Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de mayo de 2024
Concede la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso y a la libertad vinculado este último con el principio de celeridad, debido a que la Secretaria Abogada -ahora demandada- del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, pese a que el Juez de la causa dispuso dentro del incidente de redención que formuló, que se elabore el informe sobre cómputo de cumplimiento de la pena y su redención, el mismo no fue realizado dentro de un plazo razonable; lo cual generó que hasta la fecha de interposición de su demanda tutelar no se haya conocido y resuelto dicho beneficio penitenciario. En consecuencia, con carácter previo corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre la redención de la pena; c) La legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en relación a la Secretaria Abogada demandada del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del referido departamento, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin disponer nada debido a que ya se elaboró el informe de cómputo y redención extrañados.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0092/2024-S1 Sucre, 2 de mayo de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47810-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante, Defensora Auxiliar del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de María Nancy Quispe de Poma contra Edith Torres Camacho, Secretaria Abogada del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 7 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de asesinato en grado de complicidad se llegó a dictar Sentencia, por lo que se encuentra privada de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz. Encontrándose cumpliendo su condena, presentó el “30 de noviembre” -siendo correcto 1 de diciembre- de 2021 incidente de redención; mismo que fue observado por el Juez de Ejecución Penal Primero de el Alto del departamento de La Paz mediante proveído de 21 de diciembre de igual año, indicándosele que se aclare el tiempo de trabajo de ocho horas diarias realizado por su persona en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2016; aspecto que fue cumplido el 28 de abril de 2022, y al no tener respuesta, nuevamente el 4 de mayo del citado año reiteró incidente de redención. Como emergencia de la referida petición se emitió el proveído de 5 de mayo de 2022, por el que el Juez de la causa dispuso que por Secretaría de su Juzgado -a la brevedad posible- se emita informe de “cómputo y redención"; orden judicial que no fue cumplida, puesto que al 16 del indicado mes y año, transcurrieron once días sin la confección del informe requerido bajo la excusa que se debe encontrar previamente los antecedentes -cuerpos- faltantes del proceso penal, provocando retardación en su solicitud, puesto que al encontrarse de por medio su libertad, el informe en cuestión debió ser evacuado en un plazo razonable; es decir, sin dilaciones indebidas, además que esta situación de retraso le imposibilita solicitar algún beneficio penitenciario.
La demandante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad vinculado este último con el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela, al existir lesión al principio de celeridad y al debido proceso ante la dilación injustificada en la tramitación y resolución del incidente de redención formulado.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 17 de mayo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 12 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad, y en audiencia señaló que: a) La Secretaria Abogada no le pudo prestar ningún cuaderno debido a que no se encuentran completos los cuerpos del expediente, ello a pesar de que se le indicó que los mismos se requerían con celeridad sumado a que el incidente presentado desde hace un año no es resuelto; y, b) No se puede comunicar con la Secretaria Abogada -ahora demandada- y lo único que se le informa es que dicha funcionaria siempre se encuentra en audiencias.
Edith Torres Camacho, Secretaria Abogada del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 11 y vta., señaló: 1) María Nancy Quispe de Poma, solicitó el beneficio de redención de la pena, por lo que se realizó el respectivo cómputo que fue observado en razón al informe de la Junta de Trabajo realizado por el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del citado departamento; 2) Efectivamente, el 4 de mayo de 2022, la parte incidentista -ahora accionante- presentó otro memorial pidiendo se emita nuevo cómputo; sin embargo, este cuaderno no fue pasado a Secretaría por auxiliatura; 3) El 3 y 4 de igual mes y año se encontraba con baja médica, retornando el 5 del referido mes y año, además que tiene alta carga procesal, por lo que a su retorno se clasificó los procesos que debían ser atendidos por Secretaría, y por ello el día anterior a esa audiencia informativa se realizó el correspondiente informe del cómputo para la redención de la pena; y, 4) Se debe considerar que el prenombrado Juzgado, es el único en esa ciudad, que se hace cargo de todos los juzgados y/o tribunales en materia penal; además, que no cuenta con Auxiliar titular; consecuentemente, su labor cubre las demás funciones de apoyo jurisdiccional, a todo ello se suma que atiende al público litigante y recibe la documentación que llega a ese Juzgado.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La demandada refiere que su Juzgado no contaría con Auxiliar y que ella estaría cumpliendo las labores de Secretaria, Auxiliar y Notificadora, toda vez que es de conocimiento público que los juzgados en materia penal no cuentan con Oficial de Diligencias; ii) Se tiene demostrado que ya se cumplió con lo observado por la parte accionante; y, iii) En audiencia la parte impetrante de tutela solicitó que la Secretaria Abogada de dicho Juzgado pueda atenderla; empero, ese aspecto no puede ser considerado a través de una acción de libertad, toda vez que no se está vulnerando ningún derecho de la parte demandante de tutela, ahora si la Secretaria del Juzgado de Ejecución de dicha ciudad y departamento no atiende al público litigante, es la parte accionante quien tiene las vías disciplinarias correspondientes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 1 de diciembre de 2021, por María Nancy Quispe de Poma -ahora accionante- ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por el que formula incidente de redención de la pena y solicita cómputo de la pena cumplida (fs. 2 y vta.). II.2. Consta Cómputo o Liquidación de Pena Cumplida e Informe sobre Redención de la Pena de 20 de diciembre de 2021, realizado por la Secretaria Abogada del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en cumplimiento a lo dispuesto por providencia de 2 de igual mes y año; haciéndose constar respecto a las jornadas de trabajo, que existe una incorrecta información por parte del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de dicho departamento por la gestión 2016 (fs. 3). II.3. Por proveído de 21 de diciembre de 2021, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso que de acuerdo al informe realizado por la Secretaria Abogada de ese Juzgado, se proceda a oficiar a la Directora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes del citado departamento, a efecto de que se instruya a la Junta de Trabajo elabore nuevo informe respecto a la interna María Nancy Quispe de Poma (fs. 3 vta.). II.4. Cursa memorial presentado el 4 de mayo de 2022 por María Nancy Quispe de Poma ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por el que reitera el incidente de redención y solicita señale día y hora de audiencia para su consideración (fs. 4 y vta.). II.5. A través de decreto de 5 de mayo de 2022, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, ordenó que por Secretaría de dicho Juzgado se elabore a la brevedad posible el informe de cómputo y redención instruido en la providencia de “fs. 315” (fs. 5).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso y a la libertad vinculado este último con el principio de celeridad, debido a que la Secretaria Abogada -ahora demandada- del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, pese a que el Juez de la causa dispuso dentro del incidente de redención que formuló, que se elabore el informe sobre cómputo de cumplimiento de la pena y su redención, el mismo no fue realizado dentro de un plazo razonable; lo cual generó que hasta la fecha de interposición de su demanda tutelar no se haya conocido y resuelto dicho beneficio penitenciario. En consecuencia, con carácter previo corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre la redención de la pena; c) La legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
La Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- en su artículo 138, modificado por la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, regula respecto a la redención señalando que:
ARTICULO 138º (REDENCIÓN).- La o el interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un (1) día de pena por dos (2) días de trabajo o estudio. La redención será de un (1) día de pena por un día (1) de trabajo o estudio tratándose de mujeres que tengan a su cargo: 1. Niñas, niños o adolescentes; 2. Personas mayores de sesenta y cinco (65) años; 3. Personas con discapacidad grave o muy grave; o, 4. Personas que padezcan enfermedades en grado terminal. A cuyo efecto deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. No estar condenada por delito que no permita indulto; 2. Haber cumplido las dos quintas partes de la condena; 3. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciara o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración Penitenciaria;
4. No estar condenada por delitos contra libertad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes; 5. No estar condenada por delito de terrorismo; 6. No estar condenada, a pena privativa de libertad superior a quince (15)
años, por delitos tipificados en la Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, 7. No haber sido sancionada por faltas graves o muy graves en el último año. A efectos de la redención, la o el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto penitenciario, independientemente de su situación jurídica. Respecto a la Redención, el art. 74 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad -Decreto Supremo (DS) 26715 de 27 de Julio de 2002-, con relación a la solicitud y resolución de nuevo cómputo, señaló lo siguiente: ARTÍCULO 74.- (SOLICITUD Y RESOLUCION DE NUEVO COMPUTO).
I. Cumplidas las dos quintas partes de la condena, el interno podrá solicitar al Juez de Ejecución que le conceda la redención por trabajo o estudio y efectúe el nuevo Cómputo de su sentencia. II. A los fines de la redención se computarán también las actividades de trabajo o educación; debidamente acreditadas, cumplidas por el interno en calidad de detenido preventivo como las cumplidas antes de la vigencia de la presente ley.
IV. Vencido el plazo, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez de Ejecución emitirá la Resolución de Redención y Nuevo Computo en base al informe recibido o, en su ausencia, en base a la solicitud del interno.
V. En caso de existir discrepancia entre la solicitud del interno y el informe del Establecimiento Penitenciario, antes de decidir, el Juez de Ejecución Penal podrá:
1. Solicitar al Director del Establecimiento un informe complementario otorgándole 48 horas al efecto;
2. Convocar al interno y al representante del Establecimiento a una audiencia pública para que expongan sus posiciones.
VI. La resolución se dictará en el plazo máximo de 24 horas de recibido el informe complementario o inmediatamente de concluida la audiencia convocada.
VII. La resolución será apelable de acuerdo a forma y procedimiento establecidos para la apelación incidental.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001, definió coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o 3El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 4El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 6El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece: Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y 7El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´.
Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).
La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, reclama que encontrándose cumpliendo la pena impuesta dentro del proceso penal que se le siguió por la comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, presentó el 1 de diciembre de 2021, incidente de redención de la pena al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, solicitud que fue reiterada el 4 de mayo de 2022, sin que hasta esa fecha la Secretaria Abogada de dicho despacho judicial, haya emitido el informe de cómputo de la pena requerido por el precitado Juez para considerarse en audiencia su incidente.
Establecido el objeto de esta acción tutelar, para ingresar al análisis del mismo, atañe contextualizar la reclamación de la impetrante de tutela; en ese entendido, de lo argumentado por la parte accionante y lo descrito por la Jueza de garantías en la Resolución 11/2022 de 17 de mayo, se tiene que dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público por la comisión del delito de asesinato en grado de complicidad; el 1 de diciembre de 2021, presentó ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz incidente de redención, y para tal efecto solicitó cómputo de la pena cumplida (Conclusión II.1); posteriormente la Secretaria Abogada de dicho Juzgado por informe de 20 de diciembre de 2021, señaló que al estar incorrecta la información contenida en el certificado emitido por la Junta de Trabajo del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de 8 de octubre de 2021, no se pudo realizar el informe impetrado de manera exacta, puesto que de obrar de manera contraria podría implicar la lesión de derechos (Conclusión II.2); ante la observación realizada por la ahora demandada, el prenombrado Juez emitió la providencia de 21 de diciembre de igual año, por la que ordena a la Junta de Trabajo antes señalada, elabore nuevo informe de trabajo respecto a la interna María Nancy Quispe de Poma. Luego, el 4 de mayo de 2022 en aplicación del art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) modificado por la Ley 1173, la parte accionante, nuevamente pidió se señale audiencia de consideración del incidente de redención de la pena que fuera solicitado el 1 de diciembre de 2021 (Conclusión II.4), petición que fue atendida por providencia de 5 de mayo de 2022 que ordena a la Secretaría Abogada del precitado Juzgado, que al haberse admitido anteriormente el incidente y dispuesto en dicha oportunidad la elaboración del informe de cómputo y redención, el mismo debe ser realizado en la brevedad posible (Conclusión II.5). Bajo ese contexto, e ingresando al análisis de la problemática planteada, contrastando el reclamo constitucional que motivó esta acción de defensa y los antecedentes fáctico procesales, se establece que el principal reclamo realizado por la parte demandante de tutela versa en que la funcionaria de apoyo jurisdiccional no elaboró el informe de cómputo y redención requerido para la celebración de la audiencia de consideración del incidente presentado el 1 de diciembre de 2021 y reiterado el 4 de mayo de 2022, a ello se añade que su defensa técnica se apersonó en varias ocasiones al referido Juzgado para hacer el seguimiento respectivo, obteniendo como respuesta que el expediente no se encontraba completo puesto que se habrían extraviado algunos cuerpos del mismo; así también, debe ser de consideración lo expuesto por la demandada, en sentido que un día antes de la celebración de la audiencia informativa de la presente acción tutelar el informe en cuestión ya hubiere sido elaborado. Conforme se tiene establecido ut supra, se comprueba fehacientemente que la funcionaria de apoyo jurisdiccional ahora demandada incumplió una orden emanada de la autoridad jurisdiccional a cargo del despacho judicial donde presta sus labores, como la de realizar el cómputo de la pena; siendo inclusive reiterada dicha disposición frente a la demora incurrida; no obstante que el plazo para su conocimiento y resolución se hallan previstos para que sean resueltos de manera célere conforme se evidencia del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Lo cual demuestra que la prenombrada, no procedió con la prontitud debida al elaborar el informe de cómputo y redención necesario para la celebración de la audiencia de consideración del incidente presentado por la accionante en el mes de diciembre, provocando que hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad -16 de mayo de 2022-, no se pueda llevar adelante la referida actuación procesal interpuesta en el mes de diciembre en una primera oportunidad y reiterada el 4 de mayo de 2022, retraso que no fue negado por la indicada funcionaria, quien en su informe presentado en la audiencia de consideración y resolución de esta acción de defensa, indicó que el informe en cuestión ya se encontraba finalizado.
Bajo ese entendido, la Secretaria Abogada -ahora demandada- del precitado Juzgado, inobservó las funciones establecidas en el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; denotándose de ello, vulneración del principio de celeridad, vinculado a la libertad de la peticionante de tutela; razones por las que bajo estas consideraciones, corresponde conceder la tutela en el marco de la acción de libertad innovativa.
A su vez, resulta necesario señalar que aunque la autoridad jurisdiccional a cargo del referido despacho judicial no fue demandada; su actuación en el caso particular denota dejadez en el control de la ejecución de las penas, los beneficios penitenciarios, entre otros, dado que debió observar que la mencionada Secretaria Abogada -ahora demandada- cumpla con el plazo establecido en la norma y no dejar transcurrir más de tres meses sin que se resuelva dicha solicitud, aspecto que demuestra el retraso que existió durante la tramitación del señalado beneficio. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 17 de mayo, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en relación a la Secretaria Abogada demandada del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del referido departamento, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin disponer nada debido a que ya se elaboró el informe de cómputo y redención extrañados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0092_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 41467f7210c1a838ccaaf06b89d926e7167eb743c31867d2e34a85fba599f4b9
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