B.IA.LEGAL

SCP 0097/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
79663-2025-160-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El adolescente accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia e igualdad de oportunidades; y, los principios de proporcionalidad y excepcionalidad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación; la Vocal demandada, al resolver el recurso de apelación presentado por el denunciante, a través del Auto de Vista 906/2025 de 9 de octubre, de forma arbitraria e ilegal, sin fundamentar ni motivar, revocó el Auto Interlocutorio 258/2025 de 5 de septiembre, declarando que concurren los riesgos procesales establecidos en el art. 290 incs. d) y e) del CNNA, disponiendo su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 186/2025 de 26 de noviembre, cursante de fs. 220 a 221 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2026-S3 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 79663-2025-160-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 186/2025 de 26 de noviembre, cursante de fs. 220 a 221 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Graciela Quispe Mamani, en representación sin mandato de su hijo adolescente AA contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2025, cursante de fs. 210 a 213, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación; en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 258/2025 de 5 de septiembre, dispuso su libertad provisional bajo medidas sustitutivas consistentes en arraigo, la presentación de dos garantes solventes, verificación domiciliaria y prohibición de acercarse a la víctima y tomar contacto con ella, aún por vía telefónica. Contra la determinación referida, se interpuso recurso de apelación en la vía incidental, mismo que fue resuelto por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, quien por Auto de Vista 906/2025 de 9 de octubre, revocó el Auto apelado y dispuso su detención preventiva; alegando que existía falta de fundamentación fáctica, jurídica y probatoria, que conllevaba a una total incongruencia, al contar con elementos suficientes que acreditaban la probable participación del adolescente infractor en el hecho y por otro lado no se tenía elementos probatorios que desvirtúen los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los incisos d) y e) del art. 290 del Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA), pues estando en libertad podría obstaculizar en los actos investigativos, tales como el registro e inspección técnica ocular del lugar de los hechos, la pericia en informática forense de los dispositivos de ambos adolescentes; y, al encontrarse pendiente la declaración de testigos entre ellos el administrador del alojamiento, la profesional que atendió en la farmacia donde se compraron las patillas anticonceptivas, en quienes podía influir negativamente a través de amedrentamiento por sí o sus familiares; en consecuencia, existían los requisitos para disponer la detención preventiva. La decisión de la Vocal demandada, resultó arbitraria e ilegal, toda vez que vulneró directamente los estándares constitucionales y convencionales aplicables a un adolescente en conflicto con la ley penal, al no considerar que la privación de libertad debía ser usada como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible, omitiendo realizar un juicio de proporcionalidad, así como justificar por qué las medidas sustitutivas inicialmente impuestas resultaban insuficientes; en su lugar, se limitó a invocar la gravedad del delito y la mera presunción de riesgos, sin ponderar la relación con la víctima, al ser ambos adolescentes de dieciséis y catorce años respectivamente.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia y a la igualdad de oportunidades entre partes; y, los principios de proporcionalidad y excepcionalidad; citando al efecto los arts. 22, 23.II, 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 3, 9, 10 y 13 de la Declaración universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Anular la Resolución 906/2025 de 9 de octubre, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) Ordenar la emisión de nueva resolución conforme a los estándares de fundamentación y proporcionalidad; y, c) Ordenar la inmediata restitución de su derecho a la libertad, o en su defecto mantener vigentes las medidas sustitutivas concedidas inicialmente.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de noviembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 218 a 219, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó: 1) Se trataba de un adolescente, a quien se le estaba imputando un delito; la autoridad de jurisdicción ordinaria no consideró ciertos aspectos que debían ser motivados y fundamentados en el Auto de Vista 906/2025; 2) La Resolución de alzada señaló que no se contaba con elementos probatorios que desvirtúen los riesgos procesales; empero dispuso la detención preventiva sin considerar la documentación valorada por la Jueza de instancia y que justificó la imposición de medidas sustitutivas; 3) Al ser menor de edad este no contaba con trabajo; sin embargo, presentó documental referente a sus estudios, aclarando que incluso fue aprehendido en su propia unidad educativa; 4) Las medidas sustitutivas dispuestas, fueron cumplidas; 5) La autoridad demandada afirmó que se podría obstaculizar la realización de una inspección ocular que no fue determinada dentro de la investigación; en cuanto a la pericia forense de los dispositivos, éstos fueron entregados por orden de la Fiscal de Materia, no se estableció de qué manera podría influenciar a los testigos identificados y a la víctima, de quien conocería sus actividades diarias, pues eran enamorados, con una diferencia de dos años de edad; y, 6) El Auto de Vista cuestionado no determinó por cuánto tiempo estaría detenido preventivamente, y tampoco consideró que dicha medida interferiría directamente en su desarrollo físico, mental y social.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, presentado el 26 de noviembre de 2025, cursante a fs. 217, manifestó que: i) Cumplió con la debida fundamentación fáctica y jurídica prevista en los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que se remitía íntegramente a lo fundamentado en el Auto de Vista 906/2025, en su acápite “V. FUNDAMENTO DE HECHO Y DERECHO” (sic), enfatizando que la Resolución llevada en grado de apelación evidenciaba que la Jueza a quo no realizó fundamentación fáctica y jurídica, menos aún probatoria; ii) En relación a la proporcionalidad la Jueza de instancia no efectuó el test respectivo, como establece la SCP 0025/2018-S2, menos aún el juicio de ponderación para justificar si la medida otorgada era idónea o adecuada en relación a la protección de los derechos de la víctima, que era mujer y menor de edad; y, iii) El accionante no describió el nexo causal por el cual se esté vulnerando algún derecho, limitándose a pedir a la autoridad constitucional, resuelva aspectos propios de la jurisdicción ordinaria, por lo que correspondería denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 186/2025 de 26 de noviembre, cursante de fs. 220 a 221 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Dentro del caso concreto se tiene que la Resolución 906/2025 de 9 de octubre, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, realizó la debida fundamentación en el apartado quinto, estableciendo la relación fáctica y la norma a la que se sujetaba el caso planteado; señalando que procedió a la revisión del Auto Interlocutorio 258/2025 de 5 de septiembre llevado en apelación, haciendo referencia a los agravios formulados y lo previsto en el CNNA, sobre la existencia de elementos suficientes que demuestren la probable participación del adolescente AA en el hecho y la existencia de riesgos razonables de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad; b) Hizo referencia a las pruebas presentadas en audiencia, concluyendo que observó la inexistencia de pronunciamiento específico de la Jueza a quo, respecto de la solicitud realizada por el Fiscal de Materia, y sólo se pronunció sobre la probable existencia del delito, y no así sobre los riesgos procesales, por ello declaró procedente el recurso de apelación; c) La autoridad demandada fundamentó y motivó con relación a la negativa de la detención preventiva por parte de la Jueza de instancia, expresando que al tenerse elementos sobre la probable participación del adolescente en el hecho, era procedente la solicitud de la Fiscalía, para ordenar la detención preventiva, al concurrir además el riesgo razonable de fuga u obstaculización de averiguación de la verdad; d) Previa valoración de la prueba, concluyó que el adolescente infractor iba a obstaculizar los actos de investigación que se encontraban pendientes, citando la inspección técnica ocular, pericia informática y otros, así como la declaración de testigos, sobre quienes podría influir negativamente al estar en libertad; e) En el último acápite de la parte considerativa, señaló que la autoridad de instancia no realizó el test de proporcionalidad que señalaba la SCP 0025/2018-S2, menos el juicio de ponderación para justificar si la medida otorgada era idónea o adecuada en relación a la protección de los derechos de la víctima, de ahí que dispuso la admisibilidad del recurso de apelación la procedencia de las cuestiones planteadas en el fondo y revocó la Resolución 258/2025, disponiendo la detención preventiva del adolescente AA; por ello, se advierte que la falta de fundamentación y motivación no era evidente; y, f) En relación al test de proporcionalidad, la Sala Penal Segunda se avocó a los agravios expuestos y en esa circunstancia señaló la ausencia de ponderación de los derechos que atingen a la protección de los derechos de la víctima; es decir, que se advierte que la autoridad demandada consideró que la víctima debía ser protegida por su condición de mujer y su minoría de edad, siendo por ello doblemente vulnerable.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 225 a 230), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por otro lado, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el adolescente AA -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, por Auto Interlocutorio 258/2025 de 5 de septiembre, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la libertad provisional del impetrante de tutela, bajo las medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes, entre otras, en arraigo, presentación de dos garantes solventes, verificación domiciliaria del adolescente y de los garantes, así como prohibición de acercar la al víctima, aún vía telefónica, presencial o a través de terceras personas (fs. 35 a 37). II.2. Jhonny Quispe Gutiérrez, en representación de la víctima BB, mediante memorial presentado el 9 de septiembre de 2025, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 258/2025, denunciando la falta de fundamentación sobre la normativa bajo la cual se optó por liberar al accionante, pese al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 289 y 290 del CNNA (fs. 48 a 50 vta.). II.3. Por Resolución 906/2025 de 9 de octubre, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, declaró admisible el recurso de apelación incidental interpuesta por Jhonny Quispe Gutiérrez, procedentes los cuestionamientos planteados, y en el fondo revocó la Resolución 258/2025, disponiendo la detención preventiva del adolescente AA, en el “Centro de Reintegración Social de Varones de la ciudad de La Paz” (sic), por el lapso de cuarenta y cinco días (fs. 201 a 203).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El adolescente accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia e igualdad de oportunidades; y, los principios de proporcionalidad y excepcionalidad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación; la Vocal demandada, al resolver el recurso de apelación presentado por el denunciante, a través del Auto de Vista 906/2025 de 9 de octubre, de forma arbitraria e ilegal, sin fundamentar ni motivar, revocó el Auto Interlocutorio 258/2025 de 5 de septiembre, declarando que concurren los riesgos procesales establecidos en el art. 290 incs. d) y e) del CNNA, disponiendo su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar sí tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’.

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto 15 que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, reiterada por la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero entre otras-, desarrollo el siguiente razonamiento:

III.2.1.El enfoque interseccional

El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación.

El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.

Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:

La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:

408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:

139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.

140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.

III.2.2. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

El art. 60 de la CPE, sostiene que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.

Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.

Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.

En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.

A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes.

Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.

En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable.

Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior.

Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:

…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.

En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad.

En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:

I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con

todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:

La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio; asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Jhonny Quispe Gutiérrez en presentación de su hija BB, contra el adolescente AA, por la presunta comisión del delito de violación, mediante Auto Interlocutorio 258/2025, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la libertad provisional, bajo medidas sustitutivas a la detención preventiva (Conclusión II.1); determinación que fue apelada por el denunciante, a través de memorial de 9 de septiembre del referido año, reclamando la falta de motivación y fundamentación de la referida Resolución (Conclusión II.2), siendo resuelta en alzada, por Auto de Vista 906/2025, emitido por la Vocal ahora demandada; por el cual, dicha autoridad revocó la Resolución de primera instancia, determinando en el fondo la detención preventiva del accionante en el “Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de La Paz” (sic), por el lapso de cuarenta y cinco días (Conclusión II.3). En ese contexto, tomando en cuenta que en el presente caso, por una parte, que la víctima es una mujer que sufrió violencia sexual; y por otra, es menor de edad, para su resolución aplicaremos el enfoque interseccional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, toda vez que es una herramienta que ayudará a identificar factores de riesgo para las víctimas basadas en sus condiciones de vulnerabilidad, por edad, género, cultura y otros, más aún cuando se trata de delitos de orden sexual, los cuales tienen particulares connotaciones. Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, desarrollados los antecedentes remitidos a este Tribunal, y tomando en cuenta lo vertido por el accionante, corresponde inicialmente conocer los argumentos de la demandada, quien en el Auto de Vista 906/2025, ahora cuestionado, en su acápite V establece: i) Bajo el control de legalidad y logicidad, desarrolla el art. 289 del CNNA, que establece los requisitos para la detención preventiva, debiendo concurrir la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho y que exista riesgo razonable de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad; ii) El Ministerio Público solicitó la detención preventiva del menor de edad, argumentando que estando en libertad iba a obstaculizar en los actos investigativos, como ser el registro, la inspección técnica ocular a realizarse en el lugar de los hechos, la pericia en informática forense de los dispositivos de ambos adolescentes, porque el accionante podía ocultar o modificar aspectos relevantes para llegar a conocer la verdad histórica de los hechos; también al estar en pleno desarrollo de la etapa preparatoria, estaba pendiente la declaración de testigos, entre ellos el administrador del alojamiento, la profesional que atendió la farmacia donde compró las pastillas anticonceptivas, en quienes el adolescente influiría negativamente a través de amedrentamiento por sí o a través de familiares, para que los testigos se comporten de manera reticente en el proceso; asimismo, iba a influir negativamente en la víctima de quien conocía las actividades diarias que desempeñaba, debido a que el denunciado conocía de manera directa a la familia, su número de teléfono, redes sociales, todo con la finalidad de que abandonen la causa o se retracten de la denuncia; iii) Analizando la resolución apelada, advierte la inexistencia de pronunciamiento de la Jueza a quo respecto a la solicitud del Fiscal de Materia, pues únicamente se manifestó sobre la probable existencia del delito; en consecuencia, debió pronunciarse con relación a los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los incs. d) y e) del art. 290 del CNNA y no lo hizo, evidenciando por ello una escasa fundamentación fáctica y legal, pues ni siquiera señala la norma legal que le llevó a concluir su decisión; iv) Tampoco existió el detalle de la valoración descriptiva y analítica prevista en el art. 173 del CPP, es decir que no estableció cuál era la prueba en la que fundaba su decisión, inclusive no se contaba con ninguna prueba en el legajo de apelación, evidenciando así una falta de valoración probatoria; v) La Resolución emitida por la Jueza a quo, adolece de falta de fundamentación fáctica, jurídica y probatoria, lo que conlleva a una total incongruencia, al contar con elementos suficientes sobre la probable participación del adolescente en el hecho, como se evidencia del certificado médico legal-forense realizado a la víctima menor de edad, el informe psicológico “CITE:GAMEA/DNGAS/UAIF/DNA-PSI/220/2025” (sic), y por otra parte no se cuenta con elementos probatorios valorados que desvirtúen los inc. d) y e) del art. 290 del CNNA; consecuentemente no se dio cumplimiento a lo establecido por el art. 289 del mismo cuerpo legal que prevé los requisitos para la detención preventiva; y, estando en libertad el menor de edad en conflicto con la ley penal, destruirá, modificará u ocultará elementos de prueba; pues al estar en una etapa investigativa, va a obstaculizar en los actos investigativos como ser el registro de la inspección técnica ocular del lugar de los hechos, la pericia en informática forense de los dispositivos de ambos adolescentes; además de estar aún pendiente la declaración de testigos entre ellos de la o el administrador del alojamiento, la doctora que atendió en la farmacia donde se compraron las pastillas anticonceptivas, en quienes el adolescente va a influir negativamente a través de amedrentamiento por parte de él o de familiares; asimismo, es necesario señalar que influenciaría negativamente en la víctima, de quien conoce las actividades diarias que desempeña, con la finalidad de que abandone la presente causa y, vi) En relación a la proporcionalidad la Jueza a quo no hizo un test de proporcionalidad, como establece la SCP 0025/2018-S2, menos el juicio de ponderación para justificar si la medida otorgada es idónea o adecuada en relación a la protección de los derechos de la víctima. Por lo expuesto, se evidencia que la Vocal demandada, no sólo responde a cada uno de los agravios del recurso de apelación interpuesta por el denunciante quien denunció falta de fundamentación en el Auto Interlocutorio apelado sobre riesgos procesales, falta de valoración descriptiva y analítica, y omisión del test de proporcionalidad y un juicio de ponderación; sino efectúa una adecuada fundamentación, motivación y valoración integral de la prueba aparejada al legajo de apelación bajo el principio de inmediación para asumir su decisión; porque, explicó de forma razonada, clara y precisa, por qué las medidas inicialmente impuestas por la Jueza a quo eran insuficientes para neutralizar el peligro procesal y proteger a la víctima BB; es decir que, no contaba con elementos probatorios que desvirtúen el hecho de que el accionante, estando en libertad, pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; y que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero. Además aplicando enfoque de género e interseccional, en atención a la situación de vulnerabilidad de la víctima con relación al supuesto hecho ilícito cometido por el accionante, enfatizando su condición de mujer y minoría de edad, porque al ser un delito de carácter sexual la investigación debe estar precautelada con el objetivo de llegar a la verdad histórica de los hechos; la Vocal demandada, en su labor de control de legalidad del Auto apelado en base a los antecedentes cursantes en el cuaderno procesal, con un análisis intelectivo, al revocar la libertad, aplicó correctamente el enfoque de debida diligencia reforzada. En efecto, la autoridad demandada, para establecer el peligro de obstaculización, advierte que la Jueza a quo respecto a la solicitud del Ministerio Público de la aplicación de la detención preventiva, únicamente se manifestó sobre la probable existencia del delito y no así con relación a los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los incs. d) y e) del art. 290 del CNNA; y, que, tampoco realizó valoración descriptiva y analítica prevista en el art. 173 del CPP. Es así que, tomando en cuenta la protección reforzada que goza la víctima, sobre la base del estándar de la debida diligencia, concluyó que al contar con elementos suficientes sobre la probable participación del adolescente en el hecho, como el certificado médico legal-forense realizado a la víctima, y el informe psicológico “CITE:GAMEA/DNGAS/UAIF/DNA-PSI/220/2025” (sic); y, la inexistencia de elementos probatorios que desvirtúen los inc. d) y e) del art. 290 del CNNA, la demandada determinó la existencia de certeza de que el accionante en libertad podría obstaculizar la investigación, como la inspección técnica ocular del lugar de los hechos, la pericia en informática forense de los dispositivos; además, de estar aún pendiente la declaración de testigos; asimismo, estableció que influenciaría negativamente en la víctima, de quien conoce las actividades diarias que desempeña. El Auto de Vista impugnado analiza estos peligros procesales considerando que la víctima BB se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad por su edad y género; así, bajo una perspectiva de género, la Vocal demandada valora si el conocimiento que el adolescente AA tiene de la víctima aumenta el peligro efectivo para ella; por lo cual considera la detención preventiva idónea, porque separa físicamente al procesado de la víctima y los testigos, minimizando la posibilidad de acercamiento directo en una etapa crítica donde los testimonios aún no han sido judicializados, como el de la propia víctima. De ahí resulta, no ser evidente que la Vocal demandada no hubiera justificado la aplicación de la medida cautelar de carácter personal. De los fundamentos vertidos por la Vocal demanda, se corrobora que establece acertadamente que la libertad del adolescente AA pondría en riesgo actos investigativos; además analiza los nexos que vinculan al accionante con la víctima o testigos; en este caso, determina que el conocimiento que AA tiene de las actividades de la víctima BB constituye un elemento objetivo de riesgo de hostigamiento o manipulación; por otra parte, al establecer la falta de valoración del certificado médico forense y el Informe Psicológico de BB por parte de la Jueza a quo vulnera el principio de verdad material; y, la omisión de proporcionalidad y un juicio de ponderación conforme a la SCP 0025/2018-S2 invalida la idoneidad de la medida de libertad otorgada inicialmente. En ese marco, se tiene que, la demandada resolviendo la apelación interpuesta por el denunciante en representación de la víctima del proceso penal, al declararlo admisible y procedente, y en el fondo revocar el Auto a quo, ordenando la detención preventiva del adolescente AA, en el “Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de La Paz” (sic), por el lapso de cuarenta y cinco días, no incurre en arbitrariedad; resultando el Auto de Vista confutado ser compatible con el deber de debida diligencia, por cuanto las autoridades en todas las instancias y en ejercicio de su competencias, deben evitar la revictimización, y evitar que el imputado, en este caso el adolescente en conflicto con la ley penal, pueda influir en la víctima, generando incertidumbre, inseguridad o temor, más aun si esta es menor de edad, y se ajusta al estándar de protección especial requerido para asegurar la integridad de la víctima y garantizar el desarrollo y la eficacia de la investigación de la investigación. En cuanto a la ponderación, toda vez que en este caso, existe una colisión entre el interés superior del adolescente en conflicto con la ley penal y el interés superior de la víctima mujer y menor de edad, la Vocal demandada ponderó los derechos del accionante y de la víctima, puesto que con relación a los costes respecto a los derechos del adolescente en conflicto con la ley penal, si bien existe una restricción del derecho a la libertad física; empero, la misma, permite que se lleve a cabo la investigación de forma diligente, a fin de que se defina su situación jurídica; consecuentemente, se obró respetando la jurisdicción especializada y la observancia de los preceptos normativos contenidos en el CNNA. En cuanto a los beneficios, se tiene que permite proteger a la víctima en su integridad física, psicológica y sexual, ya que la misma no se encuentra en peligro, por cuanto el presunto agresor, ya no tiene posibilidades de contacto directo con ella; de la misma manera, es evidente que con la referida medida se hicieron efectivos los principios de interés superior de la adolescente y la actuación inmediata a su favor, como el derecho de acceso a la justicia. Conforme a ello, es evidente que en el caso concreto, las desventajas o costes de los derechos del adolescente AA son menores comparados con la satisfacción de los derechos de BB, que como mujer, menor de edad y víctima de violencia sexual, debe recibir la atención inmediata, preferente y prioritaria por parte del Estado y sus diferentes instituciones y recibir protección reforzada. Consiguientemente, la demandada cumplió con la fundamentación y motivación debida y suficiente, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; y, además, si bien no hace referencia de forma explícita al enfoque interseccional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, lo aplicó, puesto que, conforme a los estándares establecidos por la jurisprudencia constitucional, ordenó la detención preventiva del accionante desde un análisis integral y bajo los criterios referidos a la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto a él, así como las características del delito que se le atribuye. Por esa razón, la autoridad demandada, con la finalidad de brindar protección a la víctima, y bajo la herramienta del enfoque interseccional asumió su determinación de manera fundamentada y motivada, conteniendo un razonamiento suficiente y justificado para determinar que existe ese peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad latente, aplicando de esa manera el principio de la debida diligencia, glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; en tal sentido, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en lo concerniente a la transgresión de los derechos a la libertad personal y de locomoción, presunción de inocencia, a la igualdad de oportunidades así como los principios de proporcionalidad y excepcionalidad; este Tribunal no evidencia la forma en la que los mismos fueron vulnerados. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 186/2025 de 26 de noviembre, cursante de fs. 220 a 221 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de laUnión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534

2 Ibídem.

3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.

5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA.

6 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf

8 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.

9 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es

objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

10 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.

11 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).

12 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0097_2026-S3.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): bc37912ad64846bc508f2af6321f4b72984774ac7405f2a9e6125975437a80f5

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