B.IA.LEGAL

SCP 0094/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
14 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
50160-2022-101-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante si mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria; en virtud a que, el Ministerio Publico lo imputó inicialmente por el delito de abuso sexual, en el cual desvirtuó en apelación el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; para luego por los mismos hechos, presentar imputación formal en su contra por el ilícito de violación agravada, con base a la cual la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva por la probabilidad de autoría y concurrir el riesgo procesal del precitado art. 234.7 del Código adjetivo penal; decisión, que en apelación fue confirmada por el Vocal accionado a través del Auto de Vista 113/2022 de 21 de abril -ahora impugnado- que actuando de la misma manera que el inferior no evaluó los extremos y antecedentes analizados en la primera imputación formal, habiéndose limitado a transcribir entendimientos convencionales a los fines de acreditar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, que estaba desvirtuado, generando de esta manera la medida extrema en su contra, sin tener presente que como Tribunal de apelación está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de aplicar la detención preventiva y justificar la concurrencia del precitado riesgo procesal. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Sobre la aplicación del enfoque interseccional, como herramienta para resolver casos en situaciones de vulnerabilidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50160-2022-101-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 03/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Rubén Suxo Cabezas contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2022, cursante de fs. 36 a 46, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

EL Ministerio Público, inicialmente lo imputó formalmente el 15 de diciembre de 2020, por la presunta comisión del delito de abuso sexual contra la adolescente AA, habiendo el Juez de la causa, establecido en la audiencia de medidas cautelares la probabilidad de autoría, en los antecedentes referidos en la imputación formal señalando que: “el día domingo 13 de diciembre a horas 22:00 aproximadamente en un alojamiento en el cual es desconocida y dos en la ubicación en la calle Severo Durán entre calles Juan Lechín y Avenida del Maestro el señor RUBÉN SUXO CABEZAS y Aldrin Espejo le agredieron de manera sexual en dos lugares diferentes a la señorita de 15 años de edad la víctima refiere que tuvo relaciones sexuales con el señora Rubén Suxo en un alojamiento y posterior acudió a un matrimonio con su enamorado y el amigo de su enamorado donde consumieron bebidas alcohólicas y después se dirigieron al domicilio del señor Aldrin Espejo Gómez donde fue nuevamente agredida de manera sexual” (sic); en mérito a lo cual, se dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses; decisión que, en apelación mediante el Auto de Vista 227/2020 de 23 de diciembre, fue confirmado al establecer la concurrencia de la probabilidad de autoría, prevista en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, que la teoría fáctica que sustentó la imputación formal fue objeto de evaluación por parte de la autoridad jurisdiccional. Posteriormente de forma arbitraria, la autoridad Fiscal el 8 de febrero de 2022, emitió una nueva imputación formal en su contra con hechos similares, por el delito de violación, realizándose la audiencia de medidas cautelares el 7 de abril de ese año, en la cual el Ministerio Público nuevamente presentó los mismos medios probatorios de la primera instancia como el Informe de conocimiento de 14 de diciembre de 2020, en cuyo contenido señaló iguales antecedentes y bajo un razonamiento equivocado concluyó en relación al presupuesto material que: “…se puede evidenciar la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo siendo que se hubiese ampliado en este caso la imputación por el delito de VIOLACIÓN con agravante, siendo que la calificación es provisional y el Ministerio Público tiene la facultad a efectos de poder realizar la pertinente calificación, siendo que de las pruebas obtenidas vemos razonable la calificación que ha realizado el mismo por lo cual SE VA A DAR POR ACREDITADA LA CONCURRENCIA DEL NUMERAL 1 DEL ART. 233 DEL C.P.P.”, determinando el Juez de la causa con base a ese argumento, su detención preventiva por el término de dos meses, decisión que en apelación fue confirmada por el Vocal accionado a través del Auto de Vista 113/2022 de 21 de abril -ahora impugnado-, quien actuando de la misma manera que el inferior no evaluó los extremos y antecedentes analizados en la primera imputación formal, habiéndose limitado como Tribunal de alzada a transcribir entendimientos convencionales a los fines de acreditar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, lo que generó la aplicación de la medida extrema en su contra, sin considerar que su defensa expuso la existencia de un razonamiento previo vinculado a este riesgo procesal por los mismos hechos que generaron una segunda imputación formal por el delito de violación, lo que no es permisible; es decir, que la autoridad judicial accionada, debió evaluar la existencia de hechos similares contemplados en el primer Auto de Vista 227/2020, que analizó el riesgo procesal desde la perspectiva de los hechos y que de forma maliciosa en una irracional segunda imputación por los mismos hechos, el Fiscal modificó con la intención de procurar su detención preventiva, sin demostrar efectivamente el riesgo procesal establecido como concurrente, ni identificar cómo su persona se constituyó en un peligro para la víctima antes y con posterioridad al presunto hecho y sin tener presente que como Tribunal de apelación está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de aplicar la detención preventiva a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP; y, una o varias de las circunstancias establecidas en los arts. 234 y 235 del Código adjetivo penal, mediante un fallo debidamente fundamentado conforme lo exige el art. 236 del mismo cuerpo procesal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 113/2022 de 21 de abril; y, b) La autoridad judicial accionada emita uno nuevo, circunscribiendo sus razonamientos a los elementos materialmente verificables que en el marco de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, deben establecer su conducta exteriorizada antes y con posterioridad a la comisión de un delito para acreditar el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 64 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: 1) En la primera imputación formal por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitó la cesación de su detención preventiva que fue concedida, aplicándole medidas sustitutivas que las venía cumpliendo; empero, en la segunda imputación por el supuesto ilícito de violación, se dispuso su detención preventiva, preguntándose: ¿si es posible que sobre medidas cautelares resultado de la cesación de privación de libertad, la misma autoridad jurisdiccional emita resolución ordenando la medida extrema y qué parte del procedimiento le permite al Juez de la causa ejercer doble cautela?, situación que generó que el Fiscal asignado al caso arbitrariamente y por el ejercicio de la ejecución penal que realiza lo haga cuando se trata de grupos vulnerables; y, 2) Como autoridad de garantías constitucionales, podrá establecer que no podía existir que sin dejar sin efecto una medida cautelar, se dicte otra ejerciendo de esta manera doble cautela, reiterando se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, remitió informe escrito el 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 59 a 60, solicitando se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) Desde la emisión del Auto de Vista 113/2022 el 21 de abril, al presente ha transcurrido más de cuatro meses; en ese sentido, se debería tomar en cuenta el análisis efectuado en la SC 0010/2007-R de 8 de enero; es decir, determinar que no existe una solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante lo que le impediría como -Juez de garantías- ingresar al análisis de fondo de la presente problemática; puesto que, de ser así se estuviera convalidando los anteriores actuados que fueron analizados; asimismo, si no lo hizo y consideró que sus derechos fueron vulnerados debió activar inmediatamente esta demanda tutelar y no dejar pasar tanto tiempo; ii) Sobre el art. 234.7 del CPP, invocado por el accionante señalando que ya se tendría un pronunciamiento primigenio de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que lo dejó sin efecto; se debe tener presente que, en el Auto de Vista ahora cuestionado se lo analizó, siendo que el Juez inferior no realizó un razonamiento adecuado sobre las situaciones jurídicas, argumentos que determinaron poder enervar este riesgo procesal y ahora en el Auto de Vista -motivo de la acción de defensa-, se estableció el citado riesgo procesal por ser una situación distinta y tomando en cuenta la entrevista psicológica efectuada a la menor; iii) A partir de la vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, la Convención Belém Do Para, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.(CEDAW) y otros tratados internacionales, mencionan que los Estados a través de sus órganos estatales otorguen una protección reforzada a grupos vulnerables de nuestra sociedad y aplicar la perspectiva de género; en este caso, la víctima es una mujer y menor de edad, tomando en cuenta esto se consideró el efectivo peligro para ella, así también se hizo referencia a la SCP 0394/2018, que establece aspectos que deben tomar en cuenta los jueces al momento de determinar el art. 234.7 del CPP, modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, iv) Se debe tomar en cuenta las características de la aplicación de las medidas cautelares, que son instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad; por lo cual, en toda audiencia se deben aplicar esos principios según el caso concreto que se presenta; es así que, se puede establecer que el Auto de Vista 113/2022, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, no existiendo ninguna restricción y procesamiento indebido del accionante.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia, en audiencia pidió se declare la improcedencia de la acción tutelar, arguyendo que: a) El órgano judicial consideró la protección reforzada de la víctima y la naturaleza del hecho, asumiendo el criterio de pertinencia del art. 234.7 del CPP, como peligro efectivo para la víctima; puesto que, en el presente caso el accionante es funcionario policial como el otro coacusado, por lo que tenía la posición de garante para la sociedad y quien a la menor de quince años la indujo a consumir bebidas alcohólicas, la citó, llevó a pasear, para luego contactarse con un amigo que le invitó al matrimonio de su hija, también le compró ropa para asistir a la boda de la que posteriormente la sacó llevándola a un hotel donde la agredió sexualmente, volviendo después al local donde se encontró con el coacusado también efectivo policial, quien se debe entrever abusó de la menor, aspectos examinados por la autoridad jurisdiccional que tuvo presente la vulnerabilidad de la víctima por ser menor, mujer y su declaración en la que refirió que el accionante le prometió sacar a su padre del recinto penitenciario donde se encontraba; y, b) Con relación a la doble imputación formal, las resoluciones anteriores y medidas cautelares, como Ministerio Público manifestó que el accionante, tiene la vía expedita para acudir ante el Juez controlador de los derechos y garantía fundamentales, concluyendo que el Auto de Vista impugnado, a través de esta acción de defensa se advirtió encontrarse sustentado en derecho, no existiendo en este caso vulneración de derecho constitucional alguno.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68, denegó la tutela impetrada con los siguientes fundamentos: 1) En referencia al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, lo determinó la autoridad judicial accionada, tomando en cuenta todos los parámetros, la productividad y la “reforzación”, que se tiene por la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y sobre todo teniendo presente la Convención de Belém Do Para, que de alguna forma obliga a los jueces del órgano judicial a considerar la vulnerabilidad trátese de mujer, niños y ancianos; 2) En el presente caso no se advirtió que el accionante con posterioridad a la emisión del Auto de Vista 113/2022, hubiere formulado petición de cesación de detención preventiva a efectos de desvirtuar el referido riesgo procesal; y 3) Las valoraciones y antecedentes de las anteriores resoluciones fueron tomadas en cuenta por el ahora accionado, con la debida fundamentación. En vía de complementación, la parte accionante solicitó al Juez de garantías se pronuncie con relación a la SCP 0394/2018-S2, que fue en la que fundó su decisión el Vocal accionado, para establecer el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, puesto que, si bien una pericia psicológica efectivamente puede dar lugar a su establecimiento y enervarlo; empero, como Juez de garantías le peticionó analice si el accionado en el impugnado Auto de Vista 113/2022, cumplió con los parámetros que señala el entendimiento jurisprudencial citado; puesto que, en la Resolución cuestionada la autoridad jurisdiccional, señaló que se basó en criterios reforzados; haciendo abstracción de una Sentencia Constitucional Plurinacional, para generar su respaldo jurídico, en el entendido que para ello mínimamente se deben cumplir los cánones y parámetros que establece esa jurisprudencia constitucional, porque el Vocal accionado no determinó cuál sería la peligrosidad durante y con posterioridad del hecho. El Juez de garantías, declaró que se hizo alusión a la SCP 0394/2018-S2, señalando que se debe reforzar el aspecto de la vulnerabilidad con referencia a mujeres o niños y alternativamente si bien la autoridad judicial accionada no hizo referencia a cada uno de los criterios de la ratio decidendi; empero, se entiende que por las características del hecho referido al delito de violación, la adecuó y aplicó en este caso, disponiendo la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Martín II.1. Acasi Colque, contra Rubén Suxo Cabezas -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 484/2020 de 15 de diciembre, dispuso la detención preventiva del imputado por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 2, 234.7 y 235.1 del CPP (fs. 10 a 13), decisión que en apelación, mediante Auto de Vista 227/2020 de 23 de diciembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, fue confirmada en parte respecto a la probabilidad de autoría de los arts. 233.1 y el peligro de obstaculización del 235.2, ambos del CPP; dejando sin efecto los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.1 del Código adjetivo penal (fs. 14 a 15 vta.). II.2. El Ministerio Público solicitó la ampliación de investigación el 19 de abril de 2021, contra el accionante, por el ilícito de violación con agravante, para posteriormente el 9 de febrero de 2022, imputarlo formalmente por el referido ilícito (fs. 5 a 9 vta.), con cuya base, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 200/2022 de 7 de abril, dispuso la detención preventiva del imputado por el plazo de dos meses, por la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 y los riesgos procesales de los arts. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP (fs. 16 a 18 vta.), decisión que en apelación planteada por el peticionante de tutela, a través de Auto de Vista 113/2022 de 21 de abril, fue confirmada en parte con relación al art. 233.3 y el riesgo procesal del art. 234.7, ambos del Código adjetivo penal, manteniendo la detención preventiva dispuesta por el inferior y que es la resolución impugnada mediante esta acción tutelar (fs. 19 a 23 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante si mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria; en virtud a que, el Ministerio Publico lo imputó inicialmente por el delito de abuso sexual, en el cual desvirtuó en apelación el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; para luego por los mismos hechos, presentar imputación formal en su contra por el ilícito de violación agravada, con base a la cual la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva por la probabilidad de autoría y concurrir el riesgo procesal del precitado art. 234.7 del Código adjetivo penal; decisión, que en apelación fue confirmada por el Vocal accionado a través del Auto de Vista 113/2022 de 21 de abril -ahora impugnado- que actuando de la misma manera que el inferior no evaluó los extremos y antecedentes analizados en la primera imputación formal, habiéndose limitado a transcribir entendimientos convencionales a los fines de acreditar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, que estaba desvirtuado, generando de esta manera la medida extrema en su contra, sin tener presente que como Tribunal de apelación está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de aplicar la detención preventiva y justificar la concurrencia del precitado riesgo procesal. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativa, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. (…)

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. (…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”.

Según del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación y motivación, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental.

III.2. Sobre la aplicación del enfoque interseccional, como herramienta para resolver casos en situaciones de vulnerabilidad

La SCP 0296/2021-S3 de 8 de junio, estableció que: “La SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero determinó que: ‘El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación’.

A partir de lo expuesto, se tiene que el enfoque interseccional comprende -en situaciones en las cuales se identifica múltiples factores de vulnerabilidad en una determinada parte procesal-: ‘(…) un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas (…) y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…’ (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre), entendiéndose en consecuencia que el enfoque interseccional, de una parte conlleva la identificación de dos o más factores de discriminación en distintas categorías y sobre todo en razón de género; pero también implica aplicar un criterio interseccional en el que se considere a su vez criterios de vulnerabilidad que deben ser estimados y tomados en cuenta a momento de dilucidar los casos en los que uno de los involucrados en el caso específico, pertenezca a un grupo de atención prioritaria, en función a las situaciones fácticas que se presenten” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes procesales, se constata que el accionante a través de su representante si mandato, denuncia que el Vocal accionado vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria; toda vez que, inicialmente fue imputado formalmente por la presunta comisión del delito de abuso sexual, determinando la autoridad jurisdiccional su detención preventiva por la probabilidad de autoría y concurrir -entre otros-, el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; decisión, que en apelación por Auto de Vista 227/2020, de 23 de diciembre, fue confirmada en parte por el Tribunal de alzada, respecto a la probabilidad de autoría; empero, con relación al riesgo procesal del art. 234.7 del Código adjetivo penal, lo dejó sin efecto; no obstante, posteriormente el Ministerio Público arbitrariamente formuló una segunda imputación formal en su contra por los mismos hechos el ilícito de violación con agravante, base sobre la cual, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva por la probabilidad de autoría reincorporando nuevamente el riesgo procesal del art. 234.7 del Código adjetivo penal, entre otros; determinación, confirmada en parte, por el Auto de Vista 113/2022 de 21 de abril, dictado por la autoridad accionada, quien actuando de la misma manera que el inferior no evaluó los extremos y antecedentes analizados en la primera imputación formal, habiéndose limitado a transcribir entendimientos convencionales a los fines de acreditar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, que estaba desvirtuado, generando de esta manera la medida extrema en su contra, sin tener presente que como Tribunal de apelación está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de aplicar la detención preventiva y justificar la concurrencia del precitado riesgo procesal. Planteada la problemática y dentro del contexto señalado, lo que se cuestiona en la presente demanda tutelar es el Auto de Vista 113/2022, que confirmó la decisión asumida por el inferior que dispuso la detención preventiva del accionante, por la probabilidad de autoría y la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; en cuyo mérito, se procederá a su revisión a objeto de verificar si es evidente lo denunciado por el peticionante de tutela; para ello, es preciso referirse a los agravios por él expuestos, que fueron establecidos en el fallo cuestionado, habiendo señalado en el recurso de apelación que: i) De acuerdo a los antecedentes del caso, se tuvo una primera imputación formal en su contra por el delito de abuso sexual, en cuya audiencia cautelar, se dispuso su detención preventiva, que luego fue sustituida por otras medidas cautelares al conceder la cesación de la detención preventiva que solicitó, al haber desvirtuado el art. 234.1 y 7 del CPP, en apelación; posteriormente, el Ministerio Público el 9 de febrero de 2022, emitió su requerimiento de sobreseimiento en su favor, además que se rechazó el incidente que planteó en el marco del art. 169.3 del Código adjetivo penal, al provocar un juzgamiento de doble acusación, además de acreditar su domicilio en la cesación de la detención preventiva; ii) Con relación al art. 234.7 del CPP, referido a que su persona hubiere realizado un documento transaccional con la víctima, éste no se llegó a efectivizar, y que si bien la víctima tiene condición de vulnerabilidad, es un fundamento que no tiene relación con este caso; puesto que, por su parte no hubo ninguna situación de peligrosidad ni existió un elemento que pueda sustentar este riesgo procesal, como tampoco se lo pudo establecer en audiencia, al no haberse acreditado esa condición antes y después de la comisión del delito y finalmente no se señaló de qué forma representa un peligro en cuanto a la vulnerabilidad de la víctima; razón por la que, no concurre el art. 234.7 del CPP; y, iii) Existiría una indebida detención con relación al art. 233.3 del CPP, por los antecedentes señalados, y que el Juez de la causa debió haber efectuado una valoración integral, tomando en cuenta los aspectos que lo beneficiaban o perjudicaban, tampoco se realizó la debida apreciación de las pruebas, vulnerando de esta manera el debido proceso, en cuanto a la falta de motivación y fundamentación, dada la existencia de un sobreseimiento en su favor sobre el mismo hecho (abuso sexual); peticionando por lo expuesto, se revoque la resolución apelada y se apliquen las medidas cautelares de carácter personal, establecidas por el Juez de la causa. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, al asumir conocimiento del recurso de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista 113/2022, declarándolo procedente en parte y lo confirmó en parte, determinándose por establecido el domicilio, con los siguientes fundamentos: a) En la audiencia realizada el 7 de abril de 2022, a cuyo conclusión se dictó el Auto Interlocutorio 200/2022, se trató un punto específico como fue la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; por lo cual, sobre lo alegado por el apelante que planteó un incidente, cabe señalar que la resolución apelada se circunscribió únicamente a la imputación formal y a las medidas cautelares contra Rubén Suxo Cabezas; por ello, no corresponde abordar la situación incidental; puesto que, la apelación se ceñirá a la aplicación de las referidas medidas cautelares; b) Con relación al domicilio, se advierte de los antecedentes del caso, que el Juez de la causa en la audiencia de medidas cautelares de 15 de diciembre de 2020, dio por señalado el domicilio del imputado que lo estableció, en la ciudad de El Alto, como también en la cesación de la detención preventiva en la que dispuso su detención domiciliaria; por lo cual, la afirmación de la autoridad jurisdiccional que el imputado no logró constituir su domicilio al haberlo fijado en La Paz, existiendo por ello el riesgo procesal, es equivocada, y constituye mala apreciación de la prueba; debiendo por esta circunstancia, darlo por acreditado; c) Con referencia al art. 234.7 del CPP, expresado como agravio por el apelante indicando que no concurre, debido a que en una anterior audiencia de apelación, el Tribunal de alzada determinó por desvirtuado; empero, para su establecimiento se debe tomar en cuenta las características de instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad que tienen las medidas cautelares; sentido en el cual, una nueva imputación formal que se presenta, permite al Ministerio Público como al Juez aquo, dentro de la variabilidad si existen nuevos elementos de convicción que no fueron tomados en cuenta en anteriores actuados, tenerlos presentes, para determinar la concurrencia de ese riesgo procesal; d) Los argumentos del Juez de la causa que expuso en esa oportunidad y que fue observado por el Tribunal de alzada por el Auto de Vista 227/220; en la nueva imputación fue distinto; puesto que, para su concurrencia la autoridad jurisdiccional ponderó la entrevista psicológica de la menor y que el hecho se hubiere consumado aprovechando el imputado la vulnerabilidad de la misma, que se encontraba en estado de ebriedad y haberla llevado a un alojamiento donde la agrede, constituye ser un peligro efectivo para la víctima, entendiendo que a partir de la Ley 348, la Convención Belém Do Para y otros Tratados Internacionales establecen que los Estados partes a través de sus órganos deben otorgar una protección reforzada a grupos vulnerables de nuestra sociedad, en este caso es una víctima mujer y menor de edad; a partir de ello, se consideró el efectivo peligro para ella, haciendo referencia a la SCP 0394/2018-S2, que establece aspectos a ser tomados en cuenta por los jueces al momento de establecer el numeral 7 del art. 234 del CPP, modificado por la Ley 1173; y, de los cuales en este acápite, el Juez de la causa relacionó el hecho con las directrices establecidas en la precitada Ley 348, así como la Convención Belem Do Para, siendo claro al señalar la situación de vulnerabilidad que tuvo la víctima en esta causa, que las acogió a partir de los hechos y de las circunstancias reflejadas por la menor a través de una entrevista psicológica, y considerando la presunción de verdad como el art. 60 de la CPE, referido al interés superior del menor, el art. 15.II de la Norma Suprema, concerniente a los derechos de las mujeres, como la SCP 0394/2018-S2, que aplicó en este caso teniendo presente la vulnerabilidad de la víctima, quien es menor y pertenece a un grupo vulnerable, las características y naturaleza del delito de violación con agravante, concluyó que concurría el riesgo procesal aludido al estar latente; por lo cual, como Tribunal de alzada acogió la decisión asumida por el inferior, quien actuó correctamente, sin que tenga asidero legal el agravio invocado por el imputado; toda vez que, el Juez de la causa razonó en el marco de la interpretación desde la perspectiva de género, así como la protección reforzada de grupos vulnerables de la sociedad; y, e) Sobre la valoración efectuada por el Juez de la causa respecto a los actos investigativos a ser realizados por el Ministerio Público, otorgando el plazo de dos meses de detención preventiva del imputado, en los que se podrán obtener los elementos probatorios respectivos, fue correcta como también la ponderación que efectuó de los arts. 233.3 y 234.7, ambos del CPP, a fin de disponer la detención preventiva del imputado, más el componente al domicilio que debe ser revocado, corresponde declarar procedente en parte el recurso de apelación formulado. Como se constata del Auto de Vista 113/2022, no resulta evidente lo denunciado por el peticionante de tutela, que la autoridad judicial accionada lo emitió, vulnerando su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria; puesto que, contrariamente, como se advierte actuando correctamente y conforme al procedimiento, previo análisis de la Resolución impugnada, luego de establecer los agravios expuestos en el recurso de apelación, se pronunció sobre cada uno de ellos, refiriendo que sobre el cuestionamiento del rechazo del incidente que planteó, no lo abordaría en razón a que no fue contemplado en la Resolución apelada; por lo cual, su fallo lo circunscribiría sobre la aplicación de las medidas cautelares, respecto a las cuales se ciñó la resolución apelada; asimismo, en relación a que no concurría el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, analizó el fallo del Juez aquo, verificando que actuó correctamente ante la existencia de nuevos elementos de convicción analizados en la segunda imputación formal presentada por el Ministerio Público contra el imputado por el ilícito de violación, valorando adecuadamente el informe psicológico realizado a la víctima, determinando pertenecer a un grupo vulnerable por su condición de mujer, ser menor de edad y víctima de agresión sexual, gozando por ello de protección reforzada, tanto por el orden constitucional interno como por los instrumentos internaciones que obligan a los Estados partes, a otorgarla, además que aplicó correctamente la perspectiva de género y efectuó el enfoque interseccional identificando la vulnerabilidad de la víctima, de cuyo resultado concluyó que el imputado constituía un peligro efectivo para la víctima, concurriendo el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP. De la misma forma, el Vocal accionado, dio respuesta a lo alegado por el ahora impetrante de tutela, al afirmar que era evidente que acreditó su domicilió, dándolo por desvirtuado; procediendo de igual forma -previo análisis- que el plazo de la duración de su detención preventiva dispuesta por el inferior de dos meses eran suficientes para los actos investigativos a ser realizado por el Ministerio Público, confirmando la subsistencia del art. 233.3 del CPP.

Por lo expuesto precedentemente, no resulta veraz lo denunciado por el impetrante de tutela que la autoridad judicial accionada emitió el Auto de Vista 113/2022, carente de fundamentación, motivación y valoración probatoria; en mérito a que, como se refirió ut supra, fundamentó los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental, aplicando las normas legales, la perspectiva de género y el enfoque interseccional por tratarse de una menor víctima de agresión sexual, que sustentaron su decisión; es decir, que la Resolución de grado impugnada, fue pronunciada con la debida fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia, al existir correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, cumpliendo de esta manera con las reglas del debido proceso, y con lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.I y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que determina se deniegue la tutela impetrada, al no ser evidente la lesión de los elementos del derecho invocado por el accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 65 a 68, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0094_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.

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