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SCP 0095/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57252-2023-115-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, toda vez que: a) La Jueza codemandada, mediante Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin fundamentar de manera suficiente: 1) Las razones por las cuales el informe social, elaborado por una profesional idónea y obtenido a través de requerimiento fiscal, carecería de valor o relevancia probatoria; 2) Los motivos por los que su persona continuaría representando un peligro efectivo para la sociedad, pese a encontrarse privada de libertad, ser madre soltera y padecer una enfermedad grave; y, 3) Qué testigos podían ser influenciados ni de qué manera, pese a que el investigador asignado al caso informó que no existían otros testigos identificados; y, b) La Vocal demandada, a través de Auto de Vista 170/2023: i) No emitió criterio alguno respecto al peligro de obstaculización; y, ii) Mantuvo su detención preventiva y los peligros procesales sobre meras presunciones. Ante ello, la Vocal demandada señala que: a) Se mantuvo firme la detención preventiva de la impetrante de tutela tomando en cuenta que tenía una salida alternativa previa por el mismo delito; y, b) Respecto a la falta de pronunciamiento sobre el peligro de obstaculización, la peticionante de tutela no solicitó explicación, complementación o enmienda; por lo que, no es posible activar la acción de libertad para cuestionar por primera vez tal omisión. Por su parte, la Jueza codemandada no presentó informe escrito alguno, tampoco se conectó a la audiencia de gara…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 60/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al debido proceso en su elemento congruencia; y, por consiguiente, se deja sin efecto el Auto de Vista 170/2023 de 27 de junio pronunciado por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, disponiendo que, en el plazo de setenta y dos horas, dicha autoridad -o la que se encuentre actualmente en ejercicio- emita uno nuevo, respondiendo de forma fundamentada y motivada a todos los agravios expuestos por la accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo la situación de la parte accionante ya se hubiese modificado; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la presunción de inocencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la congruencia como componente del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57252-2023-115-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 60/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por AA contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante a fs. 1; y, 12 a 15, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 25 de mayo de 2023 Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija -codemandada-, dispuso su detención preventiva activando la probabilidad de autoría y los peligros procesales de fuga y obstaculización conforme los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Dicha autoridad fundamentó la probabilidad de autoría en el hallazgo de sustancias controladas dentro de su habitación tras el ingreso policial a su inmueble. Respecto al peligro de fuga, argumentó que el tráfico de sustancias controladas afectaba a menores y adolescentes y que la sociedad era víctima del hecho, por lo que la imputada representaba un peligro efectivo. Sobre el peligro de obstaculización, sostuvo que la investigación se encontraba en etapa inicial, que el delito era complejo y que faltaban diligencias como inspección ocular, pericia toxicológica y declaraciones de los policías intervinientes. El 20 de junio de 2023 se desarrolló la audiencia de cesación a la detención preventiva ante la Jueza codemandada. Su defensa presentó nuevos elementos destinados a demostrar la disminución de los peligros procesales y la procedencia de la sustitución de la medida conforme al art. 239.1 del CPP. Sin embargo, la referida Jueza rechazó su solicitud mediante Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, basándose en presunciones abstractas y sin fundamentación suficiente. La Juez codemandada consideró insuficiente un informe social en el que el coimputado dentro del proceso penal afirmó haber ocultado las sustancias aprovechando su ausencia, pues tal informe no constituía una declaración ampliatoria y que la propiedad del inmueble donde se hallaron las sustancias mantenía su probabilidad de autoría; empero, no explicó por qué un informe social elaborado por una profesional idónea y obtenido mediante requerimiento fiscal no podía tener valor relevante. En relación con el peligro de fuga, la Jueza codemandada sostuvo que, el informe social, el certificado médico forense, los certificados de estudio de la hija menor y la acreditación de que su persona padece Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) no eran suficientes para disminuir el riesgo, reiterando que se trataba de un delito donde las víctimas eran menores y que existía flagrancia; no obstante, no explicó por qué su persona seguía representando un peligro efectivo para la sociedad pese a encontrarse detenida, ser madre soltera y padecer una enfermedad grave. Sobre el peligro de obstaculización, la autoridad codemandada afirmó que no había transcurrido un mes desde su imputación formal, que faltaban diligencias pendientes como la pericia toxicológica y las declaraciones de los policías que participaron en el operativo y que el delito tiene estructura compleja. Así, invocando la SC 0301/2011-R de 29 de marzo, sostuvo que dicho riesgo subsistía hasta la ejecutoría de la sentencia, sin precisar qué testigos podían ser influenciados ni de qué manera, pese a que el investigador asignado informó que no existían otros testigos identificados. Recurrida en apelación incidental tal determinación, el 27 de junio de 2023 Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -demandada-, por Auto de Vista 170/2023, confirmó la decisión de primera instancia, sosteniendo que no se desvirtuó la probabilidad de autoría, pues el informe social no equivalía a una declaración informativa ampliatoria y que su persona tenía conocimiento de la comercialización de sustancias. Indicó que la Jueza codemandada aplicó la sana crítica y que la defensa no desvirtuó el peligro de fuga, señalando, además, que su persona tenía hijas mayores que podían asumir el cuidado de la menor y que su enfermedad no se hallaba en etapa terminal. Por otro lado, respecto al peligro de obstaculización, la autoridad demandada no emitió criterio alguno. Al respecto, ambas autoridades omitieron su deber de motivación y fundamentación, puesto que su detención preventiva y los peligros procesales fueron mantenidos sobre meras presunciones.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se anule el Auto de Vista “…151/2023–SP2, de fecha 6 de junio…” (sic) -se entiende Auto de Vista 170/2023-; y, b) Se ordene a la Vocal demandada convoque a nueva audiencia en el plazo de veinticuatro horas y pronuncie uno nuevo que responda de manera lógica, objetiva, coherente y completa a los agravios presentados en su recurso de apelación incidental.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de julio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 22 a 23, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: 1) La Sala Penal a su cargo no cuenta con los antecedentes porque ya fueron devueltos al Juzgado de origen tras emitirse el Auto de Vista 170/2023; 2) Tomando en cuenta que los imputados -incluida la accionante- tenían una salida alternativa previa por tráfico de sustancias controladas, sobre esa base, se mantuvo firme el Auto Interlocutorio apelado; 3) Aplicó un test de proporcionalidad, concluyendo que correspondía mantener incólume la detención preventiva como medida de última ratio; por ello, el citado Auto de Vista cumplió con la debida fundamentación y motivación; y, 4) Respecto al reclamo de no pronunciarse sobre el peligro de obstaculización, la impetrante de tutela no solicitó explicación, complementación o enmienda, razón por la cual el mencionado Auto de Vista quedó firme; en ese sentido, no es posible activar la acción de libertad para cuestionar por primera vez la referida omisión. Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, no presentó informe escrito alguno, ni se conectó a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 20.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 60/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 29 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Las resoluciones cuestionadas contienen fundamentos lógicos y comprensibles y que, ante cualquier defecto de motivación o valoración probatoria, la vía idónea es el recurso de apelación incidental, el cual fue efectivamente planteado; por ello, corresponde examinar el Auto de Vista 170/2023 emitido por la Vocal demandada; ii) De la revisión del Auto de Vista cuestionado, los agravios de la peticionante de tutela no revelan vulneración de derechos fundamentales, dado que la Vocal demanda no se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad al señalar que la Jueza codemandada estableció correctamente la probabilidad de autoría, pues el informe social presentado por la defensa no tenía valor de declaración informativa ampliatoria y no desvirtuaba dicho extremo; además, consideró también que la accionante tenía conocimiento de la comercialización de sustancias controladas y que la droga fue hallada en su dormitorio, por lo que, la citada Jueza aplicó adecuadamente la sana crítica; iii) Respecto a los peligros procesales, la Vocal demandada indicó que los elementos ofrecidos por la accionante no desvirtuaban el riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP, ya que la prenombrada contaba con dos hijas mayores que cuidaban de la menor de ocho años, y su enfermedad VIH/SIDA no se encontraba en etapa terminal, según certificación forense; con base en ello, concluyó que la fundamentación de la Jueza codemandada respondía a criterios de coherencia y razonabilidad; iv) La declaración del coimputado dentro del proceso penal, quien afirmó que la impetrante de tutela desconocía la existencia de la sustancia controlada, no resultaba lógica ni congruente con el hallazgo en su habitación, máxime cuando existían lazos familiares y antecedentes penales por el mismo delito, incluida una sentencia condenatoria en procedimiento abreviado; v) Si bien el Auto de Vista 170/2023 no contiene un pronunciamiento expreso sobre el peligro de obstaculización, tal omisión no justificaba la procedencia de la acción de libertad, pues la defensa debió solicitar complementación oral durante la audiencia; además, el propio abogado de la peticionante de tutela manifestó que la Vocal demandada se pronunció sobre el punto, aunque no quedó consignado en el acta; y, vi) No existió vulneración del derecho a la libertad ni de la presunción de inocencia, dado que los peligros procesales se encontraban consolidados y las medidas cautelares son provisionales, por lo que nada obsta pueda presentar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 37), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 41); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija -ahora codemandada-, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de AA -hoy accionante- (fs. 3 vta. a 8). II.2. Mediante Auto de Vista 170/2023 de 27 de junio, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada-, declaró “SIN LUGAR” el recurso de apelación incidental interpuesto por la impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 20 de igual mes y año (fs. 9 a 11 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, toda vez que: a) La Jueza codemandada, mediante Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin fundamentar de manera suficiente: 1) Las razones por las cuales el informe social, elaborado por una profesional idónea y obtenido a través de requerimiento fiscal, carecería de valor o relevancia probatoria; 2) Los motivos por los que su persona continuaría representando un peligro efectivo para la sociedad, pese a encontrarse privada de libertad, ser madre soltera y padecer una enfermedad grave; y, 3) Qué testigos podían ser influenciados ni de qué manera, pese a que el investigador asignado al caso informó que no existían otros testigos identificados; y, b) La Vocal demandada, a través de Auto de Vista 170/2023: i) No emitió criterio alguno respecto al peligro de obstaculización; y, ii) Mantuvo su detención preventiva y los peligros procesales sobre meras presunciones. Ante ello, la Vocal demandada señala que: a) Se mantuvo firme la detención preventiva de la impetrante de tutela tomando en cuenta que tenía una salida alternativa previa por el mismo delito; y, b) Respecto a la falta de pronunciamiento sobre el peligro de obstaculización, la peticionante de tutela no solicitó explicación, complementación o enmienda; por lo que, no es posible activar la acción de libertad para cuestionar por primera vez tal omisión. Por su parte, la Jueza codemandada no presentó informe escrito alguno, tampoco se conectó a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la congruencia como componente del debido proceso

La SCP 1083/2014 de 10 de junio estableció que, sumado a la exigencia de la motivación y fundamentación, el debido proceso comprende la congruencia, entendiendo así: “…la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Análisis del caso concreto

Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde precisar que, de la revisión de los antecedentes procesales, se evidencia que el Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023 (Conclusión II.1), emitido por la Jueza codemandada y denunciado como lesivo de derechos fundamentales, fue objeto de revisión mediante recurso de apelación incidental, resuelto por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 170/2023 de 27 de junio (Conclusión II.2). Dicho medio de impugnación fue activado con la finalidad de obtener la corrección de las presuntas vulneraciones denunciadas y permitió, además, el agotamiento de la jurisdicción ordinaria.

En ese entendido, la actuación de la Jueza codemandada no constituye el último acto decisorio con aptitud para generar un agravio actual y directo, por cuanto sus determinaciones fueron sustituidas por la resolución de alzada, que pasó a constituirse en el acto definitivo dentro del iter procesal. En consecuencia, de acuerdo al principio de subsidiariedad excepcional que rige la presente acción de defensa -SCP 0900/2012 de 22 de agosto-, este Tribunal se encuentra habilitado únicamente para ejercer control constitucional sobre la última resolución judicial que, en el caso concreto, corresponde al Auto de Vista 170/2023, acto cuya anulación -se entiende- es solicitada en el petitorio. Por consiguiente, respecto a la Jueza codemandada, corresponde rechazar la acción de libertad sin ingresar al análisis de fondo de su actuación, al no cumplirse el principio de subsidiariedad. Delimitada la problemática planteada, corresponde precisar que la impetrante de tutela atribuye a la Vocal demandada dos agravios en la emisión del Auto de Vista 170/2023: 1) La falta de pronunciamiento concreto respecto al peligro de obstaculización; y, 2) La insuficiente fundamentación para mantener la detención preventiva y la concurrencia de los riesgos procesales, alegando que éstos se establecieron sobre la base de meras presunciones. Respecto al punto a), de la revisión del acta de audiencia de apelación incidental, se constata que la accionante formuló los siguientes agravios respecto al peligro de obstaculización: i) La Jueza a quo afirmó que su persona llevaba apenas un mes detenida y que aún no cumplió el plazo de la detención preventiva, sin considerar que las medidas cautelares se rigen por los principios de temporalidad y presunción de inocencia; ii) Se presentó un informe del investigador asignado al caso en el que se indicó que no existían testigos ni copartícipes, extremo que no fue valorado por la Jueza a quo; iii) La inspección ocular ya se realizó y, en consecuencia, no existía forma alguna de que su persona pudiera obstaculizar la investigación, incluso respecto del perito, quien no se encuentra en la localidad de Villa Montes; y, iv) Debió valorarse su conducta procesal antes, durante y después del proceso y que la decisión cuestionada se sustentó en meras presunciones. En mérito a ello, solicitó la revocatoria del Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023 y la aplicación del art. 231 Bis del CPP. Estos agravios fueron los que aperturaron la competencia de la Vocal demandada para la emisión de un pronunciamiento expreso que explicara, con referencia al caso específico, si los elementos aportados desvirtuaban o no el peligro de obstaculización. No obstante, del contenido del Auto de Vista 170/2023, se advierte que la Vocal demandada refirió únicamente lo siguiente: “Por lo que haciendo un test de proporcionalidad en cuanto a los derechos vulnerados, corresponde aplicar los derechos de la sociedad que son las víctimas directas, por lo que se puede advertir que cada uno de los elementos presentados por la defensa han tenido una debida y correcta valoración por parte de la Jueza a quo, inclusive en cuanto a lo señalado por la defensa al momento de referirse en cuanto al informe del asignado al caso sobre la identificación de testigos que tengan conocimiento del ilicito y así la designación del perito de toxicologia con la finalidad de realizar la pericia toxicológica, por lo que se tiene en consecuencia que de manera individual y luego integral ha realizado una debida fundamentación y correcta motivación en cuanto a los elementos probatorios…” (sic). Ahora bien, descritos como fueron estos antecedentes, corresponde acudir al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el que se dejó claramente establecido que, al margen de la exigencia de motivación y fundamentación en las resoluciones judiciales, el debido proceso comprende también el deber de cumplir con el principio de congruencia en su dimensión externa, entendida como la necesaria correlación entre todos los puntos que fueron objeto del planteamiento de los sujetos procesales y la decisión asumida por la autoridad judicial. En el caso concreto se advierte que, frente a los agravios formulados, referidos al peligro de obstaculización, la Vocal demandada se limitó a efectuar afirmaciones genéricas en torno a la supuesta “correcta valoración” realizada por la Jueza a quo, aludiendo de manera abstracta a la existencia de actos investigativos pendientes y, de forma meramente enunciativa, a la realización de un test de proporcionalidad, sin explicar por qué los argumentos defensivos expuestos resultaban insuficientes para desvirtuarlo. Esta forma de razonar evidencia que la autoridad demandada omitió dar una respuesta directa, específica y vinculada al reclamo planteado, sustituyendo el análisis exigible por consideraciones abstractas y conclusiones genéricas, carentes de una mínima referencia analítica al caso concreto, pues, en definitiva, a través del Auto de Vista cuestionado, la Vocal demandada se limitó a cohonestar acríticamente la decisión de la Jueza a quo, sin desarrollar un razonamiento propio que permitiera comprender las razones jurídicas y fácticas que justificaban la persistencia del peligro de obstaculización. Este déficit configura una lesión al debido proceso en su elemento congruencia, en tanto priva a la impetrante de tutela de conocer las razones objetivas y verificables por las cuales su agravio fue desestimado, impidiéndole ejercer un control efectivo sobre la decisión judicial y generando incertidumbre respecto a los fundamentos que, en lo sucesivo, sostienen la subsistencia del referido peligro procesal en su situación jurídica. Por otro lado, al advertirse que ese defecto se produce en el marco de una resolución que resuelve una solicitud de cesación a la detención preventiva, se entiende que este incide de manera directa en el derecho a la libertad personal, lo que justifica la concesión de la tutela impetrada en este extremo. En cuanto al punto b), referido a la presunta insuficiencia de fundamentación para mantener la detención preventiva y la concurrencia de los riesgos procesales, este Tribunal advierte que tal aspecto se encuentra íntimamente vinculado al análisis del peligro de obstaculización, cuya falta de pronunciamiento concreto fue previamente constatado. En ese entendido, y en mérito a la concesión de la tutela respecto al primer agravio, corresponde establecer que dicho análisis deberá ser nuevamente efectuado por la Vocal demandada, al momento de emitir un nuevo pronunciamiento, con estricta observancia del deber de fundamentación exigible en el régimen de medidas cautelares. Asimismo, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar a efectuar una valoración sustantiva sobre la concurrencia o no de los peligros procesales, pues ello implicaría reexaminar el fondo de la decisión, lo cual excede el ámbito del control constitucional. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión al derecho a la presunción de inocencia, se constata que dicho agravio fue sustentado sobre los mismos fundamentos fácticos y jurídicos que respaldaron la denuncia de lesión a la libertad. En ese entendido, y habida cuenta de que tal extremo ya fue analizado y resuelto, no corresponde efectuar un pronunciamiento adicional sobre los mismos, a fin de evitar reiteraciones innecesarias. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 60/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al debido proceso en su elemento congruencia; y, por consiguiente, se deja sin efecto el Auto de Vista 170/2023 de 27 de junio pronunciado por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, disponiendo que, en el plazo de setenta y dos horas, dicha autoridad -o la que se encuentre actualmente en ejercicio- emita uno nuevo, respondiendo de forma fundamentada y motivada a todos los agravios expuestos por la accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo la situación de la parte accionante ya se hubiese modificado; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la presunción de inocencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0095_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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