B.IA.LEGAL

SCP 0097/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 6 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de mayo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49931-2022-100-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la “estabilidad” e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y “del que está por nacer”; por cuanto: a) Ejerciendo el cargo de Asesor Legal del GAM de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz con una remuneración de Bs7 408.-, sin ninguna explicación y de manera arbitraria, el Alcalde ahora demandado emitió el Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022 de 1 de junio, cambiándolo al cargo de Director de Género Generacional y Familia con una remuneración de Bs6 717.- efectuando su despido indirecto al reducirse su haber mensual, generándose a su vez la afectación de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado debido a que no se consideró que bajo su dependencia tiene un hijo con discapacidad intelectual grave y que su esposa se encuentra en estado de gestación; b) Ejerciendo el cargo de Director de Género Generacional y Familia, de manera ilegal e intempestiva, a través de Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 de 11 de julio, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandada dio por concluida la relación laboral con la entidad edil, omitiendo considerar que tiene un hijo con discapacidad y otro que está por nacer, afectando no solo a sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, sino también a los derechos a la vida y a la salud del menor y del ser en gestación, debido a que los servicios de salud y las asignaciones familiares quedarían suspe…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03/22 de 19 de agosto de 2022 y el Auto Complementario 07/22 de 21 de igual mes y año, cursantes a fs. 135 y vta.; y, 136 a 138 respectivamente, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de los derechos a la petición, al trabajo, a la “estabilidad” e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y “del que está por nacer”, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la reincorporación del peticionante de tutela en el mismo cargo del cual fue desvinculado o de otro de similares características, y el pago de sueldos devengados, así como la entrega de las prestaciones que correspondan, conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional. 3° Determinar a favor del solicitante de tutela el pago de daños y perjuicios, que deberán ser cuantificados en ejecución del fallo constitucional, ante el Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz. 4° Llamar la atención a Diego Aristóteles Rodríguez Romero, Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, exhortando a que en actuaciones futuras en las que funja como Juez de garantías actué conforme la normativa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares
  2. III.2. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  3. III.3. La estabilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad
  4. III.4. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2024-S1 Sucre, 6 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49931-2022-100-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/22 de 19 de agosto de 2022 y el Auto Complementario 07/22 de 21 del citado mes y año, cursantes a fs. 135 y vta.; y, 136 a 138 respectivamente, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pablo Eugenio Quinquivi Morón contra Carlos Ruddy Dorado Flores, Alcalde; y, Katerine David Cespedes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social, ambos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 11 y 16 de agosto de 2022, cursantes de fs. 44 a 52 vta.; y, 56 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 2018, trabajó como consultor individual de línea en diferentes unidades del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco; luego, el 7 de octubre de 2021, mediante Decreto Edil 24/2021 fue designado como Asesor Legal de dicha institución, con una remuneración de Bs7 408.- (siete mil cuatrocientos ocho bolivianos), cargo que ejerció de manera responsable, transparente y eficiente por casi un año; no obstante, el 1 de junio de 2022, el Alcalde de la entidad indicada edil -ahora demandado- a través de Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022, sin ninguna explicación y de manera arbitraria lo cambio al cargo de Director de Género Generacional y Familia con una remuneración de Bs6 717.- (seis mil setecientos diecisiete bolivianos), efectuándose su despido indirecto al reducirse su haber mensual, generándose a su vez la afectación de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado debido a que no se consideró que bajo su dependencia tiene un hijo con discapacidad intelectual grave y que su esposa se encuentra en estado de gestión. Posteriormente, el 11 de julio de 2022, a través de Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social del GAM de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz -ahora demandada-de manera ilegal e intempestiva dio por concluida la relación laboral con la entidad edil, lesionando no solo su derecho al trabajo al privarlo del sustento de su familia; sino también, sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral ya que se omitió considerar que tiene un hijo con discapacidad y otro que está por nacer, y que dicha desvinculación tiene afectación directa a los derechos a la vida y a la salud de los mismos, debido a que los servicios de salud y las asignaciones familiares quedarían suspendidos privándolos del ejercicio del derecho a la seguridad social. En mérito a dicha determinación, a través de Nota presentada el 12 de julio de 2022, se dirigió tanto al Alcalde como a la Secretaria ahora demandados, solicitando la reincorporación a su fuente laboral, colocando en conocimiento que su esposa se encuentra en estado de gestación y recordándoles que es padre de un niño con discapacidad; no obstante, al no tener una respuesta formal, pronta, oportuna y fundamentada a su petición de reincorporación, el 18 de julio de 2022, reiteró su solicitud ante el Alcalde ahora demandado, empero tampoco obtuvo respuesta.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la “estabilidad” e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y “del que está por nacer”, citando al efecto, los arts. 15, 46 de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 de 11 de julio, ordenándose a la autoridad y a la servidora pública demandados se proceda a su reincorporación laboral en el cargo de Director de Género, Generacional y Familia del GAM de San Ignacio de Velasco; b) Se procese el pago de su salario devengado de julio por el monto de Bs6 717; c) La restitución de los “beneficios sociales”; y, d) El pago de daños y perjuicios, además de costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de agosto de 2022, según consta en el disco compacto (CD) cursante a fs. 135 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, por sí y a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliando el mismo, manifestó que: 1) Goza de los derechos constitucionales de estabilidad e inamovilidad laboral al tener a su cargo un niño con discapacidad intelectual grave que necesita atención especial; además que, su esposa se encuentra en estado de gestión de seis meses; 2) El Carnet de Discapacidad de su hijo NN con número 07-20130608AQT fue utilizado por el GAM de San Ignacio de Velasco para justificar su deber de insertar laboralmente a personas con discapacidad conforme lo establecido por la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad; 3) El Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 emitido por la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandada carece de legalidad; por cuanto, no tiene facultades ni atribuciones para desvincularlo; y, 4) Respecto a la subdiariedad, la SCP “0001/2019-S2” sostuvo que si bien antes de interponerse la acción de amparo constitucional deben agotarse los recursos previstos en la ley, en determinados casos que involucren a personas con discapacidad al ser un grupo vulnerable debe aplicarse la abstracción de la subsidiariedad, sumado a ello que, el “11” y 18 de julio de 2022 se presentaron Notas ante el Alcalde ahora demandado; sin embargo, las mismas no fueron respondidas, con lo se justificaría la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad y servidora pública demandados

Carlos Ruddy Dorado Flores, Alcalde; y, Katerine David Cespedes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social, ambos del GAM de San Ignacio de Velasco, el primero a través de su representante legal, y la segunda mediante su abogada, en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela con imposición de costas, manifestando al efecto: i) En Recursos Humanos de la entidad municipal no cursa certificado de matrimonio ni tampoco se hizo conocer en su momento oportuno el estado de gravidez de su pareja ni tampoco un reconocimiento en vientre que establece el art. 28 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; ii) No procede la estabilidad laboral porque el solicitante de tutela no fue contratado bajo el régimen de protección de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, siendo designado como servidor público de libre nombramiento, quien puede ser designado y retirado en cualquier momento por la Máxima Autoridad Ejecutiva y por las característica de confianza no se encuentran bajo la protección de inamovilidad ni estabilidad laboral; y, iii) La Secretaria de Desarrollo Humano y Social únicamente cumplió con lo dispuesto por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad municipal. El Juez de garantías bajo la facultad prevista en el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo) preguntó a la Secretaria de Desarrollo Humano y Social si la Dirección de Género Generacional y Familia se encuentra bajo su dependencia. Al respecto, la indicada servidora pública ahora demandada manifestó que si se encuentra bajo su dependencia.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Karen Tomicha Dorado, en audiencia, manifestó que junto el accionante tiene a cargo un niño con discapacidad; además, se encuentra en estado de gestación de seis meses.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/22 de 19 de agosto de 2022, cursante a fs. 135 y vta., concedió en parte la tutela solicita únicamente respecto al derecho a la seguridad social ordenando el pago de las asignaciones familiares “…y beneficios de la seguridad social correspondientes a Karen Tomicha Dorado así como del niño de estado por la antes nombrada debiendo el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco otorgar las asignaciones familiares y todos los derechos y beneficios de la seguridad social de los antes nombrados previo cumplimiento de los requisitos señalados por la norma…” (sic); y, se denegó la solicitud de dejar sin efecto o anular el Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 suscrito por la Secretaria de Desarrollo Humano y Social quien no tiene responsabilidad alguna en la acción de amparo constitucional, asimismo, respecto a la petición de reincorporación, a los derechos al trabajo y estabilidad laboral, los salarios devengados de once días de trabajo, bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 129 de la Constitución Política del Estado establece que la acción de amparo constitucional se interpondrá dentro de un plazo de seis meses computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa; en ese sentido, se tiene que el Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 fue emitido el 11 de julio de 2022; por lo que, encontrándose dentro del plazo de seis meses se cumplió con el principio de inmediatez; b) En cuanto al principio de subsidiariedad debe considerarse que la acción de amparo constitucional se constituye en el único mecanismo para la protección inmediata de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral denunciados como vulnerados; por lo que, se tiene por cumplida la excepción a la subsidiariedad; además, conforme se sostuvo en la jurisprudencia constitucional cuando se trate de grupos vulnerables como son las personas con discapacidad corresponde establecer la abstracción de la subsidiariedad; c) A través de Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandada agradece los servicios del peticionante de tutela, de conformidad a lo establecido en el art. 29 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014- normativa que ciertamente establece como una de las atribuciones de los secretarios municipales designar y retirar al personal de su secretaria; en ese sentido, siendo que la Dirección de Género Generacional y Familia se encuentra a cargo de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social del GAM de San Ignacio de Velasco, está ultima se encuentra facultada para remover al impetrante de tutela; d) La “0770/2018-S3 de 31 de octubre” que cita la SC “1068/2011 de 11 de julio”, las funciones que cumplen los servidores públicos de libre nombramiento son temporales y provisionales por cuanto su ingreso no es resultado de un proceso de reclutamiento y selección de personal sino que obedece a una invitación de la Máxima Autoridad Ejecutiva; y, por la característica de confianza no se encuentra dentro del ámbito de inamovilidad laboral ya sea producto de embarazo o discapacidad; por lo que, en el caso concreto, la inamovilidad laboral argumentada por el accionante para solicitar su reincorporación no es aplicable tratándose de un servidor público de libre nombramiento; e) Si bien las instituciones del sector público deben insertar mediante invitación directa a personas con discapacidad o la madre o padre que se encuentre a cargo de personas con discapacidad; además, el Estado debe garantizar la inamovilidad laboral de los mismos; no obstante, se tiene que, dicha estabilidad o inamovilidad laboral se encuentra sujeta a la no existencia de una causal que justifique su desvinculación; y, en el caso concreto, se tiene una causal justificada conforme la SCP “0285/2021” y la SC “1068/2011” ya que el solicitante de tutela se constituye en un servidor público de libre nombramiento; f) Con relación al no pago de salarios por los once días que estuvo trabajando hasta el momento de su desvinculación, “…se tiene que se flexibiliza el principio de subsidiariedad debiendo a los efectos de considerar la acción de amparo en relación a los sueldos verificar si el accionante previamente acudió al Alcalde Municipal a los efectos de solicitar el pago de los salarios de la documental adjunta se tiene anotado como prueba de cargo del accionante se tiene que según carta de fs. 14 a fs. 18 se pide la reincorporación a su fuente laboral en fecha 11 de julio, no haciéndose reclamo de ningún pago de sueldo o salario; por la documental de fs. 29 a fs. 30 se tiene carta de fecha de 18 de julio de 2022 presentada por el accionante al Alcalde Municipal en el cual reitera por segunda vez la reincorporación laboral tampoco evidenciándose haberse acudido a la MAE a los efectos del pago de salario alguno; por la documental de fs. 31 a fs. 35. nuevamente el accionante pide su reincorporación tampoco evidenciándose que se haya hecho el reclamo de salarios; por la documental de fs. 36 a 40 nuevamente ya se dirige al Director de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio pidiendo la reincorporación laboral en fecha 11 de julio de 2022 tampoco evidenciándose que se haya solicitado el pago de salarios; de la documental acompañada y aparejada en el apersonamiento de la abogada Wendy Nikita Díaz Vogth tampoco se evidencia documentación en la cual el solicitante de tutela hubiese reclamado el pago de algún salario, por lo que (…) no corresponde (…) conceder o denegar tutela en relación a ese derecho al salario que se reclama por el accionante y con relación también a los salarios devengados entendiéndose que el impetrante de tutela peticiona como salario devengado los correspondientes a el tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la fecha actual en atención a que conforme se tiene argumentado ut supra o anteriormente (…) no corresponde determinar la reincorporación se tiene como consecuencia lógica tampoco corresponde el pago de salario devengados…” (sic); y, g) Respecto a las asignaciones familiares, debe otorgarse los mismos al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En la vía de aclaración enmienda y complementación, el accionante solicitó se aclare: 1) Cuál sería la causal que justifica la desvinculación de su persona; 2) Cual fue la valoración de la documentación remitida por la Unidad Municipal de Atención de Adulto Mayor y Personas con Discapacidad y del Director de Recursos Humanos (RRHH); y, 3) El art. 48 de la CPE establece que debe garantizarse la inamovilidad laboral no solo de las mujeres en estado de embarazo sino también de los progenitores. Al respecto, el Juez de garantías manifestó que: i) “…conforme a la Ley 977 y 223 parágrafo 5 y 1 sin considerar la estabilidad laboral y la inamovilidad laboral y argumentando que no se hicieron llegar las planillas que acreditan que el accionante se encuentra dentro de la Ley 977 se tiene que pasando a resolver la referida solicitud, se aclara que conforme a lo citado y argumentado a tiempo de dictar sentencia y considerarse se ordene la reincorporación del accionante el suscrito Juez señaló que la Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad de fecha 23 de septiembre de 2017 tiene por objeto establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privados de personas con discapacidad, el artículo 2 establece una obligación la cual es insertar laboralmente a personas con discapacidad a la madre o el padre el cónyuge tutor o tutora que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave o muy grave en un porcentaje de 4% de su personal, el parágrafo tercero señala de que se puede invitar mediante invitación directa, lo cual, viene a ser un nombramiento directo sin necesidad de un proceso de reclutamiento y selección de personal, es decir libre nombramiento como en el caso de autos a personas con discapacidad de la misma manera hacerlo como en el caso de la madre o el padre como es el presente caso, el art. 5 señala en lo pertinente que se garantiza la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad así como de su madre o el padre y en lo pertinente siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación; es decir, de la norma antes citada se puede evidenciar de que el Estado en toda esta ley puede designar por invitación directa, puede ejercer su facultad la MAE de designar o nombrar a funcionarios de libre nombramiento sin necesidad de ningún tipo de proceso de selección de personal debe garantizar la inamovilidad de estas personas que ingresaron por invitación directa siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no exista causales que justifiquen su desvinculación. Ahora bien la Sentencia Constitucional 1068/2011-R señala de manera clara que las funciones que desempeñan los funcionarios de libre nombramiento son temporales y provisionales es decir al ser provisionales no existe estabilidad laboral por qué cual es la causal, la justificación para que no exista o no se pueda alegar la estabilidad laboral, los funcionarios designados o de libre nombramiento pertenecen al ámbito de funcionarios provisorios…” (sic); ii) “…de las planillas de los trabajadores que fueron remitidas por el señor David Ignacio Callaú Mejia en su calidad de Director de RRHH del GAM San Ignacio de Velasco, se tiene que atendiendo esta solicitud corresponde aclarar que no se valoró a tiempo de dictarse la sentencia en atención a que se argumentó con relación a la reincorporación que la misma Ley 977 establece conforme el art. 2 parág. 5, que está garantizado la inamovilidad laboral de personas con discapacidad cuando no existan causales que justifiquen su desvinculación; es decir que, al margen de estar inmersos dentro de la Ley 977 Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad así como la madre el padre el conyugue o tutor o tutora de esta persona con discapacidad ante la existencia de una causal de justificación como ser el libre nombramiento no resulta relevante la valoración de la misma, por lo que, se complementa la sentencia dictada en cuanto a la valoración de las planillas que fueron presentadas pudiendo evidenciarse que el accionante (…) conforme las planillas del mes de noviembre del año 2021, las planillas del mes de octubre del año 2021 no figura como persona con discapacidad o tutor de persona como persona con discapacidad figura desde el mes de enero del año 2022, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio como tutor de persona con discapacidad la misma acredita que el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco conocía que Pablo Eugenio Quinquivi Moron hoy accionante es tutor de una persona con discapacidad lo mismo que a lo cual hace referencia la respuesta remitida por el antes nombrado Director de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco en la cual señala de que habiendo revisado la documentación de esta dirección se puede evidenciar de que dicho funcionario ha presentado curriculum vitae en el que adjunto carnet de discapacidad de su hijo (…) y revisado el historial de envió de planillas no figura como tutor de persona con discapacidad en los meses de octubre y noviembre de 2021 si figura como tutor de persona con discapacidad desde el mes de enero de 2022 hasta el mes de julio de 2022; por lo que, en efecto se aclaró precedentemente (…) no es relevante a los efectos de la presente acción tutelar la referida planilla en atención a que el hecho de que la referida planilla lo único que tienden acreditar y en definitiva acreditan es de que el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco tenía conocimiento de que el accionante Pablo Eugenio Quinquivi Morón es tutor de una persona con discapacidad; sin embargo, existe una causa de justificación para desvincularlo laboralmente, lo mismo respecto a las planillas del pago del bono mensual de acuerdo al art. 3 de la Ley 977, se tiene que se han arrimado planillas en las cuales se puede evidenciar que desde el mes de octubre de 2021 hasta la fecha el accionante Pablo Eugenio Quinquivi Morón no ha cobrado su derecho a bono y con relación a si se encuentra o no registrado como beneficiario de la inserción laboral se tiene que la licenciada Victoria Sánchez Ortiz Jefe de Unidad de Atención al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad señala que el informe si el ciudadano Pablo Eugenio Quinquivi Morón se encuentra registrado como beneficiario de inserción laboral, esta información debe ser proporcionada por la unidad correspondiente que en este caso debería ser la Dirección de Recursos Humanos ya que la unidad a su cargo no cuenta con esa información, por lo que corresponde aclarar con relación a este punto de que en la sentencia no se valoró la referida documental en atención a (…) que al margen de encontrarse dentro de la protección de la Ley 977 el ante nombrado accionante existe una causal que justifica su desvinculación…” (sic); y, iii) “…con relación al art. 48 como tercer punto solicita se aclare si se le ha concedido el pago de las asignaciones familiares y los beneficios de la seguridad social a su pareja conyugue Karen Tomicha teniéndose de que se ha establecido en la parte dispositiva de la sentencia que se concede el pago de asignaciones familiares y todos los derechos correspondientes a la seguridad social en favor de la tercera interesada Karen Tomicha Dorado, así como del menor que se encuentra en gestación de la tercera interesada de la cual se encuentra en gestación la tercera interesada previo cumplimiento de los requisitos que sea acreditado por parte del accionante y están establecidos por la ley. Con relación a la previsión del art. 48 parágrafo quinto establece que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, el suscrito Juez ha sido suficientemente claro y reiterativo en el motivo por cual no se puede brindar la inamovilidad laboral y considerar la estabilidad laboral del accionante en razón a lo establecido en la tantas veces mencionada Sentencia Constitucional 1068/2011 (…) en cuanto al tenerse que el tutor o el menor en gestación es un funcionario de libre nombramiento, por lo que (…) da por aclarado todos los extremos solicitados por el accionante…” (sic). Por Auto Complementario 07/22 de 21 de agosto de 2022, cursante de fs. 136 a 138, el Juez de garantías de oficio aclara y complementa la Resolución 03/22 manifestando: “SE ACLARA QUE EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO representado por el demandado CARLOS RUDDY DORADO FLORES EN SU CALIDAD DE ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO NO DEBE Y/O TIENE LA OBLIGACION DE REINCORPORAR AL CARGO DE DIRECTOR DE GENERO GENERACIONAL Y FAMILIA AL ACCIONANTE PABLO EUGENIO QUINQUIVI MORON AL HABER DESEMPEÑADO EL REFERIDO CARGO COMO UN FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO, COMPLEMENTANDOSE QUE: inmediatamente acreditado por el accionante su condición de padre del nasciturus del cual es su madre la tercera interesada Karen Tomicha Dorado deberá mover al ACCIONANTE PABLO EUGENIO QUINQUIVI MORON -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida para que de esta manera se resguarden los derechos de su hijo o hija por nacer y su hijo nacido hasta el primera año de su nacimiento, por lo que deberá movérselo a un cargo similar o idéntico y con similar o idéntico sueldo en la misma institución, y con pleno reconocimiento de los derechos de la seguridad social hacia la madre de su nasciturus, por el tiempo establecido en el art. 48.IV de la CPE.” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Carnet de Discapacidad 07-20130608AQT a nombre del menor AA, que describe que el mismo, tiene un tipo de discapacidad mental o psíquica en un porcentaje de 52 (fs. 24). II.2. Consta Decreto Edil 24/2021 de 7 de octubre, a través del cual Carlos Ruddy Dorado Flores, Alcalde del GAM de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz -ahora demandado- designa a Pablo Eugenio Quinquivi Morón -impetrante de tutela- como Asesor Legal de la MAE de la indicada entidad Mmunicipal (fs. 2 a 3). II.3. Se tiene planilla de liquidación de haberes del GAM de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz, correspondiente a mayo de 2022, en el que se establece que Pablo Eugenio Quinquivi Morón -peticionante de tutela- en el cargo de Asesor Legal de la MAE tiene un haber ganado de Bs7 408 (fs. 8). II.4. Consta fotocopia simple del Informe Ecográfico de 6 de mayo de 2022, por el que, Sheyla Rivero de Camargo, Médico Cirujano refiere que Karen Tomicha Dorado -ahora tercera interesada- se encuentra en estado de gestación de “12 SEMANAS + 5 DIAS” (fs. 22). II.5. A través de Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022 de 1 de junio, Carlos Ruddy Dorado Flores, Alcalde del GAM de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz -ahora demandado- designa a Pablo Eugenio Quinquivi Morón -solicitante de tutela- como Director de Género Generacional y Familia dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social de la indicada entidad edil (fs. 11). II.6. Se tiene planilla de liquidación de haberes del GAM de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz, correspondiente a junio de 2022, en el que se establece que Pablo Eugenio Quinquivi Morón -accionante- en el cargo de Director de Género Generacional y Familia tiene un haber ganado de Bs6 717 (fs. 12). II.7. Mediante Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 de 11 de julio, Katherine David Céspedes, Secretaria de Desarrollo Humano y Social del GAM de San Ignacio de Velasco -ahora demandada- comunica a Pablo Eugenio Quinquivi Morón que a partir de dicha fecha da por concluida la relación laboral (fs. 13). II.8. Cursa Notas de 11 de julio de 2022, dirigida tanto al Alcalde como a la Secretaria de Desarrollo Humano y Social del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco del Departamento mencionado -ahora demandados, así como al Director de RRHH de igual institución, a través de las cuales, Pablo Eugenio Quinquivi Morón -impetrante de tutela - solicitó reincorporación a su fuente laboral, manifestando que con anterioridad puso en conocimiento de la entidad municipal que es padre de un niño con discapacidad; además, hace notar que su pareja Karen Tomicha Dorado -ahora tercera interesada- se encuentra en estado de gestación de cinco meses (fs. 14 a 18; 31 a 35; 36 a 40). Consta sello de recepción en ambas Notas el 12 del mismo mes y año. II.9. Mediante Nota CITE/GAMSIV/RR.HH. 120/2022 de 15 de julio, David Ignacio Callaú Mejia, Director de RRHH del GAM de San Ignacio de Velasco del indicado departamento, remite documentación solicitada a Freddy Paesano Pérez, Asesor Legal de la indicada institución, señalando en su contenido:

1.- El Sr. Abg. Pablo Eugenio Quinquivi Morón con C.I. 10350201 Ch, fue designado como ‘PROFESIONAL DE APOYO A ASESORÍA LEGAL MAE’ del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, mediante MEMORÁNDUM MEMO GAMSIV 01/2021 de fecha 01 de marzo de 2021.

Habiendo revisado la documentación en ésta Dirección, se puede evidenciar que dicho funcionario presentó Curriculum Vitae en el que adjunta Carnet de Discapacidad de su hijo Alexander Fernando Quinquivi Tomicha.

2.- No existe oficio de presentación de documentos de Discapacidad de su hijo y su condición de tutor, sin embargo, existe fotocopia del carnet de Identidad y Carnet de Discapacitado de su hijo, estos documentos no registran fecha de recepción.

3.- Esta Dirección, toma conocimiento del estado de embarazo de su pareja mediante oficio enviado por el Sr. Abg. Pablo Eugenio Quinquivi Morón, en fecha 12 de julio de 2022, en el que pide su reincorporación a su fuente laboral, mencionando que su pareja cuenta con 5 meses de embarazo y adjunta fotocopia de Carnet de Salud Prenatal y Ecografía Obstétrica.

4.- No existen llamadas de atención en su file.

5.- Revisado en el sistema, el historial de envío de planillas al Ministerio de Trabajo, se puede evidencia que, el Sr. Quinquivi Morón Pablo Eugenio, figura como Tutor de Persona con Discapacidad desde el mes de marzo de 2021 (sic [fs. 94 a 95]). II.10. Se tiene Nota de 18 de julio de 2022, dirigida al Alcalde ahora demandado, por la que, Pablo Eugenio Quinquivi Morón -peticionante de tutela- reitera su solicitud de reincorporación laboral (fs. 29 a 30). II.11. Mediante Comunicación Interna Asesoría Legal GAMSIV 039/2022 de 25 de julio, con referencia “RESPUESTA A SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN A SU FUENTE LABORAL”, Freddy Paesano Pérez, Asesor Legal del GAM de San Ignacio de Velasco del referido departamento, se dirige al Director de RRHH de igual institución, respondiendo a la solicitud de reincorporación laboral del solicitante de tutela, manifestando en su parte conclusiva que:

El señor Pablo Eugenio Quinquivi Morón al momento de su designación como funcionario municipal del GAMSIV, no fue beneficiado conforme a la Ley 977 INSECIÓN LABORAL Y DE AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD mediante invitación directa, sino que se debió a motivos de su condición profesional abogado, ósea fue incorporado al GAMSIV como funcionario de libre nombramiento. Ya que El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la única institución autorizada para ejercer la autorización de intermediación laboral.

Con relación al estado de gestación que argumenta el Sr. Pablo Quinquiví Morón de su pareja, no existe ni demuestra documentación original de haber realizado el reconocimiento de vientre de conformidad al Art. 28 de la Ley 603. (sic). II.12. Consta Certificado de Nacimiento de 8 de agosto de 2022, por el cual, se certifica el nacimiento del menor AA el 8 de junio de 2013, registrándose como padre a Pablo Eugenio Quinquivi Morón -accionante- y como madre a Karen Tomicha Dorado -ahora tercera interesada- (fs. 25). II.13. Cursa Formulario de Reconocimiento de 8 de agosto de 2022, expedido por la Oficialía de Registro Civil de San Ignacio de Velasco, en que se establece reconocimiento del simplemente concebido (ad vientre) registrándose como padre a Pablo Eugenio Quinquivi Morón -impetrante de tutela- y como madre a Karen Tomicha Dorado -ahora tercera interesada- (fs. 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la “estabilidad” e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y “del que está por nacer”; por cuanto: a) Ejerciendo el cargo de Asesor Legal del GAM de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz con una remuneración de Bs7 408.-, sin ninguna explicación y de manera arbitraria, el Alcalde ahora demandado emitió el Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022 de 1 de junio, cambiándolo al cargo de Director de Género Generacional y Familia con una remuneración de Bs6 717.- efectuando su despido indirecto al reducirse su haber mensual, generándose a su vez la afectación de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado debido a que no se consideró que bajo su dependencia tiene un hijo con discapacidad intelectual grave y que su esposa se encuentra en estado de gestación; b) Ejerciendo el cargo de Director de Género Generacional y Familia, de manera ilegal e intempestiva, a través de Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 de 11 de julio, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandada dio por concluida la relación laboral con la entidad edil, omitiendo considerar que tiene un hijo con discapacidad y otro que está por nacer, afectando no solo a sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, sino también a los derechos a la vida y a la salud del menor y del ser en gestación, debido a que los servicios de salud y las asignaciones familiares quedarían suspendidos privándolos de igual manera del ejercicio del derecho a la seguridad social; y, c) Ante la determinación de desvinculación, a través de Nota presentadas el 12 de julio de 2022, se dirigió tanto al Alcalde como a la Secretaria ahora demandados, solicitando la reincorporación a su fuente laboral, colocando en conocimiento que su esposa se encuentra en estado de gestación y recordándoles que es padre de un niño con discapacidad; no obstante, al no tener una respuesta formal, pronta, oportuna y fundamentada a su petición de reincorporación, el 18 de julio del mismo año, reiteró su solicitud ante el Alcalde ahora demandado, empero tampoco obtuvo respuesta. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; 2) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; 3) La estabilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; 4) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; 5) Análisis del caso concreto; y, 6) Otras consideraciones.

III.1. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares

En lo concerniente al principio iura novit curia, de manera inicial, es preciso señalar que, Rafael Nieto Navia en el artículo publicado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) denominado “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS” señaló que:

El principio iura novit curia, sin embargo, es un principio procesal que da a los jueces facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un demandante o un demandado hubieran podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una denegación de justicia… Asimismo, el mencionado escritor, haciendo mención a la Corte Constitucional de Colombia señaló que dicha Corte definió apropiadamente el principio iura novit curia de la siguiente manera:

El principio iura novit curia, es aquel por el cual, (sic) corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen.

Este principio, (sic) sólo alcanza a la aplicación del derecho correspondiente a determinada situación fáctica, lo cual no habilita a los jueces a efectuar interpretaciones más allá de lo probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también deben respetar el principio de congruencia, es decir, no existe facultad alguna a la que pueda recurrir el juez para variar los términos y el objeto de un proceso constitucional.

Así, sobre este principio, se tiene que la Corte IDH aplicó por primera vez el mismo en el Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, pues de manera expresa señaló que:

172. La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1 de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la Convención y porque sería aplicable, de todos modos, en virtud un principio general de Derecho, como es el de iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente… (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, en el Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 7 de marzo de 2005, la Corte IDH expresó lo siguiente:

58. (…) Una vez iniciado el proceso por la Comisión, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de alegar la violación de otras normas de la Convención no contenidas en la demanda, con base en los hechos presentados en ésta, sin que ello implique una afectación al objeto de la demanda o un menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual tiene las oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente, decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes.

59. Este Tribunal tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso, aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos hechos. Respecto al citado principio y complementando el entendimiento anterior, la jurisprudencia de la Corte IDH, también expresó que:

[...] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia.

[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda.

[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, “en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente”, en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, citando el AC 0202/2011-RCA de 3 de junio, estableció que ante la falta de cita de artículos dentro de una acción de amparo constitucional a efectos de otorgar una tutela efectiva de los derechos denunciados, tal como prevé el art. 97.IV de la LTC, no puede ser interpretada restrictivamente, siendo que dicho razonamiento implica un excesivo formalismo a momento de considerar el contenido de un escrito de acción tutelar, ello considerando que mientras se expliquen los hechos y en qué consisten los derechos considerados lesionados con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la fundamentación por falta de cita de la normativa en la cual se encuentran consagrados los derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados. Posteriormente, la SCP 0304/2013-L de 13 de mayo, citando la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, consideró pertinente asumir los referidos razonamientos jurisprudenciales desarrollados en forma precedente, máxime si conforme al precitado fallo constitucional las sentencias emitidas por la Corte IDH, forman parte del bloque de constitucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia, al efecto precisó que:

… el requisito de presentación de las acciones de defensa, establecido en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dice: “Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados”, no deberá ser entendido en un sentido restringido, sino bien en un sentido amplio, por el cual, la parte que solicite la tutela constitucional, tenga que exponer de manera clara y precisa, los hechos y derechos presuntamente lesionados, citando para el efecto las disposiciones constitucionales que consideren vulnerados; empero, en resguardo a la tutela judicial efectiva, si no se mencionaran dichas disposiciones, no podrá rechazarse la demanda presentada, si es que existiese una adecuada exposición de los hechos, así como mención de los derechos lesionados; en ese mismo sentido, tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados. Al respecto, la precitada SCP 0304/2013-L, aclara de forma pertinente que la aplicación del principio iura novit curia no debe entenderse en sentido de que la parte solicitante de tutela no tenga la obligación de hacer mención y fundamentación de los derechos que considere vulnerados; sino más bien deberá entenderse en el sentido de que efectivamente tiene el deber de cumplir con dicho requisito en todas las acciones de defensa; siendo que este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que, si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que el Juzgador constitucional, identifique -ante la negligencia de la partes- los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible.

III.2. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

En relación al derecho a la petición, la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, aplicó las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0587/2018-S2 de 28 de septiembre, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado.

En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo.

En mérito a la asunción del razonamiento más progresivo; señaló que, la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la CPE, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la CPE que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE; en ese comprendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos.

No obstante, ha manifestado también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos: i) Contenido esencial; ii) Requisitos de procedencia; iii) Legitimación activa; iv) Legitimación pasiva; y, v) Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: a) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo 4 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'. 5 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 6 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; b) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; c) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de mayo, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 7 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 8 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 9 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.

En relación a la legitimación activa, haciendo referencia a la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito, cual es de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre. En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, luego haciendo referencia a las SSCC 0310/2004-R, 0560/2010-R,1995/2010-R; las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012, 2051/2013, 1064/2019-S2, entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela por derecho de petición: i) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares. “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 12 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 13 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.

(…)

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 14 El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

(…)

Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 15 El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 16 El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el impetrante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: a) En el término establecido por ley; y, b) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

De los argumentos descritos la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá se dentro de un plazo razonable; 2) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; 3) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, 4) Argumentada, relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.

Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para dicha finalidad, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercida dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).

III.3. La estabilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad

En lo concerniente al presente punto, de manera previa, resulta pertinente referir que la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en su art. 1 estableciendo el propósito de dicho instrumento internacional determinó que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”; así, bajo ese comprendido, el trabajo no solo significa la posibilidad de obtener un salario para el sustento de las necesidades básicas, sino también es el principal mecanismo de inclusión social, por el cual se desarrolla la dignidad humana, resulta imperante analizar el marco normativo y jurisprudencial de protección de las personas con discapacidad; en tal sentido, refiriéndonos a la normativa, debemos señalar que la Constitución Política del Estado a lo largo de sus disposiciones prevé:

Artículo 14.

(…)

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (el resaltado nos corresponde). Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Artículo 71

Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, I. violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Artículo 72.

El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su art. 27 refiriéndose al trabajo y empleo, determinó:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;

k)Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, refiriéndose al derecho al trabajo, prescribe:

Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades.

Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)

I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que

justifiquen debidamente su despido.

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo” (negrillas añadidas).

En ese entendido, la Ley 223 de 2 marzo de 2012, hace un amplio desarrollo de los derechos de las personas con discapacidades o personas con capacidades diferentes, promoviendo ante todo su efectiva inclusión social y el respeto de su dignidad, asimismo, por la Disposición Transitoria Única se dispone la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley 1678 de 15 de diciembre de 2015, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado, por ello y siendo aún aplicable la normativa que no es contraria a la indicada ley, se toma en cuenta, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, mediante su art. 3, refiere:

Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios:

Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia.

Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena.

Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno.

Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad.

Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión

(…)

Artículo 5°.- (Inamovilidad)

I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley.

II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de

inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente (el resaltado es ilustrativo).

Por otro lado, el Decreto Supremo (DS) 28521 de 16 de diciembre de 2005, determina que para que el trabajador con familiares con discapacidad a su cargo sea beneficiario del derecho a la inamovilidad laboral, se debe cumplir con la presentación del Certificado Único de Discapacidad, sobre tal requisito, en su normativa pertinente reguló lo siguiente:

Artículo 3º.- (Del certificado único de discapacidad) El Certificado Único de Discapacidad es el documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona. Es otorgado por los establecimientos de salud, reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes, para tal fin, previa evaluación de la persona solicitante por el equipo profesional acreditado. Se actualizara cada tres años.

Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad, incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho a la inamovilidad laboral reforzada de este grupo social, la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero refiriendo básicamente que:

La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social (las negrillas son añadidas). Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato laboral indefinido, y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio, sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, otorgó la tutela bajo el siguiente análisis:

…de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial (el resaltado nos corresponde).

Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.

III.3.1.Protección de las personas con discapacidad, independientemente a ser funcionarios de libre nombramiento

En lo concerniente al presente punto, la SCP 1434/2012 de 24 de septiembre, sostuvo que:

… “Ahora bien, la accionante lo que pretende con esta acción tutelar es la restitución a su fuente de trabajo, en el mismo lugar donde ella desempeñaba funciones cuando recibió el memorándum de agradecimiento; con relación a ello, la Ley de la Persona con Discapacidad, es clara, por cuanto señala que los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en primer grado en línea directa y hasta el segundo grado en línea colateral, gozarán de inamovilidad funcionaria, que en este caso es el hijo de la accionante, la persona con discapacidad con el diagnóstico de “Discrepancia en extremidades secundario a patología linfática congénita”, entonces, la misma goza de inamovilidad de su fuente de trabajo, por ello es que la accionante tuvo a su favor la RA 001/2008, si bien en dicha Resolución consta que se ordena la inmediata restitución a su fuente de trabajo, no precisa dónde desempeñará esta función, esto en razón a que por lógica se presume que el ítem se encuentra conforme se dejó acéfalo, situación que la autoridad demandada no tomó en cuenta, toda vez que si bien dio cumplimiento con la emisión del respectivo memorándum, lo hizo con una modificación, cual es el lugar de desempeño de funciones, siendo la misma en la ciudad del Alto, aspecto desfavorable para la accionante, por cuanto significa para la misma un cambio de ciudad o erogación de gastos que antes no tenía, para constituirse en su fuente laboral, por lo que de una manera indirecta la autoridad demandada nuevamente vulnera los derechos alegados por la accionante, por lo que ante la protección que tienen las personas con discapacidad, corresponde en el presente caso otorgar la tutela, con relación al derecho de trabajo y a la vida que alegó como vulnerado la accionante, sin entrar a considerar la diferenciación establecida por el Estatuto del Funcionario Público, respecto de los funcionarios de carrera, de libre nombramiento o funcionarios provisorios, pues tratándose de trabajadores con discapacidad o de trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, que gozan de inamovilidad reconocida por ley, dicha distinción resulta innecesaria, tomando en cuenta la protección especial brindada por la Ley de la Persona con Discapacidad” Por su parte la SCP 0259/2012 de 29 de mayo, señaló: “De lo mencionado precedentemente, se colige que mediante memorándum DGCH-3072-2009, dirigido al accionante, suscrito por Fanor Nava Santiestevan, Alcalde Municipal de El Alto, se prescindió de sus servicios en el cargo que venía desempeñando, “por reestructuración del Gobierno Municipal de El Alto”, tal como se tiene a fs. 209 del anexo, pese a tener conocimiento de su discapacidad, extremo que se puede evidenciar a partir del certificado emitido por el Área de Discapacidad, Rehabilitación y Habilitación Bio-Psico-Social dependiente de la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y Deportes, señalando que el accionante, fue valorado por el equipo calificador del Gobierno Municipal de El Alto, el 22 de diciembre de 2008, dentro del Programa de Registro Único Nacional de personas con Discapacidad, habiéndose determinado una discapacidad física grado moderado (32%) según constaría en el certificado único nacional de personas con discapacidad (fs. 30), por lo que al destituirlo de su fuente laboral sin que exista un proceso previo y por una “supuesta reestructuración”, lo cual no constituye una causal justificada para su destitución, lesionándose el derecho a la inamovilidad laboral que lo ampara al ser parte de un grupo vulnerable, pese a que la función que desempeñaba le fue otorgada bajo la modalidad de libre nombramiento, lo cual ocasiono la pérdida de su fuente laboral y por ende de su medio de subsistencia, …” (…)

En este sentido, la protección constitucional que se deriva del derecho a la estabilidad laboral reforzada se hace extensiva a todos los procesos de reestructuración de entidades públicas en todos los órdenes, así como a todos los empleados públicos independientemente del tipo de nombramiento o vinculación que tengan con la administración. Adicionalmente, de manera general, los trabajadores que aspiren a obtener en sede de tutela los beneficios indicados, deben acreditar la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran y que comunicaron oportunamente a la entidad dicha condición. Reunidos los requisitos señalados, corresponde al juez de tutela conceder el amparo invocado y, en consecuencia, ordenar el reintegro del accionante; dejar sin efecto las indemnizaciones reconocidas; y, el pago de los salarios y prestaciones sociales causadas desde el momento del despido hasta la fecha en que se efectúe el reintegro. Lo anterior, sin perjuicio de las restituciones y compensaciones mutuas a que haya lugar.

III.4. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo

El orden constitucional establecido en la CPE aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI

Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida.

En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, refirió que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger. En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:

En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...

Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente:

… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley.

El desarrollo de la jurisprudencia constitucional también ha establecido la excepción a la subsidiariedad de manera implícita desde la citada SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señalando que la protección de una dependiente laboral en estado de embarazo despedido indebidamente no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley, puesto que se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada y del ser en gestación, que requiere protección inmediata, urgente. En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0785/2003-R de 10 de junio, resalta la procedencia excepcional y extraordinaria del amparo constitucional señalando:

Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinaria de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación.

La procedencia excepcional y extraordinaria de la acción de amparo constitucional o la excepción a la subsidiariedad, fue establecida de manera expresa en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo, entre otras.

Otro aspecto de relevancia constitucional según la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, la no exigencia del requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional. Por otra parte, es necesario destacar el deber del Estado de otorgar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal previsto en el art. 45.V de la CPE (las negrillas nos pertenecen).

Finalmente, en relación a los alcances de la inamovilidad laboral, es necesario referir que la SC 0296/2006-R de 29 de marzo, sostuvo que:

…la jurisprudencia anotada, que se aplica con mayor razón al caso de la funcionaria embarazada o que se encuentre dentro del primer año de vida del hijo o hija, porque debe entenderse que la inamovilidad que garantiza la Ley 975 no sólo se refiere a la conservación de la fuente de trabajo, sino a esa conservación con el mismo nivel salarial, categoría y lugar de funciones, salvo que exista una promoción o ascenso en ese período.

III.5. Análisis del caso concreto

22 El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”. 23 En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”.

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la “estabilidad” e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y “del que está por nacer”; por cuanto: a) Ejerciendo el cargo de Asesor Legal del GAM de San Ignacio de Velasco con una remuneración de Bs7 408.-, sin ninguna explicación y de manera arbitraria, el Alcalde ahora demandado emitió el Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022 de 1 de junio, cambiándolo al cargo de Director de Género Generacional y Familia con una remuneración de Bs6 717.- efectuando su despido indirecto al reducirse su haber mensual, generándose a su vez la afectación de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado, debido a que no se consideró que bajo su dependencia tiene un hijo con discapacidad intelectual grave y que su esposa se encuentra en estado de gestación; b) Ejerciendo el cargo de Director de Género Generacional y Familia, de manera ilegal e intempestiva, a través de Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 de 11 de julio, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandada dio por concluida la relación laboral con la entidad edil, omitiendo considerar que tiene un hijo con discapacidad y otro que está por nacer, afectando no solo a sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, sino también a los derechos a la vida y a la salud del menor y del ser en gestación, debido a que los servicios de salud y las asignaciones familiares quedarían suspendidos privándolos de igual manera del ejercicio del derecho a la seguridad social; y, c) Ante la determinación de desvinculación, a través de Nota presentadas el 12 de julio de 2022, se dirigió tanto al Alcalde como a la Secretaria ahora demandados, solicitando la reincorporación a su fuente laboral, colocando en conocimiento que su esposa se encuentra en estado de gestación y recordándoles que es padre de un niño con discapacidad; no obstante, al no tener una respuesta formal, pronta, oportuna y fundamentada a su petición de reincorporación, el 18 de julio de 2022, reiteró su solicitud ante el Alcalde ahora demandado, empero tampoco obtuvo respuesta.

Identificadas las problemáticas traídas en revisión, resulta preciso señalar que, conforme establecen los arts. 196 de la CPE y 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de su labor jurisdiccional debe precautelar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; buscando su materialización efectiva, evitando que los actos y normas del poder público y privado evadan el cumplimiento, por acto u omisión, de las normas constitucionales; en esa labor, se apoya en varios principios que si bien no se encuentran establecidos de manera explícita en la normativa, es la jurisprudencia que fue sentando su aplicación; así, tal como se observó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el impetrante de tutela no haya mencionado o precisado adecuadamente los derechos lesionados en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; la justicia constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; así, en el caso concreto, si bien se advierte que el peticionante de tutela denuncia expresamente la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y del que está por nacer; debe considerarse que de los hechos descritos en el memorial de interposición de la acción de amparo constitucional así como de su ratificación, se tiene que, el peticionante de tutela manifestó que, posterior a su desvinculación mediante Notas de 11 y 18 de julio de 2022 dirigidas tanto al Alcalde como a la Secretaria ahora demandados, solicitó su reincorporación laboral; no obstante, las mismas no merecieron respuesta, lo que hace entrever que se denuncia la vulneración del derecho a la petición (conforme se consignó en la tercera problemática); consecuentemente, en estricta aplicación del principio iura novit curia el análisis de fondo del presente caso, se efectuará respecto a la lesión de los derechos a la petición, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y del que está por nacer.

Efectuada dicha consideración, es necesario contextualizar los hechos de los cuales emergen las problemáticas; así, de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, a través de Decreto Edil 24/2021 de 7 de octubre, el Alcalde ahora demandado designó al solicitante de tutela como Asesor Legal de la MAE del GAM de San Ignacio de Velasco (Conclusión II.2); posteriormente, el 1 de junio de 2022, a través de Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022 la indicada Autoridad cambio de cargo al impetrante de tutela, designándolo como Director de Género Generacional y Familia dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social de la entidad municipal (Conclusión II.5); no obstante, el 11 de julio de 2022, la Secretaria ahora demandada emitió el Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 dando por concluida la relación laboral con el peticionante de tutela (Conclusión II.7), lo que generó que, el solicitante de tutela a través de Nota de 11 de julio de 2022 dirigidas tanto al Alcalde como a la Secretaria ahora demandados, solicite su reincorporación manifestando que con anterioridad puso en conocimiento de la entidad municipal que es padre de un niño con discapacidad; además, hizo notar que su pareja -ahora tercera interesada-se encuentra en estado de gestación de cinco meses (Conclusión II.8) petición que al no merecer respuesta, fue reiterada a través de Nota de 18 de igual mes y año (Conclusión II.10).

En ese marco, considerando que la parte accionante de tutela en esencia denuncia como actos ilegales y omisiones indebidas, el cambio de cargo, la desvinculación laboral, y la falta de respuesta a sus solicitudes de reincorporación; en ese sentido, a fin de emitir una resolución cuya comprensión sea efectiva, el análisis se efectuará inicialmente respecto a la falta de respuesta a la denuncia, para posteriormente considerar, la desvinculación y el cambio de cargo.

III.5.1.En cuanto a la tercera problemática

El impetrante de tutela alega que determinada su desvinculación del GAM de San Ignacio de Velasco, a través de notas presentadas el 12 de julio de 2022, se dirigió tanto al Alcalde como a la Secretaria ahora demandados, solicitando la reincorporación a su fuente laboral, colocando en conocimiento que su esposa se encuentra en estado de gestación y recordándoles que es padre de un niño con discapacidad; no obstante, al no tener una respuesta formal, pronta, oportuna y fundamentada a su petición de reincorporación, el 18 de julio del indicado año, reiteró su solicitud ante el Alcalde ahora demandado, empero tampoco obtuvo respuesta.

Ahora bien, considerando que en la presente problemática en esencia se denuncia la lesión del derecho a la petición, es preciso remitirnos al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación; vale decir que, presentada la solicitud, la respuesta deber ser 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; 2) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante de tutela pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; 3) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del solicitante de tutela; y, 4)

Argumentada, relacionada a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.

Siguiendo ese lineamiento, se tiene que, en el caso concreto, a partir de lo descrito en la Conclusión II.8 de este fallo constitucional, se advierte que, el accionante ejerciendo su derecho a la petición, a través de Notas de 11 de julio de 2022, dirigida tanto al Alcalde como a la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandados, solicitó reincorporación a su fuente laboral, manifestando que con anterioridad puso en conocimiento de la entidad municipal que es padre de un niño con discapacidad; además, hace notar que su pareja Karen Tomicha Dorado se encuentra en estado de gestación de cinco meses. Notas que al no merecer respuesta generó que el impetrante de tutela presente Nota el 18 de igual mes y año (Conclusión II.10), reiterando su petición, escrito que tampoco tuvo respuesta; consecuentemente, con relación a las indicadas Notas hasta la interposición de esta acción de defensa no se advierte que el Alcalde y la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandados hubiesen contestado a los mismos.

Ahora bien, pese a lo referido, en el caso concreto, resulta de especial relevancia señalar que, si bien el Alcalde ahora demandado al momento de presentar su informe para la consideración de la acción de amparo constitucional adjuntó una Comunicación Interna Asesoría Legal GAMSIV 039/2022 de 25 de julio, con referencia “RESPUESTA A SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN A SU FUENTE LABORAL” efectuó un análisis de la procedencia o no de la solicitud del impetrante de tutela (Conclusión II.11), es necesario precisar que dicha Comunicación fue proferida por el Asesor Legal del GAM de San Ignacio de Velasco llevando como destinatario el Director de Recursos Humanos de igual institución, no siendo dirigido al peticionante de tutela.

En ese entendido, debe considerarse que, para que el derecho a la petición se vea materializado o efectivizado, la respuesta a emitirse debe ser pronta y oportuna, en un tiempo razonable; no obstante, en el caso concreto se tiene que desde la presentación de la solicitudes de reincorporación laboral de 11 y 18 de julio de 2022 hasta la presentación de esta acción de defensa transcurrió un mes y tres semanas respectivamente, sin que su petición sea resuelta, plazo que desde todo punto de vista se constituye en irrazonable; ahora bien, en relación a que, la respuesta debe ser formal no se tiene un pronunciamiento que hubiese sido comunicado o notificado, a efecto que, en caso de disconformidad del solicitante de tutela pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; lo que implica que no existe una respuesta material y argumentada, ya que, el Alcalde y la Secretaria de Desarrollo Humano y Social no resolvieron la pretensión de forma motivada y fundamentada. Consiguientemente, es evidente que se lesionó el derecho a la petición, correspondiendo conceder la tutela en relación a dicho derecho.

III.5.2.En lo concerniente a la segunda problemática

El accionante alega que ejerciendo el cargo de Director de Género Generacional y Familia, de manera ilegal e intempestiva, a través de Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandada dio por concluida la relación laboral con la entidad edil, omitiendo considerar que tiene un hijo con discapacidad y otro que está por nacer, afectando no solo a sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, sino también a los derechos a la vida y a la salud del menor y del ser en gestación, debido a que los servicios de salud y las asignaciones familiares quedarían suspendidos privándolos de igual manera del ejercicio del derecho a la seguridad social.

Ahora bien, la premisa establecida precedentemente hace entrever que el impetrante de tutela denuncia que su desvinculación se efectuó omitiendo considerar dos aspectos que para el mismo generarían la improcedencia de una conclusión laboral, tales como el estar a cargo de su hijo que tiene discapacidad y ser padre progenitor; en ese sentido, con el objeto de establecer si lo alegado es evidente, el análisis se efectuara por separado considerando las características de cada circunstancia:

i) Respecto a que el peticionante de tutela es padre de un niño con discapacidad Inicialmente, es necesario considerar que, en el caso de personas con discapacidad (física, intelectual, sensorial, auditiva y visual -entre otros-) se reconoció que las mismas -a diferencia de una persona que no tiene discapacidad-enfrentan marginación, obstáculos y desventaja al encontrarse en un estado de vulnerabilidad constante por la disminución de sus facultades mentales, físicas o sensoriales, siendo precisamente por ello que, nuestra legislación nacional y varios instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, garantizaron la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de todas las barreras física, sociales o culturales que las excluyen de su plena participación en la sociedad; de tal modo que, se fomentó el derecho al trabajo 26 27 garantizando y promoviendo el acceso a toda forma de empleo y trabajo en condiciones adecuadas, con una remuneración justa, no solo de personas con discapacidad sino también de quien tenga bajo su cargo una persona con discapacidad; además, existiendo una relación laboral, se vio la necesidad de crear condiciones especiales para garantizar la inamovilidad laboral 29, impidiendo la remoción de la persona con discapacidad, ello con la finalidad de asegurarle el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como la salud, educación, alimentación, desarrollo integral, entre otros (Fundamento Jurídico III.3); inamovilidad laboral que en la jurisprudencia constitucional tuvo un desarrollo progresivo que conllevo a que en ningún caso una persona con capacidades diferentes o quien se encuentre a cargo de una persona con discapacidad podrá ser sujeto de desvinculación laboral en el ámbito público o privado; es decir, no se debe realizar una diferenciación entre si se encuentra en un cargo de carrera o uno de libre nombramiento, ya que se debe garantizar su inamovilidad laboral en todo momento y ante cualquier circunstancia (Fundamento Jurídico III.3.1).

25 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

(…) 1. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.” 26La Ley General para Personas con Discapacidad prevé: “Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades.” 27La Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad establece que: “ARTÍCULO 2. (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA E INTERMEDIACIÓN).

I. Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal.”

28La Ley General para Personas con Discapacidad establece: “Artículo 34. (ÁMBITO DEL TRABAJO).

(…)

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido.”

29La Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad prevé: “ARTÍCULO 2. (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA E INTERMEDIACIÓN).

(…)

V. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.”

Bajo ese razonamiento, refiriéndonos al caso concreto, es necesario considerar que, en antecedentes del expediente constitucional, consta Certificado de Nacimiento de 8 de agosto de 2022, en el cual se advierte que, el solicitante de tutela es padre del menor AFQT, quien conforme el Carnet de Discapacidad 07-20130608AQT tiene discapacidad mental o psíquica del 52 % (Conclusiones II.1 y II.12); siendo precisamente por ello que, el accionante se beneficia con inamovilidad laboral, debiendo comprenderse que la clasificación de cargos (carrera o libre nombramiento) que fue alegado por la parte demandada no genera un límite a dicha garantía; en ese sentido, si bien el impetrante de tutela es designado como Director de Género Generacional y Familia dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social del GAM de San Ignacio de Velasco (conforme Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022 descrito en la Conclusión II.5), dicho cargo se constituye en un cargo de libre nombramiento (conforme informaron los ahora demandados) lo que no genera una inaplicación o un límite a la inamovilidad laboral; por consiguiente, el GAM de San Ignacio de Velasco debió asegurar y promover el ejercicio de dicho derecho, más aun cuando, de la Nota CITE/GAMSIV/RR.HH. 120/2022 de 15 de julio, emitido por el Director de Recursos Humanos del GAM de San Ignacio de Velasco, se advierte que, desde el 1 de marzo de 2021, la entidad municipal tenía conocimiento que el peticionante de tutela era tutor del menor AA y que este último tenía discapacidad mental o psíquica, no pudiendo soslayarse la obligación de asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En ese orden de ideas, se tiene que, al emitirse el Memorándum MEMO GAMSIV 16/2022 -de desvinculación-, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social ahora demandada ciertamente lesionó el derecho a la inamovilidad laboral, correspondiendo conceder la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el indicado Memorándum de desvinculación. ii) Respecto a que el solicitante de tutela es padre progenitor, es necesario considerar que, con el objeto de evitar la discriminación (en la esfera del empleo) en razón a la situación de embarazo, se fue consolidando un régimen reforzado de protección en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; siendo que por ello no puede procederse con su desvinculación, ya que una ruptura abrupta de la relación laboral implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor (Fundamento III.4). Bajo ese parámetro, en el caso concreto, a fin de determinar si en el presente caso, el accionante gozaba de inamovilidad laboral por paternidad, debe considerarse que, del Formulario de Reconocimiento de 8 de agosto de 2022, expedido por la Oficialía de Registro Civil de San Ignacio de Velasco, se tiene que, el impetrante de tutela reconoció al concebido -en vientre- siendo registrado como padre del mismo (Conclusión II.13); consecuentemente, en mérito a dicho reconocimiento es evidente que el peticionante de tutela al momento de su desvinculación efectuada el 11 de julio del indicado año, gozaba de inamovilidad laboral. Ahora bien, sobre este punto, la parte ahora demandada manifestó que el solicitante de tutela no hizo conocer de manera oportuna el estado de gravidez de su pareja ni tampoco adjuntó certificado de matrimonio ni un reconocimiento en vientre; en ese sentido, respecto a ello, resulta necesario precisar que, si bien el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, determina que, a los efectos de beneficiarse de la inamovilidad laboral establecida, la madre y/o padre progenitores deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificado médico de embarazo extendido por el Ente Gestor de Salud o por los establecimientos públicos de salud. b) Certificado de matrimonio o Acta de reconocimiento ad vientre extendido por el Oficial del Registro Civil. c) Certificado de Nacimiento del hijo o hija extendido por el Oficial del Registro Civil.

No obstante, la indicada normativa no debe ser interpretada de manera restrictiva, toda vez que, el beneficio que se otorga no va dirigido a sostener únicamente al trabajador, sino que permite que durante el embarazo y la etapa de postparto se brinde asistencia y protección al concebido; en tal sentido, por el principio de interés superior del niño, todas las autoridades administrativas y judiciales deben considerar que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones; por lo que, la evaluación tiene que cumplir con una carga argumentativa que demuestre que se respetaron y ponderaron los derechos del niño a que su interés superior constituya una consideración primordial, y si excepcionalmente la solución elegida no atiende a dicho interés debe explicarse el por qué el interés superior del niño no era suficientemente importante para imponer medidas afirmativas, conforme lo sostuvo la ingente jurisprudencia constitucional al señalar que, para acceder a la protección de la garantía constitucional no es necesario exigir el requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador; en tal sentido, lo alegado no puede ser considerado un justificativo válido para eximir de su obligación de asistir y proteger al ser en gestación y a los padres progenitores, durante el embarazo, el parto y el periodo posnatal, más aun cuando de las Conclusiones II.8 y II.10 de este fallo constitucional se advierte que, el accionante se dirigió a la Secretaría ahora demandada (e inclusive al Alcalde ahora demandado) solicitando su reincorporación debido a que gozaba de inamovilidad laboral; consecuentemente, es evidente que se lesionó el derecho a la inamovilidad laboral del accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada al respecto. Ahora bien, a ello debe añadirse que, la transgresión efectuada al derecho a la inamovilidad laboral (por fuero de discapacidad y fuero de paternidad) derivo en la vulneración de los derechos al trabajo, a la justa remuneración, a la vida y a la salud, ya que se omitió considerar que los derechos reconocidos a favor de los padres progenitores y del neonato son de innegable importancia, por lo que, requieren atención prioritaria, siendo precisamente por ello que la garantía de la inamovilidad laboral se fue consolidando un régimen reforzado de protección garantizando la permanencia de los mismos en su empleo (derecho al trabajo) hasta el cumplimiento de un año de edad del hijo, por lo que, no puede desvinculárselos, pues debe comprenderse que, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica de la familia al no percibirse remuneración alguna, con incidencia directa en el derecho a la vida del nuevo ser; además, del derecho a la salud de la madre ya que el acceso a la seguridad social también se vería suprimido; consiguientemente, corresponde conceder la tutela respecto a los mismos.

III.5.3.En lo concerniente a la primera problemática

El impetrante de tutela alega que ejerciendo el cargo de Asesor Legal del GAM de San Ignacio de Velasco con una remuneración de Bs7 408.-, sin ninguna explicación y de manera arbitraria, el Alcalde ahora demandado emitió el Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022, cambiándolo al cargo de Director de Género Generacional y Familia con una remuneración de Bs6 717.-efectuando su despido indirecto al reducirse su haber mensual, generándose a su vez la afectación de su derecho a la “estabilidad” e inamovilidad laboral establecida en la Constitución Política del Estado debido a que no se consideró que bajo su dependencia tiene un hijo con discapacidad grave y que su esposa se encuentra en estado de gestión. Ahora bien, lo expresado precedentemente hace entrever que el peticionante de tutela en esencia denuncia la lesión de su derecho a la “estabilidad” e inamovilidad laboral debido a que se hubiese producido un cambio de las condiciones laborales, en ese sentido, para determinar si dicha modificación representa o genera una vulneración de su derecho, es necesario considerar que, en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional se sostuvo que las personas con discapacidad o de padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes gozan de inamovilidad laboral, por lo que, no pueden ser desvinculados o removidos de sus cargos, además, tampoco puede afectarse las condiciones laborales como el nivel salarial o la ubicación en su puesto de trabajo. Por su parte, el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional refiriéndose a la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores manifestó que, hasta el cumplimiento de un año de edad de la o el hijo no pueden ser destituidos y tampoco pueden modificarse las condiciones administrativas y técnicas (nivel salarial y ubicación del puesto de trabajo), excepto cuando la transferencia sea más beneficiosa.

En ese sentido, respecto a la inamovilidad laboral, es evidente que tratándose estos dos grupos vulnerables o de atención prioritaria (personas con discapacidad y progenitores) se siguió una línea jurisprudencial paralela caracterizada por su proteccionismo y progresividad no solo debido a que permite al trabajador tener un empleo establece que cumpla con el principio de continuidad sino también asegurando para sí y su familia una vida digna y la satisfacción de sus necesidades como la salud, educación, alimentación, desarrollo integral, entre otros.

Ahora bien, en el presente caso, comprendiendo que el derecho a la inamovilidad proscribe el cambio o modificación de condiciones laborales para padres progenitores y padres o tutores que tenga bajo su cargo personas con discapacidad, de antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte que, al momento de designarse al solicitante de tutela en el cargo de Asesor Legal (Conclusión II.2), el GAM de San Ignacio de Velasco tenía pleno conocimiento del estado de salud de su hijo AFQT y del beneficio de inamovilidad laboral del cual gozaba (conforme Nota CITE/GAMSIV/RR.HH. 120/2022 descrita en la Conclusión II.9); por lo que, el Alcalde ahora demandado al emitir el Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022, designando al accionante en el cargo de Director de Género Generacional y Familia (Conclusión II.5), ciertamente cambio las condiciones laborales, en cuanto al salario, existiendo una disminución de Bs7 408 a Bs6 717 montos que pueden ser corroborados de las planillas de liquidación de haberes (Conclusiones II.3 y II.6), generándose la lesión del derecho a la inamovilidad laboral de padres progenitores y padres o tutelares a cargo de personas con discapacidad que repercutió en la remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, el aguinaldo, el seguro a largo y corto plazo (en el que se incluye las asignaciones familiares); ya que, con el cambio o reasignación de cargos del accionante impidió que el mismo reciba una contraprestación adecuada conforme al cargo que le corresponde; consecuentemente, por todo lo referido corresponde conceder la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Memorándum de Designación GAMSIV 15/2022, debiendo reincorporarse al impetrante de tutela en el cargo de Asesor Legal del GAM de San Ignacio de Velasco, u otro de similares características que no implique una modificación de condiciones laborales, determinación asumida en observancia del principio pro homine que permite entender que la protección que brinda este Tribunal a los padres progenitores y padres o tutores a cargo de una persona con discapacidad debe efectuarse en el sentido más amplio; además, del principio de interés superior del niño, por el cual, debe procurarse que la decisión a asumirse garantice la satisfacción plena de los derechos de los menores.

Con relación al resarcimiento integral de daños y perjuicios; a partir de lo establecido en el art. 113.I de la CPE, que textualmente señala que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; es posible imponer dicho resarcimiento, no obstante, esta petición deberá ser cuantificada en ejecución de sentencia, conforme lo determinado en el art. 39 del Código Procesal Constitucional.

III.6. Otras consideraciones

En el caso concreto, es necesario destacar que conforme establece el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo) la resolución y antecedentes de la acción de defensa se elevará de oficio en revisión ante del Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución; a tal efecto, el art. 29 de igual cuerpo normativo establece que el expediente constará por escrito y estará integrado por: a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la acción de libertad; b) El auto de admisión y las providencias que se emitan; c) Las notificaciones que correspondan; d) El informe o contestación a la acción; e) Los documentos que contengan elementos de prueba; f) El acta de audiencia; y, g) La resolución de la jueza, juez o tribunal en acción de defensa, estos dos últimos que en el caso concreto no fueron remitidos conforme normativa, ya que de la revisión del expediente constitucional se tiene que, el Juez de garantías ordenó y remitió la grabación del acta de audiencia y la resolución; en ese sentido, se hace evidente que la indicada autoridad judicial inobservó las normas comunes de procedimiento. Por otra parte, en el presente caso resulta necesario considerar que, en mérito a lo estipulado en el art. “13” del CPCo, el Juez de garantías emitió el Auto 07/22 -complementario a la Resolución 03/22-manifestando que una vez acreditado la condición de padre progenitor, excepcionalmente “deberá mover” al impetrante de tutela a otro cargo similar dentro del GAM de San Ignacio de Velasco; complementación que resulta contradictoria a lo dispuesto en la Resolución 03/22 que expresamente resolvió denegar la tutela respecto a la reincorporación; denotando que, en el caso concreto no solo se generó inseguridad jurídica en las partes que intervinieron en la acción de amparo constitucional, sino también reflejo una inobservancia de la norma, la cual en ningún momento establece que a través de una aclaración, complementación y enmienda pueda modificarse el fondo y la parte dispositiva de una resolución.

Sobre la base de lo anterior, siendo que el Juez de garantías no encaminó de manera correcta la acción de amparo constitucional, se llama la atención a la indicada autoridad judicial, exhortando a que en actuaciones futuras en las que funja como Juez de garantías actué conforme la normativa.

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03/22 de 19 de agosto de 2022 y el Auto Complementario 07/22 de 21 de igual mes y año, cursantes a fs. 135 y vta.; y, 136 a 138 respectivamente, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de los derechos a la petición, al trabajo, a la “estabilidad” e inamovilidad laboral; y, a los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social del menor con discapacidad y “del que está por nacer”, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer la reincorporación del peticionante de tutela en el mismo cargo del cual fue desvinculado o de otro de similares características, y el pago de sueldos devengados, así como la entrega de las prestaciones que correspondan, conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional. 3° Determinar a favor del solicitante de tutela el pago de daños y perjuicios, que deberán ser cuantificados en ejecución del fallo constitucional, ante el Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz. 4° Llamar la atención a Diego Aristóteles Rodríguez Romero, Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, exhortando a que en actuaciones futuras en las que funja como Juez de garantías actué conforme la normativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia Sentencia de 15 de septiembre de 2005.

3 Entendimiento que fue reiterado entre otras por la SCP 1126/2019-S2 de 18 de diciembre.

10 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”.

11 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe

17 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras).

18 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

19 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.

20 Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “… la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros.

21 En el mismo sentido de la excepción a la subsidiariedad en caso de la inamovilidad laboral por mujer embarazada y padre progenitor de hijos menores hasta la edad de un año, se pronunció la SCP 0198/2013 de 27 de febrero.

24 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”

30 El Código Procesal Constitucional prevé: “rtículo 13°.- (Aclaración, enmienda y complementación) I. Las partes, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la resolución, podrán solicitar se precise conceptos obscuros, corrija errores materiales o subsane omisiones, sin afectar el fondo del fallo emitido. II. El Tribunal Constitucional Plurinacional, de oficio, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la resolución, podrá aclarar, enmendar o complementarla en temas estrictamente formales, sin afectar el fondo del fallo emitido.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0097_2024-S1.pdf · páginas 1 a 43.

Huella digital del PDF (SHA-256): c309c6916d14d6e818ac1524855e96bcdfe6a8c7f1bcb2aac656f2ab5cfcc361

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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