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SCP 0097/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57565-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandado, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la vida, y a la salud; toda vez que, se encuentra sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en la jurisdicción de Cobija del departamento de Pando. En ese marco, el Juez demandado incurrió en irregularidades sustanciales, pues: i) Conoció y tramitó la causa pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido en La Paz (2020) y Curahuara (2023), en abierta vulneración de la competencia territorial prevista en el art. 49 del CPP; y, ii) Ejecutó una orden de aprehensión y celebró audiencia de medidas cautelares sin que previamente se le hubiera notificado personalmente con la imputación formal ni con el señalamiento de audiencia, imponiéndole además detención preventiva sin posibilitarle la interposición de incidentes de nulidad, en contravención de los arts. 160 y 163.1 del citado Código. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 60/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 169 a 173, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57565-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 60/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 169 a 173, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rossio Lizeth Lima Villca y Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Jaime Hinojosa Quimo contra Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y, Rolando Sánchez Michel, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 1; y, 155 a 158 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Está siendo procesado por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente ante Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando -ahora demandado-; y, Rolando Sánchez Michel, Fiscal de Materia -ahora codemandado-. Se encuentra atravesando cuatro problemas jurídicos que afectan sus derechos fundamentales, los cuales son: a) Los hechos denunciados ocurrieron en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (2020) y Curahuara (2023) concretamente en la av. Cívica y el pueblo de San Pedro de Curahuara, lugar donde siempre residió, pero no se respetó sobre competencia territorial conforme el art. 49 del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) El Fiscal de Materia codemandado alegó falsamente que estaba oculto, citándolo mediante edicto fiscal por un medio desconocido, sin entregar la citación a su domicilio real; c) El 18 de julio de 2023, se le notificó con una orden de aprehensión emitida el 27 de junio del mismo año; asimismo, no se le notificó personalmente la resolución de imputación formal del 19 de ese año ni con el señalamiento de audiencia de medidas cautelares (a pesar que el Ministerio Público contaba con la tarjeta prontuariada con domicilio exacto). El 20 del citado mes y año fue conectado a la audiencia de medidas cautelares sin haber sido informado previamente de los hechos imputados. En dicha audiencia se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, impidiéndole interponer incidente de nulidad. Se incumplieron las formalidades de notificación previstas en los arts. 160 y 163.1 del CPP; y, d) El 28 de julio de 2023, solicitó al Fiscal de Materia codemandado requerimientos fiscales para realizarse exámenes médicos en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz para demostrar su inocencia respecto a la acusación de contagio de una menor de condiloma; empero, por decreto de 31 del citado mes y año solo autorizó que se atendiera con el médico del referido Centro Penitenciario, negándole así el derecho a la defensa, y la posibilidad de demostrar que no había violado a la menor ni la había contagiado con una enfermedad de transmisión sexual.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandado, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la vida, y a la salud, citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Al Juez demandado deje sin efecto el Auto Interlocutorio 154/2023 de 20 de julio, mediante el cual se le impuso medidas cautelares en su contra; y, 2) Al Fiscal de Materia codemandado conceda su valoración médica, en el día, así como el cumplimiento de los actos investigativos pendientes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 167 a 168, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, en audiencia de garantías, sostuvo que: i) Tomó conocimiento de la causa y que, una vez comunicada la imputación formal, convocó a la audiencia dentro del plazo establecido para el 20 de julio de 2023; ii) Se llevó a cabo la audiencia respecto del accionante aprehendido en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, quien contó con la defensa técnica del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); iii) Al ser consultado el impetrante de tutela sobre la existencia de algún incidente o excepción, éste manifestó que no tenía ninguno; iv) La defensa técnica del peticionante de tutela se conectaron de manera tardía en la presente acción tutelar; sin embargo, para evitar cualquier situación de indefensión, se les permitió participar en la audiencia de medidas cautelares; y, v) Una vez dictada la resolución de medidas cautelares, la misma fue apelada, bajo el argumento de que no cumplía con ciertos requisitos que dicha resolución debía reunir. Rolando Sánchez Michel, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: a) El accionante fue legalmente notificado, pero al no presentarse se emitió una orden de aprehensión conforme a los arts. 221 y 226 del CPP; b) El caso involucraba a una menor de edad, que SEPDEP asumió la defensa respetando las formalidades y que las notificaciones fueron realizadas correctamente por la Oficina Gestora de Procesos; y, c) No se vulneraron derechos, que no se activó ningún control jurisdiccional que cuestione los actuados y que el Ministerio Público actuó para proteger a la menor.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 60/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 169 a 173, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Se estableció que la defensa técnica del accionante no planteó incidentes como el de ilegalidad de la aprehensión en el momento procesal oportuno y que inicialmente fue asistida por SEPDEP; y, 2) El impetrante de tutela interpuso tanto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 154/2023 de medidas cautelares como la acción de libertad el 1 de agosto de 2023. Al acudir simultáneamente a la apelación antes de que fuese resuelta -ocurriría el mismo día- y a la vía constitucional, se vulneró el principio de subsidiariedad, ya que no se agotaron primero los recursos ordinarios. Por ello, no correspondía tramitar la acción de libertad mientras existían mecanismos específicos y eficaces para restituir el derecho a la libertad y cuando lo reclamado se refería a posibles defectos procesales. En vía de aclaración y complementación, el accionante señaló que el recurso de apelación incidental sobre medidas cautelares no tenía relación con la acción de libertad, y que el Juez de garantías confundió los aspectos de fondo, dejándolo en indefensión. La acción de libertad reparadora procede de forma inmediata frente a la vulneración consumada de derechos fundamentales, sin necesidad de agotar otros mecanismos, conforme a la SCP 0615/2020-S2 de 23 de octubre. Reclamó que se atienda con urgencia la protección del derecho a la vida, que no fue abordado en el recurso de apelación incidental, y pidió la entrega inmediata de la resolución constitucional en triple ejemplar para interponer los recursos correspondientes. En respuesta, el Juez de garantías explicó que no se ingresó al fondo por el principio de subsidiariedad y señaló que las actuaciones del Ministerio Público debían ser revisadas directamente por el Juez cautelar, como primer garante de los derechos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 176), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 180); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de denuncia presentado el 9 de junio de 2023 por Jhenny Baltazar Flores, Asesora Legal de la Defensoria de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija del departamento de Pando, dirigida al Fiscal de Materia de turno, formuló denuncia penal formal en contra de Jaime Hinojosa Quimo -ahora accionante-, atribuyéndole la presunta adecuación de su conducta al delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP [fs. 62 a 63]). II.2. Consta imputación formal de 19 de julio de 2023, presentada por Rolando Sánchez Michel, Fiscal de Materia -hoy codemandado-, ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, mediante la cual se imputó formalmente al impetrante de tutela por la presunta autoría del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, en relación con el art. 20 del mismo cuerpo legal; además, solicitándose la aplicación de medidas cautelares de carácter personal (fs. 7 a 14). Dicha imputación formal fue notificada al peticionante de tutela el 20 del citado mes y año, a través de mensaje de WhatsApp enviado al número 73592908 (fs. 17).

II.3. Cursa acta de audiencia de 20 de julio de 2023 para considerar medida cautelar (fs. 41 a 42), en cuyo acto se dictó el Auto Interlocutorio 154/2023 de la misma fecha dictada por Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando -ahora demandado-, que dispuso aplicar como medida cautelar de detención preventiva del peticionante de tutela a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (fs. 42 a 43 vta.). También en el mismo acto se advierte que interpusieron recursos de apelación incidental tanto la víctima como el accionante (fs. 43 vta.). II.4. Consta el mandamiento de detención preventiva 34/2023 de 20 de julio, emitido por el Juez demandado, mediante el cual se dispuso y ordenó al Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz la detención preventiva del accionante, en cumplimiento del Auto Interlocutorio 154/2023 (fs. 44). II.5. Se tiene Nota of. CITE JICP2 391/2023 de 26 de julio, emitido por el Juez demandado, dirigido a los Vocales de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Pando, por el cual se remitió el cuaderno procesal por la interposición de los recursos de apelación incidental tanto de la víctima y accionante en mérito del Auto Interlocutorio 154/2023 (fs. 51). II.6. Por decreto de 28 de julio de 2023 dictado por la Sala Penal Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando ante la interposición de los recursos de apelación incidental tanto de la víctima y el impetrante de tutela, dispuso señalar audiencia oral para el día 2 de agosto del mismo año, a horas 10:00, vía plataforma virtual (fs. 52). II.7. Mediante memorial presentado el 28 de julio de 2023, el accionante solicitó ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando la declinatoria de jurisdicción y la excepción de incompetencia; alegando que los hechos investigados ocurrieron fuera del ámbito territorial de dicho Juzgado. En tal sentido, planteó la incompetencia territorial como cuestión previa, solicitando la remisión de antecedentes a la autoridad jurisdiccional que corresponda (fs. 53 a 59 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandado, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la vida, y a la salud; toda vez que, se encuentra sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en la jurisdicción de Cobija del departamento de Pando. En ese marco, el Juez demandado incurrió en irregularidades sustanciales, pues: i) Conoció y tramitó la causa pese a que los hechos denunciados habrían ocurrido en La Paz (2020) y Curahuara (2023), en abierta vulneración de la competencia territorial prevista en el art. 49 del CPP; y, ii) Ejecutó una orden de aprehensión y celebró audiencia de medidas cautelares sin que previamente se le hubiera notificado personalmente con la imputación formal ni con el señalamiento de audiencia, imponiéndole además detención preventiva sin posibilitarle la interposición de incidentes de nulidad, en contravención de los arts. 160 y 163.1 del citado Código. Asimismo, atribuye responsabilidad al Fiscal de Materia codemandado, quien: a) Dispuso su citación mediante edictos de manera irregular, bajo el falso argumento de su desconocimiento, sin haber agotado la notificación en su domicilio real; y, b) Se le negó la realización de exámenes médicos independientes. Ante ello, el Juez demandado señala que, actuó dentro de plazo al convocar la audiencia; que ésta se realizó con defensa pública; que el accionante no planteó incidentes ni excepciones; que su defensa técnica se incorporó tardíamente, pero se les permitió intervenir; y, que la resolución de medidas cautelares fue posteriormente apelado por supuestos defectos formales. Por su parte, la Fiscal de Materia codemandado manifiesta que, el accionante fue legalmente notificado y, ante su incomparecencia, se dispuso su aprehensión conforme a los arts. 226 y 221 del CPP; que al tratarse de un caso con una menor, la Defensa Pública asumió la defensa y las notificaciones fueron correctamente realizadas; y que no se vulneraron derechos, pues el Ministerio Público actuó conforme a ley para proteger a la menor. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad en la acción de libertad

Sobre el tema, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “…el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes, se advierte que el 9 de junio de 2023, Jhenny Baltazar Flores, Asesora Legal de la Defensoria de la Niñez y Adolescencia del GAM de Cobija del departamento de Pando, presenta denuncia penal formal ante el Fiscal de Materia de turno contra el ahora accionante, atribuyéndole la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto en el art. 308 bis del CP (Conclusión II.1). En ese marco, el 19 de julio del mismo año, el Fiscal de Materia codemandado formuló imputación formal ante el Juez ahora demandado, imputando al impetrante de tutela por la presunta autoría del referido delito, en relación con el art. 20 del indicado Código, solicitando además la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. Dicha imputación fue notificada al peticionante de tutela el 20 del citado mes y año mediante mensaje de WhatsApp (Conclusión II.2). En audiencia de medidas cautelares celebrada el 20 de julio de 2023, el Juez demandado dictó el Auto Interlocutorio 154/2023 de la misma fecha, mediante el cual dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, Resolución que fue impugnada mediante recursos de apelación incidental tanto por la víctima como por el accionante (Conclusión II.3). En ejecución de la referida Resolución, el mismo día se emitió el mandamiento de detención preventiva 34/2023 de igual fecha (Conclusión II.4). Posteriormente, mediante Nota of. CITE JICP2 391/2023 de 26 de julio, el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando remitió el cuaderno procesal a la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, en mérito a los recursos interpuestos (Conclusión II.5). Finalmente, por decreto de 28 de julio de 2023, la referida Sala Penal señaló audiencia oral de apelación para el 2 de agosto de dicho año, a desarrollarse mediante plataforma virtual (Conclusión II.6).

III.2.1. Respecto al Juez demandado

Los reclamos respecto al juez demandado giran en torno a: 1) La vulneración a la competencia territorial en la que habría incurrido, al conocer y tramitar un proceso por hechos ocurridos en La Paz (2020) y Curahuara (2023), en presunta contravención del art. 49 del CPP; y, 2) Si bien se le notificó con una orden de aprehensión no se le notificó personalmente con el señalamiento de audiencia de medidas cautelares ni con imputación formal, empero se le conectó a una audiencia de medidas cautelares sin hacerle conocer los hechos, donde se le impuso la detención preventiva. Sobre la vulneración de la competencia territorial, la falta de notificación personal con la imputación formal y el señalamiento de audiencia de medidas cautelares. Conforme la jurisprudencia constitucional se tiene que la acción de libertad por procesamiento ilegal procede únicamente cuando concurren de manera simultánea dos presupuestos: i) El acto u omisión ilegal restrinja de forma directa la libertad personal; y ii) El afectado se encuentre en un estado de absoluta indefensión, sin posibilidad previa de impugnación y con conocimiento del acto recién al momento de la persecución o privación de libertad. En ese entendido, con relación al primer presupuesto, en el caso analizado, si bien el accionante denuncia una presunta restricción indebida de su libertad personal como consecuencia de la imposición de la detención preventiva, sustentando su reclamo en supuestas irregularidades procesales referidas a la competencia territorial, la notificación con una orden de aprehensión, ante la falta de notificación personal con el señalamiento de audiencia de medidas cautelares y de imputación formal; tales cuestionamientos se circunscriben a cuestiones netamente procesales que no guardan una vinculación directa con una afectación a su derecho a la libertad; en consecuencia la falta de notificación con los referidos actuados no están vinculados a los derechos que tutela esta acción tutelar; por lo que, en su caso una vez agotada la instancia ordinaria a través de los mecanismos correspondientes debe acudir a la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Respecto al segundo presupuesto, no se advierte que el impetrante de tutela se hubiera encontrado en un estado de indefensión absoluta; toda vez que, presentó memorial de 28 de julio de 2023 solicitando la declinatoria de jurisdicción y planteando excepción de incompetencia (Conclusión II.7), lo que demuestra que tuvo conocimiento oportuno de las actuaciones cuestionadas y que contó con vías procesales idóneas dentro del proceso penal. En consecuencia, no se configura el segundo presupuesto exigido por la jurisprudencia constitucional, máxime cuando la acción de libertad no constituye la vía destinada a resolver controversias propias del proceso penal, cuya valoración compete a la jurisdicción ordinaria, y de no ser subsanadas tales irregularidades, queda la posibilidad de acudir a la acción de amparo constitucional; por lo cual, corresponde denegar la tutela solicitada.

Entorno a la lesión de derecho a la libertad por la imposición de la detención preventiva sin posibilitarle la interposición de incidentes de nulidad De los antecedentes, se tiene que el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 154/2023, que dispuso su detención preventiva. Dicho recurso fue admitido y elevado oportunamente ante la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, encontrándose incluso señalada audiencia oral de apelación para el 2 de agosto de 2023. Esta circunstancia demuestra que el accionante tuvo acceso efectivo a los mecanismos ordinarios de defensa previstos por la normativa penal y los ejerció de manera concreta y oportuna. Sin embargo, pese a tener pleno conocimiento de la convocatoria a la audiencia, promovió la presente acción tutelar el 1 del citado mes y año, un día antes de que el órgano ordinario emita pronunciamiento sobre su recurso, evidenciando una activación simultánea de la vía constitucional y del mecanismo ordinario, incompatible con el principio de subsidiariedad que rige el acceso a la jurisdicción constitucional. En este sentido, conforme el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad solo se activa cuando los medios ordinarios no resultan idóneos para proteger de manera urgente y eficaz el derecho a la libertad personal. Dado que el impetrante de tutela contaba con un recurso ordinario idóneo, en tramitación y con audiencia señalada, no se configura la excepcionalidad que justifique la intervención de la jurisdicción constitucional. Por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada, sin prejuzgar sobre la legalidad de la detención preventiva, aspecto que deberá resolverse en el ámbito de la jurisdicción penal ordinaria.

III.2.2. Con relación al Fiscal de Materia codemandado

Se tiene denunciado presuntas actuaciones irregulares del Fiscal de Materia codemandado. En particular: a) Se alega que realizó una citación mediante edicto alegando desconocimiento de domicilio, teniendo conocimiento de su domicilio real; y, b) Se negó requerimientos fiscales para realizar exámenes médicos en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz que habrían permitido demostrar su inocencia respecto a la acusación de contagio de una menor con condiloma, limitando su derecho a presentar pruebas de descargo y obstaculizando su derecho a la defensa, a la vida y a la salud. A partir de la premisa fáctica expuesta, si bien se denuncian presuntas actuaciones irregulares atribuibles al Fiscal de Materia codemandado

-referidas a la citación por edicto sin notificación en domicilio real y a la negativa de emitir requerimientos fiscales para la realización de exámenes médicos-, esos hechos no evidencian, por sí mismos, una restricción ilegal o arbitraria del derecho a la libertad personal o vida, que no pueda ser reparada a través de los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico penal. En efecto, las supuestas irregularidades denunciadas se vinculan principalmente al ejercicio del derecho a la defensa y a la actividad probatoria, ámbitos respecto de los cuales la normativa procesal penal prevé vías idóneas y específicas de reclamo, en este caso, ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando como contralor de derechos y garantías dentro de los procesos de investigación correspondiente. En aplicación del principio de subsidiariedad desarrollado por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no puede ser utilizada como una vía paralela o sustitutiva de los mecanismos ordinarios cuando estos resultan aptos para reparar la supuesta lesión denunciada. En el caso analizado, no se acredita que dichos medios hayan sido agotados ni que resulten ineficaces o insuficientes para restituir de manera pronta y eficaz los derechos invocados; tampoco se demuestra la existencia de una afectación directa, actual y evidente a la libertad personal que justifique la activación excepcional de la jurisdicción constitucional. Por consiguiente, corresponde a este Tribunal denegar la tutela impetrada.

Finalmente, también se tiene alegado la lesión de sus derechos a la vida y a la salud, pero que no se encuentran respaldados por elemento probatorio alguno que permita constatar una afectación real, actual o inminente. En ese entendido, las afirmaciones vertidas se reducen a meras alegaciones genéricas, carentes de sustento objetivo, razón por la cual dichas denuncias no alcanzan entidad suficiente para activar la tutela constitucional. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 60/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 169 a 173, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0097_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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