B.IA.LEGAL

SCP 0098/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44359-2022-89-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad personal; toda vez que, dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que le sigue Sonia Blanca Durán Vargas, el 10 de noviembre de 2021, la autoridad demandada expidió en su contra un Mandamiento de Apremio, que posteriormente se ejecutó, sin que el Auto Interlocutorio de 5 del mismo mes y año, a través del cual fueron resueltos y rechazados los incidentes de nulidad que planteó, haya quedado ejecutoriado, en vista de que interpuso un recurso de reposición bajo alternativa de apelación en su contra, el cual, a la fecha -se entiende a la presentación de esta acción de defensa- no fue resuelto. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta el siguiente eje temático: i) El cumplimiento de la asistencia familiar a razón del principio del interés superior del menor; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 124 a 128, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, en suplencia legal de su similar Primero de la Capital del departamento de Oruro -constituida en Jueza de garantías-; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El cumplimiento de la determinación judicial de pago de asistencia familiar y el principio del interés superior del menor.
  2. III.2. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2023-S1 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44359-2022-89-AL Departamento: Oruro En revisión de la Resolución 11/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 124 a 128, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por José Luis López Jacinto contra María Victoria Quiroz Estrada, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del Departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 60 a 66 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que Sonia Blanco Durán Vargas sigue en su contra; María Victoria Quiroz Estrada, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del Departamento de Oruro -autoridad demandada-, el 10 de noviembre de 2021 expidió en su contra un Mandamiento de Apremio, que se ejecutó el 15 del mismo mes y año, motivo por el cual desde esa fecha se encuentra privado de su derecho a la libertad personal en el Centro Penitenciario “La Merced del citado departamento”. Considera que fue indebidamente privado de su derecho a la libertad personal, ya que el referido Mandamiento de Apremio se expidió sin que el Auto Interlocutorio de 5 de noviembre de 2021, que resolvió y rechazó los incidentes de nulidad que planteó el 26 de octubre del mismo año, haya quedado ejecutoriado, ya que en contra de dicha Resolución Judicial interpuso un recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que a la fecha -se entiende a la presentación de ésta acción de defensa- no fue resuelto.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Considera lesionado su derecho a la libertad personal, sin citar ninguna disposición normativa o convencional.

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia el 23 de noviembre de 2021, según consta del acta cursante de fs. 121 a 123 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó de forma íntegra la acción de libertad que presentó, y la amplió con el siguiente argumento: El recurso de apelación interpuesto con el de reposición, fue remitido a la Sala correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; por lo que, hasta su resolución, no debía expedirse ningún Mandamiento de Apremio.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial demandada

María Victoria Quiroz Estrada, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del Departamento de Oruro -autoridad demandada-, a través del informe escrito de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 119 a 120 vta., señaló lo siguiente: a) El recurso de reposición bajo alternativa de apelación fue resuelto, el primero fue rechazado y el segundo concedido con efecto devolutivo para posteriormente ser remitido a la Sala correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, b) En observancia del principio del interés superior del menor, el Mandamiento de Apremio se expidió y ejecutó conforme a lo dispuesto por el art. 127.I del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014 (CFPF)-, en ese sentido, no se lesionó ningún derecho del accionante.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Primera, en suplencia legal de su similar Cuarto de la Capital del Departamento de Oruro -constituida en Jueza de garantías-, a través de la Resolución 11/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 124 a 128, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada no lesionó ningún derecho del ahora accionante, en vista de que el proceso de resolución inmediata de asistencia familiar seguido en su contra, se sustanció conforme a las disposiciones normativas de la Ley 603; y, 2) En observancia del principio del interés superior del menor, el cumplimiento de la asistencia familiar no puede suspenderse por la interposición de ningún medio de impugnación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de todos los antecedentes se establece lo siguiente: II.1. José Luis López Jacinto -ahora accionante-, mediante memorial de 26 de octubre de 2021, se apersonó ante la autoridad demandada y planteó incidentes de nulidad, dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que le sigue Sonia Blanca Durán Vargas (fs. 31 a 39 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 5 de noviembre de 2021, la autoridad demandada resolvió los incidentes de nulidad planteados por el impetrante de tutela, disponiendo su rechazo (fs. 43 a 46). II.3. En mérito a lo dispuesto por la providencia de 19 de octubre de 2021, la autoridad demandada, el 10 de noviembre del mismo año expidió Mandamiento de Apremio en contra del peticionante (fs. 3). II.4. Por memorial de 12 de noviembre de 2021, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación en contra del Auto Interlocutorio de 5 del mismo mes y año (fs. 49 a 57 vta.). II.5. A través del Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2021, la autoridad demandada resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por el accionante, disponiendo rechazar el primero, y conceder el segundo con efecto devolutivo (fs. 114 a 117 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad personal; toda vez que, dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que le sigue Sonia Blanca Durán Vargas, el 10 de noviembre de 2021, la autoridad demandada expidió en su contra un Mandamiento de Apremio, que posteriormente se ejecutó, sin que el Auto Interlocutorio de 5 del mismo mes y año, a través del cual fueron resueltos y rechazados los incidentes de nulidad que planteó, haya quedado ejecutoriado, en vista de que interpuso un recurso de reposición bajo alternativa de apelación en su contra, el cual, a la fecha -se entiende a la presentación de esta acción de defensa- no fue resuelto. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta el siguiente eje temático: i) El cumplimiento de la asistencia familiar a razón del principio del interés superior del menor; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. El cumplimiento de la determinación judicial de pago de asistencia familiar y el principio del interés superior del menor.

La Constitución Política del Estado ha desarrollado un amplio catálogo de derechos en favor de las niñas, niños y adolescentes, es así que en su art. 60 estableció lo siguiente: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Sobre el particular, la SCP 0186/2018-S2 de 14 de mayo, describió al régimen de protección especial diseñado por el Estado Plurinacional de Bolivia para la protección de los mismos, señalando lo siguiente:

“Conforme a lo anotado, en el régimen constitucional de protección especial de las niñas, niños y adolescentes, se resalta sus derechos a su desarrollo integral, a la preeminencia de sus derechos y a la primacía para recibir protección; así como el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente. En mérito a ello, la jurisprudencia constitucional incluyó a las niñas, niños y adolescentes al grupo de personas vulnerables, a cuyo favor, el Estado tiene el deber de realizar acciones afirmativas para materializar la igualdad y la equidad, a través de políticas públicas que favorezcan su calidad de vida, sin perjuicio de la obligación de los cónyuges o convivientes de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos, con la finalidad de lograr su desarrollo integral físico y psicológico” (el resaltado es añadido). Ahora bien, en cuanto al principio de interés superior del menor, que rige al régimen de protección especial diseñado para la protección de los derechos de aquel sector de los denominados grupos vulnerables, la SCP 1591/2012 de 24 de septiembre señaló:

“Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño” (el resaltado es añadido). En cuanto a la corresponsabilidad que tiene el Estado, la sociedad y la familia en el régimen de protección especial, estructurado en la Constitución Política del Estado y en el Sistema Internacional de Protección de los Humanos de los Menores de Edad, que se rigen por el principio de interés superior del menor, la SCP 0781/2019-S3 de 21 de octubre señaló lo siguiente:

“El interés superior de las niñas, niños y adolescentes implica adoptar toda situación que favorezca el desarrollo integral de los mismos en el goce de sus derechos y garantías, afirmación que lleva consigo una obligación para el Estado, la sociedad y las familias. Al respecto la Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece. Sobre este punto, el artículo 16 del Protocolo de San Salvador manifiesta que todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo" (el resaltado es añadido). Entre aquellas medidas necesarias que se adoptaron por parte del Estado Plurinacional de Bolivia para con las niñas, niños y adolescentes, se encuentra el establecimiento, a través de la Ley 603 de procesos exentos de formalismos innecesarias con el objeto de materializar el derecho que estos tienen a la asistencia familiar. Derecho sobre el cual, la SCP 0683/2020-S1 de 4 de noviembre ha señalado:

“La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I el deber de los cónyuges de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: "Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad". En correspondencia con esta norma, el art. 108 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de "9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos" (las negrillas son nuestras); deber cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado, de acuerdo al art. 9.4 de la CPE. En sintonía con la citada Ley Fundamental, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 109 establece el contenido de la asistencia familiar, expresando: I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.

IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas. V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código. Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, ha expresado las características distintivas de la obligación de la asistencia familiar, resaltando su carácter especial que la diferencia de las obligaciones civiles; el carácter personalísimo del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, a título oneroso o gratuito; en contrapartida, expresa también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surgen del vínculo familiar es la asistencia familiar que no solo se limita a la carga económica, sino abarca una responsabilidad social destinado a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente, a la formación integral de los hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio en el Fundamento Jurídico III.3, señala: "…De las normas referidas se tiene que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que abarca una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado el derecho fundamental a la educación" (las negrillas nos pertenecen).

La exención de formalismos innecesarios dentro de los procesos familiares y la trascendental importancia que tiene el derecho a la asistencia, sustentan lo dispuesto por el art. 127.I de la Ley 603 que señala: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”. Disposición normativa que busca el cumplimiento obligatorio del referido derecho establecido en una determinada Resolución Judicial, incluso bajo el apercibiendo de adoptarse, por parte de la autoridad jurisdiccional competente, medidas coercitivas en contra de quien tiene tal responsabilidad y la elude, como ser la privación del derecho a la libertad personal con observancia de determinadas condiciones de validez; extremo sobre el cual, la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre ha señalado:

“A la luz de la finalidad descrita, es evidente que el apremio corporal, junto con la adopción paralela de otras medidas, se presenta como una medida idónea o adecuada para obtener el cumplimiento de la asistencia familiar devengada, dado el carácter compulsivo que tiene para vencer la resistencia del obligado renuente, que a pesar de tener medios suficientes para cumplir con su deber, se rehúsa al cumplimiento oportuno; o para que el obligado, que carece de esos medios, extreme sus esfuerzos para conseguirlos, con el fin de cumplir con su obligación devengada. (…) Consecuentemente, el apremio corporal del obligado por el incumplimiento de la prestación de asistencia familiar resultará constitucionalmente válido, cuando dicha medida restrictiva del derecho a la libertad personal se la adopte y mantenga con estricta sujeción a los requisitos establecidos en la ley y en el marco del plazo de su duración; contrario sensu -en contrario-, la privación de libertad del apremiado resultará indebida en los casos en los cuales se ordene o se mantenga la restricción de la libertad personal del obligado, al margen de los supuestos previstos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. En ese contexto, es preciso enfatizar, que el suministro oportuno de la asistencia familiar no puede rezagarse con ningún recurso o procedimiento, tomando en cuenta la finalidad de la provisión o suministro adecuado de la asistencia familiar” (el resaltado es nuestro). Razonamiento jurisprudencial que ha sido seguido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0593/2019-S1, 0714/2019-S2, 0797/2019-S2, 0658/2019-S3, 0447/2021-S1, y 0449/2022-S2. Todo lo señalado, pone de manifiesto que los procesos familiares se encuentran exentos de formalismos innecesarios de acuerdo a las disposiciones normativas de la Ley 603, donde exista una determinación judicial de pago de asistencia familiar, la misma debe cumplirse indefectiblemente, por lo que, no existe la posibilidad de suspenderse o a dejarse sin efecto por cuestiones de carácter procesal, salvo por el cumplimiento de la obligación ahí establecida; en vista de que el derecho a la asistencia familiar, orientado a garantizar el desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes con dignidad, debe suministrarse de manera oportuna. Criterio asumido a razón del principio del interés superior del menor, que sustenta el régimen de protección especial de los derechos de ese grupo de los sectores vulnerables.

III.2. Análisis del caso concreto.

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad personal; toda vez que, dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que le sigue Sonia Blanca Durán Vargas, el 10 de noviembre de 2021, la autoridad demandada expidió en su contra un Mandamiento de Apremio, que posteriormente se ejecutó, sin que el Auto Interlocutorio de 5 del mismo mes y año, a través del cual fueron resueltos y rechazados los incidentes de nulidad que planteó, haya quedado ejecutoriado, en vista de que interpuso un recurso de reposición bajo alternativa de apelación en su contra, el cual, a la fecha -se entiende a la presentación de esta acción de defensa- no fue resuelto.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se evidencia que: dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que Sonia Blanca Durán Vargas sigue en contra del accionante, éste planteó incidentes de nulidad, los cuales fueron resueltos y rechazados por la autoridad demandada a través del Auto Interlocutorio de 5 de noviembre de 2021 (Conclusiones II.1. y II.2.); En ese ínterin, específicamente el 10 de dicho mes y año, la autoridad demandada expidió un Mandamiento de Apremio en contra del ahora accionante (Conclusión II.3.); El 12 del mismo mes y año, el accionante interpuso un recurso de reposición bajo alternativa de apelación en contra del Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año (Conclusión II.4.); Medio de impugnación que resolvió la autoridad demandada a través del Auto Interlocutorio de 23 del referido mes y año (Conclusión II.5.). En ese contexto, de forma previa a analizar la problemática identificada, es pertinente traer a colación el razonamiento jurisprudencial concerniente al cumplimiento obligatorio de la determinación judicial que establece el pago de asistencia familiar; el cual señala: “..en los procesos familiares, que se encuentran exentos de formalismos innecesarios de acuerdo a las disposiciones normativas de la Ley 603, donde exista una determinación judicial de pago de asistencia familiar, la misma debe cumplirse indefectiblemente, por lo que, no existe la posibilidad de suspenderse o dejarse sin efecto por cuestiones de carácter procesal, salvo por el cumplimiento de la obligación ahí establecida; en vista de que el derecho a la asistencia familiar, orientado a garantizar el desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes, debe suministrarse de manera oportuna…” (Fundamento Jurídico III.1). Con base en aquel razonamiento jurisprudencial, la problemática identificada será analizada desde dos enfoques: Primero: Cabe resaltar que la Ley 603 ha dispuesto diversos procesos orientados al establecimiento y cumplimiento del pago de la asistencia familiar, estando entre estos el denominado de “resolución inmediata”, cuyo trámite se regula en sus arts. 446 y siguientes, el cual, tiene un 1 Art. 109 (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR). “I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes (…)”. (El resaltado es añadido) 2 Art. 446 (TRÁMITE): I. Admitida la solicitud con el cumplimiento de los requisitos formales y adjuntando los títulos o documentos en que se funde la pretensión, la autoridad judicial valorará la pretensión y dispondrá la citación, cuando corresponda. II. De no presentarse oposición a la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución. III. En caso de oponerse la o el demandado a la demanda y si la autoridad judicial considera la necesidad de una audiencia, dispondrá su realización en un plazo no mayor a tres (3) días; realizada la audiencia o sin ésta, emitirá Auto Definitivo dentro de los siguientes cinco (5) días.

Art. 447 (APROBACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR O DISPENSA JUDICIAL): Presentada la solicitud de aprobación de asistencia familiar o dispensa judicial, y previo cumplimiento de los requisitos generales y adjuntados los documentos o títulos que fundamenten la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución dentro de los siguientes cinco (5) días, sin recurso ulterior. La notificación con la liquidación de pago de asistencia familiar se practicará en secretaría de juzgado.

Art. 448 (DETERMINACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR): I. Cuando exista determinación de asistencia familiar mediante documento público o reconocido ante Notario de Fe Pública o ante el conciliador judicial, que demuestren la fundabilidad de la carácter sumario exento de formalismos innecesarios con el fin de materializar aquel derecho y la obligación que se genera dentro de las familias. Ahora bien, en el presente caso, el accionante refiere que dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que Sonia Blanca Durán Vargas, sigue en su contra, la autoridad demandada no tendría que haber expedido el Mandamiento de Apremio de 10 de noviembre de 2021 en su contra (fs. 3), ya que el Auto Interlocutorio de 5 del mismo mes y año (fs. 43 a 46 vta.), a través del cual resolvió y rechazó los incidentes de nulidad que planteó, no ha quedado ejecutoriado. Dando a entender con ello que, según su criterio, la obligación del pago de la asistencia familiar que se le impuso a través de la providencia de 4 de octubre de 2021 (fs. 26), debía suspenderse hasta en tanto no hayan sido resueltas, en todas las instancias correspondientes, las cuestiones procesales sometidas al contradictorio. Lo cual, desde todo punto de vista, no condice con las disposiciones normativas de la Ley 603, ya que tal supuesto de hecho legal no está previsto. Ninguna de las disposiciones normativas que regula el trámite del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar, dispone expresamente que la obligación del pago de la prestación en cuestión, puede llegar a suspenderse por el planteamiento de algún medio de oposición, impugnación, excepción o incidente por parte del o los obligados; por el contrario, el art. 127.I de la Ley 603 dispone lo siguiente: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”. Es mérito a lo dispuesto por el art. 127.I de la Ley 603 y en observancia del principio del interés superior del menor que, en el presente caso, la autoridad demandada se ha visto obligada en expedir el Mandamiento de Apremio de 10 de noviembre de 2021 en contra del pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales, capacidad y legitimación, acogerá la demanda mediante sentencia para su ejecución inmediata. II. La parte obligada tendrá el plazo de cinco (5) días para oponer las excepciones previstas en el Artículo 252 de este Código, con excepción del inciso g). III. Tratándose de acuerdo sobre asistencia familiar celebrado entre las partes y si no existiere reconocimiento de firma y rúbrica, se podrá solicitar a la autoridad judicial intimación a la parte requerida para que cumpla la obligación asumida, previa su citación. Dentro del plazo de cinco (5) días el citado podrá presentar oposición, en cuyo caso el proceso se someterá al régimen extraordinario. En caso de no pronunciarse se aplicará lo previsto en el Parágrafo I del presente Artículo.

Art. 449 (OPOSICIÓN): Las partes o cualquier persona con interés legítimo podrá deducir oposición contra la pretensión planteada en este procedimiento, o en asistencia familiar después de estar resueltas las excepciones, dentro de un plazo no mayor a tres (3) días de pronunciada la resolución, en cuyo caso la autoridad judicial declarará la contención, disponiendo que la parte opositora deduzca su demanda ordinaria o extraordinaria, en el plazo de treinta (30) días. Si el opositor no formaliza la demanda en el plazo anteriormente señalado, quedará caducado su derecho. 3 Art. 60: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

ahora accionante, constatando previamente el incumplimiento del pago de una asistencia familiar devengada y una suma liquida exigible (fs. 30). Determinación asumida que no podría estar supeditada al planteamiento y resolución de ninguna cuestión procesal, más aun cuando la prestación en cuestión es indispensable para el desarrollo integral de un menor de edad (Fundamento Jurídico III.1.). Segundo: El ahora accionante también refiere que el recurso de reposición bajo alternativa de apelación que interpuso en contra del Auto Interlocutorio de 5 de noviembre de 2021, no fue resuelto hasta el momento en que presentó su acción de libertad; dando a entender con ello que su derecho al debido proceso ha sido lesionado por actos dilatorios indebidos incurridos por la autoridad demandada. Con el objeto de constatar tal extremo, de los antecedentes se tiene que el peticionante de tutela interpuso aquel medio de impugnación el 12 de noviembre de 2021 (fs. 49 a 57), mismo que fue puesto a conocimiento de Sonia Blanca Durán Vargas el 16 del mismo mes y año (fs. 59). Es así que, la autoridad demandada lo resolvió a través del Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2021 (fs. 114 a 117 vta.); es decir, un día después de que fuese presentada esta acción de defensa (fs. 60 a 66 vta.). Así las cosas, si bien es evidente lo referido por el hoy accionante, se llega a constatar que la autoridad demanda resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto dentro de los plazos procesales establecidos por los arts. 369 y 370 de la Ley 603; en los cuales, debe tomarse cuenta, el tiempo que llevó notificar a los sujetos procesales (veinticuatro horas), el concerniente al que tenían estos para emitir su contestación (tres días), los días inhábiles (sábados y domingos), y el que tenía la autoridad jurisdiccional para su pronunciamiento (veinticuatro horas). Lo que da cuenta que, en el presente caso, no se ha generado ningún acto dilatorio indebido. Todo ello pone en evidencia, que la autoridad demanda no actuó de forma arbitraria; por el contrario, se ciñó a las disposiciones normativas que regulan la materia; consecuentemente, no lesionó el derecho a la libertad personal del accionante, ya que si bien dispuso restringirlo del mismo, lo hizo según las formas dispuestas por la Ley 603 y la Constitución Política del Estado. Por otro lado, la Resolución Judicial con la que resolvió el medio de impugnación que interpuso aquel, la dictó en tiempo oportuno, lo que reafirma la conclusión inicialmente arribada; por lo que corresponde denegar la tutela solicita. Consiguientemente, al denegar la tutela solicitada, la Jueza de garantías obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 124 a 128, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta, en suplencia legal de su similar Primero de la Capital del departamento de Oruro -constituida en Jueza de garantías-; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

4 Art. 369 (OPORTUNIDAD Y TRÁMITE): (…). II. En caso de pronunciarse la resolución fuera de audiencia, deberá interponerse el recurso en forma escrita dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación. Si el caso amerita, el traslado debe ser realizado en el día, y la contestación será en el plazo de tres (3) días. Art. 370 (RESOLUCIÓN): (…). II. Si se sustanciara fuera de la audiencia con la contestación escrita o sin ella, se resolverá de oficio en el término de veinticuatro (24) horas. (…).

5 Art. 23 I: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0098_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): cbf20a974e1e8460ce0e9355bfb01f3530c66190336a8095acc38e85dbdd962f

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