Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 27 de marzo de 2024
Deniega la tutela
La representante del menor de edad accionante, denuncia la vulneración de los derechos de este al debido proceso, “a suceder” y a una justicia pronta y oportuna, así como a los principios de seguridad jurídica e interés superior de la niña, niño y adolescente, puesto que, los Vocales accionados, mediante Auto de Vista 533/2023 resolvieron la apelación que de forma alternativa al recurso de reposición -resuelto por Auto Interlocutorio 347/2023- planteó contra el Auto Interlocutorio 230/2023 y, en consecuencia, confirmaron lo dispuesto en esta última Resolución que declaró la contención del proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, y mandaron a sustanciar en la vía ordinaria dicha pretensión. Sin embargo, incurrieron en una interpretación y aplicación errónea de los arts. 452, 453 y 472 del CPC, justificando su decisión con la advertencia de que la sola observación u oposición efectuada por terceros ajenos al proceso a uno o varios de los elementos descritos en el inventario, provoca per se su contención, a pesar de que, no contaban con la legitimación que se reconoce al coheredero o acreedor para este fin, en aplicación a lo dispuesto por el art. 472 del citado Código y que no existió oposición a la calidad de heredero forzoso, cerrándole así las vías de reclamación para ejercer sus derechos sucesorios. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 297/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 191 a 198, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a René Oscar Delgado Ecos y José Rodolfo Saenz Paz, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, debiendo enmarcar sus actuaciones futuras a lo previsto en los arts. 31.II y 56 del Código Procesal Constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2024-S2 Sucre, 27 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 61302-2024-123-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 297/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 191 a 198, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Leslie Liliana La Torre Condorcett en representación del menor de edad AA contra Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Gustavo Iván Espejo Espejo, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 20 y 28, ambos de noviembre de 2023; cursantes de fs. 161 a 170 y 173 a 175, la representante del menor de edad accionante manifiesta lo siguiente:
El 14 de mayo de 2022, falleció Franklin Adams Reyes Muñoz -causante y padre del menor que representa-, por este hecho, se abrió la sucesión legal, a la cual tenía derecho en su calidad de heredero forzoso acreditado con el Certificado de Filiación de Descendencia 26002/2022 de 16 de septiembre, en el que figura como descendiente en primera línea -hijo del de cujus-, al igual que el menor de edad BB, representado por su madre Natalia Alba Copaja Peralta, quien en un proceso voluntario signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 204045141, fue quien inició la demanda de aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario.
Es así que, en el citado proceso, fue notificada mediante edictos y se apersonó en representación del menor de edad AA, solicitando que se lo incluya como aceptante de la herencia bajo beneficio de inventario, en el marco de lo previsto por el art. 51 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-. No obstante, Gustavo Iván Espejo Espejo, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionado- pronunció el Auto Interlocutorio 230/2023 de 21 de abril, declarando la contención del proceso voluntario, mandando a ordinarizar la causa y salvando los derechos de las partes para hacerlos valer por la vía correspondiente. Por lo que, al verse afectados sus derechos, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el cual fue resuelto a través del Auto Interlocutorio 347/2023 de 13 de junio, estableciendo mantener firme y subsistente la determinación impugnada y su remisión a la instancia superior por la concesión de la apelación en efecto devolutivo. Así, Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionados-, mediante Auto de Vista 533/2023 de 13 de julio -con el que se la notificó el 18 de igual mes de 2023- confirmó el Auto Interlocutorio 230/2023; vale decir, confirmando a su vez la contención del proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, en errónea aplicación e interpretación de los arts. 452, 453 y 472 del Código de Procesal Civil (CPC), pues justificaron su decisión, en la advertencia de que la sola observación u oposición a uno o varios de los elementos descritos en el inventario, provoca per se su contención, dándoles treinta días para ordinarizar su pretensión y con ello cerrando las vías de reclamación de la “legítima” -se asume, de su derecho sucesorio- a dos menores de edad. Sin embargo, el art. 472 del CPC dispone que, la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario se sujeta al procedimiento previsto en los arts. 452 y 453 del citado Código. En ese sentido, aunque el art. 453 de dicho Código, de forma genérica faculta la oposición a toda persona a quien por efecto de un proceso voluntario se le cause perjuicio en sus intereses; sin embargo, el señalado artículo se encuentra reflejado en el Capítulo Primero, del Título VII, relativo a las disposiciones generales en los procesos voluntarios y por tanto abre un amplio abanico de posibilidades de afectación tanto en procesos voluntarios nominados e innominados; en cambio, el art. 472 del mismo cuerpo legal, se encuentra en el Capítulo Segundo, Título VII, Sección III, referido específicamente a procesos sucesorios de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, estableciendo claramente que los facultados para esta oposición son los coherederos y acreedores. En ese marco, las personas a quienes legitimaron las autoridades accionadas no gozan de esa calidad, pues el apersonamiento de Janet Josefa Muñoz Vda.
de Reyes, en su condición de madre del de cujus, se funda en el derecho de usufructo de un inmueble, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.); es decir, que no ostenta la calidad de coheredera ni tampoco acreedora; lo propio respecto a Jaime Cuenca Coss, quien en su apersonamiento no se opone a nada, pues solo puso a conocimiento de la autoridad judicial que un automóvil contemplado en el inventario está bajo su dominio y es de su propiedad, de modo que, le resta tramitar solo la inscripción de su derecho propietario en la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de La Paz; es decir, sus derechos son salvables por otras vías legales. Por otro lado, al no existir oposición con relación al fondo del proceso o a la calidad de herederos forzosos de los menores de edad, no desapareció la voluntariedad en el mismo. Consiguientemente, se niega el interés superior de la niña, niño y adolescente respecto a los dos menores de edad de suceder los derechos de su difunto padre y acceder a su legítima o reclamarla al no haberla antes aceptado, pues de otra forma solo les quedaría demandar la aceptación de herencia de manera pura simple.
La representante del menor de edad accionante denuncia la vulneración de los derechos de este al debido proceso, “a suceder” y a una justicia pronta y oportuna, así como a los principios de seguridad jurídica e interés superior de la niña, niño y adolescente; citando al efecto los arts. 56.III, 60 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se disponga la nulidad del Auto de Vista 533/2023, que confirmó el Auto Interlocutorio 230/2023 y se ordene la prosecución del proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, salvando los derechos de terceros a ser reclamados en las vías legales correspondientes; y, b) Se sancione costas y costos de ley.
Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de diciembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 186 a 190 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
La representante del menor de edad accionante a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los términos del mismo, en audiencia manifestó que: 1) El art. 51 del CFPF, prevé de forma obligatoria que, la aceptación de la herencia debe efectuarse siempre bajo beneficio de inventario; asimismo, de acuerdo a la normativa jurídica civil, esta aceptación de herencia debe realizarse a través de autoridad jurisdiccional, es así que, no existe alternativa u otro procedimiento al efecto; 2) Ninguna persona se opuso a la calidad de herederos forzosos de los menores de edad, pues lo que ocurrió fueron simples apersonamientos de dos ciudadanos que carecen de legitimación activa, por lo que, persiste la voluntad de las representantes sin mandato de los menores de edad involucrados, quienes acudieron al proceso a fin de que se los declare herederos bajo beneficio de inventario, por consiguiente, no desapareció la naturaleza voluntaria del proceso; 3) Ante la duda de que podría aplicarse algún decreto supremo o normativa jurídica notarial, adjuntaron en calidad de prueba, la Certificación 410/2023 de 20 de noviembre, emitida por el Notario de Fe Pública 55 de la Capital del departamento de La Paz, quien con base en los arts. 89 y 90 de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, negó su solicitud de que se inicie un proceso de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario por la vía voluntaria notarial; ello, en razón a que se inició este trámite en la vía judicial y se declaró contencioso el proceso voluntario, demostrándose así que, el acto ilegal se traduce en el cierre de las vías de reclamación de la legítima correspondiente a los menores de edad; 4) La legítima representa parte del patrimonio del de cujus reservada para los herederos llamados por ley y de la que no pueden ser privados sino existe una causa legal, de modo que, todo acto contrario a evitar que una persona acceda a su legítima en su calidad de heredero forzoso es ilegal; del mismo modo, cualquier convención, mandato judicial, inclusive leyes protegidas a nivel constitucional, es nula de pleno derecho; 5) Se vulnera lo previsto en el art. 473 del CPC, que establece que para la intervención de los interesados se debe exigir dos requisitos, entre ellos, ser herederos forzosos, que en el caso se acreditó con el certificado de descendencia -Certificado de Filiación de Descendencia 26002/2022- en el que se demuestra su calidad de únicos herederos forzosos; y segundo, la aceptación de herencia, la cual no puede efectuarse en la vía notarial y que en la vía judicial fue negada; 6) No pueden acceder a la masa hereditaria hace más de un año, infringiéndose así el art. 475 del CPC, que prevé, una vez cumplidos los requisitos legales, la autoridad judicial pronunciará una Resolución, aceptando la herencia bajo beneficio de inventario, la cual estará sometida a un control de la autoridad judicial que tampoco se está cumpliendo “…están haciendo burla y mueca de todo el sistema judicial…” (sic), por esta razón, no conocen qué ocurre actualmente con el caudal hereditario ante la ausencia de este control; 7) La interpretación efectuada por las autoridades accionadas, para establecer quién puede efectuar oposición en los procesos voluntarios de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario no corresponde, pues debió aplicarse lo dispuesto en los arts. 472, 473 y 475 del mismo Código, que se refieren concretamente a procesos sucesorios; 8) No existe razón para volver contencioso un proceso voluntario que en el fondo no fue observado, porque ello se hubiera suscitado si se desconocía la calidad de hijos del de cujus, que en el caso no aconteció, dado que, la reclamación de Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, se funda en un derecho real de usufructo que tiene la nombrada hasta el último día de su vida, y en cuanto al apersonamiento de Jaime Cuenca Coss, señalando que el de cujus le transfirió un automóvil antes de su fallecimiento, este no presenta observación por las representantes de los menores de edad; 9) El sistema judicial no consideró la necesidad de protección al interés superior de la niña, niño y adolescente, en el marco del derecho internacional de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño; 10) No hay otra salida inmediata, porque el proceso contencioso que incluye una etapa de casación es más largo; por ello, prevé que cumplirá la mayoría de edad sin que haya sido declarado heredero, acepte su herencia, acceda a su legítima, administre su caudal hereditario, registre sus derechos propietarios en DD.RR., defienda sus intereses ante eventuales terceros que se opongan y tramite en la vía judicial la jubilación de su padre; 11) El derecho a suceder es un derecho constitucionalmente garantizado a todos los ciudadanos, pero especialmente a los menores de edad y ante cualquier duda debe prevalecer su interés superior y no de personas mayores de edad; 12) El art. 473 del CPC, les reconoce el derecho de hacer peticiones, pero en el escenario expuesto, no existe autoridad que se encuentre actualmente controlando el caudal hereditario, ante quien efectúe su petición; y, 13) Se debe considerar que, en el marco de lo previsto en el art. 454 del citado Código, las determinaciones que se asumen en los procesos voluntarios crean certidumbre sobre actos jurídicos, pero no tienen calidad de cosa juzgada.
Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 183 a 184, así como en audiencia manifestaron que: i) La jurisdicción constitucional se encuentra concebida para la tutela de los derechos y garantías constitucionales infringidas en la vía ordinaria, de ahí que, se encuentra impedida de realizar una “valoración” de la legalidad ordinaria o la pertinencia de los argumentos expuestos en el memorial de recurso de apelación; lo contrario, implicaría constituirse como una instancia adicional a la ordinaria; ii) La determinación asumida, mediante el Auto de Vista 533/2023, fue emitida en el marco de la jurisprudencia y la normativa civil, disponiendo confirmar el Auto Interlocutorio 230/2023. Al respecto, se debe establecer que la competencia que desarrolla se sujeta a los principios de conocimiento y restricción jurisdiccional, por el cual, la autoridad jurisdiccional debe pronunciarse únicamente en razón a los hechos que se expongan, limitando su esfera de actuación a los agravios planteados sobre un fallo; iii) La naturaleza de los procesos voluntarios se caracteriza por la ausencia de contención, orientados exclusivamente a dar certeza, legalidad o autenticidad a un determinado hecho y/o acto jurídico que reconozca derechos subjetivos de orden patrimonial o extrapatrimonial, lo que significa que no define conflictos o controversias; razón por la cual, se vio la conveniencia de ratificar el razonamiento esbozado por la autoridad de primera instancia, pues además contaba con la debida fundamentación y motivación; iv) Del análisis de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes en el caso, era notoria la oposición existente que conlleva a un conflicto de intereses, desnaturalizando así el proceso voluntario, en el marco de lo previsto en el art. 452.I del CPC, que refiere, si se formula oposición sobre el fondo del asunto, la autoridad judicial declarará la contención, salvando derechos de terceros para la vía correspondiente; y, v) Con referencia al apersonamiento y oposición de Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, madre del de cujus, la resolución que emitieron describió que esta, observó del listado del inventario realizado, lo relativo a un bien inmueble, vehículos, la cuenta de ahorro y también solicitó que se le permita administrar los bienes hasta que sus nietos cumplan la mayoría de edad. A partir de ello, es evidente que ya no obra el común acuerdo, ya que existe un usufructo a su favor, situación que sin duda implica un conflicto de intereses y/o el interés legítimo de la opositora quien se ve afectada por la pretensión de los peticionantes; en ese sentido, el fallo emitido expone argumentos jurídicos coherentes y razonables. Gustavo Iván Espejo Espejo, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia refirió que: a) Quien interpuso la presente acción de amparo constitucional no es quien presentó la demanda de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario tramitada en proceso voluntario, pues con relación a ella, únicamente se aceptó su apersonamiento en dicho proceso de forma provisional, con base en lo previsto por el art. 60 de la CPE y tomando en cuenta la protección de los derechos de los menores. Asimismo, en apariencia, en el citado proceso no existía discusión alguna y lo pretendido por la parte accionante se trataría de una adhesión a la demanda principal; en tal sentido, se exigió a la madre del otro menor de edad quien promovió la demanda, que precise si existían otros deudores o acreedores; de ese modo, la demanda fue admitida conforme a ley; empero, en ese ínterin en el que inclusive ya se encontraba listo el inventario, se formularon dos oposiciones expresas, por personas que no fueron notificadas ni identificadas -se deduce por la demandante-; entre ellas, de Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, quien señaló que se le estaban afectando sus derechos; y, Jaime Cuenca Coss, que expresó que habría comprado un vehículo objeto del inventario cuando el de cujus se encontraba con vida, con base en ello, emitió su resolución; b) Se señala que se favoreció a dos mayores de edad en desmedro de los derechos de menores de edad; no obstante, en ningún momento se rechazó la demanda principal, sino que su determinación se orientó a declarar la contención, mandando a ordinarizar la causa, debido a que, el proceso voluntario no podía concluir bajo las características mencionadas. De tal manera que, no se está lesionado su derecho a la sucesión hereditaria, ya que inclusive el proceso fue admitido, cuenta con inventario, ya avanzó y tiene cierta etapa de “mini cognición”, entonces simple y llanamente corresponde formalizar una demanda y establecer la litis activa y pasiva, al tratarse de dos herederos de madres diferentes; c) Desde el 21 de abril -no especifica año- se debió acudir a la vía ordinaria y el juicio ya hubiera concluido porque no existe una discusión enorme sobre la herencia, sino simplemente la exclusión a algunos bienes en razón al derecho de usufructo y compra venta entre vivos en el que intervino el de cujus; empero, a tal efecto transcurrieron ocho meses que no les son atribuibles al Órgano Judicial; d) Se apeló al principio iura novit curia; sin embargo, no se aplica esta “expresión” porque el proceso ordinario ya no es tan largo como antes; e) En el caso, correspondía identificar a quienes se apersonaron con un derecho expectaticio sobre algunos bienes, ya que si estos bienes fueron objeto de oposición podrían ser excluidos de la sucesión hereditaria y el juicio -se infiere contencioso- concluiría con una resolución que a diferencia del proceso voluntario sí causa estado; f) Su resolución no implica un rechazo, pues solo dispuso que se acuda a la vía ordinaria en la que el proceso podía concluir satisfactoriamente; g) Refuta la aseveración de que no existe otra vía, cuando se encuentra expedita la vía ordinaria; h) Se tomó en cuenta el apersonamiento de la parte accionante, pese a que, no inicio la demanda justamente por los principios de recurribilidad e interés superior de la niña, niño y adolescente; asimismo, se consideraron los derechos de los menores de edad reconocidos en el bloque de constitucionalidad y los principios de prioridad absoluta y protección inmediata; i) Al existir oposición, el derecho de estas personas debe dilucidarse en un debido proceso y mediante una resolución que finalmente otorgue seguridad jurídica; y, j) Aunque comprende que fue accionado en el marco de protección de los derechos de la niña, niño y adolescente y la garantía de la doble instancia reconocida por el art. 180 de la CPE; empero, en cuanto a su participación, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.
Natalia Alba Copaja Peralta en representación del menor de edad BB, en audiencia por intermedio de su abogado mencionó que: 1) Franklin Adams Reyes Muñoz, falleció el 14 de mayo de 2022, por lo que, demandó la declaratoria de herederos bajo beneficio de inventario en la vía voluntaria. Así, una vez cumplidas las formalidades, entre ellas, la citación por edicto, se presentó la madre del causante, Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, quien de forma extraña formuló una oposición alegando un derecho de usufructo perpetuo y adjuntando para tal efecto una fotocopia simple del Testimonio 237/96 -de 31 de enero de 1996-. Frente a ello, presentó memorial señalando que no tenía inconveniente en que la nombrada viviera en “la casa”, aunque el fin del proceso se orientaba a lograr la declaratoria de herederos; y, 2) En cuanto al apersonamiento de Jaime Cuenca Coss, este adjuntó un contrato privado de compra y venta de vehículo; sin embargo, es extraño que haya sido considerado en el Auto Interlocutorio 230/2023, porque el Código Procesal Civil prevé que el documento privado tendrá valor, autenticidad y eficacia de documento público cuando sea declarado y reconocido por autoridad judicial; no obstante, dicho documento es de 3 de junio de 2019, es decir, que ya transcurrieron más de cuatro años sin que haya sido reconocido ni tenga eficacia legal. Por tales razones, se adhieren a la solicitud de la parte accionante, de que se anule el Auto Interlocutorio 230/2023, el Auto de Vista 533/2023 y se declare herederos a los menores AA y BB desde el fallecimiento del de cujus -Franklin Adams Reyes Muñoz- suscitado el 14 de mayo de 2022.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 297/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 191 a 198, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes del caso, se advierte como hecho lesivo el Auto de Vista 533/2023, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, contra el que no existe recurso ulterior, cumpliéndose así con la observancia del principio de subsidiariedad. Asimismo, dicho Auto de Vista fue notificado a la parte accionante el 18 de julio de 2023, por lo que, al haberse presentado la acción de amparo constitucional el 20 de noviembre del citado año, su interposición fue efectuada dentro del plazo de los seis meses, observando el principio de inmediatez. Finalmente, se halla reconocida la legitimación activa de la parte accionante, a quien se habría vulnerado sus derechos, y la legitimación pasiva de las autoridades accionadas, a las que se atribuye la vulneración de derechos; ii) Los agravios que identificó la parte accionante en el memorial de apelación contra el Auto Interlocutorio 230/2023, fueron definidos en el Considerando II del Auto de Vista 533/2023. Asimismo, en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del Considerando III de esta última Resolución, los Vocales accionados respondieron dichos agravios de forma clara; iii) Los agravios planteados por la apelante dan cuenta de que no concurren los presupuestos legales para proseguir en el trámite del proceso voluntario, toda vez que, el art. 472 del CPC, señala que la oposición se sujeta al procedimiento previsto por los arts. 452 y 453 del citado Código, que prevén que toda persona que tenga un interés en el proceso voluntario podrá hacer valer sus derechos a través de una oposición, como fue el caso de Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes; por lo que, se advierte la existencia de un conflicto de intereses, y por ende no concurre la voluntariedad, ya que, conforme a dicha previsión -art. 453 del CPC- se debe considerar la exclusión de los bienes ya inventariados y que esta interpretación se considera razonable, por lo tanto, las autoridades accionadas tuvieron el cuidado de establecer que en definitiva, existe oposición; y, iv) Como refirió la parte accionada, este fallo no rechazó ninguna solicitud, sino que ante la existencia de oposición, la misma debe tramitarse a través de la autoridad que corresponde. Por tales razones no se cumplieron con los requisitos establecidos a efectos de dar curso a la tutela solicitada. En la vía de enmienda, complementación y aclaración la parte accionante solicitó que: a) Se aclare la razón por la cual, en la resolución del caso, se utilizó un fallo -SCP 0002/2012 de 13 de marzo- que no es aplicable por no corresponder al mismo supuesto fáctico que se dilucida, y el por qué se señaló que el Auto de Vista 533/2023 atendió todos los puntos cuando no cuestionaron la falta de fundamentación; b) Se enmiende lo relativo al uso del término rechazo, debido a que, lo que se cuestionó fue la remisión de un proceso voluntario a la vía ordinaria; c) Complemente qué pasará con el caudal hereditario que no está sometido a control jurisdiccional, al igual que el derecho a suceder que no puede registrarse en DD.RR. para oponerse a terceros y sus implicancias, así como la vía que les correspondía tomar a los supuestos opositores; d) Se enmiende lo relativo a que la solicitud fue la nulidad del Auto Interlocutorio 230/2023 y Auto de Vista 533/2023 y no que se deje a los mismos; y, e) Complemente respecto a la previsión del art. 452 del CPC, de que la oposición debe estar orientada al fondo del proceso. Al respecto, la Sala Constitucional declaró no ha lugar a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración, debido a que: 1) La revisión de la cosa juzgada tiene tres fuentes, la fundamentación, motivación y congruencia; la omisión valorativa de la prueba y la interpretación incorrecta del ordenamiento jurídico que cause lesión a derechos y garantías constitucionales. En ese marco, la fundamentación y motivación está relacionada a los errores de derecho en la interpretación de la norma o de hecho; en el caso, los argumentos de la parte accionante están relacionados a una incorrecta interpretación del art. 472 del CPC, porque hubieran permitido que otras personas que no son coherederas o acreedoras se opongan al proceso de origen, con base en ello, se determinó que el Auto de Vista 533/2023 es razonable, realizando una interpretación “integral” con el art. 453 del mismo Código, que legitima para la oposición a toda persona a quien se cause perjuicio, por “…Lo que ha hecho este Tribunal es establecer los límites de la revisión de la cosa juzgada ordinaria y los límites de la interpretación de la legalidad ordinaria…” (sic); 2) Con relación a la utilización del término “rechazo” de la aceptación de la herencia, se repitió lo expuesto por el Juez de la causa en su intervención, considerando razonable que en el proceso ordinario se determine la exclusión de los bienes inventariados, es así que, no corresponde realizar la enmienda de algo que no afecta el fondo de la determinación asumida; 3) La solicitud de enmienda con relación a que la pretensión de la acción de amparo constitucional es la nulidad del Auto Interlocutorio 230/2023 y Auto de Vista 533/2023 y no así que se deje sin efecto, no constituye un argumento obscuro o contradictorio que modifique la decisión asumida; 4) Sobre el destino del caudal hereditario -señalan que- limitaron su análisis únicamente al Auto de Vista 533/2023, por lo que, se puede activar los mecanismos en la vía ordinaria para resguardar el caudal hereditario y todo lo que conlleva al respecto; y, 5) En ningún momento se hizo mención a la SCP 0002/2012, ni se sustentó la decisión de este fallo constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 203 a 210), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de demanda de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario presentada el 11 de octubre de 2022, ante Gustavo Iván Espejo Espejo, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionado- por Natalia Alba Copaja Peralta en representación del menor de edad BB -hoy tercera interesada- y subsanada mediante escrito presentado el 18 de igual mes y año, a través de la cual solicitó que se disponga la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario de los bienes de Franklin Adams Reyes Muñoz -causante- en favor de su representado, nombrándola como administradora-tutora de los bienes (fs. 10 a 11; y, 14 a 15 vta.). II.2. Consta Auto Interlocutorio 653/2022 de 20 de octubre, pronunciado por el Juez coaccionado, a través del cual, de acuerdo a la normativa jurídica que regula el proceso voluntario, admitió la demanda presentada por la antes nombrada, disponiendo que: i) Por Notaría de Fe Pública 61 de la Capital del departamento de La Paz, se proceda a levantar un inventario de todos los bienes del de cujus; ii) Se oficie a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a DD.RR. y a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, a fin que proporcionen información sobre los bienes del de cujus; iii) Se oficie al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) con la finalidad de que se otorgue la ficha de información personal y número de cédula de identidad del menor de edad AA -hoy accionante-; y, iv) Se emita edicto para su publicación en un medio de prensa, a objeto que se comunique a terceros interesados, herederos y acreedores, en el marco de lo previsto por el art. 1034 del Código Civil (CC [fs. 16 y vta.]). II.3. Teniéndose por notificada mediante edicto de prensa en el periódico
“JORNADA” el 1 de noviembre de 2022, a través de memorial presentado el 7 de igual mes y año, ante el Juez coaccionado, Leslie Liliana La Torre Condorcett en representación del menor de edad AA -ahora impetrante de tutela-, se apersonó al proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, solicitando que se incluya a su representado en la sucesión hereditaria de su fallecido padre Franklin Adams Reyes Muñoz, bajo la obligatoria previsión del art. 51 del CFPF (fs. 24 a 25). II.4. Por memorial presentado el 6 de marzo de 2023, Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, formuló oposición al proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, solicitando que se respete su derecho de usufructo en el bien inmueble ubicado en calle Alto de la Alianza 709, bajo el Folio Real con Matrícula computarizada 2.01.0.99.0182583, así como se le permita administrar los bienes hasta el día en que sus nietos cumplan la mayoría de edad (fs. 101 a 102). II.5. Mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2023, Jaime Cuenca Coss, se apersonó al proceso antes descrito, a fin de hacer conocer al Juez coaccionado, que uno de los bienes muebles del inventario elaborado por la Notaria de Fe Pública 61 de la Capital del departamento de La Paz, consistente en el vehículo Clase vagoneta, Marca mazda, Tipo CX-5, Modelo 2017, Chasis JM8KE4W36H0387864, con placa de circulación 4281 ATB, le fue transferido mediante contrato de compra venta de 3 de junio de 2019 (fs. 105). II.6. A través de Auto Interlocutorio 230/2023 de 21 de abril, pronunciado por el Juez coaccionado, se estableció que, si bien en los procesos voluntarios no se admite apersonamientos como adhesión, se toma en cuenta el apersonamiento de Leslie Liliana La Torre Condorcett, madre del menor AA, en consideración del interés superior de la niña, niño y adolescente; asimismo, con base en la oposición de Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes y el apersonamiento de Jaime Cuenca Coss, dispuso declarar la contención del proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, mandando a ordinarizar la causa y salvando los derechos de las partes para hacer valer los mismos por la vía que corresponda (fs. 110 a 112 vta.). Determinación que fue notificada a la representante del menor de edad accionante AA y Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes el 11 de mayo de 2023 (fs. 113 a 114). II.7. Cursa recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por la representante del ahora impetrante de tutela, ante el Juez coaccionado, en el que solicitó la reposición del Auto Interlocutorio 230/2023 y, en consecuencia, se tenga por aceptantes de la herencia bajo beneficio de inventario a los menores de edad AA y BB, y se los declare herederos forzosos ab intestato, sin perjuicio de la reserva de los intereses de terceros que podrán hacer valer sus derechos en la vía establecida por ley; o en su defecto, se conceda la apelación alternativa en el efecto devolutivo (fs. 117 a 118 vta.). II.8. Por Auto Interlocutorio 347/2023 de 13 de junio, el Juez coaccionado resolvió declarar no ha lugar al recurso de reposición con alternativa de apelación planteado por la parte accionante contra el Auto Interlocutorio 230/2023; y, en consecuencia, dejó firme y subsistente el mismo, concediendo la apelación formulada de forma alternativa en el efecto devolutivo (fs. 122 a 124). De igual manera, cursa nota de 20 de junio de 2023, por la que, se remitió los antecedentes del proceso voluntario a la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que se radicó la causa, a través de decreto de 23 de igual mes y año (fs. 132 a 133). Por otro lado, cursa notificación con este decreto a Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes el 23 del referido mes y año (fs. 134).
II.9. Consta Auto de Vista 533/2023 de 13 de julio, emitido por Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados- a través del cual confirmaron el Auto Interlocutorio 230/2023 (fs. 138 a 140 vta.). Determinación con la que fue notificada la parte accionante y Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, el 18 de julio de 2023 (fs. 141).
La representante del menor de edad accionante, denuncia la vulneración de los derechos de este al debido proceso, “a suceder” y a una justicia pronta y oportuna, así como a los principios de seguridad jurídica e interés superior de la niña, niño y adolescente, puesto que, los Vocales accionados, mediante Auto de Vista 533/2023 resolvieron la apelación que de forma alternativa al recurso de reposición -resuelto por Auto Interlocutorio 347/2023- planteó contra el Auto Interlocutorio 230/2023 y, en consecuencia, confirmaron lo dispuesto en esta última Resolución que declaró la contención del proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, y mandaron a sustanciar en la vía ordinaria dicha pretensión. Sin embargo, incurrieron en una interpretación y aplicación errónea de los arts. 452, 453 y 472 del CPC, justificando su decisión con la advertencia de que la sola observación u oposición efectuada por terceros ajenos al proceso a uno o varios de los elementos descritos en el inventario, provoca per se su contención, a pesar de que, no contaban con la legitimación que se reconoce al coheredero o acreedor para este fin, en aplicación a lo dispuesto por el art. 472 del citado Código y que no existió oposición a la calidad de heredero forzoso, cerrándole así las vías de reclamación para ejercer sus derechos sucesorios. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Con relación a este tópico de auto restricción procesal-constitucional, mediante la SCP 0345/2020-S3 de 23 de julio, se sostuvo lo siguiente: “Al respecto, la línea jurisprudencial emitida desde sus inicios y confirmada por posteriores fallos de este Tribunal, fue clara y uniforme al establecer que en particular la interpretación de la legalidad ordinaria entendida esta como la facultad de interpretar y/o aplicar la ley en términos generales a un caso concreto, es una labor únicamente otorgada a la jurisdicción ordinaria; a partir del cual, se estableció que no le compete al Tribunal Constitucional ingresar a juzgar el criterio jurídico empleado por las autoridades judiciales ni administrativas a tiempo de la definición de un caso; a menos claro, que en esa actividad se evidencie la vulneración de derechos y garantías constitucionales; así la SC 1031/00-R de 6 de noviembre de 2000, como una de las primeras líneas que planteó tal entendimiento, estableció que: ‘…no corresponde a este Tribunal juzgar el criterio jurídico con el que el Tribunal de Apelación interpretó el art. 184 del Código de Procedimiento Civil para fundar su resolución, de hacerlo estaría saliendo del marco de su competencia para invadir otra jurisdicción, pues conforme al objeto del Recurso de Amparo corresponde verificar si los hechos ilegales denunciados restringen, suprimen o amenazan suprimir los derechos y garantías de los recurridos reconocidos en la Constitución y las leyes…’; posteriormente, a través de la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, se señaló que: ‘Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas…’. Bajo igual criterio, distintos Tribunales Constitucionales reconociendo que esta actividad interpretativa es propia de la jurisdicción ordinaria, manifestaron que no obstante ello es posible revisar tal actuación cuando se advierta que la misma repercute en la vulneración de los derechos fundamentales, tal es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-121/99 de 26 de febrero de 1999, al respecto estableció: ‘…cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela. Sin embargo, cuando la decisión está sustentada en un determinado criterio jurídico, que puede ser admisible a la luz del ordenamiento, o de la interpretación de las normas aplicables, no podría ser discutido vía de la acción de tutela, toda vez que atentaría contra al principio de la autonomía judicial en virtud del cual, cuando el juez aplica una ley, debe fijar el alcance de la misma, es decir, debe darle un sentido frente al caso concreto -función interpretativa propia de la actividad judicial-, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento’. Por su parte, el Tribunal Constitucional Peruano en el expediente 04004-2012-PA/TC de 22 de mayo de 2013, refirió que: ‘…a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe desestimarse, pues vía de amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales como son las relativas a la aplicación de normas administrativas en materia laboral, siendo pertinente señalar que tanto la valoración y/o la determinación de la suficiencia de los medios probatorios, así como la interpretación de la normas legales y/o administrativas para cada caso concreto es un asunto que corresponde ser dilucidado únicamente por el juez ordinario a momento de expedir la sentencia, y que, por tanto, escapa del control y competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso…’. En ese marco, se tiene claramente establecido que la interpretación y/o aplicación de las normas ordinarias es de exclusiva competencia de los jueces comunes y autoridades administrativas, sin que ello implique que este Tribunal no pueda abrir su competencia a fin de verificar si en esa labor interpretativa no se vulneraron derechos fundamentales, esto justamente con el objeto de velar por la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entendida esta como el fin primordial de la justicia constitucional en el marco del control tutelar que ejerce. En ese sentido, la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, luego de realizar una deconstrucción de lo desarrollado jurisprudencialmente respecto a la temática que ahora se aborda, finalmente concluyó refiriéndose a la labor que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el siguiente criterio: ‘…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esta labor particular al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos de congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial’ (reiterada en las Sentencias Constitucional Plurinacionales 0416/2019-S1; 0892/2014-S4; 0705/2019-S3, entre otras). Del cual finalmente puede concluirse que no obstante de estar claramente delimitado que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario en sus diferentes materias y ámbitos corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, y no propiamente a la justicia constitucional; sin embargo, ello es posible cuando en esa labor se haya advertido la vulneración de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, para lo cual corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca” (las negrillas nos corresponden).
Con la finalidad de lograr una comprensión efectiva en la resolución del problema jurídico planteado, este Tribunal estima conveniente efectuar previamente una sucinta descripción y verificación de los antecedentes procesales del que deviene el mismo. Así, de los documentos descritos en el apartado Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se evidencia que, Natalia Alba Copaja Peralta -hoy tercera interesada- en representación del menor de edad BB mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2022, subsanado el 18 de igual mes y año, demandó ante el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionado- la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario de los bienes de Franklin Adams Reyes Muñoz -causante- en favor de su hijo (Conclusión II.1).
Por lo que, a través del Auto Interlocutorio 653/2022 de 20 de octubre, pronunciado por el referido Juez, se admitió la demanda en previsión de lo dispuesto en caso del proceso voluntario, disponiendo determinadas diligencias inherentes a dicho proceso (Conclusión II.2).
Practicada la notificación a terceras personas con dicha actuación jurisdiccional, Leslie Liliana La Torre Condorcett en representación del menor de edad AA -ahora impetrante de tutela- se apersonó al proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, solicitando que se incluya a su hijo en la sucesión hereditaria de su fallecido padre, bajo la obligatoria previsión del art. 51 del CFPF (Conclusión II.3).
De igual modo, a partir de las observaciones efectuadas al inventario de bienes y derechos del causante elaborado por la Notaria de Fe Pública 61 de la Capital del departamento de La Paz, Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, por memorial presentado el 6 de marzo de 2023, formuló oposición a la demanda de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, solicitando al Juez coaccionado que se respete su derecho de usufructo sobre el bien inmueble ubicado en calle Alto de la Alianza 709, bajo el Folio Real con Matrícula computarizada 2.01.0.99.0182583, y que se le permita administrar los bienes hasta el día que en sus nietos cumplan la mayoría de edad (Conclusión II.4). Por su parte, dentro del mismo proceso, Jaime Cuenca Coss, mediante memorial presentado el 9 de igual mes y año, se apersonó con la finalidad de hacer conocer que el vehículo Clase vagoneta, Marca mazda, Tipo CX-5, Modelo 2017, Chasis JM8KE4W36H0387864, con placa de circulación 4281 ATB, que figura en dicho inventario, le fue transferido mediante contrato de compra venta de 3 de junio de 2019 (Conclusión II.5). Por lo que, a través de Auto Interlocutorio 230/2023 de 21 de abril, el Juez coaccionado además de tomar en cuenta el apersonamiento de la representante del menor de edad accionante, en consideración de su interés superior, dispuso declarar la contención del proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario con base a la oposición de Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes y al apersonamiento de Jaime Cuenca Coss, mandando a ordinarizar la causa y salvando los derechos de las partes para hacer valer los mismos por la vía que corresponda (Conclusión II.6).
Contra dicha decisión, la parte accionante interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación ante el Juez coaccionado, solicitando la reposición del Auto Interlocutorio 230/2023; y, en consecuencia, se tenga por aceptantes de la herencia bajo beneficio de inventario a los menores de edad AA y BB, y se los declare herederos forzosos ab intestato, sin perjuicio de los intereses de terceros que podrán hacer valer sus derechos en la vía establecida por ley; o en su defecto, se conceda la apelación alternativa en el efecto devolutivo (Conclusión II.7); pretensión que fue declarada no ha lugar por Auto Interlocutorio 347/2023 de 13 de junio, emitido por el Juez coaccionado, concediendo la apelación formulada de forma alternativa en el efecto devolutivo (Conclusión II.8).
Finalmente, a través del Auto de Vista 533/2023 de 13 de julio, los Vocales accionados confirmaron el Auto Interlocutorio 230/2023, ratificado por Auto Interlocutorio 347/2023. Determinación con la que fue notificada la parte accionante, el 18 de julio de 2023 (Conclusión II.9), y que ahora también se acusa como lesiva a derechos y principios constitucionales.
En tal contexto, la parte accionante denuncia que las autoridades accionadas incurrieron en una interpretación y aplicación errónea de los arts. 452, 453 y 472 del CPC, justificando su decisión en la advertencia de que la sola observación u oposición efectuada por terceros ajenos al proceso a uno o varios de los elementos descritos en el inventario, provoca per se su controversia, a pesar de que no contaban con la legitimación que se reconoce únicamente al coheredero o acreedor para este fin, en aplicación de lo dispuesto por el art. 472 del citado Código y que no existió oposición a la calidad de heredero forzoso, cerrándoles de esta manera las vías de reclamación para acceder a la legítima.
Identificada así la problemática jurídica planteada por la parte accionante, corresponde delimitar y precisar el acto lesivo traído a esta jurisdicción, dado que, si bien se dirigió la presente acción de amparo constitucional contra Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes y Lourdes Albornoz Sánchez, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por pronunciar el Auto de Vista 533/2023; y, Gustavo Iván Espejo Espejo, Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del mismo departamento, quien a su turno emitió el Auto Interlocutorio 230/2023 -de primera instancia-; sin embargo, se aclara que en virtud al principio de subsidiariedad que rige la tramitación de esta acción de defensa, el análisis a efectuarse se circunscribirá únicamente a la actuación desplegada por los Vocales accionados, quienes al pronunciar el último fallo en instancia de apelación tienen la oportunidad de corregir la aparente ilegalidad de determinar que se ordinarice el proceso de origen ante la controversia declarada; por tal razón, respecto a la denuncia atribuida al Juez coaccionado, corresponde denegar la tutela solicitada.
Ahora bien, tomando en cuenta que el objeto procesal converge en la supuesta errónea interpretación y aplicación de lo previsto por los arts. 452, 453 y 472 del CPC, corresponde remitirse a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que la interpretación de la legalidad ordinaria o la facultad de interpretar y/o aplicar la ley en un caso concreto, es una labor únicamente otorgada a la jurisdicción ordinaria; de modo que, no le compete a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar a juzgar el criterio y/o hermenéutica jurídica empleada por las autoridades judiciales o administrativas a tiempo de la definición de un caso; salvo que en esa actividad se evidencie la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
En esa línea de razonamiento, en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, para que la jurisdicción constitucional asuma excepcionalmente esta facultad, es imperioso que la parte accionante que se considera agraviada con los efectos de la interpretación y/o aplicación de la norma, exprese de manera adecuada los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión cuestionada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas, porque sólo en la medida en que el accionante exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal efectuada por la jurisdicción ordinaria, los fundamentos que sustentan dicha interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestas por el impetrante de tutela. En ese marco, se tiene que en la acción de defensa formulada, la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa suficiente para establecer si la conclusión a la que arribaron los Vocales accionados resulta manifiestamente arbitraria y denota una evidente vulneración de derechos, siendo ello -como ya se mencionó- una condición ineludible para verificar excepcionalmente la labor hermenéutica que efectuaron esas autoridades; debido a que, inicialmente, no existe precisión y claridad al establecer si la arbitrariedad denunciada radica en la identificación del precepto legal aplicable y/o en el significado que se extrae de forma individual o en conjunto de los arts. 452, 453 y 472 del CPC para su posterior aplicación. Asimismo, se advierte que de forma ambigua se refirió a la errónea interpretación y aplicación de los arts. 452, 453 y 472 del CPC, pues se señaló que el referido art. 472 se remite en cuanto a su procedimiento, a lo previsto en los arts. 452 y 453 del mismo cuerpo legal, validando aparentemente lo dispuesto en tales preceptos normativos; sin embargo, finalmente se decanta en la prevalente aplicación del art. 472 del citado Código concluyendo en su planteamiento que, en cuanto a la legitimación para formular la oposición, no debe considerarse lo previsto en el art. 453 del referido Código, sino la facultad para oponerse que se atribuye en el art. 472 del CPC únicamente a los coherederos y acreedores; por lo tanto, los Vocales accionados adoptaron erróneamente el criterio jurídico de otorgar legitimación a personas -que a decir de la parte accionante- no tendrían tal condición. A más de ello, en el supuesto de que se superara esta falta de precisión infiriéndose que el planteamiento de la acción convergería en la identificación errónea del precepto legal aplicable, no se advierten elementos para concluir objetiva y racionalmente por qué los Vocales accionados debieron ante esta disyuntiva o inclusive aparente antinomia aplicar únicamente el principio de especialidad en contraposición a criterios interpretativos que hubieran adoptado tales autoridades, ello porque dicho planteamiento tampoco es explícito en determinar qué criterio interpretativo inobservaron al momento de optar por la aplicación de un precepto legal y extraer el significado de los art. 452, 453 y 472 del CPC. Dicho de otro modo, por qué ante las diversas opciones interpretativas que pudieron haber aplicado los nombrados -entre estas el tenor literal de la disposición, un criterio sistemático o teleológico- debió prevalecer un principio de especialidad, siendo que esta exigencia de argumentación no puede ser suplida por este Tribunal. Pues entre los argumentos relevantes del planteamiento se apeló que “…para el caso de Procesos Voluntarios de Aceptación de Herencia bajo Beneficio de Inventario; conforme las previsiones del Art. 472 del Código Procesal Civil; solo están legitimados para ello los ‘coherederos’ y ‘acreedores’” (sic). De modo que, así planteada la acción de amparo constitucional, se concluye que el alegato de que debió aplicarse la norma especial resulta subjetivo, careciendo frente a ello este Tribunal de insumos que permitan facilitar su aplicación con el menor margen de subjetividad y determinar porqué en el caso concreto la identificación de la disposición legal aplicable y el significado que se extrae debió orientarse a lo propuesto por la parte accionante y no así el plasmado en el Auto de Vista 533/2023. Asimismo, otra conclusión derivada de la labor hermenéutica cuestionada de los Vocales accionados es la relativa a que, en el caso, no correspondía declarar contencioso el proceso voluntario, pues el mismo devendría en caso de oposición al fondo. Al respecto, tampoco puede establecerse con base a qué parámetros legales la parte accionante extrae la conclusión de que esta oposición al proceso voluntario se daba solo si tenía por objeto el cuestionamiento a la calidad de herederos forzosos de los menores de edad, pues no condice con el contenido de los preceptos legales invocados. De igual modo, a partir de los hechos que motivan esta acción de defensa, no se puede establecer los criterios interpretativos que los Vocales accionados hubiesen inobservado para concluir que la observación u oposición a los bienes del inventario no constituye una oposición al fondo del asunto ni motivaría la declaratoria de contencioso y remisión del proceso a la vía ordinaria, por lo que, sobre este aspecto, también se incurrió en insuficiencia de la carga argumentativa que se exige a la parte accionante, a fin de efectuar la verificación de que la interpretación realizada por las autoridades judiciales resultaba o no arbitraria y del mismo modo, superar la subjetividad de este planteamiento. Consecuentemente, a partir del entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, al no existir una carga argumentativa suficiente, este Tribunal no puede realizar la labor de interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria que la parte accionante solicita, correspondiendo por consiguiente denegar la tutela solicitada a los derechos al debido proceso, “a suceder” y a una justicia pronta y oportuna vinculados a los principios de seguridad jurídica e interés superior de la niña, niño y adolescente, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del problema jurídico planteado.
Resuelta como se encuentra la problemática jurídica planteada, en el marco de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal considera importante referirse a la actuación procesal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pues de la compulsa de antecedentes que cursan en el expediente llama la atención que, luego de haber sido subsanada la acción de amparo constitucional el 28 de noviembre de 2023, se emitió el Auto de admisión el 30 de igual mes y año (fs. 176), fijando la audiencia de consideración de esta acción tutelar recién para el 29 de diciembre del citado año; es decir, aproximadamente un mes después a la admisión de esta acción tutelar y fuera del plazo previsto por el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece que la audiencia debe desarrollarse dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la interposición de la acción de amparo constitucional. Por otro lado, a más de inobservar lo expresamente determinado en la ley, el incumplimiento de este plazo también desconoció la naturaleza jurídica de este tipo de acción que requiere un trámite sumario e inmediato, más aún cuando la problemática jurídica planteada se vincula con la denuncia de presunta retardación de justicia en la que se involucran derechos de personas pertenecientes a grupos de protección reforzada y prioritaria como el caso de menores de edad y de otro lado una persona adulta mayor. Del mismo modo, si bien dentro de lo establecido en el art. 31.II del CPCo es atribución del juez, tribunal de garantías o sala constitucional, ordenar la comparecencia de terceros interesados cuando considere necesario; empero, en el marco de este mismo artículo, así como la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional (SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, 1851/2010-R de 25 de octubre, entre otras) la condición de tercero interesado se confiere a aquella persona que sin ser parte dentro de la acción tutelar a sustanciarse, podría verse afectada en sus derechos o garantías constitucionales adquiridos en el proceso judicial o administrativo cuyas resoluciones se impugnan a través de la acción de amparo constitucional. En ese orden, extraña que Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes y Jaime Cuenca Coss, quienes se apersonaron al proceso voluntario de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario como presuntos opositores de dicha pretensión, no hayan sido notificados para su intervención en esta acción de defensa en su condición de terceros interesados, pues precisamente a partir de la aparente oposición que efectuaron, particularmente Janet Josefa Muñoz Vda. de Reyes, el proceso fue declarado como contencioso; además se dispuso su remisión a la vía ordinaria, motivo por el que inclusive se puso a conocimiento de la nombrada actuados procesales posteriores a su apersonamiento, entre ellos, el Auto Interlocutorio 230/2023, radicatoria del proceso de origen en la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, así como el Auto de Vista 533/2023 (Conclusiones II.6, II.8 y II.9) al tener incidencia directa en sus derechos lo que se resuelva en el proceso. Pese a ello, se advirtió que en el memorial de acción de amparo constitucional, no fueron individualizados y tampoco se señaló su domicilio a objeto de su notificación; siendo este un requisito de forma que la Sala Constitucional debió observar y solicitar que se enmendará al momento de admitir la presente acción con la finalidad de evitar su indefensión o que se prive a los mencionados a que presenten alegatos frente a las denuncias efectuadas; al contrario, se evidenció que el Auto de admisión de 30 de noviembre de 2023, atribuyó la condición de tercera interesada únicamente a Natalia Alba Copaja Peralta. Este extremo, justificaría de parte de este Tribunal la nulidad de obrados a efecto de que se garantice la participación de los terceros interesados; empero, considerando la forma de resolución previamente descrita, este Tribunal considera que, a pesar de este error advertido en el trámite la acción de defensa, en el marco de una interpretación previsora sobre los efectos y las consecuencias de las decisiones asumidas por este Tribunal, así como lo dispuesto por el art. 3.6 del CPCo -que instituye una directriz para la impartición de justicia constitucional, referente a que el proceso constitucional debe reunir la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles- el incumplimiento de convocar a los terceros interesados, conllevaría la anulación de obrados para su subsanación y por ende una dilación en la sustanciación de esta acción de defensa. Empero, al haberse evidenciado que en el planteamiento de la denuncia la parte peticionante de tutela incurrió en insuficiencia de carga argumentativa -conforme se analizó precedentemente-, de cualquier modo, esta jurisdicción se ve impedida de ingresar al análisis de fondo del acto lesivo denunciado en este acápite, consecuentemente, se deniega la tutela solicitada.
No obstante lo señalado, no exime llamar la atención a los integrantes de la referida Sala Constitucional, a fin de que en futuras actuaciones se enmarquen a lo previsto en las citadas disposiciones adjetivas -arts. 31.II y 56 del CPCo-.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 297/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 191 a 198, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a René Oscar Delgado Ecos y José Rodolfo Saenz Paz, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, debiendo enmarcar sus actuaciones futuras a lo previsto en los arts. 31.II y 56 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0094_2024-S2.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): dc37d644461fe327358017256cbdac8262fabb754cef8246bd1d00365dc90243
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →