Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de mayo de 2024
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración del principio de celeridad, debido a que habiendo sido dictada la Sentencia 09/2022 de 5 de mayo, se apersonó a Secretaría del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a efectos que se le entregue una copia del acta de la audiencia de 5 de mayo de 2022, así como de la Sentencia dictada en su contra; sin embargo, la Secretaria del citado Juzgado únicamente le confirió copia del fallo, indicándole que el acta aún no se encontraba concluida, situación que le genera perjuicio, debido a que tiene plazo para formular recurso de apelación restringida contra la mencionada Sentencia y el Auto que rechazó las excepciones formuladas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza; y, María Luz Torrico Salazar, Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, en el día, la funcionaria de apoyo jurisdiccional ahora demandada proceda a la entrega de una copia del Auto Interlocutorio pronunciado en audiencia de juicio oral, celebrada el 5 de mayo de 2022, siempre y cuando aún no se haya efectivizado la misma.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2024-S1 Sucre, 8 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47845-2022-96-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 1/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Isidoro Helio Cruz Huanca contra Emilse Patricia Arnez Quiroz y María Luz Torrico Salazar, Jueza y Secretaria Abogada, respectivamente, del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 18 de mayo de 2022, cursante de fs. 12 a 15, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Manifiesta que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, el 5 de mayo de 2022 se celebró audiencia oral de su juicio, oportunidad en la que presentó excepción de prescripción de la acción penal y falta de acción, medio de defensa que fue rechazado en la misma audiencia; ante esta determinación se anunció la reserva de apelación restringida, recurso que fue consentido por la autoridad judicial. Así, el 13 de mayo del 2022, fue notificado con la Sentencia 09/2022 de 5 de mayo, sin embargo, la Juez ahora demandada no incluyó la resolución que resolvía la mencionada excepción; es decir, únicamente se encontraba la determinación que hace al fondo del proceso penal y no así de la prescripción de la acción penal y la falta de acción planteada por el impetrante de tutela.
Señala que a fin de poder hacer uso del recurso de apelación restringida contra la Sentencia 09/2022, como también del Auto que rechazó las excepciones de prescripción y falta de acción, se apersonó ante Secretaría de dicho Juzgado, a fin de recabar una copia del acta de audiencia donde se encontraba el rechazo de las excepciones, empero, la Secretaria le indicó que aún no se encontraba concluida la transcripción de dicha acta e incluso hasta la interposición de la acción de libertad, la misma no se encontraba concluida. Refiere que existe vulneración al principio de celeridad, debido a que no puede tramitar su apelación restringida contra la Sentencia 09/2022 y el Auto que resuelve las excepciones, máxime cuando ya fue notificado con la mencionada Sentencia. Finalmente indica que de acuerdo al art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuenta con el plazo de quince días a efectos de interponer dicho recurso, mismo que se encuentra corriendo.
Denuncia la lesión del art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE) referida a que “…el Estado va a garantizar una justicia pronta, oportuna, trasparente y sin dilaciones…” (sic); y, al principio de celeridad.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la autoridad y funcionaria judicial ahora demandadas emitan el acta de juicio oral de 5 de mayo de 2022.
Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 32, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad.
Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza de Sentencia Penal Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 17 a 18 vta., señaló que: a) De acuerdo al art. 333 del CPP, las resoluciones pronunciadas por el tribunal durante la audiencia se dictan verbalmente, quedando notificados todos con su pronunciamiento, dejándose constancia en la correspondiente acta; en ese sentido, evidentemente en audiencia de juicio oral realizada el 5 de mayo de 2022, el ahora accionante interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción y falta de acción, las cuales fueron resueltas en la misma audiencia en un solo acto, dejando constancia en el acta el anuncio de apelación restringida por parte del demandante de tutela; b) Respecto a que el acta de audiencia de juicio oral no habría sido elaborada y menos se le habría facilitado una copia, al respecto, de acuerdo a las modificaciones legislativas realizadas, la elaboración de actas ya no es competencia de los jueces sino de los secretarios de juzgado; y, c) Con las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se implementó la Oficina Gestora y con ello, se suprimió al Oficial de Diligenciad; dicho vacío debe ser ahora cubierto por los Secretarios, situación que no permite cumplir a cabalidad sus funciones. María Luz Torrico Salazar, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 19, refirió que: 1) El 13 de mayo de 2022, se notificó con la Sentencia de 5 de igual mes y año al abogado del acusado y cuando éste preguntó sobre el acta de audiencia, se le indicó que la misma estaría transcrita para el día “viernes 20” de ese mes y año, debido a que no contaba con personal subalterno que le colabore; 2) Es de conocimiento general la carga laboral que tienen todos los juzgados en lo penal, además que no cuentan con el personal necesario; sobre este punto cuenta con el apoyo del Juez; y, 3) Se comprometió con el abogado a entregar el acta suscrito el 5 de ese mes y año, para el 20 de igual mes y año.
La Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 1/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) No considera que se haya vulnerado derecho o garantía alguna relacionada con la libertad del accionante, pues en antecedentes, se evidencia que la Jueza ahora demandada dictó la resolución de las excepciones de prescripción y falta de acción de forma oral dentro del caso presente, conforme estable el art. 403 del CPP; ii) El hecho de hacer constar en sentencia que las excepciones fueron admitidas o rechazadas no se considera vulneratoria a derechos y garantías constitucionales; iii) El hecho de no entregar el acta de la audiencia de juicio oral, junto con la sentencia tampoco se considera como transgresión de derecho alguno del imputado Isidoro Helio Cruz Huanca -ahora accionante- que tenga directa relación con su libertad; y iv) En el presente caso no se agotaron las vías intraprocesales de reclamo, no correspondiendo acudir de manera directa a la acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 09/2022 de 5 de mayo, pronunciada por Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza de Sentencia Penal Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Isidoro Helio Cruz Huanca -ahora accionante-; por la que se declaró al acusado como autor y culpable del delito de uso de instrumento falsificado condenándolo a una pena de dos años de reclusión; sin embargo de ello, en el penúltimo párrafo de dicha Resolución se señala que si bien la Sentencia es leída y pronunciada en audiencia pública de 5 de mayo de 2022, su lectura íntegra sería el martes 10 de ese mismo año, a horas 15:45, considerándose que los días sábado 7 y domingo 8 de ese mes y año, no son computables por ser días inhábiles (fs. 2 a 10).
La parte accionante denuncia la vulneración del principio de celeridad, debido a que habiendo sido dictada la Sentencia 09/2022 de 5 de mayo, se apersonó a Secretaría del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a efectos que se le entregue una copia del acta de la audiencia de 5 de mayo de 2022, así como de la Sentencia dictada en su contra; sin embargo, la Secretaria del citado Juzgado únicamente le confirió copia del fallo, indicándole que el acta aún no se encontraba concluida, situación que le genera perjuicio, debido a que tiene plazo para formular recurso de apelación restringida contra la mencionada Sentencia y el Auto que rechazó las excepciones formuladas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable;
razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que:
“La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).
Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia (…).
En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”. 5El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 6El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
7El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 8El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (el subrayado es añadido).
El impetrante de tutela señala que en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, celebrada dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la comisión de ilícito de uso de instrumento falsificado, presentó excepciones de prescripción de la acción penal y falta de acción, las cuales fueron rechazadas en audiencia, ante ello, en el mismo acto anunció reserva de apelación restringida, extremo que fue aceptado por la autoridad judicial. Dictada la correspondiente Sentencia, se le notificó con la misma, sin embargo, cuando solicitó copia del Acta de 5 de mayo de 2022, la Secretaria Abogada le indicó que la misma aún no se encontraba elaborada, situación que le genera perjuicio puesto que requiere dicha acta para hacer efectiva su recurso de apelación restringida.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente constitucional se tiene que, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público contra Isidoro Helio Cruz Huanca -ahora accionante-, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, el 5 de mayo de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba -autoridad ahora demandada-, en audiencia de juicio oral, público y contradictorio, resolvió las excepciones de extinción por prescripción y falta de personería interpuesta por el ahora impetrante de tutela, disponiendo el rechazo de las mismas, dicho acto procesal concluyó con la emisión de la Sentencia 09/2022 de la misma fecha, en cuyo penúltimo párrafo se indica que dicho fallo es leído y pronunciado en audiencia pública y que su lectura íntegra sería el 10 del referido mes y año, a horas 15:45, aclarándose que los días 7 y 8 de mayo de ese año recaen en fin de semana; por lo que, no son computables al no ser días hábiles (Conclusión II.1). Por otro lado, a través del informe prestado en esta demanda tutelar se tiene que la Secretaria ahora demandada, señaló que “…El día viernes 13 de mayo se notificó personalmente a las partes con la sentencia de 05 de mayo de 2022, el abogado del acusado Dr. Simón B. Flores Zurita pidió el acta, se le explico que el acta estaría lista para el viernes, ya que mi persona no cuenta con un funcionario subalterno (...) que coopera con el trabajo de secretaria (...) mi persona se comprometió el de entregar el acta de la audiencia de juicio oral para el día viernes 20 de mayo de 2022 en horas de la tarde” (sic). Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, el principio de celeridad, establecido en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, exige una justicia rápida y sin dilaciones, así la jurisprudencia constitucional refuerza su importancia al señalar que la celeridad y eficiencia buscan reducir la duración de los procesos para garantizar un reconocimiento oportuno de los derechos; así los jueces deben resolver sin retrasos indebidos. Por otro lado, en cuanto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional, estos adquieren legitimación pasiva si los actos u omisiones denunciados afectan directamente derechos fundamentales, donde además, los jueces son responsables de supervisar al personal de apoyo y garantizar el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, el ahora impetrante de tutela alega que luego de ser notificado el 13 de mayo de 2022 con la sentencia condenatoria dictada en su contra, se apersonó ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, a objeto de recabar copia del acta de audiencia de juicio oral, sin haber podido obtenerla; puesto que, no habría sido labrada, según le informó la Secretaría ahora demandada, quien le aseguró que le proporcionaría dicho actuado luego de unos días, sin que se haya cumplido dicho cometido. En ese contexto, respecto a la actuación de la Jueza demandada, misma que alega que la elaboración del acta de audiencia extrañado sería responsabilidad de la Secretaria ahora demandada, este Tribunal advierte que no realizó un seguimiento adecuado a los fines de su cumplimiento, especialmente si conocía que únicamente se notificó con la Sentencia y no así con el Auto que rechazó la excepción planteada en audiencia de juicio oral por el solicitante de tutela; falta de supervisión y control, que constituye una negligencia que demuestra descuido en la gestión del Juzgado a su cargo, provocando una dilación injustificada, consecuentemente, sobre este punto de agravio se debe conceder la tutela. Con relación a la actuación de la demandada Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, quien sería también responsable de la falta de elaboración del acta de juicio oral ya señalada; es preciso recordar lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que determina los presupuestos en los que de forma excepcional el personal de apoyo jurisdiccional adquiere legitimación pasiva, constituyendo uno de ellos, la existencia de un evidente desconocimiento e incumplimiento de sus propias funciones y obligaciones. Establecido esto, en el caso corresponde analizar si en la prenombrada Secretaria concurre un supuesto de excepción a la subregla de la falta de legitimación pasiva de los funcionarios subalternos y pueda ser demandada; en ese entendido, de la revisión de antecedentes, principalmente del informe prestado por la precitada en audiencia de acción de libertad, la misma reconoce que se “…comprometió el de entregar el acta de la audiencia de juicio oral para el día viernes 20 de mayo de 2022 en horas de la tarde…" (sic), de donde se llega a la convicción que sí concurre uno de los supuestos de excepción referidos precedentemente, vale decir, el incumplimiento de sus funciones y obligaciones, puesto que entre una de ellas -funciones-, se encuentra el de labrar las actas de las audiencias, conforme lo previsto por el art. 120 del CPP modificado por la Ley 1173 que en su parte pertinente, establece: "Las secretarias y los secretarios serán los encargados de redactar la constancia del acta, y ésta carecerá de valor sin su firma, sin perjuicio de su responsabilidad personal" concordante con el art. 94.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por lo mismo incumplió sus deberes, no siendo justificativo la falta de personal y/o las recargadas labores alegadas; por lo que, también la Secretaria del referido Juzgado incurrió en dilación indebida, causando perjuicio al accionante; correspondiendo también conceder la tutela solicitada sobre este punto de agravio. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Mixta de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Emilse Patricia Arnez Quiroz, Jueza; y, María Luz Torrico Salazar, Secretaria, ambas del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, en el día, la funcionaria de apoyo jurisdiccional ahora demandada proceda a la entrega de una copia del Auto Interlocutorio pronunciado en audiencia de juicio oral, celebrada el 5 de mayo de 2022, siempre y cuando aún no se haya efectivizado la misma. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 El FJ III.6, señala: “…(eficacia) supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la (eficiencia), persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos”. 4El FJ III.1, refiere: “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano
y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0100_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3f1b935c4e4c49618bf760bf5f8bd3c7f14de0ece67acb8461ebbf2e150a0b53
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →