Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 14 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia; y, los principios de la seguridad jurídica y de interdicción o prohibición de ejercicio arbitrario de poder; en razón a que, las autoridades ahora demandadas: a) En el juicio de admisibilidad efectuado en el Auto Supremo 284/2022-RA de forma arbitraria con vicio de nulidad absoluta, obviaron considerar las denuncias contenidas en el punto tercero, cuarto y quinto del recurso de casación, violando su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; b) Incurrieron en falta de consonancia entre los argumentos expuestos en el AS 284/2022-RA de admisibilidad y el AS 397/2022 que resolvió el recurso de casación en la forma y en el fondo, debido a la falta de delimitación en el contenido del AS 397/2022 sobre los motivos que en juicio de admisibilidad fueron declarados admisibles; sin embargo, realizaron nuevamente un juicio de admisibilidad, procediendo a resolver y pronunciarse sobre los cinco motivos del recurso de casación, lo que constituye un acto arbitrario y vulnerador de la congruencia; c) Al emitir el AS 397/2022 y resolver los motivos del recurso de casación, no establecieron cómo y de qué manera se produjo el cambio de la calidad de detentadores a poseedores; y, d) En las alegaciones formalistas emitidas por los Magistrados hoy demandados, no hicieron mención a ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni del Bloque de Constitucionalidad, impidiendo lograr el pleno de sus derechos sin discriminación. En consecuenc…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 016/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 171 a 174 y vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2025-S1 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53401-2023-107-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 016/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 171 a 174 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vladimir Edwin Flores Gil contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 22 y 30 de diciembre de 2022, respectivamente, cursantes de fs. 102 a 114; y, 119 el accionante expreso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que, el 27 de abril de 2021, Julio Champi Llacsa y Saturnina Roque Ilafaya de Champi, interpusieron demanda ordinaria de usucapión decenal, respecto al inmueble ubicado en la calle Ayacucho s/n, barrio “12 de marzo” de la localidad de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, contra Adolfo Sossa Estévez y su persona, argumentando que desde el 2001, vienen poseyendo de manera pública y pacífica dicho inmueble, realizando siembra y cosecha de diferentes productos, cría de animales e instalación de corrales y mejoras en el inmueble que tiene una superficie de 7 500 m, al cual ingresaron por efecto de un contrato verbal de venta de su anterior propietaria “Gertrudez de Sossa” (sic), con la que acordaron la compra y venta por el precio de $us1 000.- (un mil dólares estadounidenses); y ante su fallecimiento, cancelaron el referido precio a su heredero Adolfo Sossa Estévez, quien recibió como adelanto $us300.- (trescientos dólares estadounidense) el 26 de diciembre de 2006, Bs800.- (ochocientos 00/100 bolivianos) y $us100.- (cien dólares estadounidenses) el 21 de enero de 2007, habiendo cancelado posteriormente el saldo, pero que no cuentan con el recibo. El 12 de julio de 2021, respondió a la demanda e interpuso demanda reconvencional de reivindicación y restitución del referido inmueble al haber adquirido de buena fe de su propietario Adolfo Sossa Estévez, como se tiene demostrado por la Escritura Pública 139/2021 de 9 de febrero, inscrita en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) en el Folio Real con Matrícula 1.06.1.02.0000035, Asiento A-5 de titularidad del dominio de 11 de febrero de 2021. Tramitado el proceso doble de usucapión y reconvención de reivindicación, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia “02/2021” de 18 de noviembre, declarando improbada la demanda de usucapión decenal y probada la demanda de reivindicación planteada por su persona. El 1 de diciembre de 2021, los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia referida, que fue resuelta por Auto de Vista 58/2022 de 3 de marzo, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del cual revocaron la Sentencia apelada y deliberando en el fondo declararon probada la demanda de usucapión e improbada la demanda reconvencional de reivindicación, desconociendo que los actores nunca fueron poseedores sino detentadores a título de futuros compradores, aspecto que no puede perjudicar a terceros adquirientes de buena fe como es su persona que adquirió el inmueble con base a la seguridad jurídica que refleja la publicidad registral. Ante la vulneración de sus derechos fundamentales vinculados a la seguridad jurídica, el 22 de marzo de 2022, presentó recurso de casación en el fondo y forma, exponiendo de manera clara, objetiva y fundamentada los yerros en los que incurrió el Tribunal ad quem con la finalidad de que sean corregidos y se restablezcan sus derechos fundamentales, con base a los siguientes motivos: a) Acuso errónea interpretación y aplicación indebida del art. 138 en relación a los arts. 88 y 89, todos del Código Civil (CC), además de vulneración de la seguridad jurídica contemplada en el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), al sostener que el señalado Tribunal señaló que los actores no serían detentadores sino poseedores producto del contrato verbal de venta, sin tener en cuenta que los demandantes no acreditaron el cambio con ningún medio probatorio, y confesaron que ingresaron al inmueble no como poseedores sino como compradores. El Tribunal de apelación otorgó más de lo pedido, al reconocer que los actores han adquirido el inmueble a título de promesa de venta a cuotas y que una vez cancelado el monto se debía firmar la minuta definitiva de transferencia; b) El Auto de Vista 58/2022 vulneró el art. 1453 del CC en relación al art. 145 del Código Procesal Civil (CPC), al no valorar las pruebas que acreditaban su derecho propietario sobre el predio adquirido, además de haber invocado el Auto Supremo 1027/2016 que trata sobre la improcedencia de la usucapión extraordinaria cuando no se demuestra la inversión del título de detentador a poseedor; c) Inaplicabilidad del art. 138 del CC para la procedencia de la usucapión planteada, debido a que el Tribunal ad quem solo tomó como referencia del transcurso de los diez años, dejando a un lado la concurrencia del animus y el corpus, vulnerando el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación, además del principio a la seguridad jurídica establecido en el art. 178 de la CPE, además de no haber dirigido la demanda contra su persona como verdadero propietario y que por antecedentes de otras acciones los actores reconocían como propietario a Adolfo Sossa Estévez, a pesar que hubo una interrupción en la usucapión por haberse cambiado el titular del inmueble, lo que impedía la aplicación del art. 138 del CC; d) Error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba de descargo, al no valorar de manera integral cada una de ellas, así como el recibo que indica que los demandantes son detentadores a título de futuros compradores y no así poseedores; y, e) Violación al debido proceso en su vertiente de congruencia interna y externa por falta de respuesta a un punto del recurso de apelación, respecto a que los demandantes eran detentadores y no poseedores. Actos arbitrarios de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia 1) Las autoridades ahora demandadas emitieron el Auto Supremo (AS) 284/2022-RA de 22 de abril, y efectuando el juicio de admisibilidad del recurso de casación delimitaron el marco de pronunciamiento posterior, en ese sentido en dicho Auto se estableció que la problemática estaría integrada por dos motivos: i) Que el Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista ingresó en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la misma norma sustantiva civil; toda vez que los actores no demostraron el cambio de título de detentadores a poseedores; y, ii) Violación del art. 1453 del CC y 145 del CPC al haber el recurrente demostrado su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, conforme demuestran las pruebas de descargo, las que fueron valoradas correctamente por el Juez de primera instancia e inobservadas por el Tribunal ad quem. 2) En el juicio de admisibilidad efectuado en el AS 284/2022-RA de forma arbitraria con vicio de nulidad absoluta, obviaron considerar las denuncias contenidas en el punto tercero, cuarto y quinto del recurso de casación, violando su derecho al debido proceso en su elemento congruencia, debido a que, los autos supremos de admisibilidad están obligados a establecer como objeto de pronunciamiento posterior, todos los motivos planteados por los justiciables en los recursos de casación.
3) El AS 397/2022 de 9 de junio, fue emitido desconociendo los principios, valores supremos y derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, al incurrir en actos arbitrarios con base a los cuales procedió a declarar infundado el recurso de casación, incumpliendo las reglas de la congruencia, la debida fundamentación y motivación. El Auto Supremo aludido incurrió en vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, en razón a que, no existe consonancia entre los argumentos expuestos en el AS 284/2022-RA de admisibilidad con el AS 397/2022 que resolvió el recurso de casación en la forma y en el fondo, debido a que, en el Auto Supremo que dispuso la admisión del recurso se identificaron en lo transcendental dos motivos: Que el Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista ingresó en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la misma norma sustantiva civil; toda vez que, los actores no demostraron el cambio de título de detentadores a poseedores; y, violación de los arts. 1453 del CC y 145 del CPC al haber el recurrente demostrado su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, conforme demuestran las pruebas de descargo, las que fueron valoradas correctamente por el Juez de primera instancia e inobservada por el Tribunal ad quem. En ese sentido, correspondía a los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, delimitar el contenido del AS 397/2022 en aquellos motivos que en juicio de admisibilidad fueron declarados admisibles; sin embargo, en el Auto Supremo señalado, sin que corresponda realizar nuevamente un juicio de admisibilidad, procedieron a establecer los cinco motivos del recurso de casación, lo que constituye un acto arbitrario y vulnerador de la congruencia, al margen de proceder a dar respuesta a dichos motivos de forma desordenada, omitiendo realizar una motivación en sujeción a la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, pues no citan o motivan su decisión en base a los principios y valores supremos. Los Magistrados hoy demandados al emitir el AS 397/2022 y resolver los motivos del recurso de casación, no tomaron en cuenta el reconocimiento que hicieron los demandantes de su calidad de detentadores, aspecto que debió ser valorado a la luz del principio de autonomía de la voluntad contemplada en el art. 14.IV de la CPE y los valores supremos contenidos en la Ley Fundamental, al no establecer cómo y de qué manera se produjo el cambio de la calidad de detentadores a poseedores, lo que implica que se lesionó el principio de interdicción o prohibición de ejercicio arbitrario de poder vinculado al debido proceso.
En las alegaciones formalistas emitidas por los Magistrados hoy demandados, no hicieron mención a ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni del Bloque de Constitucionalidad, vulnerando tanto el debido proceso adjetivo como sustantivo, impidiendo lograr el pleno de sus derechos sin discriminación.
El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia; y, los principios de la seguridad jurídica y de interdicción o prohibición de ejercicio arbitrario de poder; citando al efecto los arts. 115. II y 178 de la CPE y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia: i) Se dejen sin efecto los Autos Supremos 284/2022-RA de 22 de abril y 397/2022 de 9 de junio, disponiendo que los Magistrados ahora demandados emitan nuevo Auto Supremo de Admisibilidad, garantizando la congruencia, fundamentación y motivación; y, ii) Se ordene la condenación de costas y costos.
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 8 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 159 a 170 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia virtual, se ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional. Respondiendo a las preguntas del Vocal de la Sala Constitucional, a través de su abogado señaló que: a) Los elementos que sustentan su reclamo de no haber cambiado los demandantes su calidad de detentadores a poseedores, surge a raíz de que los actores ingresaron en calidad de compradores al inmueble producto de adelantó de $us.300.- (trecientos dólares estadounidenses) razón por la cual, su condición, recién podía cambiar cuando cancelen el precio total; b) El 2014 el inmueble se encontraba embargado; y, c) Sobre la relevancia constitucional referido a la vulneración del debido proceso en su elemento congruencia, indicó que los altos tribunales, no pueden asumir decisiones incongruentes de admisibilidad y de fondo.
Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaime Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 150 a 153 manifestaron que: 1) Se emitió el Auto Supremo de Admisión 284/2022-RA dentro del plazo de diez días, examinando los requisitos previstos en el art. 274 del CPC, en ese sentido, en el Considerando II se plasmó dos agravios del recurso de casación consistentes en: 1.i) El Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista incurrió en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la referida norma; toda vez, que los demandantes no demostraron el cambio de título de detentadores por el de poseedores; y, 1.ii) Vulneración al art. 1453 del CC y 145 del CPC, al haber acreditado su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, conforme demuestran las pruebas de descargo, las cuales fueron correctamente valoradas por el Juez de la causa y no así por el Tribunal de apelación; 2) La admisión de recurso de casación constituye una fase inicial que tiene como finalidad permitir la tramitación del mismo, previo cumplimiento de los presupuestos establecidos en el art. 274.I núm. 3) del CPC, lo que no implica que los dos agravios consignados en la admisión deben ser los únicos a resolverse, debido a que el análisis inicial, solo es para satisfacer el examen formal de admisibilidad, razón por la cual, en el AS 397/2022 se identificó y resolvió cinco agravios, dando respuesta a los mismos del siguiente modo: 2.i) Del análisis de obrados, el contrato verbal por la venta del inmueble en litigio realizado entre Julio Champi Llacsa y “Gertrudez de Sosa” el 2001, adolece de un deber de restitución como es el caso del depósito, arrendamiento, anticresis, usufructo, etc. Además, el recurrente no demostró con prueba idónea que cuente con la característica de la temporalidad que hace al deber de restitución, por lo que, mal se puede aducir la calidad de detentadores hacia los demandantes, más aún, cuando la interpretación del referido contrato verbal de compra y venta, que no fue negado por el codemandado Adolfo Sossa Estévez, es la transferencia del bien inmueble, aspecto que se demostró en el transcurso del proceso, que derivó en la posesión efectiva del bien inmueble desde el 2001, por lo tanto el recurrente no demostró la calidad de detentadores de los demandantes, por lo que, no advirtieron interpretación errónea del art. 89 del CC; 2.ii) Si bien el recurrente alega tener un derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis emergente de un proceso ejecutivo por compensación, mediante Testimonio 139/2021 de 9 de febrero, adquirido de Adolfo Sossa Estévez y Elena Mendoza Gonzales, inscrito en la oficina de DD.RR., en la Matrícula 1.06.1.02.0000035, en el Asiento A-5 de 11 de febrero de 2021; sin embargo, tal como establece el art. 1454 del CC, la reivindicación tiene su limitación en los casos que se produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud a la usucapión, como ocurre en el caso concreto, en que la parte demandante demostró haber operado a su favor la usucapión y por su efecto extintivo el derecho del recurrente se extinguió, situación que fue entendida por el Tribunal de Alzada; 2.iii) El interdicto de retener la posesión, el proceso ejecutivo, conciliación y otros, no son eficaces para interrumpir el computo de la prescripción adquisitiva, porque no están orientados a hacer valer el derecho de propiedad frente a los actores ni de oponerse a la posesión que ejercían; 2.iv) Si bien el recurrente a través del Testimonio 139/2021 de 9 de febrero, Folio Real con la Matrícula 1.06.1.02.0000035, fotocopia que acredita el pago de impuestos de Adolfo Sossa Estévez y plano del inmueble, acreditó su derecho propietario; empero por el efecto extintivo de la usucapión su derecho se extinguió, asimismo la prueba testifical no constituye prueba eficaz que respalde la tesis del recurrente porque no proporciona mayores elementos de convicción y en la valoración de las pruebas documentales no se observa error de hecho o derecho; 2.v) El Auto de Vista cuestionado contiene una estructura coherente, así como la fundamentación jurídica que sustenta la parte resolutiva, cumpliendo de esta forma con la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación de las resoluciones y la congruencia tanto interna como externa, así también la parte considerativa contiene la consideración de los hechos y la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; y, 2.vi) El recurrente no explicó cómo el “Auto Supremo” hubiese vulnerado el debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación con base al Bloque de Constitucionalidad, lo que evidencia la falta de carga argumentativa, tampoco identifica que agravio consignado en el recurso de casación no hubiere merecido respuesta. Con base a estos argumentos, solicitaron se deniegue la tutela.
Julio Champi Llacsa y Saturnina Roque Ilafaya de Champi, a través de su abogado, en audiencia, manifestaron que: i) El AS 284/2022 fue pronunciado el 22 de abril, y notificado a la parte accionante el 10 de mayo de 2022, lo que implica que a partir de esa fecha el ahora impetrante de tutela podía formular impugnación si acaso consideraba que dicha decisión le causaba agravios, como lo establece el “art. 277.3”, es decir, pedir audiencia para aclarar los aspectos denunciados en el recurso de casación y la omisión de los puntos de su contenido en dicha oportunidad, y en caso de no ser escuchado acudir a la vía constitucional dentro del plazo de seis meses, plazo que venció en noviembre de 2022, al no haberlo hecho, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y declarar improcedente el recurso sobre esta denuncia; ii) El demandante de tutela demuestra una conducta desleal al afirmar que nunca fue citado con la demanda de usucapión, no obstante, de la revisión de la demanda, la Sentencia y Auto de Vista impugnado, se identificó al ahora solicitante de tutela como sujeto pasivo, lo que demuestra que no se vulneró su derecho al debido proceso relacionado a la defensa; iii) Por efecto del contrato verbal de venta del inmueble objeto de la litis, los ahora terceros interesados ingresaron al inmueble el 2001 poseyendo el mismo por más de veinte años, y resulta falso que hubieran afirmado en la demanda que ingresaron en calidad de detentadores, porque siempre estuvieron en calidad de poseedores ejerciendo el animus y el corpus comportándose como propietarios a la vista de los vecinos; iv) Por la prueba documental, la confesión provocada a uno de los codemandados, se evidenció que sus personas poseen el inmueble por más de diez años, sin que nadie los perturbe; v) La jurisdicción constitucional no es una instancia más para efectuar valoraciones sobre la prueba producida en el proceso ordinario; y, vi) El AS 397/2022 contiene la motivación armónica y coherente sobre los puntos contenidos en el recurso de casación, además de correspondiente fundamentación, lo que demuestra que no existe vulneración del derecho al debido proceso como alega la parte accionante. Con base a estos argumentos, solicitaron se deniegue la tutela solicitada o se declare su improcedencia.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 016/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 171 a 174 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) Del recurso de casación planteado por el ahora accionante, se evidencia que efectivamente cuestionó cinco motivos, los que fueron reflejados en el AS 397/2022; sin embargo, en el AS de Admisibilidad 284/2022-RA, solo se identificó los dos primeros motivos, lo que denota una falta de prolijidad, claridad y precisión y responsabilidad del Tribunal de casación, por cuanto se entiende que este examen debe ser realizado con la suficiente claridad, a través de un análisis prolijo con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los motivos expuestos, para su posterior consideración; b) No existe coherencia entre el AS 397/2022 y el AS de Admisibilidad 284/2022; a pesar de que este último delimita el objeto del análisis posterior, lo que genera incertidumbre y desconfianza en el justiciable, pero además, falta de compromiso y responsabilidad en el tratamiento de los casos; c) Del análisis del AS 397/2022, este identificó y procedió al análisis de cinco motivos de reclamo contenidos en el recurso de casación, lo que demuestra incongruencia externa respecto al AS de Admisibilidad 284/2022; sin embargo, corresponde analizar la relevancia constitucional, ya que una eventual concesión de tutela, solo permitiría disponer que el AS 397/2022 ahora cuestionado se limite a los dos motivos admitidos por el referido Auto Supremo de Admisibilidad y no cambiaría el fondo de la decisión respecto al momento en que se hubiera operado un cambio de condición de detentador a poseedor por parte de los actores en el proceso ordinario de usucapión decenal; d) No resulta viable dejar sin efecto el Auto Supremo de Admisibilidad, tomando en cuenta que contra esta decisión operó la caducidad del planteamiento, por cuanto transcurrieron más de seis meses al momento de la interposición de la presente acción de amparo constitucional; e) El AS 397/2022 en el Considerando III bajo el título de doctrina aplicable, hizo referencia a los presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria, sin desarrollar nada sobre detentación, posesión y la inaplicabilidad del art. 138 del CC, por lo cual, ciertamente existe una insuficiente fundamentación jurídica; sin embargo, de la motivación que consta en el Considerando IV, advirtieron que las autoridades demandadas, fundamentaron su decisión en la normativa legal aplicable y especifica al caso, como son los arts. 88, 89, 110, 138 y 1454, todos del CC, referida a los presupuestos que deben concurrir para la procedencia de la usucapión ordinaria y la acción reivindicatoria, y de manera clara y precisa, analizaron la concurrencia del corpus y del animus como elementos que fundan la usucapión, para concluir de manera razonable que los demandantes del proceso de usucapión no ingresaron al inmueble como detentadores sino como poseedores como efecto del contrato verbal de compra y venta, que se les entrego la posesión sin que existe una condición de perentoriedad, un plazo de devolución y situación de precariedad como ocurre con el inquilinato o la anticresis, institutos sujetos a un periodo para su restitución; y, f) Las autoridades demandadas motivaron su decisión, señalando que en el memorial de respuesta del interdicto de retener la posesión interpuesta por los ahora terceros interesados, Adolfo Sossa Estévez, manifestó que en ningún momento perturbo la posesión o intentado despojar materialmente de su posesión a Julio Champi Llacsa y Saturnina Roque Ilafaya de Champi, afirmando que los mismos viven y ocupan el inmueble, razones que demuestran que no amerita un análisis del cambio de la condición de detentadores a poseedores.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa demanda de usucapión decenal o extraordinaria, interpuesta por Julio Champi Llacsa y Saturnina Roque Ilafaya de Champi -hoy terceros interesados-, respecto al inmueble de superficie de 7 500 m, calle Ayacucho s/n, barrio “12 de marzo” de la localidad de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, dirigida contra Adolfo Sossa Estévez y Vladimir Edwin Flores Gil, afirmando que poseen dicho inmueble desde hace más de veinte años, comportándose como verdaderos propietarios por efecto de un contrato verbal de compra y venta con la propietaria “Gertrudez de Sossa” a cuyo fallecimiento se canceló el monto de la venta a su heredero Adolfo Sossa Estévez (fs. 2 a 4). II.2. Por memorial de 12 de julio de 2021, el codemandado Vladimir Edwin Flores Gil -ahora accionante- presenta respuesta negativa a la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, señalando que los demandantes son solo detentadores y que su persona es propietario del inmueble emergente de un proceso ejecutivo por compensación como se tiene del Testimonio de la Escritura Pública 139/2021 de 2 de febrero, transferencia efectuada por Adolfo Sossa Estévez y Elena Mendoza Gonzales, cuyo derecho propietario se encuentra registrado en la Oficina de DD.RR. en el Folio Real con Matrícula 1.06.1.02.0000035, Asiento A-5 de propiedad sobre el dominio de 11 de febrero de 2021 (fs. 6 a 17). II.3. Mediante Sentencia 2/2021 de 18 de noviembre, el Juez Público, Mixto, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, declaró improbada la demanda principal de usucapión, interpuesta por Julio Champi Llacsa y Saturnina Roque Ilafaya de Champi y probada la demanda reconvencional de reivindicación, presentada por Vladimir Edwin Flores Gil, disponiendo la entrega y restitución del inmueble sito en “calle Ayacucho, actualmente con el Nro. 4, Barrio ‘12 de marzo’ de la población de Tarabuco” (sic [fs. 36 a 43 vta.]). II.4. A través del memorial de 1 de diciembre de 2021, los ahora terceros interesados, plantearon recurso de apelación contra la Sentencia 2/2021 de 18 de noviembre, (fs. 45 a 51 vta.); impugnación que fue resuelta por Auto de Vista S.C.C. II 58/2022 de 3 de marzo, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, revocando la Sentencia de 18 de noviembre de 2021, declarando probada la demanda de usucapión interpuesta por los ahora terceros interesados e improbada la demanda de reivindicación por haber operado la usucapión antes de su interposición (fs. 57 a 59 vta.). II.5. Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, el ahora impetrante de tutela, interpuso recurso de casación en la forma y en fondo en contra del Auto de Vista S.C.C. II 58/2022, acusando errónea interpretación y aplicación del instituto jurídico de la usucapión, dispuesta en el art. 138 en relación a los arts. 88 y 89 del CC, así como vulneración del principio de seguridad jurídica prevista en el art. 178 de la CPE; vulneración de los arts. 89 y 1453.I del CC en franca transgresión del principio de seguridad jurídica; improcedencia e inaplicabilidad del art. 138 del CC al no existir motivación o fundamentación ni cumplimiento de los requisitos de procedencia de la usucapión; error de hecho y derecho por indebida valoración de la prueba; y, violación del debido proceso establecido en el art. 115.II de la CPE en su elemento congruencia interna y externa de la demanda, arts. 105. I, 213 núm. 3 y 265.I del CPC, por falta de respuesta a un punto de la apelación (fs. 60 a 68). II.6. Cursa AS 284/2022-RA de 22 de abril, a través del cual la Sala Civil, mencionando que en lo transcendental consideró como acusaciones 1) Que el Tribunal de alzada al emitir el recurso el Auto de Vista ingresó en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la referida norma; toda vez, que los demandantes no demostraron el cambio de título de detentadores por el de poseedores; y, 2) Violación del art. 1453 del CC y 145 del CPC, al haber acreditado su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, con base estos argumentos dispuso la admisión del recurso de casación planteado (fs. 78 a 83). II.7. Consta formulario de notificación con el Auto Supremo referido al ahora accionante, efectuada el 10 de mayo de 2022 (fs. 84). II.8. Por AS 397/2022 de 9 de junio, las autoridades ahora demandadas, en el marco del contenido del recurso de casación, interpuesto por los ahora accionantes, establecieron como denuncias: i) Errónea interpretación y aplicación del instituto jurídico de la usucapión, dispuesta en el art. 138 en relación a los arts. 88 y 89 del CC; toda vez, que los demandantes no demostraron el cambio de título de detentadores por el de poseedores; ii) Vulneración del 1453 del CC y 145 del CPC al no haberse considerado que acreditó su derecho propietario e identificado el predio a través de la pruebas de descaro; iii) Inaplicabilidad del art. 138 del CC para la procedencia de la usucapión, debido a que no se puede tomar en cuenta el transcurso del tiempo dejando a un lado la concurrencia del animus y el corpus; iv) Error de hecho y derecho en la valoración de la prueba de descargo; y, v) Vulneración del debido proceso en su elemento congruencia interna y externa de la demanda por falta de respuesta a un punto de la apelación, declararon infundado el recurso (fs. 94 a 101).
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia; y, los principios de la seguridad jurídica y de interdicción o prohibición de ejercicio arbitrario de poder; en razón a que, las autoridades ahora demandadas: a) En el juicio de admisibilidad efectuado en el Auto Supremo 284/2022-RA de forma arbitraria con vicio de nulidad absoluta, obviaron considerar las denuncias contenidas en el punto tercero, cuarto y quinto del recurso de casación, violando su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; b) Incurrieron en falta de consonancia entre los argumentos expuestos en el AS 284/2022-RA de admisibilidad y el AS 397/2022 que resolvió el recurso de casación en la forma y en el fondo, debido a la falta de delimitación en el contenido del AS 397/2022 sobre los motivos que en juicio de admisibilidad fueron declarados admisibles; sin embargo, realizaron nuevamente un juicio de admisibilidad, procediendo a resolver y pronunciarse sobre los cinco motivos del recurso de casación, lo que constituye un acto arbitrario y vulnerador de la congruencia; c) Al emitir el AS 397/2022 y resolver los motivos del recurso de casación, no establecieron cómo y de qué manera se produjo el cambio de la calidad de detentadores a poseedores; y, d) En las alegaciones formalistas emitidas por los Magistrados hoy demandados, no hicieron mención a ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni del Bloque de Constitucionalidad, impidiendo lograr el pleno de sus derechos sin discriminación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El solicitante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia; y, los principios de la seguridad jurídica y de interdicción o prohibición de ejercicio arbitrario de poder; en razón a que, las autoridades ahora demandadas: ¡) En el juicio de admisibilidad efectuado en el AS 284/2022-RA de forma arbitraria con vicio de nulidad absoluta, obviaron considerar las denuncias contenidas en el punto tercero, cuarto y quinto del recurso de casación, violando su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; ii) Incurrieron en falta de consonancia entre los argumentos expuestos en el Auto Supremo referido de admisibilidad y el Auto Supremo 397/2022 que resolvió el recurso de casación en la forma y en el fondo, debido a la falta de delimitación en el contenido del Auto Supremo 397/2022 sobre los motivos que en juicio de admisibilidad fueron declarados admisibles; sin embargo, realizaron nuevamente un juicio de admisibilidad, procediendo a resolver y pronunciarse sobre los cinco motivos del recurso de casación, lo que constituye un acto arbitrario y vulnerador de la congruencia; iii) Al emitir el Auto Supremo indicado y resolver los motivos del recurso de casación, no establecieron cómo y de qué manera se produjo el cambio de la calidad de detentadores a poseedores; y, iv) En las alegaciones formalistas emitidas por los Magistrados hoy demandados, no hicieron mención a ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni del Bloque de Constitucionalidad, impidiendo lograr el pleno de sus derechos sin discriminación Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte que, los hoy terceros interesados Julio Champi Llacsa y Saturnina Roque Ilafaya de Champi, plantearon demanda de usucapión decenal o extraordinaria respecto al inmueble con superficie de 7 500 m, ubicado en la calle ubicado en la calle Ayacucho s/n, barrio “12 de marzo” de la localidad de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, dirigiéndola contra Adolfo Sossa Estévez y Vladimir Edwin Flores Gil -ahora accionante-; afirmando que poseen dicho inmueble desde hace más de veinte años, por efecto de un contrato verbal de compra y venta con la propietaria “Gertrudez de Sossa” a cuyo fallecimiento se canceló el monto de la venta a su heredero Adolfo Sossa Estévez (Conclusión II.1). Citado con la demanda, Vladimir Edwin Flores Gil -ahora demandante de tutela- presentó respuesta negativa a la demanda, señalando que los demandantes son solo detentadores y que su persona es propietario del inmueble, como se establece del Testimonio de la Escritura Pública 139/2021 de 2 de febrero, transferencia efectuada por Adolfo Sossa Estévez y Elean Mendoza Gonzales, derecho propietario registrado en la Oficina de DD.RR. en el Folio Real con Matrícula 1.06.1.02.0000035, Asiento A-5 de propiedad sobre el dominio de 11 de febrero de 2021 (Conclusión II.2). Tramitado el proceso, mediante Sentencia 2/2021 de 18 de noviembre, el Juez Publico, Mixto, Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, declaró improbada la demanda principal de usucapión, interpuesta por Julio Champi Llacsa y Saturnina Roque Ilafaya de Champi y probada la demanda reconvencional de reivindicación, presentada por Vladimir Edwin Flores Gil, disponiendo la entrega y restitución del inmueble (Conclusión II.3). Interpuesto el recurso de apelación por los ahora terceros interesados, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista S.C.C. II 58/2022 de 3 de marzo, revocó la Sentencia 2/2021 de 18 de noviembre, declarando probada la demanda de usucapión interpuesta por los ahora terceros interesados e improbada la demanda de reivindicación por haber operado la usucapión antes de su interposición (Conclusión II.4). Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, el ahora impetrante de tutela, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo en contra del Auto de Vista S.C.C. II 58/2022, acusando errónea interpretación y aplicación del instituto jurídico de la usucapión, dispuesta en el art. 138 en relación a los arts. 88 y 89 del CC, así como vulneración del principio de seguridad jurídica prevista en el art. 178 de la CPE; vulneración de los arts. 89 y 1453.I del CC en franca transgresión del principio de seguridad jurídica; improcedencia e inaplicabilidad del art. 138 del CC al no existir motivación o fundamentación ni cumplimiento de los requisitos de procedencia de la usucapión; error de hecho y derecho por indebida valoración de la prueba; y, violación del debido proceso establecido en el art. 115.II de la CPE en su elemento congruencia interna y externa de la demanda, arts. 105. I, 213 núm. 3 y 265.I del CPC, por falta de respuesta a un punto de la apelación (Conclusión II.5). Por AS 284/2022-RA de 22 de abril, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mencionando en lo transcendental consideró como acusaciones: a) Que el Tribunal de alzada al emitir el recurso el Auto de Vista ingresó en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la referida norma; toda vez, que los demandantes no demostraron el cambio de título de detentadores por el de poseedores; y, b) Violación del art. 1453 del CC y 145 del CPC, al haber acreditado su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, con base estos argumentos dispuso la admisión del recurso de casación planteado, decisión con la que fue notificado el hoy accionante el 10 de mayo de 2022 (Conclusión II.6 y 7). Finalmente, por AS 397/2022 de 9 de junio, las autoridades ahora demandadas, en el marco del contenido del recurso de casación, interpuesto por los ahora accionantes, declararon infundado el recurso de casación en la forma y en fondo, interpuesto por el ahora solicitante de tutela. Respecto al primer acto lesivo, referido a que en el juicio de admisibilidad efectuado en el AS 284/2022-RA de forma arbitraria con vicio de nulidad absoluta, obviaron considerar las denuncias contenidas en el punto tercero, cuarto y quinto del recurso de casación, violando su derecho al debido proceso en su elemento congruencia. Al respecto, corresponde verificar si la interposición de la acción de amparo constitucional respecto al Auto Supremo indicado, el accionante observó o no el principio de inmediatez característico de esta acción tutelar y que se constituye en una condición esencial para activar el control tutelar de constitucionalidad. A fin de analizar lo indicado en el párrafo precedente, es imprescindible en el caso considerar la fecha de notificación con dicha Resolución para establecer con precisión el cómputo de los seis meses como plazo establecido para la interposición de esta acción tutelar y si la misma se encuentra dentro de dicho término legal. En ese sentido, del formulario de notificación, cursante a fs. 84, se establece que el hoy impetrante de tutela fue notificado con el dicho Auto Supremo, por lo que, el accionante tenía hasta el 10 de noviembre de 2022 para formular la acción de amparo constitucional respecto al referido Auto Supremo, empero, se advierte que la acción de defensa fue interpuesta el 22 de diciembre de 2022, resultando extemporánea, al haber sido presentada fuera de los seis meses que establece el art. 129.II de la CPE, lo que impide su análisis y consideración, por lo expuesto, únicamente se ingresara al fondo de la problemática planteada respecto al AS 397/2022. Respecto al segundo acto lesivo a sus derechos, la falta de congruencia entre los argumentos expuestos en el AS 284/2022-RA de admisibilidad y el AS 397/2022 que resolvió el recurso de casación en la forma y en el fondo, debido a la falta de delimitación en el contenido del AS 397/2022 sobre los motivos que en juicio de admisibilidad fueron declarados admisibles, lo que impedía se realice nuevamente un juicio de admisibilidad, para resolver los cinco motivos del recurso de casación, lo que constituye un acto arbitrario. En ese sentido, identificada la problemática planteada e ingresando al análisis de la acción interpuesta, se tiene que, el AS 284/2022-RA admitió el recurso de casación y en lo trascendental individualizó las siguientes acusaciones: i) Que el Tribunal de alzada al emitir el recurso el Auto de Vista ingresó en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la referida norma; toda vez, que los demandantes no demostraron el cambio de título de detentadores por el de poseedores; y, ii) Violación del art. 1453 del CC y 145 del CPC, al haber acreditado su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, con base estos argumentos dispuso la admisión del recurso de casación planteado. El AS 397/2022 ahora cuestionado, resolvió declarar infundado el recurso de casación interpuesto por el hoy accionante, basando su determinación principalmente en los fundamentos siguientes: 1.- El Auto de Vista no tiene incongruencia externa ni interna, como expone el recurrente, considerando que el debate es precisamente dilucidar si la parte actora fue detentadora o poseedora del inmueble a efectos de la usucapión, siendo la postura del Tribunal ad quem el de considerar la posesión para tutelar la pretensión principal, manifestando que con base al contrato verbal no formalizado los actores ingresaron como poseedores al inmueble objeto de la litis cumpliendo de esa manera con el debido proceso ya que realizó un análisis de los art. 138 y 110 del CC respecto a los presupuestos para la procedencia de la usucapión ordinaria, concluyendo en la viabilidad de esta pretensión a favor de los demandantes al señalar que los actores ingresaron en posesión en base a un contrato verbal de venta no formalizado desde el año 2001, y considerando precisamente esa su calidad de compradores actuaron y se condujeron como verdaderos propietarios al considerar que tienen justo título; por lo que tomándose en cuenta los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de la norma se dispuso acoger la pretensión de los actores. Concluyendo que el Auto de Vista contiene una fundamentación y motivación suficiente, además de haber respondido a cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelación. 2.- El recurrente postula que el Tribunal de alzada al emitir Auto de Vista ingresó en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la referida norma, toda vez que los demandantes no demostraron el cambio de título de detentadores por el de poseedores. Al respecto, precisaron que siendo la usucapión decenal un modo de adquirir la propiedad y requiere como prueba demostrar posesión por el lapso de diez años, por ende, el elemento esencial es la posesión que consiste en el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que señalan intención de tener el derecho de propiedad, que tiene dos elementos constitutivos, el corpus y el animus, el primero se entiende como el dominio físico de la cosa, y el segundo como la actitud y comportamiento frente al bien como verdadero propietario; de la misma manera, la posesión debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por el lapso señalado de más de diez años para que sea útil a efectos de proponer la usucapión. En el caso de autos, observaron que, en lo concerniente con el corpus sobre el dominio físico de la cosa, los actores realizaron actos de uso sobre el bien inmueble, que acredita el dominio material, hecho corroborado por las pruebas documentales de cargo, declaraciones testificales y la inspección judicial, argumento también afirmado por el Juez. Continuando con el análisis, señalaron con relación al animus, que este exige demostrar el poder de hecho que se ejerce sobre la cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, o lo que se conoce como la posesión en concepto de dueño, que equivale a comportarse como propietario de la cosa; al respecto indicaron que, los demandantes acreditaron encontrarse en posesión del inmueble desde el 2001, toda vez que producto del contrato verbal acordado entre Julio Champi Llacsa con “Gertrudez de Sossa” el 2001, los demandantes actuaron y se condujeron como verdaderos propietarios, al considerar tener un derecho real de propiedad realizando actos de mejoras, la producción de productos agrícolas, crianza de animales de corral, mejoramiento de los ambientes e instalación de los servicios básicos, además ante el fallecimiento de la de cujus fue el propio codemandado Adolfo Sossa Estévez quien trascribió con su puño y letra el documento a fs. 7 no existiendo ningún reclamo de su parte por la venta realizada en ese momento situación que mantuvo por un tiempo de diez años. Finalmente concluyeron, que el contrato verbal por la venta del inmueble en litigio realizado entre Julio Champi Llacsa con “Gertrudez de Sossa” el 2001 adolece de un deber de restitución como es el caso del depósito, arrendamiento, anticresis, usufructo, etc, además que el recurrente no demostró con prueba idónea que cuente con la característica de la temporalidad que hace al deber de restitución, por lo que mal se puede aducir la calidad de detentadores hacia los demandantes, más aún cuando la interpretación del referido contrato verbal de compraventa, que no fue negado por el codemandado Adolfo Sossa Estévez, es la intención común de los contratantes de la transferencia del bien inmueble, aspecto que se demostró en el decurso del proceso, que derivó de la posesión efectiva del bien inmueble desde el 2001, por lo tanto el recurrente no demostró la calidad de detentadores de los demandantes, en consecuencia no advirtieron interpretación errónea del art. 89 de CC. 3.- En cuanto a la denuncia de vulneración de los arts. 1453 del CC y 145 del CPC, al haber acreditado el recurrente su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, conforme se demuestra con las pruebas de descargo y otras documentales, prueba que fue correctamente valorada por el Juez de primera instancia, empero, fue inobservada por el Tribunal ad quem. Al Respecto las autoridades hoy demandadas señalaron que el codemandado Vladimir Edwin Flores Gil alega tener derecho propietario sobre el inmueble objeto de la litis, emergente de un proceso ejecutivo por compensación mediante Testimonio 139/2021 de 09 de febrero, adquirido de Adolfo Sossa Estévez y Elena Mendoza Gonzales inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 1.06.1.02.0000035, en el asiento A-5 de 11 de febrero de 2021, sin embargo, tal como se establece en el art. 1454 del CC, la reivindicación tiene su limitación en los casos en que se produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión, como ocurre en el caso de autos en que la parte demandante demostró haber operado a su favor la usucapión ordinaria y por su efecto extintivo el derecho del recurrente se ha extinguido, aspecto que excluye la posibilidad de hacer procedente la demanda de reivindicación, situación que fue entendida por el Tribunal de alzada al revocar la Sentencia. 4.- En cuanto a la acusación de que en el presente caso no corresponde aplicar el art. 138 del CC y para la procedencia de la usucapión no se puede considerar solo el transcurso del tiempo sin tomar en cuenta la concurrencia del animus y corpus, asimismo no dirigió la demanda contra el verdadero propietario. Al respecto, los Magistrados ahora demandados, concluyeron, que el proceso de interdicto de retener la posesión, proceso ejecutivo, conciliación y otros no son eficaces para interrumpir el cómputo de la prescripción adquisitiva, porque sencillamente no estaban orientados a hacer valer el derecho de propiedad frente a los actores ni de oponerse a la posesión que ejercían; contrario a ello con el proceso de interdicto de retener la posesión, fue el propio codemandado Adolfo Sossa Estévez quien manifestó, en su memorial de contestación, que no se está perturbando la posesión de los actores reconociendo de esa manera que los actores se encontraban en calidad de poseedores y no así de detentadores; por lo que las infracciones acusadas por el recurrente no se hacen evidentes, ante el adecuado razonamiento desarrollado por el Tribunal de alzada. Además, el Tribunal de apelación no solo tomó en cuenta el trascurso del tiempo para acoger la pretensión de los actores, sino que demostró que concurren los dos elementos constitutivos como son el corpus y el animus, al realizar actos de uso sobre el bien inmueble, que acredita el dominio material y el comportamiento como verdaderos propietarios. Asimismo, señalaron que al dirigir su demanda contra Adolfo Sossa Estévez y Vladimir Edwin Flores Gil por ser el último propietario inscrito en la Matrícula N° 1.06.1.02.0000035, registro del inmueble que se pretende usucapir, este último fue correctamente incorporado al proceso, realizándose la identificación correcta de la titularidad de dominio; posibilitando que con el sujeto pasivo de la pretensión se genere el efecto extintivo para el usucapido y el efecto adquisitivo para el usucapiente. 5.- En cuanto a la denuncia sobre error de hecho y derecho en la valoración de la prueba de descargo al no valorar de manera íntegra cada una de ellas, tampoco se valoró el recibo a fs. 7 vinculado al animus en el que indica que los demandantes son detentadores a título de futuros compradores y no así poseedores, las autoridades hoy demandadas señalaron que el Testimonio 139/2021 de 09 de febrero, Folio Real 1.06.1.02.0000035; fotocopia de pagos de impuestos de Adolfo Sossa Estévez y plano del inmueble, si bien acreditan el derecho propietario del recurrente; empero por efecto extintivo de la usucapión su derecho se extinguió, asimismo, afirmaron que la prueba testifical no constituye prueba eficaz que respalde la tesis del recurrente porque no proporciona mayores elementos de convicción; así también la prueba por informe se tiene la tramitación de un proceso ejecutivo seguido por Vladimir Edwin Flores Gil, contra Adolfo Sossa Estévez y Elena Mendoza Gonzales, son actuados concernientes a un proceso ejecutivo por falta de pago de una deuda que no guarda relación con la discusión de la pretensión de las parte ni contribuye a cambiar la decisión de fondo del Auto de Vista, también, el proceso de interdicto de retener la posesión interpuesto por los actores contra Adolfo Sossa Estévez, prueba que, contrariamente a la afirmación del recurrente, demuestra más bien que se reconoció la posesión de los actores por parte del codemandado al manifestar que en ningún momento se perturbó la posesión de aquellos; el acta elaborada en el Ministerio Público, documento en el que Adolfo Sossa Estévez reconoció haber recibido los montos pagados por concepto de venta del bien inmueble que pretende devolverlos para que Julio Champi desocupe el bien inmueble no es un acto que confronte la posesión, al contrario, corrobora la calidad de poseedor que se atribuyó el propietario; lo que llega a establecer que, contrario a lo denunciado por el impugnante, no se observa error de hecho y derecho, en la apreciación de los medios de prueba citados. Con base a estas apreciaciones, concluyeron que no existe yerro en su apreciación, al margen de no explicar el recurrente en que consiste el error. En este sentido, si bien resulta evidente que el AS 284/2022-RA que admitió el recurso de casación en lo trascendental individualizó las siguientes acusaciones: a) Que el Tribunal de alzada al emitir el recurso el Auto de Vista ingresó en errónea interpretación y aplicación del art. 138 del CC con relación a los arts. 88 y 89 de la referida norma; toda vez, que los demandantes no demostraron el cambio de título de detentadores por el de poseedores; y, b) Violación del art. 1453 del CC y 145 del CPC, al haber acreditado su derecho propietario e identificado el predio a ser reivindicado, con base estos argumentos dispuso la admisión del recurso de casación planteado, y que el AS 391/2022 al resolver el recurso de casación en la forma y el fondo, no solo dio respuesta a las dos acusaciones consignadas en el AS 284/2022-RA, sino que dio respuesta también a las otras tres acusaciones contenidas en el recurso de casación, lo que aparentemente vulneraría el principio de congruencia; sin embargo, este aspecto no resulta evidente, debido a que, al admitirse el recurso de casación se realiza un análisis sobre el cumplimiento de requisitos de admisibilidad en el marco de los aspectos formales de contenido del mismo, de manera que al momento de conocer el fondo, no existe impedimento para que al momento de resolver el fondo del recurso planteado se pueda observar el cumplimiento o incumplimiento de requisitos o condiciones que den mérito a un pronunciamiento de fondo de la problemática. En ese contexto, como examen constitucional, se advierte que las autoridades hoy demandadas apartándose del contenido del Auto Supremo de admisión y se entiende que en el marco del principio pro actione dieron respuesta a las cinco denuncias que contenía el recurso de casación, porque consideraron que las mismas contenían los requisitos formales para lograr una respuesta de fondo. En ese sentido, no se evidencia vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, por lo que, corresponde denegar la tutela por esta denuncia. Como tercer acto lesivo, el ahora impetrante de tutela denuncia que los Magistrados al emitir el AS 397/2022 y resolver los motivos del recurso de casación, no establecieron cómo y de qué manera se produjo el cambio de la calidad de detentadores a poseedores. Al respecto, de la verificación del contenido del Auto Supremo referido ahora impugnado y como examen constitucional, se advierte que, en el punto 2 de los Fundamentos de la Resolución las autoridades hoy demandadas, precisaron que: 1) Siendo la usucapión decenal un modo de adquirir la propiedad, requiere como prueba demostrar posesión por el lapso de diez años, por ende, el elemento esencial es la posesión que consiste en el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que señalan intención de tener el derecho de propiedad, que tiene dos elementos constitutivos, el corpus y el animus, el primero se entiende como el dominio físico de la cosa, y el segundo como la actitud y comportamiento frente al bien como verdadero propietario; de la misma manera, la posesión debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por el lapso señalado de más de diez años para que sea útil a efectos de proponer la usucapión. En el caso de autos, observaron que, en lo concerniente con el corpus sobre el dominio físico de la cosa, los actores realizaron actos de uso sobre el bien inmueble, que acredita el dominio material, hecho corroborado por las pruebas documentales de cargo, declaraciones testificales y la inspección judicial. 2) Con relación al animus, que exige demostrar el poder de hecho que se ejerce sobre la cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, o lo que se conoce como la posesión en concepto de dueño, que equivale a comportarse como propietario de la cosa; al respecto indicaron que, los demandantes acreditaron encontrarse en posesión del inmueble desde el 2001, toda vez que producto del contrato verbal acordado entre Julio Champi Llacsa con “Gertrudez de Sossa” el 2001, los demandantes actuaron y se condujeron como verdaderos propietarios, al considerar tener un derecho real de propiedad realizando actos de mejoras, la producción de productos agrícolas, crianza de animales de corral, mejoramiento de los ambientes e instalación de los servicios básicos, además ante el fallecimiento de la de cujus fue el propio codemandado Adolfo Sossa Estévez quien trascribió con su puño y letra el documento a fs. 7, no existiendo ningún reclamo de su parte por la venta realizada en ese momento situación que mantuvo por un tiempo de diez años. 3) Finalmente concluyeron, que el contrato verbal por la venta del inmueble en litigio realizado entre Julio Champi Llacsa con Gertrudis de Sossa el 2001 adolece de un deber de restitución como es el caso del depósito, arrendamiento, anticresis, usufructo, etc.; además que el recurrente no demostró con prueba idónea que cuente con la característica de la temporalidad que hace al deber de restitución, por lo que mal se puede aducir la calidad de detentadores hacia los demandantes, más aún cuando la interpretación del referido contrato verbal de compraventa, que no fue negado por el codemandado Adolfo Sossa Estévez, la intención común de los contratantes fue la transferencia del bien inmueble, aspecto que se demostró en el curso del proceso, que derivó de la posesión efectiva del bien inmueble desde el 2001, por lo tanto el recurrente no demostró la calidad de detentadores de los demandantes, en consecuencia no advirtieron interpretación errónea del art. 89 de CC.
Lo mencionado precedentemente, demuestra la existencia de fundamentación y motivación que al margen de resultar congruente con el problema de fondo planteado por el recurrente ahora accionante; evidencian que los Magistrados demandados, cumplieron con su obligación de explicar de manera clara y concisa los motivos de su determinación respecto a esta denuncia; es decir, resolvieron el tema de fondo, estableciendo que no existe interpretación errónea del art. 89 del CC, debido a que el recurrente ahora accionante- no demostró la calidad de detentadores de los demandantes, por el contrario los mismos ingresaron al inmueble como consecuencia del contrato verbal por la venta del inmueble realizado entre Julio Champi Llacsa con “Gertrudez de Sossa” el 2001, aspecto que no fue negado por el codemandado Adolfo Sossa Estévez y que derivó de la posesión efectiva del bien inmueble desde el 2001; es decir, que los demandantes ahora terceros interesados, se encontraban en calidad de poseedores del inmueble usucapido y no así de detentadores. Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela por esta denuncia.
Como cuarto acto lesivo el impetrante de tutela denuncia que las alegaciones formalistas emitidas por los Magistrados hoy demandados, no hicieron mención a ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni del Bloque de Constitucionalidad, impidiendo lograr el pleno de sus derechos sin discriminación Al respecto, corresponde recordar que la "jurisdicción ordinaria" se refiere al conjunto de tribunales y procedimientos judiciales que se ocupan de la resolución de casos comunes o generales, es decir, aquellos que no tienen una naturaleza especial o excepcional. Se denomina "ordinaria" porque se aplica en la mayoría de los casos que surgen dentro de un sistema judicial y no están sujetos a reglas o tribunales especiales. En ese sentido, si bien tanto jueces como tribunales están obligados a resolver las causas partiendo de la Constitución Política del Estado y lo Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos; sin embargo, la omisión de su consignación, no invalida la decisión asumida y no resulta vulneratoria de derechos fundamentales, al estar respaldada en normas ordinarias aplicables al caso concreto, al margen de que el recurrente, no precisa qué normas constitucionales o del bloque de constitucionalidad debieron ser aplicadas para resolver el caso. Por lo referido, corresponde denegar la tutela por esta denuncia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 016/2023 de 8 de febrero, cursante de fs. 171 a 174 y vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0098_2025-S1.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): b5d83cb7bd49bf69dcd963a697797e28519b5bb4c06c00ca93dcb3a70ff68bd6
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