Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 6 de mayo de 2024
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración o salario y de petición; toda vez que, la empresa EOCLIBOL S.R.L, no les canceló los sueldos por el trabajo realizado desde el 18 de febrero de 2022 hasta el 17 de marzo del mismo año; por lo que, solicitaron su pago mediante Nota presentada el 3 de mayo del referido año, reiterado por memorial presentado el 25 de igual mes y año, sin que hasta la fecha -entiéndase de la interposición de la presente acción tutelar-, exista ningún tipo de respuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; b) El derecho al trabajo y el atentado al orden constitucional con la retención al salario; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 219/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 47 a 50, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo justo, a la remuneración, y de petición: disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas de ser notificada la empresa EOCLIBOL S.R.L proceda al pago de los sueldos devengados, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0099/2024-S1 Sucre, 06 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49962-2022-100-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 219/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 47 a 50, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elena Alarcón Ochoa y Jorge Rafael Navarro Rappo contra Javier Balderrama Poma, representante legal de la empresa EOCLIBOL S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada).
Por memoriales presentados el 11 y 19 de julio de 2022, cursante de fs. 19 a 25; y, 30 a 33 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Mediante contratos verbales fueron contratados el 18 de febrero de 2022 como operadores de limpieza por la empresa EOCLIBOL S.R.L., realizando su trabajo en instalaciones del Hospital Militar COSSMIL dependiente de la Corporación del Seguro Social Militar, cumpliendo con la jornada laboral de lunes a domingo en horario nocturno, de horas 22:00 a 06:00; sin embargo, el 14 de marzo del mencionado año fueron despedidos sin justificación alguna, sin haber recibido la cancelación por el mes trabajado. Acudieron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz denunciando la falta de cancelación de sus sueldos de la empresa EOCLIBOL S.R.L.; empero, no asistieron ni a la Primera, Segunda y Tercera Citación, demostrando su renuencia a la cancelación, por lo que, mediante nota de 3 de mayo de 2022 solicitaron la cancelación de su sueldo, sin embargo, no obtuvieron respuesta, reiterando el 25 de igual mes y año, no teniendo respuesta alguna a lo pedido hasta la fecha –se entiende hasta la presentación de la acción tutelar- solicitado la cancelación de sueldos
Denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a una remuneración o salario, y de petición, citando al efecto los art. 46.I, y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada, ordenando a la empresa EOCLIBOL S.R.L., el cumplimiento inmediato de la cancelación del sueldo devengado, o en su defecto a otorgar una respuesta formal y debidamente fundamentada a lo solicitado en las notas de 3 y 25 de mayo de 2022.
Celebrada la audiencia el 17 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 46 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, manifestó que: a) Desempeñaron sus funciones a partir del 18 de febrero al 17 de marzo de 2022, fecha en la que fueron despedidos; y, b) La empresa EOCLIBOL S.R.L., no dio cumplimiento con el pago efectivo de dicho salario y menos a las solicitudes que se presentaron el 3 y 25 de mayo del referido año, habiendo transcurrido más de tres meses sin ninguna respuesta respecto a la cancelación de su salario; c) En cuanto a la pregunta del Vocal de la Sala Constitucional si están siendo objeto de alguna denuncia penal, respondieron que, no se inició ninguna acción civil ni penal en contra de sus personas; y, d) A la pregunta del Vocal de la Sala Constitucional que si la empresa que le contrato le hizo conocer sobre la sustracción de algunos objetos donde cumplían su función de limpieza Respondiendo la parte accionante “No nos han hecho conocer de cualquier objeto de sustracción o bien” (sic)
Javier Balderrama Poma, representante legal de la empresa EOCLIBOL S.R.L., por informe oral en audiencia de amparo constitucional señaló que: 1) La parte accionante llegó a un acuerdo verbal con la empresa, realizando su trabajo de limpieza en diferentes instituciones públicas y privadas, pero en la empresa sucedieron algunas denuncias en la que se encuentran involucrados los ahora impetrantes de tutela, por lo que, se espera un informe en relación a la cuantía de las sustracciones, por tal motivo no se les canceló, comprometiéndose a resarcir el daño ocasionado; 2) En cuanto a la pregunta del Vocal de la Sala Constitucional respecto a ¿tiene algún documento que demuestre el compromiso en un papel hoja donde este ese compromiso? Teniendo como respuesta “No se puede hacer la demostración de ese compromiso y la empresa debía hacernos llegar el informe de la institución”; 3) Las notas presentadas por la parte accionante no fueron respondidas, porque se está a la espera del informe; no recibieron las citaciones de la Jefatura Departamental del Trabajo, no las hicieron llegar en forma personal; y, 4) A la pregunta ¿sí la empresa tiene una respuesta a las Notas físicamente que hubieran dejado o no hubieran recogido? Respondieron “No existe”.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 219/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 47 a 50, concedió la tutela, con costas y costos a calificarse en Ejecución de Sentencia, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas respondan a las solicitudes, bajo alternativa de Ley; en base en los siguientes fundamentos: i) El 18 de febrero de 2022, la empresa EOCLIBOL S.R.L. de forma verbal contrató a los ahora accionantes, teniendo que prestar sus servicios de lunes a domingo de horas 22:00 a 06:00; ii) Sin embargo, el 17 de marzo del citado año, fueron despedidos de su fuente laboral, siendo que hasta la fecha la empresa demandada no procedió a cancelar por el mes trabajado, repercutiendo esto en la manutención de sus cuatro hijos y familia; iii) Ante el incumplimiento en la cancelación de pago presentaron Notas el 3 y 25 de mayo del citado año, solicitando la cancelación de sueldos; y, iv) En relación a la falta de respuestas a las Notas de 3 y 25 de mayo del referido año, la empresa demandada refirió que se está a la espera de un informe del Hospital COSSMIL por la sustracción de enseres donde prestaban esa actividad laboral, para decirles que se perdió, y hacer conocer a las autoridades de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz sobre dicha sustracción a través de escrito con la certeza de lo acontecido para la no cancelación a los trabajadores. A efectos de complementar la Resolución emitida el plazo establecido de cuarenta y ocho horas es para dar la respuesta de la empresa EOCLIBOL a las notas que no fueron respondidas y si ello conlleva a establecer una obligación de cancelar lo hará, caso contrario razonará e indicará el “porque” no. Al haberse vulnerado el derecho a la petición se estableció con costas y costos a calificarse en Ejecución de Sentencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Actas de Audiencia de 13 de abril de 2022, a horas 12:00, convocada por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, Caso 1220/22-DO y 1219/22-DO en relación a la denuncia “SALARIOS POR TRABAJO REALIZADO” presentada por María Elena Alarcón Ochoa y Jorge Navarro Rappo -ahora accionantes-, haciendo constar que la empresa EOCLIBOL S.R.L -ahora demandada-, no se hizo presente a la PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA CITACIÓN, por lo que, al no tener más actuados a ser realizados por esta instancia administrativa, declino competencia a la Judicatura laboral (fs. 34 a 35). II.2. Por memorial presentado el 3 de mayo de 2022, por los ahora impetrantes de tutela dirigida a la empresa EOCLIBOL S.R.L., solicitando el pago de salarios, por el periodo de 18 de febrero al 17 de marzo de 2022, y sea el mismo de manera inmediata petición que se ampara en el art. 24 de la CPE. Y a efectos de conocer la respuesta a su petición señala domicilio edificio Torre Ambar 999 piso 2, oficina 225, Celular 64080711 (fs. 15). II.3. Cursa Nota presentada el 25 de mayo de 2022, realizada por los hoy accionantes, dirigida al representante legal de la Empresa de EOCLIBOL S.R.L., “REITERA PAGO DEL SUELDO POR UN MES DE TRABAJO QUE NOS ADEUDAN, POR EL TRABAJO REALIZADO DESDE 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2022”, haciendo constar para fines de notificación su número de WhatsApp 65631104 (fs. 16 a 17).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración o salario y de petición; toda vez que, la empresa EOCLIBOL S.R.L, no les canceló los sueldos por el trabajo realizado desde el 18 de febrero de 2022 hasta el 17 de marzo del mismo año; por lo que, solicitaron su pago mediante Nota presentada el 3 de mayo del referido año, reiterado por memorial presentado el 25 de igual mes y año, sin que hasta la fecha -entiéndase de la interposición de la presente acción tutelar-, exista ningún tipo de respuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; b) El derecho al trabajo y el atentado al orden constitucional con la retención al salario; y, c) Análisis del caso concreto.
En relación al derecho a la petición, la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, aplicó las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0587/2018-S2 de 28 de septiembre, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado.
En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo.
En mérito a la asunción del razonamiento más progresivo, señaló que la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la CPE, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la CPE que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.
A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE; en ese comprendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos.
No obstante, ha manifestado también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; y, 5) Plazo para emitir respuesta.
En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: i) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; ii) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver 2 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 3 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 4 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 5 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa. Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos
En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:
“Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 6 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho. Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación-en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito”.
En relación a la legitimación activa, haciendo referencia a la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito, cual es de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre.
En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, luego haciendo referencia a las SSCC 0310/2004-R, SSCC 0560/2010-R, SC 1995/2010-R; las 7 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”. 8 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 9 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Sentencias Constitucionales Plurinacionales SCP 0085/2012 de 16 de abril, SCP 2051/2013 de 18 de noviembre, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre, entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela por Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 10 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral. Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano. (…) Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 11 El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
(…)
Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”.
12 El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”.
13 El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”.
derecho de petición: a) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.
Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el impetrante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. De los argumentos descritos la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá se dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para dicha finalidad, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercida dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).
El reconocimiento al derecho al trabajo y la remuneración justa quedo establecido en la Constitución Política del Estado en su art. 46.I.1, señalando que:
“1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna” En ese mismo sentido se ha pronunciado la SCP 0874/2022-S1 de 31 de agosto, señalando que el reconocimiento y garantía al derecho al trabajo que tiene toda persona no solo es reconocido por normas internas del Estado, sino también por disposiciones normativas de orden internacional, tal cual lo precisa el art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).. En consonancia con lo precisado, la SCP 0783/2020-S2 de 9 de diciembre, señaló que acción u omisión tendiente a retener arbitrariamente el salario constituye un atentado al orden constitucional En ese contexto normativo y jurisprudencial permite establecer que corresponde dejar sentado que quien desarrolla una actividad física o mental, tiene derecho a un salario justo y equitativo para procurarse su propia manutención, así como de su familia, para poder subsistir en condiciones mínimas de dignidad humana y está expresamente prohibido que las remuneraciones de los servidores, sea afectada por determinaciones al margen de la normativa interna e incluso contenida en directrices de orden internacional, que establecen que una restricción de esa naturaleza asumida en prescindencia de un debido proceso en el cual él o la afectada pueda ejercer una defensa amplia e irrestricta, se constituye en una medida de hecho o de facto, además de arbitraria e ilegal que no puede ser tolerada por la justicia constitucional por constituir un atentado al orden normativo constitucional y los instrumentos de orden internacional que prevén un justo pago por un desempeño laboral ejercido en los márgenes de las previsiones normativas al efecto y su carácter de imprescriptibilidad e inembargabilidad, aspecto que constituye un grave atentado al orden constitucional, tomando en cuenta que su privación implica una afectación directa a la dignidad humana del trabajador y de su entorno familiar
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a una remuneración o salario y de petición; toda vez que, la empresa EOCLIBOL S.R.L, no les canceló los sueldos por el trabajo realizado desde el 18 de febrero de 2022 hasta el 17 de marzo del mismo año; por lo que, solicitaron su pago mediante Nota presentada el 3 de mayo del referido año, reiterado por memorial presentado el 25 de igual mes y año, sin que hasta la fecha -entiéndase de la interposición de la presente acción tutelar-, exista ningún tipo de respuesta. Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que los accionantes, fue contratada de forma verbal el 18 de febrero de 2022 por la empresa EOCLIBOL S.R.L., para prestar los servicios de limpieza en diferentes instituciones; empero, el 17 de marzo de igual año, fueron despedidos por dicha empresa; sin embargo, no fueron cancelados sus sueldos por el mes trabajado.
Habiendo transcurrido más de tres meses desde el despido intespectivo sin que la empresa EOCLIBOL S.R.L hubiera cancelado su salario a la parte accionante por el trabajo realizado durante un mes, y, al no haber sido cancelado, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz emitiendo citaciones y a través de Actas de Audiencia de 13 de abril de 2022, a horas 12:00, en relación a la denuncia “SALARIOS POR TRABAJO REALIZADO”, haciendo constar que la empresa EOCLIBOL S.R.L, no se hizo presente a la PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA CITACIÓN, por lo que, al no tener más actuados a ser realizados por esta instancia administrativa, declinó competencia a la Judicatura laboral (Conclusión II.1). Posteriormente a través de Nota de 3 de mayo de 2022, los impetrantes de tutela, solicitaron a la empresa demandada “la cancelación de su sueldo” (sic); sin embargo, no obtuvieron una respuesta por lo que nuevamente por Nota presentada el 25 de igual mes y año, los prenombrados, reiteró su pedido de pago tal como lo hizo en la nota supra citada que hasta la fecha no fue atendida ni amerito respuesta alguna de la empresa demandada, solicitudes que hicieron de manera formal al amparo del art. 24 de la CPE (Conclusiones II.2. y II.3). Siendo esos los antecedentes y conforme se tiene de la problemática planteada, la misma tiene que ver con la presunta vulneración de los derechos al trabajo, remuneración o salario y de petición, en tal sentido se ingresará al análisis de cada una de las problemáticas identificadas en esta instancia constitucional, bajo el siguiente orden:
Con referencia a esta problemática, resulta pertinente remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el cual nos señala que quien desarrolla una actividad física o mental, tiene derecho a un salario justo y equitativo para su propia manutención, así como la de su familia, para poder subsistir en condiciones mínimas de dignidad humana; y está expresamente prohibido que las remuneraciones de los servidores que desarrollen una actividad dentro los márgenes de la Ley basados en su trabajo y esfuerzo que les permita una existencia digna, sea afectada por determinaciones al margen de la normativa interna e incluso contenida en directrices de orden internacional; es decir que, cualquier acción u omisión tendiente a retener arbitrariamente el salario, constituye un grave atentado al orden constitucional, tomando en cuenta que su privación implica una afectación directa a la dignidad humana del trabajador y de su entorno familiar.
Bajo el precitado Fundamento en subsunción a los elementos facticos del presente caso, se tiene que los peticionantes de tutela fueron contratados de forma verbal por la empresa EOCLIBOL S.R.L, el 18 de febrero de 2022, de lunes a domingo en horario nocturno; es decir, de 22:00 a 06:00, trabajo realizado en instalaciones del Hospital COSSMIL realizando sus funciones como operadores de limpieza; empero, acontece que tras concurrir un mes de trabajado, la empresa ahora demandada los despidió de manera sorpresiva; sin haberles cancelado el sueldo correspondiente, por ese hecho por Notas presentadas el 3 y 25 de mayo de 2022 los prenombrados solicitaron la cancelación de su sueldo por el mes trabajado, aspecto que no fue respondido.
De estos elementos se concluye que efectivamente los accionantes prestaron sus servicios como operadores de limpieza en la empresa EOCLIBOL S.R.L por un mes (18 de febrero al 17 de marzo de 2022), aseveración que no fue desvirtuada por la empresa demandada, quien además no dio una respuesta a las solicitudes de cancelación de sueldos bajo el argumento de que se encuentra pendiente un Informe del Hospital de COSSMIL sobre objetos sustraídos y el compromiso de resarcir a los ahora accionantes, aspecto que no resulta valedero ya que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar transcurrieron casi cuatro meses sin que exista una denuncia civil o penal contra los accionantes; por lo que bajo esos elementos se establece una retención arbitraria al salario, aspecto que constituye un grave atentado al orden constitucional, tomando en cuenta que su privación implica una afectación directa a la dignidad humana del trabajador y de su entorno familiar, por lo que siendo evidente lo denunciado, corresponde conceder la tutela impetrada con relación a esta problemática.
Previo a su verificación, concierne remitirnos al desarrollo jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación al contenido y alcance del derecho de petición, en el cual se establece que, a efectos de que se conceda la tutela se debe tener en cuenta la existencia de una petición oral o escrita, la omisión de una respuesta formal, pronta, oportuna, material y con la debida fundamentación y motivación.
Respecto a la respuesta emitida por la persona particular o autoridad, esta debe ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, relacionada a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.
Ahora bien, conforme se desprende de los antecedentes expuestos en esta resolución constitucional, se tiene que existen dos Notas de solicitud presentadas por la parte accionante ante la empresa EOCLIBOL S.R.L, la primera que data del 3 de mayo de 2022, siendo evidente que la parte impetrante de tutela, solicitó mediante Nota a la empresa demandada el pago inmediato de su salario por el trabajo realizado por un mes, reiterando dicha petición a través de la segunda nota presentada el 25 de igual mes y año la cual tampoco mereció respuesta, con lo cual se cumplen los presupuestos señalados en la jurisprudencia respecto al contenido esencial del derecho de petición, al no haberse obtenido una respuesta formal, pronta y oportuna a la petición efectuada por el accionante de manera escrita a la parte demandada, pese a que dichas solicitudes fueron realizadas en dos oportunidades como se señaló; además, desde la primera y segunda nota reiterativa a su petición hasta la presentación de esta acción tutelar son más de noventa días sin obtener respuesta ya sea de manera positiva o negativa, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que la misma debe ser materializada dentro de un plazo razonable, además de ser motivada; es decir que, debe explicarse las razones de su respuesta, y comunicada oportunamente al peticionante de tutela. En cuanto al agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho; en el presente caso, ninguna de las partes señaló la existencia de los medios de impugnación establecidos respecto al tratamiento específico del derecho a la petición, máxime que previamente acudió a la Jefatura Departamental de La Paz y ante la inasistencia de la parte demandada presento las notas el 3 y 25 de mayo de 2022, quedando así acreditado o cumplido el tercer requisito jurisprudencial, por lo que se hubiera agotado cualquier mecanismo de impugnación y cumplido con los tres requisitos para acudir de forma directa e interponer la acción tutelar con la sola petición.
En consecuencia, se tiene que la empresa demandada al no haber otorgado a la parte accionante una respuesta formal, pronta y oportuna dentro de un plazo razonable, ya sea positiva o negativa y motivada a sus dos solicitudes presentadas el 3 y 25 de mayo de 2022, vulneró su derecho de petición conforme lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo bajo las razones señaladas conceder la tutela impetrada por la parte peticionarte de tutela.
De todo lo precedentemente expuesto se establece la vulneración de los derechos de petición y al salario, por cuanto en el caso ante la falta de pago de salario y la retención del mismo, tampoco se dio respuesta a sus solicitudes de cancelación por el trabajo realizado durante un mes, por consiguiente al estar vinculados ambos hechos con relación al derecho al sueldo corresponde conceder la tutela en relación al derecho al salario y de petición, disponiendo únicamente en este caso el pago de sueldos, tomando en cuenta que este derecho al ser un derecho social tiene prevalencia en su atención en relación al derecho de petición. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 219/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 47 a 50, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo justo, a la remuneración, y de petición: disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas de ser notificada la empresa EOCLIBOL S.R.L proceda al pago de los sueldos devengados, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.
14 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras).
15 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reg lamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.
16 ninguna persona o autoridad pública tiene la potestad de restringir y retener salarios o justas remuneraciones del trabajador, máxime si la Ley Fundamental determina su carácter inembargable; ya que, toda restricción a derechos debe emerger necesariamente de una norma que taxativamente determine tal limitación; en efecto, el accionar del Exministro demandado de retener indebidamente un beneficio por la labor efectuada sin causa jurídica alguna, constituye una medida de hecho que representa para la peticionante de tutela una vulneración de su derecho al trabajo en su vertiente a una remuneración justa y oportuna.
17 La SCP 0783/2020-S2 de 9 de diciembre, señaló que: “Por lo tanto, del estudio de las normas protectoras de los derechos laborales, nos permiten concluir que cualquier acción u omisión tendiente a retener arbitrariamente el salario, constituye un grave atentado al orden constitucional, ya que su privación implica una afectación directa a la dignidad humana del trabajador y de su entorno familiar”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0099_2024-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): be91d6e7557d474e646bb4414d79dee9a6a67b55d800e63a6e25df19b8f8a1f7
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