Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; toda vez que, el Juez demandado, en suplencia por ausencia del titular, no se pronunció respecto a su solicitud de salida para realizar trámites personalísimos como el registro biométrico en su trámite de jubilación. Ante ello, el Juez demandado señala que recién asumió conocimiento de la mencionada solicitud el 1 de junio de 2023 por negligencia del Secretario del Juzgado en el que asume funciones en suplencia, ya que no ingresó a despacho la misma para su pronunciamiento; no obstante, las solicitudes de las partes, incluyendo del imputado merecieron pronunciamiento oportuno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 31 vta. a 34, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías, con base en los razonamientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56077-2023-113-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 07/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 31 vta. a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Fuentes Valencia contra Remberto Coila Muruchi, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Pedro de Buena Vista en suplencia legal de su similar Primero de Acasio, ambos del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 30 de mayo de 2023, cursante de fs. 9 a 10, el accionante manifiesta lo siguiente:
Se encuentra recluido en la Carceleta de Buena Vista del departamento de Potosí a causa de un proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del ilícito previsto en el art. 308 bis del Código Penal (CP), signado con Código Único de Denuncia (CUD) 505102092200083. En ese contexto, en su condición de persona adulta mayor y debido a la exigencia de la prueba de vida ante la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP), el 28 de marzo de 2023, solicitó orden de salida para hacer personalmente las gestiones para su jubilación, sin recibir respuesta alguna por Remberto Coila Muruchi, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Pedro de Buena Vista en suplencia legal de su similar Primero de Acasio, ambos del departamento de Potosí -hoy demandado-.
Como persona adulta mayor, se encuentra enfermo con dolencias reumáticas y artríticas en las rodillas y manos, además de problemas gastrointestinales como es habitual a su edad, por lo que, requiere de recursos económicos que podrían ser cubiertos por su pensión de jubilación, a la que no puede acceder por la morosidad judicial; en ese entendido, no dar curso a su solicitud le priva de sus derechos.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; citando al efecto el art. 15.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que el Juez demandado ordene su salida para el efecto solicitado.
Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías señaló que: a) En su calidad de adulto mayor, profesor y apto para jubilarse, solicitó que se le conceda permiso bajo escolta de seguridad con el objeto de ir a Cochabamba a fin de registrarse en el biométrico de la AFP; empero, a más de un mes, no recibió respuesta hasta la fecha -se entiende de la audiencia de la acción tutelar- con la debida diligencia; y, b) No hay Juez en Acasio y no busca problemas para el Juez demandado, ya que solo pide que le concedan el referido permiso para que pueda tramitar su jubilación, que es su derecho, porque sufre de enfermedades y su familia lo abandonó.
Remberto Coila Muruchi, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Pedro de Buena Vista en suplencia legal de su similar Primero de Acasio, ambos del departamento de Potosí, por informe escrito cursante de fs. 23 a 24, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) Al encontrarse en suplencia legal, cumplió todos los días lunes de manera responsable, atendiendo las causas y realizando las audiencias; además, atendió las solicitudes de cesación a la detención preventiva del accionante y los requerimientos del Ministerio Publico y la víctima, llevando incluso las audiencias en el asiento judicial de Buena Vista del citado departamento; y, 2) Por negligencia de Grover Ismael Janco Caihuara, Secretario del referido Juzgado de Acasio, la solicitud de orden de salida no paso a su despacho y tuvo conocimiento de la misma a través de un archivo PDF enviado a su WhatsApp, en primer término sin fecha de recepción y luego consignando de manera sorpresiva el 1 de junio de 2023, por lo que, el único responsable de la omisión es el Secretario y no su persona.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 07/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 31 vta. a 34, concedió la tutela solicitada, con la aclaración de que dicha tutela fue concedida respecto a Grover Ismael Janco Caihuara, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Acasio del departamento de Potosí, disponiendo que la autoridad que asume suplencia legal de dicho Juzgado responda a la solicitud presentada en el plazo de veinticuatro horas; con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme a lo expresado en el informe del prenombrado Secretario, el memorial de solicitud de salida del accionante no ingresó a despacho, por lo que, esta omisión no se puede atribuir al Juez demandado; y, ii) Ese hecho se encuentra vinculado a la libertad porque no se permitió al impetrante de tutela salir con permiso, inclusive con los derechos a la salud y a la petición.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 45), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 49); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por mandamiento de detención preventiva de “…diez días del dos mil veintitrés…” (sic), Remberto Coila Muruchi, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Pedro de Buena Vista en suplencia legal de su similar Primero de Acasio, ambos del departamento de Potosí -ahora demandado-, ordenó al Director de la Carceleta de Buena Vista del citado departamento la conducción de Rubén Fuentes Valencia -hoy accionante- a dicha Carceleta, en cumplimiento al Auto de 10 de febrero de 2023, por el lapso de seis meses, es decir hasta el 10 de agosto del citado año, dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Publico a denuncia de Alicia Flores Condori contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente (fs. 28).
II.2. A través de memorial de abril de 2023, con cargo de recepción de 1 de junio del referido año, el impetrante de tutela solicitó al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Acasio del departamento de Potosí salida judicial para realizar trámites personales como el registro biométrico ante la AFP, sea bajo escolta y seguridad necesaria (fs. 26). II.3. Mediante certificación sin fecha de emisión, Grover Ismael Janco Caihuara, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Acasio del departamento de Potosí, señaló que el memorial de abril de 2023, de solicitud de salida del accionante “…no ingreso a despacho porque en este Juzgado no existe un Juez titular…” y que ingreso a despacho el 1 de junio del señalado año (fs. 22).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida; toda vez que, el Juez demandado, en suplencia por ausencia del titular, no se pronunció respecto a su solicitud de salida para realizar trámites personalísimos como el registro biométrico en su trámite de jubilación. Ante ello, el Juez demandado señala que recién asumió conocimiento de la mencionada solicitud el 1 de junio de 2023 por negligencia del Secretario del Juzgado en el que asume funciones en suplencia, ya que no ingresó a despacho la misma para su pronunciamiento; no obstante, las solicitudes de las partes, incluyendo del imputado merecieron pronunciamiento oportuno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos corresponden).
En cuanto a éste punto, la 0250/2025-S2 de 21 de abril, desarrolló los requisitos de validez para la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos denunciados, al expresar “…en el derecho una presunción es una inferencia lógica que se realiza a partir de un hecho cierto para establecer otro hecho que no ha sido directamente demostrado. Por tanto, el hecho conocido es indispensable para que una presunción pueda operar, ya que constituye la base sobre la cual se realiza la deducción lógica; en consecuencia, una presunción no puede surgir de la mera especulación o suposiciones sin sustento. En ese sentido, cuando una autoridad judicial basa su decisión en una presunción, debe asegurarse de que el hecho base -es decir, el hecho conocido- esté suficientemente acreditado en el proceso, ya que de lo contrario se vulneran principios como el de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Por lo tanto, para que las presunciones sean válidas, requieren partir de hechos conocidos. Bajo esta premisa, para que pueda presumirse la veracidad de las afirmaciones contenidas en una acción tutelar -en casos en los que los servidores públicos no asisten a la audiencia, no presentan el informe requerido, o, habiendo asistido, no niegan expresamente dichas afirmaciones-, es necesario que existan elementos probatorios que respalden al menos de manera indiciaria los hechos alegados. Dichos elementos pueden ser aportados por el accionante o por terceros intervinientes y/o de las circunstancias del caso concreto” (el resaltado es propio).
En la presente acción de libertad, se advierte que Rubén Fuentes Valencia -hoy accionante- se encuentra cumpliendo detención preventiva en la Carceleta de Buena Vista del departamento de Potosí en ejecución del mandamiento librado por Remberto Coila Muruchi, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Pedro de Buena Vista en suplencia legal de su similar Primero de Acasio, ambos del citado departamento -ahora demandado-, dispuesto por Auto de 10 de febrero de 2023, por el lapso de seis meses, es decir hasta el 10 de agosto de 2023, dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Publico a denuncia de Alicia Flores Condori contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente (Conclusión II.1). En el referido proceso penal, el Juez demandado cumple función en suplencia del titular; y, en ese contexto, el accionante presentó memorial de solicitud de orden de salida para la realización de trámites personales como el registro biométrico ante la AFP en el trámite de jubilación ante instancias gubernamentales y entidades aseguradoras (Conclusión II.2); escrito que recién ingreso a despacho el 1 de junio de 2023 con la justificación de la ausencia del titular, por el Secretario del Juzgado titular de la causa (Conclusión II.3). De los antecedentes detallados, se evidencia que en el proceso penal que sigue el Ministerio Publico al accionante, éste último, se encuentra con detención preventiva en Carceleta de Buena Vista del departamento de Potosí por el lapso de seis meses, es decir hasta el 10 de agosto de 2023; además, la autoridad judicial demandada se encuentra cumpliendo funciones en suplencia del titular; y, el accionante presentó memorial de solicitud de salida para realizar gestiones de carácter personal en el trámite de su jubilación con “abril de 2023”, sin evidenciar fecha de presentación. Si bien no es posible establecer con precisión la fecha de presentación de la solicitud de salida del accionante, en aplicación de la presunción de veracidad de los hechos denunciados, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, es posible inferir éste dato a partir de los hechos precisados. En ese entendido, de los hechos constatados se puede deducir que la mencionada solicitud fue presentada los primeros días de abril de 2023, extremo que no fue negado por la autoridad demandada, al contrario del informe del Secretario del Juzgado titular, se evidencia que fue presentado con anterioridad, sin precisarse la fecha; en ese entendido, tampoco puede asumirse como cierta la afirmación del accionante, de haberse presentado dicha solicitud el 28 de marzo de 2023, puesto que su memorial consigna “abril de 2023”. Consiguientemente, desde los primeros días de abril de 2023 -dato consignado en el memorial de solicitud de salida-, hasta la presentación de esta acción de defensa, el 1 de junio de 2023, transcurrieron aproximadamente dos meses, sin que la autoridad judicial demandada se pronuncie, incurriendo en inobservancia del principio de celeridad, puesto que el solicitante se encuentra con detención preventiva, por lo que, su solicitud merecía ser atendida con la mayor celeridad posible conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin que la excusa de la omisión del Secretario del Juzgado titular de pasar a despacho dicha solicitud, pueda ser justificativo suficiente para el retraso, puesto que, es la autoridad demandada, quien ejerce jurisdicción y tiene el deber de observar el principio de dirección del proceso, incluso en casos de suplencia. Conforme a los razonamientos desplegados, los datos del presente caso dan mérito suficiente para conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Sin embargo, respecto al derecho a la vida que denunció como derecho vulnerado, a más de su mención, el accionante no desarrollo carga argumentativa que cuestione de manera específica porque considera que se encuentra en riesgo, tampoco adjuntó elemento probatorio al respecto, razón por la que no merece pronunciamiento alguno. En la presente causa el Tribunal de garantías, concedió la tutela solicitada contra el Secretario del Juzgado titular del proceso penal; sin embargo, ésa decisión no procede porque, además de las razones desplegadas en líneas precedentes, la acción tutelar no fue interpuesta contra el mencionado funcionario de apoyo para que pueda asumir defensa y pueda ser oído en el desarrollo del proceso. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 31 vta. a 34, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías, con base en los razonamientos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0090_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 64147bb88a4e3786d28f6feb149f9ed86040e5826809b8b2dc03b7770b36b84c
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