Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria; en virtud a que, el Vocal accionado confirmó la Resolución del Juez de la causa, que rechazó la cesación de su detención preventiva por concurrir el riesgo procesal del art. 235 numerales 1, 2 y 3 del CPP; mediante el Auto de Vista 460/2022, decisión asumida sin una correcta fundamentación, motivación y valoración probatoria.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 104/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 47 a 51 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribuna de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50030-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 104/2022 de 24 de agosto, cursante a fs. 47 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Gallo Ordoñez contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 22 a 24 vta., el accionante, expresó lo siguiente:
1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de prevaricato, por Auto de Vista 460/2022 de 15 de julio, el Vocal ahora accionado, confirmó en parte la Resolución de Auto Interlocutorio 367/2022 de 26 de mayo, dictado por el Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer del departamento de La Paz, sin una correcta fundamentación jurídica y motivación fáctica; puesto que, con relación al peligro procesal de obstrucción del art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no explicó de forma clara y precisa en amparo a qué norma y premisas jurídicas consideró que los argumentos, indicios y elementos que sirvieron para presumir su autoría de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y cómplice en el supuesto consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados deben valer para argumentar el referido peligro procesal, cuando el mismo exige que para desvirtuarlo debía acreditar que no participó en el extravío del expediente del procesado Ricardo Choque, en el registro de libros de altas y bajas, como en la devolución y recepción de ese expediente; sino contrariamente, la autoridad judicial utilizó los mismos hechos, indicios, elementos probatorios y del tipo penal, para establecer el riesgo procesal, fundamentación incorrecta que atentó contra el principio de legalidad y presunción de inocencia. Respecto a los indicios o elementos de convicción para evidenciar la concurrencia del numeral 1 del art. 233 del CPP (probabilidad de autoría), como del numeral 2 del art. 235 del Código adjetivo penal (peligro de fuga y obstaculización) éstos son diferentes, porque los indicios de probable autoría, se fundan para establecer la conducta delictiva del sujeto que es objeto de la “función principal”, mientras que los segundos de fuga y obstaculización son objeto de la “función jurisdiccional cautelar”, como lo señalan la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre y la SCP 0910/2015-S3 de 17 de septiembre. Con relación al peligro de obstrucción (art. 235.2 del CPP), no explicó por qué lo mantuvo; contrariamente, de forma subjetiva hizo alusión a la resolución primigenia al considerar que por falta de las declaraciones de otras personas (subjetivismo) y las de Marlene Flores Chávez y Mery Ventanilla, no se cumplió a cabalidad la prisión preventiva, cuando en esa decisión judicial, el Juez se fundó en las deposiciones de otras personas y no así en las que señaló el accionado, demostrando que sus argumentos eran falsos, subjetivos y oscuros. Referente al peligro procesal de obstaculización del numeral 3 del art. 235 del CPP, el Vocal accionado señaló que el mismo no agravó su situación y no lo consideró agravio, porque si bien era cierto que al no ser ya funcionario público del Ministerio Público y del Órgano Judicial, situación por la que fundaron ese peligro procesal, su persona “porto familiares y amistades influyentes” (sic); factor por el cual, estaría desvirtuando el peligro procesal en un 50%, fraccionándolo de esta manera en categorías y grados, fundamentación ilegal y arbitraria; toda vez que, si bien la resolución primigenia arguyó la influencia de familiares y amistades, la sustentó en que la influencia se vinculó desde la imputación del servidor público del Ministerio Público u Órgano Judicial; es decir, que siendo fiscal o secretario podría tener amistades o familiares influyentes; por lo que, al no portar ya esa imputación del deber funcional, el accionado no explicó cómo podría tener amistades y familiares que influyan a jueces y fiscales, si ya no era servidor público Judicial, además de no haber explicado en qué premisas jurídicas fraccionó el factor de riesgo del 50% al 100%; demostrando de esta forma, los actos indebidos e ilegales cometidos por el Vocal accionado, que generaron la lesión de sus derechos fundamentales como es su ilegal privación de libertad, acudiendo a esta acción de defensa a objeto de evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene privado de su libertad.
Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria y a ser privado de su libertad indebida e ilegalmente, citando al efecto el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 460/2022; y, b) El Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada.
Celebrada la audiencia pública el 24 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 42 a 46 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que: 1) El Auto de Vista 460/2022, carece de fundamentos en sus componentes jurídico y motivaciones fácticas como probatorios, confundiendo los argumentos de hecho y de derecho, al repetir y allanarse a una resolución supuestamente primigenia, que rechazó la cesación de la detención preventiva que peticionó, manteniendo los riesgos procesales, no siendo verdad lo manifestado por el accionado en su informe, que sería su persona quien estaría siendo investigado por el delito de prevaricato, y que en ningún momento fue imputado; por lo que, la autoridad judicial incurrió en errores de derechos y de hechos, especialmente de improcedendo; puesto que, su persona, ha sido objeto de investigación por los ilícitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y consorcio en grado de complicidad supuestamente cometido por Rafael Alcón y en compañía de otras personas, y, no por prevaricato ya que como ex secretario del Juzgado de Sentencia de Ejecución Penal, -indicó el accionado-, no habría informado como indica la resolución primigenia, sobre la supuesta pérdida del cuaderno de investigaciones de Rafael Choque, la recepción del mismo cuando se lo remitió al Juzgado de Ejecución Penal, ilícitos por los que se lo imputó, motivos que también los utilizó el accionado quien señaló que su persona demuestre que no participó en la pérdida del expediente, además de peticionarle presupuestos procesales de la probabilidad de autoría, cuando éstos se los debe enervar en el juicio oral y a través de una sentencia judicial; es decir, que desvirtúe la culpabilidad de autoría, y esos mismos motivos lo utilizó el accionado, a quien solicitó que mediante una motivación fáctica le indique qué normativa dispone que esos elementos que sirvieron para sustentar la probabilidad de autoría, sirvan para agravar peligros procesales, sin que le hubiere contestado; toda vez que, está prohibido utilizar indicios, elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que está siendo investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, consorcios de jueces o uso indebido de influencias, como elementos de cautela, para imponer peligros procesales; es decir, no es permisible utilizar los elementos de probabilidad de autoría del art. 233.1 del CPP en los peligros procesales del numeral 2 de la misma disposición legal, complementación que solicitó y a la que no dio curso el accionado; 2) Actuando de la misma forma, con relación al riesgo procesal de obstrucción del art. 235.2 del CPP, el accionado manifestó que el Juez de la causa valoró correctamente los elementos probatorios, lo que es cierto porque no se cumplió con el fin de la prisión preventiva que dispuso, debido a que según el Vocal, faltaba la declaración de Mary Ventanilla, que no fue pedida por el Ministerio Público, sino de otras cinco personas de la cuales al momento de presentar su solicitud de cesación de detención preventiva, adjuntó las fotocopias de sus declaraciones; sin embargo, el accionado en su resolución ahora impugnada, señaló que las mismas eran insuficientes, además de faltar de Mery Ventanilla, efectuando una valoración subjetiva, porque en ningún momento la resolución primigenia señaló que esa persona tenía que declarar y la fiscalía tampoco lo pidió, y sin tener presente que la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, modificó los fines de la detención preventiva al establecer que el Ministerio Público debe solicitar de manera excepcional la privación de libertad cuando requiera realizar ciertos actos investigativos, y en su caso era la declaración de las cinco personas que ya lo hicieron; empero, persistió sosteniendo que subsiste el riesgo procesal al faltar la declaración de Mary Ventanilla y otra, sin considerar que en la resolución primigenia no fueron aludidas para que puedan declarar a efectos de que se desvirtúe el riesgo procesal, realizando una mala valoración, al señalar que estas dos personas podían aportar a la investigación, cuando la finalidad de la fiscalía no era esa; por lo cual, esa argumentación jurídica probatoria es arbitraria e ilegal, al introducir otros elementos que no fueron base para limitar la prisión preventiva; 3) Sobre el riesgo procesal del art. 235.3 del CPP, que fue establecido en la resolución primigenia al haber sido imputado siendo aún funcionario púbico, y que podía influenciar, el accionado lo dio por desvirtuado en parte, en razón a que ya no lo es; empero, arbitrariamente sostuvo que sus familiares podían influenciar a los jueces, fiscales y operadores del Órgano Judicial, habiendo solicitado respecto a ello complementación y aclaración de esta valoración, al no estar previsto en ninguna norma que sea alternativo; es decir, que si ya no es fiscal serían sus amigos o familiares quienes influyan negativamente, siendo la norma clara al indicar sea “el imputado” y no sus familiares, categorizando en dos partes este factor de riesgo, no establecido por normativa alguna; y, 4) Se encuentra detenido ilegalmente por ocho meses y veintidós días, como se dispuso en la Resolución de Medidas Cautelares 77/2022 de 2 de febrero, peticionándole por esta circunstancia, que como Juez de garantías llame la atención al accionado, quien como Sala Jerárquica debió actuar conforme a procedimiento; puesto que, en vez de resolver los agravios cometidos por el inferior, empeoró su situación de detenido preventivo desvirtuando riesgos procesales a medias, sin tener presente que las pruebas presentadas si los desvirtuaban, ni considerar que no se puede tomar en cuenta la probabilidad de autoría como riesgo procesal; reiterando por lo expuesto, se conceda la tutela pedida.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió informe escrito de 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 35 a 41, por el que peticionó se deniegue la tutela impetrada, con los siguientes argumentos: i) Fue de su conocimiento en apelación, el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Gallo Ordoñez, por el delito de prevaricato; en cuya virtud, emitió el Auto de Vista 460/2022, confirmando en parte la Resolución de Auto Interlocutorio 367/2022, circunscribiendo su resolución a los agravios expuestos conforme lo dispone el art. 398 del CPP, transcribiendo al efecto los argumentos del Auto de Vista cuestionado; ii) La Resolución impugnada cumplió con el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación, motivación y coherencia, dando respuesta a cada uno de los agravios expuestos por el apelante de manera clara, como se advertirá de la lectura del mismo; y, iii) El Auto de Vista 460/2022, contiene los fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales expuestos de manera clara, por lo que no existió vulneración del debido proceso como erróneamente lo señaló el accionante, habiendo cumplido con la estructura de fondo y de forma, no existiendo falta de fundamentación, motivación y congruencia, no habiendo indicado qué parte de la resolución era incongruente; existiendo contrariamente, coincidencia entre lo impugnado y resuelto; puntualizando que el apelante mediante esta acción formuló reclamos que fueron resueltos por Auto de 18 de julio de 2022, además que en el fondo lo que interpuso fue explicación, complementación y enmienda, al solicitar se efectúe una explicación, sin señalar qué norma supuestamente hubo vulnerado; siendo por lo tanto, su reclamación infundada debido a que en ninguna parte de su demanda fundamentó algún aspecto de lesión al debido proceso relacionada al Auto de Vista que emitió, menos demostró de forma idónea cómo es arbitrario y carente de fundamentación.
Mediante Resolución 104/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 47 a 51 vta. el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías denegó la tutela impetrada, fundamentando que: De conformidad a lo informado por la autoridad accionada y revisado el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se encontró incoherencia, falta de fundamentación y motivación; así como tampoco se advirtió, que la parte accionante hubiere fundamentado si las circunstancias denunciadas corresponderían a valoraciones insuficientes, arbitrarias o con falta de coherencia y/o si estas corresponden a la falta de valoración interna o externa como lo establece la jurisprudencia constitucional; por lo cual, como Tribunal de garantías, verificó que el Auto de Vista 460/2022, contiene la debida motivación y fundamentación en cuanto a los aspectos cuestionados; correspondiendo, denegar la tutela solicitada. La defensa del accionante en vía de complementación y enmienda, peticionó al Tribunal de garantías aclare los siguientes aspectos: a) Con referencia al art. 235.2 del CPP, si Marlene y Mery Ventanilla, fueron propuestas como actos investigativos solicitados por la fiscalía; y, al no haber sido propuestas e introducidas no con fines preventivos, se puede aún mantener ese riesgo procesal; b) Sobre el art. 235.3 del Código adjetivo penal, si es correcto que terceras personas ya sea de manera autónoma podrían influenciar a favor del imputado “sin ser nada” (sic); c) En cuanto al art. 235.1 del citado Código, se utilizó indicios y elementos constitutivos del tipo penal de incumplimiento de deberes que le hacen a la probabilidad de autoría, llamados indicios principales, existiendo otros denominados de cautela, aclare si fue correcto; y, d) Al haber determinado que los riesgos procesales se desvirtúan en un 50%, aclare en qué normativa se basó para aceptar ese procedimiento fundamentado por el accionado; toda vez que, el Código de Procedimiento Penal no establece en ninguna parte de su contenido que los riesgos procesales puedan desvirtuarse en porcentajes. El Tribunal de garantías, manifestó que los aspectos que se solicitaron sean aclarados o complementados, fueron expuestos y fundamentados en la resolución emitida; por lo tanto, no existiría ningún aspecto para aclarar o modificar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Gallo Ordoñez -accionante-, por la presunta comisión de prevaricato, solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue denegada por la subsistencia de los riesgos procesales de los arts. 234.2 y 235 numerales 1, 2, y 3, ambos del CPP, mediante Resolución de Auto Interlocutorio 367/2022 de 26 de mayo, dictado por el Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer del departamento de La Paz, contra el que planteó apelación incidental el imputado en la misma audiencia pública (fs. 9 a 12 vta.). II.2. Resolviendo el recurso de alzada planteado por el ahora accionante, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionado-, por Auto de Vista 460/2022 de 15 de julio, lo declaró procedente en parte y confirmó en parte el Auto Interlocutorio apelado, respecto al riesgo procesal del art. 235 numerales 1, 2 y 3, dando por desvirtuado el contendido en el art. 234.2 del Código adjetivo penal (fs. 13 a 17).
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y valoración probatoria; en virtud a que, el Vocal accionado confirmó la Resolución del Juez de la causa, que rechazó la cesación de su detención preventiva por concurrir el riesgo procesal del art. 235 numerales 1, 2 y 3 del CPP; mediante el Auto de Vista 460/2022, decisión asumida sin una correcta fundamentación, motivación y valoración probatoria.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativa, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
(…)
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. (…)
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”. Como se observa del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación motivación y valoración probatoria, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental.
El impetrante de tutela a través de la presente acción de libertad, denuncia que en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de prevaricato, el Juez de la causa en la audiencia de consideración de la cesación de detención preventiva que solicitó, por Resolución de Auto Interlocutorio 367/2022, la denegó en virtud de la existencia de los riesgos procesales de los arts. 234.2 y 235 numerales 1, 2 y 3 del CPP, contra el que planteó recurso de apelación incidental; instancia en la cual, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 460/2022, lo declaró improcedente en parte, confirmando en parte la resolución apelada, al no haberse enervado el riesgo procesal del art. 235 numerales 1, 2 y 3 del Código adjetivo penal, decisión asumida sin una correcta fundamentación, motivación y valoración probatoria, al haberse limitado a reiterar la resolución cuestionada, en vez de resolver los agravios cometidos por el inferior, empeorando su situación de detenido preventivo desvirtuando riesgos procesales a medias, sin tener presente que las pruebas presentadas si los desvirtuaban, ni considerar que no se puede tomar en cuenta la probabilidad de autoría como riesgo procesal.
Es así, que dentro del contexto señalado se advierte que el accionante cuestiona a través de esta acción tutelar, la Resolución emitida por el Vocal -hoy accionado-; que confirmó en parte el Auto Interlocutorio apelado, a cuyo efecto se procederá a su revisión con el objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción tutelar, constatando para ese cometido, que los agravios expuestos en el recurso de apelación fueron establecidos y resueltos cada uno de ellos en el Auto de Vista 460/2022, con los siguientes fundamentos: 1) El apelante expuso como agravio la subsistencia del riesgo procesal de fuga del art. 234.2 del CPP, que el A quo estableció en su cuestionada resolución por tener movimiento migratorio por el que podía fugarse, a pesar de haber demostrado que lo desvirtuó, al haber probado que si bien se ausentó al Perú (Puerto Ilo), a la celebración del aniversario de su sobrina, no fue menos cierto que regresó. Al respecto como Tribunal de alzada, consideró que al haber demostrado el apelante que viajó y retornó del Perú encontrándose en Bolivia, quedó desvirtuado ese peligro procesal; 2) El riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del Código adjetivo penal (destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba); que el A quo se lo impuso de manera arbitraria, su persona lo enervó al haber presentado como elemento probatorio que se repuso el expediente extraviado, inclusive habiéndose realizado Inspecciones Técnicas Judiciales. Es así que, con relación a este agravio, a objeto de su consideración se remitió a la resolución apelada, en la que se estableció que el imputado podría destruir, modificar o suprimir elementos de prueba respecto a la investigación en especial el cuaderno de ejecución penal que está extraviado dentro de la causa, ya que el imputado tampoco refirió donde se encontraría, sentido en el cual puede influir, sustraer ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto, ante la ciudad de La Paz y otros documentos como registros de altas y bajas sobre la devolución y recepción de expedientes, como Tribunal de alzada consideró que si bien el imputado demostró que el expediente extraviado fue repuesto; empero, este riesgo subsiste en parte porque lo cierto es que el proceso original está extraviado, siendo lógico el argumento de la resolución primigenia de saber por qué se perdió y quien tuvo participación en ese extravío, hecho inculpado al imputado, quien para desvirtuarlo totalmente tenía que acreditar que no participó en ese hecho; como también, respecto al libro de registro de altas y bajas, la devolución y recepción del expediente, de los cuales no hay ningún elemento probatorio referente al mismo, menos que la parte apelante se hubiere referido a esa situación; en consecuencia, ese riesgo no fue plenamente enervado, debiendo por ello cumplir con lo que señala la jurisprudencia constitucional, y desvirtuar los motivos por los que se le impuso ese peligro procesal, además de que si consideró que se lo determinó arbitrariamente debió impugnarlo, oportunamente y no lo hizo; empero, de la revisión del legajo de apelación, se advirtió no cursar ningún Auto de Vista que hubiere revisado esa resolución primigenia, menos una Sentencia de Garantías Constitucionales, que hubiere dejado sin efecto ese riesgo procesal, significando ello que el imputado, aceptó los fundamentado del A quo, que concurría ese riesgo procesal; por lo cual, corresponde que lo enerve, no existiendo de esta manera agravio alguno; 3) El peligro procesal que amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto que informen falsamente o se comporten de manera reticente; contenido en el art. 235.2 del CPP, establecido por el inferior en la resolución impugnada, no es evidente y no concurriría porque el A quo, no señaló a qué abogados y funcionarios iba a influir negativamente, habiéndolo desvirtuado con la presentación de las declaraciones de las personas a quienes el inferior indicó influenciaría, elementos que no los tomó en cuenta y contrariamente agravó su situación al afirmar que tendría que declarar Mery Ventanilla. Ahora bien referente a este agravio, previa revisión de la resolución primigenia y de los antecedentes del caso, como Tribunal de apelación verificó que si bien era cierto que cursaban las declaraciones de las cinco personas señaladas por el inferior; sin embargo, no se recepcionó la de Marlene Flores Chávez; por lo cual, no se cumplió respecto a esa persona, además de la existencia de los auxiliares y pasantes en la gestión 2019, cuando el imputado era Secretario del Juzgado de Ejecución Penal, riesgo procesal que lo aceptó el apelante al no existir resolución que lo hubiere dejado sin efecto, siendo cierto también que faltaban recibir los testimonios de otras personas; por consiguiente, el A quo no agravó la situación al apelante; por cuanto, se han indicado claramente los nombres y apellidos y sobre las otras personas que serían identificadas en el desarrollo de la investigación; y, 4) Sobre el riesgo procesal del art. 235.3 del CPP, referido a que amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia; que lo determinó el Juez de la causa, por haber sido Secretario Abogado y Fiscal de Materia; sin embargo, no indicó a quienes podría influenciar ni consideró que presentó documental acreditando que ya no pertenecía al Consejo de la Magistratura y que fue destituido del Ministerio Público como Fiscal de Materia, habiendo adjuntado al efecto el respectivo Memorándum, elementos probatorios que desvirtuaron ese riesgo procesal; y, a pesar de ello, la autoridad jurisdiccional lo mantuvo. Al respecto, como Tribunal de apelación, consideró que el inferior determinó su concurrencia porque tendría amistades y familiares influyentes que irían a influenciar directa o indirectamente a jueces y fiscales, además que el imputado tendría contacto con jueces y fiscales, por haber sido Secretario Abogado y Fiscal de Materia; por lo que, al no ser servidor público enervó en parte ese peligro procesal; empero, no así respecto a sus amigos y familiares influyentes que no lo desvirtuó, además que no fue impugnado mediante la apelación incidental contra la resolución primigenia.
Como se constata del Auto de Vista 460/2022, resulta no ser veraz lo denunciado por el peticionante de tutela, que la autoridad judicial accionada lo emitió, vulnerando su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; puesto que, contrariamente, como se advierte actuando correctamente y conforme a procedimiento, previo análisis de la resolución impugnada, luego de establecer los agravios expuestos en el recurso de apelación, se pronunció sobre cada uno de ellos, refiriendo que el Juez de la causa conforme a la normativa y a la jurisprudencia constitucional, analizó cada una de las documentales presentadas por el ahora accionante, otorgándoles la ponderación respectiva, concluyendo que los riesgos procesales del art. 235 numerales 1, 2 y 3 del CPP, no los desvirtuó plenamente, excepto el contenido en el art. 234.2 del mismo Código, relativo al de fuga; puesto que, con referencia al riesgo procesal del art. 235.1 del Código adjetivo penal, señaló que fue impuesto por la pérdida del expediente original del proceso penal del Juzgado de Ejecución Penal cuando el apelante fungía como secretario del mismo; por lo cual, y conforme a la resolución apelada, a pesar de haberse repuesto el expediente sigue perdido el original; por lo que subsistía el riesgo procesal de que destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba, debiendo el apelante por esta razón y como lo establece la jurisprudencia constitucional, desvirtuar los motivos por los que se le impuso ese peligro procesal, además que si consideró que se lo determinó arbitrariamente debió impugnarlo, oportunamente y no lo hizo. Asimismo, procedió de la misma forma, con referencia al riesgo procesal al art. 235.2 del Código adjetivo penal, al señalar que, al haber sido Secretario del Juzgado de Ejecución Penal y Fiscal de Materia, podría influir negativamente sobre los testigos que aún faltaban declarar y los que serían identificados en el curso de la investigación, y que podían aportar a la misma con sus testimonios en razón a las funciones que cumplió conoció a los auxiliares y pasantes en la gestión 2019, quienes también serían convocados para prestar sus atestaciones, dentro del tiempo señalado por el A quo de su detención preventiva. Finalmente, sobre el riesgo procesal previsto en el art. 235.3 del CPP, que el inferior determinó su concurrencia porque podía influenciar negativamente a los jueces, fiscales y empleados judiciales, al haber sido Secretario del Juzgado de Ejecución Penal y Fiscal de Materia, además que tendría amistades y familiares influyentes que irían a influenciar directa e indirectamente con jueces y fiscales, aspecto este último que no fue cuestionado oportunamente y en cuyo mérito como Tribunal de alzada lo asumió.
De lo expuesto, se advierte que, no es veraz la denuncia efectuada por el accionante a través de esta acción de defensa, al advertirse que el Auto de Vista 460/2022, dictado por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora accionado, no resulta arbitrario ni carente de motivación, fundamentación y valoración probatoria relacionadas con la subsistencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235 numerales 1, 2 y 3 del CPP; consiguientemente, la tutela pretendida respecto al mismo carece de sustento, correspondiendo su denegatoria.
Se insta al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del Tribunal Departamental de La Paz, constituido en Tribunal de garantías en la presente acción tutelar, que en los sucesivo adjunte a la acción fotocopias del acta de audiencia de apelación, en virtud a que, en ella constan los agravios expuestos por el apelante y que en el caso de autos, no se aparejó.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 104/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 47 a 51 vta., dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, constituido en Tribuna de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0090_2025-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): eda05ecc880a42a4b3d44abfb1911ddc738b4cbe4d632b6e0744a9f7ff3f8190
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