B.IA.LEGAL

SCP 0093/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 9 de abril de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
9 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
53578-2023-108-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la defensa, a la impugnación y al acceso a la justicia, mencionando además los principios de legalidad, seguridad jurídica, pro actione y progresividad; en razón a que, las autoridades demandadas, a tiempo de resolver la impugnación presentada en contra del Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, a través del Auto de Vista de 10 de octubre de 2022, mantuvieron incólume la decisión de primera instancia, bajo el argumento errado de que su recurso había sido impetrado de forma extemporánea; cuando el mismo fue presentado en plazo mediante Buzón Judicial. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2024 de 16 de enero, cursante de fs. 236 a 238 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Alcance de los procesos extraordinarios en el marco de la Ley 603
  3. III.3. El cómputo de plazos en materia el Código de las Familias y del proceso familiar
  4. III.4. Sobre el Buzón Judicial
  5. III.5. La relevancia constitucional
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2024-S4 Sucre, 9 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 53578-2023-108-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 006/2024 de 16 de enero, cursante de fs. 236 a 238 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Boris Marcelo Calancha Navia contra Gualberto Terrazas Ibáñez y Elisa Sánchez Mamani, ambos, Vocales de la Sala Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 de enero de 2023, cursantes de fs. 1; y, 98 a 105 vta.; y de subsanación, el 12 del mismo mes y año (fs. 108 a 111vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del fenecido proceso de divorcio seguido en su contra por parte de Patricia Rosa Montecinos Vásquez, se tramitó demanda incidental de incremento de asistencia familiar; que fue declarada probada en parte a través del Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021. Consecuentemente, mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2021; a través del Buzón Judicial, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución; sin embargo, los Vocales de la Sala Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandados–, realizando un incorrecto cómputo de plazo, declararon inadmisible el mismo, a través del Auto de Vista de 10 de octubre de 2022; bajo el argumento de que, este hubiese sido interpuesto recién el 31 del mes y año indicados, y por tanto fuera de plazo.

Las autoridades hoy demandadas basaron su Resolución en el timbre de presentación del memorial de apelación; y no así, el Certificado de recepción en plataforma a través de Buzón Judicial 126144, “que inclusive contiene la siguiente aclaración en su nota de cargo: ‘El memorial del buzón no se pudo imprimir porque se tuvo dificultad y que eran muchas hojas, por lo que se vió por conveniente acompañar el original’” (sic); decisión que, lo dejó en total indefensión; puesto que, impidió que se ingrese al análisis de fondo de lo planteado en su recurso de alzada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionado su derecho a la defensa, a la impugnación y al acceso a la justicia, mencionando además los principios de legalidad, seguridad jurídica, pro actione y progresividad; citando al efecto, los arts. 13. IV, 115.II, 119.II, 120.I, 178.I, 180.II, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 10 de octubre de 2022 y se ordene a las autoridades demandadas emitan uno nuevo en el que se resuelva el fondo de la impugnación presentada en contra del Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021.

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional

Los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 123 a 124 vta., declaró improcedente esta acción tutelar; consecuentemente, la parte impetrante de tutela por memorial de 2 de febrero del indicado año (fs. 126 a 129), impugnó dicha determinación.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0034/2023-RCA de 14 de marzo, cursante de fs. 139 a 148, la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la mencionada Resolución, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción tutelar debiendo pronunciarse resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.

I.2.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 16 de enero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 234 a 235, presente el accionante acompañado de sus abogados; ausentes las autoridades demandadas y la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de sus abogados, a tiempo de ratificar el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional, amplió la misma señalando que, los demandados se alejaron de la verdad material en el caso, “existiendo claramente en la apelación contra la determinación injusta de haberse incrementado la asistencia familiar, no solamente el incremento es de más 300 bolivianos, porque en la homologación del acuerdo transaccional la asistencia familiar solamente correspondía a 2.850 y no a Bs. 600, el otro saldo era o correspondía a una deuda que adquirieron, en ese sentido re ratifica en la demanda y solicita se conceda la tutela” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Elisa Sánchez Mamani, Vocal Presidente de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 15 de enero de 2024, cursante de fs. 229 a 231 vta., manifestó lo que sigue: a) El plazo de impugnación del Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, vencía a las 13:30 del 28 de mayo del mismo año; en razón de que, la jornada laboral continua, se desarrolla de 8:30 a 13:30, en el Tribunal Departamental de Justicia; “justamente a partir del viernes 28 de mayo de 2021” (sic), conforme se tiene del Instructivo 06/2021, emitido por la Sala Plena del mismo; b) En el marco de los arts. 321 y 322.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–, correspondía que el solicitante de tutela presente su apelación en la última hora hábil del día de su vencimiento; empero, no lo hizo, pues presentó su recurso a las 18:47 del 28 de mayo de 2021, cuando su plazo había fenecido a las 13:30; y, c) Si bien a raíz de la pandemia por COVID-19 se implementó el Buzón Judicial para la presentación de memoriales y recursos, ello no implica la presentación de estos fuera de los plazos, ni en días y horas inhábiles, particularmente en materia familiar. Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocal de la Sala Familiar Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no asistió a la audiencia de esta acción tutelar ni remitió informe alguno.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Patricia Rosa Montecinos Vásquez, ausente en audiencia de consideración de esta acción de defensa.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 006/2024 de 16 de enero, cursante de fs. 236 a 238 vta. denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que; posterior al Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, se emitió el Auto de Complementación y Enmienda de 19 de mayo de igual año, que fue notificado el 21 del mismo mes y año; de tal forma que, el plazo para la interposición del recurso de apelación fenecía el 28 de mayo de 2021; sin embargo consta que, el mismo fue planteado fuera del plazo previsto por el art. 443 de la Ley 603; puesto que, “el memorial resulta ser de fecha 28 de mayo de 2021 y es cierto y evidente que lleva el timbre en la parte superior de fecha 31 de mayo de 2021 con la hora de presentación a horas 11:22, asimismo se tiene el certificado de recepción de plataforma a través del buzón judicial el mismo que conlleva la fecha 28 de mayo de 2021 a horas 18:47, lo que quiere decir que el mencionado memorial fue enviado mediante buzón judicial en un horario que no era de actividades laborales” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, emitido por la Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba; por el que, se declaró probada la demanda de incremento de asistencia familiar planteada por Patricia Rosa Montecinos Vásquez contra Boris Marcelo Calancha Navia (fs. 2 a 8 vta.). II.2. Mediante Auto de Complementación y Enmienda de 19 de mayo de 2021, la Autoridad citada supra, dio respuesta a lo impetrado por el accionante en relación al Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021; el cual, fue notificado a las partes el 21 de mayo de ese año (fs. 9 a 10). II.3. Por Instructivo 06/2021 de 28 de mayo, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, determinó como jornada laboral y horario de trabajo lo siguiente: “A partir del día de hoy, viernes 28 de mayo de 2021, la jornada laboral en todas las Salas, Tribunales, Juzgados y unidades administrativas del Distrito de Cochabamba, será en horario continuo, de lunes a viernes, de horas 08:30 a 13:30, hasta nueva disposición” (sic[fs. 223 a 224]). II.4. Consta por Certificado de recepción en plataforma a través del Buzón Judicial 126144 de 28 de mayo de 2021, a las 18:47 pm, Boris Marcelo Calancha Navia –ahora accionante– a través de su abogado interpuso apelación –formato digital– contra la Resolución citada precedentemente (fs. 27). II.5. A través de memorial presentado el 31 de mayo de 2021 a las 11:22, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación en formato físico contra el Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de igual año (fs. 28 a 39). II.6. Mediante Auto de Vista de 10 de octubre de 2022, la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, en razón de haberse presentado de forma extemporánea (fs. 62 a 65 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la defensa, a la impugnación y al acceso a la justicia, mencionando además los principios de legalidad, seguridad jurídica, pro actione y progresividad; en razón a que, las autoridades demandadas, a tiempo de resolver la impugnación presentada en contra del Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, a través del Auto de Vista de 10 de octubre de 2022, mantuvieron incólume la decisión de primera instancia, bajo el argumento errado de que su recurso había sido impetrado de forma extemporánea; cuando el mismo fue presentado en plazo mediante Buzón Judicial. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El debido proceso. Jurisprudencia reiterada

Respecto el debido proceso la SCP 0280/2021-S4 de 22 de junio, refirió que “ʽ…SC 0119/2003-R de 28 de enero, señaló lo siguiente: «…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos». (…). Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…'. Asimismo, la SC 0999/2003-R de 16 de julio, precisó: ʽLa importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'. El art. 115.II de la CPE dispone: ʽEl Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. Por su parte, la SPC 1913/2012 de 12 de octubre, señaló: ʽEl debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones'. Definiciones orientadas a revelar la triple dimensión del debido proceso que en la Constitución Política del Estado se encuentra reconocida como derecho –garantía– principio; y que fue ampliamente desarrollada en la SCP 0258/2015-S1 de 26 de febrero, que al respecto expresó: ʽCon relación a su naturaleza jurídica, la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señaló lo siguiente: «La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…ʼ. Agregando más adelante la mencionada Sentencia Constitucional, establece que: ʽEsa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

(…)

De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados, ʽ…enriqueciéndolo además con su carácter de principio procesal, lo que implica que su aplicación nace desde el primer acto investigativo o procesal, según sea el caso, y debe subsistir de manera constante hasta los actos de ejecución de la sentencia, constituyendo una garantía de legalidad procesal que comprende un conjunto de garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales, lo que implica que el debido proceso debe estar inmerso en todas las actuaciones procesales ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativoʼ (SC 0299/2011-R de 29 de marzo). La línea jurisprudencial citada precedentemente, estableció que el debido proceso está reconocida por la Constitución en su triple dimensión: i) Como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado; ii) A la vez como un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes; y, iii) Como una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. También se llega a determinar conforme a la línea jurisprudencial citada que, el derecho al debido proceso corresponde ser observado por todas las autoridades, sean estas judiciales o administrativas y en todas las instancias, a fin de que las personas asuman una defensa adecuada; asimismo, conforme a la misma línea, el derecho al debido proceso, constituye una garantía de legalidad procesal para la protección de la libertad, la seguridad jurídica, la fundamentación o motivación, la pertinencia, la congruencia de las resoluciones judiciales" (las negrillas son nuestras).

III.2. Alcance de los procesos extraordinarios en el marco de la Ley 603

El art. 434 de la Ley 603, bajo el nomem iuris de ALCANCE, establece que: Se tramitarán en procesos extraordinarios las siguientes acciones. a) Divorcio; b) Declaración judicial de filiación; c) Impugnación de filiación; d) Negación de maternidad o paternidad; e) Comprobación de matrimonio o de unión libre, cuando ésta última no esté registrada; f) Oposición al matrimonio; g) Declaración de interdicción; h) Cesación de interdicción; i) Suspensión, extinción o restitución de la autoridad de la madre o del padre en casos emergentes de desvinculación conyugal; y, j) Asistencia familiar.

Tal como se desprende de la normativa señalada, la acción de asistencia familiar, se tramita mediante proceso extraordinario, a su vez, el aludido art. 443, prescribe que procede la apelación contra la sentencia en el plazo de cinco días, de este modo y dentro de esta misma lógica se tiene que el término para la presentación de la apelación contra la acción citada, dado su alcance constituye proceso extraordinario, es en plazo señalado de cinco días, computables desde el día siguiente hábil de su notificación. El recurso de apelación, contra una sentencia se encuentra previsto en el art. 443 de la Ley 603, así en su parágrafo I, establece que: “Contra la sentencia procede el recurso de apelación en el defecto suspensivo, que deberá presentarse en el plazo de cinco días computables desde el día siguiente hábil a su notificación”. A su vez, su parágrafo II, prescribe que: “En asistencia familiar cuando la demanda solicitada sea declarada probada, la apelación procederá en el efecto devolutivo”. Por consiguiente la impugnación (apelación) prevista para el efecto (sentencia de asistencia familiar) acorde al art. 443 de la indicada Ley, que viene a ser la norma especial, sobre la base que la garantía de la doble instancia constituye un derecho fundamental de naturaleza constitucional, es en el plazo de cinco días hábiles.

III.3. El cómputo de plazos en materia el Código de las Familias y del proceso familiar

El capítulo Décimo Segundo del Código de las Familias y del Proceso Familiar norma la forma de cómputo de los plazos procesales, señalando en su art. 318 que los plazos son perentorios e improrrogables, salvo disposición contraria establecida en dicha codificación. Con relación al cómputo, determina que los plazos señalados por días se computarán los hábiles, cuando éstos no excedan los quince (15) días. Si exceden este término, se computarán días hábiles e inhábiles, salvo vacación judicial, agregando en su III parágrafo, que los plazos que no se encuentren expresamente previstos en el presente Código, serán señalados por la autoridad judicial, y no podrán ser mayores a cinco (5) días. En cuanto al comienzo de estos, el art. 319 determina que Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente hábil a aquel en que se efectúa el acto de citación o notificación. Los plazos comunes para ambas partes comenzarán a correr desde el día siguiente hábil de la última notificación, estableciendo en el siguiente art. 320 que los plazos solo se suspenden por resolución de la autoridad judicial debidamente justificada, acuerdo de parte y en otros casos señalados por ley; en cuanto a su vencimiento el art. 321 prevé que vencerán en la última hora hábil del día de su vencimiento. Siendo días hábiles de lunes a viernes, y horas hábiles, las de oficina establecidas por cada Tribunal Departamental de Justicia (art. 322.I de la Ley 603).

III.4. Sobre el Buzón Judicial

Al respecto, el Buzón Judicial en su art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, determina que: “Artículo 110. (BUZÓN JUDICIAL). I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora” (el resaltado nos corresponde). Por otro lado, el Reglamento del Buzón Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, establece: “Artículo 1. (Objeto).- El presente Reglamento, tiene por objeto normar y regular la utilización y funcionamiento del servicio de Buzón Judicial electrónico, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos dentro de los plazos previstos por ley, como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, utilizando medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. Artículo 2. (Concepto).- El Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal Web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, recursos fuera de horario judicial en días inhábiles en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo procesal. Artículo 3. (Ámbito de Aplicación).- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria y cumplimiento, en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 4. (Finalidad).- El Buzón Judicial tiene las siguientes finalidades:

1) Brindar una opción de emergencia a la presentación de memoriales, otros documentos y recursos fuera de horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo perentorio. 2) De permitir al litigante un acceso oportuno a la administración de justicia. 3) De utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. Artículo 6. (Definiciones).- Se establece las siguientes definiciones: 1) Buzón Judicial: Es un sistema Web creado exclusivamente para la presentación y recepción de memoriales, otros documentos y recursos, fuera de horario judicial y en días inhábiles en caso de urgencia cuando este por vencer un plazo perentorio. 2) Login: es un identificador de acceso otorgado a cada una de las partes y/o sus abogados para el acceso, al buzón judicial. 3) Documentos Externos: son todos aquellos documentos presentados por las partes del proceso al buzón judicial (memoriales, recursos de apelación, casación etc.). 4) Usuario Interno: Son servidores judiciales de las unidades que interactúan con el buzón judicial. 5) Usuario Externo: Es la persona natural o jurídica legitimada y autorizada para utilizar el buzón judicial. 6) Constancia de la Recepción: Es el descargo de recepción virtual, que contiene la fecha y hora en que el memorial y/o recursos es entregado al buzón judicial por el usuario. 7) Sitio Web: Un sitio web es el conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema en particular. Articulo 10 (Acceso al Buzón Judicial). - el sistema de buzón judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia” (las negrillas son añadidas). En ese contexto, resulta válido la utilización del Buzón Judicial a efectos de presentar un recurso de apelación; así como, memoriales dentro los plazos previstos por ley como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles o en caso de urgencia cuando esté por vencer un plazo procesal.

III.5. La relevancia constitucional

Sobre el particular la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre, citando a la SC 1268/2010-R de 13 de septiembre, concluyó que: “Sobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, ‘… los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados’ (SSCC 0435/2007-R 0722/2007-R y 0768/2007-R, entre otras). Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I, de la CPE dispone: ‘Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos’. En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: ‘…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional’” (las negrillas nos pertenecen).

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la defensa, a la impugnación y acceso a la justicia, mencionando además los principios de legalidad, seguridad jurídica, pro actione y progresividad; bajo el argumento que las autoridades demandadas, a tiempo de resolver la impugnación presentada por su parte, contra el Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, a través del Auto de Vista de 10 de octubre de 2022, mantuvieron incólume la decisión de primera instancia, bajo el errado argumento que su recurso había sido impetrado de forma extemporánea; cuando en realidad, se lo hizo dentro de los plazos legales mediante el Buzón Judicial. Una vez identificada la problemática planteada por la parte impetrante de tutela, previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado; corresponde revisar los antecedentes del proceso familiar que dio lugar a la presente acción tutelar. En ese orden, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se evidencia que, mediante Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, la Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, declaró probada la demanda de incremento de asistencia familiar planteada por Patricia Rosa Montecinos Vásquez contra Boris Marcelo Calancha Navia –ahora solicitante de tutela–; seguidamente, mediante Auto de Complementación y Enmienda de 19 de mayo de 2021, la mencionada autoridad, dio respuesta a lo impetrado por el accionante en relación a la Resolución emitida; el cual, fue notificado a las partes el 21 de mayo de igual año. Contra la mencionada determinación, el impetrante de tutela presentó recurso de apelación; en primera instancia, de forma digital, el 28 de mayo de 2021 a las 18:47, tal y como consta por Certificado de recepción en plataforma a través del Buzón Judicial 126144; y posteriormente, apersonado en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impetró su recurso de apelación de forma física, el 31 de igual mes y año a las 11:22. Ante lo cual, a través del Auto de Vista de 10 de octubre de 2022, la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ahora demandada, declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por el solicitante de tutela, por haberse interpuesto después de vencido el término legal para formularlo, basando dicha decisión en la observancia de los arts. 380.II y 443.I de la Ley 603, circunscribiendo la Resolución en la verificación del cumplimiento del plazo establecido para el efecto, advirtiéndole a la parte accionante, que este vencía el 28 de mayo de 2021; y no así, el 31 del mismo mes y año indicados, momento en el que se recepcionó de forma física el memorial.

Ahora bien, conforme al problema jurídico planteado y toda vez que el mismo emerge de un proceso extraordinario de asistencia familiar, en consonancia con el Código de las Familias y del Proceso Familiar, se establece que la apelación en el presente caso, partiendo desde su propia naturaleza jurídica, debe presentarse en el plazo de cinco días a partir de la notificación con el fallo de primera instancia, conforme a lo determinado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, en el caso analizado, el accionante tomó conocimiento sobre la determinación asumida en el Auto de 19 de mayo de 2021, de Aclaración y Enmienda del Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de ese año, el 21 de mayo del citado año (viernes), a través de su notificación legal; teniendo a partir de ello, cinco días hábiles para plantear recurso de apelación, conforme establece el art. 443.I de la Ley 603, término que en el caso que se analiza vencía en la última hora hábil de cinco días después, conforme determina el art. 321 de la Ley 603; es decir, el 28 de mayo de 2021. Además de lo señalado, cabe aclarar que en dicha fecha, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, estableció a través del Instructivo 06/2021, que el funcionamiento de los Juzgados regiría en horario de trabajo continuo de lunes a viernes, de horas 08:30 a 13:30, hasta nueva disposición; motivando que el accionante deba formular su apelación dentro de dicho término; puesto que, como bien establece el art. 322.I de la Ley 603, son horas hábiles, las horas de oficina establecidas por cada Tribunal Departamental de Justicia; estando sujetos al mismo, no solo el personal que lo compone o integra, sino también la población y los usuarios que acuden ante dicha instancia (Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional). Es imperante señalar que para lograr dicho cometido –la interposición del recurso de apelación–, el impetrante de tutela tenía permitido el uso en tiempo oportuno, del Buzón Judicial; pues, como bien se refiere el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este se encuentra habilitado en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, empero, no resulta razonable que se pretenda utilizar es medio tecnológico para justificar el incumplimiento de los plazos procesales. Ahora bien, analizando los plazos transcurridos en el caso concreto, se evidencia que una vez emitido el Auto Interlocutorio Definitivo el 21 de abril de 2021, el accionante solicitó complementación y enmienda del mismo, resuelto mediante Auto de Complementación y Enmienda de 19 de mayo de 2021 y notificado a las partes el viernes 21 del mismo mes y año; fecha esta última desde cuando iniciaba el cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación, de conformidad a lo previsto por el art. 443 de la Ley 603, venciendo el mismo, la última hábil del viernes 28 del mismo mes y año; data en la que si bien fue interpuesto el mencionado recurso, sin embargo, se lo hizo a las 18:47 vía Buzón Judicial, conforme acredita el certificado de envío a través del Buzón Judicial 126144; lo que demuestra que el plazo de cinco días hábiles desde la notificación con la Resolución señalada fue excedido; puesto que, el accionante tenía como hora hábil computable para la presentación de su impugnación, hasta las 13:30 del viernes 28 de mayo de 2021; y no así, las 18:47; lo que equivale a decir que el recurso de apelación deducido por el impetrante de tutela, al haberse interpuesto fuera del horario hábil del día 28 de mayo de 2021 vía Buzón Judicial, no se acogió al plazo establecido por el citado artículo.

Bajo ese contexto, de la revisión del Auto de Vista 10 de octubre de 2022 –ahora cuestionado–, que declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, en razón de haberse presentado de forma extemporánea, en observancia estricta del memorial presentado el 31 de mayo de 2021 a las 11:22; por el que, planteó recurso de apelación en formato físico contra el Auto Interlocutorio Definitivo de 21 de abril de 2021, las autoridades demandadas indicaron que este vencía el 28 de mayo de 2021 y no así el momento en el que se recepcionó de forma física el memorial. Empero, tal cual reclama el accionante, no hizo mención ni consideró que el recurso de apelación fue planteado vía Buzón Judicial el 28 de mayo de 2021, fecha en la que como bien refiere la Resolución objetada, fenecía el plazo; correspondiendo que dicha documental sea valorada a tiempo de definir la admisión o no del mismo; omitiendo así fundamentar al respecto. No obstante lo anterior, si bien la jurisprudencia emitida por este Tribunal, con relación al debido proceso en su elemento congruencia, establece que es posible conceder la tutela impetrada y disponer la nulidad de una resolución judicial o administrativa, ordenando su reposición ante la evidencia de arbitraria o insuficiente fundamentación o incongruencia omisiva en la misma; extremos que deberán ser verificados a tiempo de realizar el análisis del contraste entre lo reclamado por las partes y lo resuelto por las autoridades demandadas. Empero, cuando se detecta una insuficiente motivación o incongruencia en el fallo impugnado, pero se evidencia que la misma, no lesionó derechos y garantías fundamentales, entonces resulta aplicable la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional, sobre la necesaria relevancia constitucional; en virtud a lo cual, no es susceptible de protección por la vía de acción de amparo constitucional, la falta de fundamentación o incongruencia, cuando se evidencie que su omisión no vulneró derecho fundamental y/o garantía constitucional alguna; dado que, de otorgarse la tutela y ordenarse la emisión de una nueva resolución, el resultado sería el mismo, al no tener efecto modificatorio en el fondo de la decisión.

De lo dicho, se concluye que si bien el recurso de apelación impetrado dentro de la causa familiar, fue presentado vía Buzón Judicial el último día hábil para la presentación del mismo –28 de mayo de 2021–; sin embargo, no ingresó dentro del horario hábil; es decir, hasta las 13:30 sino recién a las 18:47, tal y como consta en el Certificado de envío a través del Buzón Judicial 126144; aspecto que se traduce en extemporaneidad; razón por la que, no es concebible ordenar la emisión de una nueva resolución que llegue al mismo resultado hoy reclamado, conforme lo entiende el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional, sobre la relevancia constitucional y que se da cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió, no vaya a ser modificada o de un resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de acción de amparo constitucional. Por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada ante la evidente falta de relevancia constitucional en lo demandado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2024 de 16 de enero, cursante de fs. 236 a 238 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0093_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2a0e65ecdf645ba2e8e2276b668797f28f22f2076bbe6d9fcc73f43bc90f337d

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