Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia argumentando que la autoridad de alzada -ahora accionada- emitió el Auto de Vista 196/2023 en el cual debatió sobre el domicilio extremo que no fue alegado por el Ministerio Público, actuando ultra petita aplicando de manera incorrecta criterios como la perspectiva de género y vulnerabilidad sin justificar su pertinencia a partir de lo cual ordenó su privación de libertad. Ante ello, la Vocal demandada refirió que, el citado Auto de Vista respondió de manera motivada y dentro de los límites del recurso de apelación a los agravios planteados por el Ministerio Público, identificando deficiencias en la resolución de primera instancia, una insuficiente fundamentación, incoherencias en la valoración del riesgo procesal y falta de acreditación del domicilio del imputado, valorando correctamente la prueba y los principios de proporcionalidad y diligencia, encontrándose facultada para revocar las medidas sustitutivas, inexistiendo un exceso de competencia o incorporación de riesgos no alegados; la revocatoria se fundó en la necesidad de garantizar el debido proceso y la protección de la víctima menor. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 72/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 53 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en torno al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. 2° Disponer que la autoridad accionada emita un nuevo fallo con base en los razonamientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas consiguientes a su legal notificación, salvo que por la naturaleza provisional de las medidas cautelares al presente la situación del accionante por el avance del proceso se hubiese visto modificada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57806-2023-116-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 72/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 53 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Orlando Iporre Llano y Pablo Gilbert Martínez Rosas en representación sin mandato de Dialmar Veliz Arando contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Potosí.
Por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, cursante a fs. 1; y, 11 a 12; el accionante a través de sus representantes legales, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 16 de agosto de 2023 se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental a la detención preventiva, hasta la cual subsistía el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), relacionado con el peligro efectivo para la víctima; sin embargo, en esa audiencia se produjo una grave vulneración al debido proceso, afectando directamente su derecho a la libertad, toda vez que la autoridad de alzada revisó el riesgo procesal referido al domicilio contenido en el art. 234.1 y 2 del mencionado cuerpo normativo, pese a que este punto nunca fue debatido en la audiencia cautelar, tampoco reclamado por el Ministerio Público o consignado en la imputación formal, pues corresponde al órgano acusador demostrar de forma concreta, circunstanciada y documentada la existencia de peligros procesales, carga que no fue cumplida, encontrándose actualmente privado de libertad debido a que el Auto de Vista 196/2023 de 16 de agosto revocó sus medidas sustitutivas, lo que constituye una vulneración del debido proceso por errónea valoración de la prueba y por una fundamentación arbitraria que afecta de manera flagrante su derecho a la libertad y carece de sustento legal suficiente.
Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación, congruencia y errónea valoración de la prueba; sin mencionar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene la emisión de un nuevo Auto de Vista que restituya su derecho a la libertad y garantice el respeto al debido proceso.
Celebrada la audiencia pública el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 52, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, adicionando que el Juez cautelar sí valoró la imputación, la prueba y los riesgos procesales, concluyendo que solo existía un peligro procesal parcial y que había una duda relevante sobre los hechos acaecidos el 2019 y 2021, por lo que aplicó medidas sustitutivas; por su parte la Fiscalía generó una imputación contradictoria, debiendo esa duda favorecer al imputado; sin embargo, la vocal de apelación revocó la decisión, aplicó de forma incorrecta la perspectiva de género, valoró un supuesto riesgo de fuga no alegado por la Fiscalía y actuó ultra petita al afirmar que el nombrado no tenía domicilio sin que ello haya sido parte del agravio; asimismo, citó jurisprudencia sin explicar su aplicación al caso concreto, especialmente respecto a vulnerabilidad, lo que le dejó en indefensión al no precisar por qué la presunta víctima estaría en desventaja objetiva frente al imputado, la decisión de segunda instancia carece de motivación suficiente, aplica criterios arbitrarios y omite la proporcionalidad exigida para la detención preventiva.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través del informe escrito cursante de fs. 32 a 33 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada señalando que: a) El Ministerio Público apeló la “…Resolución de 9 de febrero de 2022…” (sic), que otorgó medidas sustitutivas al imputado, denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia, además de contradicción con la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; empero, el Auto de Vista 196/2023 respondió a todos los agravios del Ministerio Público, los argumentos de la defensa y también de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; b) La SCP 0699/2014 de 10 de abril, que dispone que el Tribunal de alzada solo debe pronunciarse sobre la pertinencia de las medidas cautelares, resultando falaz el hecho de que se hayan añadido riesgos procesales no alegados, pues la valoración del Tribunal se limitó a los agravios demandados por el Ministerio Público respecto al incumplimiento de la finalidad del art. 221 CPP y a la insuficiente fundamentación del Juez cautelar, quien otorgó detención domiciliaria sin acreditar el domicilio del imputado y sin aplicar proporcionalidad ni debida diligencia en un caso con víctima menor de edad, siendo la resolución de primera instancia incoherente sobre el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del referido Código, mientras que el Auto de Vista 196/2023 concluyó correctamente que sí estaba acreditado según los antecedentes y la conducta del imputado; c) La SCP 0628/2021-S2 de 6 de octubre, exige motivación clara, suficiente y razonada en las decisiones que modifican o revocan medidas cautelares porque no es una tercera instancia y solo evalúa si hubo vulneración de derechos fundamentales; y, d) Su actuación no excedió sus atribuciones ni incorporó nuevos riesgos, la revocatoria de las medidas sustitutivas se basó en la deficiente fundamentación del Juez cautelar y en la correcta aplicación de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, dada la obligación de proteger de manera reforzada a niñas, niños y adolescentes.
La victima a través de su abogado, en su calidad de tercero interesado en audiencia sostuvo que no existe duda razonable sustancial, pues las diferencias en las fechas son errores de tipeo y el abuso ocurrió en 2019 y 2021, sin afectar el fondo del proceso ni la validez del Auto de Vista 196/2023; por consiguiente la resolución está debidamente fundamentada, ajustada a la normativa y orientada al interés superior de la niña establecida en el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), y la protección por razón de género conforme a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la gravedad del hecho, la minoridad de la víctima, el vínculo familiar con el imputado y los elementos de prueba existentes acreditan la autoría, justificando la sustitución y mantenimiento de las medidas cautelares.
El José Luis Veizaga Rivero, representante legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en audiencia explicó que, desde la perspectiva de género reconocida internacionalmente, la mujer y especialmente la menor de edad requieren doble protección por su mayor vulnerabilidad; en ese sentido la vocal accionada actuó conforme a este enfoque, considerando además las inconsistencias del Juez a quo sobre la existencia de riesgo y la falta de adecuada fundamentación del art. 221 del CPP, así como el hecho de que el agresor es pariente de la víctima.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 72/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 53 a 60 vta., denegó la tutela solicitada por el accionante; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez cautelar, al examinar los requisitos del art. 233.1 CPP, concluyó inicialmente que existe un hecho claro y contundente respecto al último suceso investigado, sin advertir duda razonable, posteriormente analiza los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1 y 2 del citado Código considerando acreditado que el imputado tiene actividad lícita y arraigo laboral, por lo que descarta el riesgo de fuga; sobre el art. 234.7 del mismo cuerpo normativo reconoce que existe un peligro para la víctima conforme a la jurisprudencia citada, pero luego introduce dudas relacionadas con hechos posteriores, particularmente la enfermedad atribuida al imputado y transmitida a la víctima, pese a aceptar la existencia de riesgo para la víctima, el juez decide imponer medidas sustitutivas, incluso detención domiciliaria, generando contradicción interna entre su análisis y la decisión final; 2) La Vocal demandada revisó la apelación concluyendo que respecto al art. 233.1 del CPP, ese punto no tenía controversia y se encontraba consolidado; sobre el art. 234.7 del mismo Código, centró su atención en el riesgo para la víctima, comenzando por la revisión de la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, que establece lineamientos de juzgamiento con perspectiva de género y protección reforzada para niñas víctimas de agresión sexual, identifica que el juez cautelar incurre en contradicción al aceptar el peligro para la víctima pero imponer una medida menos gravosa por dudas sobre hechos posteriores, señala que el juez no valoró correctamente la prueba ni la jurisprudencia aplicable, especialmente aquella que obliga a proteger de manera reforzada a niñas víctimas de delitos sexuales, concluyendo que, aplicando los parámetros constitucionales y probatorios, queda demostrada la existencia del riesgo procesal y, por ello, revoca la resolución del Juez cautelar disponiendo la detención preventiva del imputado; y, 3) Contrastando el caso con la línea jurisprudencial de la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, se reafirma que la víctima es una menor de edad, el imputado es adulto, existe una relación de parentesco y una evidente asimetría física y de poder, elementos que justifican la protección reforzada, teniendo que la Vocal demandada ponderó correctamente esos factores y el contagio sufrido por la víctima, ambos respaldados en actuaciones previas del Juez cautelar y en el análisis de apelación, en conclusión el Auto de Vista 196/2023 tiene estructura formal y de fondo suficiente, identifica hechos, analiza agravios, revisa prueba, contrasta con jurisprudencia y emite decisión motivada, respecto al tema del domicilio mencionado por la defensa se aclara que no es un punto determinante del fondo y que cualquier referencia adicional constituye un obiter dicta, no un acto ultra petita; finalmente, la Vocal demandada actuó conforme al debido proceso, manteniendo una debida motivación y fundamentación, encontrándose la imposición de la detención preventiva jurídicamente justificada.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 65), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 69); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 291/2023 de 5 de agosto, por el cual Américo Calderón Calderón, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva de Dialmar Veliz Arando -ahora impetrante de tutela- (fs. 2 a 6). II.2. Consta Auto de Vista 196/2023 de 16 de agosto, emitido por María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Potosí -hoy accionada-, que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio 291/2023, determinando revocar la resolución confutada, ingresar al fondo y disponer la detención preventiva del ahora accionante, que en lo pertinente precisó de oficio que, si bien los riesgos previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP no fueron declarados concurrentes, de la valoración integral del proceso subsiste el riesgo para la víctima, aún cuando se hubieran presentado certificados laborales, documentación familiar y constancias de vecindad que acreditan arraigo, los cuales, si bien atenúan los riesgos de fuga u ocultamiento, no neutralizan el riesgo contemplado en el art. 234.7 del citado Código, justificándose la imposición de una medida más gravosa, porque la imposición de una detención domiciliaria cuando ni siquiera se tiene acreditado una residencia por el imputado a efectos de que pueda cumplir esa disposición, reforzaría la teoría de peligro efectivo para la victima; exigencia de acreditación que fue observada y que el Tribunal aclaró y corrigió, dejando establecido que no correspondía imponerle una carga probatoria indebida, disponiendo que la redacción correcta debe establecer “la autoridad jurisdiccional sin tener certeza sobre un domicilio” (sic) dejando sin efecto la afirmación relativa a que “el imputado tenía que demostrar esa situación” (sic [fs. 7 a 10 vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación y congruencia argumentando que la autoridad de alzada -ahora accionada- emitió el Auto de Vista 196/2023 en el cual debatió sobre el domicilio extremo que no fue alegado por el Ministerio Público, actuando ultra petita aplicando de manera incorrecta criterios como la perspectiva de género y vulnerabilidad sin justificar su pertinencia a partir de lo cual ordenó su privación de libertad. Ante ello, la Vocal demandada refirió que, el citado Auto de Vista respondió de manera motivada y dentro de los límites del recurso de apelación a los agravios planteados por el Ministerio Público, identificando deficiencias en la resolución de primera instancia, una insuficiente fundamentación, incoherencias en la valoración del riesgo procesal y falta de acreditación del domicilio del imputado, valorando correctamente la prueba y los principios de proporcionalidad y diligencia, encontrándose facultada para revocar las medidas sustitutivas, inexistiendo un exceso de competencia o incorporación de riesgos no alegados; la revocatoria se fundó en la necesidad de garantizar el debido proceso y la protección de la víctima menor. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: (…) ”En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’ (las negrillas nos corresponden).
En el proceso penal seguido contra el accionante, cursa Auto Interlocutorio 291/2023 de 5 de agosto, por el cual el Juez de la causa, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva de Dialmar Veliz Arando -ahora impetrante de tutela-(Conclusión II.1), razonamiento y determinación con la cual el Ministerio Público no estuvo de acuerdo, interponiendo un recurso de apelación incidental que fue resuelto por María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Potosí ahora demandada, mediante el Auto de Vista 196/2023 de 16 de agosto, determinando revocar la resolución confutada y disponer la detención preventiva del ahora accionante (Conclusión II.2).
Se denuncia que la autoridad demandada habría introducido indebidamente el domicilio como un nuevo riesgo procesal que no fue discutido en apelación ni en la audiencia cautelar. El Auto de Vista 196/2023 de 16 de agosto, al momento de analizar el único riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, si bien no estableció un nuevo riesgo procesal, introdujo un elemento novedoso relativo al domicilio del imputado aspecto que no fue objeto de valoración en primera instancia, ni incorporado por el Ministerio Público dentro del marco de su agravio; sin embargo, este elemento fue decisivo en la determinación que se asumió, extralimitación en la cual justamente recae la controversia tutelar; por regla general, el Tribunal de apelación debe circunscribirse al objeto del recurso contra medidas cautelares; no puede decidir ultra petita ni fundar su decisión en elementos totalmente nuevos que no constan en el expediente ni fueron debatidos, porque eso vulnera la congruencia y el derecho de defensa, la SCP 0699/2014 lo recuerda señalando que la alzada debe resolver el fondo del agravio planteado y no anular obrados ni añadir elementos no debatidos. En esa línea, cuando la Vocal demandada procedió a desarrollar consideraciones relativas al domicilio donde el imputado debía cumplir la detención domiciliaria dispuesta por el a quo que si bien resulta parte de la fundamentación que realiza para sustentar el riesgo procesal contenido en el 234.7 del CPP, introduce, el elemento domicilio que no guarda correspondencia con el procedimiento de adopción de la mencionada medida de carácter personal adoptada, resultando carente de motivación y fundamentación que el Tribunal de alzada afirme que la autoridad cautelar dispuso la detención domiciliaria sin contar con certeza sobre el domicilio del imputado, cuando precisamente el procedimiento aplicado contempla un plazo y un mecanismo de verificación posterior, tal razonamiento no solo se aparta de lo previsto en el art. 231 bis. IV del citado Código, sino que además implica un reproche construido sobre una premisa que no fue objeto de debate ni agravio. En conclusión, se incurre en una incongruencia interna pues no se realizó una valoración del riesgo, pues no basta con mencionar qué la falta de certeza sobre el domicilio convierte la medida en inadecuada en términos de proporcionalidad y de eficacia para proteger a la víctima, este razonamiento, formulado al margen del objeto del recurso, constituye un reproche ajeno al agravio planteado que se proyecta a la parte dispositiva, la cual transformó la detención domiciliaria originalmente concedida en la imposición de detención preventiva, con afectación directa al derecho a la libertad del imputado, debiendo esta Sala en consecuencia conceder la tutela solicitada en torno al debido proceso en sus componentes de fundamentación motivación y congruencia. En lo referente a la ausencia de una explicación clara, precisa y debidamente fundamentada respecto a la interpretación de las líneas jurisprudenciales vinculadas a la perspectiva de género y aplicables al caso concreto. Sobre este punto, el Auto de Vista 196/2023 en respuesta a la observación del Ministerio Público parte de la premisa que el hecho investigado involucra a una víctima mujer menor de edad, debiendo ser analizado bajo un enfoque de género y parámetros de protección reforzada, invocando el protocolo de actuación con perspectiva de género, así como la obligación constitucional de garantizar la igualdad material y corregir las asimetrías de poder, citando precedentes constitucionales entre ellos la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, exponiendo de manera amplia los estándares constitucionales e internacionales aplicables la misma es aplicable a los márgenes de interpretación que la norma permite es decir que no se puede exceder el art. 398 de CPP que establece: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. En lo referente a la existencia de duda razonable respecto a la probabilidad de autoría exigida por el art. 233.1 del CPP, aspecto que según sostiene no fue objeto de apelación, dicho cargo no fue expuesto en su acción de libertad que si bien indica: “Reservándome el Derecho de fundamentación jurídica y ampliar la misma en audiencia…” no puede modificarse; en este sentido la SCP 0345/2011-R de 7 de abril, señaló que: “…cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, situación que determinaría que el demandado esté frente a hechos nuevos, situándolo en una virtual indefensión, lesionando su derecho a la defensa y demás normas conexas del sistema de garantías procesales. Razonamiento jurisprudencial que es perfectamente aplicable también a las acciones de libertad, por cuanto como se refirió, su objeto es no dejar en incertidumbre o defensión a la autoridad o persona demandada, la que en conocimiento de la acción planteada en su contra, la asume en base a los argumentos vertidos en ella; no pudiendo modificarlos durante su tramitación”, por lo que no corresponde pronunciamiento alguno.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 72/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 53 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en torno al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. 2° Disponer que la autoridad accionada emita un nuevo fallo con base en los razonamientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas consiguientes a su legal notificación, salvo que por la naturaleza provisional de las medidas cautelares al presente la situación del accionante por el avance del proceso se hubiese visto modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0098_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 66bf4fd401934cee5ba2fa04d5a2c62003211ba975a3cfdb30da1f0890d04902
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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