B.IA.LEGAL

SCP 0090/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de febrero de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
50151-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes consideran vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa en relación a los principios de legalidad, seguridad jurídica “…en sus vertientes de fundamentación y motivación…” (sic), “…inviolabilidad de domicilio, a la dignidad, acceso a servicios básicos de agua y luz…” (sic); y, “…derecho a la vida e integridad física…” (sic); por cuanto el Fiscal de Materia codemandado amplió una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, y, posteriormente, emitió las citaciones para que presten sus declaraciones informativas, aun cuando originalmente el hecho penal fue tramitado contra otras personas debido al incumplimiento de una acción de amparo constitucional de la cual no formaron parte, desconociendo ambas causas -penal y constitucional-, lo cual tampoco fue considerado por la Jueza demandada. Ante ello, las autoridades demandadas niegan dicho contexto de lesividad denunciado, señalando que los impetrantes de tutela, previo a la interposición de la acción de libertad, presentaron un incidente de actividad procesal defectuosa y nulidad de obrados, encontrándose pendiente de resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 82 a 87 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Situaciones excepcionales en las que, a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2025-S2 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 50151-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 82 a 87 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Paco Cayoja, Ronald Ariel Vaca Languidey, Rosa Isela Bravo Cuellar, Jeremías Aly Steinhauf Daher, Adela Piñeiro Chelevo por sí y en representación sin mandato de Rosa Mariluz Paris Tapanache, Sarita Andrea Montaño Palacios, Magin Uribe Roda, Rafael Mario Zeballos Zanjinez, Jhonny Cruz Choque, Jaime Mamani Flores, Marisol Guerrero Tolava, Oscar Melgar “Farías”, Katherine Melgar Pantoja, Víctor Hugo Mora Chávez, Marioly Pantoja Justiniano, Douglas Herrera Robles, Jessica Jassel Castro Tapia, Carola Hurtado “Masabi”, Juan Carlos López Rivero, Richard Álvarez Torrico y Tatiana Vaca Antelo contra Claudia Teresa Román Castedo, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, Adalid Rolando Díaz Parrilla, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 45 a 50, la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de agosto de 2022, el Ministerio Público los citó “sorpresivamente” para prestar su declaración informativa ante la ampliación de una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, causa registrada bajo el Código Único de Denuncias (CUD) 710102092201841.

Originalmente, esta denuncia fue tramitada contra Liliana Chávez Hurtado, Simón Pardo Vaca, Noemí Heredia y otros, debido al incumplimiento de una acción de amparo constitucional concedida en su contra; sin embargo, sin considerar dichos extremos, Adalid Rolando Díaz Parrilla, Fiscal de Materia -hoy codemandado- decidió ampliar la investigación contra sus personas, pese a que no fueron demandados en la citada acción de defensa ni formaron parte del proceso penal, situación que tampoco tomó en cuenta Claudia Teresa Román Castedo, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela alegan la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa en relación a los principios de legalidad, seguridad jurídica “…en sus vertientes de fundamentación y motivación…” (sic), “…inviolabilidad de domicilio, a la dignidad, acceso a servicios básicos de agua y luz…” (sic); y, “…derecho a la vida e integridad física…” (sic); citando al efecto los arts. “13.I”; 14.III, IV y V; 15.I; 19.I; 20.I; 22, “25.II”; “46.I”; 47, 115, 117.I; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada, disponiendo anular todos los actuados en la etapa preliminar que vulneran “…principios, valores, derechos y garantías constitucionales por incumplimiento de falta de acción, vinculados al debido proceso legal y la libertad de locomoción…” (sic); y, dejar sin efecto la “…AMPLIACIÓN DE DENUNCIA Y LAS CITACIONES EMITIDAS POR LA FISCALIA…” (sic) en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 81 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela, a través de sus abogados, ratificaron in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Claudia Teresa Román Castedo, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe cursante de fs. 67 a 68 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada señalando lo siguiente: a) El Ministerio Público puso a conocimiento la denuncia seguida en contra de Liliana Chávez Hurtado y otros; b) El 5 y 19 de agosto de 2022, la Fiscalía presentó ampliación de investigación de denuncia contra Adela Piñeiro Chelevo y otros por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad; y, c) El 29 de igual mes y año, los ahora accionantes presentaron un incidente de actividad procesal defectuosa y nulidad de obrados, aduciendo falta de legitimidad pasiva y excepción de falta de acción. En respuesta, mediante proveído de 30 del mismo mes y gestión, se señaló audiencia de resolución de incidentes para el lunes 5 de septiembre de similar año. Adalid Rolando Díaz Parrilla, Fiscal de Materia, en audiencia requirió se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) En cumplimiento de una acción de amparo constitucional, se remitieron antecedentes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para la apertura de una investigación. Posteriormente, los ahora terceros intervinientes se apersonaron y ampliaron la denuncia contra los solicitantes de tutela, quienes, al encontrarse en posesión de algunos departamentos dentro los predios en conflicto, también incumplían lo dispuesto en la acción tutelar. Por esta razón, la situación fue puesta en conocimiento de la Jueza cautelar; 2) Ante la ampliación de la investigación, se citó a los ahora accionantes para que presenten su versión de los hechos a fin de determinar si correspondía emitir una imputación formal o, en su defecto, el rechazo de la denuncia; y, 3) No corresponde considerar la acción de libertad, ya que los impetrantes de tutela interpusieron un incidente de actividad procesal defectuosa, el cual, “hasta la fecha”, se encuentra pendiente de resolución.

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes

Pánfilo Rojo Guzmán y Mirtha Ferrufino Ortiz, en calidad de terceros intervinientes, a través de sus abogados, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, expresando que: i) La ampliación de la investigación en contra de los ahora peticionantes de tutela, radica en que la acción de amparo constitucional primigenia dispuso la desocupación de todo habitante del inmueble en conflicto, lo cual, ante su negativa, generó se denuncie tal extremo ante el Ministerio Público; y, ii) Existiendo control jurisdiccional, los citados accionantes acudieron ante la Jueza de la causa formulando la excepción de falta de acción, mismo que, a la fecha, se encuentra pendiente de resolución.

I.2.4. Resolución

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 82 a 87 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional que dio lugar a la emisión de la SCP 703/2020-S3 de 21 de octubre cuenta con la instancia correspondiente para garantizar el cabal cumplimiento de sus determinaciones; b) La ampliación de denuncia realizada por el Fiscal de Materia demandado, responde al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional. En ejercicio de sus funciones, el representante fiscal puso los antecedentes en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, lo que no implica un procesamiento indebido ni un acto lesivo que afecte la libertad de los peticionantes de tutela; c) En esta etapa, la autoridad jurisdiccional actuó como contralora de garantías. Además, dado que aún está pendiente la audiencia para considerar la formulación del incidente de actividad procesal defectuosa, la nulidad de obrados y la excepción de falta de acción, no se restringió el derecho a la defensa en relación con la libertad personal de los accionantes; y, d) No resulta viable la solicitud de medidas cautelares para paralizar las declaraciones informativas de los impetrantes de tutela, ya que no se demostró la existencia de un riesgo inminente que justifique la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta el memorial de 5 de agosto de 2022, mediante el cual el Ministerio Público informa a Claudia Teresa Román Castedo, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, respecto a la ampliación de denuncia contra Adela Piñeiro Chelevo, Marisol Guerrero Tolava, Juan Carlos López Rivero, Tatiana Vaca Antelo, Jaime Paco Cayoja, Rosa Isela Bravo Cuéllar -ahora accionantes- y otros por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad (fs. 15). Dicha solicitud fue atendida mediante providencia de la misma fecha, en la que la Jueza demandada dispuso tener presente la ampliación de la denuncia (fs. 16). II.2. A través de memorial presentado el 18 de agosto de 2022, Pánfilo Rojo Guzmán y Mirtha Ferrufino Ortiz -ahora terceros intervinientes-, representados legalmente por Luis Ferrufino Miranda y Cliver Hugo Rocha Rojo, solicitaron al Fiscal de Materia codemandado que disponga la ampliación de la investigación contra Carola Hurtado “Masavi”, Jessica Jassel Castro Tapia, Sarita Andrea Montaño Palacios, Rosa Mariluz Paris Tapanache, Magin Uribe Roda, Rafael Mario Zeballos Zanjinez, Jaime Mamani Flores, Richard Álvarez Torrico, Víctor Hugo Mora Chávez, Douglas Herrera Robles, Jhonny Cruz Choque, Jeremías Aly Steinhauf Daher, Ronald Ariel Vaca Languidey, Katherine Melgar Pantoja, Marioly Pantoja Justiniano, Oscar Melgar “Frías” -ahora accionantes-, María Esther Paz Durán, Gabriela Fernández Mora y María Rene Durán Seemgh (fs. 18 a 23 vta.). II.3. Cursa requerimiento de 19 de agosto de 2022, en el que, Adalid Rolando Díaz Parrilla, Fiscal de Materia -ahora codemandado-, dispuso la ampliación de denuncia y solicitó la citación de Carola Hurtado “Masavi”, Jessica Jassel Castro Tapia, Sarita Andrea Montaño Palacios, Rosa Mariluz Paris Tapanache, Magin Uribe Roda, Rafael Mario Zeballos Zanjinez, Jaime Mamani Flores, Richard Álvarez Torrico, Víctor Hugo Mora Chávez, Douglas Herrera Robles, Jhonny Cruz Choque, Jeremías Aly Steinhauf Daher, Ronald Ariel Vaca Languidey, Katherine Melgar Pantoja, Marioly Pantoja Justiniano, Oscar Melgar “Frías” -hoy peticionantes de tutela-, María Esther Paz Durán, Gabriela Fernández Mora y María Rene Durán Seemgh, a efectos de que brinden sus declaraciones informativas (fs. 17 y vta.). II.4. Por memorial presentado el 22 de agosto de 2022, el Fiscal de Materia codemandado comunicó a la Jueza demandada la ampliación de denuncia contra los requeridos en el escrito presentado el 18 de igual mes y año (fs. 24 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes consideran vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa en relación a los principios de legalidad, seguridad jurídica “…en sus vertientes de fundamentación y motivación…” (sic), “…inviolabilidad de domicilio, a la dignidad, acceso a servicios básicos de agua y luz…” (sic); y, “…derecho a la vida e integridad física…” (sic); por cuanto el Fiscal de Materia codemandado amplió una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, y, posteriormente, emitió las citaciones para que presten sus declaraciones informativas, aun cuando originalmente el hecho penal fue tramitado contra otras personas debido al incumplimiento de una acción de amparo constitucional de la cual no formaron parte, desconociendo ambas causas -penal y constitucional-, lo cual tampoco fue considerado por la Jueza demandada. Ante ello, las autoridades demandadas niegan dicho contexto de lesividad denunciado, señalando que los impetrantes de tutela, previo a la interposición de la acción de libertad, presentaron un incidente de actividad procesal defectuosa y nulidad de obrados, encontrándose pendiente de resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Situaciones excepcionales en las que, a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada

Al respecto, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sustentó que: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por la parte accionante, es necesario considerar que, cursa en antecedentes del expediente memorial de 5 de agosto de 2022, por el que, el Ministerio Público informó a la Jueza demandada sobre la ampliación de denuncia contra Adela Piñeiro Chelevo, Marisol Guerrero Tolava, Juan Carlos López Rivero, Tatiana Vaca Antelo, Jaime Paco Cayoja, Rosa Isela Bravo Cuéllar -ahora impetrantes de tutela- y otros por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad; mismo que, por providencia de la misma fecha, la señalada autoridad judicial dispuso se tenga presente. En razón de la ampliación de denuncia, el 19 de igual mes y año, el Fiscal de Materia codemandado dispuso se cite a Carola Hurtado “Masavi”, Jessica Jassel Castro Tapia, Sarita Andrea Montaño Palacios, Rosa Mariluz Paris Tapanache, Magin Uribe Roda, Rafael Mario Zeballos Zanjinez, Jaime Mamani Flores, Richard Álvarez Torrico, Víctor Hugo Mora Chávez, Douglas Herrera Robles, Jhonny Cruz Choque, Jeremías Aly Steinhauf Daher, Ronald Ariel Vaca Languidey, Katherine Melgar Pantoja, Marioly Pantoja Justiniano, Oscar Melgar “Frías” -peticionantes de tutela-, María Esther Paz Durán, Gabriela Fernández Mora y María Rene Durán Seemgh, para que brinden su declaración informativa. Ese mismo día, los ahora terceros intervinientes solicitaron al Fiscal de Materia codemandado que ampliara la investigación en contra de los referidos, situación que derivó en que, mediante memorial presentado el 22 del señalado mes y gestión, se comunique a la Jueza demandada la ampliación de la denuncia requerida, la cual fue admitida mediante providencia de 23 de agosto de 2022 (Conclusiones II.1, II.3, у II.4). Por su parte, las autoridades ahora demandadas, a tiempo de brindar el informe respectivo dentro de esta acción de defensa, coincidieron al referir que, el 29 de agosto de 2022 los solicitantes de tutela presentaron un incidente de actividad procesal defectuosa y nulidad de obrados, aduciendo falta de legitimidad pasiva y excepción de falta de acción de la representación fiscal, y que la audiencia de resolución de incidentes fue fijada para el 5 de septiembre del mismo año. Previamente, conforme establece el art. 58.IV de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; cuando la persona citada no comparece dentro el plazo en el término que se fija o justifique impedimento legal, el Fiscal librará mandamiento de aprehensión para cumplir con la diligencia; extremo corroborado en la citación cursante a fs. 6, donde el Fiscal de Materia codemandado advirtió a una de las accionantes que, en caso de ausencia injustificada, se emitiría mandamiento de aprehensión, lo que evidencia que lo denunciado en la presente acción de defensa tiene relación con la libertad de la impetrante de tutela. Ahora bien, en ese contexto, compulsados los elementos descritos precedentemente, se establece que, la denuncia formulada contra los actos generados por la representación del Ministerio Público recae en subsidiariedad, dado que, la Jueza demandada estaba plenamente identificada como la autoridad encargada de ejercer control jurisdiccional, y ante quien debió acudirse en procura de reparación y/o protección de derechos fundamentales, lo cual, en el presente caso, aconteció; puesto que ambas autoridades demandadas coincidieron en audiencia al referir que los ahora impetrantes de tutela, el 29 de agosto de 2022, presentaron un incidente de actividad procesal defectuosa y nulidad de obrados, derivando en el señalamiento de audiencia para su consideración el 5 de septiembre de igual gestión; aspecto que no fue controvertido en ningún momento procesal dentro la causa constitucional por los citados accionantes, empero sin aguardar pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional, el 31 de agosto del mismo año, interpusieron paralelamente la presente acción de libertad. En efecto, conforme a lo establecido en los arts. 54.1 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los Jueces de Instrucción son competentes para resguardar y reestablecer los derechos denunciados como conculcados. En tal situación, los peticionantes de tutela, previo a acudir a la jurisdicción constitucional, deben agotar los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico ordinario otorga. Siempre que las supuestas vulneraciones a derechos no sean reparadas por la autoridad llamada a su resguardo y persistan las señaladas afectaciones alegadas, recién corresponderá plantear la presente acción de libertad, razón por la cual, en cuanto a ambos demandados, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al fondo de lo denunciado. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 31 de agosto, cursante de fs. 82 a 87 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0090_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 960d7946488743dbc9e821e62f1d65ec0ec8d5dae2d2d27520f513489a506294

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