306 a 310, denegó la tutela solicitada; con base a los siguientes fundamentos: 1) Del contenido de los Memorándums presentados por la accionante se tiene que, la misma cuenta con la condición de servidora pública de libre nombramiento, por tanto de libre remoción; 2) No existe constancia de que la impetrante de tutela hubiera sido transitada a la protección que brinda la Ley General del Trabajo; y, 3) Lo resuelto por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, responde al marco estricto de sus competencias, pues debe tenerse en cuenta que la protección que otorgaba la vía administrativa laboral hasta antes de la emisión la nueva Ley de Restitución de Derechos Laborales, se daba siempre y cuando la relación laboral de quien acuda a la misma, se encontraba inmersa dentro de la Ley General del Trabajo. Asimismo, atendiendo el pedido de aclaración y complementación impetrado por la accionante, respecto a las designaciones de Técnico Administrativo IV en la gestión 2014 y como Técnico Administrativo B de 2022, los cuáles se regirían a lo dispuesto por la Ley 321, la Sala Constitucional mencionada manifestó que; la impetrante de tutela omitió dar a conocer que su ingreso al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, data de la gestión 2009, extremo que se encuentra debidamente documentado, no obstante esta no se encuentra en controversia; el solo hecho de que los memorándums de reasignación cuestionados citen la Ley 321 no importa, no involucra en modo alguno que de manera directa la solicitante de tutela se adscriba a la Ley General del Trabajo; más cuando el requerimiento para ocupar el cargo de Técnico Administrativo B, no supone el hecho de haberse asignado a actividades operativo manuales o técnicas al interior del Municipio de El Alto; en ese marco aclaró que la determinación asumida se basa en dichos memorándums y la aplicación de la SCP 0652/2019-S4 (no indica fecha).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum de Designación DGCH/03910/09 de 8 de junio de 2009, emitido por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz; por el que, se designó a Verónica Rosario Callata Apaza –ahora accionante–, en el cargo de “ADMINISTRATIVO I” de la Dirección Promoción al Estudio, dependiente de la Oficialía Mayor Cultura y Educación de la citada entidad municipal; refiriendo que, “…estará sujeto a las disposiciones que establece la Ley 1178, su Decreto Reglamentario y la Ley 2028 (Ley de Municipalidades)…” (sic [fs. 115]). II.2. Mediante Memorándum DCH-D/684/12 de 9 de octubre de 2012, emitido por la Dirección de Capital Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, se designó a la impetrante de tutela en el cargo de ADMINISTRATIVO I, con el puesto de COORDINADOR de la Dirección de Educación (fs. 106). II.3. A través de Memorándum DCH-R/1119/13 de 4 de enero de 2013, la Dirección de Capital Humano de la mencionada entidad gubernamental, reasignó a la solicitante de tutela en el nivel de TÉCNICO ADMINISTRATIVO III en la Dirección de Educación, dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y Social (fs. 104). II.4. Por Memorándum DCH-R/0708/14 de 23 de enero de 2014, la Dirección de Capital Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, reasignó a la accionante en el cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV, en el puesto de Secretaria en la Unidad de Infraestructura Educativa dependiente de la Dirección de Educación; no obstante, a través de Memorándum (ilegible)/0247/14 de 6 de junio del mismo año, se procedió a agradecer los servicios de la accionante; quien nuevamente fue designada en el señalado cargo, por memorándum DCH-A/0264/14 de 17 de julio de 2014 (fs. 95, 96 y 99). II.5. Mediante Memorándum DTH-JCTCH/R/1208/2017 de 31 de mayo, la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, dispuso la reasignación de la impetrante de tutela, al cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO B, en el puesto de Cajera de la Sub Alcaldía Distrito Municipal 5 (fs. 89). II.6. A través de Memorándum DTH-JCTCH/DF/0834/2019 de 23 de septiembre, la instancia antes indicada, designó a la solicitante de tutela, como “OBRERA AL MATADERO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES” (sic); aclarando al igual que en anteriores memorándums descritos, que la misma se encontraba sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 –Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG)–; y, la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 –Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz"– (fs. 81). II.7. Por Memorándum DTH/R/01300/2022 de 3 de enero, la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, reasignó a la accionante al cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO B en el puesto de Cajera (Recepción Administración Urbana), dependiente de la Sub Alcaldía Distrito Municipal 5; estableciendo que, “está sujeto a las disposiciones legales que establece la Ley 1178 (LEY SAFCO), Ley 004 (Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigaciones de fortunas) Decreto Reglamentario, Ley 321, sus Derechos Reglamentarios, Reglamento interno de la Entidad, Manual Organizacional de Funciones, y en consecuencias sus derechos y obligaciones estarán regidos y enmarcados bajo normativa vigente” (sic); De acuerdo al Plan Operativo Anual Individual (POAI) FORM MP-01 de la prenombrada institución gubernamental, el cargo referido requiere, formación mínima de técnico medio, superior o certificado de competencias en áreas afines al puesto de trabajo; en el que se desempeñan funciones de recepción, registro, archivo, remisión y distribución de documentos; así como preparación de material de trabajo y atención a los usuarios (fs. 70 y 75). II.8. Cursa certificado de 5 de mayo de 2022; por el que, el Sindicato de Trabajadores Municipales de El Alto del departamento de La Paz; establece que, la impetrante de tutela realizó su afiliación en la gestión 2014 (fs. 328). II.9. Consta por Memorándum DTH/B/398/2022 de 2 de septiembre, que la Dirección de Talento Humano de la señala entidad municipal, agradeció los servicios prestados por la solicitante de tutela en el cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO B, de la Sub Alcaldía Distrito Municipal 5, dependiente de la Secretaria Municipal de Gestión Institucional (fs. 5). II.10. Mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, ante la Fiscalía Departamental de La Paz, Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa Municipal del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, formalizó querella contra Verónica Rosario Callata Apaza –ahora accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; puesto que, de acuerdo al Informe CITE: Arch. C. Inf. 41/22 de 17 de febrero de 2022, el Técnico de Documentos y Archivos de la UMSA; estableció que, el Título en Provisión Nacional de la referida, sería falso (fs. 163 a 170). II.11. Cursa Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022 de 7 de octubre, emitido por la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto; por el que, resolvió la denuncia de despido ilegal interpuesta por la impetrante de tutela en contra de la mencionada entidad gubernamental, disponiendo lo siguiente: “Que, sin afectar los derechos laborales de la señora VERÓNICA ROSARIO CALLATA APAZA (…) la misma deberá acudir ante la autoridad jurisdiccional competente, quien resolverá las controversias emergentes de su relación laboral” (sic [fs. 67 a 69 vta.]).
La accionante denunció la vulneración del debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y seguridad jurídica; así como el derecho al trabajo, al salario justo, a la vida, a la salud y a la seguridad social; puesto que, la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, agradeció sus servicios sin especificar cual la causal de desvinculación laboral, además de no haberse seguido ningún proceso administrativo interno en su contra; no obstante, haber denunciado el despido ante la Jefatura de Trabajo de El Alto, dicha instancia a través del Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022, indicó sin ninguna fundamentación ni motivación que no tendría competencia para tratar su situación, por lo que debía acudir ante la autoridad jurisdiccional; desconociendo al igual que la entidad edil, que en su causa corresponde la aplicación de la Ley 321. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes, con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los “actos u omisiones” ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos en la Constitución y la ley”.
Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales, que no se encuentran resguardados por otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no solo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.
Dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la subsidiariedad y la inmediatez, al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, que esa acción “…se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”. En virtud al primero de los citados, corresponde a los accionantes, agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley les otorga para el reclamo de sus derechos y garantías que consideran vulnerados; y de persistirse en su lesión, recién podrán solicitar la tutela constitucional, cuidando, en virtud al segundo principio de los citados, que sea activada dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión judicial o administrativa que considere lesiva de los derechos y garantías alegados, en cumplimiento a lo preceptuado por el art. 129.I y II de la norma constitucional, que impele a las partes al cumplimiento de ambos principios previa interposición de este mecanismo de defensa preventivo y reparador, norma concordante con los arts. 54 y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Sobre el principio de subsidiariedad, la SC 0150/2010-R de 17 de mayo señaló lo siguiente: “…el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso en la instancia donde fueron vulnerados; esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a esta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia”.
En mérito al carácter subsidiario del amparo constitucional, la SC 1337/2003– R de 15 de septiembre, estableció subreglas para determinar su improcedencia por subsidiariedad, cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).
Al respecto la SCP 0591/2012 de 20 de julio; desarrolló el siguiente entendimiento: “Habiéndose identificado la necesidad de regular el procedimiento de impugnación administrativa de la conminatoria de reincorporación emitida por las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, puesto que su ausencia genera una situación inconstitucional, es necesario que de forma previsora se acuda a las normas generales que podrían ser aplicables, como son las de la Ley de Procedimiento Administrativo, mismas que deben ser aplicadas, mientras el Órgano Legislativo emita las específicas.
Lo anterior no implica desconocer la expresa exclusión que hace la Ley de Procedimiento Administrativo, de procesos como el laboral realizado ante autoridades administrativas, sino más bien aplicar la prevalencia de los derechos constitucionales por sobre limitaciones legales o reglamentarias lesivas de su vivificación. En consecuencia, es por la materialización del derecho a la segunda instancia, y su superioridad inmanente en relación a cualquier otra consideración de tipo legal, que se dispone la aplicación de las vías recursivas previstas por los arts. 56 a 68 de la LPA, hasta que el Órgano Legislativo dicte las normas específicas que requiere la potestad administrativa de resolver conflictos laborales”, estos son los recursos de revocatoria y jerárquico.
La accionante denunció la vulneración del debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y a la seguridad jurídica; así como el derecho al trabajo, al salario justo, a la vida, a la salud y a la seguridad social; puesto que, la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, agradeció sus servicios sin especificar cual la causal de desvinculación laboral, además de no haberse seguido ningún proceso administrativo interno en su contra; no obstante, haber denunciado el despido ante la Jefatura de Trabajo de El Alto, dicha instancia a través del Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022, indicó sin ninguna fundamentación ni motivación que no tendría competencia para tratar su situación, por lo que debía acudir ante la autoridad jurisdiccional; desconociendo al igual que la entidad edil, que en su causa corresponde la aplicación de la Ley 321.
Identificada la problemática planteada por la parte accionante, y previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado; corresponde revisar los antecedentes del proceso que dieron lugar a la presente acción de tutela.
En ese orden, de la revisión de los antecedentes se tiene que, por Memorándum de Designación DGCH/03910/09, emitido por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, designó a Verónica Rosario Callata Apaza –ahora accionante–, en el cargo de “ADMINISTRATIVO I” de la Dirección Promoción al Estudio, dependiente de la Oficialía Mayor Cultura y Educación.
Seguidamente, durante las gestiones 2012, 2013 y 2014, la impetrante de tutela fue movida a diferentes cargos, (Memorándum DCH-D/684/12 de 9 de octubre de 2012, en el cargo de ADMINISTRATIVO I; Memorándum DCH-R/1119/13 de 4 de enero de 2013, en el nivel de Técnico Administrativo III en la Dirección de Educación, dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y Social; y, Memorándum DCH-R/0708/14 de 23 de enero de 2014, en el cargo de Técnico Administrativo IV); no obstante, a través de Memorándum (ilegible)/0247/14 de 6 de junio de 2014, se agradeció sus servicios.
Sin embargo, días después a través de Memorándum DCH-A/0264/14 de 17 de julio de 2014, nuevamente fue designada en el cargo de Técnico Administrativo IV, en el puesto de Secretaria en la Unidad de Infraestructura Educativa dependiente de la Dirección de Educación; gestión en la que, se afilió al Sindicato de Trabajadores Municipales de El Alto (Conclusión II.8).
Así, durante las gestiones siguientes, fue reasignada en distintos cargos (Memorándum DTH-JCTCH/R/1208/2017 de 31 de mayo, en el cargo de Técnico Administrativo B, en el puesto de Cajera de la Sub Alcaldía Distrito Municipal 5; Memorándum DTH-JCTTCH/DF/0834/2019 de 23 de septiembre, como “OBRERA AL MATADERO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES”); ocupando finalmente el cargo de Técnico Administrativo B en el puesto de Cajera (Recepción Administración Urbana), dependiente de la Sub Alcaldía Distrito Municipal 5, designado a través de Memorándum DTH/R/01300/2022 de 3 de enero, emitido por la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz; en el que se estableció que la solicitante de tutela, “está sujeto a las disposiciones legales que establece la Ley 1178 (LEY SAFCO), Ley 004 (Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigaciones de fortunas) Decreto Reglamentario, Ley 321, sus Derechos Reglamentarios, Reglamento interno de la Entidad, Manual Organizacional de Funciones, y en consecuencias sus derechos y obligaciones estarán regidos y enmarcados bajo normativa vigente” (sic).
De acuerdo al POAI FORM MP-01 de la señalada institución gubernamental, el cargo asignado a la solicitante de tutela requiere, formación mínima de técnico medio, superior o certificado de competencias en áreas afines al puesto de trabajo; en el que se desempeñan funciones de recepción, registro, archivo, remisión y distribución de documentos; así como preparación de material de trabajo y atención a los usuarios.
Posteriormente, la Dirección de Talento Humano de la referida entidad municipal, determinó agradecer los servicios prestados por la accionante en el cargo de Técnico Administrativo B, de la Sub Alcaldía Distrito Municipal 5, notificándole en consecuencia, con el Memorándum DTH/B/398/2022 de 2 de septiembre.
En razón de ello, la impetrante de tutela interpuso denuncia de despido ilegal ante la Jefatura del Trabajo de El Alto en contra de la citada Gobernación Municipal, solicitando se procure su reincorporación laboral; dicha instancia convocó a audiencia de conciliación; acto que dio pie a la emisión del Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022, por el que dispuso: “Que, sin afectar los derechos laborales de la señora VERÓNICA ROSARIO CALLATA APAZA (…) la misma deberá acudir ante la autoridad jurisdiccional competente, quien resolverá las controversias emergentes de su relación laboral” (sic).
Finalmente, de forma paralela a la denuncia instaurada por la accionante en la vía administrativa laboral; la Alcaldesa de la prenombrada entidad gubernamental, formalizó ante el Ministerio Público, querella contra Verónica Rosario Callata Apaza –hoy accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; puesto que, de acuerdo al Informe CITE: Arch. C. Inf. 41/22, el Técnico Documentos y Archivos de la UMSA, estableció que el Título en Provisión Nacional de la referida, sería falso. En el caso analizado, conforme se tiene descrito precedentemente, la impetrante de tutela acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de El Alto, instancia administrativa que, mediante Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022, resolvió declinar competencia ante la autoridad jurisdiccional sin negar los derechos que la trabajadora ahora solicitante de tutela pudiera hacer valer; decisión contra la cual, se encontraban expeditas las vías de impugnación intraprocesal, como son los recursos de revocatoria y jerárquicos previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicables al caso concreto, por imperio de lo determinado en la referida Ley, conforme a lo desarrollado en la SCP 0591/2012, glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Conforme a ello, las vías de impugnación no fueron activadas por la impetrante de tutela; por lo que, en mérito al principio de subsidiariedad que rige para las acciones de amparo constitucional, y al tenor de la subregla b) de la regla 2, establecida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, esta jurisdicción se encuentra impedida de emitir pronunciamiento sobre el fondo de lo demandado; habida cuenta que, las autoridades administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre el asunto, porque la parte no utilizó los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, como son, el de revocatoria y jerárquico.
Bajo ese contexto, al no haberse impugnado la decisión administrativa (Auto J.R.T.E.A.-MEVB-061/2022) emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de El Alto, que determinó la declinatoria de competencia a la vía ordinaria laboral, no se otorgó la oportunidad a las autoridades administrativas de pronunciarse sobre el asunto; debido a que, la accionante no utilizó un medio de defensa idóneo para la reparación de su derecho; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada.
Finalmente, téngase en cuenta que, en el caso queda pendiente la activación de la jurisdicción laboral; vía en la que, a la luz del principio de inmediación y contradicción, la solicitante de tutela podrá denunciar los actos que hoy aluden de lesivos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 212/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 306 a 310, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0100_2025-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5cc5eff153fcdacdd86cc59ada15fb46060162c2ac918cd418b3087276939bea
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