B.IA.LEGAL

SCP 0093/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 3 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
3 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
72326-2025-145-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, dignidad; así como al principio de legalidad; puesto que, fue sometido a un proceso disciplinario interno por un supuesto acoso laboral hacia una trabajadora de otra empresa, dentro del cual, los ahora accionados a su turno, incurrieron en una serie de irregularidades, entre ellas, no se le entregaron los antecedentes de la acusación, el Auto de Apertura fue emitido por autoridad distinta al Comité Disciplinario, y la conducta atribuida no se encontraba tipificada como falta en el Reglamento Interno de la institución, existiendo incluso criterio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que descartaría acoso entre trabajadores de empresas diferentes; además, existió trato desigual en la imposición de la sanción respecto a otros procesados, y en su caso la afectación derivó en su desvinculación y en la perdida de cobertura de salud pese a padecer enfermedades crónicas; finalmente, impugnando la determinación de primera instancia, obtuvo la Resolución de Apelación 02/2024, que carece de la debida motivación y sustento normativo, al basarse en disposiciones que no prevén como causal de despido la conducta atribuida ni establecen el despido como sanción; por lo que, sostuvo que se le impuso la destitución sin base legal clara. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los s…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2025 de 24 de marzo, cursante de fs. 366 a 369 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La observancia del principio de subsidiariedad en el caso de los grupos vulnerables (flexibilización)
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones administrativas
  3. III.3. De la garantía general del debido proceso en su elemento de presunción de inocencia y el despido laboral por causas justificadas
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2026-S1 Sucre, 3 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 72326-2025-145-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 59/2025 de 24 de marzo, cursante de fs. 366 a 369 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hebert Nelson Cortez Justiniano contra Jerry Harold Fletcher Torrico, Gerente General; Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento; Carolina Martínez Mercado, Edwing Fernández y Richard Durán Chuquimia, miembros del Comité Disciplinario Interno, todos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Sociedad Anónima (YPFB S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 7 y 20 de enero de 2025, cursantes de fs. 37 a 48 vta.; y, 128 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a prestar funciones en la empresa YPFB Chaco S.A. el 1 de octubre de 1992, iniciando desde niveles operativos básicos y ascendiendo progresivamente, en mérito a su desempeño laboral, hasta ocupar el cargo de Encargado de Planta, manteniendo una relación laboral de carácter indefinido y de larga data. El 20 de junio de 2024, fue notificado con el inicio de un proceso disciplinario interno instaurado en su contra por una denuncia de supuesto acoso laboral hacia una persona que se desempeñaba como mucama en otra empresa y, al momento de iniciarse dicho proceso, no se le entregaron los antecedentes ni elementos que sustentaban la denuncia, y que el Auto de apertura no fue emitido por el Comité Interno Disciplinario, sino por Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento Humano ahora coaccionado, otorgándosele el plazo de cinco días para presentar descargos. La conducta que se le atribuía no se encontraba prevista como falta en el Reglamento Interno de YPFB Chaco S.A., particularmente en lo establecido en el art. 99 (incisos a-l) ni en el art. 101 del citado Reglamento, relativos a prohibiciones, faltas y sanciones. Ante dicha situación, se efectuó consulta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social respecto al alcance del art. 3 de la Resolución Ministerial “196/2021”, recibiéndose criterio legal en sentido de que el acoso laboral presupone conductas reiteradas dentro de una misma relación laboral, no pudiendo configurarse entre trabajadores de distintas empresas. Dentro del mismo proceso disciplinario dos personas fueron sometidas a sumario por la misma supuesta falta; sin embargo, únicamente él hubiese sido sancionado severamente; por lo que, existió un trato desigual. Como consecuencia de su desvinculación se le retiró la cobertura de su seguro de salud, pese a padecer enfermedades crónicas de larga evolución, entre ellas diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial y bloqueo completo de rama izquierda idiopático, requiriendo tratamiento permanente; aspectos que no fueron considerados por la instancia disciplinaria. Asimismo, cuestionó la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 de 12 de septiembre, señalando que vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, pese a que su Reglamento Interno establecía el régimen de faltas y sanciones, la decisión de destitución se hubiese sustentado en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario, normas que no tipificaban como causal de despido la conducta atribuida; además, la Resolución Ministerial 196/2021, relativa al procedimiento por acoso laboral, no establecería como sanción el despido, sino medidas de cese de la conducta. En ese contexto, sostuvo que se le impuso la máxima sanción de destitución sin base normativa clara, afectando sus derechos sin considerar su antigüedad y condición de trabajador indefinido.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, dignidad; así como al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 14.I y II; 15.I; 16.I y II; 18, 35, 37, 46, 49 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Final CDI-001/2024 de 30 de agosto y la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 de 12 de septiembre, inclusive hasta la notificación con el Auto de Inicio de Proceso Sumario Interno de 20 de junio de 2024; b) Declarar nulo y sin efecto el memorándum de despido de 13 de septiembre de dicho año; y, c) Ordenar su inmediata reincorporación laboral, en el mismo puesto, más el pago de sueldos devengados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 21 de marzo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 352 a 366, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo; manifestó que: 1) Contaba con más de treinta años de antigüedad laboral, desempeñándose como Encargado de Planta, y que en junio de 2024 fue notificado con el auto de apertura de un proceso sumario que, desde su inicio, presentó irregularidades; puesto que, dicho Auto no fue suscrito por el Tribunal Sumariante, sino por el Gerente de Talento Humano -hoy coaccionado-; 2) Al momento de la notificación no se le entregó el acervo probatorio que sustentaba la denuncia, enterándose posteriormente de que se trataba de una supuesta infracción de acoso laboral; 3) El Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la empresa, vigente desde 1998 y conocido por el Ministerio de Trabajo, regula las faltas e infracciones laborales, no encontrándose tipificada en ninguno de sus artículos la figura de acoso laboral como causal sancionable; 4) En ese sentido, el proceso disciplinario se inició por una conducta no prevista ni tipificada, vulnerando el principio de legalidad en materia sancionatoria, como componente del derecho al debido proceso previsto por el art. 115 de la CPE; 5) Se debe considerar que en el expediente constitucional cursa un informe jurídico emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que establece que no puede configurarse acoso laboral entre trabajadores de distintas empresas, al requerirse una relación laboral común y una situación de hostigamiento reiterado y, en el caso concreto, la supuesta víctima no pertenecía a la empresa YPFB Chaco S.A., sino a una empresa subcontratista; extremo que no fue considerado por el Tribunal Sumariante; 6) En la Resolución Administrativa Final se sostuvo que infringió el art. 102 inc. d) del Reglamento Interno de la Empresa, referido a la rescisión de contratos sin goce de haberes, pese a que, por su antigüedad, mantenía una relación laboral indefinida reconocida por la legislación laboral, no encontrándose sujeto a contrato escrito; 7) Asimismo, invocó los arts. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario, relativos al incumplimiento de contrato o reglamento interno, señalando que resultaba arbitrario fundamentar simultáneamente la sanción en normativa interna y en normativa laboral general para una conducta no prevista expresamente; 8) Por los mismos hechos, otro trabajador fue procesado, recibiendo únicamente sanción de suspensión sin goce de haberes, mientras que su persona fue destituido, evidenciándose trato desigual y discrecional; y, 9) Tales actuaciones vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, citando jurisprudencia constitucional relativa a la obligación de las autoridades de expresar las razones que sustentan sus decisiones y además se vulneró el principio de legalidad y sus derechos al trabajo y a la salud, este último por la interrupción de la cobertura médica pese a padecer enfermedad de base.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Jerry Harold Fletcher Torrico, Gerente General; Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento; Carolina Martínez Mercado, Edwing Fernández y Richard Durán Chuquimia, miembros del Comité Disciplinario Interno, todos de la empresa YPFB S.A., a través de su representante legal Richard Durán Chuquimia mediante informe presentado el 5 de febrero de 2025, cursante de fs. 331 a 337 vta., y en audiencia, manifestó que: i) De la lectura del memorial de interposición de la acción tutelar, se puede ver la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos expuestos y la vulneración acusada, señalando que se formularon agravios imprecisos, limitándose a enumerar derechos supuestamente vulnerados sin explicar de qué manera los actos atribuidos a los ahora accionados hubiesen generado una vulneración concreta; además, el memorial de acción no individualiza el hecho específico que hubiese vulnerado derechos constitucionales ni establece el nexo causal entre la actuación de los ahora accionados y la afectación alegada, incumpliendo los requisitos previstos por el art. 33. 4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) El petitorio se circunscribía a la reincorporación laboral y pago de sueldos devengados, sin formular adecuadamente una pretensión de restitución de derechos fundamentales; por lo que, correspondería declarar la improcedencia sin ingresar al fondo; iii) Existe incumplimiento del principio de subsidiariedad; ya que, la acción de amparo constitucional, conforme a los arts. 129.I y. 54.I del CPCo, procede únicamente cuando no existan otros medios o recursos legales idóneos y el accionante no justificó que el amparo constitucional fuera el único mecanismo de protección, omitiendo señalar que el 19 de septiembre de 2024 habría acudido ante la autoridad administrativa competente denunciando presuntas vulneraciones laborales; iv) Se debe considerar que el caso debía tramitarse por las vías ordinarias laborales y administrativas, conforme al Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010 y la línea jurisprudencial establecida por la SCP 0775/2020-S1 de 26 de noviembre; v) Además, existe una ausencia de derechos o garantías vulnerados; puesto que, el accionante invocó normativa que no sería aplicable al procedimiento disciplinario interno de la empresa YPFB Chaco S.A., el cual se encontraría vinculado a la Ley General del Trabajo y no al régimen del procedimiento administrativo; vi) La desvinculación laboral derivó de un proceso disciplinario interno desarrollado con respeto a dichas garantías y, el accionante no observó oportunamente la supuesta irregularidad relativa a la firma del Auto de Apertura, ni en la etapa de descargos ni en el recurso de apelación; por lo que, hubiese operado la convalidación de actos procesales, no configurándose indefensión ni presupuestos de nulidad; vii) Los hechos expuestos por el accionante son controvertidos y de competencia de la judicatura laboral; por lo que, la jurisdicción constitucional no podría ingresar a definir derechos no consolidados ni resolver controversias probatorias propias de la vía ordinaria.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Hilda Morales, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 141.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Tercero-, mediante Resolución 59/2025 de 24 de marzo, cursante de fs. 366 a 369 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Sobre la alegación de subsidiariedad, se examinó en primer término la excepción de subsidiariedad planteada por los accionados que sostuvo que la controversia relativa a la presunta injusticia o arbitrariedad en la desvinculación laboral del accionante debía ser conocida previamente en la vía jurisdiccional o administrativa laboral, con base en los arts. 53 y 54 del CPCo y la jurisprudencia mencionada en audiencia; no obstante, conforme a criterios asumidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional en casos vinculados a procesos sancionatorios administrativos internos, cuando la vulneración denunciada emerge de la imposición de una sanción disciplinaria que concluye con la desvinculación laboral, no resulta exigible la subsidiariedad en sentido estricto, en tal entendido, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; b) En ese entendido, el accionante cuestiona la Resolución Final CDI-001/2024, emitida dentro del proceso disciplinario interno, y al respecto, se tiene que el control debía centrarse en verificar si los agravios expuestos en dicho recurso fueron o no resueltos por la instancia interna, careciendo de relevancia constitucional otros cuestionamientos que no hubiesen sido parte de esa impugnación; además, se debe tener presente que las decisiones del Comité Disciplinario y su ratificación en apelación formaban parte de una misma decisión institucional de la empresa YPFB Chaco S.A. orientada a la desvinculación del trabajador; c) La base del juzgamiento disciplinario radicó en informes y transcripciones de comunicaciones vía WhatsApp, en las que el accionante habría dirigido expresiones de connotación íntima y sexual hacia una trabajadora de limpieza perteneciente a una empresa tercerizada que desarrollaba funciones en el mismo entorno laboral, dichas conductas fueron calificadas como constitutivas de acoso laboral y, tales extremos no fueron negados de manera fáctica por el accionante, quien en su nota de descargo más bien intentó justificar su comportamiento aludiendo a circunstancias personales, lo que, bajo el principio de verdad material, llevó a considerar acreditados los hechos objeto del proceso disciplinario; en ese marco, se estimó que la controversia planteada en la acción se dirigía principalmente a cuestionamientos de orden normativo y legal, antes que a la inexistencia de los hechos; d) Del análisis al Reglamento Interno de la empresa YPFB Chaco S.A., se estableció que la normativa laboral permite la desvinculación como sanción disciplinaria cuando esta se encuentra prevista en disposiciones internas, haciendo referencia a los arts. 99 inc. d), 101 y 102 del Reglamento de dicha empresa, que contemplaban faltas vinculadas al respeto y consideración entre compañeros de trabajo, así como la posibilidad de aplicar la sanción de rescisión de contrato de acuerdo con la gravedad de la falta. Consideró que estas disposiciones resultaban aplicables al caso; e) Se debe considerar que aun cuando la persona afectada pertenecía a una empresa distinta, existía un ámbito laboral común; puesto que, ambas partes desarrollaban funciones en el mismo espacio de trabajo; en tal sentido, sostuvo que la interpretación efectuada por las autoridades disciplinarias ahora accionadas, orientada a proteger el ambiente laboral inmediato, resultaba razonable y concordante con un enfoque de protección frente al acoso en el trabajo, aun en contextos de tercerización; vi) En el presente caso corresponde realizar un enfoque de género, señalando que, conforme al art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, las conductas de violencia o acoso contra mujeres deben ser consideradas faltas de especial gravedad, incluso cuando no configuren delito; asimismo, relacionó esa obligación con el art. 15 de la CPE, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, entendiendo que dicha protección también se extiende al ámbito laboral; y, f) La sanción de desvinculación resultaba proporcional, considerando la gravedad de los hechos y la existencia de llamadas de atención previas al accionante. Señaló que el régimen disciplinario laboral no tiene una finalidad punitiva en sentido estricto, sino correctiva y orientada a reconducir la conducta del trabajador dentro de estándares compatibles con el marco constitucional y convencional, concluyendo que la decisión adoptada por la empresa no resultaba arbitraria desde la perspectiva constitucional.

La empresa YPFB Chaco S.A., a través de su representante legal, mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2025, solicitó “corrección” y enmienda.

En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional respondió “En atención memorial que se antecede, estese al acta de audiencia de 21 de marzo de 2025” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 24 de abril de 2025, cursante de fs. 377 a 378, Hebert Nelson Cortez Justiniano -accionante- solicitó anticipo de sorteo por ser una persona de la tercera edad; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el Auto Constitucional (AC) 0200/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 382 a 386, dispuso el adelanto de sorteo del expediente 72326-2025-145-AAC.

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Nota CDI: 004-2024 de 20 de junio, Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento Humano a.i. de YPFB Chaco S.A., -ahora coaccionado-, hizo conocer a Hebert Nelson Cortez Justiniano -hoy accionante-, el inicio de proceso disciplinario interno en su contra, otorgando el plazo de cinco días hábiles para la presentación de descargos (fs. 2). II.2. Por Resolución Final CDI-001/2024 de 30 de agosto, Carolina Martínez Mercado, Edwing Fernández y Richard Durán Chuquimia, miembros del Comité Disciplinario Interno de YPFB Chaco S.A., resolvieron sancionar al accionante con la desvinculación laboral conforme al Reglamento Interno de YPFB concordante con los arts. 16 inc. e) de la LGT y art. 9 inc. e) del Reglamento de la referida Ley (fs. 5 a 13). II.3. A través de memorial presentado el 5 de septiembre de 2024, ante los Miembros del Comité Interno Disciplinario, el accionante planteó recurso de apelación contra Resolución Final CDI-001-2024; y en consecuencia, pidió se revoque y anule la mencionada Resolución Final (fs. 182 a 192). II.4. Cursa Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 de 12 de septiembre, por la cual, Jerry Fletcher, Gerenre General de YPFB Chaco S.A. -ahora accionado, atendiendo el recurso de impugnación presentado por el hoy accionante concluyó por ratificar la Resolución Final CDI-001-2024, y por ende, la desvinculación laboral conforme el art. 102 inc. d) del Reglamento Interno de YPFB Chaco S.A. (fs. 14 a 19). II.5. Figura Reglamento Interno de la Empresa Petrolera Chaco S.A. (fs. 31)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, dignidad; así como al principio de legalidad; puesto que, fue sometido a un proceso disciplinario interno por un supuesto acoso laboral hacia una trabajadora de otra empresa, dentro del cual, los ahora accionados a su turno, incurrieron en una serie de irregularidades, entre ellas, no se le entregaron los antecedentes de la acusación, el Auto de Apertura fue emitido por autoridad distinta al Comité Disciplinario, y la conducta atribuida no se encontraba tipificada como falta en el Reglamento Interno de la institución, existiendo incluso criterio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que descartaría acoso entre trabajadores de empresas diferentes; además, existió trato desigual en la imposición de la sanción respecto a otros procesados, y en su caso la afectación derivó en su desvinculación y en la perdida de cobertura de salud pese a padecer enfermedades crónicas; finalmente, impugnando la determinación de primera instancia, obtuvo la Resolución de Apelación 02/2024, que carece de la debida motivación y sustento normativo, al basarse en disposiciones que no prevén como causal de despido la conducta atribuida ni establecen el despido como sanción; por lo que, sostuvo que se le impuso la destitución sin base legal clara. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La observancia del principio de subsidiariedad en el caso de los grupos vulnerables; 2) La fundamentación y motivación de las resoluciones administrativas; 3) De la garantía general del debido proceso en su elemento de presunción de inocencia y el despido laboral por causas justificadas; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La observancia del principio de subsidiariedad en el caso de los grupos vulnerables (flexibilización)

Conforme se tiene establecido a partir de los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo, la acción de amparo constitucional procede siempre y cuando no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, determinando de este modo como presupuesto para su activación el cumplimiento del principio de subsidiaridad; asimismo, este último artículo prevé la posibilidad de excepcionalmente prescindir de tal observancia cuando tras la interposición del mecanismo pertinente la protección pudiera resultar tardía o exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable. Bajo ese entendimiento numerosas sentencias constitucionales establecieron y reiteraron la posibilidad de la activación directa de este mecanismo de defensa cuando justamente se presenten estas alternativas, así la SCP 0537/2017-S3 de 9 de junio, establece que: “…la parte accionante puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional haciendo abstracción del principio de subsidiaridad cuando es inminente el daño irreparable o irremediable; no obstante, está obligada a demostrar el mismo, al respecto la SC 0428/2010-R de 28 de junio, concluyó que: “En efecto, aplicando el criterio de interpretación referente a la ‘concordancia práctica”, en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuando exista el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave que sea irreparable por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad significa que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela constitucional pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio. Es imperante establecer que la parte accionante que solicita tutela alegando la causal antes descrita, tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad simplemente describiendo hechos que en criterio del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables” (las negrillas son nuestras). Concretamente, a tiempo de precisar los casos en los que excepcionalmente sería posible abstraerse del citado principio, la SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, señala que: “…el ámbito preventivo de la acción de amparo constitucional, está destinado a evitar la vulneración de derechos a través de la concesión de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la lesión y/o violación de derechos. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción fueron uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que uniforma a esta acción tutelar, se producirá cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz y se trate de grupos de atención prioritaria, como ser: niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres en estado de gestación; posteriormente, se amplió esta abstracción a casos en los que se encuentren comprometidos los derechos a la salud y la vida, así como los referidos a temas de discriminación y racismo, siendo sin embargo el común denominador de dicha aplicación excepcional, la acreditación objetiva del daño irreparable” (las negrillas nos corresponden). De los entendimientos vertidos, se concluye que no obstante resulta posible hacer abstracción del principio de subsidiariedad y activar directamente la presente acción de defensa, dicha excepcionalidad se circunscribe al previsible daño irreparable o irremediable, como a la activación de un recurso ineficaz e incluso cuando se trate de grupos vulnerables; empero, respecto a estos últimos el razonamiento glosado estableció que la flexibilización respecto al cumplimiento del citado principio debe derivar de la acreditación objetiva del daño irreparable; es decir, que cualquier persona que se crea inmersa en uno de los grupos antes mencionados y solicite la abstracción del principio de subsidiariedad, no solo debe sostener su petición en la simple alusión de su pertenencia a uno de estos grupos, sino que tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo del daño irremediable que lo habilite para aplicar la referida flexibilización.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones administrativas

La SCP 0903/2012 de 22 de agosto, establece que: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

III.3. De la garantía general del debido proceso en su elemento de presunción de inocencia y el despido laboral por causas justificadas

La SCP 0059/2024-S3 de 5 de abril, establece que: «El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones. Elementos que no se encuentran contenidos en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas; en ese contexto, corresponde señalar que el derecho, principio y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que tenga que determinarse derechos y obligaciones. En esa comprensión, la garantía de la presunción de inocencia se encuentra reconocida expresamente en el art. 116.I de la CPE; también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en cuyo art. 8.2, garantías judiciales, ha establecido como garantía judicial que ‘Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’; en el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), dispuso en su art. 14.2 que ‘Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley’. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la presunción de inocencia se encuentra dirigida a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite del proceso, el procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista una sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material, únicamente la sentencia condenatoria firme es el instrumento idóneo capaz de vencer el estado de presunción de inocencia del procesado, de lo contrario, la ejecución anticipada, antes de que adquiera firmeza o calidad de cosa juzgada la decisión que imponga una sanción, constituye una vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de presunción de inocencia, al existir otras instancias donde el disciplinado puede acudir con el fin de modificar, suspender o revocar la decisión sancionatoria, puesto que precisamente impide el uso o ejercicio oportuno de dichas instancias o recursos por el afectado; cuya presunción de inocencia le acompaña en todas sus etapas, desde el inicio de la acción penal, administrativa o disciplinaria, hasta el fallo final, cuando ya se encuentre firme. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia de 26 de noviembre de 2010, del Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, expreso los siguientes razonamientos: ‘182. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. 183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. 184. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Europeo, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable’. En correspondencia con los razonamientos precedentes, la jurisprudencia constitucional concluyó que ésta garantía, impide que los órganos de persecución penal realicen actos que presuman la culpabilidad del procesado, extensible y aplicable a procesos penales o administrativos, que tienen como consecuencia la aplicación de una sanción o determinación de responsabilidades de una persona”. En el ámbito laboral, si bien se establecen causales de despido justificado en la Ley General del Trabajo y su Derecho Reglamentario; sin embargo, en resguardo del debido proceso en su elemento de la garantía de la presunción de inocencia -extensible a todo proceso en materia penal, administrativa y laboral-, el empleador no puede despedirlo al trabajador directa e inmediatamente, ni siquiera a título de flagrancia, se debe iniciar un proceso administrativo interno en la vía disciplinaría, para determinar si el trabajador incurrió en una conducta -causal de despido- que amerite una sanción disciplinaria o promover un proceso penal que mínimamente debe concluir con una imputación formal, porque no es razonable que el empleador tenga que esperar hasta que la sentencia condenatoria este ejecutoriada, procesos en los que se observe las reglas del debido proceso. Bajo esos términos el empleador estaría habilitado para despedir a los trabajadores por las causales previstas en los arts. 16 inc. g) de la LGT; y 9 inc. g) de su Decreto Reglamentario; si el empleador retira al trabajador en forma directa sin observar estas reglas, habrá incurrido en despido injustificado y desconocido la garantía del debido proceso, en cuanto a la vigencia del principio de presunción de inocencia. En el ámbito de la responsabilidad penal del trabajador, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado precedentes vinculados al despido laboral justificado, al referir que ante hechos cometidos por el trabajador y definidos como delitos en la norma penal, el empleador tiene el deber de promover el correspondiente proceso penal, mínimamente hasta concluir la etapa preliminar con imputación formal contra el trabajador, para que en base a este acto procesal proceda al retiro del trabajador con una causal justificada en los términos dispuestos por la LGT, por lo que no puede despedir de manera directa e inmediatamente, ni siquiera a título de flagrancia» (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, dignidad; así como al principio de legalidad; puesto que, fue sometido a un proceso disciplinario interno por un supuesto acoso laboral hacia una trabajadora de otra empresa, dentro del cual, los ahora accionados a su turno, incurrieron en una serie de irregularidades, entre ellas, no se le entregaron los antecedentes de la acusación, el Auto de Apertura fue emitido por autoridad distinta al Comité Disciplinario, y la conducta atribuida no se encontraba tipificada como falta en el Reglamento Interno de la institución, existiendo incluso criterio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que descartaría acoso entre trabajadores de empresas diferentes; además, existió trato desigual en la imposición de la sanción respecto a otros procesados, y en su caso la afectación derivó en su desvinculación y en la perdida de cobertura de salud pese a padecer enfermedades crónicas; finalmente, impugnando la determinación de primera instancia, obtuvo la Resolución de Apelación 02/2024, que carece de la debida motivación y sustento normativo, al basarse en disposiciones que no prevén como causal de despido la conducta atribuida ni establecen el despido como sanción; por lo que, sostuvo que se le impuso la destitución sin base legal clara.

Delimitado el objeto procesal en el acápite III de este fallo constitucional, inicialmente, respecto al principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, corresponde aclarar que la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 hoy impugnada (fs. 14 a 19) fue emitida el 12 de septiembre de 2024 y la actual acción de defensa en análisis fue interpuesta el 7 de enero de 2025 (fs. 1); por lo que, se encuentra dentro del plazo de seis meses establecido por el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Por otra parte, se debe considerar que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional estableció que las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad -entre ellas, las personas adultas mayores- gozan de una protección reforzada, lo que se traduce, entre otros aspectos, en la flexibilización de la exigencia estricta del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, en atención a su condición y a la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva, oportuna y material de sus derechos fundamentales; en ese marco, de antecedentes se advierte que mediante memorial presentado el 24 de abril de 2025 se puso en conocimiento la condición de persona de la tercera edad del accionante, extremo que fue considerado por la Comisión de Admisión de este Tribunal al emitir el AC 0200/2025-CA/S de 27 de noviembre, disponiendo el sorteo extraordinario de la causa precisamente por dicha condición, lo que evidencia el reconocimiento institucional de su situación de vulnerabilidad; por lo que, en coherencia con el estándar jurisprudencial referido, en el presente caso corresponde aplicar una interpretación flexible del principio de subsidiariedad, habilitando el análisis de fondo de los derechos denunciados. En atención a dicha consideración y precisada la problemática, a efectos de su resolución en la dimensión de su planteamiento, resulta necesario efectuar una contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes, se tiene que, por Nota CDI:004-2024 de 20 de junio, Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento Humano a.i. de YPFB Chaco S.A. ahora coaccionado, hizo conocer al accionante, el inicio de proceso disciplinario interno en su contra, otorgando el plazo de cinco días hábiles para la presentación de descargos (Conclusión II.1.). Posteriormente, por Resolución Final CDI-001-2024, el Comité Disciplinario Interno de YPFB Chaco S.A. hoy accionado, resolvió sancionar al accionante con la desvinculación laboral conforme a Reglamento Interno de YPFB concordante con los arts. 16 inc. e) de la LGT y art. 9 inc. e) del Reglamento de la referida Ley (Conclusión II.2.). Por consiguiente, mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2024, ante los Miembros del Comité Interno Disciplinario, el accionante planteó recurso de apelación contra Resolución Final CDI-001-2024; y en consecuencia, pidió se revoque y anule el mencionado fallo (Conclusión II.3.); mereciendo la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 de 12 de septiembre, por la cual, Jerry Fletcher, Gerente General de YPFB Chaco S.A., atendiendo el recurso de impugnación presentado por el accionante concluyó por ratificar la Resolución Final CDI-001-2024, y por ende, 22 la desvinculación laboral conforme el art. 102 inc. d) del Reglamento Interno de YPFB Chaco S.A. (Conclusión II.4.).

Finalmente, figura Reglamento Interno de la Empresa Petrolera Chaco S.A. (Conclusión II.5.). Precisados los antecedentes fácticos procesales, corresponde realizar el respectivo análisis en torno a los siguientes puntos cuestionados: Respecto a la alegada vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación En este punto, corresponde ingresar al análisis de los agravios formulados en relación con la Resolución de Recurso de Apelación, en los que se denuncia de manera específica la presunta falta de motivación, fundamentación y congruencia de dicho fallo, aspectos que se encuentran estrechamente vinculados al derecho al debido proceso en su dimensión de obtención de resoluciones debidamente sustentadas. En ese contexto, corresponde partir del entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2., que estableció que la debida motivación de una resolución no implica una exposición extensa, redundante o cargada de citas innecesarias, sino que exige que la decisión sea clara, coherente, comprensible e integral, debiendo la autoridad exponer las razones determinativas que justifican su decisión, identificar los hechos relevantes, realizar la fundamentación jurídica correspondiente y establecer concordancia entre la parte considerativa y la parte dispositiva. Bajo dicho entendimiento, la exigencia constitucional no se traduce en una motivación cuantitativa, sino cualitativa, orientada a que la persona destinataria de la decisión pueda comprender por qué se adoptó una determinada determinación, cuáles fueron los hechos valorados, qué normas se aplicaron y cómo se arribó a la conclusión final, descartándose así la existencia de decisiones arbitrarias o carentes de sustento. Así, resulta imprescindible, de forma previa, identificar con claridad cuáles fueron los razonamientos fácticos y jurídicos desarrollados por la autoridad que emitió la Resolución impugnada, así como el marco normativo y probatorio que sirvió de base para la decisión asumida; puesto que, únicamente a partir de ese conocimiento integral será posible efectuar un examen constitucional adecuado que permita establecer si existió coherencia entre los hechos analizados, las normas aplicadas y la parte resolutiva, o si, por el contrario, se configuró alguna de las deficiencias denunciadas por el accionante. En ese entendido, corresponde considerar los tres agravios consignados en el memorial de apelación planteada por el accionante y las respuestas otorgadas a los mismos, siendo estas las siguientes: i) Vulneración del derecho al debido proceso, vinculada a que la declaración del accionante fue utilizada en su contra y a la alegada infracción del principio ne bis in idem; al respecto, la autoridad de apelación desarrolló el contenido constitucional del debido proceso en su triple dimensión de derecho, garantía y principio, citando la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0418/2000-R, 0758/2010-R y 2798/2010-R, que lo definen como el derecho a un proceso justo y equitativo, con observancia de las reglas procedimentales y con posibilidad real de defensa, así como la SC 0999/2003-R que resalta el derecho al conocimiento de las resoluciones y al uso efectivo de los recursos; bajo ese marco, estableció que no precisó qué parte de su declaración le causó agravio ni demostró que ésta fue obtenida con vulneración de derechos, evidenciándose además que la decisión disciplinaria no se sustentó únicamente en dicha declaración, sino también en el Informe Técnico de 13 de junio de 2024, la nota de 27 de junio de 2024 y otras actuaciones producidas en el proceso, reconociéndose incluso la veracidad de las comunicaciones por su parte; asimismo, descartó la vulneración al ne bis in idem, señalando que los antecedentes disciplinarios previos sólo fueron considerados como elementos de conducta laboral, sin que se hubiera reabierto ni vuelto a sancionar por los mismos hechos, lo que no configura doble persecución ni doble sanción.

ii) Vulneración del principio de legalidad taxativa, bajo el argumento de que la conducta atribuida -acoso laboral- no estaría prevista como falta sancionable; sobre este punto, el fallo precisó que el Reglamento Interno de YPFB Chaco S.A., aprobado por Resolución Secretarial 272/97, en su art. 99 establece deberes y obligaciones cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanción, y que el Reglamento del Proceso Disciplinario Interno, en sus arts. 1 y 4.3, prevé expresamente que pueden determinarse sanciones no sólo por infracciones del art. 101, sino también por incumplimientos al art. 99 y a cualquier otra normativa interna, desvirtuando la afirmación de inexistencia de base normativa; en tal sentido, se concluyó que la conducta atribuida encuadró en el incumplimiento de deberes de respeto y consideración en el ámbito laboral, siendo jurídicamente posible la imposición de sanción, incluida la prevista por el art. 102 inc. d) del Reglamento Interno.

iii) Vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; al efecto, la autoridad de apelación sostuvo que la Resolución Final CDI-001/2024 describió los hechos atribuidos, identificó las normas aplicables, individualizó y valoró los medios de prueba y estableció el nexo entre la conducta y la sanción, evidenciándose una estructura argumentativa suficiente; añadió que el apelante no especificó qué aspecto carecería de motivación, limitándose a transcribir jurisprudencia sin vinculación concreta al caso, y que tampoco negó los hechos generadores del proceso ni aportó prueba de descargo idónea; asimismo, señaló que la desvinculación se sustentó en el incumplimiento del Reglamento Interno, lo cual se vincula con las causales de desvinculación previstas por los arts. 16 inc. e) de la LGT y 9 de su Reglamento, que contemplan el incumplimiento del contrato o del reglamento interno como causal de terminación, concluyendo que la Resolución disciplinaria se encontraba debidamente motivada y fundamentada.

En mérito a tales consideraciones, Jerry Harold Fletcher Torrico Gerente General hoy accionado determinó ratificar íntegramente la Resolución Final CDI-001/2024, manteniendo como sanción la desvinculación laboral conforme al art. 102 inc. d) del Reglamento Interno de YPFB Chaco S.A., en concordancia con los arts. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo y inc. e) de su Reglamento. Así, en el caso analizado, la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 abordó de manera expresa los agravios planteados por el actual accionante, observándose la existencia de un hilo conductor lógico y jurídico entre el marco normativo invocado, la valoración de los antecedentes del proceso disciplinario y la decisión adoptada, lo que evidencia la presencia de motivación suficiente y razonable, conforme a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional. En efecto, en relación con el agravio referido a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso durante la tramitación del sumario, el Gerente General accionado estableció que el trabajador -accionante-fue notificado con la apertura del proceso, presentó descargos y ejerció su derecho a la defensa, concluyendo que no se configuró indefensión; razonamiento que se sustentó en la revisión del legajo procesal y en la constatación de la participación activa del encausado, descartándose así además una afectación material a su derecho de defensa. Respecto al agravio vinculado a los principios de legalidad y tipicidad, la Resolución de alzada efectuó una interpretación sistemática del Reglamento Interno y del Reglamento del Proceso Disciplinario Interno de la empresa YPFB Chaco S.A., concluyendo que la conducta atribuida se enmarcaba dentro de los incumplimientos y prohibiciones previstos en la normativa interna, y que la sanción aplicada encontraba respaldo en las disposiciones que facultan la desvinculación ante faltas graves; razonamiento que fue expuesto de manera clara y enlazado con las normas que sustentaron la parte dispositiva, cumpliéndose la exigencia de coherencia entre motivación y decisión. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento relativo a la valoración probatoria y a la supuesta arbitrariedad de la decisión, la autoridad de apelación precisó que la determinación no se basó únicamente en la declaración del denunciado, sino en la apreciación conjunta de los elementos cursantes en el proceso disciplinario, descartando la existencia de una decisión aislada o carente de sustento fáctico, aspecto que demuestra la exteriorización del iter lógico seguido para arribar a la conclusión final. De esa manera, la Resolución en cuestión no se limitó a una afirmación genérica de legalidad, sino que desarrolló razones propias, identificó hechos, citó normas aplicables y explicó la correspondencia entre la conducta atribuida y la sanción impuesta, evidenciándose una estructura argumentativa que satisface el estándar fijado por la jurisprudencia constitucional, al existir claridad, coherencia y concordancia entre la fundamentación y la parte resolutiva. En consecuencia, no se advirtió que la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 hubiera incurrido en falta de motivación o fundamentación, ni que su contenido resulte arbitrario o irrazonable, sino que, por el contrario, se constató que la autoridad administrativa expuso de manera suficiente las razones fácticas y jurídicas de su decisión; por lo que, no se configuró vulneración al derecho al debido proceso en las vertientes denunciadas, correspondiendo denegar la tutela. Respecto a la congruencia El accionante refiere la falta de congruencia entre lo expuesto en el memorial de interposición del recurso de apelación de 5 de septiembre de 2024 y la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 de 12 de dicho mes, y de los antecedentes remitidos, se tiene que el apelante denunció en este punto -nuevamente- vulneración del derecho al debido proceso, del principio de legalidad taxativa y de los deberes de motivación y fundamentación. En ese entendido, corresponde precisar que en cuanto al primer agravio, vinculado a la supuesta utilización de su declaración en su contra y a la alegada vulneración del principio ne bis in ídem, se evidenció que si bien el apelante no precisó de qué forma concreta su declaración le habría generado indefensión ni acreditó que hubiera sido obtenida con vulneración de garantías; empero, la decisión disciplinaria emitida en apelación no se sustentó únicamente en la declaración de la víctima, sino en un conjunto de elementos probatorios, entre ellos informes técnicos, comunicaciones y otras declaraciones producidas durante el proceso, demostrando que el propio trabajador participó activamente y reconocido extremos relevantes, demostrando y respondiendo en relación a que no se constató afectación al derecho a la defensa ni duplicidad sancionatoria; puesto que, los antecedentes previos fueron considerados solo como historial de conducta y no como nuevos hechos sancionados. En cuanto al segundo agravio, relativo a la supuesta inexistencia normativa para sancionar la conducta atribuida, la Resolución en cuestión estableció que el Reglamento del Proceso Disciplinario Interno de la empresa YPFB Chaco S.A. prevé expresamente la posibilidad de imponer sanciones por incumplimientos a lo dispuesto en sus arts. 99, 101, 102 dey demás normativa interna, así como por infracciones a disposiciones internas de la empresa; por lo que, la conducta reprochada sí se encontraba dentro del ámbito disciplinario susceptible de sanción, resultando infundada la alegación de vulneración del principio de legalidad. Respecto al tercer agravio, referido a falta de motivación y fundamentación, de la revisión integral de la Resolución Final la autoridad disciplinaria ahora accionada atendiendo al agravio en cuestión describió los hechos atribuidos, identificó las normas aplicables, individualizó los medios de prueba y explicitó su valoración, estableciendo el nexo entre la conducta del trabajador y la sanción impuesta, además de responder a los descargos presentados, a ello se debe sumar que el apelante señalado concretamente qué aspecto carecería de motivación. Finalmente, se advierte que la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024, explicó que la desvinculación se sustentó también en las causales previstas por la normativa laboral general, que reconoce como motivo de despido el incumplimiento del Reglamento interno; por lo que, la decisión adoptada en sede disciplinaria de primera instancia contó con respaldo normativo suficiente, concluyéndose que no se acreditaron las vulneraciones alegadas y que correspondía la ratificación de la Resolución impugnada. En ese contexto, del análisis integral de la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 hoy impugnada, se evidenció que Jerry Harold Fletcher Torrico Gerente General ahora accionado efectuó un pronunciamiento expreso, claro y específico respecto de cada uno de los agravios formulados por el accionante, desarrollando la fundamentación fáctica y jurídica pertinente, valorando los elementos probatorios incorporados al proceso y explicando las razones por las cuales desestimó las alegaciones vinculadas al derecho al debido proceso, al principio de legalidad y a la supuesta falta de motivación, lo que permitió establecer la existencia de correspondencia entre lo reclamado y lo resuelto, así como la observancia del deber de respuesta y de congruencia, quedando demostrado que no existió omisión de consideración ni silencio sobre los puntos cuestionados, sino una respuesta integral que satisface las exigencias constitucionales de motivación de las decisiones, debiéndose en consecuencia denegar la tutela. Respecto a que no se le hubiera entregado los antecedentes o elementos que sustentaban la acusación Sobre este punto, corresponde precisar que el derecho al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, comprende la posibilidad real y efectiva de conocer los cargos formulados, acceder a los actuados pertinentes y contar con los medios necesarios para controvertirlos; sin embargo, dicho contenido no puede ser interpretado de manera aislada ni en términos absolutos, sino en armonía con el principio de lealtad procesal y con la carga de diligencia mínima que también recae sobre las partes. En ese marco, del análisis de los antecedentes cursantes en el cuaderno constitucional se evidencia que el accionante, una vez que tomó conocimiento de los hechos que se le atribuían dentro del proceso disciplinario interno, se encontraba habilitado para activar los mecanismos previstos para acceder a la documentación que consideraba relevante para su defensa, esta conducta activa en resguardo de sus derechos queda demostrada cuando mediante la nota de 5 de septiembre de 2024, cursante a fs. 171, solicitó documentación relativa al proceso, lo que demuestra que el accionante conocía la vía idónea para adquirir la documental que vea por conveniente. Asimismo, no cursa en obrados elemento objetivo que acredite que la parte ahora accionada hubiera negado, restringido o dilatado injustificadamente la entrega de la documentación solicitada, ni que hubiera existido una conducta obstructiva que colocara al accionante en una situación de indefensión material; por el contrario, la sola alegación de falta de entrega, carente de respaldo probatorio sobre una negativa expresa o tácita de la autoridad disciplinaria, resulta insuficiente para tener por configurada una vulneración constitucional; puesto que, la indefensión, para ser relevante en sede constitucional, debe ser real y no meramente formal o conjetural. En ese entendido, al constatarse que el accionante conocía los hechos atribuidos, que tuvo la posibilidad de solicitar copias de la documentación pertinente y que no se demostró una negativa por parte de la autoridad a proporcionar dicha información, no se advierte restricción ilegítima al derecho a la defensa ni lesión al debido proceso en el punto denunciado, correspondiendo denegar la tutela. Respecto a que el Auto de Apertura no fue emitido por el Comité Disciplinario sino por el Gerente de Talento Humano En cuanto al agravio referido a que el Auto de apertura del proceso disciplinario fue emitido por el Gerente de Talento Humano y no por el Comité Disciplinario Interno, corresponde efectuar una valoración integral de los actuados a fin de determinar si tal circunstancia generó una afectación real al derecho al debido proceso en su vertiente de juez natural y competencia de la autoridad que sustancia el proceso. Al respecto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que mediante Nota CDI:004-2024 de 20 de junio, Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento Humano a.i. de YPFB Chaco S.A. hoy coaccionado, comunicó al accionante el inicio del proceso disciplinario interno en su contra, precisando expresamente que se encontraba conformado un Comité Disciplinario Interno encargado de la sustanciación del proceso y que dicho órgano efectuaría los requerimientos posteriores; es decir, su actuación se circunscribió a un acto de comunicación formal de inicio, sin que de ello se desprenda que hubiera asumido funciones decisorias o de dirección del trámite en sustitución del órgano colegiado. En ese contexto, la finalidad del acto cuestionado fue poner a conocimiento del trabajador la existencia de un proceso, garantizando así el principio de publicidad y el derecho a la defensa desde el inicio de la actuación, no advirtiéndose que dicha comunicación haya suplantado la competencia del órgano disciplinario -si así se lo quisiera considerar-. Tal extremo se corrobora con la Resolución Final CDI-001-2024, de cuya revisión se constata que el Comité Disciplinario Interno de YPFB Chaco S.A. se hallaba efectivamente conformado por tres miembros -Carolina Martínez, Edwing Fernández y Richard Durán hoy accionados-quienes suscriben digitalmente la decisión final, evidenciándose que fue este órgano colegiado el que analizó los antecedentes, valoró la prueba y determinó la sanción impuesta. Por consiguiente, aun cuando la comunicación inicial fue emitida por la Gerencia de Talento Humano, de los actuados no se desprende que el proceso haya sido sustanciado o resuelto por una autoridad incompetente, sino que existió un Comité debidamente conformado que asumió la tramitación y decisión del caso, no configurándose una sustitución del juez natural ni una afectación sustancial al derecho al debido proceso; en consecuencia, la observación formulada se reduce a un aspecto formal que no generó indefensión ni alteró la estructura esencial del procedimiento disciplinario; por lo que, no se advierte vulneración constitucional en el punto denunciado. Finalmente, debe precisarse que, conforme a las reglas de la carga de la prueba aplicables también en sede constitucional cuando se formulan afirmaciones fácticas que sustentan la vulneración denunciada, correspondía al accionante demostrar de manera objetiva y verificable que el Auto de Apertura del Proceso Disciplinario fue efectivamente suscrito por el Gerente de Talento Humano en ejercicio de funciones decisorias y no por el Comité Disciplinario Interno, extremo que no se acredita en obrados; puesto que, no cursa elemento alguno que evidencie que la autoridad administrativa hubiera sustituido al órgano colegiado en la emisión de actos propios de sustanciación o decisión. Por consiguiente, aun cuando la comunicación inicial fue emitida por la Gerencia de Talento Humano, de los actuados no se desprende que el proceso haya sido sustanciado o resuelto por una autoridad incompetente, sino que existió un Comité debidamente conformado que asumió la tramitación y decisión del caso, no configurándose una sustitución del juez natural ni una afectación sustancial al derecho al debido proceso; en consecuencia, la observación formulada se reduce a un aspecto formal que no generó indefensión ni alteró la estructura esencial del procedimiento disciplinario; por lo que, no se advierte vulneración constitucional en el punto denunciado, debiéndose denegar la tutela. Respecto al tratamiento desigual en la imposición de la sanción con relación a otras personas que fueron parte del proceso En lo concerniente a un supuesto trato desigual en la imposición de la sanción disciplinaria, bajo el argumento de que otra persona también denunciada por el mismo hecho habrían recibido una sanción distinta, corresponde precisar que el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación en el ámbito sancionador no implican un tratamiento idéntico en todos los casos, sino un tratamiento igual frente a supuestos fácticos y jurídicos sustancialmente análogos, siendo legítima la diferenciación cuando concurren elementos objetivos y razonables que la justifiquen. En el caso de autos, conforme a lo expuesto por la parte hoy accionada y de la revisión de antecedentes, si bien se reconoce la existencia de otra persona vinculada a los hechos investigados, se explicó que dicha persona no fue procesada sobre la misma base fáctica ni bajo la misma calificación jurídica que el accionante; es decir, no se trató de idénticos hechos atribuidos, ni del mismo grado de intervención, ni de la misma configuración de la falta disciplinaria; extremos que resultan determinantes en materia sancionatoria. En el ámbito disciplinario rige el principio de responsabilidad personal y la individualización de la sanción, lo que implica que cada servidor o trabajador responde por su propia conducta, por su grado de participación y por las circunstancias concretas que rodean el hecho, pudiendo existir consecuencias jurídicas diferenciadas cuando los comportamientos no son plenamente coincidentes. En ese entendido, para que prospere una denuncia de trato desigual en la imposición de sanciones, era carga del accionante demostrar que se encontraba en una situación fáctica y jurídica completamente similar a la de la otra persona, que ambos fueron procesados por los mismos hechos, bajo la misma calificación normativa, con igual grado de participación y sin elementos diferenciadores relevantes, y que pese a ello se impusieron sanciones ostensiblemente distintas sin justificación objetiva; sin embargo, tal extremo no fue acreditado, limitándose el accionante a una afirmación genérica sobre la existencia de otra persona procesada, sin desvirtuar la explicación relativa a la distinta base fáctica y jurídica de los procesos. Por consiguiente, al no evidenciarse identidad de supuestos que obligue a un tratamiento sancionador idéntico, y existiendo elementos que justifican una respuesta disciplinaria diferenciada en función a la naturaleza de la falta y al grado de participación, no se advierte vulneración al derecho a la igualdad ni al debido proceso en este punto, resultando legítima la individualización de la sanción impuesta al accionante.

Respecto a la determinación de destitución y el derecho al trabajo En este punto, se tiene que dentro del contexto laboral y conforme al Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, los trabajadores que gozan de inamovilidad laboral no se encuentran exentos de imposición de sanciones disciplinarias como la destitución; empero, siempre que éstas sean precedidas de un procedimiento previo, en el que el trabajador tenga oportunidad real de defensa, producción de descargos e impugnación, vedándose únicamente las sanciones directas, inmediatas y arbitrarias sin proceso previo. En el caso sub judice, la destitución del accionante no constituyó una medida automática ni inmediata, sino que fue el resultado de un proceso administrativo disciplinario interno, dentro del cual fue notificado, presentó descargos, ejerció defensa material; y finalmente, activó un recurso de apelación, lo que evidencia que contó con tiempo y medios para su defensa, pudiendo cuestionar la imputación, la prueba y la sanción; circunstancias que desvirtúan cualquier alegación de vulneración a la presunción de inocencia o indefensión; puesto que, su responsabilidad fue determinada dentro de un procedimiento reglado y no por una decisión unilateral carente de sustento. En cuanto al sustento normativo de la sanción, se verificó que la destitución se encuentra prevista en el Reglamento Interno de la empresa, el cual regula faltas y sanciones disciplinarias, siendo concordante con los arts. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario; disposiciones que reconocen la posibilidad de desvinculación ante incumplimientos graves de deberes laborales. Al respecto, se tiene que dichas normas no persiguen un fin punitivo en sentido estricto, sino la preservación del orden, respeto y seguridad en el ambiente laboral, así como la protección de la dignidad de las personas que desarrollan actividades dentro de la esfera de la empresa, finalidad que se vincula con el mandato constitucional de garantizar espacios laborales libres de violencia y conductas que lesionen la integridad de las personas, de modo que la potestad disciplinaria del empleador se justifica como mecanismo de resguardo del equilibrio en las relaciones laborales. En ese marco, el hecho de que el accionante hubiera prestado servicios por un largo periodo no constituye un fuero de inamovilidad absoluta frente a faltas consideradas graves en la normativa interna; puesto que, la estabilidad laboral no ampara conductas que, previa tramitación de un proceso disciplinario, sean establecidas como infracciones que habilitan la máxima sanción prevista en el régimen interno. En consecuencia, al haberse determinado la responsabilidad del accionante dentro de un procedimiento disciplinario previo, con ejercicio de sus derechos a la defensa e impugnación, y al encontrarse la sanción de destitución prevista en la normativa interna concordante con la legislación laboral, no se advierte que la medida adoptada hubiera desconocido el derecho al trabajo, sino que la medida adoptada constituye el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria en el ámbito laboral, correspondiendo denegar la tutela. Respecto a los derechos a la salud y seguridad social El accionante refirió que padece enfermedades crónicas -diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial y bloqueo completo de rama izquierda idiopático- que requieren tratamiento permanente, sosteniendo que su desvinculación laboral le impediría continuar accediendo a atención médica. Al respecto, se tiene que el derecho a la salud se encuentra protegido por los arts. 18 y 35 de la CPE, que reconocen el acceso a la atención en salud como un derecho fundamental; sin embargo, su protección constitucional no puede ser entendida como un mecanismo de inmunidad frente a las consecuencias jurídicas emergentes de responsabilidades legalmente establecidas dentro de un procedimiento disciplinario. En el caso objeto de análisis, la desvinculación del accionante no obedeció a su estado de salud ni a una decisión arbitraria dirigida a privarlo de cobertura médica, sino que constituyó la consecuencia jurídica de un proceso administrativo disciplinario interno, tramitado conforme a la normativa interna de la Empresa, en el que se determinó su responsabilidad por la comisión de una falta considerada grave, imponiéndose la sanción prevista reglamentariamente; extremo que sitúa la medida en el ámbito del ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria del empleador y no en el de una actuación discriminatoria o lesiva por motivos de salud.

La jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.3. precedente señaló que la tutela de derechos sociales como la salud no anula la vigencia del régimen de responsabilidades ni impide la aplicación de sanciones cuando éstas emergen de procedimientos previos con respeto al derecho al debido proceso; puesto que, lo contrario implicaría generar espacios de irresponsabilidad incompatibles con el principio de igualdad y con la propia seguridad jurídica en las relaciones laborales. En ese marco, debe tenerse presente además que los derechos a la salud y seguridad social, si bien exigen al Estado garantizar políticas y sistemas de atención, no genera per se la obligación de mantener indefinidamente una relación laboral cuando concurren causales legales y reglamentarias de desvinculación, ni convierte la estabilidad laboral en un derecho absoluto, máxime cuando la ruptura del vínculo no fue irrazonable ni arbitraria. En ese entendido, la afectación alegada respecto al acceso a tratamiento médico aparece como un efecto indirecto de la terminación del vínculo laboral y no como el resultado de una decisión dirigida a desconocer su derecho a la salud, no advirtiéndose nexo de vulneración constitucional directa atribuible a los actos cuestionados. En cuanto a la no consideración del Informe MTEPS-JDT-SC-TWCP-002522-INF/24 El accionante sostuvo que dentro del proceso disciplinario no se habría considerado el Informe MTEPS-JDT-SC-TWCP-002522-INF/24, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, el cual señalaría que no puede configurarse acoso laboral entre personas que trabajan en empresas distintas, concluyendo que en su caso no podría darse dicha figura al no existir identidad de empleador o relación laboral directa entre él y la denunciante. Al respecto, corresponde precisar que la problemática denunciada no puede ser analizada desde una interpretación estrictamente formal del vínculo laboral, sino desde el marco constitucional, convencional e internacional de protección reforzada frente a la violencia y acoso contra la mujer en el ámbito laboral, que impone a todas las autoridades -judiciales, administrativas y también a los empleadores- un deber de interpretación conforme a estándares de derechos humanos. En el plano internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a los Estados a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en el empleo y garantizar condiciones de trabajo libres de violencia y hostigamiento; en el mismo sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” establece el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo aquella que ocurre en espacios laborales. De manera más específica, el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo -que desarrolla estándares internacionales sobre la materia- adopta un concepto amplio de “mundo del trabajo”, comprendiendo no sólo el lugar físico tradicional de empleo, sino todo espacio donde las personas desarrollan actividades laborales, incluyendo lugares donde trabajadores de distintas empresas interactúan en razón de la actividad productiva, superando así una visión restringida al vínculo contractual formal. En el ámbito nacional, el art. 15 de la CPE y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia imponen el deber de garantizar a las mujeres espacios libres de violencia; obligación que se proyecta también al ámbito laboral, exigiendo a las instituciones y empleadores adoptar medidas para prevenir y sancionar conductas de connotación sexual o de hostigamiento que generen un entorno laboral intimidante, degradante u ofensivo. Bajo ese marco normativo, el Informe administrativo aludido por el accionante, aun cuando emita un criterio general sobre relaciones laborales entre distintas empresas, no resulta determinante ni vinculante para excluir automáticamente la configuración de conductas de acoso cuando, como en el caso concreto, ambas personas desarrollan actividades dentro de un mismo entorno físico y funcional de trabajo, esto es, un campamento petrolero donde la supuesta víctima prestaba servicios de limpieza -mucama- para los trabajadores, interactuando cotidianamente con personal de YPFB Chaco S.A., entre ellos el accionante. En ese entendido, si bien formalmente pertenecían a empresas distintas, materialmente compartían un mismo espacio laboral, bajo una dinámica de interacción propia del lugar de trabajo, lo que genera un ámbito de poder, proximidad y contacto suficiente para que puedan configurarse conductas de hostigamiento o acoso con incidencia en la dignidad y seguridad de la trabajadora; extremos que deben ser analizados desde un enfoque de protección y no desde una interpretación restrictiva que podría generar espacios de impunidad. En esa línea, la decisión de las autoridades disciplinarias de no otorgar al Informe referido un valor excluyente para descartar la figura denunciada, se muestra acorde con una interpretación pro persona, con enfoque de género y conforme a los estándares internacionales que amplían la noción de lugar de trabajo, priorizando la protección de la persona potencialmente afectada frente a conductas de connotación sexual dentro del entorno laboral compartido. Por lo expuesto, no se advierte vulneración del derecho al debido proceso por la no adopción literal del criterio contenido en el informe administrativo citado, al no ser éste vinculante ni prevalente sobre el marco constitucional e internacional de protección frente a la violencia y acoso contra la mujer en el ámbito laboral, habiendo actuado las autoridades disciplinarias dentro de un margen razonable de interpretación conforme a los estándares de derechos humanos. Por otra parte, en cuanto a la alegada vulneración del derecho a la dignidad, corresponde señalar que la dignidad humana constituye un valor y principio fundante del orden constitucional, del cual emergen los derechos fundamentales, y que se traduce en el reconocimiento de toda persona como un fin en sí mismo, merecedora de respeto, sin ser objeto de tratos humillantes, degradantes, discriminatorios o que impliquen cosificación. Este derecho protege la esfera esencial de la persona frente a actuaciones que vulneren su condición humana, su honra, su integridad moral o su valor intrínseco; sin embargo, no toda decisión desfavorable o medida adoptada en el marco de una relación jurídica implica, por sí misma, una afectación a la dignidad. En ese contexto, la sola circunstancia de haber sido sometido a un proceso disciplinario interno y, como resultado de éste, haber sido desvinculado laboralmente, no configura per se una vulneración al derecho a la dignidad, cuando dicho proceso obedece al ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador, se sustancia bajo un procedimiento previamente establecido y se fundamenta en la atribución de responsabilidad por una conducta considerada infractora. Las consecuencias jurídicas derivadas de la determinación de responsabilidad en un proceso administrativo o disciplinario, aun cuando resulten gravosas para el interesado, se enmarcan dentro del ámbito de las relaciones jurídicas y del principio de sujeción a normas, no constituyendo actos dirigidos a menoscabar la condición humana del procesado. Asimismo, de la revisión del memorial de interposición de la presente acción, no se advierte una exposición concreta que permita establecer un nexo de causalidad entre el derecho a la dignidad y los hechos denunciados; puesto que, el accionante se limita a mencionar dicho derecho de forma enunciativa, sin identificar actos específicos de humillación, trato degradante, afectación a su honra o desconocimiento de su valor como persona que hubieran sido desplegados por las autoridades hoy accionadas. Así, en ausencia de una relación clara entre la conducta atribuida a los hoy accionados y una afectación material al contenido constitucionalmente protegido de la dignidad, no es posible activar la tutela constitucional respecto a este derecho; por lo que, no se evidencia su vulneración en el caso concreto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 59/2025 de 24 de marzo, cursante de fs. 366 a 369 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0093_2026-S1.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 02026d1beacdd289eed74d0f6330dedacab5c3d4c41e03780dc90ec87f73f28c

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