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SCP 0092/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57707-2023-116-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que, la Vocal demandada por Auto de Vista 193/2023 revocó el Auto Interlocutorio 69/2023, disponiendo que, en el día, el Fiscal de Materia reformule la imputación formal y presente ante el Juzgado de origen. Disposición que no fue cumplida dejando indefinida su situación jurídica y prolongando su detención preventiva de forma indebida. Ante ello, la Vocal demandada, sostuvo que el Auto de Vista 193/2023 definía la reformulación de la imputación formal al advertir un error en la tipificación, cuya determinación no implicaba la nulidad de dicha imputación, pero sí la reconfiguración del tipo penal.

Por su parte, el Fiscal de Materia codemandado sostuvo que, en cumplimiento de la decisión asumida por la Vocal demandada, procedió a la reformulación de la imputación formal. Agregó que el imputado no activó los mecanismos de impugnación disponibles en la vía ordinaria por lo que no correspondía al Ministerio Público definir la libertad o la situación jurídica del accionante, facultad exclusiva del Juez quien ejerce el control jurisdiccional. Finalmente, el “Director del Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví” -codemandado- no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 36 vta. a 38., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Norka Díaz Morales, Vocal de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada-, ordenando a que emita una nueva resolución de conformidad con la presente Sentencia, salvo que, por el transcurso del tiempo y el carácter variable de las medidas cautelares, la situación del accionante haya cambiado; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada con relación a Paulo Sergio Paes Melgar, Fiscal de Materia; y, el “…Director del Centro de Rehabilitación de Varones Mocovi…” -codemandados-.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de congruencia como elemento estructurante del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0092/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57707-2023-116-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 04/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 36 vta. a 38 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Mollinedo Semo contra Norka Díaz Morales, Vocal de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; Paulo Sergio Paes Melgar, Fiscal de Materia; y, el “Director del Centro de Rehabilitación de Varones Mocovi”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de agosto de 2023, cursante a fs. 1; y, 8 a 9, el accionante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de agosto de 2023, en la audiencia de apelación incidental Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dispuso revocar el Auto Interlocutorio 69/2023 de 25 de julio, Resolución por la que se encontraba detenido preventivamente. De igual modo, la prenombrada determinó que, en el mismo día, el representante del Ministerio Público debía reformular la imputación formal y presentarla ante el Juzgado de origen, a fin de que se defina su situación jurídica. Sin embargo, hasta la fecha no fue cumplida, por lo que se encuentra detenido indebidamente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal, citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia señaló que: la Vocal demandada determinó la reformulación de la imputación penal y que se presente en el día, aspecto que -a su criterio- no fue cumplido. Por otra parte, al anularse el Auto Interlocutorio 69/2023, dejó en la nebulosa su situación jurídica sin considerar que se encontraba detenido preventivamente en el Centro de Rehabilitación de Varones “Mocoví” del departamento de Beni.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en audiencia señaló que: a) Fue de su conocimiento la apelación planteada por el ahora accionante, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la víctima contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente; que revisados los antecedentes procesales, advirtió la existencia de un error en cuanto a la determinación de la tipificación del tipo penal en la imputación formal, por cuya razón emitió el Auto Interlocutorio 193/2023 de 10 de agosto, que dispuso la reformulación de la imputación formal, determinación que no implicaba la nulidad de dicha imputación, pero sí la reconfiguración de otro tipo penal ante la existencia de informes que daban cuenta que la víctima era mujer y menor de edad cuyas condiciones hacen que merezca una doble protección reforzada; y, b) En el proceso penal existe una autoridad jurisdiccional contralora de los derechos y garantías constitucionales, por lo que cualquier acción o reclamo debe ser dicha autoridad la que resuelva y por consiguiente no se puede alegar subsidiaridad. Paulo Sergio Paes Melgar, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante de fs. 33 a 34, así como en su intervención en audiencia, manifestó que: 1) No existió ninguna vulneración con relación al derecho a la libertad del accionante, toda vez que se cumplió con la disposición emitida por la Vocal demandada, procediendo a la reformulación de la imputación formal; 2) Emitido el Auto de Vista 193/2023 el accionante no pidió complementación, tampoco acudió ante la Jueza de Instrucción -Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de Beni-, quien tenía el control jurisdiccional a objeto que se pronuncie sobre su situación jurídica, acudiendo directamente a la vía constitucional sin haber agotado la vía ordinaria, por lo que el pretender aducir que existió vulneración a sus derechos no tiene asidero legal y la acción impetrada resulta improcedente; 3) No demostró por ningún medio de prueba que el Ministerio Público haya indebidamente privado su libertad personal, porque de acuerdo al art. 228 del Código de Procedimiento Penal (CPP) son los jueces que ejercen el control jurisdiccional como únicas autoridades que disponen la libertad o la situación jurídica del imputado; y, 4) Finalmente que su persona no cuenta con legitimación pasiva para ser demandado en esta acción tutelar. El “…Director del Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví…” del departamento de Beni, no se hizo presente en la audiencia, así como tampoco presentó informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 26.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por Resolución 04/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 36 vta. a 38, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Por la documentación presentada se evidenció que no se agotó los mecanismos ordinarios, más aún si contaba con control jurisdiccional, puesto que el accionante tenía la facultad de solicitar complementación y enmienda al Auto de Vista 193/2023 emitido por la Vocal demandada; y, ii) Existía una imputación formal cumplida por el Fiscal de Materia bajo control jurisdiccional, aspectos que llevaron a determinar el no cumplimiento de la subsidiaridad al no haberse agotado las vías ordinarias de impugnación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 43), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 47); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1 Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de María Bania Subirana Gutiérrez por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Auto de Vista 193/2023 de 10 de agosto, emitida por Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal de Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandada-, desarrollada dentro de la apelación incidental interpuesta por Marcelo Mollinedo Semo -hoy accionante- contra el Auto Interlocutorio 69/2023 de 25 de julio, por la cual refiere que el Juez a quo habría realizado una errónea valoración, fundamentación y motivación en su resolución, al haber determinado la probabilidad de autoría en mérito a una valoración psicológica y denuncia de la madre de la víctima, sin tomar en cuenta otros medios probatorios y que en cuanto a los riesgos procesales habría basado su determinación en que se tendría como domicilio el mismo lugar de la víctima sin tomar en cuenta el informe policial por el que se hizo conocer el traslado del ahora impetrante de tutela a otro domicilio. En la fundamentación del Auto de Vista antes citado, la Vocal demandada, señala que de acuerdo al certificado médico constituye la base para determinar la existencia de la configuración del tipo penal y en el caso no se ha demostrado de forma objetiva la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, pero que sí existen otros elementos que bien pueden adecuarse a la existencia de otro tipo penal, razones por las que determinó: “…LA NO PROBABILIDAD DE AUTORÍA en cuanto al delito de VIOLACIÓN I.N.N.A., mas no obstante en atención ante la existencia de otros hechos que pueden cambiar la aplicación de la normativa de juzgamiento de las medidas cautelares, se va a disponer que en el día la fiscalía de forma objetiva y de acuerdo a los propios elementos indiciarios cursantes en el cuaderno de investigación, reformule su imputación formal y sea presentada esta ante el juzgado de origen toda vez que se REVOCA auto interlocutorio ahora en revisión, juzgado que deberá en el plazo establecido por ley volver a resolver la situación jurídica de la parte procesada…” (sic [fs. 3 a 7]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que, la Vocal demandada por Auto de Vista 193/2023 revocó el Auto Interlocutorio 69/2023, disponiendo que, en el día, el Fiscal de Materia reformule la imputación formal y presente ante el Juzgado de origen. Disposición que no fue cumplida dejando indefinida su situación jurídica y prolongando su detención preventiva de forma indebida. Ante ello, la Vocal demandada, sostuvo que el Auto de Vista 193/2023 definía la reformulación de la imputación formal al advertir un error en la tipificación, cuya determinación no implicaba la nulidad de dicha imputación, pero sí la reconfiguración del tipo penal.

Por su parte, el Fiscal de Materia codemandado sostuvo que, en cumplimiento de la decisión asumida por la Vocal demandada, procedió a la reformulación de la imputación formal. Agregó que el imputado no activó los mecanismos de impugnación disponibles en la vía ordinaria por lo que no correspondía al Ministerio Público definir la libertad o la situación jurídica del accionante, facultad exclusiva del Juez quien ejerce el control jurisdiccional. Finalmente, el “Director del Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví” -codemandado- no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de congruencia como elemento estructurante del debido proceso

A efectos de delimitar el parámetro de control constitucional aplicable al caso, adquiere especial relevancia el principio de congruencia, en tanto exige que toda resolución se emita dentro del marco de lo solicitado y debatido por las partes y, a la vez, conserve consistencia lógica interna entre sus fundamentos y lo decidido. En ese entendimiento, este Tribunal en su SCP 1083/2014 de 10 de junio, ha desarrollado su alcance como elemento estructurante del debido proceso en la siguiente línea jurisprudencial: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes.

Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’.

En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en audiencia de acción de libertad, se advierte que se instauró un proceso penal por el Ministerio Público a denuncia de María Bania Subirana Gutiérrez contra el ahora accionante. Como resultado de los actos investigativos, el 24 de julio de 2023, Jenny Fabiola Huayhuasi Catari, Fiscal de Materia, presentó imputación formal por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, poniendo el caso a control jurisdiccional para que se defina la situación jurídica del imputado. Al día siguiente, mediante Auto Interlocutorio 69/2023 de 25 de julio, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de Beni dispuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Varones “Mocoví” del indicado departamento. Contra esa decisión, el accionante interpuso recurso de apelación incidental. En resolución de dicho recurso, el 10 de agosto de 2023, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 193/2023, mediante el cual revocó el Auto Interlocutorio 69/2023 y ordenó al Ministerio Público reformular la imputación formal y presentarla “en el día” ante el Juzgado de origen, a fin de que esa autoridad defina la situación jurídica del impetrante de tutela (Conclusión II.1).

En ese contexto, se advierte que el objeto de la controversia constitucional se circunscribe a determinar si, a partir del Auto de Vista 193/2023 que revocó el Auto Interlocutorio 69/2023 y ordenó al Ministerio Público reformular la imputación y presentarla “en el día” para que el Juzgado de origen defina la situación jurídica, la permanencia del accionante en el Centro de Rehabilitación de Varones “Mocoví” del departamento de Beni, quedó sustentada en una resolución congruente, o si, por el contrario, se generó una situación de indefinición incompatible con el derecho al debido proceso vinculado con el derecho a la libertad personal.

Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la congruencia constituye un elemento estructurante del debido proceso y exige, por un lado, congruencia externa, esto es, correspondencia entre los agravios formulado por la parte y lo resuelto; y, por otro, congruencia interna, entendida como coherencia lógica de la resolución en su integridad, evitando contradicciones entre la parte considerativa y la dispositiva, así como efectos incompatibles con sus propios razonamientos. Aplicados dichos parámetros al caso en análisis, se evidencia, en primer lugar, una incongruencia externa, ya que de los propios antecedentes se tiene que la apelación incidental fue planteada contra la determinación de detención preventiva, cuestionando -entre otros aspectos- la valoración y fundamentación sobre la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Sin embargo, el Auto de Vista 193/2023 desplazó el eje decisorio hacia un aspecto distinto: “un supuesto error en la tipificación penal y la necesidad de reformular la imputación”, incorporando un elemento no cuestionado por las partes procesales, convirtiendo una resolución de apelación de medidas cautelares en un incidente de actividad procesal defectuosa, denotando con ello una incongruencia externa al incorporar dicho elemento. En segundo lugar, se advierte una incongruencia interna con incidencia directa en la libertad personal. En el Auto de Vista 193/2023, la motivación concluyó en la no probabilidad de autoría y, en coherencia, la parte dispositiva revocó la resolución que imponía la detención preventiva; sin embargo, de manera simultánea, dispuso la reformulación de la imputación, sin definir de forma inmediata y expresa el efecto de dicha revocatoria, bajo este análisis, la consecuencia constitucional no es menor: la incongruencia descrita no se reduce a un defecto formal, sino que proyecta un impacto material sobre el derecho a la libertad, pues coloca al accionante en una situación de indeterminación respecto de su situación jurídica que sostiene su privación de libertad, a la vez que diluye la exigencia de certeza y coherencia que debe caracterizar toda resolución que incida en medidas cautelares personales. En tales condiciones, corresponde concluir que la resolución emitida por la Vocal ahora demandada, por su falta de correspondencia con los agravios y por la incoherencia entre sus fundamentos y efectos, lesionó el debido proceso en su elemento de congruencia, con afectación directa a la libertad personal. Por otra parte, respecto a Paulo Sergio Paes Melgar, Fiscal de Materia codemandado, la parte accionante refiere un incumplimiento en lo que respecta a emitir nueva resolución de imputación formal, al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con lo previsto por el art. 279 del CPP, ésta autoridad actúa bajo la dirección y control de la autoridad jurisdiccional competente, por lo que antes de acudir a esta justicia constitucional debió acudir a dicho control que en el caso concreto, se encuentra a cargo de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero del departamento de Beni, por lo que respecto a esta autoridad corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo de lo denunciado. Finalmente, respecto al Director codemandado, si bien consta como parte demandada, el accionante se limitó en referir su legitimación pasiva, empero, no estableció qué acto u omisión por parte de dicha autoridad habría lesionado sus derechos, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 36 vta. a 38., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a Norka Díaz Morales, Vocal de Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada-, ordenando a que emita una nueva resolución de conformidad con la presente Sentencia, salvo que, por el transcurso del tiempo y el carácter variable de las medidas cautelares, la situación del accionante haya cambiado; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada con relación a Paulo Sergio Paes Melgar, Fiscal de Materia; y, el “…Director del Centro de Rehabilitación de Varones Mocovi…” -codemandados-. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Laura Amalia Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0092_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 27e6559278becbb9af565b37a805a6cf3fe1f86bc78210be1740ce1dcfa0c16d

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