Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso, “pronta justicia” y a una vejez digna; toda vez que: i) La Vocal demandada: a) Le exigió la presentación de certificados médicos conforme a una norma promulgada de forma posterior a los hechos por los que se lo investiga -Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -, vulnerando el principio de irretroactividad previsto en el art. 123 de la CPE; b) Dispuso su internación en un centro médico sin considerar que padece una enfermedad crónica e incurable y las condiciones del centro penitenciario en el que se encuentra agravan su estado de salud; y, c) No efectuó un pronunciamiento oportuno sobre su solicitud de complementación y enmienda, lo que le generó incertidumbre jurídica; y, ii) El Juez codemandado no valoró adecuadamente la prueba presentada y aplicó de forma indebida la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, al exigirle la acreditación de una enfermedad terminal y un dictamen médico forense del IDIF para la cesación de las medidas cautelares, en contravención al principio de irretroactividad en materia penal. Ante ello, la Vocal demandada señaló que el Auto de Vista 147/2023 se encuentra debidamente fundamentada conforme al art. 239.5 del CPP, al haberse exigido un certificado médico homologado por el IDIF, y que la insuficiencia respiratoria crónica acreditada por el Hospital del Tórax fue considerada en la parte dispositiva. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 12 de mayo, cursante a fs. 57 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0091/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56521-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2023 de 12 de mayo, cursante a fs. 57 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Mario Camargo Gutiérrez contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del referido departamento.
Por memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursante a fs. 1; y, 30 a 41, el accionante, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por parte del Ministerio Público, a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente, mediante Resolución 218/2022 de 2 junio, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya del departamento de La Paz. Durante la misma, solicitó salidas judiciales las cuales fueron emitidas por la autoridad judicial y mediante el cual se pudo constatar que padece de una enfermedad crónica grave: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), tipo Enfisematoso, una patología que va empeorando con el tiempo y que no presenta mejoría debido a las condiciones de su reclusión y al clima del municipio de Patacamaya.
Durante el receso judicial, al amparo del art. 239.1 y 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó a William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado- la cesación de su detención preventiva, impetrando que dicha medida extrema fuera sustituida por una detención domiciliaria; solicitud que se sustentó en los siguientes fundamentos: a) En atención al Certificado médico emitido por Lorena Rosales Escobar, médico de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de Patacamaya, se indicó que padecía de una enfermedad pulmonar que requería atención especializada por parte de un neumólogo, siendo derivado al Hospital del Tórax; y, b) Al ser atendido en el citado hospital, la especialista neumóloga, emitió otro certificado en el que se diagnosticó que sufría de EPOC, una patología en la que los alveolos pulmonares se destruyen progresivamente, lo que dificulta y afecta la distribución de oxígeno en su organismo, y que de no tratarse oportunamente, puede ocasionar una falla multiórgánica que afectaría al corazón, cerebro y riñones, siendo una patología degenerativa y progresiva, sin cura, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo la única manera un trasplante de sus dos pulmones. No obstante, el Juez codemandado, sin valorar adecuadamente las pruebas presentadas y en contravención con el principio de retroactividad en materia penal, rechazó su solicitud mediante la Resolución 813/2022 de 28 de diciembre, bajo el argumento de que, según la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, la cesación de las medidas cautelares previstas en su art. 239.5, en casos de violación de los derechos de niñas, niños, infantes y/o adolescentes, solo procede con la debida acreditación de una enfermedad terminal y mediante un dictamen médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Ante dicha resolución, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, quien confirmó la decisión del Juez codemandado, disponiendo, no obstante, su internación en un centro médico mientras dure su tratamiento y se viabilice la homologación de los certificados médicos o, en su caso, la valoración correspondiente por el IDIF. Esta determinación no tomó en cuenta que su enfermedad es crónica e incurable, lo que en los hechos supone una internación indefinida, máxime tratándose de un hospital público en la que enfrentó una demora de tres meses para la realización de sus exámenes médicos. A ello se suma que, las condiciones del centro penitenciario donde se encuentra recluido agravan significativamente su estado de salud, debido al hacinamiento, la exposición a agentes nocivos, el consumo pasivo de cigarrillo, la ausencia de condiciones adecuadas para personas adultas mayores y el clima adverso del altiplano, factores que dificultan su respiración. Asimismo, se le exigió la presentación de certificados médicos conforme a la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, norma posterior a los hechos que motivaron el proceso, lo que vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE). Finalmente, pese a la interposición de un recurso de complementación y enmienda el 10 de marzo de 2023, no se emitió pronunciamiento por más de cincuenta días, generando una situación de incertidumbre jurídica.
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso, “pronta justicia” y a una vejez digna, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 67.I y 73.I de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la inmediata cesación a la detención preventiva y en su lugar se aplique la detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 56, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia señaló que: 1) La Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente modificó el art. 239.5 del CPP, el mismo establece que se debe presentar certificados médicos forenses, pero esta ley no establece que es aplicable a un proceso anterior -a su promulgación-; y, 2) Las autoridades demandadas no entendieron que los certificados médicos obtenidos es en razón a varios exámenes médicos en un hospital de tercer nivel y otro perteneciente al ente gestor de salud pública; estas autoridades determinaron el tratamiento de manera permanente, pero no comprenden que no está siendo efectivo por las circunstancias que el accionante padece, porque él se encuentra en un penal con hacinamiento de reclusos y en un lugar frío lo cual, obstruye más sus pulmones.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 47 a 48, sostuvo que: i) El Auto de Vista -147/2023 de 9 de marzo- se encuentra debidamente fundamentado conforme a lo dispuesto por el art. 239.5 del CPP, señalando que el Juez a quo consideró necesaria la presentación de un certificado médico homologado por el IDIF, que resulta ser la entidad habilitada por el Ministerio Público; que, si bien el certificado médico emitido por el Hospital del Tórax acredita una insuficiencia respiratoria crónica que requeriría atención médica permanente, dicho aspecto fue subsanado en la parte dispositiva del indicado Auto de Vista; ii) La jurisdicción constitucional no se encuentra facultada para ingresar a una interpretación de legalidad ordinaria, como pretende el accionante, debiendo considerarse lo previsto por el art. 250 del referido Código en caso de estimar pertinente la modificación de la medida cautelar impuesta; y, iii) La solicitud de complementación fue atendida dentro de los plazos legales, sin dar lugar a la pretensión del accionante, por cuanto, implicaba una modificación de fondo de la resolución cuestionada. William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 46, manifestó que: a) El proceso fue atendido durante el turno de fin de año y posteriormente devuelto al juzgado de origen, esto es, al Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del referido departamento, razón por la cual no contaría con antecedentes completos del proceso; y, b) El legajo de apelación fue remitido el 11 de mayo de 2023, conforme acredita el oficio de remisión, por lo que no le sería posible determinar la situación jurídica del imputado -hoy accionante-, habiéndose dado cumplimiento a la remisión correspondiente.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 34/2023 de 12 de mayo, cursante a fs. 57 y vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La situación jurídica del privado de libertad fue resuelta mediante la Resolución 813/2022 dictada por el Juzgado de origen en cumplimiento de lo decidido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En dicha resolución, pese al rechazo de la cesación de la detención preventiva, se dispuso la internación del sindicado mientras concluya el tratamiento médico sugerido, así como la viabilización de la homologación correspondiente o, en su caso, la valoración por el IDIF; y, 2) Si bien el derecho invocado por el accionante se sustentaba en la supuesta falta de atención médica y el riesgo para su vida, éste no logró demostrar de manera objetiva y fehaciente que las autoridades demandadas estuvieran limitando o restringiendo sus derechos fundamentales.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 61), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 65); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 147/2023 de 9 de marzo, emitida por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, se admitió el recurso de apelación interpuesto por Juan Mario Camargo Gutiérrez -ahora accionante-, y se lo declaró parcialmente procedente, disponiéndose, en consecuencia, la revocatoria parcial de la Resolución 813/2022 de 28 de diciembre, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del referido departamento -ahora codemandado-. En la parte dispositiva, la indicada Sala Penal resolvió mantener el rechazo de la cesación de la detención preventiva; no obstante, ordenó la internación del sindicado -hoy impetrante de tutela- mientras concluya el tratamiento médico sugerido, así como la viabilización de la homologación correspondiente, o, en su caso, la valoración que en derecho corresponda por el IDIF. En ese entendido, se mantuvo la privación de libertad del nombrado hasta el cumplimiento de dichos extremos, con la finalidad de resguardar sus derechos a la salud y a la vida (fs. 50 a 52). II.2. Mediante decreto de 10 de marzo de 2023, emitido por la Vocal demandada, se determinó no ha lugar a la solicitud de complementación formulada por la parte accionante, disponiéndose que ésta se sujete a lo resuelto en la “Resolución” -Auto de Vista- 147/2023. Dicho decreto se sustentó en el argumento de que la solicitud planteada por el impetrante de tutela contravenía a lo establecido por la normativa constitucional, al pretender una modificación sustancial de la decisión adoptada (fs. 53).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso, “pronta justicia” y a una vejez digna; toda vez que: i) La Vocal demandada: a) Le exigió la presentación de certificados médicos conforme a una norma promulgada de forma posterior a los hechos por los que se lo investiga -Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -, vulnerando el principio de irretroactividad previsto en el art. 123 de la CPE; b) Dispuso su internación en un centro médico sin considerar que padece una enfermedad crónica e incurable y las condiciones del centro penitenciario en el que se encuentra agravan su estado de salud; y, c) No efectuó un pronunciamiento oportuno sobre su solicitud de complementación y enmienda, lo que le generó incertidumbre jurídica; y, ii) El Juez codemandado no valoró adecuadamente la prueba presentada y aplicó de forma indebida la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, al exigirle la acreditación de una enfermedad terminal y un dictamen médico forense del IDIF para la cesación de las medidas cautelares, en contravención al principio de irretroactividad en materia penal. Ante ello, la Vocal demandada señaló que el Auto de Vista 147/2023 se encuentra debidamente fundamentada conforme al art. 239.5 del CPP, al haberse exigido un certificado médico homologado por el IDIF, y que la insuficiencia respiratoria crónica acreditada por el Hospital del Tórax fue considerada en la parte dispositiva. Además, la eventual modificación de la medida cautelar debe canalizarse conforme al art. 250 del citado Código, y la complementación fue atendida oportunamente, sin dar lugar a una modificación de fondo. Por su parte, el Juez codemandado, indicó que el proceso fue atendido en turno de fin de año y luego devuelto al Juzgado de origen, por lo que no cuenta con los antecedentes completos; asimismo, el legajo de apelación fue remitido el 11 de mayo de 2023, habiéndose cumplido con el envío correspondiente, sin poder determinar la situación jurídica del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a las medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: “‘…la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP’” (las negrillas nos corresponden).
Previamente a ingresar al análisis de fondo, cabe señalar que, el accionante demandó a la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del referido departamento; en tal sentido, corresponde aclarar que en el marco del principio de subsidiariedad excepcional que rige este mecanismo constitucional, la revisión de las determinaciones asumidas en la jurisdicción ordinaria, se realizará a partir de la última resolución; es decir, en el presente caso del Auto de Vista 147/2023 de 9 de marzo; por cuanto, dicho fallo tenía la posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones del Juez inferior. En ese contexto, la parte accionante denunció como agravio a) que la Vocal demandada le exigió la presentación de certificados médicos forenses aplicando una norma promulgada de forma posterior a los hechos investigados -Ley 1443-, en vulneración del principio de irretroactividad consagrado en el art. 123 de la CPE. Al respecto, la Vocal demandada señaló que “…la autoridad A quo si bien aplica una normativa que se encuentra debidamente motivado por el Juez A quo en torno a aquellos elementos que tienda a demostrar la aplicabilidad del Art. 239 núm. 5) del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173, empero no se ha ingresado en contraposición de la aplicación del Art. 4 del Código Penal efectivamente respecto a normativa más favorable al reo a tiempo de sustentar un proceso penal, esto también constitucionalmente amparado en torno a la retroactividad favorable en materia laboral y penal respecto al sindicado, ingresando este Tribunal dentro de un parámetro de proporcionalidad en torno a los derechos de la víctima… (…) Empero de ello este Tribunal de Alzada dentro de la parte dispositiva considerará la recomendación extendida en el informe médico respecto a la atención que amerita al recurrente… (…)
(…) se REVOCA EN PARTE la Resolución No. 813/2022 de fecha 28 de diciembre de 2022 (…) manteniendo el rechazo de cesación a la detención preventiva, empero ordenando la internación del sindicado en tanto y en cuanto se concluya el tratamiento médico sugerido y asimismo se viabilice la homologación, si así correspondiere o la valoración que en derecho corresponda en el Instituto de Investigación Forense” (sic [las negrillas son añadidas]). De la revisión del contenido del Auto de Vista 147/2023, en relación con la denuncia de una supuesta aplicación retroactiva de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -vinculada a la exigencia de homologación de los certificados médicos destinados a acreditar el estado de salud del imputado, quien alegó padecer una enfermedad crónica e incurable- se advierte que la Vocal demandada sostuvo que la autoridad judicial a quo se limitó a aplicar la normativa vigente al momento de resolver la solicitud planteada. Asimismo, precisó que la invocada favorabilidad, en el caso concreto, debía ponderarse en armonía con los derechos de la víctima. En ese marco, se puede establecer que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para desvirtuar el razonamiento expuesto por la autoridad demandada. Respecto al agravio b) referido a que, si bien dicha autoridad dispuso su internación en un centro médico, no tomó en cuenta que el accionante padece una enfermedad crónica e incurable, circunstancia que, en la práctica, podría derivar en una internación de carácter indefinido, máxime cuando se trata de un hospital público con limitaciones de recursos y cuando las condiciones del centro penitenciario en el cual se encuentra agravan su estado de salud. Al respecto, la autoridad demandada, lejos de desatender la condición médica denunciada mientras se aguardaba el pronunciamiento de los médicos forenses, moduló su decisión y dispuso, la internación del accionante conforme a la recomendación médica emitida, como una medida orientada a garantizar su derecho a la salud, evitando que su permanencia en el centro penitenciario pudiera agravar la patología que padece. Finalmente, como agravio c) la parte accionante denunció que la Vocal demandada no efectuó un pronunciamiento oportuno sobre su solicitud de complementación y enmienda, lo que le generó incertidumbre jurídica. Sobre este punto, corresponde señalar que la demora alegada carece de relevancia constitucional, en tanto que, aun en el supuesto de que se hubiera producido una dilación en el pronunciamiento de la solicitud de complementación y enmienda, dicha circunstancia no tuvo incidencia material en el contenido ni en el resultado de la decisión adoptada, ni generó una afectación real, directa y concreta a los derechos o garantías constitucionales del accionante. Al respecto, la SC 0995/2004-R de 29 de junio, sobre dicho requisito estableció que: “…esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.
En consecuencia, la resolución impugnada no se limitó a una negativa inmotivada, sino que ofreció una respuesta concreta y razonada a los agravios formulados, explicando por qué no correspondía la cesación de la detención preventiva y, al mismo tiempo, adoptando una medida alternativa orientada a la protección de la salud del imputado -hoy accionante-; de ahí que, puede sostenerse que la Vocal demandada sí fundamentó su decisión y respondió al agravio del accionante, sin que la discrepancia con el sentido de la decisión adoptada implique, por sí sola, una vulneración al deber de motivación. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2023 de 12 de mayo, cursante a fs. 57 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0091_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 79fd7159c722c29f2c2afff6cc9fa9df5466479d03b48c4e3fdff9d453dcff51
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