Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado, en el Auto de Vista 126/2023 de 12 de junio, a través del cual revocó el Auto interlocutorio -dispuso la cesación de su detención preventiva y aplicó medidas cautelares personales menos gravosas- y mantuvo su detención preventiva, incurrió en las siguientes ilegalidades: i) No fundamentó y motivó porque su persona constituye un peligro para la víctima, no obstante que demostró con prueba actual que ya concurren los motivos que fundaron su concurrencia; ii) No tomó en cuenta el fundamento fáctico que se consideró al momento de definir su situación jurídica, sino por el contrario un Auto de Vista de fecha posterior; asimismo con relación al riesgo de obstaculización, consideró otros aspectos que no fueron considerados en la audiencia de medidas cautelares; y afirmó que existen testigos familiares y del ámbito educativo que deben declarar sin considerar que ya se presentó acusación formal, que se realizaron todos los actos investigativos, inclusive un anticipo de prueba, y que ya no es docente; y, iii) No ha considerado la SCP 1250/2015 de 9 de diciembre, sobre la distinción entre fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de junio de 2023, cursante a fs. 32 a 35, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0091/2026-S3 Sucre, 03 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56458-2023-113-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución de 16 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Grober Mayta Quispe contra Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 16 de junio de 2023, cursante de fs. 15 a 19 vta., el accionante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 31 de mayo del 2023, el Juez en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, determinó en su favor la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas, consistentes en la detención domiciliaria con control esporádico, así como el arraigo, la prohibición de acercarse a la víctima y su entorno familiar y una fianza económica en la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), realizando un análisis prolijo de toda la prueba documental presentada en la citada audiencia y haciendo una fundamentación jurídica acorde a los datos del proceso, cumpliendo con lo dispuesto por el art.124 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Impugnada dicha determinación, por Auto de Vista 126/2023 de 12 de junio, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, conformada por el Vocal demandado, determinó revocar el Auto Interlocutorio recurrido, sin realizar una debida fundamentación, motivación, ni valoración integral de la prueba que presentó, incumpliendo con lo dispuesto por el art. 124 del Código Adjetivo Penal, y la amplia jurisprudencia constitucional que exige la fundamentación de resoluciones judiciales emitidas tanto en primera instancia, como en apelación. La autoridad judicial demandada, al pronunciar el fallo cuestionado, omitió realizar un análisis integral y un razonamiento lógico y jurídico de los elementos de convicción que fundaron su decisión de revocar las medidas cautelares que le fueron impuestas y mantener su detención preventiva; por cuanto, en relación al peligro efectivo para la víctima, estableció la concurrencia del mismo, pese haber demostrado que ya no concurrían los motivos que lo fundaron y que a la “fecha” demostró que no se encontraba latente; además no tomó en cuenta el fundamento fáctico considerado por la autoridad jurisdiccional al determinar su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares -se entiende el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2022-, basándose contrariamente en un Auto de Vista posterior, que era totalmente diferente al de medida cautelar; es decir, era su obligación tomar en cuenta la primera resolución, aspecto que no aconteció por la autoridad demandada. De la misma forma, en relación al peligro de obstaculización, el Vocal demandado, omitió analizar aspectos que no fueron considerados en la Resolución de medida cautelar, determinando su concurrencia, sin considerar que en la causa penal existía acusación formal y que se realizaron todos los actos de investigación e incluso el anticipo de prueba, argumentando que existían testigos, familiares, educadores, ámbito educacional sin declarar y pese a que ya no sería docente, aún estaba latente en la deposición de testigos; aspectos -reitera- que no fueron considerados en la resolución de medida cautelar, sustentando la concurrencia del mismo con apreciaciones subjetivas, sin precisar objetivamente de qué manera podría influir -en la víctima o testigos-, cuando al contrario el motivo para fundar este riesgo procesal fue la falta de realización de actos investigativos, como la inspección ocular y reconstrucción del hecho, anticipo de prueba y entrevistas a otros testigos, mismos que ya fueron realizados y por ello existía un pliego acusatorio; es decir, ya había concluido la fase de la etapa preparatoria donde ya no podía realizarse tales actos investigativos. La autoridad judicial demandada al dictar el Auto de Vista 126/2023, inobservó lo establecido en la SCP 1250/2015-S de 9 de diciembre, pronunciando una resolución carente de la debida fundamentación y motivación.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 23. I y III, 115.II, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 126/2023 de 12 de junio, ordenando se dicte nueva resolución, cumpliendo con los parámetros establecidos por la norma procesal penal y los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los tratados internacionales establecidos en la acción de libertad, sea en el plazo de veinticuatro horas luego de su notificación.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de junio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar por su lectura.
Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante informe escrito presentado el 16 de junio de 2023, cursante de fs. 26 a 27 vta., manifestó: a) Identificó los agravios planteados por el Ministerio Público, consistentes en la falta de valoración de los elementos para desvirtuar los riesgos procesales, como el informe policial que no descartaba la posibilidad que la víctima seguía teniendo contacto con la hermana del sindicado y a pesar de indicarse que la víctima ya era mayor de edad, estudiaba y que el nombrado ya no era docente, no cambió la posición que existiese riesgo a la víctima; b) Si bien las asimetrías docente-alumna concluyeron, el hecho que fue manipulada indicándole que no hable de los hechos ocurridos, y el contexto en el ámbito educación (maestros, alumnos, etc.) aún se mantenía vigente; c) A través de informes psicológicos se trató de descartar el daño psicológico a víctima, cuando más bien estos eran motivo de revictimización; extremo que en el Auto de 20 de octubre de 2022, había sido recomendado al Ministerio Público cuide a momento de investigar y tratar que las pericias no sean revictimizantes; d) Fundamentó -el fallo cuestionado- desde la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales y el control de convencionalidad, considerando los hechos fácticos, las premisas de las partes en apelación, y los motivos del porque había que revocar la decisión del Juez de primera instancia, quien no advirtió que un “informe policial” por sí solo no podía desvirtuar un riesgo procesal si este no venía con otros indicios; asimismo, que aún se daba la vulnerabilidad por contacto con parientes del sindicado en el entorno de la víctima, situación que en la audiencia de apelación de 20 de octubre de 2022, se denotaba por el interés de la familia a querer ingresar a dicho acto procesal pese a la reserva; e) No se valoró los indicios en su verdadera dimensión, que pese a ser mayor de edad, y estudiar, y ya no ser docente el sindicado, no desvirtuaba que aún hubiese vulnerabilidad en la victima por parientes del sindicado, además el hecho que la misma ya no se apersone al proceso, no implicaba por sí mismo que no se dé el riesgo procesal; asimismo, si hubo pronunciamiento en lo solicitado, se tenía el agravio, la contestación y haber resuelto en congruencia entre lo planteado, y lo resuelto; e) No hubo valoración arbitraria; por cuanto, conforme lo establecido en el art. 235.2 del CPP, aún faltaban testigos para declarar, como la víctima o su madre; empero, el Juez de instancia solo se basó en un anticipo de prueba; por ello, revocó la decisión judicial, por cuanto se mantenían vigentes los riesgos procesales del art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, en la victima siendo aún efectivo; por cuanto, el mismo informe policial lo resalta en relación a la hermana; y, f) En el art 235.2 del CPP, por cuanto deben declarar los testigos, había un ámbito educacional, maestro, alumnos, directores, etc., que deben aportar al proceso, bien se tiene que ya no se dio la inspección o reconstrucción, por lo menos eso se entiende; por lo expuesto, conforme al art. 36 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó se revisen las decisiones judiciales en su conjunto que están en Sistema de Registro Judicial (SIREJ), no solo la de 8 de octubre de 2022; por ello, eso se consideró en su integridad los riesgos procesales, actuó en derecho.
El representante del Ministerio Público, en audiencia, manifestó que: 1) El accionante estaba cumpliendo detención preventiva por dos riesgos procesales, los contenidos en los arts. 234. 7 y 235.2 del CPP; en primera instancia el Juez de la causa, dispuso la detención domiciliaria y el impetrante de tutela, para desvirtuar el primer riesgo procesal -peligro efectivo para la víctima-, presentó un informe policial; el cual, era contradictorio, al referir que, la víctima no quería saber del proceso; empero, también indicaba que vio a dos familiares del acusado que quisieron comunicarse con ella; no obstante de ello, el Juez de la causa, mediante dicho documento y habiendo sido desvinculado el sindicado como docente, le otorgó la detención domiciliaria, argumentando que ya no hubiera la relación de alumna y maestro para que pueda influir en la víctima; 2) Respecto al riesgo procesal inserto en el 235.2 del CPP, señaló que había una pericia psicológica y que la misma no arrojaba daño psicológico, por lo cual determinó que la fase de investigación había concluido al existir un anticipo de prueba; asimismo refirió que, si bien faltaba el juicio oral, público y contradictorio, desvirtuó ese riesgo procesal; 3) El Ministerio Público cumpliendo con su deber de protección ante el delito de agresión sexual, como es el ilícito de estupro, donde un profesor se aprovechó de su alumna para poder tener relaciones sexuales y que el informe del investigador asignado al caso era contradictorio, objetó de la cesación de la detención preventiva dispuesta, debido a que el Juez a quo, no valoró correctamente la prueba aportada, haciendo énfasis en el informe complementario, presentado por el nombrado funcionario policial; el cual, no era suficiente para desvirtuar los riesgos procesales; 4) El Vocal demandado realizó un análisis correcto al sostener que el mencionado informe no era suficiente para desvirtuar dicho riesgo procesal, más aun considerando la perspectiva de género; y, 5) En cuanto al 235.2 del CPP, refirió que existían testigos que declararían en juicio oral, lo cual denotaba la existencia del riesgo de obstaculización, el Vocal demandado, realizó una correcta valoración, conforme lo establecido por la SC 0004/2022 del 4 de marzo de 2022; por lo que, solicitó se deniegue la acción de libertad.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 16 de junio de 2023, cursante de fs. 32 a 35, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a los antecedentes, el Tribunal de alzada realizó una correcta compulsa de los riesgos procesales y los medios probatorios aportados, fundamentando de manera adecuada que se mantenía la detención preventiva en mérito al informe policial -contradictorio-; el cual, indicaba que el imputado no era un peligro para la víctima y a la vez insertó que dos familiares del acusado la estuvieron amenazando, razón por la que el Tribunal de alzada fundadamente resolvió revocar el fallo de primera instancia, conforme a las competencias que la ley le franquea, manteniendo los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; ii) El Tribunal de garantías no es una instancia revisora en torno a los agravios expuestos por el ahora accionante, en los que claramente la Sala Penal, mediante Auto de Vista de 12 de junio de 2023, revocó el Auto Interlocutorio de 31 de mayo de igual año, por concurrir los riesgos procesales referidos; iii) El impetrante de tutela no cumplió con los requisitos establecidos en el art. 239 del CPP, para la cesación de la detención preventiva; por ello, la Sala Penal, le señaló que la documentación era insuficiente para enervar los peligros procesales de fuga y obstaculización, que el informe era contradictorio y que constituía en un peligro para la víctima y los testigos, y que en tanto no cambie dicha situación se mantenía la medida de última ratio; iv) Respecto al debido proceso, no se cumplen los supuestos de concurrencia para la tutela vía acción de libertad; por cuanto, de las resoluciones judiciales cuestionadas, y el actuar del Fiscal de Materia asignado al caso, bajo la fundamentación realizada, no se aprecian actos ilegales o indebidos vinculados con la libertad de operar como causa directa para su restricción o supresión, teniendo las medidas cautelares en su cesación a la detención preventiva un carácter instrumental, de variabilidad y temporalidad, misma que puede ser solicitada nuevamente; tampoco, existe absoluto estado de indefensión, por cuanto, el impetrante de tutela, estuvo presente en audiencia de apelación incidental, recurrida por el Ministerio Público a la cual, también tuvo la oportunidad de apelar el Auto Interlocutorio de 31 de mayo de 2023, y no lo hizo; empero, reclamó la presunta vulneración del debido proceso, recién a través de la presente acción de libertad, omitiendo también cuestionar el Auto de Vista de 12 de junio de 2023, el cual, no puede ser reclamado en esta instancia si antes no lo hizo en la justicia ordinaria, consentido más bien con la presentación aceptando la detención domiciliaria en la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, v) Tomando en cuenta que los juzgadores en materia penal realizan una valoración de acuerdo a su sana crítica, lógica y experiencia, tomando en cuenta los riesgos y ponderación entre el ius puniendi del Estado, la defensa y presunción de inocencia del acusado, asimismo, con los intereses y garantía de la víctima, caso contrario implicaría valorar aspectos y pruebas emitidas por los administradores de justicia en materia penal.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilson Grover Mayta Quispe -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estupro, mediante Auto Interlocutorio de 31 de mayo de 2023, el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, en suplencia legal del Juez de Sentencia Penal Primero del mismo departamento, concedió la solicitud de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, por haberse demostrado que no concurrían los motivos que la fundaron, disponiendo aplicar las siguientes medidas cautelares personales: a) Prohibición de salir de departamento de Pando, sin autorización judicial previa, debiendo por Secretaría expedirse el mandamiento de arraigo del acusado; b) La detención domiciliaria del acusado, con vigilancia policial esporádica, y sin permiso de trabajo; c) La presentación de una fianza económica en la suma de Bs10 000.-; y, d) La prohibición de comunicarse, acercarse, ni ejercer amenazas de manera directa o por terceras personas, o por cualquier medio, con la víctima ni su madre; asimismo, ratificó las medidas de protección que se hubiesen establecido en la fase preparatoria, contra dicha determinación formularon recurso de apelación la víctima y el representante del Ministerio Público (fs. 11 a 14 vta.).
II.2. Mediante Auto de Vista 126/2023 de 12 de junio, Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -ahora demandado-, revocó el Auto Interlocutorio de 31 de mayo del citado año, manteniendo la detención preventiva del prenombrado, al estar vigente aún los riesgos procesales contenidos en los art. 234.7 y 235.2 del CPP; decisión adoptada con base a los siguientes fundamentos: 1) Refiriéndose a un anterior Auto de Vista de 20 de octubre del 2022, señaló que para la imposición de la detención preventiva se consideró situaciones de presión -se entiende por el imputado hacia la víctima-, para que no comente los hechos ocurridos, y que su entorno familiar llegó a influir en la víctima, que se notaba por su presencia en la audiencia virtual a pesar de que esta tenía carácter de reservada y de confidencialidad; y, que fue en el ámbito educativo -se entiende los hechos investigados- donde se tenía una situación de vulnerabilidad que no solo afectaba a la menor sino a su familia; 2) Con relación al informe policial, señala que el mismo no puede acreditar o desvirtuar un riesgo procesal -el previsto en el art. 234.7 del CPP conforme a la jurisprudencia constitucional -citando en sus fundamentos el entendimiento establecido en la SCP 1399/2013 de 16 de agosto- y que no se puede olvidar que el hecho de que la víctima o sus parientes no muevan el proceso no implica que no se esté dando este riego procesal, más aun cuando es el Ministerio Público el que tiene la carga de mover este tipo de procesos; asimismo, el hecho de que no se comuniquen con la víctima o sus parientes no implica necesariamente que se desvirtúa el riesgo previsto por el art. 234.7 del CPP, ya que el mismo informe policial resalta que existe contacto con los parientes del sindicado, en este caso la hermana, por lo que se encuentra latente este riesgo procesal; y si bien se produjo en un lugar público como es el mercado abasto, empero de principio se considera que el ámbito familiar está influenciando en la víctima y su madre; 3) El hecho de que ya no sea docente, se presume por retiro voluntario, licencia o despido, de alguna manera influye en el art. 234 inc. 7 -se entiende del CPP-, considerándose trascendental la relación docente-alumna para que no se haya conocido los hechos “…incluso se trata en audiencia cautelar en apelación establecer alguna forma de consentimiento, culpabilidad, pero esos sesgos no pueden ser usados en contra de la víctima conforme a los estándares internacionales, por su condición misma de menor de edad, vulnerable en el ámbito educativo”; 4) En cuanto al informe psicológico, el daño psicológico no se llegó a determinar, puesto que el psicólogo al medir los síntomas llegó a resultados ilógicos, atípicos; de acuerdo a la doctrina las pericias no son vinculantes al juez y menos expresan reglas a las que deba sujetarse su posterior valoración; la pericia puede que no considere el estrés post traumático que se denota después de treinta días o si era necesario otros elementos para acreditar la necesidad de la figura del tercero interesado coadyuvante establecida en el art. 99 de la Ley 348 para suministrar mayores elementos para la decisión; empero hay la debilidad de no existir informes de seguimiento, lo cual fue advertido -se entiende en un anterior- Auto de Vista, por lo que estas pericias resultan revictimizantes, por lo que debe primar el consentimiento de la víctima; 5) El hecho de que tenga buena conducta en el Centro Penitenciario Villa Busch de pando, tampoco es relevante; el que ya no sea profesor podría influir de alguna manera sobre la inexistencia de a relación profesor-alumna, de esas asimetrías de dependencia, que en su momento causó que la alumna no dé a conocer los hechos al tratarse de su educador; sin embargo, no se desvirtúa totalmente el riesgo procesal al estar latente con la presencia de los parientes -se entiende del sindicado- en la vida de la víctima, quien si bien ya estudia medicina, empero sigue la presencia de los parientes -se entiende- en la vida de la víctima; y, 6) Con relación al art. 235.2 del CPP, se tomó en consideración que están pendientes la inspección y reconstrucción, de cuya realización se desconoce en verdad; empero queda- pendiente- los testigos que no solo son parientes sino maestros y alumnos, que deben declarar lo que no tuvo en cuenta el juez; y aun cuando el sindicado ya no sea docente, aún está latente la declaración de testigos; fundamentalmente se apreció que se consideró informes periciales como motivo para desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, el cual no puede ser concluyente puesto que la policía esta para acreditar hechos no los riesgos procesales, excepto si se acompaña con otros medios indiciarios, que no fueron presentados (fs. 6 a 10 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado, en el Auto de Vista 126/2023 de 12 de junio, a través del cual revocó el Auto interlocutorio -dispuso la cesación de su detención preventiva y aplicó medidas cautelares personales menos gravosas- y mantuvo su detención preventiva, incurrió en las siguientes ilegalidades: i) No fundamentó y motivó porque su persona constituye un peligro para la víctima, no obstante que demostró con prueba actual que ya concurren los motivos que fundaron su concurrencia; ii) No tomó en cuenta el fundamento fáctico que se consideró al momento de definir su situación jurídica, sino por el contrario un Auto de Vista de fecha posterior; asimismo con relación al riesgo de obstaculización, consideró otros aspectos que no fueron considerados en la audiencia de medidas cautelares; y afirmó que existen testigos familiares y del ámbito educativo que deben declarar sin considerar que ya se presentó acusación formal, que se realizaron todos los actos investigativos, inclusive un anticipo de prueba, y que ya no es docente; y, iii) No ha considerado la SCP 1250/2015 de 9 de diciembre, sobre la distinción entre fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado sobre los presupuestos de la cesación de la detención preventiva y el deber de valoración integral de los elementos de prueba y de las circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 del CPP, estableciendo el siguiente razonamiento:
«El art. 239.1 del CPP señala que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; a partir de dicha causal, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, determina que la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se amparen en dicha causal, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) Determinar cuáles fueron los motivos que establecieron la imposición de la detención preventiva; que se traduce en el deber de valoración de las razones que fundaron la detención preventiva, y, 2) Establecer cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; es decir, el deber de analizar los nuevos elementos introducidos por la o el imputado. Este criterio fue reiterado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, entre muchas otras-. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementa el anterior criterio, señalando que es la autoridad judicial quien, analizando en forma integral todos los nuevos elementos presentados por la o el imputado, debe determinar si su situación jurídica ha sido modificada y si en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención; consiguientemente, la jueza o el juez deben analizar o compulsar en su integridad 1El FJ III.1, señala: “El art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva, luego de realizada la imputación formal y el pedido fundamentado del Fiscal o del querellante, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; ambos requisitos deben concurrir de manera simultánea.
Por su parte, el art. 239.1) CPP, determina que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. De las disposiciones glosadas se establece claramente que la resolución judicial que resuelva la solicitud de la cesación de la detención preventiva, por la causal prevista en el art. 239.1) CPP, debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y 2) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra”. 2El FJ III.1, establece: “Consecuentemente, es el imputado el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizando en forma integral todos esos nuevos elementos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, dado que esos nuevos elementos deben estar orientados a desvirtuar las causas que determinaron la detención preventiva, de no ocurrir ello, no podrá otorgarse la cesación de la detención; por lo mismo, el juzgador debe analizar o compulsar en su integridad todos esos nuevos elementos y circunstancias que existan y que deben ser considerados para adoptar la decisión final. Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva”.
todos esos nuevos elementos y circunstancias, que tienen que ser considerados para adoptar la decisión final. La indicada Sentencia también establece que el análisis integral de los nuevos elementos presentados por la o el imputado, no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva». La citada SCP 0011/2018-S2 también se refirió a las condiciones para resolver la cesación de la detención preventiva sobre la base de la causal establecida en el 239.1 del CPP, determinando el siguiente razonamiento:
[C]onforme a los entendimientos desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.1.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial que resuelva una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, está obligada a realizar un análisis ponderado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: i) Determinar cuál fue el motivo o razones que establecieron la imposición de la detención preventiva; ii) Establecer cuál el nuevo o nuevos elementos de convicción que aportó la o el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva o en su caso, demuestren la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; iii) Realizar una valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP; iv) Valorar los elementos de prueba aportados por la o el imputado, así como por la parte acusadora y por la víctima, de manera razonable; y, v) Pronunciar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que se expresen las razones de hecho y derecho en las que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, efectuando un análisis a partir del principio de proporcionalidad, que considere la idoneidad de la medida cautelar de detención preventiva, su necesidad y la proporcionalidad, en sentido estricto de la misma, efectuando una ponderación del derecho que se restringe -libertad personal- y la finalidad perseguida por la medida cautelar. El razonamiento antes señalado, ha sido complementado por la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.1.1., se ha referido al fundamento normativo y fáctico de la resolución de apelación de la cesación de detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en la que se hizo mención a la SC 1340/2005-R de 25 de octubre, que señaló que el análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1 del CPP, también vincula al Tribunal de alzada; el cual, lo debe hacer en el marco de lo establecido en el art. 398 del citado Código; es decir, en una primera fase, el análisis de los requisitos que fundaron la medida y los nuevos elementos; y en una segunda fase, contrastando los elementos de juicio presentados en la primera, con los fundamentos de la apelación. En ese sentido, concluyó lo siguiente:
[A]sí, la SCP 0014/2012 de 16 de marzo, contextualizando la línea relativa al contenido de la resolución del tribunal de alzada, que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, estableció que la resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos:
1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia?.
La SCP 0872/2018-S2 de 20 de diciembre reafirmando el precedente constitucional contenido en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, sobre el peligro efectivo a la víctima en delitos relacionados a la violencia, estableció lo siguiente: «[Para] la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito referido al peligro de fuga y de obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los arts. 234 y 235 del señalado cuerpo normativo. Sobre el peligro de fuga, contenido en el art. 234 del citado Código, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”. Dicha norma establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral de las mismas, entre las que se encuentra, el numeral 2 del art. 235 de ese cuerpo legal, referido a que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; así como el numeral 10 del art. 234 (ahora art. 234.7) del aludido Código, el “Peligro efectivo para la víctima o el denunciante”. […]
Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados por esta Sala, que consideró la normativa internacional e interna, transcritas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización; pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes.
Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos en base a criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente; pues, de lo contrario se produciría una “revictimización”; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra esta población.
Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye a dicho imputado y la conducta exteriorizada por éste contra las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si esa conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante.
Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad en la que se encuentran; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente.
En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación deben tomar en cuenta los derechos de la víctima evitando probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida cautelar a imponerse al imputado o la modificación que pretenda a quien se atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia.
Consiguientemente, en el marco de lo señalado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial las medidas de protección a la mujer víctima de violencia a las que está obligado el Estado Boliviano, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:
En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y, en general, mujeres, i)
corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, (…)». [el resaltado es añadido]
De los antecedentes que cursan en obrados y conforme a las conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de estupro, mediante Auto Interlocutorio de 31 de mayo de 2023, el Juez Técnico Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Pando, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Primero del citado departamento, concedió medidas cautelares de carácter personal al impetrante de tutela, disponiendo entre estas: a) Prohibición de salir de departamento de Pando, sin autorización judicial previa, debiendo por Secretaría expedirse el mandamiento de arraigo del acusado; b) La detención domiciliaria del acusado debiendo hacer conocer el domicilio donde cumpliría el mismo, con vigilancia policial esporádica, y sin permiso de trabajo, hasta en cuanto pueda acreditar trabajo; c) La presentación de una fianza económica en la suma de Bs10 000.-que debía ser depositada ante la instancia correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, d) La prohibición de comunicarse, acercarse, ni ejercer amenazas de manera directa o por terceras personas, o por cualquier medio, con la víctima ni su madre; asimismo, ratificó las medidas de protección que se hubiesen establecido en la fase preparatoria (Conclusión II.1). En mérito a dicha determinación, la víctima y el representante del Ministerio Público formularon recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 126/2023 de 12 de junio, disponiendo revocar el Auto Interlocutorio de 31 de mayo del citado año (Conclusión II.2); determinación que es impugnada a través de esta acción de tutela, en la que se cuestiona que el Vocal demandado: 1) No fundamentó y motivó porque su persona constituye un peligro para la víctima, no obstante que demostró con prueba actual que ya concurren los motivos que fundaron su concurrencia; 2) No tomó en cuenta el fundamento fáctico que se consideró al momento de definir su situación jurídica, sino por el contrario un Auto de Vista de fecha posterior; asimismo con relación al riesgo de obstaculización, consideró otros aspectos que no fueron considerados en la audiencia de medidas cautelares; y afirmó que existen testigos familiares y del ámbito educativo que deben declarar sin considerar que ya se presentó acusación formal, que se realizaron todos los actos investigativos, inclusive un anticipo de prueba, y que ya no es docente; y, 3) No ha considerado la SCP 1250/2015 de 9 de diciembre, sobre la distinción entre fundamentación y motivación.
Con relación a la primera problemática, de la revisión del contenido del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Vocal demandado fundamentó y motivó su decisión revocatoria, puesto que hace referencia a la jurisprudencia relativa a los elementos a considerar en la cesación a la detención preventiva, a la normativa procesal penal y a la doctrina sobre la materia; posteriormente, luego de precisar las razones que dieron lugar a la concurrencia de los riesgos de fuga y obstaculización, valoró la prueba presentada por el sindicado, formulando conclusiones valorativas sobre cada una de ellas, así por ejemplo señaló que el informe policial que se había presentado para desvirtuar el riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, no era un elemento de convicción idóneo para tal finalidad, conforme al entendimiento jurisprudencial establecido en la SCP 1399/2013; también se refirió al informe psicológico, observando sus deficiencias; lo propio se refirió a la circunstancia de que el sindicado dejó de trabajar como profesor y que no habría la dependencia maestro-alumna, expresando las razones por las cuales, a pesar de que ello podría incidir en la persistencia del riesgo, consideraba que el mismo continuaba latente en razón al comportamiento del sindicado, que por la relación asimétrica en su momento impidió que la víctima haga conocer el hecho investigado; y, asimismo por la presencia de los parientes del sindicado en la vida de la víctima. También se refirió a la acreditación de su buena conducta en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, lo que consideró irrelevante para desvirtuar los riesgos procesales; y finalmente, respecto al riesgo de obstaculización, argumentó que a pesar de que la víctima hubiera presentado su declaración como anticipo de prueba, estaban pendientes las declaraciones de testigos de su entorno familiar y del ámbito educativo; consiguientemente no es evidente que el Vocal demandado no hubiera fundamentado y motivado su decisión de revocar la cesación de la detención preventiva; por el contrario se advierte, una suficiente fundamentación y motivación, ya que en esencia, los argumentos del fallo de segunda instancia, se encuentran en el marco de los estándares establecidos por la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que se ha tomado en cuenta la naturaleza del delito y los estándares de protección de las víctimas adolescentes de delitos sexuales; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada, respecto a esta denuncia. Con relación a que a la autoridad demandada no tomó en cuenta el fundamento fáctico que se consideró al momento de definir su situación jurídica, sino por el contrario un Auto de Vista de fecha posterior, no es posible verificar esta denuncia, puesto que el accionante no adjuntó a esta acción de libertad el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2022, que dispuso su detención preventiva, ni consta en el expediente constitucional copia alguna de la referida resolución judicial; documento que resulta imprescindible para poder verificar si efectivamente el Vocal demandado al determinar si los fundamentos facticos de la determinación de la concurrencia de los riesgos procesales consignados en el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2022, difieren de los que se consignan en el Auto de Vista de 20 de octubre del 2022, al que se alude en el Auto de Vista 126/2023 hoy impugnado; por lo cual, ante el incumplimiento de la carga de la prueba sobre esta denuncia, corresponde denegar la tutela solicitada. Por las mismas razones, tampoco es posible examinar el fondo de la denuncia respecto a que, para mantener la concurrencia del riesgo de obstaculización, el Vocal demandado, consideró otros aspectos que no fueron tomados en cuenta en la audiencia de consideración de medidas cautelares, puesto que precisamente por la falta de ese documento este Tribunal no puede verificar la veracidad de dicha denuncia. Finalmente, con relación a que el Vocal demandado no consideró la SCP 1250/2015 de 9 de diciembre, sobre la distinción entre fundamentación y motivación, el accionante no precisa su denuncia, puesto que se limita a hacer cita de entendimientos jurisprudenciales sobre el derecho a la fundamentación y motivación, empero sin concretar su denuncia respecto a la resolución judicial de segunda instancia que impugna a través de esta acción tutelar, por lo cual, igualmente no es posible examinar la denuncia formulada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de junio de 2023, cursante a fs. 32 a 35, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
3 Ibid., p. 89.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0091_2026-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7c7d86ea1f9146f1add077708c7f74785d43e05615355e4331551decd24670b2
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