B.IA.LEGAL

SCP 0098/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
79844-2025-160-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a ser oído previamente a ser juzgado; toda vez que: i) Fue aprendido el 16 de noviembre de 2025 de manera ilegal; puesto que, correspondía previamente su citación para realizar su declaración informativa; ii) El abogado de oficio que le asignó el Fiscal de Materia codemandado, lo indujo junto a su familia, a firmar una solicitud de procedimiento abreviado, implantándoles la idea que si no lo hacían sería condenado a veinte años de prisión; y, iii) Pese a no tener acceso a su expediente, interpuso recurso de apelación; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, desconoce la resolución que resolvió el mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/25 de 6 de diciembre de 2025, cursante de fs. 64 vta. a 66, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la actuación de los efectivos de la Policía Boliviana en la atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual
  2. III.2. La acción de libertad y la prohibición de la activación simultanea de las jurisdicciones ordinaria y constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2026-S3 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 79844-2025-160-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 36/25 de 6 de diciembre de 2025, cursante de fs. 64 vta. a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Victoria Meneses Rodríguez en representación sin mandato de AA contra Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia, y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz; y, José Carlos Viera Añez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2025, cursante de fs. 52 a 54, el accionante, a través de su representante sin mandato, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente fue aprehendido ilegalmente el 16 de noviembre de 2025 -mismo día de la denuncia-; toda vez que, en lugar de su aprehensión, previamente correspondía su citación para realizar su declaración informativa en calidad de denunciado, incumpliéndose lo dispuesto en el art. 227 del Código Procesal Penal (CPP). Asimismo, fue imputado formalmente el 17 de igual mes y año, pese a contar en el cuaderno de investigaciones con un certificado médico forense que estableció clara y contundentemente la ausencia de lesiones o vejámenes sexuales en la presunta víctima y una entrevista psicológica en la que su persona negó categóricamente haber cometido el hecho. Además, se tiene un informe psicológico realizado a la víctima en el que refiere que fue abusada sexualmente vía oral y anal -contradiciendo el certificado médico forense prenombrado-; también se tiene, un informe social en el que la denunciante admitió haber interpuesto la denuncia por temor a perder la custodia de sus hijos. Por ello, la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia, y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada- fijó audiencia para el 18 del citado mes y año, sin haberlo notificado previamente; además que, debido a la imposibilidad de su madre de pagarle un abogado, el Fiscal de Materia codemandado le asignó un defensor de oficio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien, en lugar de velar por sus intereses, indujo a su madre y hermana mayor -de 18 años- a firmar una solicitud de procedimiento abreviado, bajo amenaza que si se negaban, sería condenado a veinte años en prisión. Incluso vulnerando su derecho a la defensa, ya que, la presunta víctima contaba con el patrocinio de un abogado de la indicada Defensoría; por lo que, lo correcto era suspender la audiencia y señalar una nueva, al no poder la referida institución representar a la víctima y al imputado al mismo tiempo. Luego de celebrada la audiencia, cuando su madre y abogado se apersonaron al despacho judicial de la Jueza demandada para obtener las fotocopias e interponer el recurso de apelación, no pudieron tener acceso al expediente, dado que, la secretaria le informó que éste se encontraba en despacho para la elaboración del acta correspondiente. A pesar de esta situación, se dio por notificado con la referida sentencia, pese a no haber tenido conocimiento de su motivación y fundamentación e interpuso recurso de apelación conforme los arts. 233. II y 315 incs. a) y f) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); empero, no tiene conocimiento de la providencia dictada al respecto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y haber sido oído previamente a ser juzgado, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto: a) La Sentencia de 18 de noviembre de 2025; y, b) El acta de aprehensión de 16 de igual mes y año, para que se lo cite a declarar.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de diciembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 63 a 64 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) Momentos antes de celebrarse la audiencia de medidas cautelares, al no tener un abogado patrocinante, el Fiscal de Materia codemandado, le asignó un profesional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, empero, el abogado de la víctima también pertenecía a la referida institución, por lo que, la audiencia debió suspenderse hasta que tuviera un abogado de su confianza; 2) La autoridad fiscal codemandada y el abogado asignado a su caso, intimidaron a su madre y hermana para que lo convencieran de someterse a un procedimiento abreviado con el objeto de cerrar el caso, ante ello, le cuartaron los derechos a ser oído, a la defensa y a la presunción de inocencia; 3) Fue condenado con base al informe psicológico de la presunta víctima; no obstante, el certificado del médico forense señaló que éste no sufrió ningún vejamen; 4) No tuvo acceso al expediente de la causa; y, 5) Formuló recurso de apelación el 25 de noviembre del citado año, sin tener conocimiento de la correspondiente resolución.

I.2.2. Informe de la parte demandada

José Carlos Viera Añez, Fiscal de Materia, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) Se aplicó correctamente lo establecido por el art. 227 del CPP, al momento de la aprehensión del impetrante de tutela; ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, ya que, al accionante se le designó a un abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y también se encontraba acompañado por su madre; iii) Se aplicó la salida alternativa a juicio, en cumplimiento a lo previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente; este aspecto fue puesto en conocimiento del solicitante de tutela y de su progenitora, siendo ambos asesorados por el defensor de oficio asignado; iv) La Sentencia de 18 de noviembre de 2025 está inserta en el expediente y se encuentra ejecutoriada sin la posibilidad de realizar actuaciones posteriores a la emisión de la misma; v) La parte accionante debió plantear recurso de apelación y no acudir directamente a la justicia constitucional; vi) La presunción de inocencia queda concluida con una sentencia condenatoria, es así que, el solicitante de tutela se encuentra cumpliendo su condena en un centro de rehabilitación de menores; y, vii) El art. 60 de la CPE, establece la garantía del interés superior de las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, al ser tanto el impetrante de tutela como la víctima menores, los derechos del accionante no pueden estar por encima que los de una víctima de violencia sexual. Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia, y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe oral en audiencia de garantías, pese a haberse dejado constancia que se encontraba presente en la Sala al inicio de la misma (fs. 63 a 64).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 36/25 de 6 de diciembre de 2025, cursante de fs. 64 vta. a 66, denegó la tutela impetrada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) No se agotó la vía jurisdiccional ordinaria a efectos de poder acudir a la vía constitucional; por lo que, es necesario que con carácter previo, el Tribual de alzada resuelva el recurso planteado por la parte impetrante de tutela; y, b) La aprehensión ilegal y la manera en la que fue solicitada la salida alternativa denunciadas por la parte accionante debieron haber sido reclamadas de manera oportuna ante el juez de control jurisdiccional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 69 a 74, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, resolvió la priorización en el sorteo de casos que involucran la vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes; en ese sentido, la Comisión de este Tribunal, procedió con el sorteo adelantado de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de denuncia de 16 de noviembre de 2025, a horas 17:25 realizado por María Helen Menacho Becerra contra el adolescente AA -accionante-, denunciando que su hijo BB de cinco años de edad fue víctima de la presunta comisión del delito de violación (fs. 2). II.2. Se tiene acta de aprehensión policial de 16 de noviembre de 2025, a horas 18:15 del impetrante de tutela, efectuada en el domicilio calle Juan Pablo II, UV, lote 20, zona de Satélite Norte del municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz (fs. 37). II.3. Consta Informe Psicológico Preliminar de 16 de noviembre de 2025, emitido por Agustina Peralta, Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “U.V.E-Satélite Norte” del Gobierno Autónomo Municipio (GAM) de Warnes del departamento de Santa Cruz, realizada al niño BB, quien realizó un relato verbal con la ayuda de gestos con las manos y la utilización de muñecos, manifestando que AA vulneró su integridad sexual, haciendo referencia a actos de penetración por vía oral y anal, indicando haber sentido dolor y refiriendo a las partes íntimas de ambos, indicando que el hecho se llevó a cabo en la habitación de AA. (fs. 10 a 13).

II.4. Cursa Informe Psicológico Preliminar de 17 de noviembre de 2025, de horas 9:00 de Jovita Arana Torrez, Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “U.V.E.-Satélite Norte” del señalado GAM, efectuada al accionante, quien negó haber cometido el hecho por el que se le investiga (fs. 7 a 9). II.5. Cursa Acta de Declaración de 17 de noviembre de 2025, realizada al peticionante de tutela, en el que, indicó que se encuentra acompañado por su abogado defensor de confianza y por su madre, y se acoge a guardar silencio (fs. 22). II.6. Mediante Informe Social presentado el 17 de noviembre de 2025 a horas 11:58, Maribel Tola Sánchez, Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de “Satélite Norte” del mencionado GAM, informó a José Carlos Viera Añez, Fiscal de Materia -codemandado- que, el adolescente AA es tío de la víctima BB, hermano menor del padre de la víctima y viven en el mismo inmueble en habitaciones diferentes (fs. 24 a 31). II.7. En el informe presentado el 17 de noviembre de 2025 por la Investigadora asignada a la FELCV-Satélite Norte del municipio de Warnes, al Director Regional del FELCV-Satélite Norte, se indica que, una vez formalizada la denuncia penal por María Helen Menacho Becerra contra el impetrante de tutela AA por el delito de violación, al tener conocimiento del hecho delictivo y al vivir ambos -víctima y denunciado-en el mismo domicilio se procedió a la aprehensión de AA desde el 16 de igual mes y año, a horas 18:00, realizándose la entrega del mismo al personal de turno de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de “Satélite Norte” del citado GAM, en razón a precautelar la integridad y seguridad de la víctima BB y evitar que el sindicado pueda darse a la fuga (fs. 41 y vta.). II.8. A través del memorial presentado el 17 de noviembre de 2025 a horas 17:15, la autoridad fiscal codemandada, presentó al Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia, y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, imputación formal contra AA, por la presunta comisión del delito violación de infante, niña, niño y adolescente, solicitando la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva. Presentando como elementos de convicción: el Informe Psicológico Preliminar de 16 de noviembre de 2025, el Informe Social presentado el 17 de igual mes y año y el Informe Psicológico Preliminar de 17 de noviembre de 2025 (fs. 45 a 47 vta.). II.9. Consta Acuerdo Legal de terminación anticipada de 18 de noviembre de 2025, mediante la cual, el impetrante de tutela manifestó su pleno acuerdo a someterse al procedimiento de terminación anticipada, en el que se hace constar: 1) Su participación en el hecho delictivo atribuido a su persona de forma libre y espontánea sin que medie ningún vicio en su consentimiento; 2) Su renuncia al juicio oral, público y contradictorio; y, 3) Su aceptación de la pena atenuada de cuatro años de reclusión, que fue suscrito por el solicitante de tutela; Victoria Meneses Rodríguez, madre de AA; Angélica Cáceres Meneses, hermana de AA; Carlos Almanza, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de “Satélite Norte” del GAM de Warnes; Fiscal de Materia codemandado; María Helen Menacho Becerra, denunciante; Angélica Delgadillo Villarroel, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de “Satélite Norte” del indicado GAM (fs. 48).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a ser oído previamente a ser juzgado; toda vez que: i) Fue aprendido el 16 de noviembre de 2025 de manera ilegal; puesto que, correspondía previamente su citación para realizar su declaración informativa; ii) El abogado de oficio que le asignó el Fiscal de Materia codemandado, lo indujo junto a su familia, a firmar una solicitud de procedimiento abreviado, implantándoles la idea que si no lo hacían sería condenado a veinte años de prisión; y, iii) Pese a no tener acceso a su expediente, interpuso recurso de apelación; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, desconoce la resolución que resolvió el mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la actuación de los efectivos de la Policía Boliviana en la atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual

La SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, se refirió al deber de los funcionarios policiales asignados a casos de violencia sexual donde las víctimas sean niñas, niños y adolescentes, de actuar de forma prioritaria y diligente en resguardo a la integridad del menor víctima, estableciendo lo siguiente:

[E]l Código Niña, Niño y Adolescente y su Reglamento, establecen que el Ministerio Público y la Policía Boliviana deben priorizar y agilizar la atención e investigación de los delitos contra la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes; y por otra, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia dispone el deber de actuación inmediata para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. Consiguientemente, la actuación de los funcionarios policiales y del Ministerio Público debe estar orientada por dichos principios y normas; por tanto, destinada a la protección inmediata de las niñas y mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual. (…)

Consiguientemente, en los casos como el presente, en los que exista una solicitud de ayuda formulada por la víctima o denuncia fehaciente de violencia sexual o física contra niñas, niños y adolescentes, es posible que los funcionarios de la Policía Boliviana, actuando de manera conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, efectúen su inmediato rescate de la niña, niño o adolescente en situación de violencia, así como la aprehensión del presunto autor, cuando dicha medida sea fundamental para garantizar los derechos de aquéllos, con la única finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad competente, conforme a las garantías dispuestas por el Código de Procedimiento Penal» (el énfasis fue añadido).

III.2. La acción de libertad y la prohibición de la activación simultanea de las jurisdicciones ordinaria y constitucional

La SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado respecto a los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige en la acción de libertad, de acuerdo al siguiente desarrollo: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, 1El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:

Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo, se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional». En la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, precisó que:

[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la subsidiariedad excepcional en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto:

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.

III.3. Análisis del caso concreto

Expuestos como se tienen los actos lesivos por el accionante, es pertinente analizarlos de forma individualizada:

Respecto a la aprehensión El accionante AA denuncia que, el 16 de noviembre de 2025, fue aprehendido ilegalmente, puesto que, con carácter previo se le debió citar para que realice su declaración informativa en calidad de denunciado. Al respecto, es preciso hacer mención a las siguientes piezas procesales, como ser el acta de denuncia de 16 de noviembre de 2025, a horas 17:25 realizado por María Helen Menacho Becerra contra el accionante denunciando que su hijo BB de cinco años de edad fue víctima de la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente (Conclusión II.1); por consiguiente, en la fecha indicada a horas 18:15, se procedió a la aprehensión policial del impetrante de tutela, efectuado en el domicilio calle Juan Pablo II, UV, lote 20, zona de Satélite Norte del municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz, ejecutado por un funcionario policial (Conclusión II.2). Por otra parte, se tiene el Informe Psicológico Preliminar de igual data de hora 20:30 de la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “U.V.E-Satélite Norte” del GAM de Warnes, realizado a BB -presunta víctima-, quien relató el hecho delictivo cometido en su contra por AA, aduciendo que los hechos ocurrieron el cuarto de AA y de “Abi” (Conclusión II.3); el Informe Psicológico Preliminar de 17 de ese mes y año, de horas 9:00 de la Psicóloga de la misma Defensoría, efectuado al accionante AA, quien negó la comisión del delito denunciado y aseveró que la víctima vive en su domicilio (Conclusión II.4), y el Informe Social presentado en igual fecha a horas 11:58, por la Trabajadora Social de la mencionada Defensoría, quien informó a la autoridad fiscal codemandada que, el solicitante de tutela AA tiene el grado de parentesco de tío de la víctima, al ser el hermano menor del padre del prenombrado, quienes viven en el mismo inmueble en habitaciones diferentes (Conclusión II.6).

También se tiene, el informe del caso presentado en la misma fecha a horas 12:18,la Investigadora de Servicio de la FELCV -Satélite Norte del municipio de Warnes, al Director Regional del FELCV-Satélite Norte, indicando que, una vez formalizada la denuncia penal por María Helen Menacho Becerra contra AA por el referido ilícito, ante lo cual, al tener conocimiento del hecho delictivo y al vivir ambos -víctima y denunciado-en el mismo domicilio se procedió a la aprehensión de AA desde el 16 de igual mes y año, a horas 18:00, por lo que, se realizó la entrega del menor al personal de turno de la referida de la Defensoría, en razón a precautelar la integridad y seguridad de BB como presunta víctima, para garantizarle una vida libre de violencia y detener la conducta del sindicado y evitar que pueda darse a la fuga (Conclusión II.7). Así contextualizado los hechos ocurridos respecto al acto lesivo denunciado, este Tribunal evidencia que: a) El accionante AA tiene el grado de parentesco de tío de BB presunta víctima de cinco años; b) Tanto el impetrante de tutela y la víctima viven en el inmueble en diferentes habitaciones; y, c) El peticionante de tutela fue aprehendido el 16 de noviembre de 2025 a horas 18:15, por la funcionaria policial asignada al caso. En ese orden, en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se ha establecido que en los casos que exista una solicitud de ayuda formulada por la víctima o denuncia fehaciente de violencia sexual o física contra niñas, niños y adolescentes, es posible que los funcionarios de la Policía Boliviana, actuando de manera conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, efectúen su inmediato rescate de la niña, niño o adolescente en situación de violencia, así como la aprehensión del presunto autor, cuando dicha medida sea fundamental para garantizar los derechos de aquéllos, con la única finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad competente, conforme a las garantías dispuestas por el Código de Procedimiento Penal. Es así que, la actuación desplegada por la funcionaria policial asignada al caso referida a la aprehensión de 16 de noviembre de 2025 del ahora accionante, se encuentra respaldada a la jurisprudencia constitucional descrita y la normativa en vigencia; al haberse dispuesto su aprehensión como medida de actuación urgente ante el evidente estado de vulnerabilidad y desventaja de BB, al ser un niño de cinco años, presunta víctima de violación sexual, vivir en el mismo domicilio y por el grado de parentesco con el denunciado, aspectos acreditados por los Informes policial y social de 17 de igual mes y año, puesto que, actuar en contrario, podría ocasionar su desprotección y revictimización. Consecuentemente, si bien, el acta de aprehensión policial hace alusión a los arts. 227.1 y 230 del CPP, que citan sobre la aprehensión por flagrancia, no es menos evidente que en forma posterior el accionante AA, dada su condición de adolescente fue puesto bajo la competencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el control jurisdiccional de la Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes; es decir, ante la autoridad especial competente; por lo que, se constata que no produjo una aprehensión ilegal, en el entendido que la finalidad de la actuación policial ejecutada fue por la gravedad que conlleva en sí mismo el ilícito penal demandado, la situación de vulnerabilidad de la víctima, que vive en el mismo domicilio que el supuesto agresor, actuación que se entiende estuvo orientada a acudir al auxilio solicitado para garantizar la protección de BB y asegurar un entorno seguro y confiable, aprehensión que al tratarse de una medida de actuación urgente, resultaba necesaria al vivir el accionante AA en el mismo inmueble de la presunta víctima de violencia sexual de cinco años de edad, correspondiendo denegar la tutela impetrada.

Respecto al procedimiento abreviado efectuado y posterior sentencia condenatoria El accionante denuncia que no tiene conocimiento de los fundamentos y la motivación de la Sentencia de 18 de noviembre de 2025, que lo declaró culpable del delito imputado, la cual fue sustanciada con base en el acuerdo legal de terminación anticipada por procedimiento abreviado, no obstante que fue presionado y amenazado a aceptarlo por el Fiscal de Materia codemandado y el abogado de la indicada Defensoría que le fue asignado; pese a ello, formuló recurso de apelación restringida en plazo oportuno conforme a los arts. 233.II y 315 inc. a) y c) del CNNA, sin tener conocimiento de la providencia que efectuó la autoridad judicial codemandada. De las piezas procesales que refleja el expediente se tiene que el Fiscal de Materia codemandado el 17 de citado mes y año, a horas 17:15, presentó a la Jueza demandada imputación formal contra AA, por la supuesta comisión del delito violación de infante, niña, niño y adolescente, solicitando la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (Conclusión II.8); así también se observa, el Acuerdo Legal de terminación anticipada de 18 de igual mes y año, mediante la cual, el impetrante de tutela manifestó su pleno acuerdo a someterse al procedimiento de terminación anticipada, en el que se hace constar: 1) Su participación en el hecho delictivo atribuido a su persona de forma libre y espontánea sin que medie ningún vicio en su consentimiento; 2) Su renuncia al juicio oral, público y contradictorio; y, 3) Su aceptación de la pena atenuada de cuatro años de reclusión que fue suscrito por el solicitante de tutela; Victoria Meneses Rodríguez, madre de AA; Angélica Cáceres Meneses, hermana de AA; Carlos Almanza, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “U.V.E-Satélite Norte” del GAM de Warnes; Fiscal de Materia codemandado; María Helen Menacho Becerra, denunciante; Angélica Delgadillo Villarroel, Abogada de la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia (Conclusión II.9). De lo expuesto, este Tribunal advierte que, el proceso penal instaurado contra el accionante se encontraba bajo control jurisdiccional de la Jueza demandada, quien con base en el Acuerdo Legal de terminación anticipada de 18 del citado mes y año, dictó Sentencia condenatoria declarándolo culpable, en consecuencia a esta decisión, el impetrante de tutela en aplicación de los arts. 233.II y 315 inc. a) y c) del CNNA, planteó recurso de apelación -así fue manifestado en el memorial de interposición de este mecanismo tutelar. Conforme a dichos antecedentes, de acuerdo con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, esta acción tutelar no puede activarse de manera paralela, cuando de los mecanismos de protección intraprocesales de la jurisdicción ordinaria fueron abiertos con carácter previo y se encuentran pendientes de resolución, como así sucede en el caso concreto que se dilucida; puesto que, al haber planteado apelación contra la sentencia condenatoria y presentar este mecanismo de defensa, activó simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional denunciando las actuaciones de la autoridad fiscal y judicial demandada; supuesto que impide a la justicia constitucional ingresar al fondo de lo cuestionado constitucionalmente; puesto que, hacerlo provocaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico, al generarse dos resoluciones sobre los mismos hechos, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela, aunque con otros fundamentos, solicitada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/25 de 6 de diciembre de 2025, cursante de fs. 64 vta. a 66, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0098_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0b70dc8f95ea32ec17712526b060563976517293941953a696ee587b05414928

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