B.IA.LEGAL

SCP 0094/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de abril de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
55872-2023-112-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, a la propiedad privada, al trabajo, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de defensa, y a los principios de seguridad jurídica y de estado de derecho –legalidad-; puesto que, los ahora accionados, el 25 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, al mando de cien personas desconocidas y encapuchados, portando armas de fuego, material explosivo, munidos de machetes, palos y otros objetos contundentes ingresaron violentamente al predio SANTAGRO de propiedad de la accionante, logrando expulsar al encargado y a sus trabajadores, despojando de ese modo de la posesión pacífica y continuada que tenía por más de veinticinco años, luego se asentaron ilegalmente en ese predio realizando mejoras e infraestructura ilegal; por lo que, a la “fecha” no puede ingresar a la referida propiedad ni cosechar los sembradíos de soya que tenía, a pesar de contar con autorización judicial. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 96 de 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 408 vta., a 410 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida e integridad física, a la propiedad privada referido a la posesión, al trabajo, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de defensa; así como a los principios de seguridad jurídica y de estado de derecho -legalidad-.

a) Disponer que Paulino Camacho Vedia, Elías Tejerina Frías y “OTROS”

ocupantes no identificados en un plazo de cinco días calendario desocupen y entreguen el terreno de posesión o propiedad de la accionante y cesen todo acto de perturbación o caso contrario se emita mandamiento de desapoderamiento del predio SANTAGRO contra los hoy accionados y se ejecute con auxilio de la fuerza pública, manteniendo la custodia policial en el lugar; sin disponer el pago de daños y perjuicios, costas procesales y la remisión de antecedentes al Ministerio Público conforme los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en medidas de hecho, su modulación en casos de avasallamientos de propiedades agrarias o rurales
  2. III.2. La acreditación del derecho de propiedad y posesión en propiedades agrarias
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2024-S3 Sucre, 18 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 55872-2023-112-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 96 de 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 408 vta. a 410 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Alberto Franco Saavedra en representación legal de Fabiane Freinberger contra Paulino Camacho Vedia, Elías Tejerina Frías y “OTROS”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de su representante legal, por memoriales presentados el 25 de abril y 8 de mayo, ambos de 2023, cursantes de fs. 344 a 350; y, 354 a 459, manifestó lo siguiente:

I.2. Hechos que motivan la acción

Es propietaria de un predio agrícola denominado SANTAGRO, ubicado en el Polígono 017, con Código Catastral 071503017004, del municipio El Puente, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.11.2.03.0000139, con una superficie de 2 000 ha según documentación legal, y 2 048,80 ha, conforme al plano catastral, predio que cumple con la función económica social (FES) al producir anualmente 9 000 t de soya. Actualmente se encuentra en proceso de saneamiento simple ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el que se emitió el Informe Técnico Legal 60/2020 de 3 de septiembre, disponiendo adjudicar la posesión legal del predio en favor de su persona, la cual fue cuestionada por el Director Nacional del INRA; motivo por el que interpuso demanda contenciosa administrativa contra el nombrado Director Nacional, ante el Tribunal Agroambiental, la cual estaría en estado de dictarse sentencia.

Refirió que, el 25 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, los ahora accionados al mando de cien personas desconocidas y encapuchados, portando armas de fuego, material explosivo, munidos de machetes, palos y otros objetos contundentes ingresaron violentamente al predio antes descrito, logrando expulsar al encargado y a sus trabajadores, despojando de ese modo de la quieta, pacífica y continuada posesión que tenía sobre el citado fundo rústico desde hace más de veinticinco años, asentándose de manera ilegal en el predio realizando mejoras e infraestructura ilegal, extremos que se encuentran acreditados con la denuncia penal que presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del municipio de Ascensión, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, con el muestrario fotográfico y filmaciones de medios de comunicación. Agregó que sus trabajadores sufrieron vejámenes, torturas y humillaciones de parte de los avasalladores, quienes fueron amarrados y puestos de boca abajo, al piso para ser ejecutados, realizando disparos con armas de fuego de grueso calibre, mientras los trabajadores clamaban por sus vidas y familias, siendo posteriormente expulsados del campamento y de la propiedad denominada SANTAGRO; por lo que, a la “fecha” -se entiende de interposición de la acción tutelar- no puede ingresar a la referida propiedad ni cosechar los sembradíos de soya que tenía, siendo los daños irreparables “YA QUE TENEMOS UNA PERDIDA DE 80% DE 1800 HECTAREAS SEMBRADAS DE LOS CULTIVOS DE SOYA, ARROZ, SORGO SIN PODER COSECHAR POR QUE NINGUNA INSTITUCIÒN DEL ESTADO NOS HA PERMITIDO EL ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SOLO ACTOS PRELIMINARES CONFORME SE EVIDENCIA QUE NO HAN RESUELTO EN LO ABSOUTO LA VULNERACIÓN DE NUESTROS DERECHOS GRAVEMENTE VULNERADOS…” (sic.), a pesar de contar con autorización judicial.

I.2.1. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, a la propiedad privada, al trabajo, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de defensa; así como a los principios de seguridad jurídica y de estado de derecho -legalidad-; citando al efecto los arts. 56, 57, 115.II, 117.I, 122, 311.II.5, 178.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.2.2. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene: a) En la vía reparadora, el cese de todo acto de perturbación de la posesión por parte de los hoy accionados y otros desconocidos, así como el desalojo y la entrega inmediata del bien inmueble ocupado; b) En el marco de la tutela preventiva, se establezca la prohibición de ingreso a nuevas personas al bien inmueble, además de no innovar; c) La emisión de mandamiento de desapoderamiento del predio denominado SANTAGRO y sea con auxilio de la fuerza pública, manteniendo la custodia policial en el lugar; y, d) La condenación de daños y perjuicios de $us3 000 000 000.- (tres millones de dólares estadounidenses), más costas procesales, con la advertencia de remitirse antecedentes al Ministerio Público.

I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 25 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 403 a 408 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) Presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, pretendiendo la nulidad de la Resolución Administrativa (RA) 054/2021 de 25 de noviembre, por la cual el INRA la declaró como poseedora ilegal del predio, y estaría pendiente de resolución definitiva; por lo que, mientras no exista sentencia ejecutoriada, el derecho propietario y la posesión que tiene sobre el predio SANTAGRO sigue vigente; 2) Los avasalladores, la dejaron en absoluto estado de indefensión al actuar fuera del marco legal, ocasionando pérdidas cuantiosas al no permitir cosechar sus productos, con los que debía pagar el préstamo bancario; además de cancelar a sus trabajadores, y otros gastos que dependen de los réditos de la actividad agraria; y, 3) La posesión legal del referido predio la tiene desde 1967 de acuerdo a la certificación emitida por la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) antes de la creación de la Reserva Forestal Guarayos de 1969, a la que supuestamente estaría sobrepuesto dicho predio.

I.3.2. Informe de las personas particulares accionadas

Paulino Camacho Vedia, Elías Tejerina Frías y “OTROS” desconocidos, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes de fs. 207 a 208.

I.3.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 96 de 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 408 vta., a 410 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que los ahora accionados desocupen el predio avasallado, restableciendo la posesión de la accionante hasta tanto las autoridades del Tribunal Agroambiental tomen una decisión de fondo, caso contrario se libre mandamiento de desapoderamiento y sea ejecutado con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) No se puede pronunciar sobre el derecho propietario, ya que únicamente actúa como Tribunal de “protección de emergencias”, brindando protección inmediata ante las medidas de hecho; ii) La accionante demostró tener posesión sobre el predio en el que realizó trabajos de producción agrícola, lo cual fue refrendado por la autoridad judicial competente, autorizando el ingreso para la cosecha de los sembradíos de soya y otros productos, siendo impedida por los hoy accionados; iii) También tiene acreditado su derecho propietario de origen y la posesión que tenía sobre el predio avasallado desde hace mucho tiempo, del que fue despojado por los ahora accionados con las medidas de hecho, haciéndose justicia por mano propia, lo cual está prohibido dentro del Estado constitucional de derecho; por lo que, corresponde restablecer ese derecho; y, iv) Tanto la propiedad urbana como la rural gozan de igual protección constitucional, más que todo cuando la propiedad agraria está vinculada a la creación de fuentes de trabajo y a la producción alimentaria, obligando al Estado tomar medidas y garantías para proteger esa propiedad.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 23 de febrero de 2024, cursante a fs. 415 se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 12 de abril del citado año, cursante a fs. 419; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de 8 de mayo de 1998, emitido por Rogelio Chávez Pérez, Jefe de la Unidad de Saneamiento Simple del INRA del departamento de Santa Cruz, en el que se señaló que el 20 de abril de igual año, Ana Karen Barbery Paz, en representación legal de la Corporación Económica Sociedad Anónima (S.A.) “SUDAM S.A.”, presentó solicitud de saneamiento simple del fundo denominado “SUDAM”, ubicado en el cantón Saturnino Saucedo, provincia Ñuflo de Chávez del indicado departamento, con una superficie de 2 982 5250 ha, la cual cuenta con Informe Técnico y Jurídico, Auto de Admisión, esperando se dicte la resolución determinativa (fs. 24). II.2. Consta Certificación de 16 de diciembre de 1999, emitida por Tomas Rojas Iraipi Presidente de la COPNAG, indicando que la empresa SUDAM S.A., ejerce posesión sobre la propiedad denominada “El SUDAM” desde 1967, antes de la dotación de su trámite agrario, que fue solicitado en 1989; por lo que, el entonces Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) le dotó una superficie inicial de 3 000 ha, ejerciendo la posesión que ejerce de manera quieta, pacífica, continuada e ininterrumpida cumpliendo con la FES (fs. 25). II.3. Cursa Contrato Privado de venta de un fundo rústico de 31 de agosto de 2015 suscrito entre Nilson Medina en calidad de vendedor y Alexandre Henrique Medina Freiberger como comprador del predio denominado “SUDAM” actualmente SANTAGRO, ubicado en el cantón Saturnino Saucedo, provincia Ñuflo de Chávez, zona Norte del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 2 000 ha, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.11.2.03.0000139 con reconocimiento de firmas y rúbricas de 2 de septiembre de igual año (fs. 120 a 122 vta.). Asimismo se tiene minuta de contrato de compraventa de 28 de junio de 2019, suscrita entre Alexandre Henrique Medina Freiberger como vendedor y Fabiane Freiberger -hoy accionante- como compradora del mencionado predio denominado SANTAGRO con una superficie según mensura del INRA de 2 048 0803 ha, correspondiente al Polígono 017, con reconocimiento de firmas y rúbricas de 11 de febrero de 2020 (fs. 115 a 117). II.4. Mediante Informe Técnico legal DDSC 601/2020 de 3 de septiembre, elaborado por Mario Melgar Callao Profesional III Jurídico y Franz Wilmar Robles Salas Técnico I de Saneamiento ambos del INRA de Santa Cruz, dirigido a Ana Carola Landívar Chávez, Profesional I Jurídico de la señalada institución y departamento, se recomendó adjudicar la posesión legal con cumplimiento de la función social del predio denominado SANTAGRO en favor de la accionante, clasificada como propiedad empresarial con actividad agrícola ubicada en el Polígono 017, municipio El Puente, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz (fs. 125 a 130). II.5. A través del memorial de 27 de diciembre de 2022, la accionante presentó denuncia penal contra “PAULINO CAMACHO” -ahora accionado-, Rene Rodríguez y Javier Rivero por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, porte o portación ilícita de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa, privación de libertad y robo agravado, indicando que el 25 de igual mes y año, a las 10:00 horas un grupo de cien personas, al mando de los denunciados rompieron candados de la puerta de ingreso, forzando las chapas de las puertas del campamento ingresaron al predio SANTAGRO con armas de fuego de distintos calibres, reteniendo y torturando a los trabajadores para luego expulsarlos de dicha propiedad (fs. 81 a 84). II.6. Por memorial de 5 de enero de 2023, la accionante presentó ampliación de denuncia penal contra las personas identificadas como “…MIGUEL, SILVERIO MUÑOZ, NICOLAS RAMIREZ, MARTIN TEJERINA, HEBER CANAZA, WILFREDO TORO Y OTROS, quienes conjuntamente con Paulino Camacho, Rene Rodríguez Rojas, este último detenido por acción directa…” (sic), refiriendo que en la indicada fecha, mediante el uso de armas de fuego, entre más de cincuenta personas procedieron a robar dos vehículos; asimismo, señaló que el 28 de diciembre de 2022 ingresó a dicha propiedad para realizar inventario de los robos realizados, siendo emboscados por cincuenta personas en motocicletas, quienes abrieron fuego contra sus humanidades, además de privar de la libertad de Grover Richard Bonilla, Juan Carlos Moruco y Arturo Bacilio Villca, a quienes luego de torturarlos fueron liberados sin prendas de vestir, donde pudieron identificar a los denunciados (fs. 200 a 203). II.7. Mediante memorial de 13 de abril de 2023, la accionante solicitó a Franz Ignacio Carrasco García, Juez Agroambiental de San Ramón del departamento de Santa Cruz, emita autorización para la cosecha de la siembra de soya del predio SANTAGRO ocupado por los avasalladores para evitar daños irreparables en su economía y de sus trabajadores, el cual mediante Auto 33 de 14 del referido mes y año, dispuso autorizar la cosecha de los productos agrícolas del mencionado predio; así como el ingreso de los trabajadores y maquinaria agrícola con auxilio de la fuerza pública para que resguarde la vida e integridad física de las personas (fs. 11 a 18 vta.). .

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, a la propiedad privada, al trabajo, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de defensa, y a los principios de seguridad jurídica y de estado de derecho –legalidad-; puesto que, los ahora accionados, el 25 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, al mando de cien personas desconocidas y encapuchados, portando armas de fuego, material explosivo, munidos de machetes, palos y otros objetos contundentes ingresaron violentamente al predio SANTAGRO de propiedad de la accionante, logrando expulsar al encargado y a sus trabajadores, despojando de ese modo de la posesión pacífica y continuada que tenía por más de veinticinco años, luego se asentaron ilegalmente en ese predio realizando mejoras e infraestructura ilegal; por lo que, a la “fecha” no puede ingresar a la referida propiedad ni cosechar los sembradíos de soya que tenía, a pesar de contar con autorización judicial. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la flexibilización del principio de subsidiariedad en medidas de hecho, su modulación en casos de avasallamientos de propiedades agrarias o rurales

La SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril, señaló que: “…, uno de los casos en los que opera la excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, es precisamente cuando se denuncia la existencia de medidas de hecho, en ese sentido la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, con relación al primer presupuesto, afirma que: ”...las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. Así, la SCP 1357/2014 de 7 de julio, agregó que: “En este entendido, las medidas de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad y en casos de denunciarse la existencia de las mismas, no es necesario agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa”

Sin embargo, cabe también aclarar que posteriormente la jurisprudencia constitucional, para los casos de avasallamiento de la propiedad agraria o rural o predio que se encuentre en el radio urbano, con destino agroambiental ha modulado los entendimientos contenidos en la SCP 0998/2012 de 05 de mayo, en relación a la flexibilización del principio de subsidiariedad a través de la SCP 0047/2015-S2 de 3 de febrero, en la que se refiere: “En el estado de cosas mencionado, al haberse establecido que el mecanismo establecido en la Ley 477, se constituye en un vía idónea y eficaz para la protección de los derechos a la propiedad, posesión y trabajo, a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se procede a modular la línea jurisprudencial, por las cuales vía acción de amparo constitucional en casos donde se advertían medidas de hecho vinculados al avasallamiento se entraba al análisis de fondo de la problemática planteada haciendo uso de la excepción al principio de subsidiariedad ya que por aplicación de la Ley 477, se entiende que previamente debe agotarse la vía agroambiental, donde podrá solicitar todas las medidas precautorias del caso”. De igual forma la citada SCP 0047/2015-S2, ha dejado claro que en los demás casos en los que se denuncia avasallamientos de la propiedad urbana que no tenga destino agroambiental, aún se mantiene la excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad cuando: “Por otro lado y de acuerdo al desarrollo de las competencias de los jueces agroambientales ya mencionadas, se debe proceder a la consolidación de la competencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto del amparo por medidas de hecho ante el avasallamiento de la propiedad urbana que no tenga destino agroambiental, esto, por ausencia de proceso judicial específico, idóneo y eficaz, el cual fue obviado en la Ley 477, toda vez que se entiende que esta norma excluye a la jurisdicción agroambiental para conocer avasallamientos de la propiedad y posesión urbana sin el destino antes referido, de tal manera que deberá ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien deberá proceder al desarrollo de un proceso específico para estos casos, por cuanto los procesos existentes en la vía ordinaria civil existentes no permiten un procedimiento expedito e idóneo para la satisfacción de los derechos en juego. En ese entendido de acuerdo a la gravedad de la problemática y de los derechos protegidos corresponderá se tutelen estos derechos a través de la acción de amparo constitucional, siempre de manera provisional y sin reconocer derechos, los cuales serán dilucidados en las instancias pertinentes”.

III.2. La acreditación del derecho de propiedad y posesión en propiedades agrarias

La SCP 0140/2018-S4, citando a su vez a la SCP 1234/2013-L de 10 de octubre, estableció que “…la realidad de los hechos que se presenta en los procesos agrarios, ha tomado la convicción de repensar el segundo presupuesto requerido por la jurisprudencia constitucional -tratándose de medidas de hecho- referido a la inscripción del derecho propietario en la oficina de Derechos Reales, adecuándola de mejor forma para el ámbito rural, de modo que la presente sentencia flexibiliza este aspecto, con el único propósito de garantizar el libre acceso a la justicia constitucional; velando así, por el sólo cumplimiento de aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de la tutela cuando se denuncia la existencia de la justicia por mano propia en el ámbito agrario. (…) 2) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento de predios agrarios, el peticionante deberá acreditar la titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito al cual se generó su oponibilidad frente a terceros; sin embargo, en caso de que su derecho no se encuentre registrado, dado que el trabajo es la fuente fundamental de adquisición y conservación de la propiedad agraria, el uso, goce y disfrute del mismo podrá ser comprobado por todos los medios de prueba que el accionante considera oportuno, los que deberán ser apreciados por el juzgador tomando en cuenta la valoración integral de las normas y procedimientos propios de cada pueblo o comunidad en la que es ejercida; así también podrá acreditarse los trabajos realizados en el predio toda vez que el cumplimiento de la función social y/o económico social se constituye en el elemento fundamental para adquirir y mantener la propiedad agraria, por lo que la tutela que se conceda a favor del accionante será de forma provisional, entendimiento que se efectúa en razón a que la tutela constitucional no define derechos; y, solo precautela el restablecimiento del orden jurídico constituido, evitando la consumación de la justicia por mano propia”.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, a la propiedad privada, al trabajo, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de defensa, y a los principios de seguridad jurídica y de estado de derecho –legalidad-; puesto que, los ahora accionados, el 25 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, al mando de cien personas desconocidas y encapuchados, portando armas de fuego, material explosivo, munidos de machetes, palos y otros objetos contundentes ingresaron violentamente al predio SANTAGRO de propiedad de la accionante, logrando expulsar al encargado y a sus trabajadores, despojando de ese modo de la posesión pacífica y continuada que tenía por más de veinticinco años, luego se asentaron ilegalmente en ese predio realizando mejoras e infraestructura ilegal; por lo que, a la “fecha” no puede ingresar a la referida propiedad ni cosechar los sembradíos de soya que tenía, a pesar de contar con autorización judicial. Identificada la problemática planteada, tomando en cuenta que la accionante denuncia la presunta comisión de las medidas de hecho protagonizadas por los ahora accionados, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, corresponde precisar que las medidas de hecho son actos propiciados por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los principios del Estado constitucional de derecho, prescindiendo de los mecanismos legales vigentes para la definición de hechos y derechos; en ese contexto, es posible tutelar de forma excepcional y provisoria los derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a las vías de hecho, esencialmente con la finalidad de evitar: i) Abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, ii) El ejercicio de la justicia por mano propia; es decir, la tutela extraordinaria se activa ante actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias y procedimientos legales que el ordenamiento jurídico brinda para resolver conflictos, ante el abuso del poder que detentan los que recurren a la violencia frente al agraviado y la inminencia de un daño irreparable en los derechos, que justifican su protección inmediata. Para tal efecto, corresponde a la accionante cumplir con los presupuestos necesarios para que la jurisdicción constitucional pueda otorgar una tutela provisional, flexibilizando el principio de subsidiariedad y la legitimación pasiva, para lo cual debe acreditar: a) La existencia de medidas de hecho sin causa jurídica que no impliquen la existencia de hechos controvertidos; y, b) La titularidad o dominialidad del bien objeto de medidas de hecho, por medio del registro del derecho propietario que es el único que genera oponibilidad frente a terceros; sin embargo, en caso de que su derecho no se encuentre registrado, ya que el trabajo es la fuente fundamental de adquisición y conservación de la propiedad agraria, el uso, goce y disfrute del mismo podrá ser comprobado por todos los medios de prueba que la accionante considera oportuno; y en caso de que el o los accionantes hubiesen interpuesto un proceso penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento o un proceso en la vía agroambiental, se debe justificar, la necesidad de una tutela provisional inmediata por ser inminente un daño irreparable e irremediable a sus derechos; por lo que, no pueda postergarse la tutela por parte de la jurisdicción constitucional. En ese orden, corresponde analizar si en el presente caso la accionante acreditó los presupuestos requeridos para acceder a la tutela provisional que presta la acción de amparo constitucional, cuando se denuncian medidas de hecho por avasallamiento a la propiedad privada agraria. Pues bien, con relación al primer presupuesto de acreditar de manera objetiva las medidas de hecho, la accionante conforme se observa de la Conclusión II.5. de este fallo constitucional, presentó denuncia penal contra “PAULINO CAMACHO”, Rene Rodríguez y Javier Rivero por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, porte o portación ilícita de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa, privación de libertad y robo agravado, indicando que el 25 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, un grupo de cien personas, al mando de los denunciados rompieron candados de la puerta de ingreso, forzando las chapas de las puertas del campamento ingresaron violentamente al predio SANTAGRO con armas de fuego de distintos calibres, reteniendo y torturando a los trabajadores para luego expulsarlos de la propiedad. Asimismo de la Conclusión II.6. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la accionante presentó ampliación de denuncia, señalando que después de presentada la primera denuncia, se procedió a la detención de Rene Rodríguez Rojas, el 27 de igual mes y año, dando a entender que los avasalladores hubiesen salido de su propiedad, es por ello que, el 28 de ese mes y año, decidieron ingresar a dicha propiedad para realizar inventario de los robos realizados; empero, fueron emboscados por cincuenta personas en motocicletas, quienes abrieron fuego contra sus humanidades, y tomaron como presos a Grover Richard Bonilla, Juan Carlos Moruco y Arturo Baollo, a quienes luego de torturarlos y privarles de su libertad por varias horas, los soltaron sin prendas de vestir en el camino, donde pudieron identificar a las siguientes personas “…MIGUEL, SILVERIO MUÑOZ, NICOLAS RAMIREZ, MARTIN TEJERINA, HEBER CANAZA, WILFREDO TORO Y OTROS…” (sic). Posteriormente el 5 de enero de 2023, cuando trataron de ingresar nuevamente a la propiedad para tomar fotografías del sembradío de soya, con cuatro vehículos, también fueron emboscados, donde quemaron un vehículo y se apropiaron de otros dos vehiculos, los cuales estarían utilizando para amedrentar a otras empresas cercanas. Los extremos descritos fueron corroborados, cuando la accionante presentó al Juez Agroambiental de San Ramón del departamento de Santa Cruz, una solicitud de autorización para la cosecha de la siembra de soya del predio SANTAGRO ocupado por los avasalladores para evitar daños irreparables en su economía y de sus trabajadores; en razón del cual el indicado Juez emitió el Auto 33 de 14 de abril de 2023, disponiendo autorizar la cosecha de los productos agrícolas del predio indicado así como el ingreso de los trabajadores y maquinaria agrícola con auxilio de la fuerza pública para que resguarde la vida y la integridad física de las personas.

En ese marco, aquilatando los elementos probatorios adjuntados se concluye que la accionante acreditó de manera objetiva las medidas de hecho asumidas sin causa jurídica por los hoy accionados; ya que, no explicaron a qué título procedieron a ocupar el predio SANTAGRO, prescindiendo de los mecanismos institucionales para dirimir derechos sobre el citado predio, lo cual no está permitido dentro del Estado constitucional de derecho. Con relación al segundo presupuesto de acreditar la titularidad o dominialidad del bien inmueble con relación al cual se ejerció las vías de hecho o haber tenido la posesión real sobre el predio rural a través del cumplimiento de la función social; la accionante presentó conforme se tiene de la Conclusión II.1. de este fallo constitucional, una certificación de 8 de mayo de 1998, emitida por la Unidad de Saneamiento Simple del INRA, en la que señala que el 20 de abril de 1998 Ana Karen Barbery Paz, en representación legal de la Corporación Económica S.A. “SUDAM S.A.”, presentó solicitud de saneamiento simple del fundo denominado “SUDAM”, ubicado en el cantón Saturnino Saucedo, provincia Ñuflo de Chávez, del departamento de Santa Cruz con una superficie de 2 982 5250 ha., contando con Informe Técnico y Jurídico, auto de admisión, esperando se dicte la resolución determinativa. De igual forma adjuntó de acuerdo a la Conclusión II.2., la certificación de 16 de diciembre de 1999, emitida por COPNAG, que indica que la empresa “SUDAM S.A”., ejerce posesión sobre la referida propiedad desde el año 1967, antes de la dotación de su trámite agrario, que fue solicitado el año 1989; por lo que, el entonces Consejo Nacional de Reforma Agraria le dotó una superficie inicial de 3 000 ha, ejerciendo desde entonces posesión pacifica, continuada e ininterrumpida que hasta la fecha viene cumpliendo con la función social. Asimismo, según se advierte de la Conclusión II.3. de este fallo constitucional, arrimó Contrato Privado de venta de un fundo rústico de 31 de agosto de 2015, suscrito entre Nilson Medina en calidad de vendedor y Alexandre Henrique Medina Freiberger como comprador del predio denominado SUDAM S.A. actualmente llamado SANTAGRO, ubicado en el cantón Saturnino Saucedo, provincia Ñuflo de Chávez, zona Norte del departamento de Santa Cruz con una superficie de 2 000 ha, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.11.2.03.0000139 con reconocimiento de firmas y rúbricas de 2 de septiembre de igual año. También adjuntó, minuta de contrato de compraventa de 28 de junio de 2019, suscrito entre Alexandre Henrique Medina Freiberger como vendedor y la accionante como compradora del predio denominado SANTAGRO situado en la referida ubicación, con una superficie según mensura del INRA 2.048.0803 ha., correspondiente al Polígono 017, con reconocimiento de firmas y rubricas de 11 de febrero de 2020.

Aparte de ello, acompañó el Informe Técnico Legal 601/2020 de 3 de septiembre, elaborado por el INRA de Santa Cruz, que recomienda adjudicar la posesión legal con cumplimiento de la función social del predio denominado SANTAGRO a favor de la accionante clasificada como propiedad empresarial con actividad agrícola ubicado en el Polígono 017, municipio El Puente, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. De la referida documentación, se advierte que si bien la accionante no cuenta con derecho propietario registrado a su nombre en la Oficina de DD.RR.; empero, demostró que en la cadena de sus predecesores propietarios Nilson Medina tenia inscrito su derecho propietario sobre el predio denominado “SUDAM S.A.” del que formaba parte el ahora predio llamado SANTAGRO, bajo la matrícula computarizada 7.11.2.03.0000139, con antecedente dominial desde 1967, antes de la dotación de su trámite agrario que fue solicitado recién en 1989; por lo que, el entonces CNRA le dotó a sus titulares anteriores una superficie inicial de 3 000 ha, ejerciendo desde entonces posesión pacífica, continuada e ininterrumpida por sus titulares anteriores y que hasta la fecha lo mantiene la accionante cumpliendo con la función social. Extremos que fueron reconocidos por el propio INRA, cuando en el Informe Técnico Legal 601/2020, se recomienda adjudicar la posesión legal con cumplimiento de la función social del predio denominado SANTAGRO a favor de la accionante. Si bien la accionante reconoce en su memorial de la acción de defensa que ratificó en la audiencia de consideración de la misma, que el citado Informe fue impugnado por el INRA Nacional, motivando que se dicte la RA 054/2021 de 25 de noviembre, declarándola como poseedora ilegal del predio, por cuanto presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, demandando la nulidad de esa Resolución Administrativa, la cual estaría pendiente de resolución definitiva. Sin embargo, el proceso agrario no puede considerarse como la existencia de derechos controvertidos, ya que en ese proceso no son los demandados o avasalladores quienes estén cuestionando la propiedad o la posesión de la accionante sino el Estado a través del INRA Nacional, menos puede asumirse como incumplimiento del principio de subsidiariedad. De igual forma, la accionante no solamente demostró tener posesión física del predio SANTAGRO, sino el posible daño irreparable que se estaría ocasionando en caso de no ser protegido oportunamente, ya que según afirma en su memorial de interposición de la acción de defensa, viene experimentando una pérdida de 80% de 1 800 ha sembradas de soya, arroz y sorgo sin poder cosechar; ante ello, conforme se evidencia de la Conclusión II.6. de este fallo constitucional, solicitó al Juez Agroambiental de San Ramón del departamento de Santa Cruz, autorización para la cosecha de la siembra de soya de dicho predio ocupado por los avasalladores para evitar daños irreparables en su economía y de sus trabajadores, en cuya virtud la autoridad judicial, emitió el Auto de 14 de igual mes y año, autorizando la cosecha de los productos agrícolas, disponiendo el ingreso de los trabajadores y maquinaria agrícola con auxilio de la fuerza pública para que resguarde la vida e integridad física de las personas, el cual no se hubiese ejecutado debido a la resistencia de los avasalladores. En ese sentido, la accionante requirió la necesidad de una protección inmediata que brinda la acción de amparo constitucional; por cuanto, los hoy accionados no solamente se encuentran ocupando de manera arbitraria e ilegal el bien inmueble, impidiendo el ingreso a su verdadero dueño o poseedor sino también privando del ejercicio de las facultades de uso y goce del fundo SANTAGRO; además, de efectuar sin ninguna autorización construcciones civiles en su interior, pretendiendo modificar el estado actual del bien inmueble; por lo que, en caso de no concederse la tutela provisional; podría producirse un daño irremediable e irreparable en la propiedad del accionante; con la perdida de los sembradíos, razón por la cual se justifica la necesidad de una protección inmediata. De lo expuesto, se concluye que la accionante acreditó el cumplimiento de los presupuestos previstos en la jurisprudencia constitucional para activar la protección inmediata que presta la acción de amparo constitucional ante las vías o medidas de hecho; puesto que, los ahora accionados procedieron a ocupar arbitrariamente el bien inmueble que poseía sin explicar a qué título lo hacían, para luego empezar con las construcciones sin contar con la autorización de su verdadero titular, ya que la ocupación y el asentamiento de los hoy accionados no se encuentra respaldada con ninguna documentación al igual que las construcciones efectuadas, lo cual implica que los ahora accionados se mantienen en el bien inmueble solamente con las medidas de hecho; privando a la accionante no solamente del ingreso sino del contenido esencial del derecho de posesión, que es de uso y goce del bien; lo cual no está permitido dentro de un Estado constitucional de derecho, que asegura un mínimo de seguridad jurídica a sus habitantes, vulnerando de ese modo del derecho a la posesión del bien inmueble que considera la accionante de su propiedad privada. Asimismo, resulta evidente la vulneración del derecho a la vida e integridad física, ya que los hoy accionados cuando ingresaron la primera vez y la accionante pretendió ingresar con sus trabajadores para cosechar los sembradíos, los emboscaron y torturaron luego de amarrarlos y vendar sus ojos, realizando disparos con armas de fuero, pretendiendo atentar contra la vida e integridad física de la accionante. De igual forma, se afectó el derecho al trabajo; puesto que, la accionante demostró que se dedica y vive del trabajo agrícola que realiza en el predio, del cual se encuentra privado por los ahora accionados sin poder cosechar sus productos. También, se afectó el derecho a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, ya que si bien inició un proceso penal contra los hoy accionados, además de plantear una demanda contenciosa administrativa contra el INRA; empero, no puede lograr acceder a la justicia, ya que con esos procesos no es posible restablecer los derechos vulnerados de forma inmediata, así como se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de defensa, ya que los ahora accionados no iniciaron ningún proceso que cuestione su propiedad y posesión en la que pueda tener la posibilidad de asumir defensa y también se conculcó los principios de seguridad jurídica y de legalidad -Estado constitucional de derecho-; puesto que, los hoy accionados actuaron al margen de los constitucionales legales para dirimir conflicto de derechos. Es más, a pesar que los hoy accionados fueron citados y notificados con la acción de defensa, éstos no se apersonaron ni presentaron informe escrito ni oral para justificar sus actuaciones, lo cual razonablemente lleva a concluir sobre la veracidad de las medidas de hecho; por lo que, corresponde conceder la tutela de carácter provisional tratándose de las medidas de hecho, hasta tanto se defina la situación de propiedad de la accionante en la demanda contenciosa administrativa en curso. Finalmente, en cuanto al pago de daños y perjuicios además de costas procesales, esa petición no puede ser considerada en razón del alcance provisional de la tutela concedida y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo); asimismo, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público, porque la misma no forma parte de sus atribuciones constitucionales, pudiendo hacerlo directamente la accionante de considerar necesario. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 96 de 25 de mayo de 2023, cursante de fs. 408 vta., a 410 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida e integridad física, a la propiedad privada referido a la posesión, al trabajo, a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de defensa; así como a los principios de seguridad jurídica y de estado de derecho -legalidad-.

a) Disponer que Paulino Camacho Vedia, Elías Tejerina Frías y “OTROS”

ocupantes no identificados en un plazo de cinco días calendario desocupen y entreguen el terreno de posesión o propiedad de la accionante y cesen todo acto de perturbación o caso contrario se emita mandamiento de desapoderamiento del predio SANTAGRO contra los hoy accionados y se ejecute con auxilio de la fuerza pública, manteniendo la custodia policial en el lugar; sin disponer el pago de daños y perjuicios, costas procesales y la remisión de antecedentes al Ministerio Público conforme los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0094_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 807f96c576588344253c2ea2e95117216fa8cb0678a6b647c802e95dc1813e2a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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