Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Juez codemandado, al dictar el Auto Interlocutorio 50/23: a) No analizó su solicitud de cesación a la detención preventiva con base en los motivos originales que sustentaron el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP; y, b) Omitió valorar de manera objetiva los nuevos elementos de convicción, orientando su análisis hacia hechos impertinentes -como la asistencia escolar de la menor, la forma en que identificó a su presunto agresor o su posterior traslado de localidad-, pese a que una evaluación adecuada permitía concluir la desaparición de las circunstancias que originaron el riesgo procesal. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 102 a 112, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0096/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56449-2023-113-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 02/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 102 a 112, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodolfo Roso Romero contra Sandra Medrano Bautista, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Oscar Tito Cervantes Nava, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huacareta del mismo departamento.
Por memorial presentado el 18 de julio de 2023, cursante a fs. 1; y, 43 a 56, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, se encontraba privado de libertad en calidad de detenido preventivo según lo dispuesto mediante Auto Interlocutorio 24/23 de 19 de marzo de 2023, emitido por Oscar Tito Cervantes Nava, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huacareta del departamento de Chuquisaca -hoy codemandado-. Dicha decisión tomó como único elemento de convicción relevante para sustentar la probabilidad de autoría el informe psicológico practicado a la menor denunciante, donde la misma manifestó que, en una ocasión, tras encontrarse con su prima y consumir bebidas alcohólicas, perdió la forma de retornar a su domicilio; por lo que, solicitó ayuda a su persona, quien pasaba por el lugar.
En el mismo Auto Interlocutorio 24/23 se estableció la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), bajo el argumento de que, en su calidad de director de la unidad educativa donde estudiaba la menor, tendría la capacidad de manipularla y obtener su consentimiento para perpetrar la conducta denunciada, constituyendo un peligro para la víctima, la sociedad y los demás adolescentes bajo su cargo. Asimismo, respecto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del citado Código, se valoró que, la víctima fue sometida a intimidaciones frecuentes por parte de su persona, pues presuntamente la amenazaba con generar problemas en sus estudios y comunicar la situación a su madre. Advertido de tales fundamentos, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción destinados a desvirtuar los peligros procesales; sin embargo, a través del Auto Interlocutorio 50/23 de 25 de junio de 2023, el Juez codemandado rechazó su pretensión sin analizar objetivamente los motivos originales de la detención y los nuevos elementos aportados. Frente a esta omisión, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto mediante Auto de Vista 321/2023 de 30 de junio, pronunciado por Sandra Medrano Bautista, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandada-, quien declaró improcedente el mismo, no solo ratificando los vicios generados por el Juez codemandado, sino que también omitió analizar los motivos de su detención en relación con los nuevos elementos aportados, manteniendo así su privación de libertad de manera indebida. En ese contexto, el Juez codemandado, al dictar el Auto Interlocutorio 50/23, incurrió en dos actuaciones indebidas: a) Omitió realizar un análisis objetivo de los motivos originales que sustentaron el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, pues en el Auto Interlocutorio 24/23, dicho peligro se basó en las circunstancias de dependencia derivadas de la relación director-alumna y en el supuesto ofrecimiento de dinero y ayuda a la menor; sin embargo, en el Auto Interlocutorio ahora impugnado, la autoridad codemandada sustituyó tales fundamentos por circunstancias nuevas -no consideradas en la decisión inicial-relativas a su conducta anterior y posterior y, especialmente, a la vulnerabilidad de la menor. Al hacerlo, generó un razonamiento arbitrario, pues llegó a exigir al imputado “…desvirtuar la vulnerabilidad de la menor víctima…” (sic), exigencia ilógica e imposible, por cuanto equivaldría a demostrar que la menor dejó de ser mujer y menor de edad; y, b) Omitió valorar objetivamente los nuevos elementos aportados, ya que dirigió su análisis hacia hechos impertinentes -como determinar si la menor asistió a clases determinados meses; si declaró que su agresor era director o profesor, o si se trasladó posteriormente a la ciudad de Sucre-, aspectos que no guardan relación con el objeto de valoración, consistente en establecer si persiste un peligro efectivo para la víctima o la sociedad. Por el contrario, a partir de una correcta evaluación de los nuevos elementos de convicción -entre ellos, el Informe DNBL 001/23 de 15 de mayo de 2023; la certificación de la misma fecha emitida por el director de la Unidad Educativa Baldomero López; el Informe NBL 001 de igual data del Director Distrital de Educación de Huacareta del departamento de Chuquisaca; y, la solicitud de retiro del cargo de 17 de abril del mismo año- era posible concluir en la desaparición de los motivos originales del peligro, pues tales documentos acreditaban: que su persona nunca fue profesor de la menor -quien refirió que su agresor era su profesor de primaria-, lo cual eliminaba el fundamento central del riesgo; que la menor ya no era alumna regular de la unidad educativa desde abril de 2023; que su persona dejó de ejercer el cargo de director; y, que, inclusive, se encontraba jubilado, rompiendo con ello cualquier relación de dependencia o autoridad entre ambos. No obstante, la autoridad codemandada calificó estos elementos como irrelevantes y concluyó, sin motivación suficiente, que su persona aun constituía un peligro efectivo para la víctima, evidenciándose así una fundamentación arbitraria e insuficiente. Por otro lado, la Vocal demandada, al pronunciar el Auto de Vista 321/2023, incurrió en un acto indebido, puesto que: 1) Sostuvo que el Juez codemandado precisó adecuadamente los motivos de la detención preventiva y que analizó la prueba presentada en su solicitud de cesación a la detención preventiva, únicamente reproduciendo los argumentos de la Resolución apelada, sin contrastar si el citado Juez identificó los motivos originales del riesgo, si los verificó y si los nuevos elementos aportados eran idóneos para desvirtuarlos; y, 2) Se limitó a considerar “intrascendente” la alegación de que su persona nunca fue profesor de la menor, sin examinar su relevancia respecto del motivo original del riesgo: esto es, la relación de dependencia director-alumna y la supuesta confianza ganada por la posición de autoridad.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 23, 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita: “…SE CONCEDA LA TUTELA DE MI LEGITIMO DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 83 a 101 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que, su petitorio concreto consiste en que, se deje sin efecto el Auto de Vista 321/2023 y que, en consecuencia, se ordene a la Vocal demandada emita uno nuevo debidamente motivado y coherente, en el que explique de manera fundada las conductas anteriores y posteriores atribuidas a su persona y la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP.
Sandra Medrano Bautista, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito cursante de fs. 81 a 82, solicitó se deniegue la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: i) El 30 de junio de 2023 se llevó a cabo la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, declarándose improcedentes los agravios planteados por su defensa; ii) Los cuestionamientos estaban vinculados a la supuesta falta de valoración de nuevos elementos probatorios destinados a desvirtuar el peligro procesal y a una presunta motivación arbitraria; sin embargo, revisado el Auto Interlocutorio 50/23, se verificó que el Juez codemandado sí analizó cada uno de esos elementos -informes, certificaciones y la renuncia del imputado al cargo de director- concluyendo que no desvirtuaban el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, fundamentado en la vulnerabilidad de la víctima; iii) Se aplicó la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, relativa a la evaluación del peligro procesal en casos que involucran víctimas vulnerables; y, iv) El Auto de Vista 321/2023 fue emitido conforme a lo establecido en el art. 398 del referido Código, sin vulnerar derechos del impetrante de tutela. Oscar Tito Cervantes Nava, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huacareta del departamento de Chuquisaca, por informe escrito cursante de fs. 78 a 80, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: a) El impetrante de tutela -imputado- solicitó la cesación de su detención preventiva alegando que, ya no ejercía el cargo de director de la Unidad Educativa Baldomero López; por lo que, consideró desvirtuado el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP; sin embargo, dicho extremo fue irrelevante, dado que la conducta desplegada por el peticionante de tutela antes y después del hecho demostraba un riesgo persistente para la víctima, una adolescente de catorce años, cuya especial situación de vulnerabilidad fue acreditada mediante informes psicológicos y demás elementos de convicción; b) Conforme al art. 60 de la CPE, a la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0394/2018-S2 y a estándares interamericanos, la declaración de la víctima y la valoración integral de la prueba evidenciaron un peligro real y efectivo para su integridad, máxime considerando que el accionante era su vecino y mantenía contacto directo y cotidiano con ella; y, c) Tampoco se desvirtuó el peligro de obstaculización del art. 235.2 del adjetivo penal, pues no se acreditó que la víctima residiera en la ciudad de Sucre, y el Ministerio Público presentó elementos adicionales relativos a una investigación por encubrimiento que demostraban la persistencia de una influencia negativa sobre la menor.
“Luis Barrios”, Fiscal de Materia, señaló que: 1) Mediante Auto Interlocutorio 50/23, el Juez codemandado rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el impetrante de tutela, disponiendo que se mantuviera la medida cautelar; 2) El peticionante de tutela, en su calidad de director y maestro de la unidad educativa donde estudiaba la víctima, sostuvo relaciones sexuales con la menor en diversas ocasiones, aprovechando su vulnerabilidad, lo que representaba un peligro inminente para ella y la sociedad; 3) El informe psicológico de 17 de marzo de 2023 evidenció que la víctima fue intimidada y amenazada por el accionante, lo que generó temor y reticencia a denunciar los hechos; y, 4) No existían elementos nuevos que desvirtuaran los motivos de la detención preventiva, y la vulnerabilidad de la víctima requería protección reforzada según la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ello, concluyó que la solicitud de cesación de la detención preventiva debía ser rechazada, al igual que la acción de libertad interpuesta por la defensa, dado que no se vulneró derecho alguno del imputado y persistían los riesgos procesales y el peligro para la menor víctima de agresión sexual.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 02/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 102 a 112, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante centró sus denuncias en supuestas actuaciones arbitrarias atribuidas tanto a la autoridad a quo como a la autoridad ad quem, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada; sin embargo, en la audiencia de garantías éste se limitó a solicitar la concesión de la tutela y reiterar su pedido de que se emita una nueva resolución fundamentada por parte de la Vocal de alzada, de donde se evidencia que el prenombrado cuestionó exclusivamente la resolución de cierre; es decir, el Auto de Vista impugnado; ii) El impetrante de tutela alegó que el Juez codemandado no valoró adecuadamente los nuevos elementos probatorios destinados a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP; no obstante, confundió la naturaleza de la acción de libertad con la de un recurso de apelación incidental propio del proceso penal ordinario, siendo que la acción de libertad constituye un mecanismo de tutela inmediata ante la afectación de un derecho fundamental, y no un medio para revalorizar pruebas o revisar criterios de mérito ya analizados por las autoridades competentes en sede ordinaria; iii) En el Auto de Vista 321/2023, la Vocal demandada detalló los reclamos del apelante respecto a una supuesta defectuosa valoración probatoria por parte del Juez codemandado; abordó cada aspecto, aplicando las reglas de la sana crítica y revisando los elementos destinados a desvirtuar los riesgos procesales fijados en el Auto Interlocutorio 24/23, especialmente los vinculados a los arts. 234.7 y 235.2 del referido Código; iv) Respecto al art. 234.7 del adjetivo penal, la autoridad demandada explicó que el peligro de fuga no se sustentó exclusivamente en la condición del acusado como director de la Unidad Educativa Baldomero López, sino en la conducta que éste exteriorizó antes y después de los hechos, al utilizar su posición para ganarse la confianza de la menor, trasladarla a distintos lugares, entregarle regalos y mantener una comunicación continua con ella, configurando así un cuadro claro de vulnerabilidad y subordinación; en ese sentido, las dos autoridades demandadas coincidieron en que los elementos nuevos presentados por el peticionante de tutela -incluyendo la renuncia a su cargo de director, las certificaciones emitidas por la Unidad Educativa o los informes sobre el lugar de residencia de la víctima-, que presuntamente acreditaban su renuncia, jubilación o el hecho de que ya no tuviera contacto directo con la referida Unidad Educativa, no desvirtuaban los fundamentos esenciales del riesgo procesal inicialmente determinado; v) Respecto al art. 235.2 del CPP, la Vocal demandada reconoció que el Juez codemandado no valoró adecuadamente un informe sobre la presencia de la víctima en lugar de detención del accionante; sin embargo, aclaró que esa observación no modificaba la existencia del peligro de obstaculización inicial, sustentado en declaraciones de la víctima que reportaron amenazas relacionadas con sus estudios y con su madre; para ello, recordó que los testimonios de víctimas menores de violencia sexual poseen presunción de veracidad conforme establece el art. 193 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; por consiguiente, la indicada autoridad corrigió los excesos argumentativos del Juez codemandado, pero mantuvo la subsistencia del riesgo procesal; y, vi) En cuanto a la presunta lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, permitió activar la acción de libertad en casos de indebido procesamiento cuando la afectación al debido proceso colocaba al accionante en estado de indefensión o cuando éste hubiese agotado previamente los medios de impugnación ordinarios; a partir de esa línea jurisprudencial, el impetrante de tutela tenía la obligación de demostrar: que las autoridades demandadas lo colocaron en absoluto estado de indefensión; que existieron omisiones groseras en la fundamentación de las resoluciones; y, que sus reclamos se vincularon directamente con su derecho a la libertad física o personal; sin embargo, tales requisitos no fueron acreditados.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 115), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 119); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 24/23 de 19 de marzo de 2023, Oscar Tito Cervantes Nava, Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huacareta del departamento de Chuquisaca -ahora codemandado-, ordenó la detención preventiva de Rodolfo Roso Romero -hoy accionante- a cumplir en la Carceleta de Monteagudo del referido departamento por el lapso de cinco meses (fs. 14 a 16 vta.). II.2. Consta Auto de Vista 321/2023 de 30 de junio, por el que Sandra Medrano Bautista, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandada-, declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 50/23 de 25 de igual mes y año, que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de este último (fs. 32 a 37).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Juez codemandado, al dictar el Auto Interlocutorio 50/23: a) No analizó su solicitud de cesación a la detención preventiva con base en los motivos originales que sustentaron el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP; y, b) Omitió valorar de manera objetiva los nuevos elementos de convicción, orientando su análisis hacia hechos impertinentes -como la asistencia escolar de la menor, la forma en que identificó a su presunto agresor o su posterior traslado de localidad-, pese a que una evaluación adecuada permitía concluir la desaparición de las circunstancias que originaron el riesgo procesal. Asimismo, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 321/2023: 1) Se limitó a reproducir los argumentos del Juez codemandado sin verificar si identificó adecuadamente los motivos originales del riesgo ni si los nuevos elementos eran suficientes para desvirtuarlo; y, 2) No respondió al agravio relativo a la razón por la cual se calificó como “intrascendente” el hecho de que su persona nunca hubiera sido profesor de la menor, omitiendo analizar la incidencia de ese extremo en el fundamento original del riesgo procesal, sustentado precisamente en la supuesta relación de dependencia entre director y alumna. Ante ello, la Vocal demandada señala que: i) El Juez codemandado sí analizó cada uno de los elementos de convicción adjuntos a la solicitud del peticionante de tutela, concluyendo que no desvirtuaban el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP; y, ii) El Auto de Vista 321/2023 se emitió conforme a lo establecido en el art. 398 del CPP, sin vulnerar derechos del accionante. Por su parte, el Juez codemandado sostiene que: a) El hecho de que el impetrante de tutela ya no ejerza el cargo de director de la Unidad Educativa Baldomero López, es irrelevante, pues su conducta desplegada antes y después del hecho demostró un riesgo persistente para la víctima; y, b) El Ministerio Público presentó elementos adicionales relativos a una investigación por encubrimiento que demostraban la persistencia de una influencia negativa sobre la menor. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “…la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
Previamente, corresponde precisar que la presente acción de defensa fue dirigida contra dos actos procesales concretos: el Auto Interlocutorio 50/23 de 25 de junio de 2023, emitido por el Juez codemandado, y el Auto de Vista 321/2023 de 30 de junio, pronunciado por la Vocal demandada (Conclusión II.2); ambos conforman una misma secuencia procesal cuyo desenlace recae en la autoridad de alzada, llamada por ley a revisar la decisión inicial del Juez a quo. En este marco, la cuestión central a dilucidar radica en el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva y en su posterior revisión en segunda instancia, siendo esta última la que, al conocer el recurso de apelación incidental interpuesto, examinó la fundamentación y legalidad de la resolución inferior. Por ello, el análisis constitucional se centrará exclusivamente en la actuación de la Vocal demandada, quien tenía la competencia -y el deber- de confirmar, corregir o modificar la determinación del Juez codemandado conforme a la normativa procesal aplicable; por consiguiente, corresponde denegar la tutela respecto a este último por subsidiariedad.
Delimitado como está el ámbito de análisis, se advierte que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, el accionante se encontraba sometido a detención preventiva conforme al Auto Interlocutorio 24/23 de 19 de marzo de 2023 (Conclusión II.1), emitido por el Juez codemandado. Con el fin de obtener su libertad, promovió una solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 50/23. Contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación incidental, que dio lugar a la emisión del Auto de Vista 321/2023 por la Vocal demandada. Según el impetrante de tutela, en esa resolución la autoridad de alzada: 1) Se limitó a reproducir los argumentos del Juez codemandado sin verificar si este identificó adecuadamente los motivos originales del riesgo procesal ni si los nuevos elementos aportados eran suficientes para desvirtuarlo; y, 2) Omitió pronunciarse sobre su cuestionamiento relativo a por qué se calificó como “intrascendente” el hecho de que nunca hubiera sido profesor de la menor, sin analizar la incidencia de ese dato en el fundamento del riesgo procesal, sustentado precisamente en una supuesta relación de dependencia entre director y alumna. En este contexto, resulta evidente que ambos agravios guardan una relación directa y sustancial, pues convergen en un mismo reproche: la presunta falta de un análisis integral, crítico y ponderado por parte de la Vocal demandada respecto de los motivos que justificaron la incorporación del peligro de fuga y la incidencia de los nuevos elementos ofrecidos por el accionante. Por ello, a efectos de verificar si lo alegado por el peticionante de tutela en verdad constituye agravio, corresponde abordar ambos puntos de manera conjunta, desde una perspectiva unitaria, que permita examinar de forma coherente la suficiencia de la fundamentación impugnada y la pertinencia del análisis de los nuevos elementos introducidos. Bajo esa comprensión, mediante Auto de Vista 321/2023, la Vocal demandada señaló que, del análisis del Auto Interlocutorio impugnado, se advierte que, el Juez a quo motivó adecuadamente su decisión al advertir que el informe que situaba a la víctima en la ciudad de Sucre desde marzo de 2023 resultaba contradictorio con la certificación escolar que acreditaba su asistencia a clases hasta abril, y consideró irrelevante que el accionante afirmara no haber sido profesor de la menor o que ya no ejerciera el cargo de director dentro de la Unidad Educativa Baldomero López, pues la medida cautelar se fundamentó en la conducta asumida antes, durante y después de los hechos, la cual generó un peligro efectivo para la víctima, al aprovechar su posición jerárquica para vulnerar sus derechos. De lo expuesto se advierte que, la Vocal demandada sí fundamentó su decisión, puesto que los dos aspectos que el impetrante de tutela ahora cuestiona del Auto de Vista 321/2023 fueron expresamente analizados en su razonamiento. En primer término, identificó los supuestos fácticos que sustentaron la incorporación del peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, precisando que la medida cautelar no se basó en la condición del accionante como profesor de la víctima, sino en su calidad de director del establecimiento educativo donde esta estudiaba; y, destacó que la imposición de la medida se apoyó en la conducta asumida por el mismo antes, durante y después de los hechos denunciados, conducta que habría generado un riesgo real de vulneración a los derechos de la menor víctima de violencia sexual. Asimismo, al valorar la documentación presentada -las que acreditarían que el impetrante de tutela no era profesor de la menor o que ya no ejercía el cargo de director de la Unidad Educativa Baldomero López-, la Vocal demandada concluyó que tales elementos no eran idóneos para desvirtuar los fundamentos que dieron origen al peligro de fuga, puesto que, la medida cautelar no se sustentó únicamente en el cargo que ostentaba el accionante, sino en la percepción intersubjetiva que ideó la víctima a partir de la relación de poder director-alumna y en el modo en que esta se proyectó a través de los elementos contextuales y conductuales atribuidos al accionante antes y después de la presunta comisión del hecho ilícito. Son tales circunstancias, y no la existencia o vigencia del cargo formal, las que configuraron un peligro efectivo para la víctima, razón por la cual la Vocal demandada calificó como intrascendente aquellos aportes informativos. En consecuencia, al demostrarse que la autoridad demandada no se limitó únicamente a reproducir los fundamentos expuestos por el Juez codemandado, sino, por el contrario, valoró objetivamente los nuevos elementos de convicción proporcionados por el impetrante de tutela y fundamentó de manera suficiente las razones por las cuales estos no desvirtuaron los motivos que fundaron la incorporación inicial del peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, lo alegado por el prenombrado no constituye agravio y, por ende, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 102 a 112, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0096_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0330d101d76cf804efcd09a6bc84b768a8cdd30fe262c5d2434867ae35841621
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