B.IA.LEGAL

SCP 0100/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
33792-2020-68-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa; toda vez que, la AGIT a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, al momento de resolver el recurso jerárquico incurrió en los siguientes actos ilegales a) No respondió de manera expresa y congruente al primer punto de agravio de dicho recurso, por el cual cuestionó, que Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, incurrió en errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB, sosteniendo que el contrabando tipificado en dicho artículo, es netamente doloso, y la errónea aplicación del art. 160 del CTB, porque dicha norma regula las contravenciones tributarias y en el numeral 4 dispone, contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la misma norma, de la cual no forman parte los inc. b) y g); asimismo, es incongruente al no haberse pronunciado sobre lo señalado en el referido Recurso de alzada, que bastará la omisión o culpabilidad, para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del Código aludido, entre los cuales figura el contrabando; y, b) La autoridad demanda, tampoco se pronunció de manera expresa y con la debida fundamentación y motivación sobre la errónea aplicación del artículo 160 del CTB y el carácter doloso del contrabando tipificado en el art. 181 incs. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2020 de 20 de marzo, cursante de fs. 340 a 342 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2023-S1 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 33792-2020-68-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 028/2020 de 20 de marzo, cursante de fs. 340 a 342 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Maximiliano Vedia Gamboa contra Luis Fernando Terán Oyola, Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA

JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2020, cursante de fs. 67 a 73, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En Villazón del departamento de Potosí, el 9 de julio de 2019, a horas 08:00, cuando retornaba de Bolivia a la República de Argentina con el motorizado de su propiedad marca Volkswagen con placa de control JNC 018, se apersonó a las oficinas de la Aduana Nacional Frontera Villazón, para dar a conocer que el plazo de permanencia del vehículo en territorio nacional venció; empero, los funcionarios de dicha Aduana procedieron al comiso de su vehículo alegando la presunta comisión de contrabando contravencional previsto en el art. 181 incs. b) y g) del Código Tributario Boliviano (CTB), emitiendo el Acta de Intervención Contravencional VILTF-C-0316/2019 de 9 de julio, con cuya notificación se inició el proceso administrativo por contrabando contravencional en su contra. Por memorial de 15 de julio del indicado año, presentó sus pruebas de descargo y a pesar de ello, el Administrador de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Villazón de la Gerencia Regional Potosí, emitió la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio, declarando probada la comisión de contravención aduanera de contrabando, disponiendo la adjudicación de su motorizado en favor del Ministerio de la Presidencia. Ante dicha Resolución, planteó recurso de alzada, que fue resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, confirmando la Resolución Sancionatoria precitada. Finalmente interpuso recurso jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada mencionada supra, alegando como primer motivo, la errónea interpretación del art. 181 inc. b) y g) del CTB, y la errónea aplicación del art. 160 de la misma norma; y como segundo motivo, la violación de los principios de verdad material, razonabilidad y proporcionalidad, emitiéndose en consecuencia la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, sin que la misma se haya pronunciado de manera expresa y fundamentada sobre su primer motivo del recurso jerárquico, incurriendo en una omisión ilegal. Asimismo señala que, con dicha Resolución Jerárquica fue notificada el 11 de febrero de 2020. En el recurso jerárquico presentado, cuestionó que en el recurso de alzada alego que el contrabando tipificado por el art. 181 incs. b) y g) del CTB, es netamente doloso, que en su caso no se había demostrado, porque su persona el 9 de julio de 2019, de manera voluntaria se apersonó a la Aduana Villazón para poner a conocimiento de la misma, el vencimiento del permiso de permanencia; por lo que, su conducta no se adecúa al contrabando tipificado en el señalado artículo, por la ausencia del dolo, al margen de que su ingreso fue legalmente autorizado; sobre este aspecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), precisó que si bien es cierto que el dolo deviene de una acción manifiesta, no es menos cierto que la culpa se genera cuando existe omisión o culpabilidad, para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del CTB, entre los cuales figura el contrabando, cuando se advierta la concurrencia de los elementos establecidos en el art. 181 del citado Código, señalando por ello que, la Administración Aduanera tipificó correctamente la conducta del administrado. Por otro lado también fundamentó que la Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Chuquisaca, incurrió en errónea interpretación del art. 160 del CTB, porque dicha norma regula las contravenciones tributarias y en el numeral 4 dispone, contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la misma norma, del que no forman parte los incs. b) y g) del último artículo señalado; además debe considerarse que nadie incurre en contrabando culposamente, ya que debe existir la voluntad manifiesta desde un inicio, y la omisión no necesariamente implica una conducta culposa; es decir su persona jamás pensó que estaría incurriendo en contrabando, precisamente al haber ingresado de manera legal con su vehículo a territorio boliviano, ya que además no omitió el pago del tributo del mismo. La autoridad ahora demanda, tampoco se pronunció de manera expresa y con la debida motivación sobre la errónea aplicación del artículo 160 del CTB y el carácter doloso del contrabando tipificado en el art. 181 incs. b) y g) de la misma norma; es decir, no se le dio respuesta en el sentido si su reclamo es evidente o no; asimismo, con relación al dolo, se limitó a señalar que el art. 181 de la norma mencionada, no condiciona el contrabando a que la conducta incurra en dolo, pues basta que concurra alguno de los elementos establecidos en el artículo precitado para que se configure el contrabando sin señalar cuales serían esos elementos, pues su reclamo fue específicamente de los incs. b) y g) del referido artículo; por lo que, el fallo impugnado a través de esta acción tutelar carece de fundamentación y motivación, además, la respuesta es incongruente porque en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, señaló que bastará la omisión o culpabilidad, para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del Código aludido, entre los cuales figura el contrabando; empero, la autoridad demandada no se pronunció al respecto. El art. 211 del CTB, dispone que la resolución que emita la AGIT debe contener la fundamentación y a decisión, expresa, positiva y precisa sobre las cuestiones planteadas; sin embargo, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, no contiene la fundamentación ni la decisión expresa, positiva y precisa sobre la errónea aplicación del art. 160 del CTB, ni sobre el elemento dolo que fueron reclamados en el recurso jerárquico, incurriendo el demandado en una omisión ilegal, poniéndole en estado de incertidumbre, ya que en tales circunstancias no tiene certeza de que si le asiste o no la razón en sus reclamos, siendo un decisión más de hecho que de derecho. La omisión ilegal indicada, le imposibilita inclusive impugnar la Resolución antedicha a través del proceso contencioso administrativo, puesto que, al no existir una respuesta a los agravios expuestos ya que no se evidencia un pronunciamiento que pueda cuestionado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante señaló como lesionados sus derechos al debido en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al proceso de impugnación y a la defensa, citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.II, 181.II y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero; b) Ordenen que se remite a una nueva resolución, pronunciándose o resolviendo con la debida fundamentación y motivación los agravios plasmados en el recurso jerárquico, sea con imposición de costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 20 de marzo de 2020, según consta en acta cursante de fs. 334 a 339 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó en tenor íntegro de la acción de amparo constitucional interpuesta, y ampliando refirió que, el demandado en su informe señaló que incumplió con los requisitos establecidos en el art. 33.4 y 5, del Código Procesal Constitucional (CPCo), aspecto que es absolutamente falso, tomando en cuenta que con subtítulos se hizo una relación de los hechos explicando cuáles fueron las omisiones así como la vulneración de derechos y garantías fundamentales, inclusive se hizo mención a la relación de causalidad entre la omisión ilegal y la lesión de su derecho a una resolución motivada.

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

Luis Fernando Terán Oyola, Director Ejecutivo de la AGIT, a través de su representante, mediante informe escrito presentado el 19 de marzo de 2020, cursante de fs. 322 a 333, precisó que: 1) El 9 de julio de 2019, la Administración Aduanera labró el Acta de Comiso 0400149, que describió el comiso preventivo del automóvil de propiedad del accionante, que al momento del mismo presentó formulario SIVETUR 57319 con fecha de vencimiento de 9 de marzo de 2019; 2) El peticionante de tutela presentó memorial de descargos, señalando que no corresponde el procesamiento por contrabando contravencional ya que su permanencia en territorio nacional fuera de plazo, fue por motivos de fuerza mayor lo que excluye su responsabilidad, pues debió cuidar a su padre enfermo y que además fue sometido a tratamiento odontológico; asimismo, refirió que el motorizado fue objeto de reparaciones, adjuntando documentos que no ampararon el ítem 1 del cuadro de valoración vía tasación por lo que se le notificó con la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio; 3) Se incumplió con los numerales 4 y 5 del art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debiendo ser revisados y observados, ya que en la acción de amparo constitucional se deben identificar los hechos y derechos que se consideren lesionados, ante la falta de estos, el Tribunal de garantías se ve imposibilitado de ingresar al fondo del asunto; 4) El impetrante de tutela, expone agravios imprecisos y totalmente carentes de fundamento legal, que no demuestran en absoluto las lesiones supuestamente causadas por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, siendo este un aspecto que no se puede dejar de considerar ya que pone en evidencia que se incumplieron con los requisitos esenciales de admisión de la acción tutelar interpuesta, observándose de forma clara y objetiva que se realiza una somera relación de causalidad de los hechos, que no explican ni relacionan los derechos supuestamente lesionados, no siendo suficiente transcribir antecedentes, precedentes constitucionales sin efectuar la labor lógica entre estos y las lesiones acusadas y no pudiendo argüirse situaciones de hecho y de derechos sin relevancia constitucional; 5) La actividad interpretativa de la AGIT, no puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, menos si la acción de amparo constitucional no cumple con los requisitos establecidos, siendo totalmente imprecisos y sin fundamento; por lo que, no es labor de la justicia constitucional evaluar la hermenéutica jurídica adoptada y menos ingresar a ver temas de fondo controvertidos que fueron correctamente analizados; 6) El accionante pretende que el Tribunal de garantías se convierta en una instancia más que verifique todo lo obrado en fase recursiva, tergiversando la naturaleza de la acción tutelar precitada; 7) Las actuaciones de la AGIT, no lesionaron derechos ni garantías, sujetándose al procedimiento y tramitación de los recursos interpuestos en los términos de lo solicitado oportunamente por las partes, conforme al debido proceso y al principio de congruencia, pues se expusieron fundamentos de hecho y de derecho, al referir que la parte adversa no asumió que el art. 181 del CTB, fue formulado bajo una lógica que engloba tanto lo voluntario como lo involuntario, sin cerrar su tipificación en la voluntad del sujeto activo del ilícito aduanero; es decir, que para la configuración del mismo, basta con que la conducta del presunto contraventor se adecúe a los presupuestos legales contenidos en el precitado artículo, para ser considerados como tales, independientemente de haber sido producto de un hecho voluntario o que sea producto de un descuido, aspecto que fue claramente delineado en la Resolución de Recurso Jerárquico que se impugna; 8) Se hizo una remembranza de las disposiciones legales aplicables para resolver la controversia, haciéndose mención específica del art. 160 del CTB, mismo que solo efectúa una clasificación de las controversias tributarias y no desvirtúa ni cambia la configuración del ilícito aduanero de contrabando; 9) Se precisó de forma expresa que para el contrabando no se establece al dolo como requisito para su configuración; asimismo, se señaló que el art. 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA), indica que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo, procederá con la presentación de la libreta andina de paso por aduana, la libreta internacional o formulario aprobado por la Administración Aduanera en las condiciones y plazos establecidos en dichos documentos, siendo la permanencia máxima seis meses prorrogables, por otro plazo igual condicionando el tiempo de permanencia aduanero nacional en la visa al turista, igualmente determina que una vez vencido el término de permanencia autorizada y no se hubiere producido su salida del mencionado territorio aduanero nacional, se procederá a su comiso; 10) La Aduana Nacional de Bolivia (ANB), mediante Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril, aprobó el procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para turismo, en cuyo punto III, establece que su cumplimiento es de responsabilidad de turistas bolivianos y extranjeros; 11) Se identificó que el vehículo del accionante, ingresó a territorio nacional al amparo de la norma referida precedentemente, con fines turísticos como se evidencia del formulario Acuerdo Argentino-Boliviano SIVETUR 57319 de salida y admisión temporal, mediante el cual se otorgó un plazo de permanencia desde el 10 de septiembre de 2018 hasta el 9 de marzo de 2019, siendo comisado el 9 de julio de igual año, después de vencido su plazo de estadía, hechos que fueron confirmados por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, lo que correspondía era la solicitud de ampliación de plazo de permanencia de su vehículo adjuntando la documentación que considere pertinente, al no haberlo hecho, incurrió en la contravención de contrabando, por lo que no se evidencia la errónea interpretación del art. 181 inc. b) y g) del CTB, quedando desvirtuada además la falta de pronunciamiento, fundamentación o motivación; 12) Se desvirtúa cualquier tipo de indefensión, debido a que fue la propia desidia y negligencia del peticionante de tutela, lo que provocó el comiso de su vehículo; 13) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, dio respuesta a cada una de las pretensiones contenidas en el recurso jerárquico, el hecho de no haberse resuelto en favor del sujeto pasivo, no puede implicar vulneración del derecho a la petición, se fundamentó y motivó la decisión asumida de manera congruente conforme a la jurisprudencia constitucional, que refiere que la fundamentación no necesariamente debe ser ampulosa o exagerada en sus consideraciones y citas legales, debiendo ser concisa, clara y satisfacer y responder todos los aspectos demandados, por lo que solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional o en su caso se deniegue la tutela.

II.2.3. Intervención del tercero interesado

Según la Resolución de la Sala Constitucional, Oscar Mamani Quispe, Administrador de la Aduana Villazón de la Gerencia Regional Potosí de la ANB, presentó memorial el 20 de marzo de 2020, mismo que no consta en obrados que fueron remitidos a este Tribunal; sin embargo, de acuerdo a la mencionada Resolución, el prenombrado argumentó que: i) La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, se pronunció de manera fundamentada sobre la aplicación del art. 160 del CTB y el carácter doloso del contrabando tipificado en el art. 181 inc. b) y g) de la misma norma, pues esta figura no debe necesariamente configurarse por dolo en la conducta del sujeto pasivo, puesto que también se comete por omisión o culpabilidad como ocurre en el caso concreto; ii) Existe pronunciamiento expreso sobre lo reclamado y si este no es del agrado del accionante, no implica ni puede ser entendido como una lesión a sus derechos fundamentales; y, iii) El sujeto pasivo tuvo garantizado el ejercicio de su derecho a la defensa sin restricción alguna y todos los recursos impugnaticios fueron resueltos cumpliendo con el debido proceso, por lo expuesto no existe lesión a los derechos alegados por el accionante, debiendo denegarse la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 028/2020 de 20 de marzo, cursante de fs. 340 a 342 vta., concedió la tutela, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución observando las reglas del debido proceso, con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución precitada, contiene la precisión de los motivos del recurso, una síntesis de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, la cita de normas que justifican la competencia y regulan el trámite del recurso; de igual manera, tiene la descripción amplia de los antecedentes del caso, la cita de normas aplicables y la fundamentación técnica jurídica, concluyendo que el vehículo del impetrante de tutela ingresó de manera legal al país durante el plazo de 10 de septiembre de 2018 hasta el 9 de marzo de 2019; por lo que, a la fecha de la intervención aduanera y comiso realizado el 9 de julio del citado año, habría permanecido en territorio boliviano sin realizar el procedimiento para la ampliación de su estadía, transgrediendo lo dispuesto en el art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (LGA) y la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril, incurriendo en consecuencia en contrabando contravencional previsto en el art. 181 incs. b) y g) del CTB, mismo que no condiciona a que el contrabando incurra en dolo, pues es suficiente que concurra alguno de los elementos establecidos en esa norma para que se configure el contrabando; b) Si bien la mencionada Resolución contiene una amplia referencia sobre los antecedentes del caso, precisó los motivos del recurso jerárquico y realizó una amplia cita de normas aplicables del Código Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas, su Reglamento y la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril; sin embargo, no se encaminó a resolver la problemática planteada a través del recurso antedicho; es decir, la errónea aplicación del art. 160 y la errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) de la misma norma, en ese sentido la autoridad demanda, como parte de la motivación, debió realizar un escrutinio a los criterios interpretativos y razonamientos desarrollados por la autoridad de alzada, y en dicho enjuiciamiento no es suficiente que la administración reitere lo que dice la norma que se considera incumplida por el sujeto pasivo, sino que debió precisar y explicar el contenido y alcance de la misma, los supuestos que contiene cada uno de los incisos, considerando que ambos no tienen un mismo alcance, ni se puede suponer que son complementarios; c) Una vez precisados los supuestos normativos se podrá explicar de qué manera el caso concreto se acomoda a alguno de los incisos del art. 181 del CTB, exponiendo las razones por las que se llegó a establecer sobre la correcta interpretación de los incisos señalados supra, exponiendo también las razones por las que la configuración de la contravención no requiere de la voluntariedad del sujeto pasivo; sin embargo, respecto a este motivo recursivo, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, se limitó a señalar que al haber permanecido el vehículo en el territorio nacional sin haber cumplido con el procedimiento de ampliación del tiempo de permanencia, incurrió en contrabando contravencional y que dicho criterio es similar al vertido por la autoridad de alzada, faltando de ese modo al deber de motivación; debido a que, no resulta razonable concluir que no existió errónea interpretación de la norma, aludiendo simplemente que la ARIT Chuquisaca emitió similar criterio; y, d) Por lo referido, resulta evidente que la AGIT, no resolvió de forma expresamente motivada los agravios expuestos en el primer punto del recurso jerárquico; por consiguiente, no se cumplió con las exigencias de explicar con claridad las razones por las que considera que no existió errónea aplicación del art. 160.4, ni errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB, esta falta de motivación, no permitió al accionante tener certeza de que su caso fue resuelto en aplicación del derecho conforme a los principios y valores supremos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 13 de mayo de 2021, cursante a fs. 352, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de marzo de 2023 (fs. 370); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Intervención Contravencional VILTF-C-0316/2019 de 9 de julio y Acta de Comiso 0400149 de la misma fecha, con relación al automóvil tipo camioneta marca Volkswagen con placa de control JNC 018 (fs. 302 y 317). II.2. Por memorial presentado el 17 de julio de 2019, Juan Maximiliano Vedia Gamboa -accionante-, justificó los motivos de su permanencia en territorio boliviano con el automóvil descrito supra que tiene placa argentina, por un tiempo mayor al autorizado, para demostrar que no incurrió en contrabando contravencional, ofreciendo prueba de descargo (fs. 7 a 9). II.3. A través la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio, el Administrador de Aduana Villazón de la Gerencia Regional Potosí de la ANB, declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando tipificada en los arts. 160.4 y 181 incs. b) y g) del CTB, contra el accionante, ordenando el comiso definitivo del motorizado ya referido y la adjudicación en favor del Ministerio de la Presidencia o su destrucción según corresponda de acuerdo a norma (fs. 10 a 20). II.4. Mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2019, el impetrante de tutela, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria descrita en la Conclusión precedente, que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, confirmando la Resolución de primera instancia, manteniendo subsistente el comiso definitivo del vehículo (fs. 22 a 24 vta., y 38 a 45 vta.). II.5. Por memorial de 2 de noviembre de 2019, el accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, exponiendo los siguientes motivos: 1) Existió errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB y errónea aplicación del art. 160 de la misma norma, debido a que el Administrador de Aduana Villazón de la Gerencia Regional Potosí de la ANB, no declaró como probado un hecho referido al tráfico como elemento configurador del contrabando; por lo que, al subsumir su conducta al citado artículo se incurrió en errónea aplicación por equivocación de subsunción; en la Resolución que impugnó, precisó que si bien el vehículo ingresó a territorio nacional amparado en el régimen de destino aduanero especial “vehículos de turismo”, el plazo de permanencia otorgado mediante formulario SIVETUR 57319, venció el 9 de marzo de 2019; es decir, que el plazo venció al día siguiente de esa fecha, situación por la cual al margen de un régimen que permita su legal permanencia en territorio nacional y al no haberse solicitado la ampliación del plazo ante la Administración Aduanera, se advierte que estuvo circulando sin documentación de respaldo, consecuentemente la conducta se adecua al art. 181 inc. b) del CTB.

Sostiene además que en ningún momento la ANB desconoció el formulario citado, o cuestionó el legal ingreso del vehículo; por lo que, la conducta sancionada es la permanencia y circulación del motorizado en territorio nacional de la mercancía que derivó en contrabando, en ese sentido se incurre en errónea interpretación, porque en dicha norma los legisladores no tipifican como contrabando la permanencia y circulación de un vehículo que ingresó legalmente, sino el tráfico de mercancía sin la documentación legal de respaldo. En el recurso de alzada también se alegó que conforme al art. 181 inc. g) del CTB, uno de los elementos para configurar el contrabando es la tenencia y comercialización de mercancía extranjera sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, pero en la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio, el Administrador de Aduana Villazón de la Gerencia Regional Potosí de la ANB, reconoció que de acuerdo al formulario SIVETUR 57319, su ingreso fue autorizado y que su estadía vencía el 9 de marzo de 2019, de ahí que al subsumir ese hecho al contrabando tipificado por el citado artículo, se incurrió en errónea aplicación de la norma, al respecto la autoridad de primera instancia se limitó a señalar que el contrabando se configura mediante la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras que no fueron sometidas a un régimen aduanero que lo permita, en el caso, la vigencia de la permanencia legal venció el 9 de marzo de 2019; es por eso, que a partir del día siguiente dejó de tener vigencia y al no haber sometido el vehículo a un régimen aduanero que lo ampare se configuró en la contravención prevista en el art. 181 inc. g) del CTB, en ese sentido, también se incurrió en una errónea interpretación puesto que se reconoce que el vehículo ingresó de forma legal a territorio nacional, habiendo sido sometido a un régimen aduanero que lo permita; motivo por el que no existe posibilidad de que su conducta se adecúe al contrabando. De la misma manera, existe errónea aplicación del art. 160 del Código precitado puesto que el art. 181 en los incisos señalados, es meramente doloso, y en el caso no se demostró el dolo en su conducta, ya que el 9 de julio de 2019 se apersonó de forma voluntaria con su motorizado a la oficinas de la Aduana Villazón precisamente a fin de hacer conocer que el plazo de seis meses se hubiere vencido para su ampliación y buscar solución, sobre este punto, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, sostuvo que si bien el dolo deviene de una acción manifiesta, no es menos cierta que la culpa se genera cuando existe omisión por parte del sujeto pasivo; por lo tanto, bastará la omisión o culpabilidad para que se incurra en alguno de ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del CTB, entre los cuales figura el contrabando; este fundamento es equivocado; debido a que, nadie incurre en contrabando culposamente, ya que debe existir voluntad manifiesta desde un inicio, y la omisión no necesariamente implica una conducta culposa como entiende la autoridad de primera instancia, su persona jamás pensó que estaría incurriendo en contrabando al haber ingresado legalmente con su vehículo a territorio boliviano, despojándole de su derecho a la propiedad de manera arbitraria, vulnerándose su derecho al debido proceso y a los principios de tipicidad y legalidad; y, 2) Se lesionaron los principios de verdad material, razonabilidad y proporcionalidad, debido a que en virtud al formulario SIVETUR 57319, se demuestra que su vehículo ingresó de forma legal al territorio nacional y en estricta observancia de la prevalencia de su derecho sustancial (propiedad) acreditado y en busca de una justicia material, debió revocarse la Resolución Sancionatoria, pues el comiso definitivo por el solo vencimiento del plazo de su permanencia, además de no estar tipificado como contrabando, no condice con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que solicitó que se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y en el fondo se declare improbada la comisión de contrabando, disponiendo la devolución de su motorizado (fs. 47 a 50). II.6. A través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, el Director Ejecutivo de la AGIT, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, señalando en lo principal que: i) El vehículo a cargo de Juan Maximiliano Vedia Gamboa, ingresó a territorio nacional de forma legal al amparo de lo dispuesto en la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril, con fines turísticos, como se evidencia del formulario SIVETUR 57319, de salida y admisión temporal, que consigna la declaración jurada en la que se da fe que los datos señalados en dicho formulario corresponden a la verdad, comprometiéndose a retornar o salir del país con el vehículo dentro del plazo autorizado por la administración aduanera, asumiendo toda la responsabilidad que dicho incumplimiento pueda generar; asimismo, se declaró conocer las normas aduaneras vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina que reglamentan la salida y admisión temporal de vehículos turísticos; ii) Toda vez que, el vehículo marca Volkswagen con placa de control JNC 018, fue comisado el 9 de julio de 2019, después de vencido su plazo de estadía, conforme consta en el Acta de Comiso 0400149, es evidente que su permanencia posterior a la fecha de vigencia de la autorización otorgada, transgredió lo dispuesto por el art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduana (LGA), y la Resolución Sancionatoria precitada, hechos que fueron confirmados por el sujeto pasivo en el recurso jerárquico interpuesto que reitera lo señalado en el memorial de descargos presentados; iii) Corresponde precisar que el procedimiento para el ingreso y salida de vehículo de uso privado para turismo en su numeral V literal A numeral 1, determina para aquellos vehículos que necesitan reparación, la posibilidad de solicitar ante la Administración Aduanera más cercana, la ampliación del plazo permanente antes de su vencimiento, presentando la documentación que acredite dicha reparación; iv) Si bien el sujeto pasivo no niega los hechos acontecidos cabe aclarar que pudo sujetarse al indicado procedimiento y solicitar a la referida Administración Aduanera la ampliación del plazo de permanencia de su vehículo, adjuntando a su solicitud la documentación que considere pertinente; por lo que, al no haber cumplido el citado procedimiento y permanecer en territorio boliviano con el plazo vencido, efectivamente incurrió en la contravención de contrabando, de conformidad a lo previsto por el art. 181 incs. b) y g) del CTB, similar criterio fue señalado por la ARIT Chuquisaca, razón por la cual no se evidencia la errónea interpretación por parte de dicha instancia; sin embargo, debe tenerse en cuenta que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio, motivo por el que correspondía que el sujeto pasivo cumpla con lo establecido en las mismas; v) Con relación a que la conducta del prenombrado no se adecúa a lo establecido en el artículo señalado supra, debido a que el vehículo ingresó de forma legal a territorio nacional, corresponde manifestar que si bien el ingreso fue legal, tenía un plazo de permanencia del 10 de septiembre de 2018 al 9 de marzo de 2019; sin embargo, cuando se libró el Acta de Comiso 0400149, el vehículo tenía plazo vencido motivo por el que se procedió a su comiso conforme al art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, y el acápite V, literal A numeral 1 inc. e) de la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril; por consiguiente, la conducta se adecúa a lo previsto en el referido art. 181 inc. b) y g) del CTB, de tal modo que queda desvirtuado el argumento de falta de tipicidad; vi) El artículo precitado, no condiciona el contrabando a que la conducta incurra en dolo, como de forma errónea alega el sujeto pasivo, pues basta que concurra alguno de los elementos de ese artículo para que se configure el contrabando; motivo por el cual, corresponde desestimar el argumento del sujeto pasivo; vii) Al haber declarado la Aduana Nacional la comisión de contrabando contravencional contra el sujeto pasivo, de ninguna manera significa vulneración del derecho propietario ni al debido proceso, pues al constatar el incumplimiento de plazo de permanencia en territorio boliviano, se procedió conforme dispone la norma; viii) Respecto a la vulneración al principio de verdad material por la incorrecta valoración del formulario SIVETUR 57319, la autoridad de alzada valoró el mismo, y refirió que dicho documento pone en evidencia que el vehículo permaneció en territorio nacional ciento veintidós días después del vencimiento del plazo otorgado por la Administración Aduanera, debido a que el comiso se produjo recién el 9 de julio de 2019, y además las pruebas aportadas no acreditaron la fuerza mayor, motivo por el que se sancionó el contrabando, aspectos que coinciden plenamente con los hechos acontecidos, en tal sentido, no se advierte la incorrecta valoración ni la vulneración a los principios de verdad material, razonabilidad y proporcionalidad; ix) El sujeto pasivo no expone argumento válido sobre la presunta vulneración a la verdad material, la falta de tipicidad, y tampoco desvirtúa el conjunto de hechos por los cuales su conducta se circunscribió al tipo contraventor de contrabando; puesto que, el objeto de análisis es la conducta en la que incurrió, de ese modo la sanción impuesta así como las acciones de la Administración Aduanera corresponden a los hechos suscitados y la normativa aplicable; x) Habiéndose evidenciado que el vehículo en cuestión se encontraba en territorio nacional con la autorización de permanencia vencida, incurrió en la conducta establecida en el art. 181 incs. b) y g) del CTB; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre que confirmó la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio (fs. 55 a 64 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa; toda vez que, la AGIT a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, al momento de resolver el recurso jerárquico incurrió en los siguientes actos ilegales a) No respondió de manera expresa y congruente al primer punto de agravio de dicho recurso, por el cual cuestionó, que Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, incurrió en errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB, sosteniendo que el contrabando tipificado en dicho artículo, es netamente doloso, y la errónea aplicación del art. 160 del CTB, porque dicha norma regula las contravenciones tributarias y en el numeral 4 dispone, contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la misma norma, de la cual no forman parte los inc. b) y g); asimismo, es incongruente al no haberse pronunciado sobre lo señalado en el referido Recurso de alzada, que bastará la omisión o culpabilidad, para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del Código aludido, entre los cuales figura el contrabando; y, b) La autoridad demanda, tampoco se pronunció de manera expresa y con la debida fundamentación y motivación sobre la errónea aplicación del artículo 160 del CTB y el carácter doloso del contrabando tipificado en el art. 181 incs. b) y g) de la misma norma; sin que pueda comprender si su reclamo es evidente o no; ya que, con relación al dolo, se limitó a señalar que el citado art. 181, no condiciona el contrabando a que la conducta incurra en dolo, pues basta que concurra alguno de los elementos establecidos en el artículo precitado para que se configure el contrabando sin señalar cuales serían esos elementos, pues su reclamo fue específicamente de los inc. b) y g) del referido artículo. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para lo cual, se analizarán los siguientes temas: 1) La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) Sobre el principio de congruencia como componente del debido proceso; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa; toda vez que, la AGIT a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, al momento de resolver el recurso jerárquico incurrió en los siguientes actos ilegales a) No respondió de manera expresa y congruente al primer punto de agravio de dicho recurso, por el cual cuestionó, que Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, incurrió en errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB, sosteniendo que el contrabando tipificado en dicho artículo, es netamente doloso, y la errónea aplicación del art. 160 del CTB, porque dicha norma regula las contravenciones tributarias y en el numeral 4 dispone, contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la misma norma, de la cual no forman parte los inc. b) y g); asimismo, es incongruente al no haberse pronunciado sobre lo señalado en el referido Recurso de alzada, que bastará la omisión o culpabilidad, para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del Código aludido, entre los cuales figura el contrabando; y, b) La autoridad demanda, tampoco se pronunció de manera expresa y con la debida fundamentación y motivación sobre la errónea aplicación del artículo 160 del CTB y el carácter doloso del contrabando tipificado en el art. 181 incs. b) y g) de la misma norma; sin que pueda comprender si su reclamo es evidente o no; ya que, con relación al dolo, se limitó a señalar que el citado art. 181, no condiciona el contrabando a que la conducta incurra en dolo, pues basta que concurra alguno de los elementos establecidos en el artículo precitado para que se configure el contrabando sin señalar cuales serían esos elementos, pues su reclamo fue específicamente de los inc. b) y g) del referido artículo.

estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…)

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

De la relación de antecedentes y conclusiones que forman el presente fallo constitucional, se tiene que, por Acta de Intervención Contravencional VILTF-C-0316/2019 de 9 de julio, la Administración Aduanera de la Frontera Villazon, procedió al comiso del automóvil tipo camioneta marca Volkswagen con placa de control JNC 018 de propiedad de Juan Maximiliano Vedia Gamboa -ahora accionante-, por permanecer en territorio boliviano fuera del plazo previsto; ante ello, el peticionante de tutela, a través de memorial presentado el 17 de julio de 2019 justificó los motivos de su permanencia en territorio boliviano por un tiempo mayor al autorizado con su automóvil que tiene placa argentina, con el fin de demostrar que no incurrió en contrabando contravencional, ofreciendo prueba de descargo; no obstante, el Administrador de Aduana Villazón de la Gerencia Regional Potosí de la ANB emitió la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio, por la que declaró probada la comisión de contravención aduanera de contrabando tipificada en los arts. 160.4 y 181 incs. b) y g) del CTB, ordenando el comiso definitivo del motorizado ya referido y la adjudicación en favor del Ministerio de la Presidencia o su destrucción según corresponda de acuerdo a norma (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Es así que, el 23 de agosto de 2019, el impetrante de tutela, interpuso Recurso de Alzada contra la referida Resolución Sancionatoria, el cual fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, que confirmó la Resolución de primera instancia, manteniendo subsistente el comiso definitivo del vehículo; motivo por el cual, el 2 de noviembre de igual año, el accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada, exponiendo los siguientes agravios: 1) Existió errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB y errónea aplicación del art. 160 de la misma norma, debido a que el Administrador de Aduana Villazón de la Gerencia Regional Potosí de la ANB, no declaró como probado un hecho referido al tráfico como elemento configurador del contrabando; por lo que, al subsumir su conducta al citado artículo se incurrió en errónea aplicación por error de subsunción; en la Resolución que impugnó, se precisó que si bien el vehículo ingresó a territorio nacional amparado en el régimen de destino aduanero especial “vehículos de turismo”, el plazo de permanencia otorgado en el formulario SIVETUR 57319, venció el 9 de marzo de 2019; situación por la cual al margen de un régimen que permita su legal permanencia en territorio nacional y al no haberse solicitado la ampliación del plazo ante la Administración Aduanera, se advierte que estuvo circulando sin documentación de respaldo, consecuentemente la conducta se adecua al art. 181 inc. b) del CTB. Sostiene además que en ningún momento la Aduana Nacional de Bolivia desconoció el formulario citado, o cuestionó el legal ingreso del vehículo; motivo por el cual, la conducta sancionada es la permanencia y circulación del motorizado en territorio nacional de la mercancía que derivó en contrabando, en ese sentido se incurre en errónea interpretación, porque en dicha norma los legisladores no tipifican como contrabando la permanencia y circulación de un vehículo que ingresó legalmente, sino el tráfico de mercancía sin la documentación legal de respaldo. En el recurso de alzada también se alegó que conforme al art. 181 inc. g) del CTB, uno de los elementos para configurar el contrabando es la tenencia y comercialización de mercancía extranjera sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, pero en la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio, se reconoció que de acuerdo al formulario SIVETUR 57319, su ingreso fue autorizado y que su estadía vencía el 9 de marzo de 2019, de ahí que al subsumir ese hecho al contrabando tipificado por el citado artículo, se incurrió en errónea aplicación de la norma, al respecto la autoridad de primera instancia se limitó a señalar que el contrabando se configura mediante la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras que no fueron sometidas a un régimen aduanero que lo permita, en el caso, la vigencia de la permanencia legal venció el 9 de marzo de 2019; sin embargo, a partir del día siguiente dejó de tener vigencia y al no haber sometido el vehículo a un régimen aduanero que lo ampare se configuró en la contravención prevista en el art. 181 inc. g) del CTB, en ese sentido, también se incurrió en una errónea interpretación puesto que se reconoce que el vehículo ingresó de forma legal a territorio nacional, habiendo sido sometido a un régimen aduanero que lo permita, por lo tanto no existe posibilidad de que su conducta se adecue al contrabando. De la misma manera, existe errónea aplicación del art. 160 del Código precitado puesto que el art. 181 en los incisos señalados, es meramente doloso, y en el caso no se demostró el dolo en su conducta, porque el 9 de julio de 2020 se apersonó de forma voluntaria con su motorizado a la oficinas de la Aduana Villazón precisamente a fin de hacer conocer que el plazo de seis meses se hubiere vencido para su ampliación y buscar solución, sobre este punto, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, sostuvo que si bien el dolo deviene de una acción manifiesta, no es menos cierto que la culpa se genera cuando existe omisión por parte del sujeto pasivo; por consiguiente, bastará la omisión o culpabilidad para que se incurra en alguno de ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del CTB, entre los cuales figura el contrabando; este fundamento es equivocado; puesto que, nadie incurre en contrabando culposamente, ya que debe existir voluntad manifiesta desde un inicio, y la omisión no necesariamente implica una conducta culposa como entiende la autoridad de primera instancia, su persona jamás pensó que estaría incurriendo en contrabando al haber ingresado legalmente con su vehículo a territorio boliviano, despojándole de su derecho a la propiedad de manera arbitraria, vulnerándose su derecho al debido proceso y a los principios de tipicidad y legalidad. 2) Se lesionaron los principios de verdad material , razonabilidad y proporcionalidad, debido a que en virtud al formulario SIVETUR 57319, se demuestra que su vehículo ingresó de forma legal al territorio nacional y en estricta observancia de la prevalencia de su derecho sustancial (propiedad) acreditado y en busca de una justicia material, debió revocarse la Resolución Sancionatoria, pues el comiso definitivo por el solo vencimiento del plazo de su permanencia, además de no estar tipificado como contrabando, no condice con los principios de razonabilidad y proporcionalidad; por lo cual, solicitó que se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y en el fondo se declare improbada la comisión de contrabando, disponiendo la devolución de su motorizado. Ante estos argumentos la autoridad jerárquica ahora demandada pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020, que determinó confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 4 de febrero, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria, bajo los siguientes fundamentos: i) El vehículo a cargo de Juan Maximiliano Vedia Gamboa, ingresó a territorio nacional de forma legal al amparo de lo dispuesto en la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril, con fines turísticos, como se evidencia del formulario SIVETUR 57319, de salida y admisión temporal, que consigna la declaración jurada en la que se da fe que los datos señalados en dicho formulario corresponden a la verdad, comprometiéndose a retornar o salir del país con el vehículo dentro del plazo autorizado por la administración aduanera, asumiendo toda la responsabilidad que dicho incumplimiento pueda generar, asimismo, se declaró conocer las normas aduaneras vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina que reglamentan la salida y admisión temporal de vehículos turísticos. ii) Toda vez que, el vehículo marca Volkswagen con placa de control JNC 018, fue comisado el 9 de julio de 2019, después de vencido su plazo de estadía, conforme consta en el Acta de Comiso 0400149, es evidente que su permanencia posterior a la fecha de vigencia de la autorización otorgada, transgredió lo dispuesto por el art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduana y la Resolución Sancionatoria precitada, hechos que fueron confirmados por el sujeto pasivo en el recurso jerárquico interpuesto que reitera lo señalado en el memorial de descargos presentados. iii) Corresponde precisar que el procedimiento para el ingreso y salida de vehículo de uso privado para turismo en su numeral V literal A numeral 1, determina para aquellos vehículos que necesitan reparación, la posibilidad de solicitar ante la Administración Aduanera más cercana, la ampliación del plazo permanente antes de su vencimiento, presentando la documentación que acredite dicha reparación. iv) Si bien el sujeto pasivo no niega los hechos acontecidos cabe aclarar que pudo sujetarse al indicado procedimiento y solicitar a la referida Administración Aduanera la ampliación del plazo de permanencia de su vehículo, adjuntando a su solicitud la documentación que considere pertinente; por lo que, al no haber cumplido el citado procedimiento y permanecer en territorio boliviano con el plazo vencido, efectivamente incurrió en la contravención de contrabando, de conformidad a lo previsto por el art. 181 incs. b) y g) del CTB, similar criterio fue señalado por la ARIT Chuquisaca, razón por la cual no se evidencia la errónea interpretación por parte de dicha instancia; asimismo, debe tenerse en cuenta que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio, motivo por el que correspondía que el sujeto pasivo cumpla con lo establecido en las mismas. v) Con relación a que la conducta del prenombrado no se adecúa a lo establecido en el artículo señalado supra, debido a que el vehículo ingresó de forma legal a territorio nacional, corresponde manifestar que si bien el ingreso fue legal, tenía un plazo de permanencia del 10 de septiembre de 2018 al 9 de marzo de 2019; sin embargo, cuando se libró el Acta de Comiso 0400149, el vehículo tenía plazo vencido motivo por el que, se procedió a su comiso conforme al art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, y el acápite V, literal A numeral 1 inc. e) de la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril; por lo cual la conducta se adecúa a lo previsto en el art. 181 inc. b) y g) del CTB, de tal modo que queda desvirtuado el argumento de falta de tipicidad. vi) El artículo precitado, no condiciona el contrabando a que la conducta incurra en dolo, como de forma errónea alega el sujeto pasivo, pues basta que concurra alguno de los elementos de ese artículo para que se configure el contrabando; por consiguiente, corresponde desestimar el argumento del sujeto pasivo. vii) Al haber declarado la Aduana Nacional la comisión de contrabando contravencional contra el sujeto pasivo, de ninguna manera significa vulneración del derecho propietario ni al debido proceso, pues al constatar el incumplimiento de plazo de permanencia en territorio boliviano, se procedió conforme dispone la norma. viii) Respecto a la vulneración al principio de verdad material por la incorrecta valoración del formulario SIVETUR 57319, la autoridad de alzada valoró el mismo, y refirió que dicho documento pone en evidencia que el vehículo permaneció en territorio nacional ciento veintidós días después del vencimiento del plazo otorgado por la Administración Aduanera, debido a que el comiso se produjo recién el 9 de julio de 2019, y además las pruebas aportadas no acreditaron la fuerza mayor, motivo por el que se sancionó el contrabando, aspectos que coinciden plenamente con los hechos acontecidos; en tal sentido, no se advierte la incorrecta valoración ni la vulneración a los principios de verdad material, razonabilidad y proporcionalidad.

ix) El sujeto pasivo no expone argumento válido sobre la presunta vulneración a la verdad material, la falta de tipicidad, y tampoco desvirtúa el conjunto de hechos por los cuales su conducta se circunscribió al tipo contraventor de contrabando; puesto que, el objeto de análisis es la conducta en la que incurrió, de ese modo la sanción impuesta así como las acciones de la Administración Aduanera corresponden a los hechos suscitados y la normativa aplicable. x) Habiéndose evidenciado que el vehículo en cuestión se encontraba en territorio nacional con la autorización de permanencia vencida, incurrió en la conducta establecida en el art. 181 incs. b) y g) del CTB; por lo que, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre que confirmó la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio. Ahora bien, la génesis de la problemática planteada radica esencialmente en que la autoridad jerárquica demandada, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, confirmó la Resolución de Alzada manteniendo subsistente el comiso definitivo del vehículo, sin pronunciarse de manera expresa sobre su primer agravio expuesto en su recurso a través del cual reclamo que la Resolución de alzada incurrió en errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB, al sostener que el contrabando es netamente doloso; así como también, en errónea aplicación del art. 160 de la misma norma; sin pronunciarse además sobre el argumento de dicha resolución respecto a que bastará la omisión o culpabilidad para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios previstos; consecuentemente, el análisis se realizará sobre cada elemento del debido proceso conjuntamente las problemáticas denunciadas. En relación a la congruencia -primera problemática- Al respecto, el accionante denuncia que, la Resolución Jerárquica no se pronunció de manera expresa sobre su primer agravio expuesto en su recurso a través del cual reclamo que la Resolución de alzada incurrió en errónea interpretación del art. 181 incs. b) y g) del CTB, al sostener que el contrabando es netamente doloso; así como también, en errónea aplicación del art. 160 de la misma norma; sin pronunciarse además sobre el argumento de dicha resolución respecto a que bastará la omisión o culpabilidad para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios previstos. En tal sentido y de acuerdo a la contrastación efectuada precedentemente este Tribunal pudo advertir que efectivamente el accionante a través del primer agravio de su recurso jerárquico cuestionó los argumentos de la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que la misma interpretó erróneamente el art. 181 incs. b) y g) del CTB, por error de subsunción, indicando que la Resolución Sancionatoria no había declarado como probado un hecho referido al tráfico como elemento configurador del contrabando, sino que precisó que si bien el vehículo ingresó a territorio nacional amparado en el régimen de destino aduanero especial “vehículos de turismo”, el plazo de permanencia otorgado en el formulario SIVETUR 57319, venció el 9 de marzo de 2019 y este no solicitó la ampliación de dicho plazo ante la Administración Aduanera, circulando sin documentación de respaldo; por lo que, adecuó esos hechos al art. 181 inc. b) del CTB; tras esa exposición el accionante sostuvo que, se incurrió en errónea interpretación; puesto que, dicha norma no tipifica como contrabando la permanencia y circulación de un vehículo que ingresó legalmente, sino el tráfico de mercancía sin la documentación legal de respaldo. Asimismo en relación al inc. g) del art. 181 del CTB, cuestionó que, en su recurso de alzada también alegó que uno de los elementos para configurar el contrabando es la tenencia y comercialización de mercancía extranjera sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, pero que la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0342/2019 de 26 de julio, reconoció que de acuerdo al formulario SIVETUR 57319, su ingreso fue autorizado y que su estadía vencía el 9 de marzo de 2019; empero, a pesar de tal argumento de igual forma incurrió en errónea interpretación al subsumir ese hecho al contrabando tipificado en el referido artículo, denunciando que la autoridad de primera instancia se limitó a señalar que el contrabando se configura con la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras que no fueron sometidas a un régimen aduanero que lo permita, y que en el caso, la vigencia de la permanencia legal venció el 9 de marzo de 2019; motivo por el cual, a partir de allí su permanencia dejo de tener vigencia, y al no haber sometido el vehículo a un régimen aduanero que lo ampare se configuró en la contravención prevista en el art. 181 inc. g) del CTB. Por otro lado, el impetrante de tutela también cuestionó a través del mismo primer agravio de su recurso jerárquico, la errónea aplicación del art. 160 del CTB, sosteniendo que el art. 181 inc. b) y g) de igual norma, es meramente doloso, y en su caso no se demostró el dolo en su conducta, al haberse apersonado de forma voluntaria con su motorizado a la oficinas de la Aduana Villazón, con el fin de hacer conocer que su plazo de permanencia hubiere vencido, y solicitar la ampliación o buscar una solución; sin embargo, reclamo que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0129/2019 de 8 de noviembre, sostuvo que si bien el dolo deviene de una acción manifiesta, no era menos cierto que la culpa se genera cuando existe omisión por parte del sujeto pasivo, señalando que, bastará la omisión o culpabilidad para que se incurra en alguno de ilícitos tributarios previstos en el art. 160 del CTB, entre los cuales figura el contrabando; por lo que, argumentó que ese fundamento es equivocado; ya que, nadie incurre en contrabando culposamente, debido a que debe existir voluntad manifiesta desde un inicio, y la omisión no necesariamente implica una conducta culposa como entiende la autoridad de primera instancia, despojándole de manera arbitraria de su derecho a la propiedad y vulnerando su derecho al debido proceso y a los principios de tipicidad y legalidad. Al respecto, de la verificación de la Resolución Jerárquica ahora cuestionada, se tiene que la misma, a partir de los puntos primero al tercero -identificados en la Conclusión II.6 de este fallo- efectuó una relación de los hechos y circunstancias en la que el vehículo del accionante fue objeto de comiso de parte de la Administración Aduanera, así como del procedimiento que debió seguir con el fin de ampliar el plazo de permanencia de su vehículo en territorio boliviano, a fin de no transgredir la normativa aduanera, citando el art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduana, para luego limitarse a señalar mediante los puntos cuarto, quinto y sexto que, si bien el ahora impetrante de tutela no niega los hechos, pero al haber incumplido el procedimiento para ampliar su permanencia se había procedido conforme lo establece el art. 231 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el acápite V, literal A núm. 1 inc. e) de la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril, señalando luego que efectivamente incidió en la contravención de contrabando conforme al art. 181 inc. b) y g) del CTB, alegando que por ello la Resolución de alzada no incurrió en errónea interpretación. Dichos argumentos, denotan efectivamente la incongruencia en la que incurrió la autoridad demandada, puesto que el marco propuesto por el accionante a través de su primer punto de agravio radicaba en el análisis de los elementos configuradores de los incs. b) y g) del art. 181 del CTB, bajo el cual justamente la Administración Aduanera basó la Resolución Sancionatoria; por ello, el hecho de no haber considerado todos los aspectos alegados por el impetrante de tutela, como fue, respecto a la subsunción de su conducta al ilícito tipificado en el citado artículo en los incisos referidos, a partir de que el ingreso de su vehículo a territorio nacional fue legal cumpliendo el procedimiento del régimen de destino aduanero especial, como vehículo turista; empero, la conducta sancionada fue la permanencia y circulación del vehículo con la autorización vencida, alegando que dicha conducta no se encuentra dentro la tipificación que realiza el art. 181 incs. b) y g) como contrabando, sino que este se entiende como tráfico de mercancías sin la documentación legal de respaldo, reclamando por ello, errónea interpretación; más aún, cuando señala que la Administración Aduanera reconoció que de acuerdo al formulario SIVETUR 57319 su ingreso fue autorizado y que su estadía vencía el 9 de marzo de 2019; por lo que, no existiría -a su criterio- la posibilidad de que su conducta se adecúe al contrabando; asimismo, su reclamo sobre errónea aplicación del art. 160 del CTB, señalando que la tipificación que se hace en el art. 181 inc. b) y g) son netamente dolosos, que en su caso no lo hubo puesto que se apersonó de manera voluntaria ante la administración aduanera con el fin de hacer conocer que el plazo de su permanencia había vencido; sin embargo, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), sostuvo que basta la omisión o culpabilidad para que se incurra en alguno de los ilícitos tributarios entre ellos el contrabando; fundamento que para el accionante es equivocado, ya que nadie incurre en contrabando de manera culposa, sino que debe existir una voluntad manifiesta desde un inicio, y la omisión implica una conducta culposa; son aspectos sobre los cuales la Resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), necesariamente debió considerar y emitir un pronunciamiento sobre los mismos; considerando que la congruencia como elemento del debido proceso, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III. 2 de este fallo, debe ser entendida como la correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto; sin embargo, dicha definición no es limitativa; puesto que, igualmente implica la integralidad, armonía en el razonamiento y los juicios de valor descritos en la resolución, así como la concordancia de contenido de la resolución, con lo pedido, lo considerado y lo resuelto; de igual modo dicho principio delimita el contenido de las resoluciones y es indiscutible que quien resuelva impugnaciones, debe emitir fallos pertinentes y de acuerdo a la razón, con el fin de que se respete el orden constitucional de derecho y los derechos y garantías constitucionales; consecuentemente al no haberse advertido esa labor en la Resolución Jerárquica emitida por la autoridad ahora demandada, claramente se tiene que incumplió con este elemento, correspondiendo conceder la tutela solicitada en este punto. En cuanto a la falta de fundamentación y motivación de la Resolución cuestionada –segundo punto del objeto procesal- En relación a este punto, el impetrante de tutela, denuncia que las omisiones en las que incurrió la autoridad demandada al no emitir pronunciamiento sobre todos los aspectos reclamados, generó la indebida fundamentación y motivación de la Resolución Jerárquica en relación a la errónea interpretación y aplicación de los arts. 181 inc. b) y g), y 160 respectivamente, ambos del CTB, realizada por la autoridad de la ARIT, y sobre la cual, la autoridad ahora demandada, con relación al dolo se limitó a señalar que en el caso del primer artículo -181- no condiciona el contrabando a que la conducta incurra en dolo, solo bastaba que concurra alguno de los elementos establecidos para que se configure el contrabando sin señalar cuales, puesto que su reclamo fue específicamente de los inc. b) y g) del art. 181 del CTB. Ahora bien, de una revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, cuestionada en la presente acción de defensa, esta jurisdicción constitucional pudo evidenciar que la referida Sentencia no cumplió del todo con las exigencias y requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1; puesto que si bien la autoridad demandada además de desarrollar alguna doctrina administrativa sobre los ilícitos aduaneros, mencionó el marco legal de su análisis, estableciendo como sustento normativo la cita de los arts. 164. II de la CPE; arts. 148, 151, 160.4 y 181 incs. b) y g), todos del CTB; art. 133 inc. n) de la LGA; y 231 de su Reglamento; así como la Resolución de Directorio 01-007-15 de 9 de abril; sin embargo, y considerando tal cual establece la jurisprudencia, que la fundamentación no solo se limita a la cita de las disposiciones legales con las cuales justifica su decisión, sino que en casos específicos en los que se vea la necesidad de una interpretación normativa, las autoridades ya sean judiciales o administrativas tienen la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, y en observancia de los principios y valores constitucionales cuyo resultado sea una justificación razonable de la premisa normativa; labor ultima que en el caso de análisis fue incumplida; puesto que, conforme la contrastación efectuada entre los agravios de su recurso jerárquico y lo resuelto por la autoridad jerárquica demandada en el análisis precedentemente efectuado, este tribunal pudo advertir que el accionante no tuvo clara la determinación de la referida autoridad al confirmar las resoluciones de primera instancia que lo sancionaron por el ilícito aduanero previsto en los arts. 181 incs. b) y g); y 160.4 del CTB, entendiendo -a su criterio- que su conducta de permanecer con una autorización de permanencia de su vehículo vencida en territorio nacional, no configuraría el delito de contrabando, puesto que la previsión contenida en el referido art. 181 inc. b) refiere al tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo requisitos esenciales previstos en las normas inherentes; y, el inc. g) señala, la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que hubieran sido sometidas a régimen aduanero previo; tipificación que fue cuestionada por el peticionante de tutela, a quien no le quedo claro la subsunción de su conducta a dicha normativa y en relación a la configuración del dolo en la misma, alegando que el contrabando no es un delito doloso puesto que para ello debe existir una voluntad manifiesta desde un inicio; consecuentemente, al no contener la resolución jerárquica una explicación razonada y clara sobre lo reclamado por el accionante alegando la errónea interpretación y aplicación de los artículos referidos, no llego a su comprensión efectiva, lo cual evidentemente vulnera este elemento del debido proceso. Asimismo en relación a la motivación como otro elemento de este derecho, se tiene conforme alega el accionante, que la autoridad demandada se limitó a describir los hechos y la conducta en la que habría incurrido el prenombrado, para posteriormente sostener, que la misma se adecua a lo establecido en el art. 181 incs. b) y g) del CTB, para luego señalar que la interpretación efectuada por la autoridad de la ARIT no habría incurrido en errónea interpretación de la norma cuestionada y conforme lo denuncia el accionante respecto al dolo se limita a sostener que el referido artículo no condiciona el contrabando a que la conducta incurra en dolo, solo bastaba que concurra alguno de los elementos establecidos en dicha norma legal para que se configure el contrabando; sin exponer la razones por las que llegó a esa conclusión, ni que se advierta un criterio argumentativo lógico jurídico que permita entrever que su justificación guarde una coherencia e interdependencia con la premisa normativa, puesto que tampoco le está permitido a la autoridad simplemente concluir si lo resuelto anteriormente es correcto o no, sino que debe emitir un criterio propio y razonado sobre los argumentos del inferior a efectos de emitir una resolución debidamente motivada y comprensible para el justiciable. En tal sentido, estas omisiones hacen evidente en la presente problemática el incumplimiento del debido proceso no solo ante la falta de una debida fundamentación, sino también de motivación respecto de los puntos objetados, pues como se tiene señalado, la Autoridad demandada abstrajo de su consideración y análisis, todos los argumentos de defensa y las aseveraciones expuestas en el Recurso Jerárquico interpuesto por el impetrante de tutela, además de no brindar una explicación clara, tras un análisis e interpretación de las normas cuestionadas, a efectos de hacer comprensible para el justiciable, labor que no siempre puede implicar un resultado favorable, pero si debe ser claro y preciso, sin dar lugar a incertidumbres en el justiciable; por lo que, tales omisiones hacen ver que, la autoridad demandada, no se enmarcó en todos los puntos claramente cuestionados habiendo realizado un marco de análisis esquivo al que fuera propuesto por la parte accionante, aspecto que evidencia que no se realizó el debido contraste y razonamiento jurídico en relación a todos los cuestionamientos y esbozados a través de su primer agravio del recurso jerárquico, tornando su decisión en infundada e inmotivada; toda vez que, uno de los elementos estructurales que hace a la debida fundamentación de las resoluciones, lo configura la exposición del criterio jurídico respecto a cada uno de ellos, el que no se tiene por expresado en el presente caso, situación que deviene en una indebida fundamentación de la referida Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0389/2020 de 4 de febrero, impugnada por esta vía constitucional; motivos por los cuales amerita la concesión de la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2020 de 20 de marzo, cursante de fs. 340 a 342 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0100_2023-S1.pdf · páginas 1 a 29.

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