Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante señala que el 17 de febrero de 2021, presentó una denuncia contra tres ciudadanos menonitas por el delito de desaparición forzosa de persona y el Subteniente que le tomo la denuncia al momento de poner a conocimiento del Ministerio Público, cambia el tipo penal a rapto. Posterior a esto el accionante de ser denunciante paso hacer denunciado dentro del proceso penal, por las declaraciones que vertieron las personas que él denunció por el rapto de su hija, es así que el 10 de agosto del citado año se fijó audiencia cautelar en la cual le dan detención preventiva y desde dicha fecha se encontraría detenido injustamente. Asimismo, señala que dentro del proceso que se le inició existe una Resolución de Rechazo de 25 de octubre de 2021, debiendo emitirse un mandamiento de libertad a su favor, violando de esta manera su derecho a la libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos que los manifestados por la Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0092/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50038-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Peter Jansen Driedger contra Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz; y, Juan Carlos Crispín Pereira, Fiscal de Materia.
Mediante memorial presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 7 a 9, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 17 de febrero de 2021, el accionante señala que formalizó una denuncia contra tres ciudadanos menonitas por el delito de desaparición forzosa de persona y el Subte. Dexter Vásquez Saucedo al momento de poner a conocimiento del control jurisdiccional la denuncia cambia el tipo penal a rapto, misma signada con el FUD 70532212100041. Posterior a esto el accionante de ser denunciante paso a ser denunciado dentro del proceso penal, por declaraciones mal intencionadas de las personas que él denunció por el rapto de su hija, por tal motivo el 10 de agosto del citado año se fija audiencia cautelar en la cual le dan detención preventiva y desde dicha fecha se encontraría detenido injustamente. Asimismo, señala que dentro del proceso que se le inició existe una Resolución de Rechazo de 25 de octubre de 2021, por tanto debería emitirse un mandamiento de libertad a su favor, violando de esta manera su derecho a la libertad.
Denuncia la vulneración del derecho a la dignidad, a la libertad personal, de “no privación de libertad”, citando al respecto los arts. 22, 23.I, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 19 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó los términos de su acción de libertad, añadiendo lo siguiente: La Jueza accionada el 25 de octubre de 2021 ordenó la cancelación del proceso penal y el archivo de obrados, toda vez que en la fecha señalada emite un auto aceptando el rechazo del proceso penal seguido en su contra el cual causa estado y se debe ordenar su inmediata libertad.
Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, pese a su legal notificación (fs. 14) no se hizo presente a la audiencia ni presentó informe alguno. Juan Carlos Crispín Pereira, Fiscal de Materia, no se presentó en audiencia, ni remitió informe pese a su legal notificación cursante a fs. 15. Gary Coronado, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó lo siguiente: a) En principio de lealtad procesal hace conocer para no incurrir en error, que el proceso se abre por el delito de rapto de una menor de edad, dicha denuncia se apertura contra Klas Wiwns y Peter Harder y otros y dentro del mismo se realiza una entrevista psicológica a la víctima de 17 años, quien señala que ella escapó de su colonia porque supuestamente su padre -el accionante- habría procedido a violarla, por tal motivo se amplía la investigación por el delito de violación; y, b) Posteriormente se rechaza la denuncia por el delito de rapto a favor de los denunciados y se continúa con la investigación contra el solicitante de tutela por el delito de violación, el cual se encuentra con una acusación fiscal, quien se encuentra cumpliendo los presupuestos procesales establecidos en el art. 233.I, II y III del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que solicita que se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, por Resolución 14/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta. denegó la tutela solicitada, por no evidenciarse la vulneración de sus derechos y advertirse deslealtad a la verdad, ordenando la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia respecto al Abogado del accionante; expresando los siguientes fundamentando: 1) Los presupuestos jurisprudenciales exigidos para la acción de libertad reparadora son, cuando una persona se encuentre recluida su libertad de locomoción, pese a que éste Tribunal no cuenta con un acta o mandamiento de detención preventiva, debe presumirse que se encuentra con detención preventiva; y, 2) En cuanto a la rezón formal y legal que dispuso su detención preventiva, el accionante no le dijo al Tribunal que se encontraba con dicha medida por otro tipo penal dentro del mismo caso, porque no es posible vulnerar a un Tribunal de garantías como jurisdicción extraordinaria, pretendiendo que disponga la libertad de un ciudadano que se encuentra con detención preventiva por el delito de violación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Fiscal de Rechazo de 11 de agosto de 2021, por el cual el Fiscal de Materia, rechaza la denuncia y la actuación policial por el delito de rapto tipificado en el art. 313 del Código Penal (CP), siendo partes del proceso como denunciante Peter Janzen Driedgar y denunciados Klan Wiens Rempel, Peter Peters Harder y otros (fs. 3 a 4). II.2. Se tiene memorial de 25 de octubre de 2021, presentado por el Fiscal de Materia y hace conocer a la Jueza contralora de garantías del proceso que, las partes fueron legalmente notificadas con la Resolución de Rechazo e informa que ninguna de las partes presentó objeción a la misma (fs. 5); y, mediante decreto de la fecha antes señalada, acepta el rechazo de la denuncia presentada por el Ministerio Público y ordena que por Secretaria se proceda al archivo de obrados (fs. 5 vta.).
El accionante señala que el 17 de febrero de 2021, presentó una denuncia contra tres ciudadanos menonitas por el delito de desaparición forzosa de persona y el Subteniente que le tomo la denuncia al momento de poner a conocimiento del Ministerio Público, cambia el tipo penal a rapto. Posterior a esto el accionante de ser denunciante paso hacer denunciado dentro del proceso penal, por las declaraciones que vertieron las personas que él denunció por el rapto de su hija, es así que el 10 de agosto del citado año se fijó audiencia cautelar en la cual le dan detención preventiva y desde dicha fecha se encontraría detenido injustamente. Asimismo, señala que dentro del proceso que se le inició existe una Resolución de Rechazo de 25 de octubre de 2021, debiendo emitirse un mandamiento de libertad a su favor, violando de esta manera su derecho a la libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
De acuerdo a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, la misma señaló respecto a la acción de libertad y los motivos para presentarla lo siguiente: “Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario introducir el tema referido a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que de dicha esencia se podrá determinar la viabilidad o no de la presente demanda, labor que será cumplida a continuación. La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).
En el presente caso el accionante señala que el 17 de febrero de 2021, presentó una denuncia contra tres ciudadanos menonitas por el delito de desaparición forzosa de persona y el Subteniente que le tomo la denuncia al momento de poner a conocimiento del Ministerio Público, cambia el tipo penal al delito de rapto; posterior a esto el accionante quien era el denunciante paso a ser denunciado dentro del proceso penal, por las declaraciones que vertieron las personas que él denunció por el rapto de su hija menor de 17 años, es así que el 10 de agosto del citado año se fijó audiencia cautelar en la cual el Juez de la causa ordena su detención preventiva y señala que desde dicha fecha se encontraría detenido injustamente. Asimismo, indica que dentro del proceso que se le inició existe una Resolución de Rechazo de 25 de octubre de 2021, debiendo emitirse un mandamiento de libertad a su favor, violando de esta manera su derecho a la libertad.
Planteada la problemática y conforme a la Jurisprudencia Constitucional relativa a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y sus presupuestos de activación, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, se tiene que esta acción tutelar, consagrada en el art. 125 de la CPE, dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”, constituyendo como tal, un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida, para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, determinado los siguientes supuestos para su activación: a) La vida se encuentre en peligro; b) Exista persecución ilegal o indebida; c) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, d) Exista privación de libertad indebida, este precepto constitucional es concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que instituye su procedencia en su art. 47 ante los presupuestos referidos.
Dentro de la problemática que nos toca analizar, se tiene que el accionante refiere que esta privado de su libertad ilegalmente toda vez que existe en su contra una resolución por la cual se ordenó su detención preventiva, sin haber considerado que fue él quien presentó una denuncia por el delito de rapto de su hija menor de edad de 17 años y que al presente existe una Resolución de Rechazo de 25 de octubre de 2021 (Conclusión II.1.) entonces se debería emitir una orden de libertad a su favor; empero por informe del Fiscal de Materia -accionado-, señaló “…para no incurrir en error, señalar que el proceso se abre por el delito de rapto de una menor de edad, dicha denuncia se apertura contra el accionante y otros y dentro del proceso se realiza una entrevista psicológica a la víctima de 17 años, quien señala que ella escapó de su colonia porque supuestamente su padre -el accionante-habría procedido a violarla, es por tal motivo que se amplía la investigación por el delito de violación…”; con dicho informe se puede evidenciar que el accionante está detenido preventivamente por el delito de violación mismo que se encuentra con acusación fiscal y no como él señala que estaría ilegalmente detenido por el delito de rapto, puesto que por el delito de rapto fue rechazada la denuncia en contra suya y subsiste la acción penal por el delito de violación que avance hasta ser acusado por el Ministerio Público; consecuentemente, no existe rechazo ni sobreseimiento en su favor por este otro delito, por el cual aún esta privado de libertad. Por tanto no es evidente la lesión a su derecho a la libertad; es así que, no es viable se active la vía constitucional como en el presente caso, que el accionante aludiendo que existe una Resolución de Rechazo, debería ordenarse su libertad, porque no fue emitido el rechazo en su favor por el delito de violación, es así que interpuso esta acción de defensa para su cumplimiento; por lo que la Jueza demandada actuó de manera correcta y cumpliendo a cabalidad con el ordenamiento jurídico dentro del proceso penal que se presentó contra el ahora accionante, no corresponde la interposición de esta acción tutelar; lo que, determina se deniegue la tutela impetrada. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 14/22 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos que los manifestados por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0092_2025-S4.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 87b17485ec80f6e45feb58a56596ee756c988c2d255146dddd358f581dedaf87
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