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SCP 0092/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50085-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante en representación sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso e igualdad de las partes; puesto que, la Jueza ahora accionada no observó que: 1) La demandante en el proceso de asistencia familiar presentó el 17 de noviembre de 2021, Liquidación de Pensiones y el 2 de agosto de 2022, respondió el incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería, sin contar con poder expreso del beneficiario, quien alcanzó la mayoría de edad el 29 de septiembre de 2020; 2) El monto que adeudaría sería de Bs26 000.- y no bs26 500.-; 3) La demandante del proceso familiar de forma desleal hizo que le notificaran en un domicilio distinto al actual y que las posteriores notificaciones se realicen en Secretaría del juzgado; y, 4) En el Mandamiento de Apremio de 13 de abril de 2022 se dispuso directamente que podía ser ejecutado por cualquier autoridad hábil y no impedida, cuando conforme establece el art. 105.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) debió expedirse el primer mandamiento para que sea ejecutado por el Oficial de Diligencias del juzgado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0092/2025-S1 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50085-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Edwin Churata Cuevas en representación sin mandato de José Luis Yáñez Cortez contra Irene Isabel Oblitas Aguirre, Jueza Pública de Familia Tercera de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante en representación sin mandato, por memorial presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 33, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 29 de abril de 2016, en el proceso de asistencia familiar que sigue en su contra Luisa Rosa Mamani Castro -demandante-, llegaron a un acuerdo conciliatorio, en el que se determinó que suministraría Bs500.- (quinientos bolivianos) por concepto de asistencia familiar en favor de su hijo menor de edad AA. El 1 de noviembre de 2021 la demandante solicitó se pusiera a la vista su expediente, sin que se le notificara sobre dicho desarchivo, conforme establece la SCP 0015/2015-S1 de 29 de enero; no obstante, el 17 de noviembre de dicho año presentó memorial de Liquidación de Pensiones del 13 de julio de 2017 -ultima liquidación- al 13 de noviembre de 2021, sin contar con poder expreso del beneficiario, quien adquirió capacidad plena el 29 de septiembre de 2020, al cumplir en esa fecha dieciocho años de edad; por lo tanto, su madre perdió la titularidad en el proceso de asistencia familiar; por consiguiente, todo lo realizado por la nombrada es nulo;

asimismo, el supuesto monto que adeuda sería de Bs26 500.- (veintiséis mil quinientos bolivianos); sin embargo, cincuenta y dos meses multiplicado por Bs500 (quinientos bolivianos) genera la cifra de Bs26 000.- (veintiséis mil bolivianos), extremos que no fueron observados al momento de emitir mandamiento de apremio. Ahora bien, por decreto de 19 de noviembre de 2021, la Jueza ahora accionada dispuso que la liquidación de asistencia familiar se le notifique en su domicilio real; empero, la demandante de forma desleal, faltando a la verdad y vulnerando su derecho a poder defenderse hizo que le notificaran en un domicilio distinto a su domicilio actual, ubicado en la Urbanización German Busch 1-1-3, calle Fabián Vaca Chávez 2044, manzano 2, lote 7, del cual tenía pleno conocimiento; debido a que, todo el tiempo mantuvo contacto con su hijo menor de edad AA; asimismo, hizo conocer dicho domicilio a la Jueza hoy accionada al formular su incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería. Asimismo, las posteriores notificaciones con los memoriales de solicita aprobación, la aprobación de la liquidación de asistencia familiar, el memorial de “fs. 52” y el Auto de “fs. 53”, se le notificó en Secretaría del juzgado; por lo que, desde “fs. 45” no tuvo conocimiento de ningún actuado procesal causándole estado de indefensión. Es ese entendido, el 21 de julio de 2022 formuló incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería, mismo que fue respondido el 2 de agosto de igual año, por Luisa Rosa Mamani Castro -demandante-, sin adjuntar poder que le permita responder el citado incidente; siendo que, el beneficiario como ya se refirió adquirió capacidad plena el 29 de septiembre de 2020; por lo que, el mismo debió apersonarse y responder el señalado incidente u otorgar poder expreso; empero, la Jueza ahora accionada sin considerar lo mencionado emitió la “Resolución” -Auto Interlocutorio-755/2022 de 10 de agosto, donde manifestó que no refirió de forma concreta, clara, ni precisa la existencia de perjuicio que le causó el acto impugnado, cuando señaló que se encuentra privado de su libertad; puesto que, reconoció que la liquidación de asistencia familiar no fue practicada conforme a los datos del proceso; puesto que, se debió realizar la liquidación del 13 de julio de 2017 al 28 de septiembre de 2020, a razón de Bs500; por lo que, adeudaría Bs19 250.- (diecinueve mil doscientos cincuenta bolivianos); no obstante, la Jueza ahora accionada emitió mandamiento de apremio por bs26 500.-, mandamiento que dispuso; además, que sea ejecutado por cualquier autoridad hábil y no impedida del Estado Plurinacional de Bolivia, con facultades de allanamiento y ruptura de chapas, cuando conforme establece el art. 105.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), debía expedir el primer mandamiento para que sea ejecutado por el Oficial de Diligencias de ese despacho; encontrándose actualmente recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante en representación sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso e igualdad de las partes; citando al efecto los arts. 115.I y II, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se restituya su libertad; y, b) Se determine responsabilidad contra la Jueza hoy accionada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) La progenitora del beneficiario de la asistencia familiar tenía capacidad para representar al nombrado hasta el 29 de septiembre de 2020, fecha en la cual era aún menor de edad; 2) El beneficiario de la asistencia familiar presentó apersonamiento mediante memorial con una fotocopia de su cédula de identidad; empero, su firma no concuerda en ambos documentos, y no existe un apersonamiento de forma personal; y, 3) El art. 46 del Código Procesal Civil (CPC) refiere que nadie podrá pretender asumir representación de una persona sin mandato, salvo casos específicos; puesto que, el presente caso es personalísimo.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Irene Isabel Oblitas Aguirre, Jueza Pública de Familia Tercera de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 38 a 40 vta., manifestó que: i) En cumplimiento al art. 442 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- y con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa del accionante, para que cumpla con la obligación acordada, por decreto de 19 de noviembre de 2021 se determinó que el obligado -accionante- sea notificado en su domicilio real que fue señalado por el nombrado en su memorial de 20 de abril de 2016, ubicado en la calle E. Nery 3164, zona Villa Ballivian; por lo que, no puede aducir indefensión; puesto que, era su obligación hacer conocer a la autoridad judicial su nuevo domicilio; ii) Conforme el art. 314.I del CFPF, todas las notificaciones posteriores a la notificación con la liquidación de asistencia familiar, como la aprobación y de emisión de mandamiento de apremio deben ser practicadas en Secretaría del juzgado; por lo que, tampoco existe indefensión; iii) La demandante presentó liquidación de asistencia familiar desde el 13 de julio de 2017 al 13 de noviembre de 2021 por el monto de Bs26 500.- con el cual se emitió el mandamiento de apremio; ahora bien, el accionante refiere que se emitió liquidación de asistencia familiar sin poder expreso, al respecto es evidente que el beneficiario cumplió la mayoría de edad el 29 de septiembre de 2020; empero, la demandante tenía toda la facultad de practicar la liquidación por mensualidades devengadas hasta el 28 de igual mes y año, cuando el beneficiario era aún menor de edad y el obligado -accionante-tenía el deber de pagar la asistencia familiar por mensualidades vencidas y ante el incumplimiento del mismo la parte actora tenía la facultad de exigir que se cumpla; iv) El accionante no demostró cumplir el pago de la asistencia familiar devengada hasta el 28 de septiembre de 2020, por “Resolución” -Auto Interlocutorio- 755/2022 se redujo el monto total adeudado de Bs26 500.- a Bs19 250.- (diecinueve mil doscientos cincuenta bolivianos) practicada desde el 13 de julio de 2017 al 28 de septiembre de 2020, determinación que fue puesta a conocimiento de ambas partes y del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, v) De lo expuesto, demostró que actuó en apego a la ley, velando por el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 60 a 62 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los actuados procesales no se advierte que el accionante interpuso algún mecanismo que la ley le franquea, si cree que sus derechos fueron vulnerados de alguna manera con las disposiciones judiciales que emitió la Jueza ahora accionada; b) Tampoco es evidente que se dejó al accionante en estado de indefensión; puesto que, de la revisión de antecedentes se tiene que el mismo intervino dentro del proceso de asistencia familiar de manera activa al presentar su respuesta a la demanda de divorcio y de asistencia familiar, se le notificó de forma personal e incluso planteó incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería y sobre el cual la Jueza hoy accionada ya emitió resolución, que fue puesta a conocimiento del accionante, y no fue recurrida en grado de apelación incidental, convalidando todos los actos si existiere cualquier tipo de defecto en la forma como en el fondo en el trámite de la asistencia familiar, así lo razona la SCP 592/2020-S2 de 23 de octubre; c) No se vulneró el derecho al debido proceso, más aún cuando es una obligación que tienen los progenitores el de proveer asistencia familiar para vestimenta, vivienda y recreación en favor de sus hijos; y, d) Por lo que, se encuentra impedida de poder pronunciarse sobre el fondo de lo denunciado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, ante el Juzgado Público de Familia Tercero de El Alto del departamento de La Paz, Luisa Rosa Mamani Castro presentó Liquidación de Pensiones por la suma líquida y exigible de Bs26 500.- (fs. 4); mereciendo en respuesta el decreto de 19 de ese mes y año, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Primero de El Alto del departamento de La Paz -en suplencia legal-, quien dispuso que la referida Liquidación pase a conocimiento de José Luis Yáñez Cortez -hoy accionante- en su domicilio real (fs. 5). II.2. A través del memorial presentado el 18 de marzo de 2022, Luisa Rosa Mamani Castro solicitó se expida mandamiento de apremio por el monto de Bs26 500.- (fs. 8); es así que, Irene Isabel Oblitas Aguirre, Jueza Pública de Familia Tercera de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionada-, por decreto de 22 de igual mes y año, señaló que el obligado -accionante- no canceló la totalidad de la asistencia familiar devengada; por lo que, dispuso se expida mandamiento de apremio contra el nombrado hasta que cancele el monto de Bs26 500.-, debiendo ser conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 9); decreto que fue notificado al accionante el 28 de marzo de 2022 en Secretaria del Juzgado (fs. 10). II.3. Cursa Mandamiento de Apremio de 13 de abril de 2022, emitido por la Jueza ahora accionada, por el cual ordenó a cualquier autoridad hábil y no impedida del Estado Plurinacional de Bolivia, con facultad de allanamiento y ruptura de chapas, proceda al apremio del accionante para ser conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hasta que cancele el monto de Bs26 500.- que adeudó por concepto de Asistencia Familiar; puesto que, así se tiene ordenado por Auto de 22 de marzo del citado año (fs. 11). II.4. Mediante memorial presentado el 21 de julio de 2022, ante el Juzgado Público de Familia Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante planteó incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería (fs. 12 a 15 vta.), respondido dicho incidente el 2 de agosto de 2022 por Luisa Rosa Mamani Castro (fs. 17 a 20); siendo resuelto por la Jueza hoy accionada a través del Auto Interlocutorio 755/2022 de 10 de agosto, rechazando el señalado incidente de nulidad; sin embargo, al emitirse mandamiento de apremio por un monto que no correspondía, dispuso que se expida nuevo mandamiento de apremio por el monto de Bs19 250.- y con la finalidad del cumplimiento de dicha disposición ordenó que se ponga a conocimiento del Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y se notifique a las partes procesales en el día (fs. 21 a 26). II.5. Cursa Mandamiento de Apremio de 11 de agosto de 2022, emitido por la Jueza ahora accionada, ordenando que se proceda al apremio del accionante para que permanezca en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz hasta que cancele el monto de Bs19 250.- que adeuda por concepto de asistencia familiar; puesto que, así se tiene ordenado por el Auto Interlocutorio 755/2022, haciendo conocer que el obligado -accionante- se encuentra recluido en el citado Centro Penitenciario en cumplimiento a lo determinado en el Mandamiento de Apremio de 13 de abril del citado año, ejecutado el 28 de ese mes y año (fs. 59).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante en representación sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso e igualdad de las partes; puesto que, la Jueza ahora accionada no observó que: 1) La demandante en el proceso de asistencia familiar presentó el 17 de noviembre de 2021, Liquidación de Pensiones y el 2 de agosto de 2022, respondió el incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería, sin contar con poder expreso del beneficiario, quien alcanzó la mayoría de edad el 29 de septiembre de 2020; 2) El monto que adeudaría sería de Bs26 000.- y no bs26 500.-; 3) La demandante del proceso familiar de forma desleal hizo que le notificaran en un domicilio distinto al actual y que las posteriores notificaciones se realicen en Secretaría del juzgado; y, 4) En el Mandamiento de Apremio de 13 de abril de 2022 se dispuso directamente que podía ser ejecutado por cualquier autoridad hábil y no impedida, cuando conforme establece el art. 105.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) debió expedirse el primer mandamiento para que sea ejecutado por el Oficial de Diligencias del juzgado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SCP 0531/2019-S2 de 15 de julio, dispuso que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:

…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante en representación sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso e igualdad de las partes; puesto que, la Jueza ahora accionada no observó que: i) La demandante en el proceso de asistencia familiar presentó el 17 de noviembre de 2021, Liquidación de Pensiones y el 2 de agosto de 2022, respondió el incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería, sin contar con poder expreso del beneficiario, quien alcanzó la mayoría de edad el 29 de septiembre de 2020; ii) El monto que adeudaría sería de Bs26 000.- y no bs26 500.-; iii) La demandante del proceso familiar de forma desleal hizo que le notificaran en un domicilio distinto al actual y que las posteriores notificaciones se realicen en Secretaría del juzgado; y, iv) En el Mandamiento de Apremio de 13 de abril de 2022 se dispuso directamente que podía ser ejecutado por cualquier autoridad hábil y no impedida, cuando conforme establece el art. 105.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) debió expedirse el primer mandamiento para que sea ejecutado por el Oficial de Diligencias del juzgado.

De de la revisión de antecedentes, se tiene que por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021 ante el Juzgado Público de Familia Tercero de El Alto del departamento de La Paz, Luisa Rosa Mamani Castro -demandante- en el proceso de asistencia familiar que se sigue contra el accionante presentó Liquidación de Pensiones por la suma líquida y exigible de Bs26 500.-; mereciendo en respuesta el decreto de 19 de ese mes y año emitido por el Juez en suplencia legal, disponiendo que pase al conocimiento del obligado -accionante- en su domicilio real (Conclusión II.1.); y toda vez que el obligado no canceló la totalidad de la asistencia familiar devengada, mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2022, la antes nombrada solicitó se expida mandamiento de apremio por el monto de Bs26 500.-; por lo que, la Jueza ahora accionada por decreto de 22 de igual mes y año, dispuso se expida mandamiento de apremio contra el accionante hasta que cancele el monto de Bs26 500.- debiendo ser conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, decreto que fue notificado al accionante el 28 de marzo de 2022 en Secretaría del Juzgado (Conclusión II.2.); esa así que, el 13 de abril de 2022 la Jueza hoy accionada emitió Mandamiento de Apremio, por el cual ordenó a cualquier autoridad hábil y no impedida del Estado Plurinacional de Bolivia, con facultad de allanamiento y ruptura de chapas, proceda al apremio del accionante y sea conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz hasta que cancele el monto de Bs26 500.- que adeudó por asistencia familiar; puesto que, así se tiene ordenado por Auto de 22 de marzo del citado año (Conclusión II.3).

Posteriormente, a través del memorial presentado el 21 de julio de 2022, ante el Juzgado Público de Familia Tercero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante planteó incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería, respondido dicho incidente el 2 de agosto de 2022 por Luisa Rosa Mamani Castro, siendo resuelto por la Jueza ahora accionada a través del Auto Interlocutorio 755/2022 de 10 de agosto, rechazando el señalado incidente de nulidad; sin embargo, emitirse mandamiento de apremio por un monto que no correspondía, dispuso que se expida nuevo mandamiento de apremio por la suma de Bs19 250.- y con la finalidad del cumplimiento de dicha disposición ordenó que se ponga a conocimiento del Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y se notifique a las partes en el día (Conclusión II.4.); por lo que, se emitió nuevo Mandamiento de Apremio el 11 de agosto de dicho año, ordenando que se proceda al apremio del accionante para que permanezca en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz hasta que cancele el monto de Bs19 250.- que adeuda por concepto de asistencia familiar; puesto que, así se tiene ordenado por Auto Interlocutorio 755/2022, haciendo conocer que el obligado -accionante- se encuentra recluido en el citado Centro en cumplimiento a lo determinado en el Mandamiento de Apremio de 13 de abril del citado año, ejecutado el 28 de ese mes y año (Conclusión II.5.).

Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad es aplicable en caso de estar disponibles mecanismos intraprocesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para la reclamación de los derechos del accionante; debido a que, éstos deben ser utilizados previamente; puesto que, la acción de libertad procede únicamente en caso de no restituirse los derechos afectados, a pesar de agotarse las referidas vías en la jurisdicción ordinaria.

El accionante identificó como actos generadores para la emisión del Mandamiento de Apremio de 13 de abril de 2022 en su contra y por lo tanto, vulneratorios a sus derechos a la libertad y al debido proceso que: a) La demandante presentó memorial de Liquidación de Pensiones el 17 de noviembre de 2021, sin contar con poder expreso del beneficiario, quien cumplió su mayoría de edad el 29 de septiembre de 2020; de igual forma, el 2 de agosto de 2022 respondió el incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería que interpuso; b) El monto que adeudaría sería de Bs26 000.- y no Bs26 500.-; c) La demandante de forma desleal hizo que le notificaran en un domicilio distinto al actual y que las posteriores notificaciones se realicen en Secretaría del juzgado; y, d) En el mandamiento de apremio se dispuso que directamente podía ser ejecutado por cualquier autoridad hábil y no impedida, cuando conforme establece el art. 105.2 de la Ley 025, debía expedirse el primer mandamiento para que sea ejecutado por el Oficial de Diligencias del juzgado, extremos que se denuncia no fueron observados por la Jueza ahora accionada. En ese entendido, se evidencia que los tres primeros actos fueron parte del incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería, formulado el 21 de julio de 2022 por el accionante ante la Jueza hoy accionada, siendo que en el contenido de dicho incidente, cuestionó expresamente que: 1) El Oficial de Diligencias no le notificó de forma personal con la liquidación de asistencia familiar ni con el desarchivo de obrados, se limitó a notificar por cédula con testigo de actuación en un domicilio donde no vivía, zona Ballivian, calle E. Nery 3164, cuando conforme el certificado emitido el 11 de abril de dicho año por la junta vecinal Germán Bush 1-1-3 claramente se refiere que su persona vive en la Urbanización Germán Busch 1-1-3, calle Fabian Vaca Chávez 2044, manzano 2, lote 7, desde el 20 de octubre de 2020, domicilio del que tenía pleno conocimiento la parte actora; 2) Luisa Rosa Mamani Castro madre del beneficiario no tenía poder expreso del mencionado, cuando presentó memorial de Liquidación de Pensiones el 17 de noviembre de 2021, al ser posterior a la fecha en la que el beneficiario cumplió 18 años, quien adquirió capacidad plena el 29 de septiembre de 2020; 3) Se presentó Liquidación de Pensiones a partir de 13 de julio de 2017 hasta el 13 de noviembre de 2021, siendo el tiempo adeudado cincuenta y tres meses a razón de Bs500.-, se estableció el supuesto monto de Bs26 500.-, cuando el tiempo adeudado es de cincuenta y dos meses en razón de Bs500.- se tiene un monto adeudado de Bs26 000.- siendo ese el monto correcto.

Aspectos que fueron considerados por la Jueza ahora accionada al momento emitir el Auto Interlocutorio 755/2022, al pronunciarse sobre las notificaciones, ante la mayoría de edad del beneficiario y el monto adeudado, resolviendo el rechazó del incidente de Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería; sin embargo, dispuso que se expida nuevo mandamiento de apremio por la suma de Bs19 250.- al emitirse anteriormente mandamiento de apremio por un monto que no correspondía, determinación contra la que, al no encontrarse de acuerdo el accionante, debió conforme dispone el art. 368 del CFPF formular recurso de reposición incluso con alternativa de apelación, al ser la resolución emitida un auto interlocutorio (fs. 21), así lo dispone el citado artículo, al señalar que: “El recurso de reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios, para que la autoridad judicial que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto. Procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”, constituyéndose ese en el medio más idóneo para impugnar los supuestos actos ilegales cometidos por la Jueza ahora accionada en la emisión de Auto Interlocutorio 755/2022.

Asimismo, se evidencia que el último acto generador identificado por el accionante, para la emisión del mandamiento de apremio en su contra, que observa a quien se ordenó la ejecución del citado mandamiento, pudo ser reclamo ante la autoridad judicial a cargo de su proceso, conjuntamente con los otros actos; ya que, el Mandamiento de Apremio fue emitido el 13 de abril de 2022 y ejecutado el 18 de ese mes y año, antes que el accionante presente el incidente Nulidad de Obrados por Excepción de Incapacidad o Impersonería -21 de julio de 2022-, para que así, la autoridad ordinaria tuviera la oportunidad de pronunciarse al respecto; en ese entendido, en ese caso como lo expuesto en el párrafo anterior, el accionante contaba con los medios legales ordinarios para reclamar lo que observa en esta acción de defensa, antes de acudir a la jurisdicción constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0092_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4e80e05c0194e7c5cbe9f741447d6150c28cef29f3c921f071808cf5fb831a57

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