Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 147/2023, declaró improcedente su recurso de apelación incidental, sin considerar que: i) Para desvirtuar el riesgo de fuga del art. 234.4 del CPP presentó certificación de 16 de mayo de 2023, emitida por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, que acreditaba que sus personas no tuvieron ningún intento de fuga; ii) Valerio Castro Claros y Hermógenes Sánchez Baldelomar -comunarios de la localidad de Cotani-, atestiguaron que a tiempo de la aprehensión no existió intento de fuga; y, iii) No se aplicaron los principios de proporcionalidad y favorabilidad al no considerarse que el imputado Albino Herrada Claros tiene hijos menores al cuidado de la madre, o que el imputado Enrique Claros Mejía alegue ser cuidador de sus padres de la tercera edad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 66 a 71 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Mixta de Sentencia y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57892-2023-116-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 66 a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joseph Aramayo Chacón en representación sin mandato de Albino Herrada Claros y Enrique Claros Mejía contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 21 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 y 52 a 56 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:
El 23 de febrero de 2023 a horas 12:30, cuando se encontraban en una fábrica de cocaína, junto a otras dos personas, en cercanías de la comunidad de Cotani de la provincia Tiraque del departamento de Cochabamba, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga en distintas direcciones, siendo aprehendidos por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Posteriormente, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 25 del citado mes y año, la autoridad judicial a cargo del proceso dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del indicado departamento, fundamentando dicha medida en la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234 numerales 1, 2, 4 y 7; y, 235.2 del (Código de Procedimiento Penal (CPP).
En audiencias sucesivas de cesación de la detención preventiva, su defensa logró desvirtuar casi la totalidad de los riesgos procesales que sustentaban la medida extrema, permaneciendo únicamente vigente el riesgo de fuga establecido en el art. 234.4 del adjetivo penal, el cual fue construido inicialmente con base en el informe del funcionario policial asignado al caso, quien señaló: ‘“al percatarse de la presencia de la policía, se dieron a la fuga en diferentes direcciones, con el fin de evadir la acción de la justicia, para no someterse a la investigación..’” (sic), conducta que se dio a un inicio de la investigación. No obstante, en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 17 de mayo de 2023, a objeto de enervar dicho riesgo procesal, presentaron certificaciones expedidas el 16 de igual mes y año, por el Gobernador del referido Centro penitenciario, que acreditaba: “‘Que en el Libro de Novedades de este Recinto penitenciario, no se reporta ningún intento de fuga del penal de mis Representados desde su ingreso al penalʹ. 2.-Acta de incineración de la sustancia controlada’” (sic); sin embargo, la autoridad judicial consideró que esas pruebas no eran idóneas para desvirtuar el señalado riesgo procesal, manteniendo su detención preventiva. Es así que, nuevamente solicitó la cesación de su detención preventiva, invocando el art. 239.1 del CPP, así como los principios de favorabilidad y proporcionalidad, y con la finalidad de desvirtuar el único riesgo vigente, se produjo la declaración de dos testigos presenciales -Valerio Castro Claros y Hermógenes Sánchez Baldelomar- comunarios del sector, quienes afirmaron que su aprehensión fue por funcionarios policiales y “…no en un intento de fuga…” (sic); sin embargo, dichos elementos, a criterio del Juez de la causa, tampoco fueron objetivos ni idóneos para desvirtuar dicho peligro procesal, por lo que, mediante Auto Interlocutorio de 27 de junio de 2023, resolvió rechazar su pretensión, omitiendo pronunciarse sobre los referidos principios, sin fundamentar por qué persistía ese riesgo procesal tomando en cuenta las características de variabilidad, temporalidad e instrumentalidad de las medidas cautelares en el tiempo; así como la necesidad de mantener la medida extrema basada únicamente en un riesgo procesal y la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas previstas en el art. 231 bis del adjetivo penal. Determinación contra la cual interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por Auto de Vista 147/2023 de 18 de julio, por el cual, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, declaró improcedente el mismo, confirmando los argumentos del Juez a quo respecto a la persistencia del riesgo de fuga inserto en el art. 234.4 del CPP, incumpliendo su obligación de realizar un control de racionalidad, proporcionalidad, objetividad y valoración integral de la prueba sobre la decisión apelada, bajo el razonamiento erróneo que “‘merced al principio de imparcialidad no es posible efectuar un análisis integral de los presupuestos’” (sic), cuando el art. 398 del adjetivo penal no debe ser entendido en su literalidad sino en forma integral y sistemática, haciendo mención a una supuesta falta de carga argumentativa en la apelación, vulnerando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación vinculado a su derecho a la libertad, puesto que no explicó por qué consideraba persistente el riesgo de fuga y la necesidad de mantener la detención preventiva sustentada en un solo riesgo procesal, ni por qué no aplicó los principios de proporcionalidad y favorabilidad invocados por la defensa.
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación vinculado a su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que se emita una nueva resolución aplicando el test de proporcionalidad y se aplique “medidas sustitutivas” a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 22 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 64 a 65, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos de su demanda tutelar.
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito cursante a fs. 63 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: a) Mediante Auto de Vista 147/2023, confirmó el Auto Interlocutorio de 27 de junio de 2023. La improcedencia del recurso derivó de la deficiente técnica recursiva aplicada por la defensa, la cual se limitó a repetir los argumentos expuestos ante el Juez a quo, sin cumplir con la exigencia del art. 396.3 del CPP, relativa a la identificación específica de los puntos cuestionados de la resolución, falencia que se reitera en la acción de libertad; b) Pese a ello, y advirtiendo un reclamo incipiente sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la resolución apelada, analizó tales aspectos conforme a los fundamentos proporcionados por la defensa, algunos de ellos impropios o impertinentes para la instancia de apelación, pues no guardaban vínculo con la construcción de los riesgos procesales subsistentes, dada la consideración anterior que merecieron y las deficiencias de los nuevos elementos -expuestos fundadamente en el Auto de Vista cuestionado-, sin que se advierta que la pretensión estribe en la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, sino en la presunta existencia de nuevos elementos que desvirtuarían los motivos que la originaron, conforme al art. 239.1 del CPP; y, c) La fundamentación y motivación judicial no implican abundancia de citas legales, sino la correcta estructura formal y sustancial de la decisión, lo cual considera satisfecho en el caso.
La Jueza de Partido Mixta de Sentencia y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 66 a 71 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución en el plazo de tres días de conocer el fallo; con base en los siguientes fundamentos: 1) Del examen del Auto de Vista 147/2023 se advierte que, si bien contiene motivación y fundamentación, no responde a todos los puntos planteados en apelación, la autoridad demandada se limitó a invocar el art. 398 del CPP y efectuar un análisis general basado en el art. 124 del mismo cuerpo legal; 2) En lo referido al riesgo procesal previsto por el art. 234.4 del adjetivo penal como único fundamento para mantener la detención preventiva, la autoridad demandada no realizó el test de proporcionalidad requerido que permita determinar si la medida podría ser sustituida por una menos gravosa, ni valoró integralmente la prueba cuestionada en apelación, invocando nuevamente el art. 398 del CPP, omitiendo la doctrina constitucional que aclara que dicho precepto legal no puede aplicarse de forma literal cuando se trata de medidas cautelares, sino interpretada de forma integral y sistemática; 3) El Auto de Vista 147/2023, se limitó a los márgenes del art. 398 del CPP sin verificar si la resolución de primera instancia estaba debidamente motivada ni fundamentar por qué mantiene vigente el riesgo del art. 234.4 del mismo Código, el cual solo se construyó a raíz de que los imputados se dieron a la fuga, cuando debía fundamentar su decisión considerando la aplicación de los principios de proporcionalidad y favorabilidad, así como las previsiones del art. 231 del adjetivo penal sobre la posibilidad de imponer medidas menos gravosas que la detención preventiva, explicando la concurrencia de los presupuestos del art. 233 del CPP y los riesgos procesales de los arts. 234 y 235 de mismo cuerpo legal, no siendo admisible el rechazo de la solicitud de cesación de detención preventiva basado en presunciones; y, 4) Si bien la autoridad demandada refirió la existencia de un informe que relata la huida de los sindicados y que fueron “detenidos” en la persecución no se explica cuáles son las circunstancias que justifican la permanencia de dicho riesgo procesal, pues no basta reiterar su contenido sino que requiere su identificación y análisis, por lo que se concluye la ausencia de motivación y fundamentación por parte de la autoridad demandada.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 76), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 80); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Albino Herrada Claros y Enrique Claros Mejía -hoy accionantes- por la presunta comisión de los delitos de tráfico, asociación delictuosa y confabulación y fabricación de sustancias controladas, cursa acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar y Auto de Vista 147/2023 de 18 de julio, emitido por María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, por el cual declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio de 18 de julio de igual año, que determinó rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva de los prenombrados (fs. 46 a 50).
Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 147/2023, declaró improcedente su recurso de apelación incidental, sin considerar que: i) Para desvirtuar el riesgo de fuga del art. 234.4 del CPP presentó certificación de 16 de mayo de 2023, emitida por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, que acreditaba que sus personas no tuvieron ningún intento de fuga; ii) Valerio Castro Claros y Hermógenes Sánchez Baldelomar -comunarios de la localidad de Cotani-, atestiguaron que a tiempo de la aprehensión no existió intento de fuga; y, iii) No se aplicaron los principios de proporcionalidad y favorabilidad al no considerarse que el imputado Albino Herrada Claros tiene hijos menores al cuidado de la madre, o que el imputado Enrique Claros Mejía alegue ser cuidador de sus padres de la tercera edad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “…la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
Revisados los antecedentes de la acción constitucional se evidencia que, si bien a través del Auto de Vista 147/2023 de 18 de junio, la Vocal ahora demandada alegó deficiente técnica recursiva empleada por la defensa del imputado.
En relación al punto i) referido a la valoración de las certificaciones emitidas por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba, se tiene que la Vocal demandada, reiterando los fundamentos esgrimidos por la autoridad a quo, estableció que estas fueron presentadas en múltiples audiencias previas, sobre las cuales existían pronunciamientos expresos, concluyendo que no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo procesal de fuga -art. 234.4 del CPP-sin que la parte accionante a través de la presente acción constitucional hubiese desvirtuado dicho argumento.
Sobre el punto ii), se estableció por la autoridad demandada que el Juez inferior sustentó su decisión en la falta de idoneidad de los elementos de convicción acompañados para desvirtuar dicho riesgo procesal; en este sentido, sobre la declaración de Valerio Castro Claros, razonó: “…no haber verificado propiamente el momento de la persecución, sino en esencia la aprehensión de los imputados…” (sic), y en relación a Hermógenes Sánchez Baldelomar, el mismo declaró que: “…no haber podido presenciar ningún aspecto que resulte trascendente en relación a la aprehensión o a la persecución que fuera informada de inicio y que motiva el constructo del citado indicador…” (sic). En consecuencia, la Vocal demandada consideró que la parte recurrente no demostró un razonamiento arbitrario por parte de la autoridad a quo por falta de razonabilidad o apartamiento de los criterios de sana crítica vinculado a las referidas declaraciones testificales a objeto de poner en evidencia que estas resulten suficientes e idóneas, y que el razonamiento de la autoridad jurisdiccional resulte equívoca, pues manifiesta que solo hizo una mención genérica relativa a la falta de razonabilidad o racionalidad en la decisión asumida, pretendiendo un análisis integral de los presupuestos, y trasladar la carga argumentativa al Tribunal de alzada, lo cual razonó no resulta plausible por el principio de imparcialidad que lo reviste y que no puede subsanarse a través de la presente acción constitucional en virtud al principio de subsidiariedad que rige a la acción de libertad.
Finalmente, en relación al punto iii) referido a “otros presupuestos” vinculados a la solicitud de cesación, se tiene que la Vocal demandada, analizando la razonabilidad de la determinación asumida por la autoridad a quo y la enunciación del principio de proporcionalidad expuesta por la parte recurrente señaló que, en la resolución complementaria emitida por el Juez a quo, estableció que la circunstancia de que el imputado Albino Herrada Claros tenga hijos menores al cuidado de la madre, o que el imputado Enrique Claros Mejía alegue ser cuidador de sus padres de tercera edad, no desvirtúa el riesgo de fuga construido en la resolución primigenia que se fundamentó por la conducta desplegada por ambos, al ser descubiertos y de forma flagrante elaborando droga en la fábrica de cocaína instalada en el sector de Cotani Bajo, al intentar darse a la fuga en diferentes direcciones siendo precisamente aprehendidos en la persecución, lo que demostró que ambos no pretendían someterse al proceso; cuestionando además la autoridad inferior la falta de acreditación de la condición particular que detentan los menores de edad que se encuentran bajo el cuidado de la progenitora -en cuanto a Albino Herrada Claros-, y respecto a Enrique Claros Mejía, que sea la única persona que puede cuidar a sus progenitores de tercera edad.
Criterio que sin embargo la Vocal demandada -dejó establecido- no comparte por considerar la existencia de falta de pertinencia con el fundamento que motivó la construcción del riesgo procesal en cuestión, pero consideró que no guarda trascendencia, ya que razonó que la pretensión inicial se sustentó en el indicador consignado en el art. 239.1 del CPP -primera parte- sin fundamentar -la parte recurrente- sobre el segundo elemento de dicho indicador referido a la conveniencia de sustituir la medida impuesta por otra menos gravosa, por lo que concluyó que, al haberse limitado el Juez a quo a evaluar la existencia o no de nuevos elementos de convicción y la capacidad de estos para modificar la situación jurídica de los imputados, no fue equívoca.
En ese entendido y de lo analizado, se tiene que, la Vocal demandada motivó y fundamentó el Auto de Vista 147/2023, en la medida en la que respondió a los agravios de los accionantes identificando y precisando las razones y elementos por los cuales, a su criterio, debe mantenerse la medida de detención preventiva, pues consideró que la decisión asumida en primera instancia respecto a la falta de idoneidad de los elementos de convicción acompañados para desvirtuar dicho riesgo procesal de fuga -art. 234.4 del CPP-, no se aparta de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con base al análisis integral de los elementos que fueron presentados por la parte ahora accionante -declaraciones testificales y certificaciones anteriores- y conforme a la pretensión de cesación sustentada en el art. 239.1 del CPP y que fundaron su decisión, tal como se puede evidenciar en los párrafos precedentes, puesto que si bien no fue desarrollado de manera ampulosa, permitió conocer las razones que llevaron a la autoridad demandada a tomar la decisión asumida conforme a lo previsto por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese entendido, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 66 a 71 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Mixta de Sentencia y del Trabajo y Seguridad Social Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0094_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 70b0846272555fa86cbd9cf6571cdd7c0f1bd96df7d01e7c63f7ec623f87b355
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →