Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 14 de marzo de 2025
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, de seguridad jurídica y de legalidad; puesto que, el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, rechazó su recurso de reposición y confirmó la providencia de 22 de noviembre de 2022, mediante la cual se convocó irregularmente a una audiencia al acusado Florentino Gutiérrez Pillco, pese a que fue declarado rebelde y tenía orden de aprehensión vigente, dispuesta en audiencia celebrada el 8 del indicado mes y año, providencia que inicialmente señalaba una audiencia presencial, pero de manera contradictoria e infundada, determinó su realización de manera virtual, permitiendo la participación del acusado sin que previamente hubiera cumplido con su aprehensión, lo que constituye una actuación arbitraria y contraria al principio de legalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 021/2023-SCII de 13 de febrero, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer la nulidad del Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, ordenando que en su lugar, la autoridad demandada pronuncie una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente, siempre y cuando la situación jurídica de las partes procesales no se haya modificado por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2025-S1 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53420-2023-107-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 021/2023-SCII de 13 de febrero, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Feliciano Fernández Rojas y Máxima Turihuano de Fernández contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Mediante memoriales presentados el 16 y 18 de enero de 2023, cursantes de fs. 15 a 18 vta. y 28 a 30 vta., respectivamente, los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido contra Atanacio Rosso Padilla, Justina Fuentes Ayca, Delfín Duarte Saavedra, Florentino Gutiérrez Pillco y otro, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato, con agravación de víctimas múltiples, en audiencia de aplicación de medida cautelar celebrada el 8 de noviembre de 2022, el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, inicialmente declaró la rebeldía y ordenó la emisión del mandamiento de aprehensión contra uno de los acusados -Florentino Gutiérrez Pillco-, para luego desarrollar la audiencia señalada con la presencia de los demás acusados determinando como infundado el “incidente” de detención preventiva. A tal efecto, mediante memorial de 14 de noviembre de 2022, formularon recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio de 8 de igual mes y año, por efecto del mismo, Hugo Michel Lescano, Vocal del Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -autoridad ahora demandada- mediante providencia de 22 de similar mes y año, decidió “…CONVOCAR ILEGALMENTE A LA AUDIENCIA SEÑALADA PARA EL DIA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE AL ACUSADO FLORENTINO GUTIERREZ PILLCO, PERSONA QUE SE ENCUENTRA DECLARADA REBELDE DENTRO DEL PRESENTE PROCESO, MOTIVO POR EL CUAL INTERPONEMOS EL PRESENTE RECURSO (ART. 401 Y 402 DEL C.P.P.) TODA VEZ QUE EL SINDICADO NO FUE PARTE DE AL AUDIENCIA DE MEDIA CAUTELAR CELEBRADA, TAL COMO SE EVIDENCIA POR EL ACTA INSERTA EN EL CUADERNO PROCESAL AUDIENCIA EN LA CUAL SE EMITIO LA RESOLUCION AHORA APELADA, HABIENDOSE EMITIDO MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL ACUSADO QUIEN AL PRESENTE NO HA COMPARECIDO. Por lo precedentemente expuesto pedimos MODIFIQUEN (ART. 24 CONSTITUCIONAL) LA DISPOSICION EMITIDA DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y ORDENEN la celebración de la audiencia EN SALA sea de manera presencial con los acusados que se encuentran apersonados NO EXISITIENDO LA NECESIDAD DE CONVOCAR A UN REBELDE MENOS UTILIZAR LA PLATAFORMA CISCO WEBEX; a demás de señalar las complicaciones propias que implicaría se genere ilegalmente una transmisión digital…” (sic). Agregan los accionantes que de manera contradictoria e irregular, en la parte final de la misma providencia de 22 de noviembre de 2022, se dispuso la notificación al Director del Recinto Penitenciario de San Roque o al abogado de Régimen Penitenciario, instruyendo que el declarado rebelde sea conducido a un ambiente acondicionado dentro del referido Recinto para participar en la audiencia fijada de manera virtual. Dicha actuación vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, pues el sindicado había sido declarado rebelde en la audiencia de medidas cautelares del 8 de noviembre de 2022, en la que se ordenó su aprehensión, como consta en el acta respectiva. Pese a ello, la autoridad ahora demandada permitió su participación en la audiencia, desconociendo el ordenamiento jurídico y generando una evidente falta de seguridad jurídica. Ante esta irregularidad, se interpuso oportunamente un recurso de reposición, el cual fue rechazado por Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, sin fundamentación jurídica suficiente, con el simple argumento que la providencia de 22 de noviembre de 2022, fue emitida en base a los antecedentes remitidos. Asimismo, se advierte la falta de intervención y firma del Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en el Auto de Vista impugnado, lo que refuerza la ilegalidad del acto cuestionado.
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, de seguridad jurídica y de legalidad; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, ordenando se fije nueva fecha y hora de audiencia, y que la misma se realice de manera presencial y no virtual.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 61, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, en audiencia, señalaron que les llama la atención que el Vocal ahora demandado mantenga la Resolución de convocatoria al rebelde sin fundamentar su decisión; además que el informe presentado por esta autoridad, no aclaró sobre los motivos que determinaron el rechazo del recurso de reposición. Respondiendo a las preguntas del Presidente de la Sala Constitucional, a través de su abogado, señalaron que no existe fundamento para convocar a una persona que estaba declarada rebelde y se le haga partícipe de la audiencia fijada para resolver el recurso de apelación.
Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 53 a 54, manifestó que: i) Se rechazó el recurso de reposición con base a los antecedentes cursantes en el proceso; y, ii) En aplicación del principio de legalidad, si el Código de Procedimiento Penal, establece de forma expresa que una resolución no tiene recurso posterior, significa que no existe recurso contra esa decisión, en ese sentido, la reposición no tiene recurso ulterior; por lo que, no se puede tramitar, admitir y resolver una apelación incidental.
Justina Fuentes Ayca y Delfín Duarte Saavedra, a través de su abogado, en audiencia, manifestaron que, siendo evidente que la parte accionante a través de su abogado, no expuso con claridad los fundamentos de la acción de amparo constitucional y menos identificar la relevancia constitucional de su reclamo, solicitan se declare “infundada” la presente acción tutelar.
Atanacio Rosso Padilla, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación, cursante a fs. 45.
Nicolás Callacopa Mamani y María Hermosillas Barahona, a través de su abogado, en audiencia, señalaron que como covíctimas del proceso penal, no harán ninguna referencia, tomando en cuenta que no existe una fundamentación y se quedan en su posición de covíctimas. Florentino Gutiérrez Pillco, a través de sus abogados, en audiencia señaló que la parte accionante no argumentó a cabalidad la acción de amparo constitucional interpuesta y será la autoridad quien disponga lo que en derecho corresponda.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 021/2023-SCII de 13 de febrero, cursante de fs. 62 a 64, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) Del análisis del Auto de Vista 462/2022 ahora cuestionado, a través de la presente acción tutelar, se advierte que en el Considerando II, cita el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y con base en ello, concluye que el recurso de reposición se genera contra providencias de mero trámite, a fin que el mismo juez o tribunal advertido de su error las revoque o modifique; b) En el caso concreto el Tribunal de alzada advirtió que no incurrió en error alguno que amerite revocar o modificar la providencia de 22 de noviembre de 2022; c) Con relación al señalamiento de la audiencia, manifestó que lo hizo en el marco de las Circulares “1, 2 y 3 de 2022”, emitidas por la Sala Plena de dicho Tribunal Departamental, sin explicar el sentido y el alcance que se asignó a esta disposición normativa, y en cuanto a la motivación se limitó a expresar que no existe error alguno; d) El Auto de Vista ahora cuestionado tiene insuficiente fundamentación y motivación; empero, la naturaleza de la acción de amparo constitucional es la de tutelar derechos fundamentales y garantías constitucionales, y no revisar actuaciones de los jueces o tribunales, y menos corregir los defectos procedimentales, razón por la cual, los ahora accionantes se limitaron a denunciar falta de fundamentación del Auto de Vista 462/2022, sin explicar cuál es el derecho sustancial lesionado, la indefensión o el perjuicio que les provocó, expresando únicamente que la seguridad jurídica y la legalidad deben ser garantizadas por el Estado a través de los servidores públicos que deben dar certeza y confianza a la población litigante; y, e) De acuerdo a la SCP 0018/2018-S2 de 28 de febrero, el análisis respecto a las denuncias de insuficiente fundamentación debe ser completado con el de relevancia constitucional; para decidir sobre la concesión de la tutela, el juez constitucional debe analizar si de acuerdo a los elementos aportados, esto permitirá cambiar el sentido de la decisión o la materialización de un derecho sustancial; por lo que, una eventual concesión de la tutela con base a los elementos que existen en los antecedentes del caso, no permitirá restablecer ningún derecho sustancial suprimido, restringido o amenazado de suprimir o restringir. En ese sentido, en la presente acción tutelar, no se señaló cuál sería la lesión como consecuencia de la audiencia virtual, en qué consistiría la arbitrariedad o qué norma prohíbe proceder con la notificación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de consideración de medida cautelar de detención preventiva de 8 de noviembre de 2022, oportunidad en la que el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el Auto de la misma fecha, declarando rebelde al acusado Florentino Gutiérrez Pillco, y disponiendo su arraigo, la publicación de sus datos y señas, el mandamiento de aprehensión para que pueda ser habido y conducido a dicho despacho, la designación de abogado defensor de oficio y la suspensión de cualquier efecto del juicio. Asimismo, por Auto de la referida fecha, el citado Juez declaró infundado el incidente de detención preventiva presentado por Feliciano Fernández Rojas y Máxima Turihuano de Fernández -ahora accionantes- (fs. 4 a 7). II.2. Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, los ahora impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 8 de igual mes y año, a través del cual el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca declaró infundado el incidente de detención preventiva (fs. 8 a 11). II.3. A través de la providencia de 22 de noviembre de 2022, Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca -autoridad ahora demandada-, programó audiencia presencial para el 24 de igual mes y año, ordenando la notificación con el señalamiento de la audiencia al Director del Penal de San Roque o al abogado de Régimen Penitenciario, a efectos que Florentino Gutiérrez Pillco, pueda ser conducido al ambiente acondicionado para dicho efecto dentro del mencionado Recinto y sea partícipe de la referida audiencia virtual (fs. 22). II.4. Mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, los ahora peticionantes de tutela, interpusieron recurso de reposición contra la providencia de igual fecha, indicando que no se puede convocar a la audiencia al declarado rebelde Florentino Gutiérrez Pillco, al no haber sido parte de la audiencia de medida cautelar, pidiendo se señale audiencia presencial sin recurrir a la plataforma Cisco Webex (fs. 25 a 26). II.5. Por Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, la autoridad ahora demandada, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte impetrante de tutela, señalando que no incurrió en error que amerite revocar o modificar la providencia de 22 de noviembre de 2022; toda vez que, fue emitida con base en los antecedentes del proceso, y la audiencia virtual fue fijada en virtud a las Circulares “…1/2022, 2/2022 y 3/2022…” (sic) de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 23 a 24).
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, de seguridad jurídica y de legalidad; puesto que, el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, rechazó su recurso de reposición y confirmó la providencia de 22 de noviembre de 2022, mediante la cual se convocó irregularmente a una audiencia al acusado Florentino Gutiérrez Pillco, pese a que fue declarado rebelde y tenía orden de aprehensión vigente, dispuesta en audiencia celebrada el 8 del indicado mes y año, providencia que inicialmente señalaba una audiencia presencial, pero de manera contradictoria e infundada, determinó su realización de manera virtual, permitiendo la participación del acusado sin que previamente hubiera cumplido con su aprehensión, lo que constituye una actuación arbitraria y contraria al principio de legalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, de seguridad jurídica y de legalidad; puesto que, el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, rechazó su recurso de reposición y confirmó la providencia de 22 de noviembre de 2022, mediante la cual se convocó irregularmente a una audiencia al acusado Florentino Gutiérrez Pillco, pese a que fue declarado rebelde y tenía orden de aprehensión vigente, dispuesta en audiencia celebrada el 8 del indicado mes y año, providencia que inicialmente señalaba una audiencia presencial, pero de manera contradictoria e infundada, determinó su realización de manera virtual, permitiendo la participación del acusado sin que previamente hubiera cumplido con su aprehensión, lo que constituye una actuación arbitraria y contraria al principio de legalidad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte que, en la audiencia de consideración de medida cautelar de detención preventiva de 8 de noviembre de 2022, el el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el Auto de la misma fecha, declarando rebelde al acusado Florentino Gutiérrez Pillco, y disponiendo su arraigo, la publicación de sus datos y señas, el mandamiento de aprehensión para que pueda ser habido y conducido a dicho despacho, la designación de abogado defensor de oficio y la suspensión de cualquier efecto del juicio. Asimismo, por Auto de la referida fecha, el citado Juez declaró infundado el incidente de detención preventiva presentado por Feliciano Fernández Rojas y Máxima Turihuano de Fernández -ahora accionantes- (Conclusión II.1.). Como consecuencia de dicha decisión, por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, los ahora impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 8 de igual mes y año, a través del cual el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, declaró infundado el incidente de detención preventiva (Conclusión II.2.). Por efecto de ello, mediante providencia de 22 de igual mes y año, Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental -autoridad ahora demandada-, programó audiencia presencial para el 24 de igual mes y año, ordenando la notificación con el señalamiento de la audiencia al Director del Penal de San Roque o al abogado de Régimen Penitenciario, a efectos que Florentino Gutiérrez Pillco, pueda ser conducido al ambiente acondicionado para dicho efecto dentro del mencionado Recinto y sea partícipe de la referida audiencia virtual (Conclusión II.3.). En ese sentido, mediante memorial de 22 de noviembre de 2022, los ahora accionantes, interpusieron recurso de reposición contra el decreto de igual fecha, mes y año, indicando que no se puede convocar a la audiencia al sindicado declarado rebelde Florentino Gutiérrez Pillco, al no haber sido parte de la audiencia de medida cautelar, pidiendo se señale audiencia presencial sin recurrir a la plataforma Cisco Webex (Conclusión II.4.). Finalmente, por Auto de Vista 462/2022, la autoridad ahora demandada, rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte impetrante de tutela, señalando que no incurrió en error que amerite revocar o modificar la providencia de 22 de noviembre de 2022; toda vez que, fue decretado con base en los antecedentes del proceso, y la audiencia virtual fue fijada en virtud a las Circulares S.P. “…1/2022, 2/2022 y 3/2022…” (sic) emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (Conclusión II.5.)
Establecidos los antecedentes e identificada la problemática planteada, corresponde analizar si resulta evidente que el Auto de Vista 462/2022, emitido por Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -autoridad ahora demandada-, vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, de seguridad jurídica y de legalidad, al haber rechazado su recurso de reposición y dejando subsistente la providencia de 22 de noviembre de 2022, a través del cual, se señaló audiencia para la consideración de la medida cautelar de detención preventiva con la participación del declarado rebelde Florentino Gutiérrez Pillco; a pesar que dicho acusado no participó de la audiencia de medidas cautelares, providencia que inicialmente señalaba una audiencia presencial, pero de manera contradictoria e infundada, dispuso su realización de forma virtual. Ahora bien, de la verificación del contenido del fallo de alzada ahora impugnado y como examen constitucional, se advierte que, considerando el art. 401 del CPP, el Vocal ahora demandado hizo mención a la procedencia del recurso de reposición y con base en esta normativa, concluyó que no incurrió en error que amerite revocar o modificar la providencia de 22 de noviembre de 2022; toda vez que, fue emanada conforme a los antecedentes y, que la audiencia virtual fue fijada en el marco de las Circulares S.P. 1/2022, 2/2022 y 3/2022 emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Al respecto, si bien el Vocal ahora demandado emitió un pronunciamiento en el que expuso los motivos por los cuales confirmó la providencia de 22 de noviembre de 2022, no se advierte que dichas razones conformen una fundamentación jurídico-argumentativa suficientemente sólida para generar convencimiento en las partes. En su fundamentación, se limitó a transcribir el art. 401 del CPP, que regula la procedencia del recurso de reposición, y a citar algunas circulares sobre la fijación de audiencias virtuales. Sin embargo, esta argumentación, tanto fáctica como jurídica, resulta insuficiente frente a la reclamación expresa de los apelantes -ahora accionantes-, quienes cuestionaron la convocatoria del acusado Florentino Gutiérrez Pillco, dado que había sido declarado rebelde y no participó en la audiencia de solicitud de medida cautelar.
En ese sentido, para garantizar una resolución debidamente fundamentada y motivada, correspondía que la instancia de alzada -ahora demandada- desarrollara un análisis jurisdiccional adecuado, considerando estos aspectos y su impacto en el caso concreto. Bajo estos razonamientos, en el caso en cuestión se puede advertir la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, en el marco del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y la normativa penal aplicable, dado que, el Vocal ahora demandado no explicó los motivos por los cuales, en su criterio, resulta jurídicamente válida la convocatoria del coacusado Florentino Gutiérrez Pillco a la audiencia de apelación incidental sobre la medida cautelar solicitada en su contra, mientras su situación jurídica en el Auto Interlocutorio apelado no fue previamente resuelta y sin que él se haya apersonado voluntariamente ni se haya puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional a quo. Al respecto, si bien la normativa constitucional establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido previamente oída y juzgada en un debido proceso; y a su vez el derecho procesal penal reconoce la facultad del imputado de intervenir en los actos que incorporen elementos de prueba y formular observaciones, estos principios no pueden interpretarse de manera aislada ni en contradicción con el régimen de rebeldía previsto en el ordenamiento jurídico, esto tomando en cuenta que la declaratoria de rebeldía conlleva efectos procesales específicos, entre ellos, la suspensión de su participación activa en el proceso hasta que regularice su situación jurídica -art. 90 del CPP-. En ese sentido, el Vocal ahora demandado no motivó ni fundamentó de manera suficiente, por qué la determinación sobre la situación jurídica del imputado rebelde no resulta una atribución exclusiva del Juez natural, quien debe definir su comparecencia y la continuidad de su proceso conforme a derecho, tampoco si el Tribunal de alzada carece de competencia para asumir dicha facultad al estar su labor estrictamente delimitada por el art. 398 del CPP, el cual establece que la revisión en apelación debe circunscribirse únicamente a los agravios expresamente planteados por los recurrentes y que no puede agravar su situación si éstos son los únicos apelantes; asimismo, cabe añadir que convocar al imputado rebelde sin que haya sido solicitado en el recurso de apelación incidental transgrede el principio de congruencia recursiva, pues el Tribunal de alzada no puede modificar aspectos procesales que no han sido objeto de impugnación, lo cual implicaría una decisión ajena a su competencia, dado que la situación procesal del rebelde no forma parte de la materia propia de la apelación incidental. Ahora bien, a los fines de precisión, aunque la parte accionante no tiene facultad para reclamar en nombre del imputado, en el caso particular de Florentino Gutiérrez Pillco, sí puede accionar cuando una decisión judicial no explica, fundamenta ni motiva adecuadamente los aspectos pertinentes, distorsionando el debido proceso y afectando su derecho a una tutela judicial efectiva. En el presente caso, el Vocal demandado en el Auto de Vista confutado no explicó ni fundamentó los aspectos relativos a la indebida convocatoria del imputado rebelde, lo que podría generar dilaciones injustificadas o alterar la estructura procesal de forma que perjudique la celeridad y eficacia del proceso penal, afectando así los derechos de la víctima. La impugnación de la parte accionante no se basa en la protección de derechos ajenos, sino en la afectación que le genera la distorsión de las reglas procesales y la falta de fundamentación de la decisión impugnada. Argumentar que dicho defecto carece de trascendencia en el resultado final es erróneo, ya que el debido proceso exige no solo decisiones fundamentadas, sino también el cumplimiento estricto de las reglas procesales, en consonancia con los principios de legalidad y de seguridad jurídica.
Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela pretendida al advertirse una afectación a los principios de legalidad procesal y seguridad jurídica vinculados al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 021/2023-SCII de 13 de febrero, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer la nulidad del Auto de Vista 462/2022 de 23 de noviembre, ordenando que en su lugar, la autoridad demandada pronuncie una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente, siempre y cuando la situación jurídica de las partes procesales no se haya modificado por el transcurso del tiempo.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0100_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): f9c04b3a6dc373313f12b9724e3d054ae1c6f7e6a4c0302b5b603541a2112718
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