Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 3 de febrero de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad permanente y a la petición; en razón de que la el entonces Procurador ahora accionado: 1) Cuando se encontraba gozando de vacaciones le notificaron con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril, con el argumento de que el Carnet de Persona Discapacitada de su hijo no fue actualizado y estaría vencido, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el DS 4961, aparte de no considerar la demanda extraordinaria de declaración judicial de interdicción de su hijo que fue admitida y se encuentra en espera de la declaración de interdicción; además de que, se hubiera suprimido su puesto de trabajo en la supuesta reorganización administrativa de la institución, vulnerando el derecho al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral; Posteriormente, le notificaron con la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024 de 27 de junio, emitida por el Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, indicando que dicha Unidad se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a “…Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023…” (sic), en la que estaría involucrada, pidiéndole a presentar sus descargos; cuando la administración contaba con toda la información requerida, sabiendo que la asignación de ítems no es de su competencia, aparte de no tener ninguna tuición sobre las decisiones administrativas; y, 2) Presentó la nota de reconsideración solic…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 213/2024 de 14 de agosto, cursante de fs. 217 a 219 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en forma provisoria y transitoria, en relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de madre que tiene a su cargo un hijo discapacitado, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril; b) La inmediata reincorporación de la accionante a su mismo cargo o en otro equivalente con el mismo nivel salarial, con pago de sueldos devengados desde la fecha de su desvinculación; y, c) La reafiliación de su hijo discapacitado a la Caja de Salud así como de la accionante en calidad de madre del beneficiario. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho de petición y la pretensión de que se condene al pago de costas a César Adalid Siles Bazán, ex Procurador General del Estado ahora accionado, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2026-S1 Sucre, 3 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 68991-2024-138-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 213/2024 de 14 de agosto, cursante de fs. 217 a 219 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nydia Cecilia Mariño Tejada contra César Adalid Siles Bazán, ex Procurador General del Estado.
La accionante por memorial presentado el 19 de julio de 2024, cursante de fs. 33 a 41, manifestó que:
El 4 de marzo de 2013, ingresó a trabajar en la Procuraduría General del Estado (PGE) como Encargada de Contrataciones Menores, luego fue asignada como Técnico IV, Encargada de Activos Fijos, siendo su cargo actual -se entiende hasta la interposición de esta acción de amparo constitucional-. No obstante, la Directora de Asuntos Administrativos mediante Nota Interna PGE-URH-NOT-0165/2023 de 14 de agosto, le solicitó la remisión del Carnet de Discapacidad actualizado de su hijo Joaquín Ignacio Gonzales Mariño, aduciendo vencimiento; por ello, a través de Nota Interna PGE-UADM-NOT-0506/2023 de 22 de agosto, indicó a la nombrada Directora, que si bien estaba vencido; empero, por disposición del Decreto Supremo (DS) 4961, se amplió de manera única y excepcional la vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2024, de todos los beneficiarios con carnets vencidos; por lo que, el Carnet de Discapacidad de su hijo estaba vigente.
A pesar de lo anterior, considerando que su hijo se encontraba a punto de cumplir la -mayoría de edad-, a través de memorial presentado el 23 de febrero de 2024, planteo demanda extraordinaria de declaración de interdicción del señalado, en el que se esperaba que el Juez Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, emita la declaración de interdicción del nombrado, -se entiende hasta la interposición de esta acción de amparo constitucional-, debido a que tiene una discapacidad permanente desde su nacimiento, careciendo de capacidad de obrar. En ese contexto, el 1 de mayo del citado año, cuando se encontraba de vacaciones recibió una llamada de su jefe inmediato superior, quien le ordenó debía apersonarse con suma urgencia a la Jefatura de Recursos Humanos (RR.HH.); razón por la cual el 2 de idéntico mes y año, se presentó a la referida Jefatura, donde le notificaron con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril, de manera sorpresiva, intempestiva y de mala fe, cuando su vacación se extendía hasta 3 de mayo de similar año, en el señalado manifiesta que: en mérito a la Resolución Ministerial (RM) 124 de 30 de abril de 2024, se resolvió: “…Aprobar la escala salarial a favor de la Procuraduría General del Estado compuesta por 173 Ítems, distribuidos en 14 niveles salariales…” (sic); por lo que se decidió prescindir de su persona como “…TÉCNICO IV - ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS (…) aclarándole que su relación laboral con la institución y el pago de sus haberes se computará únicamente hasta el 29 de abril de 2024” (sic). Ante esa Determinación mediante Nota de 8 de mayo de 2024, reclamó al entonces Procurador hoy accionado, reconsidere su retiro arbitrario e ilegal, señalando que la institución que dirige cuenta con documentos que demuestran que tiene bajo su dependencia un hijo con discapacidad permanente, teniendo por ello estabilidad e inamovilidad laboral conforme la normativa constitucional y convencional, la cual no fue respondida hasta la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional, vulnerándose el derecho a la petición. Posteriormente, el 27 de junio de 2024, le notificaron con la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024 de 27 de junio; la cual señala que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a “…Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023…” (sic), en la que estaría involucrada, pidiéndole que presente sus descargos, aclaraciones, justificaciones y documentación de respaldo en el plazo de diez días. Es por ello que; el 9 de julio del citado año, en el plazo previsto presentó la carta de respuesta, explicando de manera puntual que como Encargada de Activos Fijos, no tenía ninguna tuición para generar ítems, partidas presupuestarias y otras relacionadas con la contratación de personal; además, que su área de trabajo fue de control, registro y asignación de los activos fijos a los funcionarios de la institución; por lo que, la nota mencionada sería un intento de justificar un despido arbitrario, sabiendo que la asignación de ítems no es de su competencia.
En ese marco, refirió que es una madre trabajadora que tiene a su cargo la manutención de tres hijos, teniendo su hijo mayor con discapacidad y sus dos hijos menores serían mellizos de ocho años de edad, además de ser la única persona que trabaja en la familia. Asimismo, aclaró que la PGE ya tenía conocimiento de que tiene un hijo con discapacidad acreditado con Carnet de Discapacidad 215322, con un grado de 34% de discapacidad intelectual, vigente desde 5 de febrero de 2019 hasta el mismo día y mes de 2023, lo cual fue ampliado en virtud al DS 4961 hasta el 31 de diciembre de 2024 y al haber cumplido su hijo mayoría de edad, inició el trámite judicial de declaración de interdicción para que siga gozando del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral; empero, con el despido intempestivo fue privada de esos derechos, a pesar de pertenecer a un grupo vulnerable que goza de protección reforzada.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad permanente, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 14.II, 46.I.2, 48.II, 49.III, 70.1, 2 y 5, 71, 72, 109.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); 14 y 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 3.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIEDPD).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene a la entonces Procurador ahora accionado: a) Dejar sin efecto el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril; b) La inmediata reincorporación a su mismo cargo con pago de sueldos devengados; c) Se condene en costas procesales conforme al art. 113 de la CPE y la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, teniendo la institución demandada la acción de repetición contra los malos funcionarios que vulneraron sus derechos; y, d) La inmediata re afiliación de su hijo con discapacidad a la Caja de Salud así como de su persona en calidad de madre del beneficiario.
Celebrada la audiencia pública el 14 de agosto de 2024, según consta en acta cursante de fs. 212 a 216, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional.
Cesar Adalid Siles Bazán, entonces Procurador General del Estado, a través del memorial presentado el 14 de agosto de 2024, cursante de fs. 208 a 211, manifestó que: 1) El 30 de abril de 2024, la accionante fue desvinculada mediante el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024; en ese orden, el 8 de mayo de igual año, la accionante como ex servidora pública presentó nota externa, solicitando se deje sin efecto el citado Memorándum y sea reincorporada, justificando su pretensión de inamovilidad laboral; manifestando, que sería tutora de un hijo con discapacidad permanente, mismo que comunico al Área de RR.HH. de la PGE, adjuntando documentación de respaldo. Al respecto, la Jefa de Unidad de RR.HH. elaboró el Informe PGE-URH-INF-0251/2024 de 15 de mayo; asimismo, se realizó el análisis jurídico sobre la desvinculación mediante el Informe PGN-UAJ-INF-0201/2024 de 10 de junio, además el entonces Procurador hoy accionado emitió la Nota PGE/DESP -1392/2024 de 11 de junio, siendo notificada por cédula con el mismo el 12 de junio de similar año, en su domicilio real; 2) La accionante alegó la vulneración del derecho a la petición, afirmando que la PGE, no respondió a la Nota presentada el 8 de mayo de idéntico año, lo cual no sería cierto; por cuanto la nombrada el 12 de junio de similar año, fue notificada por cédula con la Nota PGE-DESP - 1392/2024, respondiendo al reclamo de la accionante, haciendo conocer que no corresponde su reincorporación laboral; 3) Existen actos consentidos, por cuanto la accionante después de notificada con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024, -se entiende de despido-, realizó declaración jurada de bienes y rentas el 29 de mayo de 2024, además se tendría el Acta de Destrucción de Sellos de 6 de igual mes y año, contando con la entrega de la credencial y sellos, configurándose con ello los actos consentidos, aceptando de que ya no es servidora pública en la PGE; 4) El Decreto Supremo (DS) 28521 de 16 de diciembre de 2005, creó el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, determinado por el art. 2, que; por lo cual, el Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) mediante los Comités Departamentales de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS) otorgará Carnet de Personas con Discapacidad, disponiendo en el art. 3, que: “El Certificado Único de Discapacidad es el único documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona, que es otorgado por establecimientos de salud reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes previa evaluación de la persona solicitante por el equipo profesional acreditado, la cual debe ser actualizada cada tres años” (sic). Por su parte, el art. 2 de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, estableció que todas las instituciones del sector público están en la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, conyugue, tutor o tutora que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años con discapacidad grave o muy grave en un porcentaje no menor a 4% de su personal; empero, de acuerdo al file personal de la accionante no fue incorporado bajo ese amparo legal sino como funcionaria provisoria; 5) El art. 2.V de la mencionada Ley, establece que la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, conyugue, tutora o tutor que se encuentra a cargo de una persona con discapacidad menor a dieciocho años de edad o con discapacidad grave o muy grave en los sectores público o privado; sin embargo, el art. 34.II de la Ley de Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, establece que la inamovilidad laboral se otorgará: “…siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido” (sic); en esa misma línea la norma reglamentaria, aprobada por el Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2008, en el art. 2.II, que modifica el art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, el cual señala que: “Las personas con discapacidad que presenten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. La inamovilidad (…) beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años, situación que deberá ser debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente contenida en el Certificado Único de Discapacidad…” (sic), la cual amplia el ámbito de protección a las personas que no padezcan, pero que tengan bajo su dependencia a personas discapacitadas, exigiendo requisitos para ello; 6) El Decreto Supremo (DS) 3437, establece requisitos que los beneficiarios deben cumplir para la inserción laboral obligatoria; en ese orden, la accionante no cumplió con los siguientes requisitos: i) El hijo de la accionante, no es menor de edad, habiendo cumplido mayoría de edad, el 6 de marzo de 2024; ii) En ningún momento acreditó a la PGN, la discapacidad grave o muy grave del hijo, la ex servidora pública; iii) Si bien tendría Carnet de Discapacidad vigente, este fue obtenido cuando el hijo era menor de edad, ya que data de la gestión 2019; iv) A la fecha de desvinculación de la accionante, no contaba con resolución judicial de nombramiento de tutora; por lo que, no cumple con el art. 2.2 del Decreto Supremo (DS) 3437 de 20 de diciembre de 2017; en ese orden se advierte a ausencia del Certificado Único de Discapacidad que no fue reportado por la nombrada a la PGN, lo cual acredité el tipo y el grado de discapacidad del hijo mayor de la misma; 7) De acuerdo a la cédula de identidad del hijo de la señalada, nació el 6 marzo de 2006; por lo que, el mismo día y mes de 2024, adquirió mayoría de edad, concluyendo de ese modo el beneficio de inamovilidad laboral para la madre, ya que de acuerdo a la normativa el beneficio se otorga a los menores de dieciocho años, salvo que se cuente con grado de discapacidad grave o muy grave; 8) Por otro lado, existió en la PGN, reordenamiento administrativo, teniendo una nueva estructura organizacional aprobada mediante Resolución Procuradurial 14/2024 de 29 de enero, realizando ajustes en los niveles salariales, con la creación y supresión de ítems dentro del techo presupuestario en estricto apego a la Ley de Administración Presupuestaria, y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; asimismo, el art. 32 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP), aprobada por Decreto Supremo 26115 de 16 de marzo de 2001, sobre el proceso de retiro prevé: “…El retiro es la terminación de vínculo laboral que une a la entidad laboral con el servidor público, la cual puede producirse por cualquiera de las siguientes casuales: (…) h) Supresión del puesto, entendida como la eliminación de puestos de trabajo, cuando éstos dejen de tener vigencia como resultado de la modificación de competencias o restricciones presupuestarias a la entidad, traducidos en los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa, en cuyo caso se suprimirá también el ítem correspondiente” (sic); y, 9) En ese sentido, el cargo que ocupaba la accionante como Técnico IV, Encargada de Activos Fijos, fue suprimida según la Resolución Procuradurial 053/2023 de 12 de mayo, como parte del reordenamiento administrativo en la institución, estando vigente actualmente la Resolución Procuradurial 040/2024 de 8 de abril; por lo que, dejó de existir el cargo de Técnico IV, Encargado de Activos Fijos, ítem 146 y otros.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 213/2024 de 14 de agosto, cursante de fs. 217 a 219 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La accionante cumplió parcialmente con la carga de identificar el acto lesivo denunciado, que sería el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024; empero, por voluntad de la misma no ejercitó ningún acto de impugnación contra ese acto lesivo; b) Para la administración pública, la Nota de 8 de mayo de 2024, presentada por la nombrada, bajo el principio de informalismo constituye un acto de impugnación, la cual según la accionante aún no tendría respuesta, lo cual implica que para el proceso constitucional existe una cuestión pendiente, no resuelta que configura incumpliendo el principio de subsidiariedad, siendo una causal de improcedencia reglada; c) Es evidente que existen normas de protección de las personas con discapacidad como el DS 28521, la Ley 223 y en particular el DS 3437, que establece requisitos para los beneficiarios, trabajadores y para las instituciones del Estado, las cuales deben ser cumplidas con la debida diligencia por los progenitores; es así, que dentro de esos requisitos se debe acreditar que el beneficiario sea un menor de edad o bien siendo mayor tenga un grado grave o muy grave de discapacidad, lo cual todavía no estaría aprobado, porque está en trámite; y, d) El otro elemento insuperable para la accionante sería la actividad jurisdiccional; ya que, la ley exige a la accionante la acreditación de un acto jurisdiccional, respecto al cual no existe una decisión de fondo; es decir, la situación jurídica de la accionante con el beneficiario, ya que la misma accionante reconoce que la autoridad jurisdiccional remitió un oficio a una entidad para que evalúe el grado de discapacidad de su hijo, cuya decisión todavía no existe, lo cual sería necesario para reconocer la estabilidad e inamovilidad laboral.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa en fotocopia simple el Carnet de Persona con Discapacidad 215322 por deficiencia intelectual en un porcentaje de 34% a nombre de Joaquín Ignacio Gonzales Mariño, emitida el 5 de febrero de 2019, válido hasta el mismo día y mes de 2023 (fs. 3). Se adjunta fotocopia de Cédula de Identidad de Joaquín Ignacio Gonzales Mariño con Numero 12479902, nacido el 6 de marzo de 2006, siendo su padre Vladimir Omar Gonzales Aranibar y madre Nydia Cecilia Mariño Tejada, la última -hoy accionante-(fs. 4). II.2. Mediante Nota Interna PGE-URH-NOT-0165/2023 de 14 de agosto, emitida por el Director General de Asuntos Administrativos de la PGE, solicitando a la accionante, Encargada de Activos Fijos la remisión del Carnet de Discapacidad de su hijo Joaquín Ignacio Gonzales Mariño; ya que, hubiese vencido el 5 de febrero de 2023, habiendo transcurrido seis meses, sin ser actualizada o regularizada dicha documentación, otorgando el plazo hasta el 31 de agosto del citado año (fs. 7). A través de Nota Interna PGE-UADM-NOT-0506/2023 de 22 de agosto, la accionante, en respuesta a la Nota Interna PGE-URH-NOT-0165/2023, informó al Director General de Asuntos Administrativos que en aplicación del Decreto Supremo (DS) 4846, la vigencia del Carnet de Discapacidad de su hijo fue extendida hasta el 30 de junio de 2023, la cual fue modificada por el Decreto Supremo (DS) 4961, ampliando de manera excepcional y única la vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2024, de aquellos que se encuentren vencidos; por lo que, el citado documento de su hijo estaba vigente (fs. 8). II.3. A través de memorial presentado el 23 de febrero de 2024, por la accionante, planteando demanda extraordinaria de declaración de interdicción de su hijo Joaquín Ignacio Gonzales Mariño, debido a que sufre una deficiencia mental que le impide cuidarse a sí mismo y menos administrar sus bienes (fs. 9 y vta.). Mediante Auto de 22 de abril de señalado año, el Juez Público de Familia Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, admitió la referida demanda (fs. 11 vta.). II.4. Por Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril, emitido por César Adalid Siles Bazán, entonces Procurador General del Estado -ahora accionado-, que prescinde los servicios a la accionante como Técnico IV, Encargada de Activos Fijos, en mérito a la Resolución Ministerial (RM) 124 de 30 de abril de 2024, que aprobó la escala salarial a favor de la citada institución compuesta por 173 Ítems, distribuidos en catorce niveles salariales; aclarando que, su relación laboral con la institución y el pago de sus haberes se computaran únicamente hasta el 29 de abril de 2024 (fs. 12).
II.5. Cursa Nota de 8 de mayo de 2024, presentado por la accionante, dirigido al Procurador General del Estado, solicitando la reconsideración de su desvinculación laboral ya que goza del derecho a la inamovilidad laboral debido a que uno de sus hijos es discapacitado, debiendo dejarse sin efecto el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 (fs. 13 a 18). II.6. Mediante la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024 de 27 de junio, emitida por el Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, indicando que se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a “…Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023…” (sic), en la que la accionante estaría involucrada, pidiéndole que presente sus descargos, aclaraciones, justificaciones y documentación de respaldo en el plazo de diez días (fs. 19). Se adjunta la Nota del 9 de julio del citado año, presentada por la accionante, dirigida al Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, indicando que como Encargada de Activos Fijos de la PGE no tenía ninguna tuición de administración sobre las partidas presupuestarias, no teniendo conocimiento y responsabilidad en los supuestos hechos que se denuncian (fs. 21). II.7. Por Nota PGE-DESP - 1392/2024 de 11 de junio, emitido por el entonces Procurador hoy accionado dirigido a la accionante, en respuesta a la Nota de 8 de mayo de 2024, indicando que se realizaron informes de análisis por la Dirección General de Asuntos Administrativos así como de Asuntos Jurídicos, en los que se concluyeron que la reincorporación e inamovilidad laboral no es viable, en razón a que dicho beneficio sería aplicable cuando los hijos o dependientes son menores de dieciocho años de edad; además, de que el beneficiario no cuenta con el Certificado Único de Discapacidad que acredite la discapacidad grave o muy grave del descendiente conforme al art. 2.III de la Ley 977; además, de que el Ítem 139 correspondiente al Técnico IV, Encargado de Activos Fijos, fue suprimido en la nueva restructuración y nivel salarial de la institución (fs. 171). Cursa la diligencia de notificación de 12 de junio de ese año, efectuada por la accionante, indicando que se buscó a la nombrada en su domicilio procesal; empero, no se le encontró; por lo que, se pegó la copia de la Nota PGE-DESP -1392/2024, en la puerta de señalado domicilio (fs. 172). II.8. Cursa fotocopia a colores el Carnet de Discapacidad 214483 a nombre de Joaquín Ignacio Gonzales Mariño, por tipo de discapacidad intelectual, con grado de discapacidad moderado en un porcentaje de 34% con fecha de emisión de 20 de enero de 2025, y vencimiento el mismo día y mes de 2031 (fs. 222). Cursa el Certificado con Cite: GADLP/SEDES/UTRAID/CERTF. 009/25 de 28 de enero de 2025, emitida por Marina Yolanda Troche Eguez, Jefa de la Unidad de Tratamiento, Rehabilitación, Investigación Social en DROGODEPENDENCIAS Y DISCAPACIDAD (UTRAID) SEDES LA PAZ, certificando que el nombrado, fue evaluado y calificado el 3 de diciembre de 2018, determinándose una discapacidad intelectual con grado de discapacidad moderado con un porcentaje global de 34%, bajo el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad F-II 0141689 (fs. 230).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad permanente y a la petición; en razón de que la el entonces Procurador ahora accionado: 1) Cuando se encontraba gozando de vacaciones le notificaron con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril, con el argumento de que el Carnet de Persona Discapacitada de su hijo no fue actualizado y estaría vencido, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el DS 4961, aparte de no considerar la demanda extraordinaria de declaración judicial de interdicción de su hijo que fue admitida y se encuentra en espera de la declaración de interdicción; además de que, se hubiera suprimido su puesto de trabajo en la supuesta reorganización administrativa de la institución, vulnerando el derecho al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral; Posteriormente, le notificaron con la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024 de 27 de junio, emitida por el Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, indicando que dicha Unidad se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a “…Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023…” (sic), en la que estaría involucrada, pidiéndole a presentar sus descargos; cuando la administración contaba con toda la información requerida, sabiendo que la asignación de ítems no es de su competencia, aparte de no tener ninguna tuición sobre las decisiones administrativas; y, 2) Presentó la nota de reconsideración solicitando se deje sin efecto el citado Memorando de despido, la cual no tendría respuesta hasta la fecha. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para lo cual se analizará los siguientes temas: i) Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0359/2025-S1 de 30 de abril, citando varias Sentencia Constitucionales, señala que:
“Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:
Artículo 14.
(…)
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona (el resaltado nos corresponde).
Artículo 45.
(…)
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales (las negrillas adicionadas).
Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado.
2. A una educación y salud integral gratuita.
3. A la comunicación en lenguaje alternativo.
4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.
5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.
Artículo 71
I.Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.
II.El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.
III.El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.
Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.
Artículo 300.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:
(…)
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:
(…)
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe:
Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades
Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)
I.El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
que justifiquen debidamente su despido.
III.Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.
IV.Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo (las negrillas son añadidas).
Por su parte, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, refiere lo siguiente:
Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios:
Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia.
Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena.
Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno.
Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad.
Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión (el subrayado y negrillas nos corresponden).
Artículo 5°.- (Inamovilidad)
Ley.
II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente” (el resaltado es ilustrativo).
Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo etáreo; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril[5], que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero[6] que refiere:
…la inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social (las negrillas son añadidas).
Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato laboral indefinido, y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio[7], sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, otorgó la tutela constitucional bajo el siguiente análisis:
…de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial (las negrillas y el subrayado nos corresponde).
Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la OIT; buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable”.
En esa misma línea la SCP 0254/2025-S1 de 3 de abril, citando la SCP 0816/2022-S1 de 22 de agosto, establece que: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere de una parte, porque el constituyente amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por el otro, al constitucionalizar en los arts. 13 y 256 de su texto, principios que guían al juez en su tarea hermenéutica con la finalidad de alcanzar su máxima eficacia.
Entre ellos, se destaca la interpretación pro persona (pro homine); por la cual, si de la tarea interpretativa resultan más de dos normas, debe aplicarse la interpretación que resulte más favorable y extensiva a la vigencia del derecho; así como el principio de interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, es decir, que su función de interpretación no solo se circunscribe a las disposiciones del texto constitucional, sino que, su campo de acción se extiende a las disposiciones normativas consignadas en los Instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos, por los que el Estado asume obligaciones, lo que sustenta la aplicación preferente de la norma favorable resultante de la interpretación desde y conforme la Ley Suprema y los Tratados Internacionales que declaren derechos más favorables; conforme a ello, se advierte que fue la propia voluntad del constituyente, plasmada en los arts. 13 y 256 de la CPE, la que adoptó criterios específicos de interpretación de derechos humanos, a partir de los cuales, si los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos son más favorables, entonces tienen preeminencia con relación a las normas contenidas en la Constitución Política del Estado.
Otro principio que permite alcanzar la máxima eficacia de los derechos al tiempo de ser analizados, es el de interpretación progresiva; en virtud del cual, cuando se halle involucrado un derecho, debe optarse por la interpretación que limite en menor medida el derecho y que resulte acorde a su desarrollo progresivo.
Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales y en la Ley Fundamental -que forman parte del bloque de constitucionalidad-.
Así, a partir de la ratificación de los Instrumentos Jurídicos Internacionales y Regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
En la dimensión jurídica nacional, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional, de manera expresa y más extensiva al contenido de las disposiciones consignadas en los referidos Instrumentos Internacionales, reconociendo en su art. 70.1, el derecho de las personas con discapacidad ‘A ser protegidos por su familia y por el Estado’. Entonces, al tratar de estas cuestiones, conviene pues analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales.
En primer lugar, la asignación que se hace al entorno familiar es especialmente importante cuando se trata de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad -un grupo delicado dentro de otro grupo sensible-, es decir, aquellos a quienes la limitación física, psíquica o intelectual, merma determinadas capacidades de la persona, se les suma una adicional, que resulta de la limitación en la que se hallan, para ejercer por sí mismo, determinados derechos como el trabajo, de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar.
Por lo que, en segundo lugar, demanda prestaciones de carácter positivo por parte del Estado, y uno de los mecanismos, es la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad, esto se trasunta en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad, ante un despido injustificado, protección que no es absoluta por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. Asimismo, el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica Para Personas con Discapacidad 977 de 26 de septiembre de 2017, dispone:
…El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años, o con discapacidad grave o muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia en virtud a los principios antes mencionados, particularmente tomando en cuenta los de pro persona y progresividad, inmersos en el texto constitucional, garantiza la inamovilidad laboral del trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados.
Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; por lo que, la protección otorgada a los trabajadores o servidores públicos que presten servicios en los sectores público o privado, se extiende a este dependiente discapacitado, instituyendo así una tutela reforzada, en razón a la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, con la salvedad que su despido se opere por las causas señaladas por ley a través de un debido proceso.
Razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras.
En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que, de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo. Sin embargo, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por tener un hijo con discapacidad permanente y a la petición; en razón de que la el entonces Procurador ahora accionado: a) Cuando se encontraba gozando de vacaciones le notificaron con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril, con el argumento de que el Carnet de Persona Discapacitada de su hijo no fue actualizado y estaría vencido, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el DS 4961, aparte de no considerar la demanda extraordinaria de declaración judicial de interdicción de su hijo que fue admitida y se encuentra en espera de la declaración de interdicción; además de que, se hubiera suprimido su puesto de trabajo en la supuesta reorganización administrativa de la institución, vulnerando el derecho al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral; Posteriormente, le notificaron con la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024 de 27 de junio, emitida por el Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, indicando que dicha Unidad se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a “…Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023…” (sic), en la que estaría involucrada, pidiéndole a presentar sus descargos; cuando la administración contaba con toda la información requerida, sabiendo que la asignación de ítems no es de su competencia, aparte de no tener ninguna tuición sobre las decisiones administrativas; y, b) Presentó la nota de reconsideración solicitando se deje sin efecto el citado Memorando de despido, la cual no tendría respuesta hasta la fecha. En ese orden, considerando que la accionante es madre de una persona discapacitada conforme acreditó con lo registrado en la Conclusión II.1, con la fotocopia simple de Carnet de Persona con Discapacidad 215322 por deficiencia intelectual en un porcentaje de 34% a nombre de Joaquín Ignacio Gonzales Mariño con fecha de emisión de 5 de febrero de 2019, válido hasta el 5 de febrero de 2023; además con la Cedula de Identidad de Joaquín Ignacio Gonzales Mariño con Numero 12479902, nacido el 6 de marzo de 2006, siendo su padre Vladimir Omar Gonzales Aranibar y la madre Nydia Cecilia Mariño Tejada, la última accionante; por lo que, asumiendo que la accionante es madre de un hijo discapacitado que se encuentra bajo su cuidado y protección, no es necesario analizar el cumplimiento del principio de subsidiariedad y habiéndose planteado la acción de defensa dentro del plazo de inmediatez, corresponde ingresar de forma directa al análisis de fondo de la problemática planteada, labor que se cumplirá a continuación. Respecto a la primera problemática referida a la presunta vulneración del derecho al trabajo, la estabilidad e inamovilidad laboral de la accionante por tener bajo su dependencia a un hijo discapacitado.
Contextualizando la problemática planteada conforme los antecedentes relatadas por la accionante y las conclusiones registradas en el presente fallo constitucional; se tiene que, ingresó a trabajar en la Procuraduría General del Estado el 4 de marzo de 2013, inicialmente como Encargada de Contrataciones Menores, luego le asignaron como Técnico IV, Encargada de Activos Fijos, siendo su cargo actual. En ese orden, la Directora General de Asuntos Administrativos mediante Nota Interna PGE-URH-NOT-0165/2023 de 14 de agosto, le solicitó la remisión de Carnet de Discapacidad actualizado de su hijo Joaquín Ignacio Gonzales Mariño, que vencido el 5 de febrero de esa gestión, transcurrieron seis meses, sin que se haya actualizado o regularizado dicha documentación, dando el plazo hasta el 31 de agosto del citado año (Conclusión II.2); por ello, a través de Nota Interna PGE-UADM-NOT-0506/2023 de 22 de agosto, indicó a la Directora, que si bien estaba vencido, empero por disposición del DS 4846, fue extendida su vigencia hasta el 30 de junio de 2023, la cual fue modificado por el DS 4961, ampliando de manera excepcional y única vez la vigencia del Carnet de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que el citado documento de su hijo aún estuvo vigente (Conclusión II.3). Asimismo, el 23 de febrero de 2024, presentó demanda extraordinaria de declaración de interdicción de su hijo Joaquín Ignacio Gonzales Mariño, debido a que sufre una deficiencia mental que le impide cuidarse a sí mismo y menos administrar sus bienes, siendo admitida mediante el Auto de 22 de abril de 2024, por el Juez Público de Familia de la zona Sur de la ciudad de La Paz (Conclusión II.3). La cual estaría en pleno tramite, esperando se emita la resolución de interdicción de su hijo. Sin embargo, el 1 de mayo del citado año, cuando se encontraba de vacaciones recibió una llamada de su Jefe inmediato superior, quien le ordenó se apersone con suma urgencia a la Jefatura de RR.HH. razón por la cual el 2 de idéntico mes y año, se apersonó a la referida Jefatura, donde le notificaron con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril, de manera sorpresiva, intempestiva y de mala fe, cuando su vacación se extendía hasta 3 de mayo de similar año, con el argumento de que en merito a la Resolución Ministerial (RM) 124 de 30 de abril de 2024, se suprimió su cargo de Técnico IV, Encargada de Activos Fijos (Conclusión II.4). Posteriormente, le notificaron con la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024, emitida por el Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, indicando que dicha Unidad se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a “…Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023…” (sic), en la que estaría involucrada, pidiéndole presente sus descargos en el plazo de diez días; lo cual sería un intento de justificar un despido arbitrario, sabiendo que la asignación de ítems no es de su competencia.
De lo relacionado, se advierte que la accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral de las personas que tienen bajo su dependencia a una persona discapacitada; respecto al cual, la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, determinó que la estabilidad e inamovilidad laboral de los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con discapacidad el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, y demás, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna. Asimismo se aclara que la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o del padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho dieciocho años, o con discapacidad grave o muy grave, en los sectores público y privado, no es absoluta, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. En ese orden corresponde verificar los hechos afirmados por la accionante en esta acción de defensa. Así en relación a la afirmación de que hubiera sido desvinculada estando en vacaciones, adjuntó el Formulario de Solicitud de Vacación presentado por la accionante, Encargada de Activos Fijos a la Unidad Administrativa, con fecha de inicio de 25 de abril de 2024 hasta el 3 de mayo de igual año, por seis días, autorizado por el Jefe de la Unidad Administrativa (fs. 31); mientas que el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril, fue notificada según la versión de la accionante el 2 de mayo de similar año, ya que según el Memorando señalado de fs. 151, solamente consigna la firma y la constancia de recibido sin consignar fecha, aunque en el mismo documento currante a fs. 12, se encuentra sobrescrita con bolígrafo azul de “2 de mayo” sin especificar el año; sin embargo, aplicando el principio pro actione y pro homine, se tendría por evidente que se hubiera desvinculado a la accionante estando en vigencia sus vacaciones, lo cual constituye una ilegalidad, ya que si bien es posible desvincular a los funcionarios estando en vacaciones, empero a efectos de su validez, previamente se debió cancelar sus vacaciones, justificando la necesidad de que la accionante se restituya a su trabajo, lo cual no fue cumplido por el Procurador ahora accionado. Respecto a la afirmación de que la accionante seria madre de un hijo discapacitado, cuyo carnet de persona discapacitado estaba vigente para el momento de despido. Al respecto, conforme se tiene registrado en la Conclusión II.1, arrimó en fotocopia simple el Carnet de Persona con Discapacidad 215322 por deficiencia intelectual en un porcentaje de 34%, de su hijo Joaquín Ignacio Gonzales Mariño con fecha de emisión de 5 de febrero de 2019, con validez hasta el 5 de febrero de 2023; asimismo, adjuntó fotocopia de Cedula de Identidad de Joaquín Ignacio Gonzales Mariño con Numero 12479902, nacido el 6 de marzo de 2006, siendo su padre Vladimir Omar Gonzales Aranibar y su madre Nydia Cecilia Mariño Tejada. Demostrando con esos documentos que la accionante tiene la condición de madre y que se encuentra a cargo de un hijo discapacitado; si bien dicho documento hubiera vencido el 5 de febrero de 2025; sin embargo, conforme explicó la propia accionante, según lo registrado en la Conclusión II.2, aplicando del DS 4846, la vigencia de Carnet de Discapacidad fue extendida hasta el 30 de junio de 2023, la cual fue modificado por el DS 4961, amplió de manera excepcional y única vez la vigencia de Carnet de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2024 de aquellos carnets vencidos, por lo que el citado documento de su hijo estaba vigente, para el momento en que fue desvinculado el 2 de mayo del citado año. Ahora bien, con respecto a que el derecho a la inamovilidad laboral solamente tendrían los menores a los dieciocho años y no así los mayores de edad, la accionante reconoce que su hijo cumplió mayoría de edad el 6 de marzo de 2024, razón por la cual según se tiene registrado en la Conclusión II.3, presento el 23 de febrero de 2024, demanda extraordinaria de declaración de interdicción de su hijo, debido a que sufre una deficiencia mental que le impide cuidarse a sí mismo y menos administrar sus bienes, la cual fue admitido mediante el Auto de 22 de abril de 2024, por el Juez Público de Familia de la zona Sur de la ciudad de La Paz, antes de que el menor discapacitado cumpla mayoría de edad, aunque no se conoce la resolución que se hubiera dictado. En ese orden, si bien se advierte que la accionante fue desvinculada luego de adquirir su hijo mayoría de edad, empero aún continuaba en vigencia su carnet de discapacidad; además, de que el entonces Procurador hoy accionado, sabía de la existencia de un proceso civil de interdicción. Asimismo, alegó que posterior a su desvinculación, le notificaron con la Carta con Cite PGE-UT/EX/043/2024, emitida por el Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, indicando que dicha Unidad se encuentra gestionando una denuncia de oficio respecto a “…Posibles irregularidades en los procesos de contratación bajo la partida presupuestaria 26990 durante las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023…” (sic), en la que estaría involucrada, pidiéndole presente sus descargos, lo cual sería un intento de justificar un despido arbitrario, cuando la administración contaba con toda la información requerida, sabiendo que la asignación de ítems no es de su competencia, actuaciones que resultan evidentes conforme lo registrado en la Conclusión II.6.
Sobre el particular, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional, el derecho a la inamovilidad laboral de los padres o tutores que tienen a su cargo personas discapacitadas no es absoluta, ya que pueden ser retirados mediante proceso disciplinario; siempre y cuando se haya comprobado una causal de despido, lo cual no ocurre en el caso en análisis, por cuanto la desvinculación debió producirse luego de concluido el proceso disciplinario con una sanción de desvinculación de la accionante. Por su parte, el entonces Procurador hoy accionado en su informe presentado con motivo de esta acción de defensa, trató de justificar la desvinculación cuestionada por hechos consentidos, toda vez que la accionante hubiera presentado su declaración de bienes y rentas por cesación del cargo y entregado sellos y la credencial aceptando su desvinculación; aparte de ello, alegó que el cargo que ostentaba la accionante fue suprimido como resultado de la reorganización administrativa de la PGE; además de que era una funcionaria provisoria. Argumentos que no tienen sustento legal, por cuanto los derechos laborales y sus beneficios sociales por mandato del art. 48.III dela CPE son irrenunciables. En cuanto a la presunta supresión del cargo de la accionante, en el contenido del Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024, no se hace referencia a la supresión del cargo y del ítem de la accionante, sino que se hubiera decidido en mérito a la RM 124, que aprueba solamente la escala salarial a favor de la citada institución, sin hacer referencia a la supresión de cargos por reorganización administrativa, menos hace mención a la Resolución Procuraduríal 014/2024 de 29 de enero, en que se aprueba en el Resuelve Segundo la nueva estructura de organización administrativa de la entidad con la creación, supresión y fusión de áreas y con relación a la condición de funcionaria provisora de la accionante, la SCP 1123/2025-S3 de 18 de septiembre, estableció que: “No obstante, los funcionarios provisorios gozan de estabilidad laboral cuando tienen a su cargo una persona con discapacidad, así lo señaló la SCP 0513/2024-S1 de 3 de septiembre, bajo los siguientes términos: «Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo (…); incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral…»”, entendimiento que resulta aplicable al presente caso.
De todo lo analizado, se llega a la conclusión de que el entonces Procurador ahora accionado vulneró el derecho al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral de la accionante, toda vez que desvinculó sin haber restituido a sus funciones a la accionante que se encontraba gozando de vacaciones, despidió estando en vigencia de carnet de persona discapacitada, más aun cuando de la Conclusión II.8, se advierte que fue actualizado con vigencia hasta el 20 de enero de 2031; asimismo no se tomó en cuenta que la accionante interpuso antes de que cumpla su hijo discapacitado mayoría de edad, la demanda extraordinaria de declaración de interdicción, sin que previamente le hayan demostrado en un proceso disciplinario alguna causal de despido, vulnerando de ese modo los mencionados derechos, correspondiendo conceder la tutela solicitada al respecto, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024; 2) La inmediata reincorporación a su mismo cargo o en otro equivalente con el mismo nivel salarial, además del pago de sueldos devengados desde la fecha de su desvinculación; y, 3) La inmediata reafiliación de su hijo discapacitado a la Caja de Salud así como de la accionante en calidad de madre del beneficiario. Sobre la segunda problemática referida a la presunta vulneración del derecho a la petición La accionante denuncia que notificada con el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024, presentó la nota de 8 de mayo de similar año, solicitando al entonces Procurador hoy accionado, reconsideración de su retiro arbitrario e ilegal, dejando sin efecto la misma, conforme consta en la Conclusión II.5. Sin embargo, no hubiera merecido respuesta de parte del entonces Procurador ahora accionado. al respecto, la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, establece que: “Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso”. En efecto, revisado el contenido de la nota presentada por la accionante claramente se advierte que se trata de una pretensión, ya que a título de reconsideración pretende que la entonces Procurador hoy accionado deje sin efecto un acto administrativo, es decir el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril; mismo que, considera lesivo a sus derechos constitucionales, la cual no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición sino de una pretensión en el marco de una proceso administrativo, sometiendo al procedimiento administrativo de impugnación y emitirse las resoluciones que corresponda. Si bien la entonces Procurador ahora accionado, refirió que hubiera dado respuesta mediante la Nota PGE-DESP - 1392/2024, indicando que la reincorporación por inamovilidad laboral sería viable, en razón a que dicho beneficio es aplicable cuando los hijos o dependientes son menores de dieciocho años de edad, además de que no contaría con el Certificado Único de Discapacidad que acredite la discapacidad grave o muy grave del hijo de la accionante; aparte de que el Ítem 139 correspondiente al Técnico IV, Encargado de Activos Fijos, fue suprimido en la nueva restructuración y nivel salarial de la institución. Dicha nota, podría ser impugnada mediante recursos administrativos; por lo que no corresponde la tutela impetrada respecto a este derecho. Finalmente, con respecto a la pretensión de que se condene en costas procesales al entonces Procurador hoy accionado conforme al art. 113 de la CPE y la SCP 0019/2018-S2, teniendo la institución demandada la acción de repetición contra los malos funcionarios que conculcaron sus derechos; la misma no puede ser atendida, toda vez que, tratándose de una entidad pública no es posible condenar al pago de costas y costos procesales; conforme entendió el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0100/2013 de 17 de enero, lo siguiente: “…también existe la exclusión en la condenación de costas al Estado, sus instituciones centrales, descentralizadas, autonómicas y organismos del nivel central y autonómico en procesos judiciales o administrativos en general y de cualesquier naturaleza jurídica en los que interviene como parte, aplicándose por ende, las normas contenidas en los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215 antes glosados”; debiendo en consecuencia denegarse la tutela respecto a esa pretensión. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, no actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 213/2024 de 14 de agosto, cursante de fs. 217 a 219 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en forma provisoria y transitoria, en relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por su condición de madre que tiene a su cargo un hijo discapacitado, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Memorando PGE-DESP-DGAA-URH-AS 051/2024 de 30 de abril; b) La inmediata reincorporación de la accionante a su mismo cargo o en otro equivalente con el mismo nivel salarial, con pago de sueldos devengados desde la fecha de su desvinculación; y, c) La reafiliación de su hijo discapacitado a la Caja de Salud así como de la accionante en calidad de madre del beneficiario. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho de petición y la pretensión de que se condene al pago de costas a César Adalid Siles Bazán, ex Procurador General del Estado ahora accionado, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0090_2026-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 32ed5a62c71fde7d5a3b211112d8fe80f7ac4f47afc2e347ffaa6ba8d039e21a
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