Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 125/2022 de 17 de agosto, que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, la Jueza ahora accionada no remitió el legajo del referido recurso apelación hasta la interposición de esta acción de libertad -30 de agosto de 2022-, incumpliendo la normativa procedimental penal y generando una prolongación indebida de su privación de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz;
y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso vinculado con el derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante los Tribunales de alzada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2025-S1 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50092-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Quiroga Mamani en representación sin mandato de Miguel Ángel Tarqui Carrillo contra Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 3 a 4, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Katherine Estrella Flores Delgado contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); el 17 de agosto de 2022, se celebró la audiencia de cesación de su detención preventiva, en la que la Jueza ahora accionada decidió mantener su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y agravó su situación jurídica; motivo por el que interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -30 de igual mes y año-, los antecedentes no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada de turno, a pesar que la normativa penal establece el plazo de veinticuatro horas para la remisión del legajo del recurso de apelación incidental, en el entendido de que las solicitudes de detenidos preventivos deben ser atendidas con prontitud y diligencia; aspectos que no fueron observados por la Jueza hoy accionada, quien generó una prolongación indebida al encontrarse más de nueve meses y veinticinco días privado de libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 73 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la restitución de sus derechos, debiendo la Jueza ahora accionada emitir un decreto ordenando que dentro de las veinticuatro horas se remitan las actuaciones -legajo del recurso de apelación incidental- ante el Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que conforme a las pruebas adjuntadas por la Jueza ahora accionada se evidencio que el legajo del recurso de apelación incidental, recién fue remitido el 30 de agosto de 2022; sin embargo, el mismo fue interpuesto el 17 de ese mes y año, demostrando de esa manera el incumplimiento con lo previsto por la normativa procesal penal, que establece el plazo de veinticuatro horas para la correspondiente remisión.
Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante Informe presentado el 30 de agosto de 2022, cursante a fs. 13 y vta., manifestó que: a) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Katherine Estrella Flores Delgado contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva del nombrado, el 12 de ese mes y año, se instaló la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, siendo suspendida ante la ausencia de la querellante, reprogramándose una nueva audiencia para el 17 de igual mes y año; b) En la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de dicha fecha, en mérito a la valoración íntegra de las pruebas presentadas, su autoridad decidió mantener firme y subsistente el Auto Interlocutorio 268/2021 de 5 de noviembre, que dispuso la detención preventiva del accionante y emitió el Auto Interlocutorio 125/2022 de “01” -siendo lo correcto 17- de agosto, el cual fue objeto de recurso de apelación incidental, interpuesto de manera oral por el accionante en la misma audiencia; c) Respecto al legajo del recurso de apelación incidental, conforme a lo informado por la Auxiliar del referido Juzgado, se tiene que si bien el accionante proveyó las copias correspondientes para formar el citado legajo; sin embargo, se le advirtió que faltaba la diligencia a la querellante y que esa notificación se encontraba en espera al ser enviada por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo por el que demoraría; y en cuanto a la transcripción del Auto Interlocutorio 125/2022, “días atrás” se encomendó esa función a la Secretaria del Juzgado Sentencia Penal Segunda de El Alto del mencionado departamento, quien demoró unos días en enviarle la indicada transcripción arguyendo la excesiva carga procesal; situaciones que aparentemente retrasaron la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental; d) “El día de hoy” -se entiende 30 de agosto de 2022-, aproximadamente a las 13:00 horas, el personal de apoyo jurisdiccional del mencionado Juzgado a su cargo se apersonó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos de dejar los antecedentes del citado recurso de apelación, el cual fue recepcionado por la Auxiliar de dicha Sala Penal; empero, se advirtió una observación respecto a una fotocopia ilegible de la imputación formal, la cual fue subsanada; no obstante, la nombrada modificó la fecha de recepción, con el “día de mañana” -se entiende 31 de igual mes y año-, tal como acostumbra el personal de apoyo jurisdiccional de las Salas Penales. Por consiguiente, se dio cumplimiento con la remisión de esos antecedentes que fueron reclamados por el accionante; y, e) Es necesario poner en consideración la excesiva carga procesal con la que cuenta el Juzgado de Sentencia Penal Segunda de El Alto del mismo departamento y si bien es cierto que la remisión del legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada debe efectuarse en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, la Secretaria del referido Juzgado no le pasó la transcripción del acta y del Auto Interlocutorio 125/2022, que también estuvo pendiente de revisión; por lo que, el mencionado Auto Interlocutorio salió firmado de su despacho el “día de ayer” -se entiende 29 del mismo mes y año-; por otro lado, se imposibilitó la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al encontrarse distantes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; empero, enviaron los mismos en la medida de sus posibilidades, a pesar de la falta de personal de apoyo jurisdiccional en el citado Juzgado a su cargo para que coadyuven con esas remisiones y atención al público litigante. Por todo lo mencionado, pide se deniegue la tutela solicitada; puesto que, la finalidad por la que fue interpuesta la acción de libertad ya fue cumplida a través de la remisión del legajo del recurso de apelación incidental.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 18/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional estableció una tipología de la acción de libertad, encontrándose entre ellas la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual está relacionada a dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad, respecto al cual tiene relación el planteamiento de la presente acción de defensa, en la que su petición es que se conceda la tutela para que se ordene que dentro de las veinticuatro horas sean remitidos los antecedentes ante el Tribunal de alzada; 2) El accionante fundamentó esta acción tutelar sustentado en la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, que hace referencia específicamente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito el cumplimiento del acto procesal reclamado; en el presente caso, de acuerdo al informe formulado por la Jueza ahora accionada, esa actuación procesal fue cumplida antes de la celebración de la audiencia de consideración de la acción tutelar, aspecto que fue demostrado por Nota con Cite: Of. 566/2022 de 22 de agosto, de remisión de las fotocopias legalizadas -del legajo- del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 125/2022; por lo que, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el acto reclamado ya se hubiese cumplido; y, 3) La Jueza hoy accionada debe dar cumplimiento a la línea jurisprudencial realizando las actuaciones correspondientes a sus funciones y actos de su competencia con la mayor celeridad y dentro de los plazos legales o razonables cuando se traten de privados de libertad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 12 de agosto de 2022, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Katherine Estrella Flores Delgado contra Miguel Ángel Tarqui Carrillo -ahora accionante-, que fue suspendida ante la incomparecencia de la parte querellante, siendo reprogramada para el 17 de ese mes y año (fs. 2 y vta.). II.2. Por Nota con Cite: Of. 566/2022 de 22 de agosto, presentada el “31” de ese mes de 2022, a las 8:30 horas, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionada- remitió obrados en fotocopias legalizadas -del recurso de apelación incidental interpuesto- contra el Auto Interlocutorio 125/2022 de 17 de igual mes (fs. 9 y vta.). II.3. Cursa fotocopia del Libro de Altas y Bajas correspondiente al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en el que se advierte la remisión del legajo del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 30 de agosto de 2022, constando un sello de la citada Sala Penal de “31” de dicho mes y año, a las 8:30 horas (fs. 10).
II.4. Constan fotografías de 30 de agosto de 2022, a las 13:06 y 13:07 horas, en las cuales se advierte a una persona con la Nota con Cite: Of. 566/2022, frente a los ambientes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 11 y 12).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 125/2022 de 17 de agosto, que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, la Jueza ahora accionada no remitió el legajo del referido recurso apelación hasta la interposición de esta acción de libertad -30 de agosto de 2022-, incumpliendo la normativa procedimental penal y generando una prolongación indebida de su privación de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Del plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; iii) La acción de libertad innovativa; y, iv) Análisis del caso concreto.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, establece que: ‘“…Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas son nuestras).
El art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, establece que: “(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”. Asimismo, la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, en cuanto al plazo de remisión del recurso de apelación incidental, señala que: “De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201[2] de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. (…) En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (…) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 125/2022 de 17 de agosto, que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, la Jueza ahora accionada no remitió el legajo del referido recurso apelación hasta la interposición de esta acción de libertad -30 de agosto de 2022-, incumpliendo la normativa procedimental penal y generando una prolongación indebida de su privación de libertad.
Establecido el problema jurídico planteado a resolver, de la revisión de antecedentes se advierte que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Katherine Estrella Flores Delgado contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 12 de agosto de 2022, se suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva del nombrado ante la inasistencia de la parte querellante, siendo reprogramada para el 17 de ese mes y año, fecha en la que se emitió el Auto Interlocutorio 125/2022; por el cual, la Jueza ahora accionada dispuso mantener su detención preventiva (Conclusión II.1.), que fue objeto de recurso de apelación incidental; siendo remitido por Nota con Cite: Of. 566/2022, presentada el “31” de dicho mes y año, a las 8:30 horas, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme también se puede advertir de la fotocopia del Libro de Altas y Bajas correspondiente al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del citado departamento (Conclusiones II.2. y II.3.).
En ese contexto, es preciso referir que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales. Bajo ese entendimiento, de los antecedentes descritos previamente, se tiene que, conforme con lo previsto por el art. 251 del CPP, la Jueza ahora accionada contaba con el plazo de veinticuatro horas para la remisión del legajo del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 125/2022, que dispuso mantener su detención preventiva; sin embargo, en incumplimiento a lo mencionado, la remisión del citado legajo recién fue efectivizada el 30 de agosto de 2022, sobrepasando el plazo previsto para tal efecto e impidiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conozca el referido recurso de apelación incidental y resuelva la situación jurídica del accionante.
Asimismo, de la lectura del Informe presentado el 30 de agosto de 2022, por la Jueza ahora accionada en esta acción tutelar, el cual no fue refutado por el accionante, se advierte que se justificó la demora en la remisión del legajo del recurso de apelación incidental con la falta de transcripción del acta y del Auto Interlocutorio 125/2022, por parte de la Secretaria del Juzgado Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, a su cargo; toda vez que, el referido Auto Interlocutorio recién fue suscrito el “día de ayer”; asimismo, la Auxiliar del citado Juzgado advirtió al accionante que la notificación a la querellante en el proceso penal se encontraba pendiente en la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en ese contexto, se vio por conveniente referir a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la cual establece que la remisión de los antecedentes de un recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada tiene que ser cumplida de manera inexcusable y obligatoria en un plazo de veinticuatro horas, no pudiendo justificar su incumplimiento con la demora en la transcripción del acta, de la resolución o la falta de notificación a las partes procesales; ya que, ésta deberá ser diligenciada conforme con lo previsto por los arts. 160, 161 y 162 del CPP, bajo el entendido que es únicamente para efectos de conocimiento; igualmente, con relación al argumento de la excesiva carga procesal, se tiene que la misma deberá ser debidamente justificada para que de manera excepcional se flexibilice el plazo de veinticuatro horas a tres días para la respectiva remisión del legajo del recurso de apelación incidental; sin embargo, la Jueza hoy accionada se limitó a mencionar la existencia de una excesiva carga procesal en su Juzgado sin demostrar tal extremo. Ahora bien, es necesario aclarar que la labor administrativa de la remisión de los antecedentes frente a la interposición de un recurso de apelación incidental ante el Tribunal superior no es de exclusividad del Juez de la causa; sin embargo, no se debe olvidar que dicha autoridad judicial tiene bajo su dirección y supervisión a los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Juzgado del cual se encuentra a cargo; en ese sentido, tiene la obligación de impartir instrucciones a ese personal; además de realizar el respectivo seguimiento a las órdenes emitidas por su autoridad, procurando valerse de todos los medios posibles para que éstas sean cumplidas, caso contrario asume responsabilidad conjuntamente con su personal ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales. En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa también la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; toda vez que, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, como elemento del debido proceso, debiendo hacerse hincapié que en la situación concreta en análisis; ya que, la Jueza ahora accionada asumió una conducta pasiva ante la dilación ocasionada respecto a la remisión del legajo del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 125/2022 ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, al actuar de esa manera, generó una dilación injustificada que en los hechos derivó en incertidumbre e indefinición de la situación jurídica procesal del accionante, más aún, si el nombrado se encontraba con detención preventiva; por consiguiente, dicha autoridad judicial, omitió actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, lo cual conlleva la activación de este mecanismo de protección constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada en la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, al evidenciarse la vulneración del principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso vinculado a la libertad de la accionante. Finalmente, con relación a la remisión del legajo del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se tiene que el mismo fue presentado el 30 de agosto de 2022, a las 13:06 y 13:07 horas, conforme se advierte en las fotografías adjuntas que visualiza a una persona con la Nota con Cite: Of. 566/2022, frente a los ambientes de la citada Sala Penal (Conclusión II.4.) y no como figura en el sello de recepción de la indicada Sala Penal; en consecuencia, se puede inferir que la remisión ahora reclamada fue realizada como efecto de la presentación de esta acción de defensa y su respectiva notificación con la misma a la Jueza ahora accionada; sin embargo, lo mencionado no desvirtúa que existió una excesiva dilación en la remisión del respectivo legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, conforme se demostró anteriormente; por consiguiente, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada, igualmente en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en lo futuro se reiteren dichas conductas u omisiones vulneratorias y dilatorias que afectan el derecho a la libertad; exhortándose a la Jueza ahora accionada que ejerza un mejor control al personal de apoyo jurisdiccional, que se encuentra a su cargo y que no vuelva a incurrir en dilaciones indebidas que impidan tramitar y resolver los recursos de apelación incidental suscitados dentro de solicitudes de medidas cautelares relacionadas con el derecho a la libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz;
y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso vinculado con el derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, para que en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas y se abstenga de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante los Tribunales de alzada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0093_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6a65594bb7a894e81ed5a46dac9ed86f248cb049ecdfb1f116a3e661d578a98f
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