Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad física, debido proceso en su componente principio de legalidad y la presunción de inocencia, ello en mérito a que su persona, dentro del proceso penal que se tramita en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio-suicidio, mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva ante el Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Primero de Vinto del referido departamento -autoridad judicial ahora demandada-, basándose en el art. 239.2) del CPP; el referido Juez determinó, mediante proveído de 19 de agosto del mismo año, fijar la audiencia para considerar lo solicitado para el 2 de septiembre del año mencionado; sin embargo, el día en el que debía de llevarse a cabo dicha audiencia, sin que exista causa justificada, el Juez demandado decidió no instalar la misma; tal determinación, vulneró su derecho a la libertad física y al debido proceso, al estar su persona detenida indebidamente, por lo que solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: la restitución de sus derechos vulnerados, como ser su libertad, con expresa condenación de costas procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 56 vta. a 59, pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos establecidos por el Juez de garantías constitucionales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2025-S3 Sucre, 18 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50271-2022-101-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 56 vta. a 59, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Estefanía Claros en representación sin mandato de Jorge Luis Apaza Crespo contra Vladimir Rocha Chura, Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Primero de Vinto, del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 31 a 37, el accionante, por medio de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio - suicidio, previsto por el art. 256 del Código Penal (CP), el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el 27 de diciembre de 2021, le impuso la medida cautelar de detención preventiva, en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, justificando tal medida en los arts. 233 y 235.2 del Código Procesal Penal (CPP), por cuatro meses, hasta que se realicen los actos investigativos indicados por el Ministerio Público. El 12 de mayo de 2022, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, determinó la ampliación de la detención preventiva en su contra por el lapso de dos meses más, al existir actos investigativos pendientes a realizarse.
Posteriormente, el 12 de agosto de 2022, solicitó ante el Juzgado Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, la cesación a la detención preventiva, en cumplimiento de lo previsto por el art. 239.2) del CPP, modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente de 4 de julio de 2022 Ley 1443, ante el vencimiento del plazo del Ministerio Público; por lo que el referido Juez, señaló audiencia para el 2 de septiembre de 2022, a horas 10:00, pero sin que exista causa justificada, no instaló la misma. Determinación que vulneró su derecho a la libertad física, locomoción y al debido proceso, en su componente del principio de legalidad, al estar su persona detenido indebidamente, sin considerar que dentro de todo proceso penal rige la presunción de inocencia.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad física, locomoción, debido proceso en su componente principio de legalidad y la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 22,23 y 115.II, 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga su libertad y la restitución de sus derechos vulnerados, con expresa condenación de costas procesales.
Celebrada la audiencia el 2 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 52 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) El Juez demandado dispuso que no se llevaría a cabo la audiencia señalada porque hipotéticamente se hubiera creado el Juzgado de Sentencia Segundo en la localidad de Vinto; sin embargo, el expediente se encontraba en el despacho del demandado, en ese contexto denunció que también se ha vulnerado el derecho al debido proceso en el ámbito de la competencia, por lo que no se aplicó de manera correcta los arts. 44 y 49 del CPP; y, b) La omisión de no desarrollar la audiencia de cesación a la detención preventiva ha vulnerado el debido proceso en su componente del principio de legalidad, ya que no se aplicaron las disposiciones del CPP, previsto por los arts. 44, 49, 53 y 239.2, debiendo tomarse en cuenta que desde el 27 de diciembre de 2021 al 27 de agosto de 2022, han transcurrido más de nueve meses, lo que se constituye en una detención indebida que afecta además a la presunción de inocencia, previsto en el art. 116 de la CPE.
Vladimir Rocha Chura Juez del Juzgado Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 50 a 51 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Luis Apaza Crespo, por la presunta comisión del delito de homicidio - suicidio, tipificado y sancionado por el art. 251 del CP, afirma que es evidente que se programó audiencia de cesación de detención preventiva para el 2 de septiembre de 2022, día que asumió el nuevo Secretario titular; sostiene que no se instaló la audiencia, porque su autoridad hubiera perdido competencia, ello en estricto cumplimiento al “numeral IV” (sic) del Instructivo 09/22, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que ordenó remitir todos los procesos en materia penal desde el 3 de enero de 2022 a la fecha, al juzgado de nueva creación: Juzgado Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Segundo de Vinto del departamento de Cochabamba, a cargo del Juez Rolando Magne Calle, donde se encontraba radicado el caso del impetrante de tutela; y, 2) Refirió que no contaba con Secretario titular, y para evitar futuras nulidades, además considerando que el Oficial de Diligencias, estaba en suplencia legal de la Secretaria, así como del Juzgado de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto del mencionado departamento, y del Juzgado Mixto Civil y Comercial, Familia e Instrucción Penal de Sipe Sipe del mismo departamento; asimismo, tomando en cuenta el rol de audiencia ya programada, sobre todo con detenidos preventivos, en las diferentes cárceles, por diferentes delitos de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley 1008 -de 19 de julio de1988- abuso sexual, etc., además de la masiva presentación de procesos de regularización respecto a la Ley de Regularización de Derecho Propietario Ley 247 -de 5 de junio de 2012-, modificado por la Ley 1227 de 18 de septiembre de 2019, que comprende diferentes zonas de Vinto, Provincia que cuenta con una población de 75.000 habitantes, hace que sea materialmente imposible señalar audiencias en los plazos establecidos por ley.
Juan Carlos Montaño, representante de la víctima, como tercero interviniente, en audiencia de la presente acción tutelar, señaló: i) Dentro del presente caso el accionante no está detenido ilegalmente, sino que este se encuentra con detención preventiva, en mérito a una resolución fundamentada en derecho; ii) La determinación de no instalar la referida audiencia de cesación a la detención preventiva, asumida por el Juez demandado, obedece a la instrucción establecida en el Instructivo 09/2022 de 25 de agosto, por el que se dispuso la remisión de los procesos penales, que no cuenten con Auto de apertura de juicio oral, desde el 3 de enero de 2022 a la fecha, ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Segundo de Vinto del departamento de Cochabamba, por lo que el Juez demandado, habría perdido competencia, considerando que en el presente caso, no se cuenta con Auto de apertura y además ingresó después del 3 de enero. Asimismo; refirió que dicha disposición era de cumplimiento obligatorio bajo responsabilidad funcionaria, por lo que solo habría dado cumplimiento al mismo y que el hecho de haber realizado la referida audiencia, esta autoridad habría incurrido en una falta grave; y, iii) Asimismo, señaló que el Juez de garantías y bajo otras circunstancias no puede otorgar libertad del accionante, cuando mucho se puede otorgar la tutela o disponer que el Juez demandado, señale audiencia, pero de ninguna manera el disponer la libertad del mismo, ya que se incurriría en una falta muy grave. Por su parte el representante del Ministerio Público, en su intervención en la audiencia, en la misma línea señaló que el peticionante de tutela no se encuentra detenido ilegalmente y que con relación a la audiencia de cesación de detención preventiva, se ha presentado informe de la autoridad demandada, aspecto que debe ser considerado, ya que, al existir un juzgado de nueva creación, existe la disposición de la remisión de los expedientes, desconociendo si el mismo se habría remitido o no.
El Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante, Resolución de fecha 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 56 vta. a 59, concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia que la autoridad demandada, en el plazo máximo de veinticuatro horas, celebre la audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva, impetrada por el peticionante de tutela; tal determinación, se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Dentro del presente caso se tiene que el solicitante de tutela, solicitó a la autoridad demandada, la cesación a la detención preventiva por memorial interpuesto el 12 de agosto de 2022, solicitud que fue atendida mediante providencia de 19 del mismo mes y año, antecedente que ya muestra una dilación indebida, máxime si se tiene en cuenta que en dicho decreto se señaló audiencia pública para considerar la referida solicitud de detención preventiva para el 2 de septiembre del mismo año: b) El Juez demandado hace referencia a una circular para justificar el no haber instalado la referida audiencia, afirmando haber remitido ante el Juez competente por la “refuncionalización”, sin embargo de aquello, entre los fundamentos del Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha establecido que los fiscales y las autoridades judiciales tienen la obligación de dar celeridad a los casos en los que se trate de la libertad de los procesados, en el caso analizado, el Juez demandado, de inicio demostró dilación en dar respuesta a la solicitud del accionante para fijar audiencia de para considerar la cesación a la detención preventiva y el hecho de no haber instalado la audiencia en el día fijado, al margen de considerarse una falta disciplinaria, constituye un atentado al derecho a la libertad del impetrante de tutela; y, c) Pese a la dilación establecida, se tiene que el petitorio de cesación a la detención preventiva, debe ser resuelto por la autoridad judicial que conoció la solicitud, bajo estos antecedentes, no es posible que el Juez de garantías se pronuncie sobre la libertad solicitada por el accionante; sin embargo, ante la dilación de la tramitación de la referida solicitud del impetrante de tutela, asistiendo con sustento a la acción de libertad de pronto despacho, hace viable la presente acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de fecha 12 de agosto de 2022, el accionante solicito cesación a la detención preventiva, de las medidas cautelares impuestas, dentro del proceso penal de homicidio – suicidio, que le siguen en su contra, a instancia del Ministerio Público (fs. 29). II.2. Consta providencia de fecha 19 de agosto, por el que el Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, señalo audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, para el 2 de septiembre de 2022 a horas 10:00 de manera presencial (fs. 30). II.3. Mediante Instructivo 09/2022 en su punto primero, numeral IV, inciso 1, estableció que el Juzgado Público Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, remitirá los procesos en materia penal que no cuenten con auto de apertura de juicio oral, al Juzgado Público Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Segundo de Vinto del mencionado departamento (fs. 45 a 47).
El accionante, a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad física, debido proceso en su componente principio de legalidad y la presunción de inocencia, ello en mérito a que su persona, dentro del proceso penal que se tramita en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio-suicidio, mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva ante el Juez Público Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Primero de Vinto del referido departamento -autoridad judicial ahora demandada-, basándose en el art. 239.2) del CPP; el referido Juez determinó, mediante proveído de 19 de agosto del mismo año, fijar la audiencia para considerar lo solicitado para el 2 de septiembre del año mencionado; sin embargo, el día en el que debía de llevarse a cabo dicha audiencia, sin que exista causa justificada, el Juez demandado decidió no instalar la misma; tal determinación, vulneró su derecho a la libertad física y al debido proceso, al estar su persona detenida indebidamente, por lo que solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: la restitución de sus derechos vulnerados, como ser su libertad, con expresa condenación de costas procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado garantiza la libertad, reconociendo la inviolabilidad de este derecho dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario la obligación para el Estado de protegerlo, por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico, sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Ahora bien, una de las dimensiones en las que se manifiesta el mismo, es la libertad física; sobre el particular, el texto constitucional en su art. 23 establece que:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. (…)
(el énfasis es nuestro). De estas disposiciones se puede extraer, que los sistemas jurídico y político boliviano, instituyeron además como garantía de este derecho, la reserva legal; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar su ejercicio; asimismo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para su protección, entre las que se halla, la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su resguardo, en caso de que esté siendo restringido o amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE, que señala:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, que fue desarrollado por la SC 1579/2004 R de 1 de octubre, la SC 0044/2010-R de 20 de abril hizo referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, señalando que a través del mismo “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Bajo ese razonamiento, toda autoridad, sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud efectuada con la debida celeridad, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva, ya que el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez, del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal.
Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció los supuestos que constituyen actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, y por tanto, se enmarcan en el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
3El FJ III.5, indica que: “… se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen `…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…´, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 4El FJ III.3, menciona que: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley;
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso (…);
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
entre los que se halla la suspensión de la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican dicha suspensión ni son causales de nulidad. Seguidamente, la SC 0337/2010-R de 15 de junio, manifiesta que respecto al señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, los jueces y tribunales en materia penal deben darle celeridad a la resolución de dichas solicitudes en un plazo razonable. Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y a la subregla establecida en la SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, instituyó una nueva adscrita, que conceptualizó “plazo razonable”, en un término de tres días hábiles como máximo, incluidas las notificaciones, debido al vacío legal que existía en el art. 239 del CPP, sobre el mismo.
Finalmente, con la promulgación de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-en su Capítulo III, incluye las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente en el art. 8, que describe todos aquellos artículos modificados y sustituidos, entre los que se encuentra el art. 239 que establece: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días”. Disposición legal de aplicación preferente en el caso que se examina.
En conclusión, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva, las autoridades jurisdiccionales competentes, deberán señalar audiencia para su consideración, en el plazo de máximo de cinco días, debiendo los tribunales y jueces imprimir la dinámica procesal adecuada en su tramitación y pronunciamiento, con la prontitud y celeridad necesaria; toda vez que, se encuentra involucrada la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Otro aspecto que debe tenerse presente en este trámite, es la línea jurisprudencial definida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que de la suspensión de audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad que se presente una nueva solicitud. Entendimiento extraído de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo de 2018.
El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso, ello en mérito a que presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva el 12 de agosto de 2022 (Conclusión II.1), misma que fue respondida por la autoridad judicial demandada el 19 del mismo mes y año, por el cual se fijó audiencia para el 2 de septiembre del mismo año (Conclusión II.2), es decir, después de veinte días de presentada su solicitud, y que pese al tiempo de antelación con el que se programó la misma, sin considerar el plazo máximo para el señalamiento y el desarrollo de la audiencia de consideración de medidas cautelares debe realizarse en el menor tiempo posible, este actuar se constituye en una dilación indebida al derecho a la libertad del accionante. La autoridad demandada arguyó que el motivo de suspensión de la audiencia programada se debió a la emisión del Instructivo 09/2022 que en su punto primero numeral IV. inciso 1., estableció que el Juzgado Público Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, remitirá los procesos en materia penal que no cuenten con auto de apertura de juicio oral, al Juzgado el Público Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia de Sentencia Penal Segundo de Vinto del mismo departamento (Conclusión II.3). De los antecedentes previamente detallados, se concluye que la autoridad judicial demandada, desde un inicio incurrió en una dilación indebida del trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada por el impetrante de tutela, ya que dicha solicitud fue interpuesta el 12 de agosto de 2022; sin embargo, recién se consideró lo solicitado el 19 de agosto del mismo año, después de siete días, y fijó la audiencia para tratar la referida solicitud de cesación, para el 2 de septiembre, es decir, veinte días después de interpuesta la solicitud para que se fijara audiencia; tales actos van en contra de lo determinado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que claramente estableció que debe de darse la mayor celeridad posible para resolver la situación jurídica de las personas privadas de libertad, determinando que el plazo razonable no puede exceder el lapso de tres a cinco días, dependiendo de la particularidad de cada caso, plazo que claramente no se ha cumplido, y lo que es peor, una vez llegado el día de realización de dicha audiencia, se determinó que la misma no se llevaría a cabo, lo que innegablemente vulneró el derecho del accionante al debido proceso en su elemento a la celeridad, extremo que debe ser subsanado por la acción de libertad de pronto despacho, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. En cuanto a los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada, este hizo referencia al Instructivo 09/2022, para justificar el no haber instalado la referida audiencia, afirmando haber remitido el caso ante el Juez competente por la “refuncionalización”, tales argumentos carecen de relevancia ante las obligaciones que tienen las autoridades judiciales de dar celeridad a los casos en los que se trate de la libertad de los procesados, y en el caso analizado, como ya se refirió previamente, el Juez demandado de inicio demostró dilación en dar respuesta a la solicitud del accionante y fijar la audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva, y el hecho de no haber instalado la audiencia en el día fijado, constituye innegablemente en un atentado al derecho a la libertad del accionante. Finalmente, en cuanto al instructivo, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, su contenido, en ninguna parte se refirió a las audiencias de cesación a la detención preventiva, sino a otra etapa procesal dentro del proceso penal, máxime si el presente caso no cuenta con auto de apertura de juicio oral, condición sine qua non prevista en el instructivo de referencia, por lo que la autoridad demandada, en ningún momento se encontraba impedido, para llevar adelante la misma y definir la situación jurídica del peticionante de tutela. Por lo que se recomienda al Juez demandado, que en futuros casos que sean puestos en su conocimiento, observe la jurisprudencia desarrollada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 56 vta. a 59, pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos establecidos por el Juez de garantías constitucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 La Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz, 2009, art. 8.II: “El Estado se sustenta en los valores de (…) libertad…”.
5 Tal es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público, al estar regido por el principio de unidad, tiene los medios para asistir a través de otro Fiscal; y en cuanto al querellante, al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas. 6El FJ III.8, refiere: “… en consecuencia, para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, sin necesidad de esperar al último día del cumplimiento de los plazos legalmente previstos; y, para el supuesto en los cuales no se tenga un plazo previsto, la absolución de la petición debe realizarse dentro de un plazo razonable. Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho”. 7El FJ III.4, establece que: “…la Jueza demandada de oficio y acorde al principio de celeridad, puede fijar fecha y hora de audiencia porque resulta lógico el razonamiento de que si el antecedente de la celebración de una audiencia es una solicitud, entonces ya no es preciso reiterarla de forma oral y/o escrita porque se sobrentiende que la autoridad que ejerce el control jurisdiccional a momento de suspender la audiencia expone los motivos para ello y tiene la obligación de programar
inmediatamente la fecha y hora para la siguiente audiencia a efectos de volver a considerar la petición de cesación de la detención preventiva a la brevedad posible y en la misma audiencia notificar a las partes…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0098_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): d0b0939bd1b63c51e61ea7dd0073a60b32be145245339d940c19d29ad29e0d71
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