Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio se le habría impuesto la medida cautelar de detención domiciliaria, y al momento de presentar su solicitud de modificación de la medida cautelar, la víctima habría planteado un recurso de recusación contra la Jueza de la causa, misma que fue rechazada in limine y dispuso remitan los antecedentes ante el Juez de Guanay, pero por los memoriales presentados por las partes, no se pudo remitir el expediente ante el referido Juez; por lo que, refiere que se estarían vulnerando sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, sin razón alguna se estaría omitiendo la consideración a su solicitud; a pesar que, los actuados procesales se encuentra bajo el control jurisdiccional de Jueza demandada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 02/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 13 a 15, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50177-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Leandro Quispe Avini en representación sin mandado de Wilder Quispe Avini contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 6 a 7, el accionante mediante su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de homicidio el imputado fue cautelado con detención domiciliaria y para solicitar la modificación de la medida cautelar, la audiencia fue señalada para el 29 de agosto de 2022, misma que fue suspendida por una recusación presentada por la parte contraria (víctima) contra la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi, encargada del control jurisdiccional del referido caso; por lo que, sin ninguna fundamentación dispuso la suspensión de la audiencia, ante esa decisión el 30 del referido mes y año, solicitó nuevamente modificación a la medida cautelar misma que hasta la fecha no fue respondida, no obstante que la recusación fue rechazada.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción de su representado, citando al efecto los arts. 22, 23 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga que la Jueza accionada convoque inmediatamente a audiencia de modificación de medidas cautelares.
Celebrada la audiencia pública el 1 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó los términos de su acción de libertad, añadiendo lo siguiente: Si bien existe una resolución de declinatoria, se ordenó la remisión de obrados ante el Juez Público de Guanay, pero la Jueza accionada al no remitir dichos obrados sigue teniendo el control jurisdiccional de conformidad al art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por más que, exista una declinatoria de competencia y una recusación resuelta contra la autoridad judicial demandada la misma no perdió competencia para llevar a cabo la audiencia de solicitud de modificación de medidas cautelares.
Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia manifestó lo siguiente: a) Debo informar que efectivamente he declinado competencia al Juzgado de Guanay mediante Resolución 394/2022-P de 25 de julio, pero no se remitió dicho expediente; toda vez que, la Secretaria el 31 de agosto del referido año, presentó un informe manifestando que permanentemente las partes procesales han presentado memoriales, aspecto que dificultó a la Secretaria remitir el legajo procesal ante el Juez de Guanay; y, b) Entre tanto el cuaderno de control jurisdiccional se encontraba en el juzgado, ésta autoridad judicial dio atención a todos los requerimientos solicitados por las partes procesales, respecto a la recusación ésta autoridad judicial emitió una resolución in limine; toda vez que, la misma no contaba con pruebas idóneas, disponiéndose que la Secretaria en el día remita los antecedentes al Juzgado de Guanay.
El Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 02/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 13 a 15 concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo no mayor a veinticuatro horas la autoridad judicial demandada señale y sustancie la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares invocada por la parte accionante. Expresando los siguientes argumentos: 1) Debemos considerar el entendimiento del art. 320 inc. 1) del CPP, respecto a las recusaciones señala: “…cuando se trata de una o un juez unipersonal elevara antecedentes a la sala penal de turno del tribunal departamental de Justicia dentro del plazo de 24 horas de promovida la recusación acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada SIN SUSPENDER EL PROCESO…” (sic), es decir si existía una recusación contra la Jueza accionada la misma al haber rechazado la misma debió dar cumplimiento a la previsión normativa ya citada; por lo que, no tenía facultades para suspender la sustanciación de la solicitud de modificación de las medidas cautelares; 2) Revisados los antecedentes mediante Resolución 394/2022 se dispuso la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Guanay determinación que no se habría cumplido hasta el 30 de agosto de 2022, mediante Resolución 422/2022 la Jueza demandada nuevamente reitera en su última parte que se remitan los antecedentes al Juzgado antes señalado, pero como señaló la autoridad judicial accionada dichos actuados hasta el trámite de la presente acción tutelar se encuentran en su Juzgado, en el presente caso existiendo una solicitud de modificación de medida cautelar de una persona que se encuentra privado de su libertad la autoridad judicial tiene la obligación de conocer y sustanciar la misma en tanto y en cuanto se encuentre bajo su control jurisdiccional; y, 3) Por último se debe precisar que de los antecedentes la autoridad judicial más allá de no otorgar el trámite pertinente en todo momento reiteró que se remitan antecedentes ante el Juzgado de Guanay; sin embargo, esta situación fue desconocida por el personal subalterno que situaciones legales obstaculizaron que se dé cumplimiento a lo ordenado por la Jueza accionada, extremos que recaen plenamente en el su personal de apoyo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 0422/2022 de 30 de agosto, emitido por autoridad judicial accionada, por el cual rechazó in limine la recusación planteada por Angélica Valencia Fernández -víctima-; asimismo, señaló que por secretaría en el día se remita el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado del Municipio de Guanay (fs. 1 a 3). II.2. Se tiene memorial de 30 de agosto de 2022, por el cual se solicitó a la Jueza demandada, nuevo día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares, mismo que tuvo el decreto de 31 del mes y año citado, señalando “Solicite consultando los datos del proceso” (fs. 4 a 5).
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio se le habría impuesto la medida cautelar de detención domiciliaria, y al momento de presentar su solicitud de modificación de la medida cautelar, la víctima habría planteado un recurso de recusación contra la Jueza de la causa, misma que fue rechazada in limine y dispuso remitan los antecedentes ante el Juez de Guanay, pero por los memoriales presentados por las partes, no se pudo remitir el expediente ante el referido Juez; por lo que, refiere que se estarían vulnerando sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, sin razón alguna se estaría omitiendo la consideración a su solicitud; a pesar que, los actuados procesales se encuentra bajo el control jurisdiccional de Jueza demandada. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). 6 Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestra).
Respecto al trámite de la recusación la SCP 0570/2023-S1 de 6 de junio, señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0622/2018-S2 de 8 de octubre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: Respecto al trámite y resolución de recusación, el art. 320 del CPP, establece que: ‘La recusación se presentará ante el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente’.
(…)
Posteriormente, el art. 320.I y II del CPP, fue modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, en el siguiente tenor, estableciendo la oportunidad de su planteamiento:
Artículo 320. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA RECUSACIÓN).
I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba pertinente. II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida continuará el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:
‘Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas causales.
Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior’.
Asimismo, el art. 321.I y II del CPP, también fue modificado por el art. 8 de la Ley 586, señalando: ‘Artículo 321. (EFECTOS DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN).
I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez ser definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las determinaron. II. Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in limine cuando: 1. No sea causal sobreviniente; 2. Sea manifiestamente improcedente; 3. Se presente sin prueba; o 4. Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos’. En virtud a la SCP 0038/2012 y las últimas modificaciones citadas del Código de Procedimiento Penal, la SCP 0700/2015-S3 de 6 de julio, respecto al rechazo in limine de una recusación, señaló que, ante presentación de una de las cuatro causales previstas en el art. 321.II del CPP, la autoridad judicial deberá continuar con el conocimiento y resolución de la causa, sin que se vicien de nulidad los actos procesales posteriores; toda vez que, en caso de suspenderse la tramitación del proceso se dejaría sin control jurisdiccional y no se cumpliría con principio de celeridad, por ello la autoridad judicial recusada, dentro del plazo de veinticuatro horas de promovida la recusación -sin suspender el proceso-, debe elevar antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, adjuntando el escrito de interposición de recusación y la decisión fundamentada de rechazo in límine” (las negrillas son añadidas).
Para resolver el presente caso nos vamos a remitir a lo señalado por la SCP 0192/2022-S4 de 28 de abril, que señala lo siguiente: “Al respecto, el Juez de Instrucción tiene por determinación del art. 54.1 del CPP, la competencia del ‘…control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código’; y, ‘…en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la Etapa Preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares’ (SC 0143/2003-R de 2 de febrero).
Ahora bien, respecto a competencia para resolver la situación jurídica de un imputado una vez se presenta la acusación pública, la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre, efectuó la siguiente precisión: ‘…la jurisprudencia también ha establecido que el Juez a cargo del control jurisdiccional puede resolver esas solicitudes no obstante haberse presentado acusación, conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: «…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia...’. El aspecto formal de la radicatoria de la causa en el Tribunal de Sentencia, constituye un elemento a tomar en cuenta, pues de no constatarse esa situación, y comprender de que el Juzgado de instrucción ya perdió competencia con la simple remisión de obrados y antecedentes, dejaría en indefensión al justiciable, ya que por un lado la autoridad que remitió el expediente alegaría ser incompetente para resolver cualquier petición, y por otro parte, el Tribunal obraría en igual línea al no haber formalizado la 7 radicatoria de la causa en su despacho. En ese sentido, la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sostuvo que: ‘…de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica’. La misma SCP 0176/2018-S2 antes referida, estableció las subreglas aplicables a casos donde existe señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica del privado de libertad, al referir: “En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio se le habría impuesto la medida cautelar de detención domiciliaria, y al momento de presentar su solicitud de modificación de dicha medida cautelar, la víctima habría planteado un recurso de recusación contra la Jueza de la causa, misma que fue rechazada in limine, pero por los memoriales presentados por las partes, no se pudo remitir el expediente; por lo que, refiere que se estarían vulnerando sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, sin razón alguna se estaría omitiendo la consideración a su solicitud, a pesar que los actuados procesales se encuentra bajo el control jurisdiccional de Jueza demandada.
En el presente caso, de la Conclusión II.2 se verifica que el accionante se encuentra cumpliendo la medida cautelar de detención domiciliaria por la presunta comisión del delito de homicidio, para la cesación de la misma presentó memorial de modificación de medidas cautelares; y, habiendo señalado la jueza audiencia para el 29 de agosto de 2022, por solicitud de recusación presentada por la parte contraria contra la Jueza de la causa la misma fue rechazada in limine, ordenando que por secretaria de su despacho el cuaderno procesal “en el día” sea remitido al Juzgado del Municipio de Guanay, remisión que no fue cumplida por el personal de apoyo de la Jueza demandada, por motivos que las partes presentaban memoriales continuamente. De la jurisprudencia desarrollada precedentemente (Fundamento Jurídico III.2) se tiene que, una vez tramitado el recurso de recusación la Jueza o mediante su personal debía elevar antecedentes dentro de las veinticuatro horas el expediente ante la Sale Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como lo establece el art. 320.II del CPP, autoridad judicial para que el trámite de la recusación sin suspender el proceso y para que se habrá su competencia tiene que existir el Auto o decreto de Radicatoria de la recusación remitida por la autoridad judicial hoy demandada, tramitación que no sucedió; toda vez que, el expediente nunca fue remitido ante la Sala Penal del referido Tribunal Departamental. Consecuentemente, la autoridad competente para llevar a cabo la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares seguía siendo la Jueza ahora demandada tal como lo establece el art. 320.II del CPP mismo que señala: “…Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso…”; asimismo, no cumplió con la remisión del expediente ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. También debemos tomar en cuenta la jurisprudencia desarrollada por éste Tribunal Constitucional Plurinacional, referente a la solicitud de consideración de modificación a las medidas cautelares cuando en un proceso penal exista una acusación formal, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, la cual señala: “La misma SCP 0176/2018-S2 antes referida, estableció las sub reglas aplicables a casos donde existe señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica del privado de libertad, al referir: ‘En este marco, se debe precisar algunas sub reglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente’” (las negrillas nos corresponden). En el presente caso, se constata que la autoridad demandada, omitió el trámite establecido en el art. 320.II del CPP, al no haber remitido la recusación presentada contra su autoridad, dentro del plazo de veinticuatro horas ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, una vez que se planteó la recusación contra la Jueza ahora demandada, lo que correspondía era remitir o elevar antecedentes ante Sala Penal de Turno dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, sin suspender el proceso; asimismo, no puede alegar que en el proceso penal que estaba a su cargo como Jueza contralor de garantías, una vez presentada la solicitud de modificación de medidas cautelares, en la cual el accionante solicitó a la Jueza señale nuevo día y hora de audiencia mediante memorial de 30 de agosto de 2022, la Jueza debio proceder a su consideración sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada para el 29 de agosto de 2022, siendo la Jueza ahora demandada la competente para conocer y resolver dicha modificación, toda vez que la imposición de medidas cautelares no causa estado y puede ser modificado en cualquier tiempo y los jueces de instrucción penal tienen el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, ésta es la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes respecto a medidas cautelares o sus modificaciones, pese a la presentación de la acusación fiscal, hasta que la causa sea radicada ante al juzgado o tribunal de sentencia penal, de no cumplir lo mencionado se deja al imputado en incertidumbre jurídica. De todo lo descrito precedentemente, la Jueza competente para conocer la audiencia de modificación de las medidas cautelares es la autoridad judicial hoy demandada, en consecuencia, corresponde conceder la tutela respecto al derecho a la libertad.
En consecuencia, el Juez de Garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 02/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 13 a 15, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0097_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): d6f019dbf1c752a9d6224c88f1441fc9aeabe5e4cffd6ad4e7802caf725311b2
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