B.IA.LEGAL

SCP 0092/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de abril de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
61835-2024-124-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La empresa accionante a través de su representación legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; puesto que, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales seguido en su contra, los Magistrados hoy accionados al emitir el AS 490 de 20 de octubre de 2023, no se pronunciaron en el fondo sobre cuestiones que conciernen al incidente de nulidad de citación con la demanda presentada en el desarrollo del proceso, a pesar de haberse desarrollado los agravios formulados en el recurso de casación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 vta. a 212 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1) CONCEDER la tutela solicitada, por IMPORCAST S.R.L., representado legalmente por Fabiola Mercedes Castro Pinto Justiniano y Germán Castro Pinto Salvago, en cuyo mérito: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 490 de 20 de octubre de 2023, pronunciada por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, debiendo emitir nuevo auto supremo, pronunciándose sobre los agravios formulados en el recurso de casación y específicamente a los aspectos precisados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0092/2024-S3 Sucre, 18 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 61835-2024-124-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 27/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 vta. a 212 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fabiola Mercedes Castro Pinto Justiniano y Germán Castro Pinto Salvago en representación legal de la empresa IMPORCAST Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La empresa accionante a través de su representación legal por memorial presentado el 5 de febrero de 2024, cursante de fs. 128 a 137, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales seguido por Francisco Federico Gallardo Ruiz -hoy tercero interesado- contra la empresa accionante, substanciado en el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la Capital del departamento de Tarija, en el cual se procedió a citar con la demanda laboral, en un domicilio que no pertenecía a la referida empresa ni a sus representantes legales; puesto que, se practicó “…en oficinas temporales que la sociedad tenía en la ciudad de Tarija, y que ya no funcionaban como tal…” (sic); ya que, el encargado -tercero interesado- había renunciado; por lo que, la empresa accionante se encontraba en un periodo de saneamiento financiero debido a irregularidades detectadas en la auditoría financiera, logrando que no conteste la mencionada demanda y se declare su rebeldía en el citado proceso, generándole indefensión; por lo que, no pudo contestar dicha demanda, ni ofrecer pruebas de descargo; a pesar que el hoy tercero interesado tenía conocimiento que la sede de la empresa accionante se encontraba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y cuyos representantes también tienen su domicilio en la misma ciudad; puesto que, en ese domicilio se procedió a la entrega de cartas notariadas. En la Sentencia 153/2022 de 8 de noviembre, dictada por la Jueza de la causa, mencionó que, citada legalmente la parte demandada -empresa accionante-, no contestó; por lo que, lo declaró rebelde; aludiendo a un proceso administrativo en el “Ministerio de Trabajo”, donde la parte denunciada -empresa accionante-, no se presentó, indicando que su domicilio se encontraba en la ciudad de Santa Cruz; la referida Jueza, no efectuó una revisión de los documentos adjuntados a la demanda laboral, en los cuales ya se establecía que el domicilio de la empresa demandada -accionante- se encontraba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y no en Tarija, aspecto esencial para que se practique la citación con la demanda laboral y garantizar el derecho a la defensa. En etapa de impugnación del proceso laboral, fue presentado el recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 88/2023 de 17 de abril, que confirmó totalmente la Sentencia 153/2022. Posteriormente se Interpuso recurso de casación, que mereció el Auto Supremo (AS) 490 de 20 de octubre de 2023, emitido por los Magistrados ahora accionados, que declararon infundado el referido recurso, carente de congruencia, exhaustividad y fundamentación. En el desarrollo del proceso laboral, se reclamó y solicitó de manera reiterada y persistente la restitución de sus derechos y garantías procesales; empero, los Magistrados hoy accionados no le restituyeron dichos derechos.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La empresa accionante a través de su representación legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se anule el AS 490 de 20 de octubre de 2023, pronunciado por los Magistrados ahora accionados; y, b) Se pronuncie nuevo auto supremo, casando las resoluciones impugnadas y disponga la nulidad de obrados hasta la citación con la demanda laboral y auto de admisión inclusive.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 9 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 200 a 209, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La empresa accionante a través de su representación legal y abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) La citación con la demanda laboral, fue recibida por una persona que ejercía un cargo transitorio de muy bajo rango y no así administrativa, menos ejecutiva; es decir, que pudieron dejarle dicha citación a la “barrendera”, portero y según la parte demandante -hoy tercero interesado- ya hubiese cumplido con la formalidad de la citación, cuando la norma establece que el referido actuado procesal debe ser presentado ante un administrador, un ejecutivo, un representante legal, hecho que evidentemente no sucedió; 2) La declaratoria de rebeldía en un proceso, tiene sus consecuencias; empero, en materia laboral constituye una sentencia porque da por cierto todos los hechos afirmados por el demandante en su demanda, por la aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba al que está sometido el proceso laboral, generando una brutal asimetría en favor del demandante; y, 3) Estos aspectos relacionados con la verificación del domicilio, a objeto de que en aquel se practique la citación, y en el caso en el domicilio del demandado -empresa accionante- en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y no en Tarija; lo cual fue ignorado por la Jueza de la causa y también por los Tribunales de segunda instancia y casación, a pesar de haberse incluido los agravios formulados en los recursos de apelación y casación, declarando sencillamente los fundamentos, infundados por los Magistrados ahora accionados al emitir el AS 490.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitieron informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 184, a tal efecto por memorial de 8 de febrero de 2024, -de aclaración- Cesar Camargo Alfaro, Secretario de la referida Sala, cursante a fs. 198 y vta., refirió que por la reconformación de Salas en ese Tribunal, el Magistrado José Antonio Revilla ya no formaba parte de dicha Sala y Esteban Miranda Terán, renunció públicamente al cargo de Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el 10 de enero de 2024.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Francisco Federico Gallardo Ruiz, en audiencia y a través de su abogado, manifestó que: i) En la acción de amparo constitucional, la empresa accionante no explica con exactitud en que momento sus derechos fueron violentados, denota que intenta anular toda la tramitación de un proceso que fue llevado a cabalidad en cumplimiento a normas procesales; ii) Pretenden que la jurisdicción constitucional resuelva los hechos que ya fueron dilucidados en la vía ordinaria, con resoluciones que cuentan con calidad de cosa juzgada, para que nuevamente se resuelva la problemática, con los mismos argumentos, tomando en cuenta que el último certificado del 6 de febrero de 2024, emitido por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) establece que el domicilio de la Sucursal de Tarija de IMPORTCAST S.R.L., se encuentra ubicada en la Av. Circunvalación y la calle Suipacha; además, las hojas membretadas en las que la empresa accionante remite notas a sus deudores de fierro es en la ciudad de Tarija, que consigna la referida dirección; iii) El incidente de nulidad de citación con la demanda laboral, fue tramitado y resuelto por la Jueza de la causa, con su rechazo mediante Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2021, contra dicho Auto fue presentado el recurso de apelación por la empresa accionante, el mismo que fue substanciado y resuelto mediante Auto de Vista 108/2021 de 27 de mayo, que confirmó la “resolución apelada” y notificado el 7 de junio de 2021 a la empresa accionante; por lo que, ese último fallo fue el que dilucidó la cuestión de la nulidad de citación con la demanda laboral solicitada por la empresa accionante, entonces, ese es el Auto de Vista que debió ser objeto de la acción de amparo constitucional; empero, no lo fue, habiendo transcurrido más de los seis meses, incurriendo en incumplimiento del principio de inmediatez; iv) En sus recursos de apelación y casación, la empresa hoy accionante continuó reclamando la nulidad de citación, cuando la misma ya fue resuelta mediante Auto de Vista 108/2021 y se encuentra ejecutoriada, en ese entendido el Tribunal de segunda instancia contra la Sentencia 153/2022, ya se pronunció indicando que no se puede emitir nuevo pronunciamiento sobre el tema resuelto, aspecto que fue ratificado por el AS 490 de 20 de octubre de 2023; y, v) En el inesperado caso de que las autoridades judiciales decidan entrar en el fondo de la cuestión planteada en la acción de amparo constitucional, por la supuesta vulneración de derechos fundamentales, las mismas no existen, ya que las flagrantes vulneraciones fueron cometidas por la empresa accionante contra el ahora tercero interesado, porque jamás fue registrado en la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP), tampoco fue afiliado en la “Caja de Salud” para que pueda contar con una vejez digna, ahora que es una persona de la tercera edad. Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 27/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 vta. a 212 vta., concedió la tutela solicitada; en consecuencia, se deje sin efecto el AS 490 de 20 de octubre de 2023, dictado por los Magistrados hoy accionados y como efecto se ordene la emisión de nuevo auto supremo debidamente fundamentado y congruente, conforme lo expresado en la audiencia, todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) Al verificar el AS 490, en la que hizo referencia al recurso de casación de la empresa accionante referente a aspectos concernientes al incidente de citación con la demanda laboral, sobre el particular los Magistrados ahora accionados dieron una respuesta señalando que no pueden volver a tocar el tema vinculado a una supuesta indebida citación con la demanda porque dicho “…tema ya había sido resuelto con anterioridad a la sentencia mediante un Auto de Vista; es decir, que ya se encuentra dilucidado y ya se encuentra ejecutoriado” (sic); b) El Vocal de esa Sala Constitucional, siempre pensó que el domicilio donde debió citarse, era el que se tenía señalado en los registros públicos, la cédula de identidad, y para personas jurídicas, el que señalaba en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA); empero, ese criterio ya lo revocaron mediante SCP 0300/2020-S2 de 4 de agosto; puesto que, el Tribunal Constitucional Plurinacional optó por ir a una verdad material que individualiza y da certeza del domicilio y la recepción de la notificación, frente a la verdad formal que se consigna en los registros; y, c) Si la empresa accionante, reclamó de manera constante la indebida citación con la demanda laboral, la falta de respuesta respecto a ese aspecto, con la excusa de haberse resuelto en un anterior Auto de Vista que se encuentra ejecutoriado, demuestra la vulneración del derecho al debido proceso de la empresa accionante, porque puede darse situaciones diferentes como en el caso de autos, cuyo representante legal en la ciudad de Tarija -el tercero interesado- había renunciado, presentando su carta en el domicilio de IMPORCAST S.R.L. en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entonces porqué citar a los representantes de la empresa accionante en la ciudad de Tarija, con una demanda de quien era su representante legal en Tarija, quien presentó su carta de renuncia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, esos aspectos les dejaron más sombras que luces, no les dio un convencimiento de que se aplicó la ley, y que no había otra forma de resolución del problema; puesto que, fue fácil concluir que el tema que se encuentra ejecutoriado y no hablarse más, sin que haya la certeza de que no había otra forma de resolución de ese asunto, en ese entendido en el marco del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, los Magistrados ahora accionados debieron pronunciarse sobre ese extremo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 1 de marzo de 2024, cursante a fs. 216, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución con la finalidad de requerir documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 12 de abril de igual año, cursante a fs. 224; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 153/2022 de 8 de noviembre, emitido por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segunda de la Capital del departamento de Tarija, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales seguido por Francisco Federico Gallardo Ruiz -ahora tercero interesado- contra IMPORCAST S.R.L. -hoy accionante-, por el cual declaró probada la demanda; en consecuencia, ordenó a la Empresa accionante el pago de Bs706 616,7.-(setecientos seis mil seiscientos dieciséis 07/100 bolivianos) más la multa del 30% y demás actualizaciones de ley, aplicables en ejecución de sentencia, en favor del hoy tercero interesado (fs. 72 a 79 vta.). II.2. Consta Auto de Vista 88/2023 de 17 de abril, emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por el cual “…CONFIRMA TOTALMENTE la Sentencia N°152/2022 de fecha 08 de noviembre de 2022” (sic) -siendo lo correcto Sentencia 153/2022 de 8 de noviembre- con costas y costos para el apelante por el cual declaró probada la demanda (fs. 96 y 102). II.3. Mediante memorial presentado el 11 de julio de 2023, la Empresa demandada -hoy accionante-, presentó recurso de casación en la forma, formulando agravios, entre otros, que conciernen al incidente de nulidad de citación con la demanda expresa y en cuyo petitorio solicitó al Tribunal de casación se emita el auto supremo “…anulando obrados hasta fs. 558 inclusive, con responsabilidad al Tribunal inferior…” (sic [fs. 104 a 111]); el cual fue resuelto mediante AS 490 de 20 de octubre de 2023, pronunciado por Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, mediante el cual declararon Infundado el recurso de casación en la forma y con costas (fs. 121 vta. a 124).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La empresa accionante a través de su representación legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; puesto que, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales seguido en su contra, los Magistrados hoy accionados al emitir el AS 490 de 20 de octubre de 2023, no se pronunciaron en el fondo sobre cuestiones que conciernen al incidente de nulidad de citación con la demanda presentada en el desarrollo del proceso, a pesar de haberse desarrollado los agravios formulados en el recurso de casación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…” (las negrillas son añadidas).

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). 2 Respecto al debido proceso como garantía, el art. 117.I, de la CPE establece: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (las negrillas fueron añadidas). 3 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 180.I de la CPE, establece:

“I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley” (las negrillas nos pertenecen). 4 El carácter tridimensional del debido proceso fue referido en la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 0902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros. 5 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue referido en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otros. 6 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros. 7 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

Configuración que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos fundamentales, previsto por el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo; puesto que, el derecho al debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- o entidad privada que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier actividad decisoria que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento recogido en la jurisprudencia constitucional; en ese contexto, corresponde señalar que el principio, derecho y garantía general del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente; sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos y obligaciones. Ahora bien, en cuanto a la motivación y congruencia de las decisiones como elementos constitutivos de la garantía general del debido proceso -precisados en líneas precedentes-, se encuentran vinculados directa e insoslayablemente a las resoluciones en general. Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia constitucional ha razonado que, de la inobservancia de este principio puede derivar la emisión de una resolución ultra petita, más allá de lo pedido por la parte; una resolución extra petita, algo diferente a lo solicitado; o, una resolución infra o citra petita, otorgando menos de lo pedido; es decir, el cumplimiento de este principio, en cuanto a la correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, configura en la esfera procesal la coherencia externa; y la observancia de este principio, también implica la concordancia del fallo, en cuanto a la correspondencia entre cada una de las partes de la resolución, lo que configura su coherencia interna. En cuando a las resoluciones de segunda instancia, implica que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada, una resolución que no tenga coherencia o congruencia, será arbitraria, por lo que puede concluirse que el principio de congruencia impone un límite al poder discrecional del juzgador, delimita o condiciona la acción del juzgador respecto al pronunciamiento de la resolución. En esa comprensión, corresponde señalar que la motivación, en el ámbito normativo procesal constitucional se encuentra fijado como un principio procesal de la justicia constitucional, entendida como los fundamentos y razonamientos que deben ser de fácil comprensión para las partes y la población en general. El desarrollo de la jurisprudencia constitucional ha establecido que la motivación alude a las razones en que se funda la decisión de la 9 En el sentido señalado la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, SCP 0335/2023-S1 de 28 de abril, entre otros. 10 El principio de congruencia como elemento constitutivo de la garantía general del debido proceso se encuentra sistematizado en la SCP 0794/2018-S2 de 3 de diciembre, entre otros. 11 La SCP 0049/2013 de 11 de enero, señala: “El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo”. 12 El art. 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece los principios procesales constitucionales de la justicia constitucional en los siguientes términos: “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional así como las Juezas, los Jueces y Tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios:

1. Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional. 2. Dirección del Proceso. Por el que deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios. 3. Impulso de Oficio. Por el que las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes. 4. Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación. 5. No Formalismo. Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. 6. Concentración. En el proceso constitucional debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles. 7. Motivación. Que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma jurídicamente razonable. 8. Comprensión Efectiva. Por el cual, en toda resolución, los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la población en general”.

autoridad, de tal manera que, mediante su análisis, sea posible constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; empero, no supone que las decisiones tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; se tendrá por satisfecho aun cuando de manera breve; empero, concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron a la autoridad a tomar tal decisión, de modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico. Cuando se omite la motivación en las resoluciones, se asume una decisión de hecho, no de derecho, se suprime la facultad que las partes tienen de conocer las razones de la decisión, la razones para declarar en tal o cual sentido, además, se suprime una parte estructural de la resolución. Este diseño jurisprudencial respecto a las resoluciones, tiene las siguientes finalidades: 1) El sometimiento a la Constitución; 2) El convencimiento de las partes que la resolución en cuestión, observa los principios de razonabilidad, congruencia e interdicción de la arbitrariedad; 3) La posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores a través de recursos o medios de impugnación; y, 4) El control de la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.

13 La SCP 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación señala: “…se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (las negrillas y subrayados son añadidas), citado por la SC 0899/2010-R de 10 de agosto, SCP 0500/2015-S1 de 18 de mayo, SCP 0064/2017-S1 de 15 de febrero, SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras. 14 Respecto a la ausencia de motivación, la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, expreso: “…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (las negrillas son añadidas), citada por la SC 0752/2002-R de 25 de junio, SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, entre otras. 15 Las finalidades de una resolución motivada, se encuentran ampliamente explicadas en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional resalta que toda resolución debe ser expresa, clara, precisa, positiva, motivada y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva. En resumen, una resolución será arbitraria cuando sea carente, sea arbitraria o sea insuficiente de motivación; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

III.2. Análisis del caso concreto

La empresa accionante a través de su representación legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; puesto que, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales seguido en su contra, los Magistrados hoy accionados al emitir el AS 490 de 20 de octubre de 2023, no se pronunciaron en el fondo sobre cuestiones que conciernen al incidente de nulidad de citación con la demanda presentada en el desarrollo del proceso, a pesar de haberse desarrollado los agravios formulados en el recurso de casación. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que cursa Sentencia 153/2022, emitido por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segunda de la Capital del departamento de Tarija, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales seguido por el ahora tercero interesado contra la empresa accionante, por el cual declaró probada la demanda; en consecuencia, se ordenó a dicha empresa el pago de Bs706 616,7.-, más la multa del 30% y demás actualizaciones de ley, aplicables en ejecución de sentencia, en favor del demandante -hoy tercero interesado- (Conclusión II.1.). En etapa de impugnación, consta Auto de Vista 88/2023 de 17 de abril, emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental del Justicia de Tarija, por el cual “…CONFIRMA TOTALMENTE la Sentencia N°152/2022 de fecha 08 de noviembre de 2022” (sic) -siendo lo correcto Sentencia 153/2022 de 8 de noviembre-, con costas y costos para el apelante por el cual declaró probada la demanda (Conclusión II.2.). Asimismo, mediante memorial presentado el 11 de julio de 2023, la empresa demandada -hoy accionante-, presentó recurso de casación en la forma, formulando agravios, entre otros, que conciernen al incidente de nulidad de citación con la demanda expresa y en cuyo petitorio solicitó al Tribunal de Casación se emita el auto supremo “…anulando obrados hasta fs. 558 inclusive, con responsabilidad al Tribunal inferior…” (sic); el cual fue resuelto mediante AS 490 de 20 de octubre de 2023, emitido por los Magistrados ahora accionados, por el cual declararon Infundado el recurso de casación en la forma y con costas (Conclusión II.3.). En ese contexto se revisará el problema jurídico planteado, en esa comprensión es necesario precisar cuáles fueron los agravios formulados por la empresa accionante en el recurso de casación, en temas vinculados al incidente de nulidad de citación con la demanda y cuáles los pronunciamientos de los Magistrados ahora accionados respecto a los temas expuestos específicamente. La empresa accionante, al respecto expuso los siguientes agravios: i) La falsa declaración del demandante -hoy tercero interesado-, indujo para que la citación a la empresa accionante se realizara en un domicilio legal falso que no corresponde, en ambas instancias, el proceso se substanció incurriendo en defectos insubsanables que no fueron reparados por el Tribunal de segunda instancia; puesto que, la sociedad comercial -empresa accionante- tiene constituido su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conforme Matrícula 00011579 otorgado por el Registro de Comercio, quienes ejercen la representación legal de la empresa accionante tienen como domicilio real en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; ii) En la comunicación de la renuncia voluntaria del demandante -ahora tercero interesado- y otras comunicaciones de cobranza dirigidas a los representantes de la empresa accionante, se señalaron como domicilio de la referida empresa, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; iii) Reclamó la errónea interpretación del art. 124 del Código Procesal del Trabajo (CPT) que dispone: “La falta de contestación constituye un grave indicio en contra del demandado”; empero, no refiere que la declaratoria de rebeldía constituya una presunción relativa de veracidad de los hechos expuestos en la demanda como erróneamente se afirma en la Sentencia 153/2022; y, iv) Igualmente reclamó de que la declaratoria de rebeldía debió quedar sin efecto legal ante el apersonamiento, no obstante se mantuvo la declaratoria de rebeldía hasta el pronunciamiento de la mencionada Sentencia, con sus efectos de la presunción relativa de veracidad de los hechos expuestos en la demanda.

Al respecto, los Magistrados ahora accionados al dictar el AS 490 de 20 de octubre de 2023, por el cual declararon Infundado el recurso de casación en la forma, se pronunciaron específicamente respecto a temas vinculados al incidente de nulidad de citación con la demanda en los siguientes términos: La existencia de un pronunciamiento sobre el incidente de nulidad de citación, resuelto mediante Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2021 y en recurso de apelación a través del Auto de Vista 108/2021 de 27 de mayo, lo que impide la realización de un nuevo análisis y pronunciamiento, al encontrarse ejecutoriado y haber transcurrido las etapas procesales sucesivamente sin que pueda retrotraerse los mismos. A más de exponerse este argumento, los Magistrados hoy accionados agotaron su carga argumentativa en los términos señalados, sin llegar a pronunciarse a los demás aspectos vinculados al incidente de nulidad de citación con la demanda, específicamente respecto a la declaratoria de rebeldía, el apersonamiento posterior y la presunción de veracidad considerado en la decisión final de la controversia, conforme se tiene precisado en el párrafo precedente. Esta omisión permite establecer que los Magistrados ahora accionados incurrieron en la vulneración del principio de congruencia como elemento del debido proceso, y como consecuencia lógica se advierte una total ausencia de fundamentación del AS 490 hoy impugnado, en el pronunciamiento a los agravios formulados en temas vinculados al incidente de nulidad de citación con la demanda en el recurso de casación; puesto que, la empresa accionante, no conoce cuáles son las razones del pronunciamiento respecto a los puntos precisados. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 209 vta. a 212 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1) CONCEDER la tutela solicitada, por IMPORCAST S.R.L., representado legalmente por Fabiola Mercedes Castro Pinto Justiniano y Germán Castro Pinto Salvago, en cuyo mérito: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 490 de 20 de octubre de 2023, pronunciada por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, debiendo emitir nuevo auto supremo, pronunciándose sobre los agravios formulados en el recurso de casación y específicamente a los aspectos precisados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 115.II de la CPE, establece: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

8 El Fundamento Jurídico III.4.1 de la SCP 0567/2012 de 20 de julio, señaló: “La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´. El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas” (las negrillas nos pertenecen).

impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”.

16 Al referirse a las cualidades de una resolución la SCP 0342/2013 de 18 de marzo, textualmente señala: “Las sentencias ponen fin al litigio en primera instancia, deben contener decisiones expresas, positivas y precisas, recaen directamente sobre las cosas litigadas de la manera en la que fueron demandadas, y conforme a las pruebas presentadas en el proceso, en ella se llega a una conclusión final sobre el proceso principal, definiendo situaciones jurídicas, se trata de un pronunciamiento sobre la demanda de fondo; proyectan siempre al futuro y no hacia el pasado. En su estructura debe respetarse el silogismo, en que la premisa mayor está dada en la norma abstracta, la menor en la subsunción del caso concreto y la decisión final contenida en la parte dispositiva del fallo. Al poner término al asunto principal objeto del litigio, deben estar revestidas de varios elementos componentes del debido proceso, como son: una debida motivación, pertinencia, congruencia y valoración integral de la prueba; en virtud a lo cual, como se señaló deben ser expresas, claras, precisas, positivas, motivadas y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0092_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0f4c416c52475b28e302395c6dc0de504265001a73171b1aadb7a64fd08a770d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →