B.IA.LEGAL

SCP 0100/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
50042-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la debida diligencia, toda vez que su vida y la de sus hijas corren peligro; puesto que, a pesar de las múltiples denuncias y las circunstancias de violencia que vivió durante muchos años, tanto la Fiscal de Materia demandada como el investigador asignado al caso, no tomaron las medidas oportunas necesarias ni urgentes para garantizar su protección como víctima, al encontrarse en una situación de riesgo que repercute y prolonga su sufrimiento y el de sus hijas, incurriendo en una omisión al no actuar con la debida diligencia; en particular, la mencionada Fiscal, quien rechazó la denuncia presentada por su persona sin proporcionar un justificativo sólido, no obstante la violencia física y psicológica constante que venía sufriendo; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: i) La Fiscal demandada admita su denuncia por violencia familiar o doméstica; ii) Se le otorgue medidas de protección; y, iii) Se determine la responsabilidad civil y penal de la mencionada Fiscal y del oficial asignado al caso, además de la remisión de antecedentes a la DIDIPI para su proceso disciplinario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la 14/22 de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 74 vta. a 77, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimacuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a las autoridades demandadas, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2º Disponer lo siguiente:

i. En el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, de manera directa deberá ejercer el control y supervisión de la investigación en el presente caso; y, disponer bajo el principio de oficiosidad el agotamiento de los medios investigación; salvo que, a la fecha ya se hubiere pronunciado un requerimiento fiscal conclusivo compatible con los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; y, la Fiscal de Materia demandada, adopte las medidas de protección necesarias para la impetrante de tutela y sus hijas, salvo que ya se hubiere requerido. ii. La fiscal y el investigador asignados para el cumplimiento de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cumplan con su deber de diligencia en la investigación; adoptando las medidas necesarias para realizar las diligencias requeridas, efectuando una revisión exhaustiva del caso con celeridad, recabando y valorando adecuadamente las pruebas con perspectiva de género. iii. La remisión de la Resolución de rechazo de denuncia por violencia familiar o doméstica, emitida por la Fiscal demandada, a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, con el fin de que se evalúe el inicio de responsabilidad disciplinaria. iv. Se notifique al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, para que en el marco de medidas de reparación, concretamente de garantías de no repetición, disponga a través de las instancias correspondientes:

iv. a) Una indagación y verificación al interior de la institución policial a su cargo de la existencia o no de las prácticas que han sido detectadas en el presente caso y que han sido consideradas contrarias a los estándares nacionales e internacionales;

iv.b) La adopción de medidas conducentes para eliminar al interior de la institución policial a su cargo, en caso de existir, de ciertas prácticas de solapamiento y encubrimiento institucional cuando se trate de denuncias por violencia cuyos esposos o convivientes sean funcionarios policiales. iv.c) La adopción de medidas disciplinarias en relación al investigador demandado, que tuvo a su cargo la investigación del caso. 3º DENEGAR la tutela, con relación a la solicitud de determinación de responsabilidad civil y penal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el alcance de protección de la acción de libertad en los casos de violencia en razón de género
  2. III.2. La debida diligencia en casos de violencia contra mujeres, según los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2025-S3 Sucre, 18 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50042-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/22 de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 74 vta. a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darly Franco y Cintia Hinojosa Rodríguez en representación sin mandato de Vania Saavedra Leigue contra Rosa Flores Cruz, Fiscal de Materia; y, Jaime Mamani Condori, investigador asignado al caso.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 50 a 58 vta., la accionante a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fruto de una relación de unión libre o de hecho durante más de veinticinco años con Milton Hernán Vásquez Paz; nacieron sus tres hijas, María René, Mariana Alejandra Vásquez Saavedra y la niña AA, quienes indirectamente fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte del mencionado; quien, no obstante de su separación, de tener garantías constitucionales y medidas de protección, en reiteradas oportunidades incumplió las mismas, sosteniendo que era “policía” y dueño del domicilio donde habitaban. El 2001 encontrándose en estado de gestación, su conviviente la sometió a todo tipo de humillaciones e incluso fue obligada a tener relaciones sexuales cuando él quería, hasta que perdió a su bebé y entró en un estado de depresión, al extremo que intentó suicidarse, pero pensó en sus hijas y desistió. El 11 de diciembre de 2002, fue agredida física y psicológicamente por su conviviente, y después de pedirle que le llevara al médico para su control prenatal por una infección vaginal, fue tratada como mala mujer y obligada a servirle como su empleada; ante esa situación; presentó denuncia en su contra, sin obtener resultados. El 26 de julio de 2005, nuevamente fue agredida física y psicológicamente porque su conviviente llegó a su domicilio en estado de ebriedad, vertiendo palabras obscenas y mellando su dignidad le propinó una golpiza en dos oportunidades que le ocasionaron seis días de discapacidad de acuerdo el Certificado Médico Forense; asimismo el 13 de agosto de 2012, intentó asfixiarla, motivo por el cual se le expidió un Certificado Médico Forense que reflejaba doce días de impedimento. El 18 de abril de 2013, presentó su denuncia ante el Comandante Departamental de la Policía Nacional, Guido Arroyo, por las agresiones físicas y psicológicas sufridas en manos de su concubino; en respuesta, se firmó Acta de garantías constitucionales de 16 de mayo de 2013, con el propósito de evitar nuevas agresiones, pero el mismo quedó sin efecto. El 28 de abril de 2014, volvió a denunciar a su conviviente por violencia familiar o doméstica, llevándole a una entrevista psicológica y a la redacción de un acta de declaración en la cual solicitó medidas de protección también para sus hijas; posteriormente el 2 de mayo del citado año, presentó otra denuncia ante Jhonny Requena, Comandante Departamental de la Policía Nacional, detallando los abusos físicos y psicológicos que había sufrido; por lo que, al día siguiente, su conviviente la agredió nuevamente y la expulsó de su domicilio; en virtud a ese extremo, se apersonó a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), y no recibió respuesta alguna. El 15 de abril de 2019, presentó una solicitud ante Ygor Lilich Echegaray Vargas, Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, pidiendo una audiencia por el maltrato físico y psicológico que venía sufriendo junto a sus hijas; no obstante, el 19 de agosto de 2019, se rechazó su denuncia por el Fiscal Policial, quien determinó que no existían suficientes pruebas que demuestren la comisión de faltas graves por parte de Milton Hernán Vásquez Paz. Al no haber recibido ningún apoyo por parte de las instituciones responsables de impartir justicia, ya no inició ninguna acción y a partir de ello se incrementaron las agresiones físicas y psicológicas por parte de su conviviente, encontrándose en un estado de indefensión hasta que atentó contra su vida, porque la subestimaba como mujer, él salía de su casa para demostrarle que tenía otras mujeres y no podía reclamarle ni pedirle dinero; sin embargo, todo debía estar preparado en su casa para cuando él llegara, sus hijas crecieron en ese ambiente lleno de violencia; por lo que, sus hijas Mariana Vásquez Saavedra intentó suicidarse y María René Vásquez Saavedra se dedicó al alcoholismo, culpándoles a sus padres por la vida que llevaban. A pesar que el 18 de marzo de 2021, ya se encontraban separados, el nombrado ingresó a su domicilio con pretextos y comenzó a agredirla frente a sus hijas, bajo una serie de insultos que mellaban su dignidad, e incluso la amenazó con botarla de su domicilio junto aquellas y a su nieta. El 31 de marzo de 2021 presentó su denuncia formal y escrita al Ministerio Público, que fue admitida la misma fecha por la Fiscal de Materia, Tatiana Plata Martínez, quién informó sobre el inicio de investigaciones al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Santa Cruz, en consecuencia, la mencionada Fiscal el 20 de abril del citado año, dispuso que el investigador asignado al caso, realice las diligencias necesarias en las investigaciones, a efectos de su complementación, disponiendo en ese caso la salida del agresor, que la tenía atormentada y en el acta de entrega de objetos el denunciado manifestó que no encontraba su arma de fuego -pistola-. El 30 de junio de 2022, mediante memorial se apersonó ante el Ministerio Público con el fin de que le hicieran conocer los respectivos actos, providencias y diligencias procesales y, en consecuencia, mediante Resolución de 1 de julio de 2022, la Fiscal de Materia demandada rechazó su denuncia sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, e indicó que las diligencias policiales no habían aportado suficientes elementos de convicción para fundar la imputación y posterior acusación, mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan. En virtud a ello, el 16 de agosto de 2022, nuevamente comenzó su calvario con Milton Hernán Vásquez Paz, ya que rondaba su domicilio con un auto y donde la encontraba la agredía, la humillaba y la amenazaba de muerte, indicándole que la haría desaparecer; frente a ello, temía por su vida y la de sus hijas. Bajo esas circunstancias, la Fiscal de Materia demandada debió actuar de forma inmediata y sin formalismos, tal como señala la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, incluso antes del plazo previsto por las normas legales, en razón a la situación de violencia que sufría como mujer; por lo cual, al encontrarse en un estado de necesidad de atención prioritaria de sus peticiones, no era admisible el argumento que la denuncia no aportó con elementos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la debida diligencia, citando al efecto los arts. 15, 24 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), 1, 2, 3, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DHDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) La Fiscal de Materia demandada admita la denuncia por violencia familiar o doméstica, restableciendo sus derechos vulnerados; b) Se le otorgue de forma inmediata las correspondientes medidas de protección, c) El investigador asignado al caso realice todas las diligencias respectivas, al conocimiento de la presente acción de libertad; d) Se determine la responsabilidad civil y penal de la referida autoridad fiscal y del mencionado oficial asignado al caso; además, se ordene la remisión de una copia de la Resolución de la Fiscalía Departamental y la Dirección Departamental de Investigación Interna de la Policía (DIDIPI) para su proceso disciplinado sumariante, conforme a lo previsto en el art. 39.I y II del Código Procesal Constitucional (CPCo); e) Se reparen los daños y perjuicios, según la norma citada precedentemente; y, f) Se ordene la remisión de una copia de la Resolución al Fiscal Departamental de Santa Cruz, con la finalidad de que se inicie el proceso disciplinario, por incumplimiento de deberes, además se remitan antecedentes a la DIDIPI.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 68 a 74, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante y/o sus representantes, no asistieron a la audiencia de esta acción de defensa, por ello al momento de instalarse la misma, la Jueza de garantías, dispuso que por secretaría del Juzgado se dé lectura al memorial de interposición de dicha acción.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rosa Flores Cruz, Fiscal de Materia, en audiencia, refirió que: 1) No se tomó en cuenta el cumplimiento de lo establecido en el art. 125 de la CPE, respecto a la presentación de la acción de libertad, cuando se encuentre privado de libertad; en peligro la vida y esté ilegalmente perseguido o indebidamente procesado; 2) Existe una falta de legitimación activa, inobservancia del carácter subsidiario de la acción de defensa y actos consentidos en la presente acción tutelar, puesto que en el cuaderno de investigación se encuentran las notificaciones con la Resolución de Rechazo de Denuncia y la víctima fue notificada legalmente, por ello la ahora accionante tenía conocimiento de dicha determinación y consintió los actos; y, 3) No hubo vulneración alguna a sus derechos, ni se encontraba en riesgo el derecho la vida de la impetrante de tutela; por tanto, no correspondía la presentación de esta acción de libertad. Jaime Mamani Condori, investigador asignado al caso, mediante informe presentado el 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., manifestó que: i) La presente acción de defensa carece de congruencia con relación a sus funciones específicas que se encuentran enmarcadas en los arts. 251 de la CPE; 293, 297 y 299 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es más hizo un intento de presentar dicha acción por si acaso producía algún efecto, porque no hizo uso oportuno de los recursos correspondientes ante la autoridad competente;

ii) Su función específica es investigar los hechos denunciados, y con relación a la denuncia se realizaron cada una de las actuaciones conforme al procedimiento penal y bajo los parámetros de sus reglamentos; iii) Respecto al peligro de vida de la accionante y de sus hijas, no se tiene ningún informe o denuncia ante su persona o el Ministerio Público; iv) No se presentó ante la “policía” una denuncia, a través de la cual se indique que con su actuación se hubiera mellado la dignidad de la impetrante de tutela y de sus hijas; v) Las diligencias que realizó durante la etapa de investigación, fueron conforme a derecho y los procedimientos establecidos; empero, si observó que su actuación fue parcializada, negligente y equivocada, debió agotar las instancias administrativas u ordinarias, acudiendo ante la directora de la investigación o a su inmediato superior para que lo separen de la investigación y si correspondía, fuese procesado de forma administrativa u ordinaria, y no así acudir directamente a la jurisdicción constitucional; vi) A pesar que la acción de libertad no exige requisitos para su admisión, tiene ciertos parámetros para su presentación, ya que su objeto es tutelar los derechos a la vida y a la libertad en los casos que se encuentre en peligro la misma y cuando sea objeto de una persecución ilegal e indebida; sin embargo, no se demostró que su persona hubiera incurrido en esa acción y omisión; y, vii) Únicamente cumplió con lo previsto en los arts. 297 y 299 del CPP, realizando los actos investigativos bajo la dirección del Ministerio Público y las normas establecidas en el manual de funciones dentro de la investigación; razón por la cual, impetró se deniegue la tutela solicitada en atención a que su persona no es el director de la investigación, ni la autoridad que debe otorgar protección.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 14/22 de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 74 vta. a 77 vta., "rechazó” la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Según el art. 305 del CPP ante el rechazo de la denuncia por parte de la Fiscal de Materia, procedía la objeción en el plazo de cinco días siguientes a partir de su notificación; en consecuencia, deberían remitirse los antecedentes al Fiscal Departamental y al “Juez de Sentencia jurisdiccional”, dentro del plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; por lo que, el Fiscal Departamental debía resolver el rechazo dentro de los diez días siguientes; b) Respecto a la valoración de la prueba, citando la SCP 0166/2019-S3 de 16 de abril, señaló que por regla general la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a valorar la misma, por ser una atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria; empero, tiene la obligación de verificar en los casos que: b.1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o total; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como fundamento; y, c) Se debe demostrar que el incumplimiento de la valoración de la prueba ocasionó la vulneración de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, extremo que en el presente caso no ha sido justificado, por ello se encuentra impedida de realizar la valoración de documentos que se consideraron para emitir resolución de rechazo, la misma que en su oportunidad no fue objetada, teniendo la parte accionante la vía expedita para reabrir la investigación en el plazo de un año o promover la conversión de la acción.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 10 de noviembre de 2002, Vania Saavedra Leigue -accionante-interpuso denuncia contra Milton Vásquez Paz -su conviviente-, ante la Brigada de Protección a la Familia de la Policía Nacional, por agresiones físicas; de igual forma, el 26 de julio de 2005, nuevamente formuló denuncia, por sufrir agresiones físicas y psicológicas del denunciado, quien era funcionario policial (fs. 6 y 7 vta.). II.2. De acuerdo a los Certificados Médico Forenses emitidos el 28 de julio de 2005 y el 13 de agosto de 2012, en el primero, se certificó que la accionante debido a las agresiones físicas de su conviviente, tenía una leve equimosis en la sien derecha y en el brazo, una abrasión en la rodilla derecha, indicando que tenía dolor en el tórax, en la cadera y el cráneo, otorgándole por ello seis días de incapacidad, salvó complicaciones; y, en el segundo certificado se informó que en razón a la agresión del mencionado, tenía una contusión con equimosis y edema labial superior; dolor en el cuello, una equimosis pectoral, en el brazo y muslo izquierdo; y, excoriaciones en ambas rodillas, dándole un impedimento de doce días (fs. 8 y 9). II.3. Mediante memorial presentado el 18 de abril de 2013, por Vania Saavedra Leigue, ante Guido Arroyo, Comandante Departamental de la Policía Nacional, presentó denuncia de violencia física y psicológica en contra de su conviviente Milton Hernán Vásquez Paz, que era oficial de policía (fs. 12). II.4. Mediante acta de garantías de 16 de mayo de 2013, firmada por la accionante, Milton Vásquez Paz y por sus abogados, se comprometieron a no agredirse física, psicológica, ni verbalmente, bajo ningún motivo, tanto en lugares privados como públicos, ni por intermedio de terceras personas o familiares, menos en estado de ebriedad, se constituyó la prohibición de apersonarse a su trabajo o ante sus respectivos jefes o instituciones de las cuales dependan, o en su domicilio particular con la finalidad de causarse daños morales, psicológicos y físicos, o cualquier otro daño que puedan causar perjuicios en su vida personal o laboral y en caso de incumplimiento se estableció que el infractor se haría pasible a una sanción económica de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) o en su defecto el arresto policial de ocho horas en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) previa prueba fehaciente de acuerdo a Ley y poniendo en conocimiento del Fiscal con la sola presentación de dos o más testigos y cualquier otro elemento de prueba, con perjuicio de elevarse el respectivo informe a la autoridad jurisdiccional (fs. 13 y vta.). II.5. Mediante decreto de 29 de abril de 2014, la Fiscal de Materia, en lo principal, dispuso que el investigador asignado al caso realice las investigaciones preliminares debiendo acumular y recolectar los elementos e indicios que ayuden al esclarecimiento del hecho; asimismo, que se reciba la declaración de la víctima y/o denunciantes, así como de los testigos del hecho si los hubiera, con el fin de poder identificar con precisión quienes son los autores y testigos del presente caso y se informe en el término de veinte días, explicando la información que se acumuló, qué instructivo no se pudo realizar y por qué motivo (fs. 17). II.6. Por Acta de declaración de 28 de abril de 2014, la accionante se ratificó en la relación del hecho que denuncia de violencia familiar o doméstica, en contra de su conviviente Milton Vásquez Paz, con el que tenía tres hijos, una de dieciocho, de trece y de siete años de edad (fs. 18). II.7. Del Informe de entrevista psicológica de 31 de julio y de 1 de agosto de 2014, se concluyó que Vania Saavedra Leigue, estaría viviendo una situación de violencia de parte de una persona a quien ella identificó como su esposo Milton Vásquez Paz, quien le generaba en ese momento sentimientos depresivos, angustia, impotencia, frustración, tristeza, desagrado y molestia (fs. 19 a 27). II.8. El 29 de abril de 2014, la Fiscal de Materia asignada al caso, informó el inicio de la investigación ante la Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 28). II.9. Mediante memorial presentado el 2 de mayo de 2014, Vania Saavedra Leigue, presentó ante el Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, denuncia por sufrir atentados contra su integridad física y psicológica por Milton Vásquez Paz (fs. 30 y vta.). II.10. Por nota presentada el 15 de abril de 2019, la accionante solicitó al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, una audiencia para conversar sobre las denuncias de maltratos físicos y psicológicos que recibió conjuntamente sus tres hijas, por parte de su esposo, quien en la FELCV, siempre gozó de protección y apoyo por parte de sus camaradas, de los cuales recibió presión y chantaje para desistir (fs. 31). II.11. Por Requerimiento Fiscal Policial de Rechazo de Denuncia de 19 de agosto de 2019, Alfredo Campuzano, Fiscal policial, rechazó la denuncia de la accionante, señalando que no existían suficientes elementos de convicción que demuestren la comisión de faltas graves por parte del funcionario policial Milton Vásquez Paz (fs. 32 y vta.).

II.12. En el Informe de entrevista psicológica de 8 de abril de 2021, realizado a la accionante, por Blanca Hoyos Bravo, Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz, estableció que, la mencionada manifestó que su agresor continuaba ejerciendo violencia recurrente verbal y psicológica, por lo que presentaba angustia, necesidad de apoyo, faltas de defensas que se exponen en correr riesgo, presión, amenaza y temor al ambiente, introversión e inseguridad; razón por la cual, asumió la importancia de que se le brinde a la víctima todas las medidas de protección necesarias y sus derechos no sean vulnerados como mujer, madre y persona, recomendándose que Vania Saavedra Leigue y sus hijas, reciban terapia psicológica (fs. 34 a 38 vta.). II.13. Mediante memorial presentado el 22 de abril de 2021, por Tatiana Plata Martínez, Fiscal de Materia, ante el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, puso en conocimiento las medidas de protección dictadas en el proceso investigativo instaurado a denuncia de Vania Saavedra Leigue contra Milton Vásquez Paz, para su correspondiente homologación (fs. 40 y vta.). II.14. Mediante Informe de 14 de abril de 2022, dirigido a Rosa Flores Cruz, Fiscal de Materia -ahora demandada-, vía Director Regional de la FELCV Santa Cruz, Jaime Mamani Condori, investigador asignado al caso, señaló que no pudo realizar las diligencias investigativas, porque la accionante no contestó su teléfono celular para coordinar y efectuar los actos procesales requeridos con relación a sus hijas (fs. 44). II.15. Por Resolución de 1 de julio de 2022, la Fiscal demandada rechazó la denuncia presentada por Vania Saavedra Leique contra Milton Vásquez Paz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y las actuaciones policiales, debido a que las diligencias policiales no aportaron suficientes elementos de convicción para fundar la imputación y posterior acusación, mientras tanto no varíen las circunstancias que las fundamentan (45 a 48).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la debida diligencia, toda vez que su vida y la de sus hijas corren peligro; puesto que, a pesar de las múltiples denuncias y las circunstancias de violencia que vivió durante muchos años, tanto la Fiscal de Materia demandada como el investigador asignado al caso, no tomaron las medidas oportunas necesarias ni urgentes para garantizar su protección como víctima, al encontrarse en una situación de riesgo que repercute y prolonga su sufrimiento y el de sus hijas, incurriendo en una omisión al no actuar con la debida diligencia; en particular, la mencionada Fiscal, quien rechazó la denuncia presentada por su persona sin proporcionar un justificativo sólido, no obstante la violencia física y psicológica constante que venía sufriendo; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: i) La Fiscal demandada admita su denuncia por violencia familiar o doméstica; ii) Se le otorgue medidas de protección; y, iii) Se determine la responsabilidad civil y penal de la mencionada Fiscal y del oficial asignado al caso, además de la remisión de antecedentes a la DIDIPI para su proceso disciplinario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el alcance de protección de la acción de libertad en los casos de violencia en razón de género

La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero establece que no es aplicable la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad en- los casos de violencia, por ello determina que, cuando se encuentren involucradas mujeres en situación de violencia que pongan en riesgo su derecho a la vida, no resulta aplicable dicha subsidiariedad. Conforme al precedente constitucional vinculante y al estándar reforzado de protección, en casos de mujeres en situación de violencia que comprometen su vida, es posible activar de manera directa la 1 Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo1, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello.

Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”.

Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna.

A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional.

En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aun, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata.

jurisdicción constitucional mediante la acción de libertad.

III.2. La debida diligencia en casos de violencia contra mujeres, según los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos

Al respecto la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, se ha pronunciado sobre los estándares internacionales desarrollados tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, a ser observados por los órganos encargados de la persecución penal. En ese sentido, en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece: «[Los] estándares más importantes, [ ... ] sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado: i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. […].

La Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras]. iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.

Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.» De lo anotado la SCP 0017/2019-S2 precisó que:

[e]n el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima». Asimismo, entendió que, en el marco de la debida diligencia, en sede constitucional, se de analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género. Así la citada Sentencia expresó el siguiente precedente constitucional:

[En] las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. En el orden de ideas expuestos, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.

En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección; deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: a) Las relaciones asimétricas de poder; y, b) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro pe un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia.

Lo señalado, exige que en el análisis de cualquier actuación estatal que intervenga en hechos vinculados a violencia contra mujeres, el examen constitucional debe verificar si las autoridades actuaron con: 1) Oportunidad; 2) Efectividad; 3) Celeridad; 4) Ausencia de estereotipos; 5) Garantía de acceso real a la justicia; 6) Protección integral a la víctima; y, 7) Investigación seria, imparcial y exhaustiva. La inobservancia de cualquiera de estos elementos constituye una vulneración al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, y activa la competencia del juez constitucional para restablecer los derechos conculcados.

III.3. Análisis del caso concreto

Conforme a los actos lesivos denunciados por la accionante es necesario resolver si la actuación de la Fiscal de Materia demandada y del investigador asignado al caso, fue desarrollada en el marco de los estándares de protección de las mujeres víctimas de violencia, al momento de conocer e investigar la denuncia penal efectuada por la accionante. En ese sentido es necesario precisar que para dicho análisis no existe obstáculo procesal que impida ingresar al análisis de fondo, teniendo en cuenta que conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se trata de hechos de violencia, particularmente cuando se involucran a mujeres cuya vida o integridad se encuentran en riesgo, la acción de libertad es un mecanismo de protección directa. En consecuencia, y conforme el estándar reforzado de protección en materia de violencia contra las mujeres, cuando la víctima enfrenta una situación que compromete su seguridad, procede la interposición directa de esta acción de defensa, dado que la jurisprudencia constitucional ha consolidado la flexibilización del principio de subsidiariedad en estos contextos, ello responde a la urgencia y gravedad de los hechos; que hacen que la intervención constitucional, si ha sido activada, abra su ámbito de protección para asegurar una protección efectiva; por lo que, en el caso concreto la Jueza de garantías debió ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, considerando que la parte accionante acudió a la jurisdicción constitucional en busca de protección; razón por la cual, ejerciendo su rol de garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, debó imprimir el respectivo trámite con celeridad, según el principio de inmediatez que reviste a esta acción tutelar y en virtud a la urgencia de protección que impetraba la accionante y sus hijas. Asimismo, respecto a la falta de legitimación activa que alega la Fiscal demandada, se advierte que no contiene ningún fundamento, debido a que la impetrante de tutela tiene un interés directo en la protección de su seguridad por la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección judicial efectiva frente a la violencia denunciada, incluidas las amenazas de muerte y de violencia física y psicológica continua, dado el comportamiento de su agresor, situación en la cual se requiere de una respuesta judicial urgente y efectiva. De igual forma, la autoridad fiscal también menciona que la accionante fue notificada legalmente con la Resolución de Rechazo de Denuncia que presentó, aduciendo con ello la existencia de actos consentidos; sin embargo, el hecho que la impetrante de tutela haya sido notificada, no implica necesariamente que haya aceptado los actos; por ello, no sería razonable establecer la existencia de actos consentidos en casos de violencia, porque estos se desarrollan en un contexto de asimetría estructural de poder entre la víctima y el presunto agresor; vale decir, en un estado de desigualdad que impide que la voluntad de la víctima se configure de manera libre y plena, elemento indispensable para considerar válido cualquier acto de consentimiento. El solo hecho de que la víctima haya sido notificada con la Resolución de Rechazo de denuncia, no implica aceptación ni convalidación de los actos de la autoridad, menos aún en un escenario donde sus derechos fundamentales a la vida, integridad y protección se encuentren comprometidos, pues en este tipo de casos debe realizarse un análisis bajo el principio de protección reforzada, entendiendo que la víctima puede encontrarse en un estado de miedo, intimidación, dependencia emocional o económica, o bajo, presiones implícitas o explícitas que distorsione la posibilidad real de ejercer oposición, reclamo o impugnación. En mérito a los argumentos señalados, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que la impetrante de tutela presenta una cronología detallada de las denuncias -que realizó desde el 10 de noviembre de 2002, el 16 de abril de 2013 y el 2 de mayo de 2014- momentos en los que presentó denuncia de ser víctima de múltiples agresiones físicas y psicológicas por parte de su conviviente, Milton Vásquez Paz, siendo que mediante Resolución de 1 de julio de 2022, la Fiscal demandada rechazó la última denuncia presentada por la accionante; en ese sentido y tomando en cuenta las investigaciones previas y la respuesta de las autoridades, se evidencia que efectivamente existen múltiples denuncias anteriores contra el mismo actor, que comenzaron el 2002 por agresiones físicas y psicológicas, a su vez existen informes médicos que respaldan esas denuncias, a través de los cuales se certifican lesiones físicas (equimosis y abrasiones) que le proporcionaron incapacidades médicas de varios días.

De igual forma, se tiene que el 16 de mayo de 2013, se firmó un acta de garantías constitucionales, en la que se estableció que Milton Vásquez Paz se comprometía a no agredir física, psicológica ni verbalmente a la accionante (Conclusión II.4.); posteriormente, el 15 de abril de 2019, la accionante presentó una nota dirigida al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, solicitando una audiencia para denunciar nuevamente el maltrato físico y psicológico que la accionante y sus tres hijas sufrían por parte de su esposo; en su petición, manifestó que en la FELCV el agresor recibía protección y apoyo de sus camaradas -policías- quienes además ejercieron presión y chantaje para que ella desistiera de sus denuncias (Conclusión II.10); sin embargo, estos hechos revelan que las agresiones permanecieron y que el acta de garantías no solo fue ineficaz, sino que además constituyó una actuación contraria a los estándares de protección reforzada. Al respecto, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, con carácter: vinculante, estableció que las autoridades fiscales y judiciales deben evitar cualquier medida que revictimice a las mujeres en situación de violencia. En dicha Sentencia, se determinó expresamente que la solicitud de imposición de garantías personales o mutuas es una práctica prohibida, pues en estos acuerdos obligan a la mujer a interactuar directamente con su agresor; generando un nuevo episodio de afectación psicológica y exponiéndola nuevamente al riesgo; asimismo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó que estas actas desnaturalizan la función protectora del Estado, trasladando ilegítimamente a la víctima la carga de negociar u obtener seguridad frente al agresor, cuando la protección debe ser una obligación activa e indeclinable de las autoridades. En ese sentido, en el presente caso, se advierte que la actuación de los demandados y del Comandante de la Policía se alejó de las directrices constitucionales, pues la suscripción del acta dé garantías de 2013 -que no consta haya sido una solicitud espontánea y libre de la víctima- y la ausencia de medidas efectivas posteriores configuraron una mala práctica institucional, que no cumplió con el deber de protección y derivó en revictimización; las autoridades policiales, lejos de activar mecanismos de protección inmediata conforme a la Ley 348, recurrieron a un instrumento que la jurisprudencia constitucional ha calificado como inadecuado y revictimizante, lo cual permitió que la situación de violencia se prolongue y que la accionante continúe expuesta al agresor por esa mala práctica. Al no activar medidas de protección reales e inmediatas, las autoridades incurrieron en revictimizaclón, vulnerando los derechos fundamentales de la accionante y contraviniendo los estándares nacionales e internacionales que rigen la protección de mujeres en situación de violencia. Consta que la Fiscalía y la Policía iniciaron investigaciones el 2014, pero el proceso estuvo marcado por dificultades en la recolección de pruebas, por ello el investigador asignado al caso reportó que no pudo realizar diligencias porque la denunciante no contestó sus llamadas. La Fiscalía finalmente emitió una Resolución de rechazo de la demanda de violencia familiar o doméstica, argumentando la falta de elementos de convicción suficientes para continuar con la investigación. Con relación a Rosa Flores Cruz, Fiscal de Materia, se evidencia que tuvo a su cargo la investigación de la denuncia realizada por Vania Saavedra Leigue contra su conviviente Milton Vásquez Paz; sin embargo, emitió una Resolución de rechazo de la denuncia, basando su decisión en la falta de pruebas suficientes para imputar a Milton Vásquez Paz, sin considerar el contexto de la violencia, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2, vale decir, las circunstancias específicas en este caso, en las que inclusive se denunció una posible complicidad dentro de la policía al recibir apoyo dentro de su entorno laboral. En efecto, la accionante denunció que su esposo -funcionario policial-gozaba de protección corporativa dentro de la FELCV; recibiendo incluso presiones y chantajes para desistir de las denuncias. Esta situación agrava la responsabilidad de las autoridades demandadas, pues en lugar de garantizar un entorno seguro para la víctima, facilitaron un escenario de intimidación y tolerancia frente a la violencia denunciada por la accionante, existiendo un solapamiento institucional por ser efectivo policial, contraria al estándar de sensibilización y debida protección. En ese sentido, se tiene que la Fiscal de Materia demandada, no actuó con la debida diligencia en la investigación, a pesar de las pruebas presentadas incurrió en una omisión valorativa relacionada a los informes de entrevista psicológica de 21 de julio y de 1 de agosto de 2011 (Conclusión II.7.) y la ausencia de análisis del contexto de violencia; pues no ha considerado las acciones necesarias para asegurar que la víctima se encuentre protegida junto a sus hijas y que el agresor fuera, adecuadamente investigado y procesado; es decir, que en el caso en particular se resalta la negligencia de la mencionada autoridad en el proceso judicial, al no dar importancia o los antecedentes que tenía la víctima desde hace muchos años, con relación a la violencia que sufría por parte del denunciado; por lo que, desestimó el riesgo de vida, no consideró las reiteradas denuncias sobre la situación de violencia física y psicológica constante que vivía la accionante, ni los informes psicológicos ni médicos que reflejan el daño sufrido; y, la ausencia de diligencias efectivas para Investigar las agresiones. En virtud a ello, se considera que la actuación de la autoridad fiscal demandada, es atentatoria a los derechos a la protección judicial, a la tutela judicial efectiva y a la debida diligencia, al no brindar una respuesta que proporcione seguridad, ni tornar las medidas de protección apropiadas. Asimismo, se advierte que la Fiscal de Materia demandada, al emitir la Resolución de Rechazo de Denuncia, no actuó conforme a los mandatos de la Ley 348, cuyo objetivo principal es garantizar a las mujeres una vida libre de violencia mediante un sistema integral de prevención, atención, sanción y erradicación; por lo mismo, emitió una resolución de rechazo, sin que estuviere sustentada bajo una actuación con debida diligencia para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando la adopción de medidas de protección eficaces. En concordancia con ello, y conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se evidencia que la debida diligencia en casos de violencia contra mujeres constituye una obligación jurídica reforzada e inmediata del Estado boliviano. Dicho estándar obliga a todas las autoridades -judiciales, fiscales, policiales y administrativas- a prevenir, investigar, sancionar y reparar toda forma de violencia contra las mujeres, independientemente que los hechos sean cometidos por agentes estatales o por particulares. Asimismo, la debida diligencia exige que las autoridades actúen con oportunidad, celeridad, eficacia, imparcialidad y libres de estereotipos, garantizando el acceso real a la justicia, la protección integral de la víctima y una investigación seria, exhaustiva y sin dilaciones indebidas. La omisión o deficiencia en cualquiera de estos parámetros -incluyendo demoras, pasividad, falta de impulso procesal, investigaciones incompletas o prácticas revictimizadoras- configura responsabilidad Internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones y vulnera el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En esa línea, corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar un examen integral de los hechos, tal como exige el art. 59 de la Ley 348, que dispone que las investigaciones por violencia contra las mujeres deben impulsarse de oficio, incluso cuando la víctima no continúe el trámite. Por ello, el análisis constitucional no puede limitarse a lo alegado por la parte accionante, sino que debe abarcar también las actuaciones de las autoridades policiales, fiscales o administrativas involucradas, a fin de verificar si se aplicó el estándar de debida diligencia y garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales comprometidos. En consecuencia, ninguna autoridad puede rechazar denuncias ni condicionar la protección estatal a la colaboración o continuidad de la víctima. En suma, este fundamento reafirma que la debida diligencia constituye un parámetro obligatorio que orienta, exige y controla la actuación estatal en casos de violencia contra mujeres, cuya inobservancia no solo afecta derechos fundamentales, sino que configura una violación al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En el presente caso, se evidencia que la Fiscal demandada, al disponer el rechazo de la denuncia presentada por Vania Saavedra Leigue, no adoptó decisiones efectivas ni brindó una protección integral adecuada a la mujer, tampoco promovió una investigación seria, exhaustiva y orientada a esclarecer los hechos de violencia denunciados. Asimismo, no realizó una valoración integral de los elementos probatorios; prescindiendo del análisis contextual exigido en situaciones de vulnerabilidad y violencia de género. Ello resulta contrario a los mandatos de la Ley 348, que impone a las autoridades la obligación de actuar de manera inmediata, oportuna y con enfoque de género para proteger a las víctimas; particularmente cuando se trata de hechos de violencia reiterada o continua, tal como sucedió en este caso. En consecuencia, se advierte una ausencia de oficiosidad en la actuación fiscal que se traduce en negligencia frente al deber de debida diligencia reforzada. Esta falta de impulso procesal y de adopción de medidas de protección no solo resulta injustificada, sino que contraviene los estándares nacionales e internacionales que obligan a investigar, prevenir y atender adecuadamente la violencia contra las mujeres, configurando una inacción incompatible con las obligaciones estatales en la materia. Así mismo, la Fiscal de Materia demandada, al desestimar la denuncia indicando que las diligencias policiales no han aportado suficientes elementos de convicción para fundar la imputación y posterior acusación, no ha considerado todos los elementos de prueba que se encuentran como antecedentes que respalda la denuncia de la víctima y tampoco dispuso la aplicación de mayor diligencia en la investigación por parte del investigador asignado al caso, razón por la cual, incumplió con la obligación de investigar de oficio y de proteger los derechos de la víctima de manera eficaz y oportuna, reflejando con su actuación una falta de diligencia en la investigación y en el análisis integral de las pruebas, obstruyendo con ello el derecho de acceso a la justicia de la accionante. De igual forma, se advierte una omisión en el estándar de adopción de medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia, por lo que, en el presente caso, la inacción de la Fiscalía y la falta de medidas de protección urgentes se constituyen en una violación al derecho de la víctima de protección de su integridad personal, no obstante las reiteradas denuncias y la evidencia de agresiones a través de los certificados médicos presentados, por ello se advierte que no promovió ninguna diligencia que resguarde efectivamente la integridad de la ahora accionante y de sus hijas, ya que a través de la jurisprudencia constitucional mencionada supra la debida diligencia obliga a las autoridades judiciales y del Ministerio Público a actuar con celeridad y exhaustividad en la investigación de hechos que involucran violaciones de derechos humanos, especialmente en casos de violencia de género, valorando la prueba de manera integral y considerando todos los elementos disponibles, como las declaraciones de la víctima, informes médicos, psicológicos y cualquier otro tipo de evidencia que respalde la denuncia de la víctima, garantizando su derecho a una vida libre de violencia, y a los derechos fundamentales de la víctima, como la integridad física y psicológica, el acceso a la justicia que implícitamente se encuentran vinculados con los derechos a la vida y a la dignidad de la accionante y de sus hijas, que viven en el mismo entorno familiar, al no hacerlo, puso en un riesgo mayor a la misma, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, con el objeto de garantizar la protección inmediata de la impetrante de tutela. Las omisiones detectadas podrán ser objeto de control, de acuerdo a lo previsto por el art. 5.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone que cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de las servidoras y los servidores a su cargo; y conforme a lo dispuesto por el art. 34.3 de la norma referida, ejerce la supervisión del ejercicio de las investigaciones por los Fiscales de Materia; para el análisis de probable responsabilidad disciplinaria, según dispone el art. 126 de dicha normativa al señalar que "El proceso disciplinario se iniciará a denuncia verbal o escrita por cualquier persona, o por la autoridad jerárquica, de oficio, acompañando los antecedentes. Se formulará ante la autoridad sumariante de acuerdo a reglamento, siguiendo las directrices de la presente Ley". Respecto a Jaime Mamani Condori, investigador asignado al caso, se advierte que en su informe señala que no pudo continuar con la investigación debido a la falta de respuesta de la víctima a sus llamadas telefónicas; sin embargo, esta circunstancia no es suficiente justificativo para no continuar con la investigación. En ese sentido, se advierte la existencia de una negligencia en el cumplimiento de sus funciones, como la falta de diligencia en la búsqueda de otros medios para avanzar con la Investigación, situación que puede considerarse como atentatoria a los derechos de la víctima para acceder a una investigación efectiva que repercute en una falta de protección a la misma, especialmente en lo que respecta a la violencia física y psicológica que denuncia. Por lo que también contribuyó a la falta de diligencia en la investigación, al no tomar las medidas necesarias para avanzar con celeridad en la recolección de pruebas y la obtención de testimonios relevantes porque el ciclo de violencia parece haberse perpetuado a través de la familia, afectando también a sus hijas, que se vio recrudecida con la falta de apoyo por parte de las instituciones responsables de impartir justicia. En el caso concreto, no se tomó en cuenta la situación particular desde el intento de suicido y el alcoholismo de una de sus hijas que carga con las secuelas de un hogar donde la violencia es la norma; vale decir, que en virtud a esa omisión del investigador asignado al caso, la víctima no fue protegida adecuadamente y no realizó las diligencias conforme a los estándares que el caso exigía, situación que impidió el avance de la investigación y la protección efectiva de sus derechos de la ahora accionante, sin considerar las anteriores denuncias que presentó, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, con el fin de garantizar el acceso a una investigación efectiva. Finalmente, en cuanto a la solicitud de reparación de daños; este Tribunal en el marco del carácter integral de la reparación del daño, considera necesario, como garantía de no repetición, que la revisión por parte de la Policía Boliviana, la indagación y verificación si al interior de la institución se estuviere manteniendo las prácticas contrarias detectadas en esta acción de defensa que advirtieron contextos de incumplimiento de los estándares internacionales, con relación a procesos de revictimización y solapamiento institucional, denunciados en esta acción de defensa. Esto con una finalidad además preventiva para futuros casos, en tanto, que las garantías de no repetición buscan evitar que se reproduzcan prácticas irregulares, como el encubrimiento policial derivado de vínculos de camaradería -que ha denunciado la accionante-, que constituyeron uno de los factores que permitieron la vulneración de sus derechos de la accionante. Sin perjuicio de ello, corresponde dejar a salvo el derecho de la accionante para que, de considerarlo pertinente, haga valer en la vía ordinaria los mecanismos destinados a la determinación de la responsabilidad civil o administrativa que 'pudiera emerger, conforme a los parámetros fijados por el art. 113 de la CPE y 'la jurisprudencia constitucional aplicable. En ese contexto, la Jueza de garantías debió examinar si el rechazo fiscal y la actuación del Ministerio Público: a) Implicaron una omisión arbitraria en el deber de investigar, b) Si afectaron el acceso a la justicia de la accionante; c) Si desconocieron los estándares reforzados de protección frente a denuncias de violencia; y, d) Si generaron un daño constitucionalmente relevante. En consecuencia, la Jueza de garantías no podía limitarse a aplicar de manera mecánica las restricciones de la jurisdicción ordinaria, menos aún cuando ello impedía examinar la posible vulneración de derechos fundamentales y los daños derivados de ella. En consecuencia, la Jueza de garantías, al "rechazar" la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la 14/22 de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 74 vta. a 77, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimacuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a las autoridades demandadas, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2º Disponer lo siguiente:

i. En el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, de manera directa deberá ejercer el control y supervisión de la investigación en el presente caso; y, disponer bajo el principio de oficiosidad el agotamiento de los medios investigación; salvo que, a la fecha ya se hubiere pronunciado un requerimiento fiscal conclusivo compatible con los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; y, la Fiscal de Materia demandada, adopte las medidas de protección necesarias para la impetrante de tutela y sus hijas, salvo que ya se hubiere requerido. ii. La fiscal y el investigador asignados para el cumplimiento de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cumplan con su deber de diligencia en la investigación; adoptando las medidas necesarias para realizar las diligencias requeridas, efectuando una revisión exhaustiva del caso con celeridad, recabando y valorando adecuadamente las pruebas con perspectiva de género. iii. La remisión de la Resolución de rechazo de denuncia por violencia familiar o doméstica, emitida por la Fiscal demandada, a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, con el fin de que se evalúe el inicio de responsabilidad disciplinaria. iv. Se notifique al Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, para que en el marco de medidas de reparación, concretamente de garantías de no repetición, disponga a través de las instancias correspondientes:

iv. a) Una indagación y verificación al interior de la institución policial a su cargo de la existencia o no de las prácticas que han sido detectadas en el presente caso y que han sido consideradas contrarias a los estándares nacionales e internacionales;

iv.b) La adopción de medidas conducentes para eliminar al interior de la institución policial a su cargo, en caso de existir, de ciertas prácticas de solapamiento y encubrimiento institucional cuando se trate de denuncias por violencia cuyos esposos o convivientes sean funcionarios policiales. iv.c) La adopción de medidas disciplinarias en relación al investigador demandado, que tuvo a su cargo la investigación del caso. 3º DENEGAR la tutela, con relación a la solicitud de determinación de responsabilidad civil y penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

2 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.

3 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Órgano Judicial de Bolivia

4 En el F.J. III2, se establece que: “…de ninguna manera deben significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, de acuerdo con el art. 32.I de la citad Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”. Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: (…) c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0100_2025-S3.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): f1750037c96fc06e2b832db7d1c259c0917cd97550ed6d40a6da2407b6a8b88e

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