B.IA.LEGAL

SCP 0093/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57937-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, a la defensa y al trabajo; así como de los principios a la seguridad jurídica, igualdad de partes, transparencia, probidad, honestidad, legalidad, favorabilidad, verdad material e indubio pro reo; toda vez que, los Jueces y Vocal demandados, a través del Auto Interlocutorio 37/2023 y Auto de Vista 400/2023, respectivamente, soslayaron diversos extremos relevantes: 1) Actuaron sin competencia para promover la revocatoria de las medidas cautelares; toda vez que, conforme al art. 247 del CPP, la facultad de solicitar el control y cumplimiento de la detención domiciliaria corresponde al Ministerio Público, a la parte acusadora o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y no a las autoridades judiciales demandadas; 2) El propio Tribunal de Sentencia requirió informe al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz a fin de esclarecer las razones de la ausencia del custodio policial; sin embargo, adoptó su decisión sin aguardar la remisión de dicho informe, omitiendo así la valoración de elementos probatorios; 3) No se valoró el libro de novedades del custodio policial, en el cual se dejó constancia de que su ausencia obedeció a una instrucción superior para trasladarse al mencionado Centro Penitenciario. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 61/2023 de 20 de julio, cursante de fs. 110 a 114 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela respecto a la Vocal demandada, sobre los agravios segundo, tercero y cuarto, dejando sin efecto el Auto de Vista 400/2023 de 29 de mayo, disponiendo la emisión de una nueva resolución conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y en cuanto a los demás derechos y agravios denunciados conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La solicitud de revocatoria de las medidas sustitutivas, la imposición de otra medida cautelar y la carga probatoria
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57937-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 61/2023 de 20 de julio, cursante de fs. 110 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Marcelo Alanes Flores en representación sin mandato de Juan Carlos Pino Álvarez contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, José Luis Quiroga Flores e Iván Elmer Perales Fonseca, Jueces del Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de julio de 2023, cursante a fs. 1; y, 89 a 93, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de una solicitud de autorización de salida judicial presentada ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado-, dicho Tribunal denegó la petición y, adicionalmente, dispuso que el Secretario del referido Tribunal se constituya en su domicilio, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la detención domiciliaria y constatar la presencia del custodio policial asignado. El 9 de mayo de 2023, el Secretario del referido Tribunal se apersonó a su domicilio real; sin embargo, de manera irregular, emitió un informe el 10 de igual mes y año, en el cual consignó que él se encontraba en su domicilio, pero que no se hallaba presente su custodio policial.

Con base en dicho informe, José Luis Quiroga Flores e Iván Elmer Perales Fonseca, Jueces del Tribunal codemandados, actuaron de oficio, señalando audiencia de revocatoria de medidas cautelares y emitieron el Auto Interlocutorio 37/2023 de 23 de mayo, revocando sus medidas cautelares y dispusieron su detención preventiva; empero, soslayaron diversos extremos relevantes que: a) Conforme al art. 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la facultad de solicitar el cumplimiento de la detención domiciliaria corresponde al Ministerio Público, a la parte acusadora o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y no a las autoridades codemandadas; b) El propio Tribunal solicitó informe al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz para conocer las razones de la ausencia del custodio, sin esperar la remisión de dicho informe antes de adoptar decisión alguna; c) No se valoró el libro de novedades elaborado por Daniel Choque Calsina, funcionario policial, encargado de su custodia, en el cual dejó constancia de que, por instrucción superior, se trasladó al referido Centro Penitenciario a horas 6:40 del 10 de mayo de 2023 para reforzar salidas judiciales, retornando al domicilio a horas 20:35, consignándose además que le informó que el Secretario del indicado Tribunal se había apersonado a su domicilio aproximadamente a horas 19:40 de ese mismo día; d) Se incrementaron de manera indebida los riesgos procesales, sin que estos hubieran sido pedidos, fundamentados o probados por ninguna de las partes, pretendiendo incluso justificar la revocatoria bajo el erróneo argumento de que la solicitud habría sido planteada por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sobre la base de una interpretación forzada del registro digital de la audiencia, cuando en realidad no existió petición formal en tal sentido; y, e) De manera maliciosa, se introdujo un dato falso respecto al recurso interpuesto, haciéndolo pasar por una apelación restringida, cuando en realidad se trató de un recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP. Pese a lo expuesto, Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, mediante -Auto de Vista- 400/2023 de 29 de mayo, confirmó el Auto Interlocutorio 37/2023, omitiendo pronunciarse sobre los agravios oportunamente formulados en apelación y limitándose a ratificar la decisión impugnada sin realizar un análisis integral, suficiente ni debidamente motivado del caso.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, libre locomoción, a la defensa y al trabajo; así como de los principios a la seguridad jurídica, igualdad de partes, transparencia, probidad, honestidad, legalidad, favorabilidad, verdad material e in dubio pro reo; citando al efecto los arts.

46, 47, 115, 116, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que: 1) De manera inmediata, se emita mandamiento de libertad a su favor; 2) Se mantengan las medidas sustitutivas conforme a lo establecido en el Auto Interlocutorio 02/2021 de 6 de enero; y, 3) La autoridad judicial responsable de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales sea condenada a la reparación de daños y perjuicios, conforme a lo previsto por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 109, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad; y, ampliando en audiencia, manifestó que: i) No fue notificado con ninguna prueba que haga ver que se incumplió con alguna de las medidas cautelares ni tampoco con algún elemento probatorio el cual refiere que existen nuevos riesgos procesales en su conducta; ii) En la etapa de explicación, complementación y enmienda, se recordó -con base en la SCP 0527/2018-S2 de 14 de septiembre- que el incumplimiento de medidas sustitutivas no justifica automáticamente su revocatoria; además que, se invocaron los riesgos de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; empero, el Tribunal de Sentencia añadió de oficio los riesgos previstos en los arts. 234.2 y 4 del mismo Código; y, iii) La Vocal demandada justificó la decisión del Tribunal a quo señalando que la cesación de la detención preventiva y las salidas laborales se habían otorgado únicamente por la existencia de una deuda bancaria que ya debía estar cancelada hasta diciembre de 2020, motivo por el cual ya no existiría razón para mantener dichas medidas; sin embargo, este aspecto no fue objeto de la revocatoria ni fundamento de la apelación o de su respuesta. Pese a ello, la citada Sala Penal incorporó de oficio este argumento en el Auto de Vista, realizando afirmaciones sobre el cumplimiento del plan de pagos sin respaldo probatorio alguno ni producción de prueba en audiencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 100 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: a) El accionante no identificó de manera expresa la causal constitucional en la que se sustenta su reclamo -riesgo a la vida, persecución ilegal, indebido procesamiento o privación indebida de libertad-ni formuló un petitorio congruente con los hechos y fundamentos jurídicos expuestos, lo que evidencia una falta de fundamentación; y, b) Respecto a la alegada vulneración del debido proceso y otros principios, se limitó a enunciarlos de forma genérica, sin identificar la vertiente afectada ni explicar el nexo causal entre el acto impugnado y la supuesta lesión. José Luis Quiroga Flores e Iván Elmer Perales Fonseca, Jueces del Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, de igual manera peticionaron se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: 1) Según la SCP 0440/2019-S3 de 13 de agosto, señalan que es constitucionalmente válido incrementar riesgos procesales cuando surgen hechos sobrevinientes; 2) Al constatarse la ausencia del custodio policial -en un contexto en el que ya existía sentencia condenatoria-se identificó riesgos de fuga y de no sometimiento al proceso -art. 234.2 y 4 del CPP-; y, 3) El peligro efectivo para la víctima no fue enervado, al no acreditarse el cumplimiento de terapias psicológicas ni otras obligaciones impuestas.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 61/2023 de 20 de julio, cursante de fs. 110 a 114 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La Vocal demandada, mediante Auto de Vista 400/2023 de 29 de mayo, efectuó una motivación y fundamentación expresa respecto de los agravios denunciados. En dicho Auto, se precisó, en primer lugar que, si bien la impugnación fue planteada como apelación restringida, correspondía su análisis bajo el art. 251 del CPP, razón por la cual fue tramitada y resuelta como apelación incidental; ii) Respecto a la supuesta omisión de valoración del informe del custodio policial, la autoridad demandada indicó que, conforme a la modulación jurisprudencial y a la interpretación desarrollada en la SCP 0295/2012 de 8 de junio, en la apelación de medidas cautelares no es posible valorar prueba nueva en sede de alzada; y, iii) En relación con la afirmación de que únicamente se habría valorado el informe del Secretario del Tribunal de Sentencia a cargo de los Jueces codemandados, y que el impetrante de tutela no habría sido notificado con tal informe, la citada Vocal demandada dejó constancia de que tal aspecto fue considerado en la Resolución impugnada, existiendo además certificación del propio Secretario, quien reconoció un lapsus en la elaboración del informe, el cual fue posteriormente corregido por el mismo Secretario. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el peticionante de tutela solicitó que: a) Se precise si los Jueces demandados actuaron de oficio al señalar audiencias y producir prueba; b) Se aclare respecto a la identificación concreta de los supuestos incumplimientos y de los nuevos riesgos procesales que habrían justificado la imposición de la detención preventiva; y, c) Se valore el informe del custodio policial, quien comunicó de manera inmediata al Secretario del referido Tribunal de Sentencia las razones de su ausencia. En respuesta, el Juez de garantías determinó no ha lugar a la misma, al considerar que el accionante no sustentó su petición en una norma que ampare dicha solicitud. Asimismo, manifestó que la Resolución Constitucional fue emitida con base en los datos y antecedentes que obran en el proceso y conforme a lo expuesto en la demanda de acción tutelar.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 119), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 123); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 37/2023 de 23 de mayo, José Luis Quiroga Flores e Iván Elmer Perales Fonseca, Jueces del Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandados-, declararon fundada la revocatoria de las medidas sustitutivas dispuestas en favor de Juan Carlos Pino Álvarez -ahora accionante-, disponiéndose su inmediata detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, en estricta aplicación de los arts. 247.1 y 2 y 234.2, 4 y 7 del CPP (fs. 34 a 35 vta.). Asimismo, consta la solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentada por el peticionante de tutela durante la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, la cual fue atendida mediante determinación expresa de no ha lugar, al no haberse identificado conceptos oscuros, ambiguos o insuficientes en la resolución impugnada (fs. 35 vta. a 36 vta.). II.2. A través de Auto de Vista 400/2023 de 29 de mayo, Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, declaró admisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y la improcedencia de los agravios planteados, confirmando el Auto Interlocutorio 37/2023, pronunciada por los Jueces codemandados (fs. 77 a 83).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, a la defensa y al trabajo; así como de los principios a la seguridad jurídica, igualdad de partes, transparencia, probidad, honestidad, legalidad, favorabilidad, verdad material e indubio pro reo; toda vez que, los Jueces y Vocal demandados, a través del Auto Interlocutorio 37/2023 y Auto de Vista 400/2023, respectivamente, soslayaron diversos extremos relevantes: 1) Actuaron sin competencia para promover la revocatoria de las medidas cautelares; toda vez que, conforme al art. 247 del CPP, la facultad de solicitar el control y cumplimiento de la detención domiciliaria corresponde al Ministerio Público, a la parte acusadora o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y no a las autoridades judiciales demandadas; 2) El propio Tribunal de Sentencia requirió informe al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz a fin de esclarecer las razones de la ausencia del custodio policial; sin embargo, adoptó su decisión sin aguardar la remisión de dicho informe, omitiendo así la valoración de elementos probatorios; 3) No se valoró el libro de novedades del custodio policial, en el cual se dejó constancia de que su ausencia obedeció a una instrucción superior para trasladarse al mencionado Centro Penitenciario. Asimismo, no se consideró que el custodio se comunicó telefónicamente con el Secretario del indicado Tribunal para informar su situación, circunstancia que, además, no fue consignada en el informe de dicho funcionario; 4) Se incrementaron indebidamente los riesgos procesales, en la medida en que, durante la audiencia, el Ministerio Público únicamente invocó la concurrencia de los riesgos previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; no obstante, el Tribunal de Sentencia incorporó de oficio los riesgos procesales contemplados en el art. 234.2 y 4 del mismo cuerpo normativo, como tampoco se produjo ni valoró elemento probatorio alguno; y, 5) Se distorsionó la naturaleza del recurso interpuesto, calificándolo erróneamente como apelación restringida, cuando en realidad se trataba de una apelación incidental, conforme a lo previsto en el art. 251 del citado Código. Ante ello, la Vocal demandada señala que: i) El impetrante de tutela no identificó la causal constitucional sobre la que funda su pretensión, evidenciando una falta de fundamentación; y, ii) Genéricamente enunció la vulneración del debido proceso y otros principios, sin explicar el nexo causal entre el acto impugnado y la supuesta lesión. Por su parte, los Jueces codemandados refieren que: a) Según la jurisprudencia, es constitucionalmente válido incrementar riesgos procesales cuando surgen hechos sobrevinientes; b) Al constatarse la ausencia del custodio policial se identificó riesgos de fuga y de no sometimiento al proceso; y, c) El peligro efectivo para la víctima no fue enervado, al no acreditarse el cumplimiento de terapias psicológicas ni otras obligaciones impuestas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La solicitud de revocatoria de las medidas sustitutivas, la imposición de otra medida cautelar y la carga probatoria

Respecto a la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, el art. 247 del CPP, establece que esta solo puede disponerse a solicitud expresa de parte, configurándose como un instituto de carácter reglado y no oficioso. Dicha norma faculta de manera expresa y taxativa al Ministerio Público y a la víctima, aún cuando esta no se haya constituido en querellante, para promover la revocatoria siempre que se acredite alguna de las causales legalmente previstas. De igual manera, se reconoce legitimación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuando el proceso involucre a niñas, niños o adolescentes, en resguardo del interés superior del menor, quedando excluida cualquier actuación oficiosa del órgano jurisdiccional. Asimismo, con relación a la imposición de otra medida cautelar como consecuencia de la revocatoria, la SCP 0042/2012 de 26 de marzo, concluyó que: “…la revocatoria de medidas sustitutivas no implica que en forma directa y sin ninguna fundamentación y menos aún valoración de los riesgos procesales, se determine la detención preventiva, sino que al contrario, conforme lo determina el mismo art. 247 del CPP, sólo puede disponerse la detención preventiva cuando sea procedente, y para determinar su procedencia, necesariamente se tiene que efectuar una evaluación respecto a la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del citado Código y, de manera concreta, una evaluación integral de las circunstancias para determinar los riesgos procesales de fuga y obstaculización” (las negrillas nos corresponden).

Ahora bien, con relación a la carga de la prueba en la revocatoria de medidas cautelares personales corresponde a la parte que promueve la solicitud, en aplicación del principio general conforme al cual quien afirma un hecho está obligado a probarlo. De acuerdo con el art. 247 del CPP, cuando la revocatoria es solicitada por el Ministerio Público, la parte acusadora o, en su caso, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, corresponde a dichas instancias acreditar de manera suficiente no solo el incumplimiento efectivo de las condiciones impuestas, sino también que, a partir de una evaluación actual y concreta, si persisten o se han incrementado los riesgos procesales de fuga u obstaculización. Aquella valoración debe efectuarse conforme a los parámetros previstos en los arts. 233, 234 y 235 del mismo cuerpo normativo durante la etapa preparatoria, y en etapa de juicio oral y en sede de recursos acreditarse únicamente los riesgos de fuga y obstaculización, a fin de que resulte jurídicamente procedente la imposición de una medida cautelar más gravosa. Finalmente, debe enfatizarse que, el Juez, Tribunal o la Sala, no puede suplir la actividad probatoria de las partes, ni introducir, incrementar o reconfigurar riesgos procesales de oficio sin petición expresa y sin respaldo probatorio suficiente, pues ello vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso, la imparcialidad judicial y el principio dispositivo que rige en materia cautelar; en consecuencia, toda decisión de revocatoria de medidas cautelares debe fundarse exclusivamente en prueba concreta, objetiva y pertinente aportada por quien promueve la solicitud.

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar al análisis de fondo, cabe señalar que, el accionante demandó a la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y a los Jueces del Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital de igual departamento; en tal sentido, corresponde aclarar que en el marco del principio de subsidiariedad excepcional que rige este mecanismo constitucional la revisión de las determinaciones asumidas en la jurisdicción ordinaria, se realizará a partir de la última resolución; es decir, en el presente caso el Auto de Vista 400/2023 de 29 de mayo; por cuanto, dicho fallo tenía la posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones del Tribunal inferior. En tal contexto, en relación con el primer agravio, el impetrante de tutela sostuvo que la Vocal demandada incurrió en una incorrecta fundamentación; toda vez que, conforme al art. 247 del CPP, la facultad para solicitar el control y cumplimiento de la detención domiciliaria corresponde exclusivamente al Ministerio Público, a la parte acusadora o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y no a las autoridades judiciales. Al respecto, la autoridad demandada, en el Auto de Vista 400/2023, señaló que: “…he destacado puntualizaciones específicas en relación a que el Ministerio Público aquí dice la señora Fiscal y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia hubieran solicitado la revocatoria de las medidas cautelares en relación al ahora recurrente, lo he contrastado acá está en el punteo establece minuto 13:00 y lo he puntualizado inicialmente, minuto 21:15 segundos la Defensoría de la Niñez también fundamenta la solicitud de revocatoria es en ese sentido que se considera que el Tribunal A quo no ha asumido esta determinación de oficio sino a pedido de estas autoridades Fiscal y se entiende representante de Defensoría de la Niñez y Adolescencia por lo que al respecto igualmente no se evidencia ningún agravio que reparar” (sic). En ese marco, se advierte que la autoridad demandada constató la existencia de solicitudes de revocatoria formuladas por la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En efecto, en el minuto 13:00 de la grabación de la audiencia de revocatoria de medidas cautelares (fs. 87) el Ministerio Público señaló que “…va ha solicitar a sus autoridades (…) conforme al artículo 247 (…) en el numeral 1 (…) el ahora acusado (…) estuviera incumpliendo las obligaciones impuestas (…) en ese entendido que corresponde revocar las medidas sustitutivas…” (sic). Del mismo modo, en el minuto 21:15 se indica que “…Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene la palabra (…) gracias Señor Juez (…) la parte acusada (…) ha incumplido unas medidas sustitutivas en este caso a la detención preventiva (…) conforme a procedimiento (…) articulo 247 numeral 1 (…) también vamos a solicitar se pueda aplicar la medida extrema que es la detención preventiva…” (sic); por lo que, el agravio planteado por el accionante carece de sustento jurídico; y, en consecuencia, sobre este punto corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto al segundo y tercer agravio, el impetrante de tutela cuestionó la omisión de elementos probatorios relevantes. En primer lugar, denunció que no se valoró el informe emitido por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, el cual fue requerido de oficio por los propios Jueces codemandados. En segundo lugar, tampoco se valoró el libro de novedades del custodio policial, en el que se dejó constancia de que su ausencia obedeció a una instrucción superior. Al respecto, la Vocal demandada, manifestó que: “En ese sentido, es muy importante destacar que si bien inicialmente existía una línea jurisprudencial, la contenida en la Sentencia Constitucional Nº 1251/2006-R de 8 de diciembre, la cual establecía como lineamiento que pueden ser incorporadas válidamente en la audiencia de apelación de medidas cautelares aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o propuesto en el memorial de apelación o a tiempo de interponer en forma oral aquello llevaba a la comprensión de que en alzada, se podía acreditar elemento de convicción para que el Tribunal de alzada los valore y en ese caso pueda emitir una resolución distinta a la que ha emitido el A quo, sin embargo, al presente es necesario tomar en cuenta que los entendimientos jurisprudenciales van modificando, existe variabilidad de la jurisprudencia y es en ese aspecto vamos a citar la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0295/2012 de 8 de junio que cambiaría el precedente antes mencionado, determinando que en apelación de medidas cautelares no es posible valorar nueva prueba, debiendo el Tribunal de apelación ceñirse a la revisión del fallo de primera instancia, a lo cuestionado por las partes en la exposición de agravios y a la actuación del Juez de Instrucción Penal, (…) no siendo viable lo peticionado por la parte recurrente respecto a la valoración de este nuevo elemento de convicción conforme a lo precedentemente desarrollado, igualmente no tenemos ningún agravio no identificado” (sic). En ese marco, se advierte que la autoridad demandada incurrió en una laguna probatoria sobrevenida, la cual es entendida como un vacío de información fáctica relevante que surge durante el desarrollo del proceso, no porque las partes hayan omitido ofrecer prueba, sino porque la autoridad judicial ordenó la producción de un elemento probatorio y, aun así, decidió el caso sin que dicho elemento se integre ni sea valorado. En el presente caso, los Jueces codemandados ordenaron de oficio un informe para esclarecer las circunstancias de la ausencia del custodio policial, reconociendo implícitamente que ese hecho no estaba suficientemente acreditado y era determinante para resolver la revocatoria de las medidas cautelares; sin embargo, adoptaron su decisión sin aguardar la incorporación ni la valoración de dicho elemento probatorio, generándose así un vacío fáctico que no resulta imputable a la parte accionante. Dicha laguna probatoria se consolidó en sede de alzada, en la medida en que la Vocal demandada no reparó ni corrigió la omisión advertida en primera instancia, sino que, por el contrario, la convalidó, al reconducir indebidamente el agravio del impetrante de tutela a una supuesta solicitud de valoración de prueba nueva en alzada, aplicando jurisprudencia inaplicable al caso concreto. De ese modo, omitió ejercer el control que le correspondía sobre la suficiencia fáctica de la decisión impugnada, al dejar de analizar si la falta de valoración del informe solicitado de oficio incidía en la motivación y razonabilidad de la resolución adoptada en primera instancia. En consecuencia, la laguna probatoria advertida se manifiesta tanto como una producción probatoria inconclusa en primera instancia, como una omisión de control y valoración probatoria en apelación, lo que derivó en una motivación insuficiente y en la vulneración del debido proceso; por ello, la decisión impugnada se encuentra sustentada en una omisión de valoración probatoria, circunstancia que, en este punto, justifica la concesión de la tutela constitucional.

En cuanto al cuarto agravio, el accionante sostiene que se incrementaron indebidamente los riesgos procesales, en la medida en que, durante la audiencia, el Ministerio Público únicamente invocó la concurrencia de los riesgos previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; no obstante, los Jueces codemandados incorporaron de oficio los riesgos contemplados en el art. 234.2 y 4 del mismo cuerpo normativo, como tampoco se produjo ni valoró elemento probatorio alguno. Sobre este agravio, la Vocal demandada señaló que: “…en esta audiencia de apelación, no nos ha establecido, si a momento de emitirse esta resolución en fecha 23 de mayo del año 2023, existían o no riesgos procesales, existiría algún riesgo procesal vigente; todos ya se hubieran desvirtuado, no nos ha establecido, no los ha mencionado, entonces cómo la suscrita autoridad va a realizar una contrastación respecto a lo alegado en esta audiencia, claramente nos ha mencionado y está registrado digitalmente, ha generado de oficio otros riesgos procesales pero no nos ha mencionado si estos habrían sido desvirtuados, no habrían sido desvirtuados que riesgos habría o no habría entonces cómo la suscrita autoridad lo reitero lógicamente puede ingresar a contrastar algún elemento vinculado a alguna actuación de oficio del Tribunal, por lo que igualmente no se evidencia ningún agravio que deba ser reparado. En esta audiencia de apelación nos ha hecho referencia que el Tribunal A quo a momento de haber solicitado complementación y enmienda, al amparo del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, se hubiera peticionado que el Tribunal A quo para disponer la revocatoria de las medidas sustitutivas y en cuya consecuencia disponer la aplicación de la detención preventiva debe ingresar a analizar conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0527/2018-S2 de 14 de septiembre, la valoración integral de aspectos vinculados a la probabilidad de autoría y riesgos procesales y nos dice que este Tribunal por el contrario hubiera agradecido que por su parte la defensa del ahora recurrente hubiera presentado esta sentencia constitucional pero lo hizo destaca para que el Tribunal A quo, aplique este entendimiento jurisprudencial y fundamente y analice de manera íntegra los requisitos del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal y al respecto, de la resolución apelada en relación a este agravio escuchado en esta audiencia, debemos destacar lo siguiente, conforme a los alcances del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal debemos recordar que la petición de explicación, complementación y enmienda esencialmente no puede ir destinado a obtener alguna modificación en el fondo de la determinación judicial y, en consecuencia, se entiende que si a partir de la aplicación de este artículo no se puede modificar el fondo por el A quo, mucho menos a través de la interposición de un recurso de apelación en relación a una petición planteada en base al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, se puede pretender lograr alguna modificación en lo sustancial de la determinación emitida por el A quo, por lo que en consideración a este criterio, no se evidencia ningún agravio que debe ser reparado” (sic). En ese contexto y de conformidad con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la carga de la prueba en la solicitud de revocatoria de medidas cautelares recae en el Ministerio Público o en la parte acusadora, quienes deben acreditar el incumplimiento de las condiciones impuestas y demostrar, a partir de una evaluación, que persisten o se han incrementado los riesgos procesales de fuga u obstaculización. Bajo ese marco, el agravio del accionante no estaba orientado a demostrar la inexistencia de riesgos procesales, sino a denunciar que el Tribunal de Sentencia incorporó de oficio los riesgos previstos en los arts. 234.2 y 234.4 del CPP, no invocados por el Ministerio Público ni por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y sin respaldo probatorio alguno. Por ello, no era exigible al impetrante de tutela que explicara si tales riesgos “habrían sido desvirtuados”, pues la carga de acreditar su concurrencia correspondía exclusivamente a quien solicitó la revocatoria, de modo que la Vocal demandada trasladó indebidamente la carga argumentativa y probatoria a la defensa, al reprocharle no haber precisado qué riesgos persistían o habrían sido desvirtuados. Asimismo, recondujo erróneamente el agravio al sostener que no era posible su revisión porque el art. 125 del CPP no permite modificar el fondo de la decisión; sin embargo, el hecho de que la defensa haya cuestionado la incorporación de riesgos procesales a través de una solicitud de complementación y enmienda no impedía que, en sede de apelación, se ejerza el control respecto de si el Tribunal a quo excedió sus facultades al introducir riesgos no solicitados ni probados; en ese marco, respecto a este agravio corresponde conceder la tutela solicitada. Por último, en relación al quinto agravio, el accionante señaló que se distorsionó la naturaleza del recurso interpuesto, calificándolo erróneamente como apelación restringida, cuando en realidad se trataba de una apelación incidental, conforme a lo previsto en el art. 251 del citado Código. Al respecto, dicho agravio carece de relevancia constitucional en la medida en que, aún cuando pudiera advertirse una imprecisión formal en la denominación del recurso, aquella circunstancia no tuvo incidencia material en el resultado de la decisión, ni generó una afectación real y concreta a derechos o garantías constitucionales del accionante; por lo que, sobre este punto corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración de los derechos a la libertad y libre locomoción, a la defensa y al trabajo, así como de los principios de seguridad jurídica, igualdad de partes, transparencia, probidad, honestidad, legalidad, favorabilidad, verdad material e in dubio pro reo, se advierte que el accionante no desarrolló una fundamentación específica que permita identificar de qué manera concreta tales derechos y principios habrían sido lesionados en el caso; por lo que, corresponde denegar la tutela sobre los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 61/2023 de 20 de julio, cursante de fs. 110 a 114 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela respecto a la Vocal demandada, sobre los agravios segundo, tercero y cuarto, dejando sin efecto el Auto de Vista 400/2023 de 29 de mayo, disponiendo la emisión de una nueva resolución conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a los Jueces del Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y en cuanto a los demás derechos y agravios denunciados conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Laura Amalia Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0093_2026-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): bd6383fca15a0724ec5a2e685a471c5699a62d1b0ba5197ec2a6d0482d37c42a

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