B.IA.LEGAL

SCP 0094/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44347-2022-89-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso en su vertiente del principio de celeridad, por cuanto, habiéndosele impuesto las medidas arraigo y el deber de presentarse periódicamente ante la Fiscalía cada quince días, como medidas sustitutivas a la detención preventiva, las viene cumpliendo estrictamente por más de nueve años sin que hasta la fecha cuente con sentencia; esta situación de incertidumbre jurídica lo obligó a recurrir ante las autoridades jurisdiccionales para que se resuelva de una vez por todas y se emita sentencia o se le modifiquen sus medidas sustitutivas; para ello, presentó memoriales de 3, 11 y 15 de noviembre de 2021 planteando extinción y modificación de medidas, a los cuales no tuvo respuesta por parte de las autoridades judiciales ahora demandado, debido a que su cuaderno procesal se encontraría perdido, situación que hace que se mantenga restringido su derecho a la locomoción debido al arraigo persistente.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante vulneraciones del derecho a la libertad de locomoción; b) Sobre el trámite de las excepciones e incidentes; c) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 20/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 31 vta. a 34 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo que en el día se atienda y se tramite lo solicitado mediante memorial de 3 de noviembre de 2021. 2° Disponer la remisión de los antecedentes al Consejo de la Magistratura para su investigación y posible sanción.

3° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Marco Antonio Porras Velarde, Uby Saúl Suárez Sánchez y Hebert Zeballos Domínguez -Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz-, por los motivos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante vulneraciones del derecho a la libertad de locomoción
  2. III.2. Naturaleza y tramitación de los incidentes y las excepciones en materia penal
  3. III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2023-S1 Sucre, 27 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44347-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 31 vta. a 34 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Franz Menacho Heredia en representación sin mandato de Mauricio Rioja Valenzuela contra Marco Antonio Porras Velarde, Uby Saúl Suárez Sánchez y Hebert Zeballos Domínguez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 7 a 8, el accionante, a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por el delito de robo agravado, presentó varios memoriales ante el Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitando el desarchivo de su expediente, presentando incidentes y excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, memoriales que no fueron respondidos porque su cuaderno procesal no fue encontrado por razones desconocidas. Llamó la atención que la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, al cerciorarse de que el expediente no fue encontrado y que obviamente, no corrieron traslado a las partes con el incidente planteado, solicitó la modificación de las medidas sustitutivas otorgadas; no obstante de ello, mismas que viene cumpliendo al pie de la letra desde hace más de nueve años, firmando el Libro de Asistencia y el Control Biométrico cada quince días en el Ministerio Público y nunca fue declarado rebelde, sin embargo, su proceso ni siquiera cuenta con acusación fiscal, porque la Fiscalía no encuentra materia justiciable. Se han vulnerado las vastas Sentencias Constitucionales Plurinacionales vinculantes, al establecer que el juicio oral y contradictorio desde su inicio hasta su finalización, no debe durar más de treinta y seis meses (tres años) y su caso, ya lleva más de nueve años sin tener Acusación Fiscal y en consecuencia nunca se instaló el juicio oral; presentó en calidad de prueba pre constituida, memoriales de 3 y 15 de noviembre de 2021, que no fueron atendidos por la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz y que ratifican los extremos expuestos en la presente acción de libertad; la mencionada Jueza y los servidores de apoyo judicial de su despacho, manifestaron falsamente que el cuaderno procesal fue remitido ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del mencionado departamento de Santa Cruz, el 15 de septiembre del citado año, hecho que no es evidente por cuanto el expediente fue sorteado y nada más.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y, al principio de celeridad, sin citar al efecto artículos de la Constitución Política del Estado.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se dé respuesta a los memoriales de 3, 11 y 15 de noviembre de 2021; y, b) Disponga acelerar los trámites judiciales o administrativos al evidenciarse dilaciones indebidas para resolver su situación jurídica.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la Sala Constitucional

El accionante a través de su representante sin mandato y abogado, ratificó in extenso los términos de su demanda de acción de liberad y ampliando la misma señaló que: 1) No obtuvo respuesta a sus memoriales de 3 y 11 de noviembre de 2021; 2) Por más de nueve años se encuentra en la incertidumbre debido a que su proceso no tiene sentencia y él necesita que se levanten sus medidas sustitutivas o se resuelva de una vez por todas su situación jurídica, puesto que necesita salir del país para realizarse un tratamiento médico porque padece de insuficiencia renal crónica, cosa que no puede hacer porque se mantiene el arraigo en su contra; y, 3) La dilación de su trámite, hace que se mantengan las medidas sustitutivas generando perjuicios que atentan incluso contra su derecho al trabajo, porque como consecuencia de pedir permiso cada viernes para ir a marcar, fue despedido de su fuente laboral.

I.2.2. Informe de las autoridades judiciales demandadas

Marco Antonio Porras Velarde, Uby Saúl Suárez Sánchez y Hebert Zeballos Domínguez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante a fs. 28 y vta., manifestaron que: i) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mauricio Rioja Valenzuela y otro por el delito de asesinato en grado de tentativa, fue radicado el 20 de diciembre de 2011, en la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, posteriormente, por reparto de causas con acusación realizado el 15 de septiembre de 2016 vía Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), recayó el proceso en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, sin embargo, el cuaderno procesal nunca fue remitido de manera física a dicho Tribunal; por lo que, los Jueces que la componen desconocen las condiciones y las características en las que se encuentra la causa; ii) La causa fue devuelta vía Sistema SIREJ al Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del mencionado departamento, en atención a Oficio 2286/221; y, iii) No habiendo asumido conocimiento de la causa con la remisión física del cuaderno procesal, aseguran no haber vulnerado el derecho a la legítima defensa del ahora accionante; por lo que, piden se deniegue la tutela solicitada. Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 20 y vta., expuso cronológicamente los actuados del cuaderno procesal, refiriendo que: a) El proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra Mauricio Rioja Valenzuela y Roberto Fernández Rodríguez, por los delitos de tentativa de asesinato y robo agravado, data del 18 de julio de 2012; b) No cursan en antecedentes las actas de cesación a la detención preventiva, solamente las notificaciones de 13 de junio de 2013, practicadas por los ex servidores de apoyo judicial Ciro Vaca Chávez e Iris Justiniano, con relación a los mandamientos de libertad en favor de Mauricio Rioja Valenzuela y Roberto Fernández Rodríguez; c) Cursa Acusación Formal de 14 de junio de 2013 por parte del Ministerio Público, misma que mereció decreto de 17 de junio del mismo año, disponiendo la notificación a la Fiscal de Materia a fin de que presente en el término de tres días, las actuaciones y evidencias indicadas en la acusación, sin embargo, no cursa notificación alguna al Ministerio Público con el actuado procesal antes descrito; d) El ahora accionante presentó el 4 de noviembre de 2021, memorial solicitando la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, misma que recibió respuesta mediante nota que expresa lo siguiente: “…se está pasando el memorial en fecha 19 de noviembre de 2021 por motivo de que el cuaderno procesal se encontraría en pre archivo y se procedió a su búsqueda ante el ingreso de memoriales” (sic); e) En respuesta al memorial de 4 del citado mes y año, mediante decreto de 22 de del mismo mes y año, se señala audiencia de fundamentación de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, para el 24 de noviembre de 2021, disponiéndose asimismo, se oficie al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz a efectos de que por sistema, se devuelva el cuaderno procesal para realizar las diligencias correspondientes; f) Mediante informe de 19 de noviembre de 2021, la Auxiliar del Juzgado refiere que el físico del cuaderno procesal se encontraba en “…pre-archivo ya que se procedió a la búsqueda por ingreso de memoriales y de igual manera de la revisión en el sistema SIREJ el mismo se encontraba sorteado al Tribunal de Sentencia N° 4 de la Capital, expediente que fue remitido por los ex funcionarios Iris Justiniano y Ciro Vaca en fecha 15 de septiembre de 2016” (sic); g) Cursa Oficio de 22 de noviembre de 2021, solicitando al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, la devolución del cuaderno procesal; y, h) “Se evidencia que el cuaderno procesal se encontraba en pre-archivo SIN MOVIMIENTO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, que la acusación formal fue recepcionada y no fue notificada por los ex servidores de apoyo judicial de entonces, siendo única y exclusiva responsabilidad de ellos, toda vez que la Juzgadora y el Secretario ingresaron al cargo el 1 de junio de 2018 y que al momento de asumir el cargo, no recibieron ningún inventario de causas, hace constar también que estando sorteado el expediente mediante sistema, no figuraba como una causa del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; habiéndose realizado todas las gestiones y actuados procesales para resolver las solicitudes del accionante, solicita se deniegue la tutela solicitada por no cumplir con la subsidiariedad y no haberse vulnerado su derecho a la libertad (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 20/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 31 vta. a 34 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) La petición del accionante radica en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que como se expuso en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, (Fundamentación Jurídica III.1.), uno de los presupuestos que debe concurrir para su procedencia, es justamente la búsqueda de la aceleración de los trámites judiciales y administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, sin embargo y para el caso presente, este presupuesto jurídico no se acomoda a la situación del accionante; toda vez que, se pudo constatar que se encuentra gozando de libertad bajo medidas sustitutivas a la detención preventiva; y, 2) Persiste por lo tanto, solamente el elemento de la dilación en la tramitación de sus peticiones, mismos que no pueden dar lugar a que sea activada por esta jurisdicción extraordinaria o de última ratio, sin la concurrencia del presupuesto de la privación de libertad del accionante. Por otra parte, el hecho de la pérdida del expediente o que no sea habido, no puede ser conocido por la Sala Constitucional vía acción de libertad, en consideración a que el peticionarte de tutela se encuentra gozando de libertad de locomoción, limitándose su libertad solo bajo ciertos parámetros de medidas cautelares, estando establecida la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, para quien pretenda obtener su libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 3 de noviembre de 2021, presentado por Mauricio Rioja Valenzuela -ahora accionante- dirigido a la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-; por el que cumplió lo extrañado, solicitó devolución de fianza económica y la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; asimismo, pidió la restitución de todas sus medidas y que se levante la obligación de firmar cada quince días en la fiscalía, así como, sean admitidos sus incidentes y excepciones y se corra en traslado a todos los sujetos procesales (fs. 4 y vta.). II.2. Cursa memorial de solicitud de fecha y hora de audiencia de medidas sustitutivas, de 11 de noviembre de 2021, por el que, el ahora impetrante de tutela manifestó a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -co demandados-, que su memorial de 3 del citado mes y año dirigido a la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del mencionado departamento, no fue decretado por razones que desconoce, advirtió que su expediente estaba aparentemente extraviado y solicitó, que se señale día y hora de audiencia para considerar la modificación de las medidas sustitutivas que le fueron impuestas, consistentes en: i) Arraigo; y, ii) La presentación periódica cada quince días en la Fiscalía; en caso de estar archivado su expediente, pidió se ordene a la Unidad de Archivos del Órgano Judicial, su remisión a ese Tribunal (fs. 5). II.3. El 15 de noviembre de 2021, el recurrente presentó nuevamente memorial dirigido a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, reiterando Resolución de Incidentes y excepciones presentados el 3 del mencionado mes y año, por el cual solicita también pronunciamiento sobre su pedido de modificación de medidas sustitutivas impetradas el 11 de noviembre del mismo año, mediante memorial; y, pidió se dicte resolución a los incidentes presentados el 3 de noviembre de 2015 (fs. 6 y vta.). II.4. La Vocal de la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Oficios 237/2021 y 238/2021, ambos de 22 de noviembre, ordena tanto al Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo como al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto ambos del citado departamento, respectivamente, la remisión del expediente original con Número de Registro Judicial (NUREJ): 201152458, a objeto de su consideración para audiencia de acción de libertad (fs. 13 a 14). II.5. En el mismo sentido, la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Oficio 2286/2021 de 22 de noviembre, solicita a los Jueces Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, la devolución de la causa 201152458 mediante Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), para llevar a cabo audiencia señalada para horas 14:00 el 24 de noviembre de 2021, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Fernández Rodríguez y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de tentativa, mereciendo decreto de similar mes y año, disponiendo “cómo se solicita”, constando la firma del Juez del mencionado Tribunal -Marco Antonio Porras Velarde- (fs. 27 y vta.). II.6. Por Oficio 2070/21 de 23 de noviembre de 2021, la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, remite a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del citado departamento, el cuaderno procesal con NUREJ: 201152458 en original, para resolver la acción de libertad interpuesta por Franz Menacho Heredia en representación sin mandato de Mauricio Rioja Valenzuela (fs. 19). II.7. Cursan cuatro fotocopias simples de capturas de pantalla del Sistema NUREJ, por el que se acredita que, en el reparto de causas de 15 de septiembre de 2016, el expediente del ahora accionante, fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, vía sistema (fs. 22 a 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso en su vertiente del principio de celeridad, por cuanto, habiéndosele impuesto las medidas arraigo y el deber de presentarse periódicamente ante la Fiscalía cada quince días, como medidas sustitutivas a la detención preventiva, las viene cumpliendo estrictamente por más de nueve años sin que hasta la fecha cuente con sentencia; esta situación de incertidumbre jurídica lo obligó a recurrir ante las autoridades jurisdiccionales para que se resuelva de una vez por todas y se emita sentencia o se le modifiquen sus medidas sustitutivas; para ello, presentó memoriales de 3, 11 y 15 de noviembre de 2021 planteando extinción y modificación de medidas, a los cuales no tuvo respuesta por parte de las autoridades judiciales ahora demandado, debido a que su cuaderno procesal se encontraría perdido, situación que hace que se mantenga restringido su derecho a la locomoción debido al arraigo persistente.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante vulneraciones del derecho a la libertad de locomoción; b) Sobre el trámite de las excepciones e incidentes; c) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante vulneraciones del derecho a la libertad de locomoción

Al respecto cabe previamente señalar el art. 8.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE–, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema.

En ese sentido, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma Suprema, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus –ahora acción de libertad–, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese contexto, en mérito a la existencia de casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; y, además, ante la evidencia de dichas demoras el Tribunal Constitucional Plurinacional fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al efecto la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre siguiendo entre otras, la Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)” 3 El FJ III. 3 señala: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte…”.

línea jurisprudencial establecida en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, realizó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad.

No obstante de lo señalado, este Tribunal en mérito al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, relacionada al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la SCP 0846/2020-S1 de 9 de diciembre, partiendo del precedente en vigor –SCP SC 0044/2010-R– y citando entre otras la SCP 2601/2012 de 21 de diciembre, SCP 0997/2016-S3 de 22 de septiembre y la SCP 1180/2019-S1 de 2 de diciembre, en estricta observancia de los arts. 13 y 196 de la CPE, referidos a la progresividad de los derechos y la función de interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el subtítulo III.2.1.1 del citado fallo, vio pertinente integrar y armonizar la línea jurisprudencial relativo a la tipología de acción de libertad objeto de la presente, no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan 4 El FJ. III.4 sostuvo que: “…De lo expresado precedentemente, se concluye que toda vez que el derecho a la libertad tiene carácter primario al encontrarse estatuido en el art. 22 de la CPE: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, concordante con los art. 115 y 178.I de la Norma Suprema, como también en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; es deber de las autoridades judiciales, resolver con la mayor prontitud los casos sometidos a su conocimiento, más aún aquellos en los que encuentre vinculado el derecho a la libertad física y de locomoción; en el caso objeto de análisis, si bien se evidencia que el representado del accionante a tiempo de interponer la acción de libertad se encontraba cumpliendo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, empero, no puede desconocerse que con la suspensión de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas y con el señalamiento de una nueva celebración dispuesta para un mes después, indudablemente su derecho a la libertad de locomoción fue vulnerado, en ese sentido el Juez demandado, debió imprimir a la solicitud formulada la debida celeridad, en atención a encontrarse de por medio el derecho primigenio a la libertad…” (las negrillas son agregadas). 5 El FJ III.3.1 sostuvo que: “Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde en principio remitirnos a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, la cual sostuvo que: “el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos. (…)

Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad. En ese sentido, se tiene que la presente temática –falta de resolución de solicitud de levantamiento de arraigo, pese haber transcurrido casi un mes desde su presentación hasta la interposición de la presente acción de libertad–, se encuentra directamente vinculado con el derecho a libertad de locomoción o de circulación del hoy accionante, mismo que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad…”. 6 El FJ III.4 manifestó que: “Identificada la problemática planteada en la presente acción tutelar, en primera instancia es necesario establecer que la limitación al derecho a la libertad de locomoción, se encuentra directamente vinculada al derecho a la libertad personal, como se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, manteniéndose en el caso subsistente su restricción por la vulneración del principio de celeridad procesal, puesto que el último proveído de 28 de junio de 2019, emitido por la Jueza –ahora demandada–, constituye una directa restricción al derecho a una resolución pronta y oportuna de la situación jurídica de los accionantes en torno a la vigencia de las medidas cautelares, pues difiere indebidamente su tratamiento a la eventualidad de que la Sentencia S-24/2018 adquiera la calidad de cosa juzgada vulnerando el principio de celeridad sin que la reposición sea un recurso idóneo para ello; consecuentemente, la supuesta subsidiariedad alegada tanto por la autoridad demandada como por la Jueza de garantías, carece de mérito, correspondiendo el análisis de fondo.

En este entendido es de resaltar que de acuerdo al contenido normativo del art. 364 del CPP “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente…” (las negrillas son nuestras), restricción de su derecho a la libertad de locomoción, al efecto precisó:

“…Consecuentemente, es inminente, necesario y fundamental INTEGRAR la línea jurisprudencial relativa al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, permitiendo armonizar los dos entendimientos jurisprudenciales, de manera que, esta modalidad traslativa sea aplicada no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción; ello con el fin de buscar la eficacia plena de este derecho; así, cuando se tenga que definir la situación jurídica de una persona que tenga restringido su derecho a la libertad de locomoción su resolución debe ser pronta oportuna y sin dilaciones, es decir, en estricta observancia del principio de celeridad que procura no imponer la práctica de actos innecesarios atiborrados de formalismo que retrasa los trámites.

De lo anotado, sin pretender ser reiterativos, conforme ya se señaló, si bien la SCP 0044/2010-R determinó el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción” (el resaltado es nuestro).

III.2. Naturaleza y tramitación de los incidentes y las excepciones en materia penal

Las excepciones son medios procesales de los que goza la parte demandada, que tienen como finalidad oponerse a la prosecución del proceso -paralizarlo momentáneamente o extinguirlo definitivamente-; ello, dependiendo del tipo de excepción interpuesta; empero, siempre resultando en el impedimento de pronunciarse respecto al fondo de la causa.

Por otro lado, los incidentes se constituyen en mecanismos de defensa cuya función esencial es reparar defectos procedimentales vinculados con el proceso principal, que aunque resultan independientes de él; empero, su resolución es necesaria para emitir pronunciamiento alguno respecto del mismo; ello, durante la sustanciación de un proceso penal, sin que su tramitación -que se halla sujeta a los principios que rigen la impartición de justicia-, detenga el desarrollo del mismo, debiendo ser resueltos de manera paralela o accesoria a éste.

Al respecto, la normativa penal en el art. 314 del CPP modificado por la Ley 1173, establece:

“(TRAMITES) I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.

II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del

plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. Artículo 315. (RESOLUCIÓN).

I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.

II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio.

IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos”.

En ese contexto normativo, se puede identificar que los incidentes son utilizados por las partes dentro un proceso penal, también son consideradas cuestiones accesorias que surgen del proceso, que se deciden de manera separada; es decir, que pueden surgir durante la etapa preparatoria, el juicio oral, como un recurso o en la etapa de ejecución de la sentencia; y, que deberán ser interpuestas siempre dentro del plazo previsto de diez días a partir de tener conocimiento o ser notificados con el hecho vulnerador de un derecho o garantía jurisdiccional; asimismo, los incidentes no se hallan detallados taxativamente a diferencia de las excepciones que se hallan previstas en el art. 308 del CPP, recibiendo los denominativos de nominados e innominados; mismas que, deberán ser planteadas desde el inicio de la investigación penal hasta los diez días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.

III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.

El art. 410.II de la CPE, establece que:

“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-.

En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:

“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.” Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone:

“La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” Así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé:

“La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso en su vertiente del principio de celeridad, por cuanto, habiéndosele impuesto las medidas arraigo y el deber de presentarse periódicamente ante la Fiscalía cada quince días, como medidas sustitutivas a la detención preventiva, las viene cumpliendo estrictamente por más de nueve años sin que hasta la fecha cuente con sentencia; esta situación de incertidumbre jurídica lo obligó a recurrir ante las autoridades jurisdiccionales para que se resuelva de una vez por todas y se emita sentencia o se le modifiquen sus medidas sustitutivas; para ello, presentó memoriales de 3, 11 y 15 de noviembre de 2021 planteando extinción y modificación de medidas, a los cuales no tuvo respuesta por parte de las autoridades judiciales -ahora demandadas-, debido a que su cuaderno procesal se encontraría pérdido, situación que hace que se mantenga restringido su derecho a la locomoción debido al arraigo persistente.

De los antecedentes traídos en revisión, se tiene que el accionante planteó excepción de modificación de su situación jurídica mediante memoriales de 3, 11 y 15 de noviembre de 2021, a los que obtuvo respuesta hasta la presentación de la acción de libertad (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). A medida que fueron presentados los memoriales por parte del impetrante de tutela, se avizoraron reacciones por parte de las autoridades demandadas, es así que, la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Oficio 2286/2021, solicitó a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, la devolución de la causa 201152458 mediante Sistema SIREJ, para llevar a cabo audiencia señalada para horas 14:00 del 24 de noviembre de 2021 (Conclusión II.5).

Antes de ingresar al análisis del caso, incumbe referir que el Tribunal Constitucional en su labor hermenéutica del art. 125 de la CPE, respecto de la acción de libertad, ha desarrollado un razonamiento constitucional precisando las diferentes modalidades de esta acción, de esta manera fueron identificadas a la acción de libertad reparadora, correctiva, preventiva, innovativa y, traslativa o pronto despacho; bajo esa comprensión, incumbe remitirnos al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional referido a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante vulneraciones del derecho a la libertad de locomoción, toda vez que, según esta tipología, es posible atender denuncias de los privados de libertad respecto a las dilaciones incurridas en las tramitaciones dentro del proceso penal; adicionalmente, es importante resaltar que la jurisprudencia constitucional ha establecido respecto al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no lo están, tal es el caso de aquellas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción, como lo es el del accionante, sobre quien pesa la medida sustitutiva de arraigo por más de nueve años.

Conforme a la problemática planteada, se advierte que el impetrante de tutela denuncia actos dilatorios en contra de la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz y los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, en tal sentido, se compulsará de forma separada dichas denuncias:

1) Con relación a Marco Antonio Porras Velarde, Uby Saúl Suárez Sánchez y Hebert Zeballos Domínguez -Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz- Del informe brindado mediante escrito de 23 de noviembre de 2021 y las copias fotostáticas cursantes en antecedentes, se extrae que en el reparto de causas de 15 septiembre de 2016 realizado vía Sistema SIREJ, el expediente con NUREJ 201152458 correspondiente al proceso penal del ahora accionante, recayó en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del referido departamento, sin embargo, el expediente físico nunca fue remitido a dicho despacho para su radicatoria y futuros actuados procesales, extremo que tiene respaldos en el informe de la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -codemandada- quien señaló que el expediente estaba en pre archivo; por lo que, los Jueces que componen el referido Tribunal, ahora demandados, desconocían las condiciones y las características en las que se encontraba la causa, por lo tanto, no es lógico exigirles pronunciamiento a los memoriales de 11 y 15 de noviembre de 2021, en razón a que la causa principal materialmente no se encontraba radicada en su Tribunal, motivos por los cuales, no vulneraron los derechos denunciados por el accionante. 2) Respecto a Carla Lorena Añez Méndez -Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz- Se establece en primer lugar, que si bien es cierto que tanto la Jueza y el Secretario de dicho despacho judicial asumieron funciones el 1 de junio de 2018 y que el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mauricio Rioja Valenzuela y Roberto Fernández Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de tentativa de asesinato y robo agravado, datan de julio de 2012, no es menos evidente que siendo la Jueza la máxima autoridad del Juzgado, tiene la obligación de llevar el control de las causas sometidas a su conocimiento para su investigación, con la adecuada colaboración de los funcionarios de apoyo judicial a su cargo, ello, conforme a las facultades y deberes previstos por Ley.

Ahora bien, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es necesario referirnos a la naturaleza y tramitación de los incidentes y las excepciones en materia penal, haciendo énfasis en lo dispuesto por el art. 314 del CPP, que en su párrafo II establece: “…II. La jueza o el juez de instrucción en lo penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas a las partes”; Al respecto y en aplicación al caso concreto, se tiene que, por memorial de 3 de noviembre de 2021, el accionante expresamente solicitó la extinción de la causa por duración máxima del proceso o se modifiquen las medidas sustitutivas impuestas en su contra y se señale audiencia, a lo cual, por razones inherentes intrínsecamente al despacho judicial de la juzgadora en cuestión, no se señaló audiencia y no se notificó a las partes con la prueba en los plazos previstos por Ley. Al respecto, se hace imperioso precisar que: i) La autoridad demandada informó que el expediente en cuestión estaría extraviado y que los ex funcionarios de su Juzgado no lo habrían entregado bajo inventario, sin embargo, no adjunta prueba que acredite tal aseveración; y, ii) Según el referido informe de la Juzgadora, se asevera que el expediente se encontraría en pre archivo, afirmación que resulta ser contradictoria con el Oficio 2070/21 de 23 de noviembre de 2021 de (fs. 19); por el que, la autoridad demandada remite el cuaderno procesal ante los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, dando cuenta que el expediente físico se encontraba bajo su tuición y en su poder, pues, tampoco presentó prueba del desarchivo del mismo.

En este estado de cosas, de acuerdo con el Informe de fs. 20 y vta., la propia Jueza reconoció que el accionante presentó memorial el 4 de noviembre de 2021; por el que solicitó la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, memorial que mereció decreto recién el 22 del mencionado mes y año, con el señalamiento de audiencia para el día miércoles 24 del citado mes y año, oficiándose asimismo al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, la devolución del expediente vía sistema SIREJ, ya que en sistema figuraba que el expediente se encontraba en dicho Tribunal.

Bajo esa reflexión, se evidencia que el accionar dilatorio de la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, provocó una demora de aproximadamente diecinueve días, advirtiéndose la vulneración del derecho a la libertad vinculado a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y, al principio de celeridad del accionante, a quien estando arraigado, no se le ha dado respuesta oportuna a su memorial de excepciones de 3 de noviembre de 2021, por ello, corresponde conceder la tutela, bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho.

Consecuentemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR parcialmente la Resolución 20/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 31 vta. a 34 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada en relación a Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo que en el día se atienda y se tramite lo solicitado mediante memorial de 3 de noviembre de 2021. 2° Disponer la remisión de los antecedentes al Consejo de la Magistratura para su investigación y posible sanción.

3° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Marco Antonio Porras Velarde, Uby Saúl Suárez Sánchez y Hebert Zeballos Domínguez -Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz-, por los motivos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Art. 125 de la CPE señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.”

2 En su F.J.III.5 señala: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…)

7 Entendimientos desarrollados en el Libro Excepciones e Incidentes, Arturo Yáñez Cortés, 2017, Gaviota del Sur S.R.L. Pg. 96- 99; y, 272-273.

8 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

9 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”

10 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.”

11 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0094_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 472a892ae7af8c1c7fbefb37ad6931720d6f40724d4599be7eccb7f3574c2e1b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →