Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 24 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral -al pertenecer a un grupo de protección reforzada como son las personas con debilidad manifiesta y enfermedades crónicas-, a la vida, a la salud; y, a la seguridad social; por cuanto, mediante Acción de Personal 955/2021, la entidad accionada le hizo conocer que su relación laboral con el BCB concluía al finalizar la jornada laboral del 19 de marzo de 2021, decisión arbitraria por cuanto ésta tenía pleno conocimiento de las enfermedades crónicas, graves e incurables que padece desde la gestión 2018, como síndrome de Sjögren con compromiso pulmonar y hepático, lupus erimatoso sistémico, esclerosis sistémica con compromiso pulmonar y hepático; y, osteoporosis, situación por la que requiere de exámenes médicos constantes con diferentes especialidades médicas por las características de las enfermedades, como de tratamiento y medicación diaria; constituyendo su retiro un agravante para el deterioro de su salud.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 238/2021 de 8 de noviembre, cursante de fs. 514 a 523, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada sólo respecto al pago de sueldos devengados, al pertenecer la accionante a un grupo de protección reforzada como son las personas con debilidad manifiesta y enfermedades crónicas; y, 2° DENEGAR en cuanto a su solicitud de reincorporación, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2023-S3 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 44633-2022-90-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 238/2021 de 8 de noviembre, cursante de fs. 514 a 523, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amalia Choquehuanca Zeballos contra Edwin Roger Rojas Ulo; Presidente a.i., Rubén Gonzalo Ticona Chique y Pavel Alex Pérez Armata, ex y actual Gerente General a.i.; Silvia Eugenia Coronel Quisbert, Gerente de Recursos Humanos (RR.HH.); y, Adrián Rodrigo Mamani Apaza y Maritza Saravia Quisbert, ex y actual Jefe del Departamento de Compensaciones y Registro a.i., todos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Por memoriales presentados el 17 de septiembre y 8 de octubre, ambos de 2021, cursantes de fs. 121 a 136; y, 142 a 148, la accionante manifestó lo siguiente:
El 2010 se presentó a la convocatoria interna para acceder al cargo de archivista que se encontraba en acefalia e ingresó a trabajar al BCB con designación realizada mediante Acción de Personal 447/2010 -no precisa fecha-; posteriormente, accedió al cargo de supervisor de archivo, procediéndose su nombramiento mediante Acción de Personal 549/2012 de 18 de octubre, dependiente de la Sub Gerencia de Gestión Documental y Biblioteca, Departamento de Gestión Documental del BCB; por lo que, su ingreso a la carrera administrativa fue registrado mediante Certificado: 000500-CC-680/2014 “…REGISTRO DE AMALIA CHOQUEHUANCA ZEBALLOS…” (sic), número 3435973-CC consignado en el Registro Único Estatal de la Servidora y Servidor Público (RUESS), certificado otorgado por la Dirección del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; siendo por ello que tiene una relación laboral con el BCB, permanente y reconocida de diez años, siete meses y diecisiete días sin interrupción, de los cuales ocho años, siete meses y diecisiete días, fueron como funcionaria de carrera; sin embargo, el 5 de marzo de 2021, le hicieron entrega de la Acción de Personal 357/2021, que señalaba que en atención a la Comunicación Interna BCB-GGRAL-CI-2021-133 de la misma fecha y en cumplimiento a la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo (DS) 4469 de 3 de marzo de 2021, a partir de esa fecha se constituía en funcionaria provisoria en virtud al art. 59 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), aprobado mediante DS 26115 de 16 de marzo de 2001, por haber dejado de estar comprendida en el alcance del art. 7.II del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-. Manifiesta que, a los diez días de que la constituyeran en funcionaria provisoria, el 19 de marzo de 2021 fue notificada con la Acción de Personal 955/2021 de 18 de igual mes y año- “Funcionario Provisorio-Retiro”, indicando que en atención a la Comunicación Interna BCB GADM-CI-2021-36 de 18 de ese mes y año; y, autorizado en Hoja de Ruta BCB-GADM-HR-2021-9217, concluía sus funciones como supervisora de archivo “…AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL…” (sic); lo que motivó que mediante Comunicación Interna BCB-GADM-SGDB-DGD-GA-TP-2021-12 -de 19 de dicho mes y año-, pusiera en conocimiento de la Gerente de RR.HH. de esa entidad -hoy coaccionada-, que inició su trámite de jubilación por invalidez ante la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) -Futuro de- Bolivia Sociedad Anónima (S.A.), y que estaría en proceso de certificaciones “…DEBIDO A LAS PATOLOGÍAS DE ORIGEN INMUNOLÓGICO QUE PADEZCO (…), SÍNDROME DE SJÖGREN CON COMPROMISO PULMONAR Y HEPÁTICO, LUPUS ERIMATOSO SISTEMICO, esclerosis sistémica con compromiso pulmonar y hepático, asma y osteoporosis…” (sic), entre otros que se descubrieren posteriormente, todos en tratamiento, haciendo conocer igualmente que la fecha de inicio de dicho trámite data de 29 de octubre de 2020; y pese a que -las autoridades del BCB- tenían cocimiento que padecía de enfermedades patológicas crónicas, al haber procedido a su desvinculación obraron de manera discrecional, arbitraria y abusiva, más aun si por lo menos cada dos meses debe realizarse las pruebas respiratorias, así como exámenes de hígado, riñones, piel y sistema nervioso, además el síndrome precitado “SSp” y el lupus eritematoso sistémico “LES” deben estar controlados por especialistas principalmente en medicina interna, reumatología, oftalmología, gastroenterología y neumología; razones por las cuales es necesaria una relación laboral para seguir beneficiándose de los servicios del seguro social y procurar una remuneración justa que le permita acceder a medicación acorde a los diagnósticos de los especialistas. Alega que, el 24 de marzo de 2021, representó la Acción de Personal 955/2021, solicitando se reconsidere su desvinculación laboral y ante la falta de respuesta, el 5 de abril del mismo año, presentó recurso de revocatoria contra esa acción personal, pidiendo que sea dejada sin efecto y se la reincorpore a su fuente laboral; sin embargo, el 26 de abril de 2021, fue notificada con dos “comunicaciones externas” -lo correcto es Notas-, BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-89 de 21 de abril de 2021, consignando como referencia respuesta a su memorial de 24 de marzo; y, la BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-96 de la misma fecha, con referencia respuesta a su memorial de 5 de abril “Recurso de Revocatoria”, que en lo principal señalan que al haber sido constituida como funcionaria provisoria no se encontraría sujeta a representación e impugnación alguna, no correspondiendo la interposición de ningún recurso. Contra esa decisión, el 10 de mayo del citado año, interpuso recurso jerárquico, para ser posteriormente notificada el 9 de junio de igual año, con la “comunicación externa” BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-140 -de 20 de junio de ese año-, que sin ingresar al fondo de lo solicitado, señaló que al tener la calidad de servidora pública provisoria no podría impugnar las resoluciones que impliquen remoción o destitución; asimismo, acudió ante la Defensoría del Pueblo, denunciando su retiro intempestivo, instancia que solicitó requerimiento de Información Escrita, por una parte al BCB mediante Nota DP-UACDDHH/072/2021 -no precisa fecha-; y, el 19 de abril de dicho año se recibió respuesta negativa a la solicitud de consideración de su reincorporación laboral; a su vez, se solicitó información a la Caja Bancaria Estatal de Salud sobre las enfermedades que padece, la gravedad de las mismas, el tratamiento que estaba recibiendo en ese ente gestor de salud y la fotocopia legalizada de su historial clínico; emitiéndose al efecto un certificado médico y dos informes médicos, que acreditan que tiene enfermedades crónicas incurables como el lupus, enfermedad auto inmunitaria crónica y compleja que afecta a las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, riñones y vasos sanguíneos, provocando una inflamación generalizada y daño al tejido en los órganos afectados y conforme a los certificados médicos, el grado de lupus que tiene es grave, ya que afectó a sus pulmones, riñones y le causó otras afecciones como artritis, osteoporosis, cirrosis biliar; por lo que, es primordial recibir atención continua de diferentes especialistas por los riesgos más graves para su salud conforme al avance de la enfermedad que desencadenarían en problemas cardiovasculares, renales y accidente cerebrovascular, provocando un deterioro en la salud hasta llegar a la muerte inclusive. Finamente señala que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su jurisprudencia precisó la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como reconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en ese estado, cuyo derecho también está reconocido en favor de servidores públicos provisorios; debiendo mencionar igualmente que “a la fecha” cuenta con cincuenta y dos años y el 29 de octubre de 2020, inició su trámite de jubilación por invalidez el cual se encuentra en la AFP Futuro de Bolivia S.A., en proceso de recalificación de pensiones y en el ente Gestor de Salud de la Caja Bancaria Estatal, en proceso de certificaciones debido a las patologías de origen inmunológico que padece; empero, pese a que puso en conocimiento de RR.HH. del BCB sobre su trámite en curso y fue por ello que solicitó se reconsidere su despido intempestivo, de acuerdo al art. 137 del Reglamento del Código de Seguridad Social -DS 5315 de 30 de septiembre de 1959-, durante el trámite de solicitud de renta, el BCB no podía despedirla, cuyo entendimiento también fue ratificado en la SCP 0859/2018-S3 de 14 de agosto.
La impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral -al pertenecer a un grupo de protección reforzada como son las personas con debilidad manifiesta y enfermedades crónicas-, a la vida, a la salud; y, a la seguridad social; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 35.I, 37, 45.I, 46.I, 48.II y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 6.1, 7 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Acción de Personal 955/2021; b) La inmediata reincorporación al mismo cargo que ocupaba, con el mismo nivel salarial y en la misma ciudad; así como su afiliación al Ente Gestor de Salud -Caja Bancaria Estatal de Salud-; c) El pago de salarios devengados desde su desvinculación hasta la fecha de su efectiva reincorporación; y, d) Ordenar a las autoridades accionadas que se abstengan de asumir medidas administrativas, como acoso laboral y otros; y en caso de incumplimiento se proceda conforme a lo dispuesto por los arts. 17 y 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 502 a 513, en presencia de la peticionante de tutela asistida de su abogada, la parte accionada y la Defensoría del Pueblo; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, ratificó in límine el memorial de acción de amparo constitucional; y ampliando en audiencia, indicó que el acto lesivo constituiría la Acción de Personal 955/2021, que vulneró su derecho a la estabilidad laboral y si bien cuenta con un dictamen y está percibiendo la renta, ello no implica que se tenga que desconocer sus derechos; por lo que, se debe instruir su reincorporación y reconocer todos los derechos sociales que le correspondan.
Edwin Roger Rojas Ulo; Presidente a.i, Pavel Alex Pérez Armata, Gerente General a.i.; Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, Gerente de RR.HH. a.i.; y, Maritza Saravia Quisbert, Jefa del Departamento de Compensaciones y Registro a.i., todos del BCB, por informe escrito cursante de fs. 346 a 355 vta.; y, en audiencia a través de sus representantes legales manifestaron que: 1) En el memorial de subsanación la accionante refirió como acto lesivo la Acción de Personal 955/2021, emitida por el BCB, por la cual en su calidad de funcionaria provisoria se procedió a su desvinculación, lo que vulneraría sus derechos a la estabilidad laboral, a la vida, a la salud y a la seguridad social, alegando que tendría padecimientos médicos que debieron ser controlados por especialistas en enfermedades autoinmunes por la Caja Bancaria Estatal de Salud; así como que se le debió otorgar un trato preferencial por tener especial protección reforzada y al no haberse observado el estado delicado de salud y continuar con la desvinculación de la relación laboral, se habría restringido sus derechos a la salud, a la vida y al seguro de servicios médicos poniendo en riesgo su vida; empero, conforme señaló la misma accionante, ésta gozó de atención médica por tres meses posteriores a su desvinculación; es decir, hasta junio de 2021; 2) De acuerdo a lo establecido por la Ley 1152 de 20 de febrero de 2019, se tiene la ampliación de la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la Seguridad Social de Corto Plazo, con atención gratuita de salud, al disponer en su art. 5 que son beneficiarios ‘“a) Las bolivianas y los bolivianos que no están protegidos por el Subsector de la Seguridad Social a Corto Plazo’” (sic), situación por la cual la accionante en caso de requerir atención médica podía acceder a dicho beneficio; 3) La impetrante de tutela inició los trámites a fin de beneficiarse con la pensión de invalidez por riesgo común en la gestión 2020, habiendo sido notificada el 9 de agosto de 2021 con el Dictamen e Información de Revisión, mediante la cual se le puso en conocimiento que la solicitud presentada por ella, cumple requisitos para el acceso a una prestación de riesgos, establecidos en la Ley de Pensiones -Ley 065 de 10 de diciembre de 2010-, teniendo una pensión total de “6364.28Bs”; y en caso de que el asegurado renuncie de manera expresa a su derecho de impugnación se suspenden los plazos para la presentación de la solicitud de revisión del Dictamen -treinta días calendario-, lo cual implica la ejecutoria de esa decisión y por ende al acceso al pago de la pensión por invalidez y el derecho de recibir atención médica en el último ente gestor de salud al que estuvo registrada durante su vida laboral, conforme a la Ley de Pensiones; por lo que se evidencia que a la impetrante de tutela en ningún momento se le restringió su derecho a la seguridad social ni a la salud; 4) La peticionante de tutela gracias al ejercicio de su derecho al acceso a la seguridad social, obtuvo el Dictamen 61898/2021 de 22 de julio, que establece que ante el cumplimiento de los requisitos para el acceso a una prestación de riesgo puede acceder a una pensión, Dictamen que no fue objeto de revisión por parte del BCB; por lo que, la vulneración alegada no corresponde a la verdad material que inclusive fue reconocida por la accionante; sin embargo, pretende confundir cambiando ahora su petición por una reincorporación -definitiva- en la presente acción de defensa que jamás fue solicitada al BCB; 5) Conforme a la SCP 0859/2018-S3, se tiene que el derecho a la estabilidad laboral reforzada únicamente se da cuando existe una baja médica o se tenga una discapacidad temporal, lo que no acontece en el presente caso ya que la accionante se encontraba en ejercicio pleno de sus funciones como funcionaria del BCB cuando se procedió a su desvinculación, más aún si la entidad no tuvo conocimiento oficial de sus problemas médicos; 6) La prestación de invalidez prevista por el art. 31 de la Ley de Pensiones (LP), conlleva un beneficio en caso de que por causa de un accidente y/o enfermedad no proveniente de riesgo profesional o riesgo laboral, se otorga al beneficiario cuando cumple con los requisitos previstos por el art. 32 de la referida Ley; extremo que no fue vulnerado, siendo la prueba de ello el Dictamen 61898/2021; por otro lado, el art. 27 del Reglamento al Código de Seguridad Social, establece que los trabajadores que cesaren en un trabajo sujeto al seguro social obligatorio podrán solicitar a la Caja a la cual estuvieran afiliados la autorización de continuar voluntariamente asegurados a los seguros de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte; quedando en tal caso a su cargo la cotización tanto laboral como patronal y estatal; en ese sentido, la peticionante de tutela no podía alegar vulneración a su derecho a la seguridad social y menos a la salud; puesto que, sin considerar las diferentes variantes para obtener un seguro, entre ellas la de obtener una nueva fuente laboral, la norma le otorgaba las condiciones para que una vez de haber cesado en sus funciones pueda continuar con el seguro de salud al cual estuvo afiliada; 7) El retiro de la accionante como servidora pública no perjudicó sus trámites de jubilación por invalidez; ya que, dicho retiro fue el 19 de marzo de 2021 y la Ley de Pensiones en sus arts. 32 y 35, establecen las prestaciones de invalidez por riesgo común y por riesgo profesional; además, del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones aprobado por DS 0822 de 16 de marzo de 2011; no exige como requisito previo que la beneficiaria al momento del inicio del trámite tenga una vinculación laboral con entidades públicas, pudiendo incluso ser obtenido por ex servidores públicos, razón por la cual obtuvo el Dictamen 61898/2021; así ya se estableció en la SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio; por lo que, en el caso de la ex servidora pública, ahora accionante, que fue desvinculada el 19 de marzo de 2021, pese a que inició su trámite de invalidez el 28 de octubre de 2020, conforme a la jurisprudencia constitucional, no existe perjuicio alguno o interrupción con los trámites que están en curso o iniciar otro para que pueda acceder a la pensión de invalidez ante dicha desvinculación, más aún cuando ya obtuvo su dictamen favorable; y, 8) De acuerdo a la línea jurisprudencial descrita en la SCP 0175/2018-S2 de 14 de mayo y la SCP 0616/2018-S2 de 8 octubre, se determinó la estabilidad laboral únicamente para los trabajadores que padecen de enfermedades terminales como el cáncer, grupo en el cual no se encuentra la accionante; por lo que, no corresponde la inamovilidad laboral, debido a que los documentos adjuntos al Trámite Personal BCB-GADM-SGDB-DGD-GA-TP-2021-12 de 19 de marzo de 2021, establecen que la impetrante de tutela padece de síndrome de Sjögren, lupus, esclerosis sistémica y asma, todos en tratamiento, padecimientos que no están considerados como enfermedades terminales; y por lo tanto, no protegidos por la inamovilidad laboral. Rubén Gonzalo Ticona Chique, ex Gerente general a.i.; Silvia Eugenia Coronel Quisbert, Gerente de RR.HH.; y, Adrián Rodrigo Mamani Apaza, ex Jefe del Departamento de Compensaciones y Registro a.i., todos del BCB, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 397.
Sergio Niño de Guzmán Luizaga, Jefe de la Unidad de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo y Melvy Arancibia Chavarría; en audiencia manifestaron que: i) No es evidente que el BCB no tenía conocimiento de las enfermedades de la accionante, por cuanto, ella hizo conocer ese aspecto mediante memorial de 26 de octubre de 2021, exponiendo certificaciones médicas expedidas el 8 de enero de 2019, que certifican el delicadísimo y muy grave estado de salud y que los cambios que se estaban realizando a través de ciertos actos de acoso laboral en su contra, estaban degradando naturalmente su salud; ii) En cuanto al contenido de la SCP 0579/2015-S3, caso promovido por la Defensoría del Pueblo, en el que se establece que el derecho a la “movilidad” es un instituto protegido por el bloque de constitucionalidad y los trámites de invalidez son otro tipo de trámites, con prerrogativas que son derechos consolidados en favor de aquellas personas que cumplan con los requisitos previstos en la norma; por lo que, al tratar de inmiscuir el tema de que existe ahora un Dictamen que declara la invalidez y le genera la posibilidad de acceder al seguro de corto plazo más el pago de una pensión, no exonera de responsabilidad al personal del BCB al haber emitido la Acción de Personal 955/2021 ; iii) Con relación a la aseveración del BCB de que la impetrante de tutela recibió atención médica por tres meses; ello falta a la verdad, debido a que, los periodos de cesantía tras la culminación de la resolución laboral no son de noventa días, sino de sesenta; es decir, que una vez culminado el periodo de cesantía hasta que salió el Dictamen, ella se vio privada de acceder al servicio de la seguridad social, consistente en el seguro a corto plazo; iv) En el caso, las graves patologías fueron acreditadas y el hecho de que la peticionante de tutela llegara a recibir una pensión, no implica que se le vulnerare su derecho a la trabajo; puesto que, en el momento en que se emitió la Acción de Personal 955/2021, no existía certeza de cómo terminaría el trámite de invalidez y sin tomar en consideración la información médica puesta en conocimiento del BCB el 11 de enero de 2019; por lo que, los funcionarios que suscribieron esa Acción de Personal cometieron un acto arbitrario, ilegal e intempestivo que suprimió y restringió los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional; v) La accionante presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo el 24 de marzo de 2021, manifestando despido injustificado que se perpetró a través de la antedicha Acción de Personal, en la que les hizo conocer las graves enfermedades crónicas que padece, denunciando igualmente la vulneración al derecho a la inamovilidad laboral; con base en ello, se requirió información escrita el 13 de abril de igual año, mediante requerimiento al BCB, se enfatizó el derecho que la accionante tiene a la inamovilidad laboral; gestiones que no tuvieron un buen cause al haber recibido una negativa por parte del BCB; vi) De acuerdo a la SCP 0859/2018-S3, determinó que cuando se trata de personas con enfermedades graves manifiestas y que forman parte de un grupo vulnerable que merecen protección reforzada, no es necesario agotar la subsidiariedad estableciendo una excepción para dicho principio; vi) El acto lesivo edificado en el caso, constituye la Acción de Personal 955/2021, acto que desconoce el derecho a la inamovilidad laboral; al haberse cesado o cortado el seguro social que ella tenía, poniendo en riesgo su vida y salud; puesto que, un corte en su tratamiento podría tener efectos irreversibles al ser enfermedades degenerativas que si bien los tratamientos no la van a curar pero puede ayudar a frenar las consecuencias graves para su salud y la calidad de vida que pueda tener; vii) Conforme a la SCP “0616/2021-S2”, todas las personas en condición de vulnerabilidad tienen derecho a la estabilidad laboral, más allá de la calidad del servidor público o de presentar o no un carnet de discapacidad; entendiéndose que una persona con condiciones de gravedad de salud si es despedida difícilmente podrá acceder a otra fuente laboral, al encontrarse en condiciones disminuidas, graves, de vulnerabilidad, debiendo protegerse la vida y la salud; siendo ese el fundamento por el cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, reconoció el derecho a la estabilidad laboral de las personas con enfermedades graves y crónicas; y, viii) Se debe considerar y tomar en cuenta al momento de resolver el caso, el control de convencionalidad, debiendo aplicarse la interpretación más favorable y la norma que sea más beneficiosa cuando se vayan a reconocer derechos y principios como el pro homine, favor debilis y de progresividad; y con base en ello, se deje sin efecto la Acción de Personal 955/2021, por la cual la accionante fue retirada de sus funciones, se le reconozca el derecho a la estabilidad laboral, y se ordene su inmediata reincorporación al mismo cargo que ocupaba con el mismo nivel salarial, así como su afiliación al ente Gestor de Salud, y finalmente se ordene el pago de salarios devengados desde su desvinculación hasta la presente fecha y se conceda la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 238/2021 de 8 de noviembre, cursante de fs. 514 a 523, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que se proceda a cancelar salarios devengados desde el 20 de marzo de 2021 hasta la fecha en que le fue reconocida su jubilación; y “No concede la reincorporación solicitada a mérito de que la hoy accionante, tomando en cuenta su estado de salud de que no puede quedarse en ambientes cerrados, con calefacción, debe estar humedeciendo y no tolera su vista de estar más allá de un tiempo determinado con el uso de computadoras u otros ambientes que puedan dar lugar a un estrés…” (sic), y tomando en consideración que desde el 14 de octubre -se entiende de 2021-, ya habría ingresado como rentista jubilada, deniega su reincorporación; cuya determinación debe ser cumplida lo más pronto posible conforme a sus procedimientos, debiendo ponerse en conocimiento de esa Sala cuando se está procediendo a cancelar esos salarios devengados; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien es cierto que ante un funcionario provisorio -cambia de carrera administrativa a provisorio-, bastará pasar memorándum de agradecimiento, como en este caso ocurre con la Acción de Personal 955/2021, la cual no explicó razones de la desvinculación; dicha situación no puede ser aplicable cuando se tiene conocimiento de que la servidora pública -hoy peticionante de tutela-, tiene un padecimiento de una enfermedad autoinmune que conlleva gasto económico; por lo que, no es lo mismo que a un “provisorio sano” se le tenga que agradecer sus servicios que a una persona que reclama la necesidad de tratamiento constante y permanente para controlar sus dolencias; patologías que hacen un diferimiento de manera excepcional mientras concluya su trámite de jubilación por invalidez; y, b) La accionante desde el 19 de marzo de 2021, tuvo baja de su seguro y cuenta con el Dictamen 61898/2021, ingresando desde agosto como pasivo titular y con afiliación a partir del 14 de octubre de ese año como jubilada; por lo que, invocando el entendimiento jurisprudencial establecido en la SCP 0859/2018-S3 que dispuso entre otros aspectos, el pago de sueldos devengados, ‘“…salvo que debido al tiempo transcurrido ya esté gozando del beneficio de la invalidez, en cuyo caso sólo corresponderá cancelar a su favor los sueldos devengados”’ (sic); y, en conocimiento de los antecedentes que indican que a los diez días de que cambió su condición a funcionaria provisoria se procedió a su retiro, pese a que conforme a la documentación hizo conocer sus antecedentes médicos, que llevó a establecer un Dictamen favorable que a la fecha le habría hecho beneficiara de una jubilación; por lo que, tomando en cuenta que la accionante es jubilada a partir del “14 de octubre”, corresponde a esa Sala conforme al lineamiento, a la forma de procedimiento, razonamiento de consideración y reconsideración que debió cumplir la parte empleadora del BCB, hace que a la misma desde el 20 de marzo de 2021, pueda cancelarle los salarios que percibía hasta el 13 de octubre de ese mismo año, o en su caso de establecerse en procedimiento administrativo rápido que debe ser tomado por el BCB en relación a la comunicación a realizarse con la AFP, si estuviese reconocido el pago de su renta desde el mes de octubre, debe cancelarse hasta el tiempo que dejó de percibir sus salarios devengados; por lo que, se considera acoger en parte esta acción tutelar bajo el razonamiento realizado precedentemente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado 000500-CC-680/2014, de registro de funcionario de carrera, asignado a Amalia Choquehuanca Zeballos -ahora accionante-, con número de Funcionaria de Carrera 3435973-CC, consignado en el RUESS (fs. 6). II.2. Consta Acción de Personal 357/2021 de 5 de marzo, a través de la cual Rubén Gonzalo Ticona Chique, entonces Gerente General a.i.; Silvia Eugenia Coronel Quisbert, Gerente de RR.HH. -hoy accionados-; y, Silvia Jimena Velarde Núñez, Jefa del Departamento de Compensaciones y Registro, todos del BCB, comunicaron a la impetrante de tutela, que en atención a la Comunicación Interna BCB-GGRAL-CI-2021-133 de 5 de marzo de 2021, y en cumplimiento a la Disposición Adicional Única del DS 4469, a partir de esa fecha se constituiría en funcionaria provisoria conforme al art. 59 de las NB-SAP, aprobado por el DS 26115; por lo que, dejaría de estar comprendida en el alcance del art. 7.II del EFP (fs. 7). II.3. Mediante Acción de Personal 955/2021 de 18 de marzo, el Gerente General a.i., la Gerente de RR.HH., y Adrián Rodrigo Mamani Apaza, entonces Jefe del Departamento de Compensaciones y Registro a.i. -hoy coaccionado-, todos del BCB, comunicaron a la accionante, que en atención a la Comunicación Interna BCB-GADM-CI-2021-36 de esa misma fecha autorizado en Hoja de Ruta BCB-GADM-HRI-2021-9217, concluían sus funciones como supervisora de archivo al finalizar la jornada laboral del 19 de ese mes de 2021 (fs. 8). II.4. Por Nota BCB-GADM-SGDB-DGD-GA-TP-2021-12 de 19 de marzo de 2021, la accionante hizo conocer a la Gerente de RR.HH. del BCB, que debido a las patologías de origen inmunológico que padece relacionado al síndrome de Sjögren, lupus, esclerosis sistémica y asma, todos en tratamiento a esa fecha, el 29 de octubre de 2020, inició su trámite de jubilación por invalidez, el cual se encontraría en la AFP Futuro de Bolivia S.A., y en el Ente Gestor de Salud de la Caja Bancaria Estatal, en proceso de las certificaciones y respuestas; por lo que, al haber recibido la Acción de Personal 955/2021, ante las enfermedades y trámites iniciados, el retiro pudiera perjudicarle en los trámites de jubilación y por un tema humanitario, solicitó se reconsidere la medida, hasta que salgan los resultados del Ente Gestor de Salud (fs. 10). II.5. A través de memorial presentado el 24 de marzo de 2021, la accionante representó la Acción de Personal 955/2021, solicitando a la parte accionada se deje sin efecto la misma y en consecuencia se la restituya a sus funciones (fs. 11 a 14 vta.); ante lo cual por Nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-89 de 21 de abril de 2021, en respuesta a dicho memorial, el entonces Gerente General a.i. del BCB -coaccionado-, entre otros aspectos, indicó que al haberse suprimido la calidad de servidor público de carrera, adquirió la calidad de funcionaria provisoria emitiéndose al efecto la Acción de Personal 955/2021, y ostentando esa calidad no corresponde que interponga recurso alguno, omitiendo considerar que se encuentra plenamente vigente el parágrafo II de la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 y el DS 4469, cuya consecuencia directa fue la supresión de la calidad de funcionaria pública de carrera (fs. 41 a 44). II.6. Cursa memorial presentado el 5 de abril de 2021, por el que la peticionante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la Acción de Personal 955/2021, pidiendo la reincorporación a su cargo (fs. 15 a 19); mediante Nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-96 de 21 de igual mes y año, en respuesta al recurso de revocatoria, el entonces Gerente General a.i. del BCB, señaló que en aplicación de los principios de legalidad y presunción de constitucionalidad, la Acción de Personal 955/2021, de retiro en su condición de funcionaria provisoria, se constituiría en un acto legal y legítimo al haberse circunscrito a la Constitución Política del Estado y las leyes siendo una atribución propia del citado servidor dispuesta en el art. 49.15 del Estatuto del BCB, siendo legales y legítimas, al sustentarse en lo dispuesto por la Disposición Final Séptima de la Ley 1356 y la Disposición Adicional Única del DS 4469 (fs. 45 a 48).
II.7. Por memorial presentado el 10 de mayo de 2021, la accionante interpuso recurso jerárquico contra la Acción de Personal 955/2021 y pidió que se deje sin efecto la misma por ser un retiro injustificado y nulo de pleno derecho y en consecuencia se determine su reincorporación al mismo cargo, ítem y funciones de Supervisor de Archivo de la Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca del BCB (fs. 49 a 57 vta.). En respuesta a dicho memorial, el entonces Gerente General a.i. del referido Banco, mediante Nota BCB-GAL-SANO-DLBCI-CE-2021-140 de 2 de junio de 2021, indicó a la impetrante de tutela, en lo esencial, que el BCB se encuentra legalmente impedido de aplicar el procedimiento que establece el DS 23619 -Reglamento del Estatuto del Funcionario Público-, respecto a la interposición del recurso jerárquico planteado y su remisión a las instancias correspondientes, así como la aplicación de los plazos y procedimientos dispuestos en la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- (fs. 58 a 64). II.8. Por Nota Cite: GRLP.SC 13897/2021 de 28 de julio, recibida el 9 de agosto de 2021, la Gerente Regional La Paz de la AFP Futuro de Bolivia S.A., notificó a la accionante con el Dictamen 61898/2021 de 22 de julio y el Formulario de fecha de Invalidez, indicando que la solicitud presentada por la nombrada cumplía con los requisitos para el acceso de una prestación de riesgos, establecidos en la Ley de Pensiones, teniendo una pensión total de “6364.28Bs”, haciéndose constar en el punto “I. CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DE ESE DOCUMENTO: DETERIORO” (sic), en enfermedades reumáticas: síndrome de sobreposición -síndrome de Sjögren primario, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia sistémica-; osteoporosis de cadera y región columna lumbar; fenómeno de raynaud secundario; aparato respiratorio: asma moderado persistente, bronquiectasias, neuropatía intersticial asociada a esclerosis sistémica; y, aparato digestivo: cirrosis biliar primaria (fs. 80 a 90).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral -al pertenecer a un grupo de protección reforzada como son las personas con debilidad manifiesta y enfermedades crónicas-, a la vida, a la salud; y, a la seguridad social; por cuanto, mediante Acción de Personal 955/2021, la entidad accionada le hizo conocer que su relación laboral con el BCB concluía al finalizar la jornada laboral del 19 de marzo de 2021, decisión arbitraria por cuanto ésta tenía pleno conocimiento de las enfermedades crónicas, graves e incurables que padece desde la gestión 2018, como síndrome de Sjögren con compromiso pulmonar y hepático, lupus erimatoso sistémico, esclerosis sistémica con compromiso pulmonar y hepático; y, osteoporosis, situación por la que requiere de exámenes médicos constantes con diferentes especialidades médicas por las características de las enfermedades, como de tratamiento y medicación diaria; constituyendo su retiro un agravante para el deterioro de su salud.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0989/2021-S3 de 30 de noviembre, al respecto indicó: «La jurisprudencia constitucional con relación del derecho a la vida, entre muchas Sentencias Constitucionales, señaló en la SC 1974/2011-R de 7 de diciembre, que ese derecho previsto en el art. 15.I de la CPE, constituye: “‘...el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos en el art. 7 de la CPE. Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento’ (SC 1294/2004-R de 12 de agosto)”.
En cuanto al derecho a la salud la SC 0653/2010-R de 19 de julio, señaló que: “También previsto como derecho fundamental en el art. 18.I de la CPE, desarrollado por los arts. 35 al 44, de dicha norma Suprema Sección II ‘La salud y a la seguridad Social’ del Capítulo Quinto sobre los ‘derechos Sociales y Económicos’, Título Segundo ‘derechos Fundamentales y garantías’, de la Primera Parte de la ‘Bases Fundamentales del Estado, derechos, Deberes y Garantías’. Derecho, sobre cuyo entendimiento este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: ‘es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida’. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9 núm. 5) de la CPE, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley ‘Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo’”.
La vida y la salud son derechos fundamentales, resguardarlos es deber del Estado a través de sus diferentes instancias, al ser la base esencial para el ejercicio y concretización de los demás derechos, de los cuales goza toda persona por el solo hecho de existir”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La SCP 0839/2014 de 30 abril, sobre el derecho a la seguridad social estableció que: “El art. 45.I de la CPE, prevé que ‘…todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social…’, en este fin el parágrafo III del mismo art.45 establece que ‘…El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales…’; el parágrafo V del referido artículo establece que: ‘…Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal’”.
Asimismo, la SCP 0002/2013 de 3 de enero, sobre el derecho a la seguridad social, manifestó que: “Nuestra Constitución Política del Estado prevé el derecho a la seguridad social en la Sección II, Capítulo Quinto del Título II, estableciendo que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, la cual se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, correspondiendo al Estado su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
El Régimen de seguridad social cubre atención por atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
La jurisprudencia constitucional definió al derecho a la seguridad social, como: ‘…la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares’ (SC 0062/2005 de 19 de septiembre).
Señalando además la SC 0653/2010-R de 19 de julio que: ‘…el derecho a la seguridad social, derivado del derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el 'vivir bien'. Por tanto, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien sostiene, dirige y administra, por tanto, también es responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, puesto que el art. 45.II de la CPE establece el control y participación social’.
Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal estableció que la seguridad social como derecho constitucional: ‘…adquiere su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables. De esta manera cuando una entidad pública o particular, tiene a su cargo la prestación de la seguridad social en salud a persona en estas situaciones, su incumplimiento acarrea un grave perjuicio. Es como consecuencia de esa protección especial que dichas personas requieren, que el derecho a la seguridad social adquiere su esencial condición de derecho fundamental, pues con su inobservancia, se colocan en peligro otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la integridad física’ SCP 0487/2012 de 6 de julio” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos).
La SCP 0859/2018-S3 de 14 de agosto, indicó que: [La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-331/18 de 13 de agosto de 2018, señaló: «Ahora bien: la evolución de la jurisprudencia ha logrado extender el amparo de la estabilidad ocupacional reforzada a trabajadores que sufren determinadas enfermedades -aunque no sean catalogadas estrictamente como “discapacidades”-, así como a las personas que se hallan convalecientes o con una incapacidad temporal, en razón a que, también en estos eventos, se evidencia un estado de debilidad manifiesta que demanda protección constitucional:
“La concepción amplia del término ‘limitación’ ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia reciente (…) en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez.
(…)
En este orden de ideas, la Corte Constitucional también ha sido enfática en señalar que toda persona que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del padecimiento de una enfermedad y sin importar el tipo de relación laboral existente, ‘tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral reforzada por estar en una condición de debilidad manifiesta. Por tanto, el empleador podrá únicamente mediante autorización del inspector de trabajo y por una justa causa objetiva, desvincular al trabajador que presente una disminución física o psíquica en su organismo (Sentencia T-490 de 2010)’. Es claro entonces que la protección con que cuenta este grupo de personas es relativa y no absoluta, ya que, como se acaba de mencionar, cuando el trabajador incurra en una justa causa de terminación unilateral del contrato, el empleador puede tramitar la autorización de despido ante el respectivo inspector.
Es de concluir, entonces, que los trabajadores que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta e indefensión por la afectación en su estado de salud tienen derecho al reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, con independencia de (i) el vínculo contractual adoptado por las partes y; (ii) que su condición haya sido certificada como discapacidad por el organismo correspondiente. En virtud de ello detentan el derecho a permanecer en su cargo hasta tanto se configure una causal objetiva que extinga la relación laboral, circunstancia que de todas formas debe ser verificada y autorizada por el inspector del trabajo. Igualmente, tendrá derecho al pago de la indemnización contemplada en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el evento en que la desvinculación laboral se produzca sin la autorización de la autoridad competente”.
Así las cosas, los trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea por una discapacidad calificada como tal, o por una mengua en su salud, cuentan con una salvaguarda emanada de la Constitución a través la figura de estabilidad ocupacional reforzada, en virtud de la cual se proscribe que el patrono conocedor de dicha condición dé por terminada la relación laboral, sin acudir antes a la autoridad de trabajo para que se otorgue el respectivo permiso”»] (las negrillas fueron añadidas).
La parte accionante alega que se lesionaron sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral -al pertenecer a un grupo de protección reforzada como son las personas con debilidad manifiesta y enfermedades crónicas-, a la vida, a la salud; y, a la seguridad social; por cuanto, mediante Acción de Personal 955/2021 de 18 de marzo, la entidad accionada le hizo conocer que su relación laboral con el BCB concluía al finalizar la jornada laboral del 19 de marzo de 2021, decisión arbitraria por cuanto dicha entidad tenía pleno conocimiento de las enfermedades crónicas, graves e incurables que padece desde la gestión 2018, como síndrome de Sjögren con compromiso pulmonar y hepático, lupus erimatoso sistémico, esclerosis sistémica con compromiso pulmonar y hepático; y, osteoporosis; antecedentes por los cuales requiere de exámenes médicos constantes con diferentes especialidades médicas por las características de las enfermedades, como de tratamiento y medicación diaria; constituyendo su retiro un agravante para el deterioro de su salud, por cuanto ya no podrá acceder al seguro social a corto plazo. De la revisión de antecedentes, se tiene que la accionante mediante Certificado 000500-CC-680/2014, fue registrada como funcionaria de carrera 3435973-CC, en RUESS; posteriormente, dicha calidad fue cambiada por la entidad accionada quien mediante Acción de Personal 357/2021 de 5 de marzo, le hizo saber que en atención a la Comunicación Interna BCB-GGRAL-CI-2021-133 de igual fecha, y en cumplimiento a la Disposición Adicional Única del DS 4469, a partir de esa fecha se constituiría en funcionaria provisoria conforme al art. 59 de las NB-SAP, aprobado por el DS 26115; por lo que, dejaría de estar comprendida en el alcance del art. 7.II del EFP; en ese contexto, mediante Acción de Personal 955/2021, las autoridades accionadas comunicaron a la impetrante de tutela, que en atención a la Comunicación Interna BCB-GADM-CI-2021-36, concluían sus funciones como supervisora de archivo al finalizar la jornada laboral del 19 de marzo de 2021. Es así que la accionante mediante Nota BCB-GADM-SGDB-DGO-GA-TP-2021-12 de 19 de marzo de 2021, hizo conocer a la Gerente de RR.HH., del BCB hoy accionada, que debido a las patologías de origen inmunológico que padece relacionado al síndrome de Sjögren, lupus, esclerosis sistémica y asma, todos en tratamiento a esa fecha, el 29 de octubre de 2020, habría iniciado su trámite de jubilación por invalidez, el cual se encontraría en la AFP Futuro de Bolivia S.A., y en el Ente Gestor de Salud de la Caja Bancaria Estatal, en proceso de las certificaciones y respuestas; por lo que, al haber sido retirada no obstante las enfermedades y trámites iniciados, el retiro pudiera perjudicarle en su jubilación y por un tema humanitario, solicitó se reconsidere la medida, hasta que salgan los resultados del Ente Gestor de Salud; en ese contexto se evidencia que si bien la accionante representó esa determinación pidiendo que la decisión de desvinculación sea dejada sin efecto y en consecuencia se la restituya a sus funciones, las autoridades accionadas no dieron lugar a los recursos de revocatoria y jerárquico interpuestos, alegando que al ser una funcionaria provisoria no podría impugnar su retiro, por cuanto ello estaría solamente previsto para servidores públicos de carrera, calidad que ella ya no ostentaría en ese momento. Ahora bien, siendo que conforme a la jurisprudencia constitucional los funcionarios provisorios no gozan de estabilidad laboral y por ende tampoco pueden activar medios impugnativos para cuestionar su retiro, lo cual resulta correcto; sin embargo, dicho entendimiento encuentra una excepción cuando el servidor público -no obstante, su condición de provisorio- alega como lesionados sus derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social; en ese contexto, resulta lesivo a dichos derechos proceder a su desvinculación laboral cuando de por medio se encuentran personas en condiciones de vulnerabilidad, como sucede en el caso de análisis; toda vez que, la accionante al momento de cuestionar su retiro hizo conocer al BCB que el 29 de octubre de 2020, inició su trámite de jubilación por invalidez, por cuanto padecía de síndrome de Sjögren con compromiso pulmonar y hepático, lupus erimatoso sistémico, esclerosis sistémica con compromiso pulmonar y hepático; y, osteoporosis; antecedentes por los cuales igualmente hizo conocer que por tales padecimientos requería mantener consultas con diferentes especialidades médicas, así como tratamiento y medicación constante; por lo que, el retiro del cual fue objeto no sólo desconoció su derecho al trabajo, sino también a la vida, a la salud y a la seguridad social a la que se encuentra sujeta dada su condición de vulnerabilidad ya que no podrá acceder al seguro social a corto plazo. En ese contexto, las autoridades del BCB, no consideraron las enfermedades patológicas y crónicas que padece la accionante antes de desvincularla, tornando dicha determinación en injusta y arbitraria, por cuanto ello le privó del seguro de salud así como de su trabajo como fuente de ingreso, lo cual trascendió en el deterioro de su salud estando en riesgo inclusive su vida, al disponer su cesación de funciones estando con un alto grado de vulnerabilidad e imposibilitando la atención y protección de las prestaciones de salud que le brinda la relación laboral; puesto que, con el retiro se vio excluida de continuar con el control y tratamiento especializado que puso en manifiesto el riesgo en su vida y salud; en ese entendido, si bien de acuerdo a la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que resulta lesivo y vulneratorio de derechos fundamentales y garantías constitucionales, proceder al retiro de una persona cuando se encuentra gozando de una baja médica, por cuanto ello implica desconocer y agravar mucho más el estado de debilidad manifiesta y estado de vulnerabilidad a consecuencia de una enfermedad u otra circunstancia que conlleve un deterioro en su salud física o mental, sin que previamente exista una calificación que acredite esa condición de discapacidad o de invalidez; entendimiento que debe ser extensivo, con relación al retiro de cualquier persona que curse una enfermedad crónica y necesite de la atención del seguro social a corto plazo, las cuales si bien no se encuentran dentro de la categoría de personas con enfermedades terminales; sin embargo, requieren por sus dolencias de una atención continua y especializada. Bajo ese criterio, tratándose de personas que padecen enfermedades crónicas incurables, se entiende que las mismas se encuentran en la imposibilidad de poder cumplir en su totalidad con las laborales encomendadas, ante la disminución o pérdida de la capacidad de trabajo; por ello que en muchos de los casos gozaran de bajas médicas continuas y en otros ya habrán solicitado a su Ente Gestor de Salud la jubilación por invalidez por riesgo común conforme el art. 31 de la LP; bajo ese criterio, y en primacía de los derechos a la seguridad social y al trabajo de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad por problemas de salud, el despido o la terminación del vínculo laboral de una persona que se encuentra con trámite de jubilación por invalidez por enfermedad -art. 78 del Reglamento del Código de Seguridad Social-, resulta una desvinculación laboral discriminatoria, por cuanto ello implica que la persona ya no pueda acceder al seguro social a corto plazo y continuar con el tratamiento correspondiente que le permita de alguna manera mitigar su dolencia.
Así, en la SCP 0989/2021-S3 de 30 de noviembre, esta Sala Tercera en un caso similar al presente manifestó: “ …se tiene que las referidas autoridades accionadas, al disponer el retiro del accionante asumieron una determinación totalmente ilegal, arbitraria y lesiva a sus derechos, al no haber realizado una ponderación adecuada de la situación de salud que lo hubiera inicialmente llevado a que obtenga constantes certificados de incapacidad temporal por enfermedad, se emitió a su favor la Referencia Social Cite: 140/2019 de 10 de julio, suscrita por la Trabajadora Social del PAISE de la CNS, mediante la cual se hizo constar como referencia la ampliación de prestaciones médicas en trámite, señalando como antecedentes que el asegurado ahora impetrante de tutela realizaría tratamiento en especialidad de neurología del PAISE Irala de la CNS, (...); trámite que se habría iniciado y seguiría su curso hasta que la Comisión Regional de Prestaciones se pronuncie y autorice las Bajas Médicas, pidiendo consideración al trabajador hasta la culminación del trámite…
…se evidencia que la decisión de retiro no sólo coartó el derecho del peticionante de tutela de poder continuar con una fuente laboral que le implique un ingreso económico, sino que la grave connotación concurre al haberle privado de la relación laboral (…), limitando de esa manera su derecho de poder acceder al seguro social a corto plazo para que pueda ser atendido de la dolencia que padece; es decir, acceder a una atención médica oportuna y que le brinde la protección de su vida y salud como ser humano dadas las condiciones del accionante, derechos fundamentales primigenios que no pueden ser negados ante temas administrativos derivados en la presentación de las bajas médicas, cuando debió anteponerse primero la vida y la salud del impetrante de tutela, vulnerándose groseramente esos derechos, cuando al tratarse de una situación especial al haber sido diagnosticado (…) con deterioro cognitivo que avanzó de forma progresiva desorientando en tiempo, espacio y realidad; y que meses después evolucionó con cuadro de parkinson (2019), (…), no podían de manera alguna, privársele de atención médica continua y especializada, siendo evidente que al tratarse de una persona que -conforme al cuadro degenerativo certificado- tenderá a agravar su situación de salud con el transcurso del tiempo sin que éste pueda mejorar, empero podrá paliar de alguna manera a través de la atención médica su condición, en ese sentido no correspondía -de acuerdo al principio de la verdad material-anteponer temas administrativos para determinar su situación laboral, soslayando que con ello se estaría poniendo en riesgo la vida y salud como ya se manifestó anteriormente…” (las negrillas son ilustrativas). En ese contexto, en los casos en los que una persona -sea la condición que tenga o el tipo de relación laboral que ostente- no puede ser despedida durante el trámite de jubilación por invalidez, por cuanto como ya se estableció, se entiende que primero dicha persona se encuentra en una condición de vulnerabilidad que no le permite acceder a otra fuente laboral dada la condición médica en la que se encuentra de poder cumplir cien por ciento con su trabajo; y segundo, dada su situación de salud, no se le puede privar de acceder al seguro social a corto plazo, debiendo aplicarse dicho entendimiento, sólo en los casos en los que se acredite de manera fehaciente que el trámite de jubilación por invalidez se encuentra vigente y que el mismo responde a una verdadera situación de incapacidad laboral que impida trabajar de manera normal a una persona. Conforme a lo señalado, la desvinculación dispuesta por las autoridades ahora accionadas, se constituye en una acto arbitrario, ilegal y lesivo a los derechos de la accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, debiendo disponerse su reincorporación hasta que el trámite de jubilación por invalidez concluya con un dictamen favorable y pueda acceder a una renta; sin embargo, en el caso de análisis se evidencia de actuados procesales que mediante Nota Cite: GRLP.SC 13897/2021 de 28 de julio, recibida el 9 de agosto de 2021, la Gerente Regional La Paz de la AFP Futuro de Bolivia S.A., notificó a la accionante con el Dictamen 61898/2021 de 22 de julio y el Formulario de fecha de Invalidez, manifestando que la solicitud presentada por ella cumplía con los requisitos para el acceso a una prestación de riesgos, establecidos en la Ley de Pensiones, teniendo una pensión total de “6364.28Bs”, haciéndose constar en el punto “I. CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DE ESE DOCUMENTO: DETERIORO” (sic), en enfermedades reumáticas: síndrome de sobreposición -síndrome de Sjögren primario, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia sistémica-; osteoporosis de cadera y región columna lumbar; fenómeno de raynaud secundario; aparato respiratorio: asma moderado persistente, bronquiectasias, neuropatía intersticial asociada a esclerosis sistémica; y, aparato digestivo: cirrosis biliar primaria.
En ese sentido, y siendo que en estos casos la tutela resulta ser provisional, hasta que el trámite de jubilación por invalidez concluya a efecto de que de manera alguna la trabajadora, el trabajador, el servidor o servidora pública se vea privado del seguro social a corto plazo que la relación laboral conlleva; en el caso, al haber obtenido la accionante el Dictamen 61898/2021 a su favor ingresando a ser rentista; no corresponde, disponer su restitución a su fuente laboral, sino solamente que la entidad accionada le reconozca el pago de sueldos devengados, los cuales fueron privados ante una desvinculación ilegal y lesiva a sus derechos, siempre y cuando, dada la concesión parcial efectuada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se hayan pagado a la accionante los sueldos devengados que correspondan. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 238/2021 de 8 de noviembre, cursante de fs. 514 a 523, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada sólo respecto al pago de sueldos devengados, al pertenecer la accionante a un grupo de protección reforzada como son las personas con debilidad manifiesta y enfermedades crónicas; y, 2° DENEGAR en cuanto a su solicitud de reincorporación, conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0095_2023-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3deee651b209a4bf6299ee278e5b646fd6df61b12521c2ee5f4108451bf5f771
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